Otaíza López Horacio

Las entregó un abogado paraguayo al juez Garzón. Están vinculadas a la Operación Cóndor, la represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas. La documentación acusa a Pinochet de haberla organizado

El juez Baltasar Garzón recibió ayer una cuantiosa documentación sobre las responsabilidades del ex dictador chileno Augusto Pinochet en la Operación Cóndor, la coordinación de actividades represivas de las dictaduras latinoamericanas.El abogado paraguayo Martín Almada entregó además al magistrado una gran cantidad de documentos que revelan la complicidad de varias secciones de Interpol con los regímenes dictatoriales.Almada fue el dirigente de derechos humanos que descubrió el llamado archivo del terror, con cinco toneladas de documentaciones, fichas, grabaciones, cartas secretas y comunicaciones diplomáticas.Este material, ahora custodiado por la Justicia paraguaya, fue encontrado en una comisaría en un suburbio de Asunción del Paraguay. En varios recintos se concentraba el archivo de documentos vinculados a la Operación Cóndor.También hizo conocer a Garzón una serie de pruebas sobre detenciones, traslados ilegales, torturas y desapariciones de ciudadanos argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos, peruanos y brasileños.En algunos instrumentos figuran los nombres de personal militar, especialmente agregados a las embajadas, que participaron en sesiones de torturas, detenciones y traslados.Los abogados querellantes, a pedido de Almada, van a solicitar a Garzón que envíe a la Justicia paraguaya una lista completa de los agregados militares sudamericanos en Paraguay entre 1970 y 1989.Hemos vuelto a entregar a Garzón el documento que es la partida de nacimiento del Plan Cóndor, porque ahora sabemos mucho más sobre su funcionamiento y organigrama. Hemos establecido que Paraguay cumplía las funciones de banco de datos, según lo determinó uno de los documentos, y por eso existía tan gran cantidad de pruebas, señaló Almada a Clarín.El denunciante añadió que por especial directiva de la dirección del Cóndor todos los países participantes debían mantener un detallado archivo microfilmado con todas las órdenes, comunicaciones, antecedentes de los detenidos, detalles de las operaciones, interrogatorios y el destino final de los centenares de víctimas.¿Donde están estos archivos que se organizaron en la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil?, se pregunta Almada.Algunos letrados querellantes estudian ahora si no corresponde que el magistrado pida a la Justicia de esos países para que investiguen el paradero de esos archivos del terror.Esas cinco toneladas de pruebas que encontramos en Paraguay acosan ahora a Pinochet porque demuestran que fue quien puso en marcha la Operación Cóndor, la coordinó y participó en sus principales actos criminales, añadió el letrado.Las pruebas aportadas por Almada en sus declaraciones anteriores resultaron de gran valor para Garzón cuando tuvo que apoyar con sólidas pruebas su pedido de detención y extradición de Pinochet, arrestado hace más de un año en Londres.Almada ha prestado declaración sobre el archivo del terror ante las justicias de Italia, Francia y Suiza. Ahora quiero entrevistarme con el ministro del Interior británico, Jack Straw, para entregarle todo tipo de pruebas sobre las actividades criminales de Pinochet, señaló.Las directivas iniciales del Plan Cóndor, que fue organizado por Pinochet y constituyó su sede en el edificio de la DINA, el servicio secreto dirigido por el coronel Manuel Contreras, establecían que el personal debe gozar de inmunidad diplomática y estar agregado a sus embajadas.En una palabra, los agregados militares de los distintos países que participaban en el Cóndor fueron el engranaje clave de coordinación de las operaciones.Yo fui torturado, además de por los represores paraguayos, por el agregado militar chileno en Paraguay, Horacio Otaiza López, miembro del servicio de inteligencia de la fuerza aérea chilena. Y también por un comisario argentino, Héctor García Rey, con notoria actividad represiva durante la dictadura militar pero también con la Triple A, explicó Almada a Clarín.El abogado exhibió a este corresponsal numerosos documentos en los que figura centenares de ciudadanos brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos y bolivianos. Además de todo tipo de antecedentes se acompañan fotografías de las personas, residentes en Paraguay. Muchos fueron arrestados, torturados y entregados a sus países de origen, donde desaparecieron.Entre las numerosas pruebas donde se citan nombres de militares sudamericanos que participan en operaciones fuera de sus países se menciona, como militares de la SIDE argentina, a José Montenegro y Alberto Stada.arzón recibió un documento en el que se registra la entrega de tres prisioneros uruguayos y tres argentinos al capitán de corbeta José Abdala, piloto del birreactor de la Armada Argentina matrícula 5730. Varios jefes militares paraguayos le entregaron a las víctimas que son trasladadas a Buenos Aires. Todos desaparecieron.

El coronel de la Fuerza Aérea de Chile, Horacio Otaíza (también figura como Oteíza) López, trabajó en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y tras el golpe militar en 1973, participó en los interrogatorios con tortura a los presos políticos en la Academia de Guerra Aérea (AGA). 

Fue, además, un entusiasta protagonista de la Operación Cóndor, interrogando y torturando a los prisioneros políticos en Paraguay sobre cualquier asunto que pudiera referirse a Chile. 

Su rol como torturador no sólo se limita a las afirmaciones del abogado paraguayo Martín Almada, quien asegura haber sido torturado por él, sino también es mencionado en el libro del ex senador comunista Jorge Montes, "La luz entre las sombras" (Santiago, 1980). 

En ese libro, que recoge su testimonio personal como preso político en la Academia de Guerra Aérea, narra un diálogo entre Otaíza y una prisionera política que se negaba a "colaborar" con información: 

"Ustedes deben saber que nosotros," le dijo a la detenida, "por un medio u otro, vamos a obtener lo que necesitamos: ¡información! Eso es lo que queremos: direcciones, nombres, casas buzones, planes, ¡todo! Y sabemos que ustedes tienen esa información. Queremos ahorrar tiempo y a usted ahorrarle dificultades. Porque tenemos medios para hacerlos hablar, por las malas, si continúa resistiéndose, ¿comprende? Nuestro trabajo es un trabajo sucio. Muy bien. Así es. Nos toca hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero sepa que lo hacemos bien. Somos profesionales. El servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea es el mejor servicio de inteligencia". 

El nombre de Otaíza también es mencionado en el expediente del caso del detenido desaparecido José Manuel Ramirez Rosales, quien fue visto por última vez en Villa Grimaldi. Lo nombra el ex agente de la DINA, Osvaldo Romo Mena, en declaraciones judiciales hechas en 1992 cuando fue detenido en Argentina. 

Por su parte, Angela Jeria, viuda del general de la FACH Alberto Bachelet, apresado después del golpe militar y posteriormente fallecido estando detenido en la Cárcel Pública, relató a El Mostrador una conversación que sostuvo con su marido mientras estaba en la AGA. 

Según Angela Jeria, "Beto" le habría dicho que mientras estaba incomunicado en la AGA, Otaíza fue a hablar con él. Cuando el general Bachelet le reprochó a Otaíza el hecho de que estuvieran torturando a prisioneros, éste lo cortó en seco: "No hay problema, ponemos frazadas en las ventanas para que no se escuchen los gritos", le explicó. 

Otaíza murió de un infarto el 31 de julio de 1975 en Santiago, a los 50 años de edad.