Silva Héctor

Hugo Guzmán, condenado en calidad de cómplice de homicidio en la Operación Albania, fue contratado como administrador del Club de Campo institucional. El jefe nacional de Bienestar, Jorge Caradeux, aseguró que lo hizo porque “fue su compañero de promoción”. El segundo es el actual prefecto activo de Delitos Contra la Propiedad, Héctor Silva (“pulgarcito”) quien es mencionado como el “interrogador” de la Brigada del servicio represivo que combatió al MIR y al FPMR. Su nombre salió a la luz luego que el ex agente Víctor Muñoz (“el cordillera”) fuera interrogado en un caso de tortura que indaga el ministro Joaquín Billard. Silva, en todo caso, negó la imputación.
Entrevista a Jorge Caradeux Franulic, jefe de Bienestar de Investigaciones
– ¿A usted no le importó que Hugo Guzmán hubiera sido condenado por homicidio en la Operación Albania?
– Eso es un hecho público. Nadie podría desconocerlo, pero cuando conversé y vi sus antecedentes y me presentó su certificado de antecedentes, no tiene nada.
– Borró antecedentes, entonces?.
– Sucede que cuando una persona cumple con la ley, no tiene restricciones para trabajar en cualquier lado. Hoy se habla de la reinserción… Él estuvo en el lugar equivocado y cumplía una función, no más. No conozco los pormenores, pero no lo limita.
– ¿Legalmente tenía imposibilidad?
– No, ninguna.
– ¿El tema lo decidió usted o lo informó a la superioridad?
– Yo, dentro de mis facultades.
– ¿Y con características similares?
– La idea es que sepan administrar y que tengan conocimientos en estas materias. Además él está contratado por la Ley del Trabajo.
– Explíqueme cómo funciona del Club de Campo.
– Es una corporación de derecho privado, controlada por la PDI, dentro de su área de bienestar, tal como lo tienen las otras ramas.
– ¿Y quién le paga el sueldo?
– Bienestar. Tiene diferentes cuentas y se nutre con lo que aportan los socios.
– ¿Van a ver otros ex CNI contratados?
– La verdad es que no me he fijado ni pretendo fijarme, sólo que cumpla con su labor, que no tenga deudas pendientes con la justicia. Y que si cumplió, que esté saneado.
El 3 de diciembre pasado, los detectives de la Brigada de Derechos Humanos, se trasladaron hasta el club de campo de Investigaciones ubicado en La Florida. A las 10:00, el inspector Guido Mora y el comisario Ángel Lazcano, iniciaron el interrogatorio a Hugo Guzmán, el administrador del lugar por un caso de tortura que sustancia el ministro Joaquín Billard.
Guzmán está condenado en calidad de cómplice de homicidio en la persona de la frentista Patricia Quiroz Nilo, en la llamada Operación Albania (conocida también como la matanza del “Corpus Christi”), procedimiento de la CNI donde murieron -previo montaje- otras once personas, ocurrido en junio de 1987.
El ex policía, quien recibió una condena de 541 días, ya que le asistían atenuantes, fue contratado en julio de este año por el jefe nacional de Bienestar, prefecto inspector Jorge Caradeux Franulic. Este último confirmó la información a El Mostrador y explicó que lo hizo porque “trabajé hace años con él en mantenimiento de vehículos”.
“Lo conozco hace muchos, porque somos de la misma promoción. Lo conozco por su forma de ser, por su corrección, un tipo realmente que cumplía los requisitos para labores administrativas”.
Inquirido respecto al rol que le correspondió a Guzmán en la Operación Albania, Caradeux dijo que “él estuvo en el lugar equivocado y cumplía una función, no más”. Asimismo indicó que la contratación la hizo dentro de sus facultades y no informó a la superioridad.
El jefe directo de Caradeux es el prefecto general José Cabión, quien fue jefe de la Brigada de Derechos Humanos, y uno de los hombres de confianza del ex ministro Juan Guzmán, quien investigó casos como la Caravana de la Muerte y de prisioneros lanzados al mar y que hoy figuran como detenidos desaparecidos. De hecho, cuando este diario consultó sobre la contratación de Guzmán, Caradeux, tuvo que informarle a su superior. Queda claro entonces que el mando carecía de estos datos.
La llamada “Operación Albania”, ejecutada por la CNI en junio de 1987, fue la continuación de una persecución al FPMR, luego del atentado en contra de Augusto Pinochet un año antes.
Junto a Hugo Guzmán, fueron condenados varios agentes. Pero sin duda las sanciones más importantes fueron para el entonces director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, quien cumple presidio perpetuo en el penal de Punta Peuco. En tanto el jefe operativo, el mayor (r) Álvaro Corbalán, fue condenado a 20 años.
El pulgarcito
Guzmán no es el único en la PDI. Otro ex CNI es el actual prefecto Héctor Silva, cuya chapa era “pulgarcito”. Este último fue mencionado por un ex agente, Víctor Muñoz Orellada, (identidad operativa Jaime Marinovic Palma y conocido como “el cordillera”), como uno de los “interrogadores” de la Brigada Azul que combatió al MIR, en una causa por torturas que investiga el ministro Joaquín Billard.
Si bien Silva nunca ha sido procesado ni condenado en alguna causa por violaciones de Derechos Humanos, es altamente probable que en este proceso sea citado a declarar y eventualmente careado con otros ex agentes. Asimismo, si participaba de los interrogatorios, podría verse en problemas si es que los denunciantes lo reconocen como autor de los apremios.
De acuerdo a un reportaje publicado por el diario La Nación en 2008, Silva fue el encargado del registro de huellas dactilares de la CNI y también fue citado a declarar en la Operación Albania y en otras causas.
En su favor, argumentó que en los 90, trabajando en la Brigada de Homicidios, indagó por orden del mismo Juica el llamado caso degollados, relativo al homicidio de cuatro militantes comunistas por parte de agentes de la Dicomcar. Además, manifestó que trabajó en otras causas similares, ya que fue agregado a varios ministros de Corte.
Este medio consultó a Silva, quien confirmó su pasó por dicho servicio. Sin embargo, rechazó haber pertenecido a la Brigada Azul y haber sido un interrogador.
Aseguró que fue encuadrado en la CNI desde 1986 hasta 1989, en calidad de ayudante del perito de huellas.
En esa calidad, explicó, le correspondió trabajar en el sitio del suceso de la Operación Albania en 1987 para identificar a los muertos.
Silva confirmó que declaró en dos oportunidades en este mismo proceso, pero en calidad de testigo ante dos ministros: Hugo Dolmestch y Milton Juica, actuales integrantes de la Corte Suprema.
En este sentido, apuntó, que nunca ha tenido responsabilidad penal y que el cargo que ocupa actualmente lo ganó por méritos y haber pasado y aprobado el curso en la Academia Policial.