Torres De La Cruz Jose Manuel

Sergio Lausic: “mientras señores como Torres de la Cruz continúen entregando una visión antojadiza de los hechos del 11… el tema del pasado y todos sus elementos
nos seguirán persiguiendo”.

En una extensa carta enviada a la dirección de La Prensa Austral, el historiador y académico de la Universidad de Magallanes, Sergio Lausic  Glasinovic refutó las afirmaciones que el general (r) Manuel Torres de la Cruz hiciera en entrevista publicada el pasado domingo en El Magallanes.. En la oportunidad, Torres de la Cruz afirmó, entre otras materias, que “en Magallanes no hubo ningún detenido desaparecido”.

 A continuación, entregamos el contenido íntegro de la misiva de Sergio Lausic (los subtítulos son de autoría de La Prensa Austral).

“Señor Director: en relación a la entrevista que aparece en el periódico de su dirección del domingo 31 del pasado año y efectuada al señor Manuel Torres de la Cruz, quisiera entregar mis puntos de vista.

          Esta nace fundamentalmente por mi interés profesional de investigar el pasado histórico de nuestra región magallánica y, las opiniones e informaciones que entrega el entrevistado, en su calidad de ex Intendente y jefe militar de la entonces Provincia de Magallanes, sobre los sucesos anteriores y posteriores al golpe militar, no pueden dejar de ser analizadas y comentadas. Todo lo anterior para entregar una versión, desde la historia, sobre tan importantes acontecimientos, que hasta el día de hoy provocan significativas discusiones y confrontaciones en el seno, no sólo regional sino que también a nivel de país, e incluso en las esferas internacionales. Sobre el particular no es mi ánimo entregar un análisis sobre las causas del golpe y sus consecuencias, situación ésta que ya ha sido esclarecida en gran medida por los investigadores del tema, ya sea dentro de las visiones macro de la “guerra fría”, o por análisis de situaciones internas propias de Chile. Lo que me propongo es señalar que la investigación histórica y su trabajo implica consultar diversas fuentes de información, como el estudio de ellas para verificar su procedencia y objetividad.

 Por de pronto la propia entrevista aparecida en su periódico, como otras anteriores, son parte de estas fuentes y todas merecen ser consultadas, aspecto que efectúo y seguiré realizando. Además, deben agregarse las diversas entrevistas efectuadas a los participantes de estos hechos, que aún están vivos y son muchos, los diversos documentos oficiales, como fueron las actas de los Consejos de Guerra, las noticias de prensa, las informaciones de los organismos del Estado y privados, también aquellas fuentes que provienen de organismos extranjeros o internacionales (Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, Asociaciones Privadas, etc…) que indudablemente tienen mucha información sobre estos temas y que algunas de ellas están apareciendo a la luz pública. Ejemplo es la desclasificación de documentos que efectúa el Gobierno norteamericano y que tan importante ha sido para tener una visión más completa y amplia sobre estos sucesos.

Respuestas a afirmaciones

Es por eso que me limitaré a responder a algunas de las afirmaciones efectuadas por el señor Torres de la Cruz, ya que responder a todas sería materia de una larga comunicación que excede a esta carta.
          1. La provincia de Magallanes durante el mando del general Manuel Torres de la Cruz, en el período que le correspondió desde el mismo día del golpe hasta su relevo, sufrió uno de los atropellos más brutales y masivos en materias de derechos humanos que tiene la historia regional, comparable a otros infaustos acontecimientos conocidos en Magallanes. Entre ellos está la privación de la libertad y derechos individuales, reclusión, confinamiento, tortura, tanto sicológica como física, sobre cientos de magallánicos. A lo anterior se suma incluso la apropiación de propiedad como fueron los vehículos de varios de los detenidos, todo esto amparado en mandos o decretos leyes que trataban de justificar legalmente todas estas arbitrariedades.
          2. Los centros de reclusión utilizados fueron los conocidos lugares como el Pudeto, Cochrane, más el área de Bahía Catalina, Estadio Fiscal y Ojo Bueno además de comisarías, y otros regimientos de la provincia, en Puerto Natales y Porvenir. Mención aparte merece la isla Dawson, sitio de confinamiento de muchos magallánicos desde el mismo día del 11 de septiembre y lugar también de permanencia de varios representantes del gobierno central del Presidente S. Allende y que provenían de Santiago y Valparaíso. Este sitio, que inicialmente estuvo en el campamento del “Compingin” fue trasladado hacia las nuevas dependencias de río Chico y aumentado, en vísperas de la Navidad de 1973, por varios centenares de magallánicos provenientes de los anteriores sitios de reclusión. Durante los días previos al 18 de septiembre, en especial la noche del 17 fueron trasladados hacia Punta Arenas un grupo numeroso de detenidos, los que fueron sometidos a tratos degradantes y de tortura, condenados especialmente por la Convención de Ginebra, sobre trato a “prisioneros de guerra”, ya que en esa condición estaban los confinados. Cabe agregar que a todas estas personas se les sometió a trabajos forzados que trataban de denigrar a sus personas, la mayoría de ellos profesionales e intelectuales de alto prestigio en el país y en el extranjero.

Sitios de torturas

3. Los sitios de interrogatorio, con las consiguientes torturas físicas y sicológicas, más conocidos en Punta Arenas fueron la Casa del Deportista, colindante con el Gimnasio de la Confederación Deportiva, el llamado “palacio de la risa”, debido justamente a la brutalidad de los procedimientos de interrogación, ubicado en avenida Colón, más las propias unidades ya mencionadas, como otras en Puerto Natales y Porvenir.

          4. Los llamados Consejos de Guerra han sido justamente una de las acusaciones más serias de falta grave de violación a los Derechos Humanos, situación ésta que fue denunciada y condenada por las Naciones Unidas en repetidas ocasiones, en especial en su Tercera Comisión. Lo anterior nace primeramente de aplicarse una legislación antojadiza sobre “estado de guerra” a prisioneros que habrían actuado en tiempos de paz, es decir anteriores al 11 de septiembre, fecha de la emisión del estado de guerra interna. Por lo tanto no procedía aplicar los consejos de guerra. Además se cambió la legislación de la Ley de la Defensa Interior del Estado sobre penas, subiendo la cantidad de años para hechos anteriores a los sucesos que se querían juzgar, situación ésta que representa uno de los atropellos más flagrantes sobre la materia. Más aún se colocó de fiscales a conocidos personajes de la política regional, opositores al Presidente Allende, lo que quita toda validez, una vez más, a las indagaciones y acusaciones. Todo ello vulneró los más conocidos derechos de las personas, incluyendo a la propia Constitución de la República.

          En fin hay una lista muy larga de situaciones que demuestran totalmente lo contrario de lo que asevera el señor Manuel Torres de la Cruz en la entrevista.
Como conclusiones se puede afirmar que el número masivo de detenciones en Magallanes sobrepasó a la proporción de los detenidos en el resto de Chile, considerando la baja densidad de la población. Que estos detenidos sufrieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, inclusive una mayoría de ellos fueron torturados por agentes del Estado, más por intención de infligir un daño sicológico y efectos políticos de larga duración, que obtener información clasificada como de “inteligencia”. Esto al tenor de las propias declaraciones de los detenidos, información que cualquier equipo que labora en esas materias las puede obtener por métodos científicos de trabajo, más la información periodística de la época, llena de antecedentes al respecto… El traslado del señor Torres de la Cruz a Santiago y su posterior llamado a retiro, como sus ambiciones políticas truncadas, serían otra fuente importante de análisis histórico, que podrían estar entre las anecdóticas de los tiempos del golpe, que ayudarían a comprender la mentalidad y ambiciones de estos personajes que tuvieron poder político sin contrapeso en su momento.

Consejos de guerra

          Los “Consejos de guerra” pueden ser catalogados totalmente de espúreos por las condiciones ya mencionadas. Inclusive el fallecimiento de “prisioneros de guerra” acaecidos en Tierra del Fuego en situaciones aún no esclarecidas, la muerte posterior de algunas personas por efectos de los malos tratos, los efectos sicológicos y los daños morales a las personas y sus familiares, la honra personal mancillada y que aún no ha sido reparada, fueron algunos de los atropellos más graves a los derechos humanos acaecidos en Magallanes durante el mando jurisdiccional político, administrativo y militar que le correspondió a Manuel Torres de la Cruz, a partir del 11 de septiembre de 1973. Todo lo anterior avalado por las fuentes históricas ya mencionadas y que por lo tanto refutan sus afirmaciones.
          La entrevista tiene el gran valor y con ello felicito al señor Director, por entregar y reflejar, en especial para las generaciones jóvenes de chilenos, información y personajes que en un momento de nuestra historia no respetaron ni los mínimos derechos de miles de chilenos y en este caso de magallánicos, derechos éstos que se decían defender con el golpe militar. Hoy cada vez van apareciendo más antecedentes de uno de los períodos más oscuros de la Historia de Chile, pero también de la Humanidad. Soy de los que creen que es necesario mirar hacia el futuro y efectuar una verdadera reconciliación, como lo señala la Iglesia Católica, pero mientras señores como Torres de la Cruz continúen entregando una visión antojadiza de los hechos del 11 y además informando sin reconocer la existencia de los hechos concretos más elementales que se están denunciando y soslayando sus responsabilidades históricas, el tema del pasado y todos sus elementos nos seguirán persiguiendo.
          Muchas gracias por su acogida.

 Sergio Lausic Glasinovic”.

Por RODRIGO GUERRA

El último día de diciembre de 2000, Manuel Torres de la Cruz, general (r), responsable como Comandante de la V División del Ejército de las torturas y asesinatos ocurridos en la Provincia de Magallanes, declaró a "El Magallanes": "Aquí se hicieron todos los Consejos de Guerra como Dios manda, todos los procedimientos en forma completa y nadie puede venir a decirme a mí que aquí se cometió algún desmán y hubo alguna tortura. Con profundo estudio, calma, gran detenimiento y acuciosidad, se estableció qué personas era necesario detener para evitar que cometieran desmanes. Y toda esa gente, a partir del 11 de septiembre, fue detenida y confinada en centros de detención que no eran de tortura… Bahía Catalina por parte de los aviadores, en río de los Ciervos por parte de los marinos y en el Regimiento Pudeto por parte del Ejército".

Sus declaraciones motivaron que los ex presos políticos, víctimas de las torturas más atroces, se reunieran en el INP. Decidieron interponer una querella criminal, acordando pedir asesoría jurídica a la Municipalidad, al SEREMI de Justicia, y contactarse con organismos de DD.HH. en Santiago. Se reunieron, además, con el obispo de Punta Arenas, Tomás González, quien los apoyó.
Bajo el mando de Torres de la Cruz (septiembre 1973-febrero 1974) se inauguró Isla Dawson, entre otros, uno de los peores campos de concentración; se cometieron asesinatos, torturas, detenciones ilegales, abusos, robos, etc.; crímenes que continuaron, luego, bajo la comandancia del general Lutz.

Torres de la Cruz reconoce que estuvo a cargo de la provincia hasta 1974, pero miente al decir que "nada ocurrió y que nada sabe". Olvida sus declaraciones a "La Prensa Austral", días después del golpe, donde se afirmaba: "Si un militar o un civil muere por acción de terroristas se fusilará a los detenidos". Fue precisamente en ese período que se llevaron a cabo la mayor cantidad de detenciones.

Sergio Reyes, ex preso político, quien actualmente vive en EE.UU., testimonia: "Hacia septiembre de 1973, yo era un estudiante de 19 años de la UTE. Mi nombre apareció en las listas de esas personas 'que era necesario detener para evitar que cometiera desmanes'. El general no menciona el Regimiento Blindado, el Estadio Fiscal, a cargo de la FACH. Lo que tampoco dice es que existieron centros de interrogatorio, en los cuales se torturaba sistemáticamente a los prisioneros. (…) En los mismos centros de 'detención' se practicaban violaciones, vejación y abuso sexual (…) se 'ablandaba' para luego sacarles confesiones que serían usadas por los fiscales militares para proceder a los juicios de guerra. El 'ablandamiento' era la tortura. Los fiscales militares lo sabían muy bien, y fueron también cómplices. Incluso muchas veces nos amenazaban con volver a enviarnos a los torturadores si no confesábamos lo que ellos querían. A mí me arrestaron y la tortura comenzó en el instante, frente a la modesta casa que arrendamos en el Barrio Sur, me vendaron y amarraron para golpearme y amenazarme, frente a los gemidos de terror de mi madre, de fusilarme en el acto. Me llevaron a un centro de tortura en Avenida Colón, un hospital abandonado, donde como tratamiento habitual para todos, fui despojado de mis ropas y sometido a golpizas con patadas, palos, puños y culatazos, mientras permanecía amarrado y con los ojos vendados. Los gritos se escuchaban por todos lados. Fui sumergido en un pozo de excrementos humanos, donde la fetidez y los líquidos nauseabundos me asfixiaban. Luego, fui sacado de allí para ser metido en un baño donde me manguereaban con agua fría. Bajo el agua me siguieron golpeando con palos, para eventualmente sacarme de allí y meterme en la 'parrilla' donde fui tendido y amarrado.

Hicieron un circuito con cables que partían desde los dedos de los pies, rodillas, esfínter, testículos, pene, estómago, tetillas, dedos de las manos, cuello, labios, nariz, ojos, para terminar en las sienes. Estas 'sesiones' se repitieron hasta que se estableció una causa de acusación en enero de 1974. (…) El fiscal era un oficial de Marina, Walter Radic. (…) Al abuso criminal del pasado se suma la mentira del presente de querer decir que nuestro sufrimiento nunca sucedió, que nunca pasamos por la tortura a la que fuimos sometidos, que en Punta Arenas no se torturó. (…) En esa medida, el general sigue hoy torturándonos".

Las tortura y el Informe Rettig.
Sólo dos días después del golpe, Manuel Torres de la Cruz daba cuenta de la detención de 80 personas, la mayoría en Isla Dawson. Muchos partieron al exilio o a campos de concentración en la zona central, pero otros debieron permanecer allí largos meses. Francisco Alarcón, dirigente del PC, fue detenido el mismo día 11 y llevado a un recinto en río Compingim(Dawson), y luego al campo definitivo en el sector de río Chico: "Uno de los muchos torturadores que hubo en Magallanes y que personalmente me torturó a mí, fue Torres de la Cruz. (…) En la noche del 17 de septiembre fui sacado de Dawson, después de una sesión de tortura absolutamente bestial, con simulacro de fusilamiento incluido, y embarcado en una barcaza que partió rumbo a Punta Arenas (…) me trasladaron 'colgado', siendo varias veces zambullido en las aguas del Estrecho. (…) Yo perdí el conocimiento en la tercera zambullida y volví a recobrarlo al día siguiente en el polígono del Regimiento Cochrane".
En el Informe Rettig se reconoce el asesinato de Carlos Baigorri, Germán Cárcamo, Ramón González, José Manuel Parra y Susana Obando, además del detenido desaparecido Francisco Betancourt Barrientos. Como víctimas de la "violencia política" figuran José Alvarez y Juan Cárdenas. Nada se dice de los miles de torturados, exonerados, exiliados, los que perdieron sus bienes o lo que murieron por secuelas de la tortura.

Las organizaciones sociales de Magallanes han logrado recopilar, hasta ahora, los casos de Miguel Concha, José Coronado, Luis Alberto Ilabaca y Armando Ulloa. A consecuencia de la tortura física y sicológica que padecieron -en manos de agentes del Estado- murieron en Magallanes. ¿Cuántos murieron en el exilio, como consecuencia de las torturas y el destierro? ¿Cuantos "casos" no fueron denunciados por temor, o no se conocen?
Dante Panicucci, militante del Partido Socialista, relata: "Fui varias veces torturado, pero lo que más me impactó fue el simulacro de fusilamiento, que se hizo tal como se hace uno real, con un cura que llegó a pedir la confesión. (…) De inmediato el pelotón de soldados disparó, perdí el conocimiento (…) luego me torturaron con electricidad, en la parrilla, golpes, incluso tengo las costillas quebradas. La electricidad era en todas partes del cuerpo, te ponían los electrodos en la cabeza, los testículos, tobillos, y era el puro golpe que pegaban en la cama de fierro".

Hernán Díaz, en ese entonces funcionario de ENAP, fue arrestado el mismo 11 de septiembre en la tarde y llevado junto a otros trabajadores al sótano de una casa en Cerro Sombrero: "Llegué a ese centro de tortura. Nos encontrábamos como 16 personas. Nada de lo que me pasó después se puede comparar a lo sufrido en ese lugar. (…) Fui llevado a Punta Arenas en avión bajo amenaza de 'arrojarnos al mar'. Al arribar fui llevado al Pudeto y de ahí a una casa en Avenida Colón donde sufrí todo tipo de vejaciones, golpes, electricidad en el cuerpo y tortura sicológica. (…) Después nos devolvían al Pudeto donde dormíamos en el suelo y enfermé de pulmonía. Nos hicieron simulacros de fusilamiento, fuimos embarcados y llevados a Isla Dawson donde perdimos completamente nuestra identidad pasando a tener un número y el nombre de la barraca en la que estábamos".

Arcadio Bahamóndez en 1973 era presidente del Sindicato de Trabajadores Campesinos de Oazy Harbour: "Me llevaron detenido a Ojo Bueno, y de ahí al Regimiento Pudeto, donde tuve un recibimiento brutal. (…) A mí me detuvo Otto Trujillo por orden del servicio de inteligencia, según lo que me dijo. (…) Permanecimos en el Pudeto por 6 días y ahí empezaron las torturas. Fui sacado como a las 6 de la tarde y regresado a las 8 de la mañana, prácticamente inmóvil. Me llevaron al Regimiento Cochrane en un camión, desde donde me tiraron al suelo, me desnudaron (…) arrastrándome en el ripio, me golpeaban preguntándome dónde estaban las armas, me amenazaron que si no respondía me matarían. (…) Me torcieron las muñecas hasta sacarlas fuera de su lugar. La mandíbula me la sacaron haciendo fuerza. (…) Después me tiraron en un pozo de agua y ahí me flagelaban entre ocho soldados, me mandan culatazos en el pecho, que hoy tengo hundido. Ahí me lanzaron de nuevo a los pozos y un perro me atacó rajándome un tobillo. Después me quemaron los testículos (…) ya no supe más".

 El General Manuel Torres de la Cruz trató de limpiar su imagen y conciencia a través de una visita a Punta Arenas, donde vive una de sus hijas, el año 2001. Ofreció un conferencia de prensa y fue entrevistado por el diario “La Prensa Austral”. En ese histórico reportaje negó que durante su mandato como Intendente se haya practicado la tortura; estableció para la posteridad los días felices que vivió en el austro, y de pasada criticó a los líderes de la Unidad Popular acusándolos de anarquistas, desordenados y prepotentes. Manuel Torres de la Cruz fue, junto al General Augusto Pinochet Ugarte, el más allendista del Cuerpo de Generales de Chile.  Salvador Allende le ratificó su confianza nombrándolo  máxima autoridad de la región y  éste tenía línea directa con  él Primer Mandatario.

De inmediato, según los ministros que trabajaron con el militar, se notó que tenía especial predilección por cultivar una agenda propia, ajena a los programas del gobierno. Ordenó vigilar los sindicatos y aplastó cualquier intento reivindicativo del mundo obrero y campesino. Célebres fueron los allanamientos a la Lanera Austral donde murió un trabajador y la represión a los campesinos de Agua Fresca que reclamaban por mejores condiciones de vida.

Fuimos testigos junto a  la Presidenta del Centro de Alumnas del Liceo de Niñas de esa época, Rosa María Lizama y a los dirigentes de la Juventud Socialista, Sergio Barrientos y René Gallardo, quienes nos encontrábamos en esa localidad en jornadas de trabajo voluntario,  de cómo el propio General ordenó reprimir con carabineros a campesinos y campesinas indefensas que no tenían donde vivir y nada que comer.

Manuel Torres de la Cruz murió como el cobarde que era, sin reconocer sus errores y sin pedir perdón a sus víctimas. Torturó a su amigo Alfonso Cocho Cárcamo, con quien compartía veladas y asados en los comienzos de la década del 70. Flageló a Kika González de Zanzi, quien era la Presidenta de la Corporación de Centros de Madres de Magallanes, al  estudiante del Liceo de Hombres y dirigente de la Juventud Socialista Miguel Loguercio, mientras insultaba al padre de éste, ex Secretario Regional del Partido Socialista, de nombre Sergio, quien se encontraba asilado en una embajada en Santiago.

Manuel Torres de la Cruz, supervisaba los interrogatorios a los dirigentes políticos de todos los partidos,  como le consta al Dr. Guillermo Araneda, al Mago Williams, al Coronel Manuel de la Barrera, al Coronel Carlos Soto Pelizzari, todos miembros de conspicuas familias magallánicas, de misa diaria y comunión

Manuel Torres de la Cruz, torturó personalmente al Presidente de la Central Unica de Trabajadores, Armando Ulloa Bahamonde, por quien sentía un odio especial. Y lo mismo hizo con el Secretario Regional del Partido Socialista, Hernán Alvarez Navarro, con el Secretario Regional del Partido Comunista, Francisco Alarcón Barrientos. La lista es larga: ordenó hacerle una marca con un cuchillo y estampar la letra “Z” en la espalda del Diputado  Carlos González Yacksic; dió instrucciones para que torturen con corriente eléctrica al Regidor Pedro Calisto Mansilla y sentía especial predilección  y goce al contemplar como torturaban a  las mujeres que estaban confinadas en el regimiento “Ojo Bueno”. Todas estas “operaciones privadas” las realizaba el Intendente de Magallanes en el “Palacio de la Risa”, adonde pedía trasladen a las víctimas.

Todas las semanas sobrevolaba en helicóptero el Campamento Compingin en Isla Dawson para ver desde las alturas su obra maestra: un Campo de Concentración construído con fondos fiscales del Ministerio de Obras Públicas  y la Intendencia.

Sin embargo, la ambición desmedida de este Alto Oficial se notó cuando formó una Junta Provincial de Gobierno en Magallanes, con él como Jefe Máximo. Esta actitud  no fue bien recibida por el  Alto Mando en la capital y menos en la Oficina de la Presidencia que habitaba Augusto Pinochet Ugarte en el Edificio Diego Portales. Meses más tarde, fue nombrado Inspector General del Ejército y posteriormente llamado a retiro.

Con el fin de alejarlo de la contingencia, el Dictador decide nombrarlo Embajador en la República de El Salvador, en Centroamérica. Según la colonia chilena residente andaba rodeado de guardaespaldas y la Embajada de Chile se transformó en una fortaleza inexpugnable.

Un mañana, el General salió a una reunión con autoridades del país caribeño y a la salida de la cita, frente a los edificios de gobierno, una bomba hizo explotar su vehículo antes que pudiera entrar. Torres de la Cruz se había salvado por un pelo. Lo extraño fue que la noticia del reconocimiento del atentado fue difusa. Ni el Mir u otros sectores armados de Chile y Latinoamérica reconocieron explícitamente su autoría.

El parco comunicado oficial del gobierno chileno daba cuenta del hecho y nada más. A partir de ese día El General no fue el mismo. Andaba paranoico y su deseo de volver a Chile aumentó, hasta que pudo concretarlo. No volvió a opinar de temas políticos y se recluyó en su hogar del Barrio Alto de Santiago. Su salidas se limitaban a reuniones del Círculo de Generales en Retiro y a tomar un aperitivo con sus pocos amigos en restaurantes exclusivos para ex oficiales. Hasta que supo que iba a morir y viajó a Punta Arenas, el epicentro de su accionar en la política activa. Debo dejar una imagen limpia de mi carrera como soldado, pensó,  y sin dudarlo se embarcó en una cruzada para quedar ante la historia como un héroe. Lo que no soñó este Valiente Soldado es que sus víctimas seguían vivas y lo denunciaron en la prensa local, nacional e internacional. La más brillante defensa histórica la hizo el escritor  y académico de la Universidad de Magallanes, Sergio Lausic Glasinovic,  ex prisionero dawsoniano.  El General, esa noche, en casa de su hija no pudo dormir y tuvo pesadillas con decenas de ojos que lo miraban desde el techo; esas miradas eran de los amigos y personas que traicionó en su torpe idea de querer llegar a la Comandancia En Jefe del Ejército y a la Presidencia de Chile, quien sabe por qué vía.

Aristóteles España

Calama, marzo 2003

El 24 de agosto, el Presidente Allende comunicó el nombramiento del general Augusto Pinochet como nuevo comandante en jefe del Ejército. Era lo que habían recomendado su antecesor, el general Carlos Prats; el ministro José Tohá y otras personas cercanas al Presidente. Pinochet llegaba a la cima de su carrera en el medio de un gobierno socialista. Pero llegaba -y lo sabía- dentro de un territorio minado. El Ejército estaba en estado de alteración y Prats había caído por la presión de su propio alto mando. No había cómo ignorar este hecho, que se precipitó en sólo unas pocas horas.

En la tarde del 21 de agosto, Prats regresó a su casa abatido por la fiebre. Un par de horas después, unas 300 mujeres se reunieron frente a su puerta con el objeto de entregar una carta a su esposa, Sofía Cuthbert. Entre ellas estaban algunas de las esposas de oficiales de la Fach que en la mañana habían gritado consignas en su contra frente al Ministerio de Defensa. Pero el grupo mayor estaba constituido por las señoras de numerosos oficiales del Ejército y, en especial, las de nueve generales. La intervención de un pelotón de Carabineros caldeó los ánimos y la reunión callejera derivó en una bulliciosa protesta contra el comandante en jefe del Ejército.

El general Oscar Bonilla, sexta antigüedad en el mando, entró a la casa y le explicó a Prats que los oficiales lo acusaban de haber apoyado al gobierno en la presión contra el general Ruiz Danyau y que su imagen estaba ya muy deteriorada en las filas. Esto de la "imagen" -una idea repetida varias veces- parecía un eufemismo para significar que el mando se volvía cada vez menos seguro.

Prats hizo salir a Bonilla y luego recibió a los generales Pinochet y Guillermo Pickering, que venían a ofrecerle su respaldo. Tras una noche amarga, Prats llegó a la conclusión de que la afirmación de Bonilla sólo podía ser contrastada en los hechos. Dijo a Pinochet que se mantendría en su cargo sólo si los generales firmaban una declaración pública en su apoyo. Al día siguiente, el 22, después de una seguidilla de reuniones, Pinochet informó que no todos los generales estaban dispuestos a ofrecer semejante gesto. En el intertanto presentaron sus renuncias los generales Pickering, comandante de Institutos Militares, y Mario Sepúlveda, jefe de la Guarnición de Santiago, en protesta por la actitud de sus compañeros. Prats se quedaba cada vez más aislado.

En la madrugada del 23 de agosto, Allende citó a su residencia a los generales Pinochet y Orlando Urbina, inspector general y segundo en antigüedad del Ejército. Acompañaban al Presidente sus ministros Letelier, que se preparaba para asumir en Defensa, y Fernando Flores, secretario general de Gobierno; el director de Chile Films, Eduardo "Coco" Paredes, y el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán. El Presidente hizo un breve análisis de la situación política y se quedó esperando la reacción de los generales. Pero sólo habló Urbina, quien estimó que el gobierno debía llegar a un acuerdo con la oposición o convocar a un plebiscito. Pinochet asintió sin explayarse.

En verdad, Allende intentaba cerciorarse de las ideas y las capacidades de quienes podrían ser los sucesores de Prats. El comandante en jefe estimaba que quien ocupara su cargo debía ser la segunda antigüedad, para mantener la tradición del Ejército. Pinochet cumplía ese requisito y también otro más importante: había mostrado su lealtad a Prats. Lo mismo opinaba el anterior ministro de Defensa, José Tohá, que había llegado a entablar cierta amistad familiar con Pinochet. Cerraba el círculo el hecho de que los generales más exaltados en contra del gobierno -Manuel Torres de la Cruz, Oscar Bonilla, Sergio Arellano, Javier Palacios, Arturo Vivero- no lo consideraban fiable y tampoco se le conocían vínculos con la oposición política.

Sólo el Partido Socialista puso reparos contra del nombramiento de Pinochet. El secretario general, Carlos Altamirano, se entrevistó con Allende y le planteó que el PS no confiaba en el segundo hombre del Ejército. Su candidato era el tercero, el general Urbina. Pero esto no podía decirlo abiertamente, porque la principal "fuente" del PS era… el propio general Urbina. Nunca se sabrá si este general transmitió esa información al PS o si éste la obtuvo de su hermano, que era simpatizante socialista.

El 23, Allende almorzó con Prats y el ministro Flores, que se había convertido en un amigo cercano del general. Preocupado por su salud quebrantada y por el estrés que vivía, el ministro le había ofrecido al general que se tomara un descanso en una casa de playa de un empresario de su confianza, Andrónico Luksic. Prats lo agradeció y aceptó el ofrecimiento.

En el almuerzo, Prats presentó su renuncia indeclinable, a pesar de la insistencia de Allende. Lo convenció de que su alejamiento le brindaría el espacio a Pinochet para pasar a retiro a los oficiales sospechosos de golpismo, y al gobierno, el tiempo para alcanzar acuerdos con la oposición. Allende terminó por aceptar. ¿Por qué lo hizo, si sabía que Prats era el dique de contención de un golpe? Se lo dijo a su ministro Pedro Felipe Ramírez cuando éste se lo preguntó unos días después: "¿Qué quería que hiciera, si él me dijo llorando que no podía más?".

Al día siguiente fue oficializada la designación de Pinochet, cuya primera medida fue exigir la presentación de las renuncias de todos los generales, según la tradición militar. Bonilla y Arellano se negaron y Pinochet encargó a Urbina que las obtuviera. Pero los generales se las arreglaron para eludir al ahora jefe del Estado Mayor, y cuando el ministro Letelier le dijo a Pinochet que este era un acto de insubordinación, el general prometió que lo resolvería cuanto antes. Nunca lo hizo.

El Ejército hervía de agitación. Los altos oficiales estaban presionados por sus esposas y por sus familias, que les exigían no formar parte de un gobierno que los hacía participar de la inestabilidad política. Entre los jefes con mando de tropas crecía el disgusto por el empleo de sus fuerzas en tareas de orden público y en la vigilancia de bencineras, comercios y carreteras. Para muchos de ellos, Prats, Pickering y Sepúlveda eran los principales obstáculos al golpe, una limitación que se había mostrado decisiva durante el alzamiento del Blindados N° 2, cuando esos generales, además de Pinochet, redujeron a los rebeldes.

Pinochet sabía que un gesto hostil contra los generales sediciosos podría significar la insurrección de una o más unidades. Dos días después de su nombramiento y mientras el general Urbina aún buscaba a Arellano para exigirle la renuncia, el 26 de agosto la Escuela Militar se acuarteló con el fin de defender al principal activista del golpe. Para controlar a un alto mando cada vez más enervado, Pinochet necesitaba cautela y astucia, más astucia que todos ellos. Sólo contaba con dos hombres de confianza: el general Herman Brady, nuevo jefe de la Guarnición de Santiago, y César Benavides, nuevo comandante de Institutos Militares.

En la primera semana de septiembre el Ejército parecía estar rumbo a un quiebre interno. El general (R) Prats estimaba que una acción violenta podría desencadenarse el viernes 14 de septiembre, o unos días antes; se reunió con el Presidente y le planteó que junto con llamar al diálogo pidiera permiso constitucional y dejara el país por un año. La mirada feroz de Allende hizo que no insistiera en ello.

En el gobierno se expandió la percepción de que ese viernes era el límite final y que, si lograba trasponerlo, tendría un nuevo período de alivio. El PS, en cambio, creía que todas estas eran exageraciones de La Moneda y, en algún caso, parte de las argucias del Presidente para seguir cediendo ante la oposición. ¿La opinión del general Prats? Bueno, el general (R) estaba con mala salud.

En los primeros días de septiembre, los complotados en el Ejército aún estaban desconcertados con el silencio de Pinochet. Ya pensaban en sobrepasarlo poniendo al frente al general Torres de la Cruz, incluso con el problema nada menor de que estaba destinado en Punta Arenas. Pero el domingo 9 llegaron a casa de Pinochet el general Leigh y, poco después, los contraalmirantes Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y Sergio Huidobro, jefe de la Infantería de Marina, que traían una nota de José Toribio Merino, jefe del Estado Mayor de la Armada, fijando la fecha del levantamiento conjunto para el martes 11, a partir de las 6 de la mañana. Tras algunas vacilaciones, sabiendo que se jugaba la vida, Pinochet firmó el acuerdo.

Quedaba el problema de Urbina, en quien los demás generales no confiaban. Pinochet anunció que lo enviaría a revisar las investigaciones sobre una escuela de guerrillas descubierta en La Araucanía y luego juramentó a un pequeño grupo de generales. Allí estableció que, en caso de no llegar a su puesto de mando al día siguiente, su reemplazante sería el general Bonilla. Autorizaba en ese momento un golpe interno: otros cuatro generales -Urbina, Torres de la Cruz, Ernesto Baeza y Rolando González- más antiguos que Bonilla, serían sobrepasados de facto. Ese mediodía, Urbina partió a Temuco.

Era el costo que pagaba Pinochet por liderar el golpe militar. El costo alternativo era que le pasara por encima.

EL CAMPO: EL PARTO DE LA TIERRA

El proceso que desató las pasiones más intensas durante el gobierno de la UP no ocurrió en las ciudades, sino en los campos. Fue la extensión de la Reforma Agraria. La relación con la tierra es más intensa que con cualquier otro bien de capital. Para muchos, la tierra es la madre -lo que nadie podría decir de una empresa- y en los pueblos originarios se sitúa en la base de sus creencias. Perder un fundo que durante generaciones había estado en manos de una familia debía desencadenar en los propietarios sentimientos tan intensos como contradictorios con los de quienes, después de décadas de privaciones, por fin accedían a la tierra. A escala microeconómica, el conflicto se multiplicó de manera desgarradora en cada predio de Chile.

Para mediados de 1973, con la Reforma Agraria "se había acabado el latifundio en el país", dice Jacques Chonchol, quien dirigió el proceso en los gobiernos de Frei y Allende. La excepción fueron las tierras muy productivas, como las viñas. Pero ese tránsito costó vidas, generó conflictos fratricidas, exacerbó la lucha política en cientos de pequeñas localidades, aportó a la crisis económica -aunque inicialmente subió la producción- y, sobre todo, puso fin a un modo de producción arcaico, que a menudo amparaba abusos y atropellos contra inquilinos en precarias condiciones al interior de los fundos.

La extensión fue extraordinaria. En total, incluyendo la tímida "reforma del macetero" del Presidente Jorge Alessandri, se expropiaron 9,5 millones de hectáreas: tres millones en el gobierno de Eduardo Frei y 6,5 millones en los tres años de la UP. Chonchol fue su motor desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en la mayor parte del período de Frei y como ministro durante dos años en el de Allende. "Como es un proceso que provoca inestabilidad, la Reforma Agraria debe ser rápida, drástica y masiva", fue su receta.

Hoy parece extrema la ley que puso en marcha esta reforma. Pero el Chile de los 60 y 70 era distinto. El campo atrasaba el desarrollo, porque como su producción era insuficiente, se debían importar alimentos. Con el latifundio, muchas tierras se dedicaban a la ganadería extensiva, producían poco, se usaban como garantías, casi no pagaban impuestos y tenían un campesinado servilizado.

La singularidad de la reforma chilena se remonta a fines de los años 30. Para lograr en el Parlamento el apoyo de la derecha a la creación de Corfo y las industrias básicas, el Presidente Pedro Aguirre Cerda accedió a no promover la sindicalización en el agro. El resultado del "compromiso histórico" fue un campesinado sin organización para luchar por sus derechos. Ese pequeño detalle haría que la Reforma Agraria fuese en sus inicios un proceso vertical, desde las instituciones hacia los campesinos, a diferencia de otros países, donde el cambio partió en las bases.

La reforma comenzó, oficial aunque no legalmente, con el traspaso de tierras desde la Iglesia Católica a los campesinos, iniciativas lideradas por el obispo de Talca, Manuel Larraín, y el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez. Sin embargo, el impulso más fuerte provino de la Alianza para el Progreso, creada por la administración de John F. Kennedy, que demandaba a América Latina reformas estructurales como antídotos contra el influjo de la revolución cubana. Así quedó para la historia de Chile algo insólito: fue un gobierno de derecha, el de Alessandri, el que inició la Reforma Agraria.

Allende aplicó la misma ley de Reforma Agraria de Frei Montalva, porque carecía de mayoría parlamentaria para modificarla. Se limitó a usarla a fondo. Establecía que todo predio mayor de 80 hectáreas era expropiable. Si el dueño era muy eficiente, tenía derecho a una reserva de hasta 80 hectáreas y se expropiaba el excedente; si no trabajaba sus tierras productivas, se expropiaba todo. Otra causa de expropiación era que el propietario fuera una sociedad. Cuando el Estado construía obras de riego, las tierras de secano eran expropiables; si eran eficientes, hasta la reserva; si no, no se le devolvía nada. Los terrenos expropiados podían ser entregados a unidades familiares indivisibles por herencia (para evitar el minifundio), a cooperativas campesinas o alguna combinación de ambas.

Las expropiaciones se pagaban a valor fiscal, mediante un bono de la Reforma Agraria, 10% al contado y 90% a 25 años plazo, una renta que sería corroída por la inflación.

El gobierno de Frei dictó en paralelo la ley de sindicalización campesina, que permitió formar sindicatos comunales cuando cien campesinos lo acordaban. Esto expandió la organización de los trabajadores agrícolas.

La ingeniería de la reforma tembló ante lo inevitable: conflictos por doquier. "Cuando uno comienza ese proceso y empieza a acelerarse, la propia dinámica social lo lleva a acelerarse más. Eso ha pasado en todas las reformas agrarias", afirma Chonchol.

Nuevas reacciones ha seguido recibiendo nuestro diario a raíz de la entrevista que concedió el general (R) Manuel Torres de la Cruz quien se desempeñó como intendente del gobierno de la Unidad Popular y, luego, del gobierno militar.

Desde Estados Unidos fue enviado el siguiente testimonio de un ex alumno de la Universidad Técnica del Estado.

Señor Director:

A fines de diciembre del año recién pasado, el General en Retiro Manuel Torres de la Cruz hace algunas declaraciones asombrosamente falsas. Digo asombrosamente, porque existen testimonios que prueban fehacientemente dicha falsedad. En síntesis el General plantea que durante su designación como jefe provincial inmediatamente después del Golpe Militar de Septiembre 11, 1973, en Punta Arenas no se torturó a los prisioneros políticos. En parte de sus declaraciones a La Prensa Austral el General dice:

“Aquí se hicieron todas los consejos de guerra como Dios manda, se hicieron todos los procedimientos en forma completa y nadie puede venir a decirme a mí, por lo menos hasta que yo entregué el mando de la zona y de la provincia, que aquí se cometió algún desmán y que hubo alguna tortura”.

“… Con profundo estudio, profunda calma, con gran detenimiento y con gran acuciosidad, se estableció qué personas era necesario detener el día que se produjera el pronunciamiento, para evitar que cometieran desmanes. Y toda esa gente, a partir del 11 de septiembre, fue detenida y confinada en centros de detención, que no eran de tortura, en bahía Catalina por parte de los aviadores, en río de los Ciervos por parte de los marinos y en el Regimiento Pudeto, por parte del Ejército”.

El General reconoce que estuvo a cargo de la Provincia hasta febrero de 1974.

Fue precisamente en ese período donde se llevaron a cabo la mayor cantidad de detenciones. Hacia septiembre de 1973 yo era un estudiante de la Universidad Técnica del Estado. Mi nombre apareció en las listas de esas personas “que era necesario detener para evitar que cometiera desmanes.” Tenía entonces 19 años, era comunista (ideológicamente hablando aunque no miembro del PCCh.), y pensaba (y sigo pensando aún) que era necesario cambiar nuestra sociedad para que no exista más pobreza y explotación de los trabajadores chilenos y del mundo.

El General se vanagloria de su “apoliticismo”, pero se puso del lado de la derecha, subvirtió la propia Constitución política del capitalismo, y reprimió a los socialistas para preservar los privilegios de los patrones.

Es cierto lo que dice el General referente a los centros de detención que indica y las ramas responsables de ellos. No menciona el Regimiento Blindado, a cargo del Ejército, ni el Estadio Fiscal, a cargo de la FACH. Lo que tampoco dice el General es que existieron centros de interrogatorios, en los cuales se torturaba sistemáticamente a los prisioneros. Tampoco dice que en los mismos centros de “detención” se abusaba también a hombres y mujeres con todo tipo de castigos físicos y psicológicos.

En los centros de tortura se “ablandaba” a los prisioneros para luego sacarles confesiones que serían usadas por los fiscales militares para proceder a los juicios de guerra. El “ablandamiento” era tortura. Los fiscales militares lo sabían muy bien, y en consecuencia fueron también cómplices de esta tortura. Incluso muchas veces nos amenazaban con volver a enviarnos a los torturadores si no confesábamos lo que ellos querían.

A mí me arrestaron el día 5 de octubre de 1973 y la tortura comenzó en el instante mismo del arresto. Allí mismo, frente a la modesta casa que arrendamos en el Barrio Sur me vendaron y amarraron para golpearme y amenazarme en frente a los gemidos de terror de mi madre de fusilarme en el acto. El simulacro de fusilamiento terminó en las risotadas de burla de los fusileros. Me llevaron entonces a un local habilitado para torturar en la Avenida Colón, un hospital abandonado, donde como era tratamiento habitual para todos los prisioneros fui despojado de mis ropas y sometido a golpizas con patadas, palos, puños y culatazos, mientras permanecía amarrado y con los ojos vendados. Los gritos de terror de hombres y mujeres se escuchaban por todos lados, mientras los valientes soldados de la patria se ensañaban contra un enemigo desarmado.

Luego de varias horas de golpiza, fui sumergido en un pozo de excrementos humanos, donde la fetidez y los líquidos nauseabundos me asfixiaban. Luego, fui sacado de allí para ser metido en un baño donde me manguerearon con agua fría para limpiarme un poco de los excrementos y continuar torturándome.

Bajo el agua fría me siguieron golpeando con palos, para eventualmente sacarme de allí y meterme a la “parrilla”. La “parrilla” era un catre de metal donde fui tendido y amarrado. Luego hicieron un circuito con cables que partían desde los dedos de los pies, las rodillas, el esfínter, los testículos, el pene, el estómago, las tetillas, los dedos de las manos, el cuello, los labios, la nariz, los ojos, para terminar en las sienes. Luego, el torturador al mando ordenaba las descargas eléctricas que provenían de un dínamo manual. Todo mi cuerpo se convulsionaba de dolor y emitía alaridos desgarradores, a los cuales los torturadores contestaban con gritos, insultos y risotadas.

Cuando ya los torturadores pensaban que habían culminado el “tratamiento” fui vestido, tirado siempre amarrado y vendado en un camión del Ejército y transportado al centro de detención del que habla el General, el Regimiento Pudeto. Al llegar allí me encontré con que ya habían cientos de presos, muchos compañeros a los que reconocí, que ya habían pasado por similar tratamiento.
Debo decir que tal vez debo dar gracias que a mí solamente me dieron un tratamiento de tortura “suave”, porque con otros compañeros practicaron aun torturas más horripilantes. También hay que decir que parte del tratamiento general de las compañeras estaba la violación, vejación y abuso sexual.

Estas sesiones de tortura se repitieron hasta que se estableció una causa de acusación en Enero de 1974. El fiscal a cargo de mi caso era un oficial de la Marina, Walter Radic. Al final fui condenado a 5 años y un dia y en Febrero de 1974 nos mandaron a los primeros “rematados” de Magallanes a la Isla Dawson. Mi número era “remo 14”.

Y todo esto, General Torres de la Cruz, sucedió bajo su comando en Punta Arenas, entre Septiembre de 1973 y Febrero de 1974. Claro que los abusos y las torturas siguieron bajo la comandancia del General Lutz posteriormente.

Al abuso criminal del pasado, se suma la mentira del presente de querer decir que nuestro sufrimiento nunca sucedió, que nunca pasamos por la tortura a la que fuimos sometidos, que en Punta Arenas no se torturó como en el resto del país. En esa medida el General sigue hoy torturándonos psicológicamente.

Debería también saber el General que cada vez que tenemos que hablar sobre estas dolorosas vejaciones pasadas, las heridas vuelven a renacer. Pero, se hace necesario hablar para no permitir esta nueva injusticia.

La tortura es un crimen contra la humanidad. Los responsables de la tortura deben ser castigados por su crimen. En Chile solamente se están escuchando casos legales en contra de los asesinatos cometidos durante la dictadura de Pinochet y de los capitalistas que se beneficiaron con la dictadura. Sin embargo, el país debe reflexionar también sobre la victimización de los miles y miles de torturados, hombres y mujeres, los cuales también tenemos derecho a exigir justicia.

En alguna medida, es bueno que el General tenga la osadía de hablar sobre su pasado, porque en medio de sus propias palabras se puede ir configurando su responsabilidad histórica en la represión que se desató a partir del golpe militar, e incluso -como él lo reconoce- en el caso del asesinato de un obrero de Lanera Austral durante un allanamiento represivo de la FACH bajo su administración como Intendente de Magallanes antes del golpe.

Ojalá que el pueblo de Magallanes, de Chile y del mundo no crea las declaraciones del General Manuel Torres de la Cruz de que no hubieron torturados en Punta Arenas. Mi caso y el de tantos compañeros y compañeras hablan por sí mismos.

Sergio Reyes

Cambridge, Massachusetts, EE.UU.

Iván González Toro, investigador de la Universidad de Magallanes, desentierra secretos acerca de la historia de su región. Uno entre ellos, la existencia de una junta militar provincial paralela a la de Pinochet, que por 9 días habría gobernado la región austral al principio de la dictadura.

Dentro del programa dedicado al “Rescate de la historia oral y escrita de Magallanes”, Iván González se dedicó a investigar sobre los militares que por 9 días hicieron la ley en su región.

Sus integrantes, José Manuel Torres de la Cruz (1), comandante de la V División del Ejército;  Horacio Justiniano Aguirre (1), comandante en Jefe III Zona Naval; José Berdichewsky Scher (2), comandante en Jefe IV Brigada Aérea, fueron elegidos por el Congreso al mismo tiempo que otros militares conocidos por su implicación en el Golpe de Estado, como el mismo Augusto Pinochet, durante los años previos al golpe y en plena democracia.

Muchas controversias se mezclan alrededor de esos personajes. Primero, la legitimidad misma de esa Junta Provincial, de la cual Iván González tiene pruebas de su existencia, pero ninguna acerca de su reconocimiento por la Junta Militar de Gobierno, que dictaba la ley en ese entonces.

¿Qué rol jugó la Junta Provincial en Magallanes?

“No tengo antecedentes algunos que la Junta Militar de Gobierno haya legalizado, refrendado la Junta Provincial constituida en Magallanes. Creo pensar que la Junta Militar nunca aceptó que exista una junta paralela en una provincia. Y eso es un producto de la corta vida de la Junta Provincial en la región de Magallanes”, relata Iván González.

Sin embargo, esta Junta Provincial es relevante en cuanto a la responsabilidad que posiblemente tuvo en el traslado de los presos políticos a la Isla Dawson. Además, los miembros del Gobierno de Allende que fueron detenidos allí llegaron el 16 de septiembre de 1973, fecha en la cual la Junta Provincial estaba en funciones.

Entre los tres miembros de la Junta Provincial, es José Manuel Torres de la Cruz, Comandante de la V División del Ejército, el que más le interesa a Iván González.

Torres de la Cruz siguió en la Intendencia de Magallanes después de la disolución de la Junta Provincial, 9 días después del Golpe. En los documentos guardados por la Cruz Roja Internacional, Torres de la Cruz describe la situación de los presos en Isla Dawson. Además de no tener ninguna coherencia con la descripción hecha por la Cruz Roja, en esos documentos se mencionan las existencias de dos campos de concentración en la Isla, aún que hasta ahora solo en de Río Chico es reconocido como tal. Para González, esos documentos podrían dar la posibilidad de reivindicar la existencia del campo de concentración de COMPINGIM, que sigue en el olvido histórico desde la restauración de la democracia.

La documentación

“Las noticias son el primer borrador de la historia, una primera mirada de lo que está sucediendo en una época”, nos desvela González, que se basó mucho en los artículos de prensa de la época para entender lo que pasó realmente en su región.

“La Prensa Austral después del 11 de septiembre de 1973 se convierte en la vocería oficial de la Junta Provincial de Magallanes”, sigue el investigador. “Además, la prensa grafica una circunstancia única que ocurre en el país: que existe a nivel nacional una junta de gobierno que manda a nivel nacional y que, a la vez, en Magallanes existe una junta de gobierno que manda a nivel provincial”.

“¿Hoy en día no podemos imaginarnos a una prensa que esté publicando decretos, cierto?” se pregunta González: “La prensa no tiene esa particularidad, pero la Prensa Austral en ese momento publicó todos los decretos, todos los bandos que emanaron de la Junta Provincial del Gobierno. No existen registros de estos bandos y de estos comunicados. No he podido tener acceso y no sé  si existen estos documentos en los originales. Pero la Prensa Austral, de alguna forma me muestra, me clarifica, en qué consistieron esos bandos y esos decretos de la Junta Provincial”.

Uno de los bandos analizados por Iván González es de la Jefatura de la zona de Coyhaique, con fecha al 11 de septiembre 1973. Esta jefatura dependía de la V división del Ejército, su jefe era justamente José Manuel Torres de la Cruz. En ninguna dice que ese documento ha sido refrendado (aprobado por la Junta Militar), sino que esa autoridad coloca, comunica, ordena, informa, una situación puntual a la comunidad de la cual está a cargo”.

“El primer documento que encuentro en donde finalmente aparece indicada la Junta Provincial es el bando de la Jefatura Coyhaique del 22 de septiembre de 1973”, dice Iván González. Es el primer documento oficial original en el que aparece enunciada la junta de gobierno que se constituyó en Magallanes.

Sin embargo, explica González, casi no existen documentos que relaten de esos hechos. “Existe un informe llamado “Plan Austral”, pero no tengo antecedentes si eso será efectivo, en qué consiste, si es el documento que yo ando buscando respecto a la situación que se vivió en Magallanes en el ’73. Las referencias respecto a su existencia son totalmente informales, y nunca he podido acceder a este documento, que, según las informaciones que tengo, se encontraría guardado a la Academia de Guerra en Santiago de Chile”. Un secreto más de los años de la dictadura chilena, que esperamos algún día Iván González alcance desvelar.

Notas de la Redacción

(1) Desde el 11 de septiembre de 1973, Torres de la Cruz se autodenominó Presidente de la Junta Provincial de Gobierno junto a los Comandantes de la III Zona Naval, Carabineros y la Fuerza Aérea. Sobre este individuo recae la responsabilidad superior jerárquica de la construcción del campo de concentración de Isla Dawson «Rio Chico», primera obra pública de la dictadura, de las detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones perpetradas en Magallanes durante los primeros años de la dictadura. Según denuncias de sobrevivientes, el participó directamente en la aplicación de torturas a varios dirigentes locales cuando esto estaban detenidos.. Manuel Torres de la Cruz falleció sin ser juzgado.

(2) Comandante en Jefe de la III Zona Naval en 1973. Nombrado en su cargo por el Presidente Salvador Allende. Desde el 11 de septiembre de 1973, formó parte de una autodenominada Junta Provincial de Gobierno junto a los Comandantes de la V División de Ejército, Carabineros y la Fuerza Aérea. Sobre este individuo recae la responsabilidad superior jerárquica del diseño, construcción y mando del centro de detención de COMPINGIM y del campo de concentración de Isla Dawson «Río Chico», así como de las detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones perpetradas en Magallanes durante los primeros años de la dictadura en los recintos y unidades de la Armada.

(3) Según Memoria Viva, El general Berdichewsky, quien habla Yidis con fluidez  fue un participante clave en el bombardeo de Santiago. A mediados de los 70 fue nombrado embajador en Israel. Una posición de suma importancia dado los acuerdos e intercambios militares y de armas entre la Dictadura y el gobierno Israelí.

Hasta los 16 años de edad, Iván González Toro fue un niño que vivió una infancia sin mayores problemas, aun cuando a los tres meses de edad sufriera la pérdida irreparable de su padre, Ramón González Ortega. Pero como su mamá le contó que el papá había fallecido en un accidente, desde muy niño se crió con esa versión y tuvo una infancia feliz.

Pero la adolescencia terminaría abruptamente para él, cuando, a los 16 años, conoció la verdad de lo sucedido. Su madre decide revelarle el secreto mejor guardado y le cuenta que su papá había sido fusilado en Porvenir. "En esos momentos terminó mi adolescencia y juventud. Me vinieron muchos conflictos internos, pero prometí que cuando fuera un profesional (ahora es asistente judicial) iniciaría una investigación formal respecto a lo sucedido con mi padre", señala Iván González.

Esta promesa la concretó el 30 de agosto de 2003. Y el 30 de mayo de 2005 formalizó la presentación de una querella criminal en favor de su padre, y en contra de todos quienes resultaran responsables de su muerte. Uno de los objetivos de esta presentación fue "que el buen nombre de mi padre fuera repuesto".

Aún cuando la mamá no perseguía alimentar odiosidades en su hijo, creyó importante decirle la verdad de lo ocurrido en 1973, concretando ese deseo para el plebiscito de 1988. "En esos momentos sufrí mucho. No entendía ni comprendía lo que me estaban diciendo. No sabía si él tenía alguna militancia o si había hecho algo, pero con los años fui entendiendo ciertas cosas hasta formar el puzzle".

Los esfuerzos por conocer la verdad de lo sucedido lo llevaron a iniciar una investigación privada, indagando con quienes fueron amigos y conocieron a su padre. Los que trabajaron y estuvieron detenidos con él. "Además que para mí ésta fue una forma de conocer a Ramón González", quien al momento de fallecer tenía 37 años de edad. Y en su calidad de inspector del Servicio de Impuestos Internos, fue nombrado interventor de la entonces Cooperativa de Pescadores de Tierra del Fuego.

Iván González recuerda que los militares detuvieron a su padre el 11 de septiembre de 1973, cuando la Quinta División de Ejército estaba en Magallanes bajo el mando del general Manuel Torres de la Cruz, y luego lo condujeron a Compingim, en isla Dawson, el primer lugar de detención de la época. Allí permaneció hasta el 12 de octubre tras lo cual fue trasladado al Regimiento Caupolicán de Porvenir, donde muere el 30 de octubre del mismo año.

Homicidio calificado

La acusación del ministro de fuero subrogante Juan Escobar Zepeda, que investiga la querella que se presentó en Santiago por las personas muertas en Porvenir, establece que "en la madrugada del 30 de octubre de 1973, Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, mientras se encontraban prisioneros dentro de un contenedor ubicado al interior del Regimiento de Infantería Nº11 Caupolicán de Porvenir, fueron sacados de su encierro por cuatro soldados de la misma unidad y los subieron a una camioneta para trasladarlos varios kilómetros fuera del regimiento. Una vez que se detuvo el vehículo, los soldados hicieron bajar a los prisioneros y acto seguido, les dispararon con los fusiles Sic, dándoles muerte en forma inmediata. Constatados los fallecimientos, por un médico de la misma unidad militar, los uniformados procedieron a sepultar los cuerpos en el mismo lugar de su ejecución. Al día siguiente, el comandante de la unidad dio como versión oficial la baja de los prisioneros por habérseles aplicado la Ley de Fuga, informándose al resto del regimiento y a los medios de información, que éstos huyeron de la unidad, que fueron sorprendidos a unos 20 kilómetros de distancia, y al no hacer caso de la voz de alto, se les disparó dándoles muerte, hecho que importa a la comisión del delito de homicidio calificado".

Al tenor de la investigación y declaraciones que tomó durante el proceso, en marzo de este año el ministro Zepeda resolvió elevar la causa al estado de plenario, acusando a Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe, Luis Alberto Arata Campodónico y a José Rafael Aguirre Aguirre, como autores del delito de homicidio calificado, cometidos en las personas de Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri".

"Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres"

Respecto a las declaraciones que el general Manuel Torres de la Cruz le entregara al director de La Prensa Austral, Manuel González Araya, en una entrevista que le concediera en diciembre de 2000, Iván González dice que hoy está en condiciones de desmentir a quien en 1973 fuera el comandante en jefe de la Quinta División de Ejército.

En aquella oportunidad, el general en retiro desafió a que alguien le demostrara, con pruebas y documentos, que estaba mintiendo, al declarar que bajo su mando se realizaron todos los procedimientos en forma completa, y que no existen antecedentes que demostraran lo contrario. Como, por ejemplo, "que se haya cometido algún desmán o que hubo tortura".

También declaró que "en Magallanes no existió ningún problema, en relación a violaciones a los derechos humanos".

Lo anterior lo desmiente Iván González, señalando que "en Magallanes se elaboró un plan de acción. Así como los marinos tenían el plan Martillo; en la III División de la Fach tenían el plan Tijera. Y en la Quinta División de Ejército se llamaba Plan Australis. Este tenía un anexo de inteligencia en el cual con profundo estudio, profunda calma, con gran detenimiento y gran acuosiosidad, se estableció qué personas era necesario detener el día que se produjera el pronunciamiento. Y toda esa gente fue detenida y confinada en Bahía Catalina por parte de los aviadores. En Río de los Ciervos (Regimiento Cochrane) por parte de los marinos, y en el Regimiento Pudeto por parte del Ejército, como en otras dependencias en las provincias respectivas".

Recuerda que Manuel Torres de la Cruz nunca enfrentó a la justicia por los crímenes cometidos en Tierra del Fuego. "Estos ocurrieron bajo su mando mientras era Presidente de la Junta Provincial y comandante de la Quinta Division de Ejército. Por la muerte de Jorge Parra dio una declaración pública justificando su muerte, incluso aplaudió el actuar de sus subordinados. Y por el asesinato de Ramón González Ortega y sus dos compañeros, ratificó la versión de la "Ley de Fuga", aun cuando ese mismo día viajó inmediatamente a Porvenir a comprobar los hechos informados por su subalterno y comandante del regimiento fueguino, Augusto Reiger Rago".

Por eso se atreve a señalar que "hoy son los tribunales los que dejan claramente establecido los crímenes y excesos que se cometieron y que Manuel Torres de la Cruz siempre tuvo conocimiento".

– ¿Le resulta paradójico hacer este desmentido hoy, justamente cuando el comandante en jefe de la Quinta División es el hijo de Manuel Torres de la Cruz?

– "Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres. Pero el que hoy es actual jefe de la Quinta División de Ejército lo que tiene que hacer es lo mismo que hice yo: descubrir a su padre. Porque puede ser que él tenga una verdad parcial de lo que fue su padre como jefe castrense de la época. Es penoso que el actual comandante en jefe de la Quinta División tenga que saber, a través de sentencias judiciales, lo que hizo su padre y cómo intentó ocultar crímenes, pese a que entiendo que era una persona cristiana. Pero aclaro que el hijo (Luis Torres) no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos y no lo culpo de nada. Aunque es lamentable que tenga que asumir una verdad que tal vez para él era desconocida".

He leído en la Prensa Austral  una historia estremecedora y que todavía me produce desazón. Iván González Toro no se enteró hasta que tuvo 16 años, en 1988, que su padre había sido asesinado por militares pinochetistas en 1973. Su padre, Ramón González Ortega, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y trasladado al campo de concentración de la isla Dawson. Fue detenido por elementos de la Quinta División del Ejército, que era comandada entonces el general Manuel Torres de la Cruz. El 30 de octubre el detenido, junto a otros dos detenidos, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, fue trasladado a ninguna parte: en el camino fue asesinado por la espalda por los militares pinochetistas Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe, Luis Alberto Arata Campodónico y a José Rafael Aguirre Aguirre. Los cobardes enterraron sus cuerpos en el mismo lugar.

Iván González, el hijo de uno de los asesinados, no se enteró sino en 1988 del destino de su padre, pues su madre no quiso contárselo para no amargar su infancia. Así, sólo se lo contó cuando tenía 16 años, el año del plebiscito de 1988. Iván decidió estudiar entonces para agente judicial y se prometió esclarecer algún día el destino de su padre.
El 30 de mayo de 2005 presentó una querella criminal contra los autores del asesinato de su padre.

En 2000, el diario Prensa Austral había entrevistado sobre este caso al general Manuel Torres de la Cruz y este general, tan cobarde y abyecto como los otros militares pinochetistas, negó haber asesinado a esos detenidos y dijo que habían tratado de fugarse. En el juicio que se encuentra ahora en estado de plenario, el juez acusa de homicidio calificado a los cinco militares involucrados directamente, pero no al jefe militar que dio la orden de asesinarlos.

Esa es la historia. Ahora ocurre que el hijo del cobarde que era entonces comandante de la Quinta División del Ejército, Manuel Torres de la Cruz, es también, a su vez, comandante de la misma división. Su nombre es Luis Torres.

Yo recuerdo que cuando fui llamado en los años sesenta a las pruebas para el servicio militar, me dieron a leer unos documentos o formularios, en los que se me preguntaba, o me preguntaron directamente si acaso yo o algún familiar directo mío -padres, tíos consanguíneos- teníamos antecedentes criminales. Si hubiese sido así, no podía yo aspirar a ninguna carrera militar, pues tener antecedentes es un causal de impedimento para esa carrera.

En el Código de Justicia Militar se establece que se excluye del servicio militar a los ciudadanos que "hayan sido condenados a penas aflictivas, salvo que la Dirección General las considere moralmente aptas". Pero no se dice nada sobre los requisitos para quien quiere dedicar su vida a la carrera de las armas. No tengo certeza sobre este asunto, pero basándome en mi experiencia de entonces supongo que existe algún reglamento interno o similar donde se establece la imposibilidad de que personas con antecedentes criminales o con familiares directos que los tengan puedan ingresar a las filas.

Si esto sigue siendo así, resulta entonces raro, para decir lo menos, que hijos de conocidos criminales y violadores de derechos humanos sigan en las fuerzas armadas. Si sus padres cometieron crímenes, los hijos no pueden ser miembros de esas fuerzas, como no puede serlo ningún chileno con familiares con antecedentes criminales.

En nuestra legislación, los hijos o familiares directos no somos responsables de los delitos de nuestros padres. Pero eso es comprensible en un plano judicial civil. En el caso de los miembros de las fuerzas armadas esta regla de exclusión debería seguir aplicándose a los hijos de criminales por las características propias de las instituciones armadas. Se crean en ellas fuertes vínculos de lealtades personales y, en este caso, familiares. Los hijos pueden también encubrir los crímenes de sus padres. O seguir cometiéndolos. O creer que los crímenes que él comete o que cometió su padre son justificados. O creer que él está por encima de la justicia o que pertenece a un estamento privilegiado al que se le permite cometer crímenes y no pagar por ello. Por esa razón, la regla de exclusión debe seguir aplicándose sin excepciones. En una institución que debe salvaguardar la constitucionalidad y la soberanía del país no es razonable tolerar situaciones ambiguas y peligrosas como estas.

Ahora bien, dirán los leguleyos que el principal responsable de esos asesinatos y del asesinato del padre de Iván González es el general Manuel Torres de la Cruz, que negó que hubiese dado órdenes de cometer un crimen, que trató de ocultar los asesinatos y que culpó a sus subalternos, dejando que estos paguen por los crímenes que él ordenó cometer. Es verdad que los subalternos que cometieron los crímenes son moralmente culpables de haberlos cometido, vale decir, son culpables de haber aceptado la ejecución de órdenes ilegales (obedecer una orden de un militar pinochetista es lo mismo, en mi personalísima opinión, que haber obedecido una orden de un militar de un país invasor o de un grupo de delincuentes), pero el autor intelectual fue el general, que a su vez probablemente las recibió del canalla número 1, el general Pinochet. El juez, que tomó en serio los desmentidos y rechazo de responsabilidad y acusaciones contra sus subordinados de Manuel Torres de la Cruz, no lo procesa a él. Por tanto, no se puede decir jurídicamente hablando, que el general mismo haya sido procesado o tenga por ello antecedentes criminales. Por tanto, concluirán algunos, su hijo no debería ser excluido de las fuerzas armadas.

Sin embargo, todos sabemos -los militares culpables, los familiares de las víctimas, la prensa, los jueces y abogados y los políticos de todo el espectro- que el verdadero responsable es el general Manuel Torres de la Cruz, haya sido este procesado o no. Es lógico por tanto esperar que ese general, cuyo destino no conozco y no sé si todavía pertenece a las fuerzas armadas, o si murió, o si cobra pensión de las fuerzas armadas, sea retirado del estado militar, lo mismo que su hijo, porque así lo establece un reglamento militar y por constituir un peligro, en ausencia de un juramento de lealtad con el orden constitucional, para la democracia, estabilidad y soberanía del país -y siendo estos peligros conocidos de sus superiores y de las autoridades políticas del país.

Y este, por lo que me parece, es sólo un caso de muchos otros. Hay por todo el país un buen montón de hijos y familiares directos de militares criminales en las fuerzas armadas -incluyendo hasta hace poco a nietos y sobrinos de Pinochet mismo- y es urgente que se reconsidere la situación de esos militares. Simplemente no es posible que ciudadanos corrientes no puedan acceder a la carrera militar por tener familiares con antecedentes criminales, y que se acepte a otros que lucen en su genealogía abominables chacales. Es ciertamente probable que la ciudadanía piense que la presencia de estos hijos de chacales en las filas condona los crímenes de sus padres, o que pertenecen a un estamento social que se permite todo, incluso el crimen, contribuyendo así una desgraciada laxitud de nuestras costumbres morales. También es dable pensar que estos militares pueden constituir un poderoso obstáculo a las reformas que necesita la orden militar.

Cómo reaccionan los hijos de conocidos y notorios criminales y violadores de derechos humanos, notables por su crueldad, inhumanidad y cobardía, no ha sido un asunto muy estudiado. Iván González, en una demostración de bondad, dijo sobre el hijo del general: "Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres. Pero el que hoy es actual jefe de la Quinta División de Ejército lo que tiene que hacer es lo mismo que hice yo: descubrir a su padre". Hay otros casos. Marlene, la hija menor del torturador y asesino Osvaldo Romo, dijo sobre su padre, en su peculiar español, en una carta escrita desde su pueblo en Brasil: "Yo siento vergüenza de usted". (En La Nación) 

A los chilenos la casta militar comprometida con los crímenes de la canalla pinochetista nos llena de asco, vergüenza, dolor y odio. La patria no les perdonará nunca. Sus hijos son evidentemente inocentes de los crímenes que cometieron, pero ¿pueden permanecer en funciones que pueden verse empañadas o entorpecidas o intervenidas de algún modo por sus lazos familiares?

A 38 años de que el ex trabajador de Enap y militante comunista Jorge Parra Alarcón fuera asesinado a balazos en Tierra del Fuego por efectivos militares, la ministra sumariante Beatriz Ortiz, quien investigó esta causa de Derechos Humanos, dictó fallo condenatorio en contra del único procesado. Se trata del ex coronel de Ejército, Eduardo Rafael Mancilla Martínez.

La sentencia de primera instancia pronunciada con fecha de ayer, aplicó una pena de 5 años de presidio al ex oficial castrense por el delito de homicidio calificado respecto de Parra Alarcón, además de otras penas accesorias. El fallo concede al sentenciado el beneficio de la libertad vigilada.

El veredicto, asimismo, acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por los cuatro querellantes, todos hijos de la víctima, condenando al Estado a pagar la suma de 30 millones de pesos a cada uno de los hijos.
En la causa figuran como querellantes los hermanos Lerty y Jorge Parra, y Ana y Héctor González. Los primeros son representados por el abogado Oscar Gibbons y los segundos por la abogada Dafne Sandoval.

El fallo consta de 89 páginas y en este caso corresponde que el único sentenciado sea notificado vía exhorto, debido a que registra domicilio en la zona norte del país.

La sentencia sobreseyó, asimismo, a otros querellados, entre ellos a los generales Augusto Pinochet y Manuel Torres de la Cruz, fallecidos.

Eduardo Rafael Mancilla es sindicado de rematar con un disparo a Parra Alarcón.

Detenido y torturado

Los hechos investigados y sancionados por la justicia se registraron en octubre de 1973, cuando el detenido y torturado Parra Alarcón era trasladado desde Cerro Sombrero a Porvenir. Fue muerto a tiros en el camino. Sus restos -que no se entregaron a familiares- fueron exhumados en 2005 desde el Cementerio Municipal de la capital fueguina.
Muestras analizadas en un laboratorio de los Estados Unidos, permitieron confirmar que dichos restos óseos correspondían al ex trabajador de la Empresa Nacional del Petróleo.

En octubre de 1973 Eduardo Mancilla era teniente y pertenecía a la dotación del Regimiento Caupolicán.

La XI Región, que a la fecha del golpe la constituía la provincia de Aysén, tenía como autoridad máxima al Jefe de Zona en Estado de Sitio con asiento en Punta Arenas, cargo que ejercía el General de Ejército Manuel Torres de la Cruz, que era conocido con anterioridad al golpe militar por haber ordenado el allanamiento a la empresa del Área Social "Lanera Austral". En esa oportunidad se dio como explicación la supuesta existencia de armas, dando inicio así a los primeros actos "preparatorios" de lo que sería el 11 de septiembre de 1973. También se estrenaba la fundamentación de carácter político de acusaciones en virtud de la reciente Ley de Control de Armas, dictada a fines del año 1972.

A pesar de ser Puerto Aysén la ciudad más importante, poco se conoce de violaciones a los derechos humanos en ella. Sin embargo, en la zona de Coyhaique sí se registraron casos importantes, algunos de los cuales fueron ampliamente difundidos. La Jefatura de Plaza en esta ciudad estaba bajo el mando del Comandante del Regimiento N° 14, Coronel Humberto Gordon Rubio, quien fuera posteriormente, Director de la Central Nacional de Informaciones y finalmente miembro de la Junta de Gobierno en representación del Ejército.

A pesar de la escasa información que se tiene, se pudo establecer la existencia de un Campo de Prisioneros habilitado por el Ejército en la localidad de Las Bandurrias (hoy Regimiento Bulnes). En este centro de reclusión e interrogatorio se hizo también famoso el entonces Capitán de Ejército Joaquín Molina Fuenzalida, que pasó también posteriormente a formar las filas de la CNI y resultara muerto a fines de 1988 en un incidente con Manuel Contreras Valdebenito, hijo del ex-Director de la DINA del mismo nombre (en una fiesta en la casa del oficial de la CNI, Manuel Contreras se peleó con el dueño de casa y disparó sobre él).

La persecución a dirigentes políticos del depuesto gobierno de la Unidad Popular en la zona que encabezó el Capitán Molina, lo llevó en más de una oportunidad a cruzar la frontera con Argentina, país al que huían buscando refugio los perseguidos.

 Casos de Detenidos Desaparecidos

Producto de las acciones de este grupo que funcionaba en Las Bandurrias, se registran algunos casos de detenidos desaparecidos, cuyos antecedentes se han podido conocer. Sin embargo, se sabe de la existencia de otros cuyas circunstancias aún no se han establecido completamente.

Entre los casos más conocidos se encuentran: – Castillo, Nelson: Secretario Regional del Partido Comunista. – Pérez Ríos, José Rosendo: militante del MAPU. – Vera Oyarzún, Juan: Dirigente del Partido Comunista en Aysén, Presidente de la CUT en Coyhaique, 53 años a la fecha de su detención.

A raíz del golpe militar, los tres afectados huyeron en septiembre de 1973, cruzando la frontera hacia Argentina, ubicándose en la localidad de Río Mayo, donde solicitaron asilo político. En esta misma situación se encontraban también otros chilenos. Los tres trabajaban en la Municipalidad de Río Mayo, a la espera de una resolución por parte del Gobierno argentino respecto de su calidad de refugiados.

El 27 de octubre, fueron sacados del Casino de Suboficiales de Gendarmería por una patrulla militar chilena formada por el ya mencionado Molina, acompañado por el suboficial Evaldo Reedlich y un médico de Coyhaique. Bajo engaño, fueron convencidos de trasladarse junto a ellos hacia la frontera, donde supuestamente los esperaban sus familias. Ya en territorio chileno, se dirigieron hacia Las Bandurrias. Sin embargo, a este recinto llegaron solamente los integrantes de la patrulla, sin los detenidos.

Esta situación fue ampliamente publicitada por la prensa argentina, movilizando incluso a miembros del Parlamento y organismos de derechos humanos.

Según versiones que han llegado a las familias, habrían sido ultimados en territorio chileno, antes de llegar al recinto militar, sin embargo, sus cuerpos no fueron habidos ni se supo más de su paradero.

 Algunos Casos de Muertos Registrados en la XI Region

En la XI Región se registran tres casos de muertes, todas informadas por la prensa. Ellos son:

– ALVARADO VARGAS, SERGIO OSVALDO. – CÁRCAMO RODRÍGUEZ, JULIO.

Muertos el 2 de octubre de 1973 en Puerto Aysén por efectivos de una patrulla militar al intentar atacar a los militares luego de haber sido sorprendidos robando, según información publicada en la prensa de acuerdo a versiones entregadas por el General Manuel Torres de la Cruz, Jefe de Zona en Estado de Sitio.

 Caso de Muerte por Consejo de Guerra

VILUGRON REYES, JORGE ORLANDO: 27 años a la fecha de su muerte, fue fusilado el 8 de octubre de 1973 en Puerto Cisne, en cumplimiento de sentencia dictada por un Consejo de Guerra. Esta información fue dada a conocer por la prensa, según versión oficial de la Oficina de Prensa del Gobierno Provincial. El afectado fue acusado de "activo extremista".

 Relegaciones

La Undécima Región por las características que presenta: alejada del centro del país, difícil acceso y escasa población, destacó como una de las zonas frecuentemente utilizados por el Gobierno Militar como centro de relegaciones a partir de 1983. Ese implanta el Estado de Sitio como consecuencia de las jornadas de protesta en contra del Régimen Militar registradas en todo el país.

Las principales localidades utilizadas fueron Balmaceda, Chile Chico, Cochrane, Lago Verde, Manihuales, Melinka, Puerto Tranquilo, Puerto Aysén, Puerto Cisne y Puerto Ibáñez.

 Presos Politicos

En la XI Región se registra solamente un preso político, el que se encuentra recluido en la Cárcel de Coyhaique. Se trata de Hermenegildo Gallardo Cordero, condenado a 12 años de presidio por la Fiscalía Militar de Valdivia en la causa 255-81, por infracción a la Ley de Control de Armas.

Mi padre, Ramón Domingo González Ortega, forma parte de las más de dos mil personas que fueron ejecutadas en Chile por razones políticas durante la dicta dura militar de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990).

El día 11 de septiembre de 1973 yo tenía 10 años de edad, vivía con mis padres y mis tres hermanos, los mayores de trece y doce años, el menor de tan sólo tres meses de edad. Mi madre era profesora normalista y mi padre trabajaba como contador en el Servicio de Impuestos Internos de la ciudad de Punta Arenas. Fue detenido el mismo día del golpe militar a las 14 horas en su domicilio por una patrulla militar de la Fuerza Aérea de Chile. Ingresaron a mi casa efectivos militares armados con metra lletas, mi padre buscó sus documentos personales y se despidió de mi madre, diciéndole que no se preocupara, que luego volvería. No se despidió de mí ni de ninguno de sus hijos porque no lo dejaron subir al segundo piso de la casa, donde nos encontrábamos.

El relato de ese momento pertenece a mi madre, pero lo he incorporado a mi memoria como propio. Desde ese día no lo volví a ver nunca más.

Recuerdos de infancia

Recuerdo los días siguientes, cuando mi madre llegaba después de recorrer los regimientos en Punta Arenas y subiendo la larga escalera de la casa, me decía llorando: «me lo niegan….me lo niegan …».

Una semana después, mediante un bando militar transmitido por televisión, citan a mi madre para que concurra a retirar correspondencia a la Tercera Zona Naval, así se entera de que mi padre permanece detenido en la Base Naval de Isla Dawson.

Recuerdo que un día llegó a mi casa un jeep del Ejército, con personal armado con metralletas, a buscar ropa de cama para mi padre. Lo recuerdo porque les abrí la puerta y mientras mi madre reunía las cosas, yo los miraba, me parecían gigantes, sentía miedo, tenía la sensación de que algo muy malo ocurría: ¿por qué llegaban esos hombres con uniforme y armados a mi casa?, pero no lo preguntaba y tampoco escuchaba comentar lo que ocurría, mi mamá era el único adulto en la casa.

No tengo claros recuerdos de mi madre en esos meses, es como si ya no hubiese estado conmigo, aunque estaba, todos estábamos, pero no los veo, sólo sé que hay cosas malas que pasan y sólo puedo mirar.

Los bandos militares siguieron informando cuándo las esposas de los detenidos podían retirar y enviar cartas a los prisioneros de Dawson, la correspondencia era regular pero censurada. Yo le escribí algunas cartas y le hice dibujos, lo recuerdo con mucho dolor por no haberle escrito más, mi madre nos suplicaba que lo hiciéramos, porque mi padre se lo pedía, pero eso yo no lo entendía. Las cartas las recuperamos después que lo mataron pero nunca las he vuelto a leer.

También recuerdo cuando llegó un jeep militar a mi casa y allanaron la oficina particular que tenía mi papá en esto, el Segundo Comandante de Ejército del Regimiento «Caupolicán» de Porvenir, lugar donde había sido trasladado mi padre desde Dawson, esperaba sentado en el living de mi casa, ahí jugaba y conversaba conmigo y mis hermanos. Su nombre era Ciro Jofré Niño de Cepeda, fiscal militar a cargo de los interrogatorios a mi padre.

Finalmente, el 30 de octubre de ese mismo año, llegó nuevamente a mi casa un jeep militar, con un vil persona je, Juan Toro Reyes, primo hermano de mi madre, abogado, secretario del Intendente de la Provincia de Magallanes, Manuel Torres de la Cruz, para notificar que a mi padre, junto a dos personas más, se les había dado muerte por no responder a la voz de alto, cuando intentaron fugarse del regimiento.

Recuerdo haber entrado a la cocina y visto a mi mamá de pie, llorando apoyada en la pared, tapándose la cara y repitiendo que no podía ser. Es el recuerdo más triste que tengo, más aún que la propia noticia de la muerte de mi padre, ¿por qué le hacían tanto daño a mi mamá? Después escucho una noticia rara en la televisión, en la que hablan de mi padre: que es un extremista, es peligroso, que se fugó, mi mamá está llorando, otra vez ese dolor que no entiendo, lloro con ella porque está sufriendo, todos lloramos menos mi hermano mayor que dice que es mentira, siento miedo, algo terrible pasa, pero no lo gro comprender por qué.

Estos son los hechos que tengo grabados en mi memoria, como si hubiesen ocurrido ayer. Se borraron los recuerdos anteriores, cuando mi padre vivía y también los posteriores, no recuerdo a mis hermanos, dónde estaban, qué hacían, tampoco puedo recordar me a mí misma, lo único que viene a mi memoria se traduce en el permanente temor de perder a mi madre, la esperaba que volviera de su trabajo, mirando por la ventana escondida tras la cortina, pensaba que en el camino alguien desconocido se la llevaba a la fuerza y rogaba llorando que eso no ocurriera.

Sentía temor de las personas en la calle, ya nadie nos visitaba, había toque de queda, nadie debía saber lo que nos había ocurrido. Yo debía hablar como si mi padre estuviera vivo, así nadie preguntaría de más.

Hay un hecho que recuerdo en particular: el cuerpo de mi padre fue entregado en una urna sellada, cuando lo velaban trataron de abrirla pero no pudieron, en mi interior no quería que lo lograran, después, en el curso de mi vida, siempre me imaginé miles de formas horribles en que encontraría a mi papá. También tuve repetidos sueños en los que él volvía, yo le abría la puerta y él me sonreía, me hacía un gesto con su dedo en su boca para que yo no dijera nada mientras él se escondía para darle la sorpresa a mi mamá.

En esa época, el Comité Pro-Paz de la región tomó conocimiento de los hechos pero no realizó ninguna acción especial. Después de unos años fui con mi madre donde el Obispo de Punta Arenas, Padre Tomás González, y le con tamos sobre la muerte de mi padre, nos derivó donde la asistente social Paulina Echeverría, así quedó Ramón González Ortega archivado en la Vicaría de la Solidaridad.

Mi vida posterior

Los años pasaron, terminé mis estudios, fui a la universidad, me casé y tuve dos hijos, siempre con este dolor en mi alma y en mi cuerpo. Tratábamos de mantenernos informados, dentro de lo que se podía en provincia y tan lejos de lo que ocurría en el resto de Chile. Siempre supimos de los detenidos y asesinados en las calles o en sus casas y de los que nada más se sabía, de las personas que eran torturadas, de los que fueron exiliados, de los allanamientos en las poblaciones, todo producía un permanente dolor, mucha rabia e impotencia.

Escuchábamos la radio de Moscú y algunas nacionales como la Cooperativa y la Radio Chilena, leíamos la revista Mensaje y todo aquello que nos permitiera algo de información que no fuera la oficial. Sabíamos o intuíamos las cosas terribles que pasaban en Chile, el permanente estado del terror y el miedo nos paralizaban, lo sabíamos porque lo vivíamos en el corazón, no había a quién ni a dónde recurrir. Mi mamá sufría permanentemente por mi hermano mayor, su temor era que en cualquier momento se lo llevaran, o a ella, o que perdería el trabajo. Nos protegió cuanto pudo, tratando de aminorar el dolor y la discriminación que sentíamos.

Me sentí siempre culpable de «no se qué», por haber hecho «quizás qué», los demás siempre decían: «por algo habrá sido», «algo habrá hecho», esto lo escuché muchas veces, entonces aprendí a permanecer en silencio.

El fin de la dictadura

Recuerdo el NO como una etapa de mucha alegría, iba los sábados a la plaza a apoyar la campaña en la ciudad de La Serena, donde vivía, era la esperanza de volver a sonreír, donde todo por fin se sabría, donde los asesinos serían juzgados, un régimen terrible y macabro terminaría, era difícil de creer pero ocurriría, por primera vez votaría y viviría en una democracia que no conocía.

Pero de a poco todo ha sido desilusión, los que die ron todo, hasta su vida por terminar con la dictadura, pasaban al olvido. Lo poco que hemos obtenido ha sido producto del trabajo, la lucha, el coraje y el esfuerzo de nosotros mismos, por defender, saber la verdad y exigir justicia para devolver la dignidad a nuestros seres queridos que fueron secuestrados, torturados, asesinados, inhumados o hechos desaparecer.

Cuando en 2005 presentamos la querella criminal ante los tribunales de justicia por el asesinato de mi padre, lo hicimos con toda la información posible. Mi hermano trabajó un año buscando nombres, direcciones, entrevistas y confesiones, pero el juez instructor de la causa, Joaquín Billard, no fue lo suficientemente exhaustivo en la investigación, por lo que no se realizaron todas las gestiones y diligencias solicitadas por los querellantes o por Investigaciones. Tampoco se realizaron los peritajes necesarios para tener la certeza de la muerte y entrega del cuerpo de mi padre.

Aunque se determinaron responsabilidades y se impusieron sentencias a los culpables por el delito de «homicidio calificado», estas responsabilidades se diluyen cuando las penas son tan absurdamente bajas que no guardan relación con el crimen cometido.

 El  proceso judicial

Según consta en el proceso Rol Nº 15.257-2005 «Porvenir», Ramón González Ortega fue detenido en su domicilio el mismo 11 de septiembre de 1973 por una patrulla militar y trasladado a la Base Aérea de Bahía Catalina en Punta Arenas, siendo despojado de sus efectos personales, se le corta el pelo al cero y es conducido en esas condiciones a Isla Dawson en barcaza y de pie.

 En Isla Dawson pierde su identidad y es calificado con letra y número (F-1), es sometido a trabajos forzados como la tala de árboles y colocación de postes. Permanece un mes en la isla, en el campamento «Compingim» (Compañía de Ingenieros Navales de la Marina). Luego es transportado vía aérea a Porvenir, siendo conducido en jeep hasta las dependencias del Regimiento de Infantería «Caupolicán». Es sometido a trabajos forzados y tortura, además de ser interrogado por lo menos tres veces por el Oficial Mayor de Ejército Ciro Jofré Niño de Cepeda.

El 29 de octubre, como todos los días, al terminar la excavación para la construcción de un polvorín, al finalizar la cena, tres suboficiales que tenían la custodia de los presos ordenan a González buscar sus cosas personales, ya que al día siguiente sería liberado. Lo encierran en un container aparte dentro del regimiento. El 30 de octubre es asesinado por órdenes directas del alto mando del Regimiento de Infantería Nº 11 «Caupolicán» de Porvenir en el galpón de tiro de ese recinto. La versión oficial fue publicada por los medios de prensa, radio y televisión de la época y comunicaba que González se fugó del recinto a las 24:00 del día 30 de octubre siendo ubicado a 20 Km. de Porvenir y no obedeciendo a la voz de alto, fue muerto (Ley de fuga). Además se informa que la acusación que recaía sobre González Ortega y la razón de su detención era ser un «activista peligroso» (Diario La Prensa Austral, 31 de octubre de 1973). Ninguna otra información fue entregada con posteriori dad a los hechos. La familia de Ramón González, el 30 de octubre de 1973 recibe en su domicilio a Juan Toro Reyes, primo de la cónyuge del afectado, quien le informa sobre su fallecimiento, a razón que sería informado por todos los medios la noticia de la fuga.

Juan Toro Reyes era abogado, secretario de Intendente de la Provincia de Magallanes, Comandante de la V División de Ejército, General de División Manuel Torres de la Cruz. Él contestó el llamado por teléfono desde Porvenir que informaba al General Torres de la Cruz sobre la muerte de González. Posteriormente Toro Reyes participó como Fiscal Militar en Consejos de Guerra que se efectuaron en la provincia.

Una vez producido el asesinato, ingresaron vehículos civiles al interior del recinto (una ambulancia y un vehículo station) para retirar a la víctima del Regimiento de Infantería Nº 11 «Caupolicán», trasladando el cuerpo a un sector distante alrededor de 25 Km., cerca del Cordón Baquedano en Tierra del Fuego. Se presume sería el sector con nombre «Los Canelos».

Fue inhumado ilegalmente y dejado en el lugar para poder justificar la fuga, regresando posteriormente los vehículos al Regimiento «Caupolicán». Por lo tanto, la primera medida después del asesinato fue la de ocultar el cuerpo. Según testimonios, la víctima antes de la ejecución fue amarrada y sometida a tormentos.

Ese mismo día en la mañana, el Segundo Comandante del Regimiento de Infantería Nº 11 «Caupolicán», el Mayor de Ejército Ciro Jofré Niño de Cepeda, ordenó a los ejecutores rescatar el cuerpo desde el lugar en que fue inhumado y llevarlo al regimiento. Esta maniobra se realizó junto a un enfermero del hospital de esa unidad. Cabe destacar que el hospital de esa localidad estaba controlado por personal del Ejército. Al regresar al sitio donde había ocurrido el ocultamiento, los efectivos constataron que era visible la vestimenta de la víctima, comprobando que la macabra labor había sido realizada de manera precaria. La maniobra de ir en su búsqueda impidió que el cuerpo fuese encontrado por terceros y se diera luz sobre tan horrible crimen. El cuerpo fue depositado en el galpón de tiro del Regimiento «Caupolicán» y quedó a cargo del Segundo Comandante Ciro Jofré.

El vehículo utilizado para el traslado del cuerpo al regimiento fue visto ese día frente a la Gobernación del Departamento de Tierra del Fuego, lugar de trabajo del Comandante del Regimiento «Caupolicán» Coronel de Ejército Augusto Reiger Rago, mientras efectivos militares lavaban los charcos de sangre que había en su interior. Una vez ingresado al regimiento, el cuerpo es envuelto en sacos de arpillera, en presencia de los ejecutores, depositándolo en una urna que fue posteriormente sellada con latas de considerable grosor. Permaneció así durante dos días.

El ataúd de Ramón González fue trasladado a Punta Arenas. Nunca se ha constatado si dentro de la urna se encontraban efectivamente sus restos mortales, por lo que aún permanece la incógnita de si efectivamente fueron entregados. La inscripción de la defunción se practicó el 30 de octubre de 1973 en el Servicio del Registro Civil de Porvenir. La orden judicial de la Fiscalía Militar fue dada por el Fiscal Militar ad-hoc, Mayor de Ejército Ciro Jofré de Cepeda en escrito oficio 3550/13, documento que se archivó en el legajo de defunciones entregado por el director del hospital de esa localidad, Oficial de Sanidad del Ejército de Chile, doctor Félix Miranda Villablanca. En el certificado se señala como causa de muerte «shock irreversible», causado por «anemia aguda» debido a «heridas penetrantes a bala, con compromiso a órganos vitales».

El hecho fue informado al Intendente de la Región, el General Manuel Torres, en forma telefónica el mismo día. Viajó a primera hora del día siguiente, el 31 de octubre de 1973, a Porvenir, para ser informado personalmente por el Gobernador de Tierra del Fuego y Comandante del Regimiento de Infantería Nº 11 «Caupolicán», Coronel Reiger.

A fines de noviembre de 1973, el Presidente de la Junta Nacional de Gobierno, General Augusto Pinochet Ugarte, escoltado por el Intendente, General Manuel Torres de la Cruz, se apersonó en el Regimiento de Infantería Nº 11 «Caupolicán» de Porvenir, informándose de los sucesos ocurridos en octubre en esa dependencia militar. Es posible constatar este hecho en publicación de la Prensa Austral del día 1 de diciembre de ese año en su portada.

Posteriormente, el Coronel Reiger, fue ascendido al grado de General de la República, tal vez por sus méritos en el asesinato antes descrito.

Las penas dictadas en primera instancia fueron de tres años y un día con beneficios para Luis Arata Campodónico (sargento), Juan Antonio Ortiz (cabo primero) y Miguel Muñoz (cabo primero), y de cinco años y un día de pena efectiva para José Rafael Aguirre Aguirre (teniente). Todos son autores directos en el crimen.

Buscando reparación

Por todo esto yo no creo en esta justicia que nos han impuesto, nunca creí, sólo ha servido para seguir ofendiéndonos, hiriéndonos y destruyéndonos. No se aplicó ni amnistía ni prescripción, pero los asesinos no irán nunca a la cárcel. Tampoco se arrepienten y han dicho que si pudieran, lo volverían hacer. Tampoco creo en los gobiernos posteriores a la dicta dura, sus medidas «reparatorias» sólo me han causado más daño y desilusión.

Su programa de salud precario y humillante llama do PRAIS, sus organismos de apoyo a las víctimas que resultan inoperantes, con personal que sólo cumple con su trabajo, ignorante de los mismos procesos de reparación que debe cumplir e indiferente frente al dolor de las víctimas.

Recuerdo cuando realicé los trámites en Santiago para que mi hermano menor no hiciera el servicio militar y una secretaria consultaba a otra, a viva voz, en una oficina llena de personas: «Oye, ¿qué tienen que hacer los hijos de los ejecutados?».

Por eso creé mis propios mecanismos de reparación, comencé espantando el miedo, conversando de mi historia con  mi hermano Iván, mi familia, luchando contra mis inhabilidades sociales, buscando la verdad de lo ocurrido con mi padre donde fuera posible,

volví a Punta Arenas a la casa donde viví con él, a mi infancia revisando las fotos familia res, le conversé a esa niñita de 10 años y le conté lo que en otro tiempo no pudo entender. Viajé a Porvenir, al sector de «Los Canelos», donde mi hermano puso tres gigantescas piedras para indicar el lugar donde a mi padre quisieron hacerlo desaparecer.

Viajé a Dawson y recorrí el campamento de «Compingim», ahí abracé a los que sufrieron con mi papá el tormento. Después de ese viaje no me pude calentar en dos días, el frío penetraba en el cuerpo y era difícil mantener la temperatura corporal. Busqué a los familiares de los que murieron junto a él, Carlos Baigorri y Germán Cárcamo, para compartir todo lo que sé a través del proceso.

Abrí mi alma hasta lo más profundo en CINTRAS, liberé mis miedos y de a poco he podido reconstruirme para entender que ser niña cuando a mi padre se lo lleva ron no fue mi culpa y que nada podía hacer a esa edad por él. Entender que los procesos son míos y que, aunque quisieron destruirnos, depende de mí hacerme consciente de mi historia, conocerla y aceptarla para transformarla en algo constructivo. Porque el tiempo me ha dado la razón: mi padre fue un profesional que trabajaba como todos, era un padre cariñoso y tenía una familia que lo amaba, que tuvo sus ideas de la vida y de cómo vivirla.

Por eso me siento orgullosa de ser su hija. Me dejó sus discos, libros, sus fotos queriéndonos y su sonrisa. Por eso, a pesar de la historia vivida, que es una de muchas, sigo creyendo en la vida, debo confiar en las personas, en la humanidad del ser humano, estoy segura que eso es lo que la mayoría buscamos.

En este proceso de reparación he llegado a descubrir mis responsabilidades individuales en la sociedad en la que vivo y a saber que necesito de los compromisos colectivos, que me permitan soñar con profundos y verdaderos cambios para un mundo más humano. Se lo debo a mi padre, volverlo al presente, presentarlo a mis hijos, para que ellos mediante mi historia descubran su identidad y puedan construir su propio futuro.