Rivera Iratchet Juan Ernesto

Corte de Rancagua también instruyó interrogar al ex director de la policía uniformada y otrora senador Rodolfo Stange, a la plana mayor de la Dipolcar. Medida se adoptó tras procesar a Julio Verne Acosta y Carlos Bezmalinovic por el homicidio calificado de los ex militantes del FPMR Cecilia Magni y Raúl Pellegrin.

El jefe de apoyo criminalístico de la Fiscalía Regional Sur, el ex oficial de inteligencia de Carabineros Manuel Espinoza, deberá ser investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Rafael Mera, por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de los frentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin ocurridos en 1988, luego de que estos últimos participaran en el atentado al retén de Los Queñes, Séptima Región

Así lo determinó el mencionado tribunal de alzada, que reabrió el proceso sustanciado por Mera –luego de los alegatos de Ema Salinas y del abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Marcelo Oyharçabal- y ordenó una serie de diligencias tendientes a determinar la responsabilidad de otra serie de ex carabineros en distintos ilícitos.

Esto, luego de someter a proceso en calidad de autores de los homicidios de los guerrilleros a Julio Verne Acosta, subprefecto de Colchagua al momento de los hechos, y Carlos Bezmalinovic, otrora teniente del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de la policía uniformada.

Magni y Pellegrin, junto con ser por entonces dos de los jefes máximos del FPMR, fueron quienes lideraron al ataque Los Queñes, donde murieron policías en servicio. Ambos fueron hallados en el río Tinguiririca con señales de tortura.

El martes en la Fiscalía Sur había preocupación entre algunos fiscales por el destino que podría tener Espinoza, quien es un estrecho asesor para casos de crimen organizado, sobre todo porque goza de una gran estima interna.

Fuentes de la entidad indicaron que no habría una versión oficial al respecto, ya que se trata de una investigación abierta.

Junto con Espinoza, el tribunal de alzada estimó que debe ser interrogado “en profundidad”, el ex director general de Carabineros y ex senador Rodolfo Stange, quien hasta ahora había pasado incólume en este proceso judicial.

Los magistrados, además, instruyeron a Mera para que establezca la responsabilidad penal “de Walter Soto Medina (a la sazón coronel de Carabineros y prefecto de Colchagua), Juan Ernesto Rivera Iratchet (a la sazón mayor de la misma institución y comisario de San Fernando)”, dice la resolución.

Espinoza era, al momento de los crímenes, el jefe del personal de la sección OS-4 de Carabineros, es decir, la Dirección de Inteligencia (Dipolcar) que viajó a la zona con el fin de encontrar a los frentistas.

Por esta razón, los jueces estimaron que deben indagarse los delitos de tortura, como también la veracidad de los informes policiales de la época.

La resolución ordena también interrogar a toda la Dipolcar, especialmente al jefe de ese entonces, el coronel Óscar Tapia y al subjefe, comandante Hernán Soto.

El fallo es un duro golpe a la labor que había desarrollado hasta ahora el ministro Raúl Mera, quien rechazó en dos oportunidades anteriores reabrir el sumario y procesar a los uniformados.

Uno de los puntos centrales del procesamiento apunta a una contradicción entre el entonces capitán del GOPE Lorenzo González Cabezas y Juan Rivera Iratchet, respecto a un rollo fotográfico que portaba Magni antes de morir.

Todo ocurrió cuando los frentistas se percataron de que habían sido descubiertos. Así, huyeron con dirección contraria al río Tinguiririca. Tras de ellos un enorme operativo policial que comprendió al GOPE, Dipolcar, la misma dotación de la Séptima Región, entre otras unidades.

Según los cuidadores de las cabañas donde estaban los frentistas, Félix Ugalde y su mujer, Florentina Becerra, Magni y Pellegrin sólo le llevaban pocos minutos –cerca de diez- al la comitiva policial, que contaba incluso con apoyo de tres helicópteros y perros entrenados. En total, un contingente de casi 100 personas.

Es allí donde la contradicción de los distintos oficiales que declaran en el proceso comienza a tornarse poco verosímil respecto a la lógica investigativa.

Si hubo una acción de terceras personas en la muerte de Magni y Pellegrin y fueron sólo equipos de Carabineros los que estuvieron detrás en la búsqueda y persecución con vasto apoyo aéreo y terrestre; si sólo hubo minutos de diferencia entre la huida de los frentistas y la llegada del contingente, resulta difícil que los subversivos hayan podido escapar, burlando el cerco policial.

Por esta razón, el rollo fotográfico que supuestamente halló Carabineros escondido detrás de un arbusto en un bolso que llevaba Magni, cuando huía de sus captores, despertó las sospechas del CDE.

Así, González Cabezas, en un documento que aparece a fojas 560 y 561 del proceso, asegura que este rollo fotográfico fue obtenido en la revisión que se hizo a la casa donde estaban escondidos los frentistas, lo que se contradice con Rivera Iratchet, quien en un parte enviado a la Fiscalía Militar de la época asegura que fue hallado en un bolso detrás de un arbusto.

Fue así como González Cabezas, a fojas 1.358 del expediente, entregó una versión que los querellantes y los detectives no creyeron. En su testimonio, aseguró que debido al “desorden administrativo” que había en la zona, anotó todos los hechos que sucedieron en una libreta propia y que la discrepancia con el mencionado informe era sólo genérica.

Las tesis respecto a la huida de los frentistas se van deshaciendo en el expediente, dejando como única explicación que fueron detenidos por Carabineros y lanzados al río Tinguiririca en otra zona distinta por la que huyeron.

Dicho análisis se ve reforzado con los informes de los tanatólogos María San Martín, de fojas 156, Alberto Teke y Carmen Cerda, que confirman que las lesiones que ambos presentaban se registraron cuando aún se encontraban con vida.

Finalmente, existe un informe sociopolítico realizado por el académico Ricardo Israel, quien a través una descripción del contexto histórico de la época, deja claro que los carabineros imputados tienen, hasta ahora, algo que esconder.

 

La Corte de Apelaciones de Rancagua, a través de su Segunda Sala, decidió detener y someter a proceso a 2 carabineros involucrados en la muerte de los entonces líderes de una de las facciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el comandante Raúl Pellegrín y de su pareja Cecilia Magni Camino, ocurrido a fines del mes de octubre en 1988.

Ambos uniformados, Juan Riera Iratchet y Walter Soto Medina, los que estaban encargados de su custodia, serían responsables de ocasionarles golpes muy fuertes en zonas vitales mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos.

Ambos frentistas, que el 21 de octubre de 1988 protagonizaron un ataque al retén del poblado de Los Queñes, Región del Maule, en donde murió un carabinero, recibieron lesiones mortales y sus cuerpos fueron arrojados al río Tinguiririca, para simular una muerte por inmersión.