Mendoza Rojas Sergio Ivan

Tras un año de investigación, la ministra de fuero Gabriela Corti sometió ayer a proceso a cinco oficiales en retiro de la Armada y un civil como presuntos autores de secuestro calificado del ingeniero Jaime Aldoney (PS), detenido desaparecido desde el 12 de septiembre de 1973. El caso es emblemático para las agrupaciones de derechos humanos de la Quinta Región, ya que es uno de los pocos crímenes en que están vinculados efectivos de la Marina en su ejecución. También impacta a la Armada pues, a diferencia del Ejército y de la Fach, ésta sólo contaba con un par de oficiales (R) procesados por violaciones a los DD.HH, relacionados a acciones del Comando Conjunto.

Los encausados ayer son el contraalmirante (R) Ernesto Huber Von Appen, los tenientes (R), Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Ondargarín Romero, y el ex cabo Manuel Bush López, actual funcionario de la Municipalidad de Quilpué. Los ex uniformados fueron trasladados ayer bajo custodia de funcionarios de la Armada y en un vehículo de esa institución al juzgado del Crimen de Limache en donde fueron notificados por la magistrada de la encargatoria de reo.

Al lugar también acudieron los diputados y abogados querellantes, Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS) y el hermano de la víctima Gabriel Aldoney, director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, quienes criticaron a la Armada por entregar "apoyo institucional" a los inculpados y la emplazaron a colaborar en el caso. "Pedimos que sea la Armada la que en un real gesto hacia el país, reconozca la verdad y finalmente le diga a la familia dónde están los restos de Jaime Aldoney", afirmó Laura Soto.

En la rama castrense ayer no se quiso hacer comentarios sobre el tema. No obstante, el comandante en jefe, Miguel Angel Vergara -quien se encuentra en Corea- señaló en septiembre pasado respecto al eventual procesamiento de los oficiales que "si se llegó al convencimiento que tienen que ser condenados, lo lamentamos, pero la justicia tiene que cumplirse".

Respaldo de senador Arancibia

El ex comandante en jefe de la Armada, senador UDI, Jorge Arancibia, manifestó ayer que los oficiales (R) "en tanto no sean encontrados culpables van a contar con mi simpatía, mi respaldo y mi apoyo si es necesario". El parlamentario señaló que el contraalmirante Huber "es amigo mío, siento un doble sentimiento de ver una persona de esa alcurnia en esa situación, confío que la justicia logre despejar las dudas". Arancibia agregó que cuando estuvo en la Armada, hizo todo lo posible por encontrar más información sobre Aldoney, pero sin éxito.

Jaime Aldoney era estudiante de periodismo e interventor de la CCU cuando fue detenido por Carabineros en 1973. Según los testimonios de la época desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro. Testigos aseguran haber visto su cadáver el 26 de septiembre en la morgue del Hospital Deforme de Valparaíso. En busca de sus restos, la jueza Corti hizo el año pasado infructuosas excavaciones en Colliguay

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones, en fallo unánime, otorgó la libertad provisional a cuatro de los seis procesados por la desaparición del ex interventor de la CCU en la Quinta Región, Jaime Aldoney Vargas.

Los beneficiados con la resolución judicial son el contralmirante (R) Ernesto Huber Von Appen; los capitanes de navío (R) Sergio Mendoza y Patricio Villalobos; y el suboficial (R) Manuel Buch López.

En tanto, continúan detenidos el civil Jaime Undargarín y el capitán de navío (R) Pedro Pablo Arancibia Soler.

Jaime Aldoney, militante socialista, constructor civil, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en Limache y trasladado a la base aeronaval de El Belloto por personal de la Armada. Allí fue sometido a torturas y se perdió su rastro.

El abogado y diputado (PS), Juan Bustos, anunció que apelara al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el caso de Jaime Aldoney, cuyo cuerpo fue lanzado al mar en 1973, luego que el ministro en visita Julio Miranda condenara a cuatro oficiales (R) de la Armada a cuatro años de libertad vigilada, a penas remitidas a otros dos involucrados y absolviera a otros dos individuos.

Bustos calificó las penas como insuficientes "deben ser de presidio mayor, pues se trata de un crimen muy grave".

Entre los sentenciados se encuentran Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, además del contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López, quienes obtuvieron penas que van desde los 72 días hasta los cuatro años de presidio que podrán cumplir de manera remitida.

Jaime Aldoney era estudiante de Periodismo, constructor civil, regidor de Limache e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) cuando fue detenido por Carabineros en 1973.

Según los testimonios de la época, desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro.

Media prescripción en caso Alsina

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena contra Donato López Almarza por el homicidio del sacerdote español Joan Alsina Hurtos, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Puente Bulnes de Santiago.

En fallo dividido los magistrados Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Domingo Hernández sentenciaron a tres años y un día a López Almarza concediendo el beneficio de la libertad vigilada al condenado.

La sentencia aplica la media prescripción, previsto en el artículo 103 del Código Penal para rebajar la condena de segunda instancia que había sentenciado a López Almarza a 5 años y un día de presidio, sin ningún tipo de beneficios.

El ministro Ballesteros era partidario de aplicar la prescripción a favor del condenado.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó penas tan bajas que los siete condenados las cumplirán en libertad.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso no aplicó el derecho penal internacional que declara inamnistiables e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y dejó libre a los siete secuestradores del regidor socialista Jaime Aldoney Vargas, cuyo cuerpo fue, presumiblemente, lanzado al mar por los mismos oficiales de la Armada liberados.

Los ministros Manuel Silva Ibáñez y Gonzalo Morales (voto de mayoría) aplicaron el criterio jurídico de la "media prescripción" y aplicaron condenas de tres años y 541 días en contra de los seis capitanes de navío (R) -Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Guillermo Vidal Hurtado y Sergio Mendoza Rojas- y el contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen.

Como las penas son inferiores a cinco años y un día todos los sentenciados las cumplirán en libertad.

La media prescripción es una fórmula "de reconciliación", instalada hace dos años por la Sala Penal de la Corte Suprema, que permite aplicar penas bajas a quienes cometieron crímenes durante la dictadura.

La sentencia fue considerada "grave y lamentable" por la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Karina Fernández, querellante en la causa: "se aplicó un tipo de prescripción a violadores de derechos humanos que les permite seguir libres, en una sentencia absolutamente contradictoria con los principios del derecho internacional".

La abogada dijo a La Nación que "la Armada no colaboró en la investigación, por lo que es aún más injusto" y agregó que "recurriremos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema".

Jaime Aldoney, ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas de Limache y hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue detenido tras el golpe militar de 1973 y torturado en la base aérea naval de El Belloto, desde donde despareció.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por
el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, periodista y ex
regidor de Limache, y ejecutado a partir del 12 de septiembre de
1973 desde la base aeronaval de El Belloto.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura,
Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos
Künsemüller determinaron las penas, acogiendo la investigación
que realizó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
Julio Miranda Lillo.
La condena se dictó con el voto en contra de los ministros Segura y
Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de
prescripción de la acción penal.
El fallo absolvió a dos de los ocho acusados en la causa por falta de
participación en los hechos: el contraalmirante en retiro Ernesto
Huber Von Appen y al oficial en retiro Manuel Buch López.
Cinco de los otros acusados fueron condenados a 5 años de presidio
con el beneficio de la libertad vigilada. Ellos son los capitanes de
navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime
Urdangarín Romero, y Germán Valdivia Keller.
Como encubridor se condenó al capitán Guillermo Vidal Hurtado a
la misma sentencia, mientras que al capitán en retiro Sergio
Mendoza Rojas se le aplicaron sólo 4 años y también con libertad
vigilada.
En el aspecto civil se determinó que los condenados Valdivia
Keller, Arancibia Solar, Urdangarín Romero y Mendoza Rojas
deben cancelar una indemnización solidaria de $ 30.000.000 a
Gabriel e Iván Aldoney Vargas, hermanos de la víctima.
Asimismo se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile
acogiendo la causal de incompetencia absoluta del tribunal.
En el aspecto civil, la determinación de acoger la excepción a favor
del Fisco de Chile se adoptó con el voto en contra de los ministros
Dolmestch y Künsemüller.