Manterola Garrido Mario

El general (r) del Ejército Santiago Sinclair estuvo detenido por 48 horas en el Caso Caravana de la Muerte junto a otros uniformados retirados por su participación en el homicidio de 12 personas en Valdivia. Sinclair fue vicecomandante en jefe del Ejército y la justicia espera que la impunidad geriátrica o biológica no sea una causa para que los criminales que usaron uniforme queden sin penas de cárcel

El general (r) Santiago Sinclair fue detenido y acusado de participar en el asesinato de 12 personas en Valdivia en el marco de la Caravana de la Muerte entre el 3 y 4 de octubre de 1973. Junto a él se arrestó también a tres ex uniformados por el mismo crimen, Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos ellos coroneles y mayores sin embargo quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera, también militar en retiro.

Todos los cinco ex militares antes nombrados tienen cerca o más de ochenta años. Y los jueces decidieron que la impunidad biológica o geriátrica no tiene razón jurídica si los involucrados cometieron crímenes de lesa humanidad. Igual que los nazis que participaron "en limpiezas" y matanzas de decenas personas en la segunda guerra mundial. Incluso un nazi de 94 años, fue detenido y encarcelado la semana recién pasada.

La matanza de doce campesinos

La ministra Patricia González Quiroz sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del ex vicecomandante en Jefe del Ejército, exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado, general (r) Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor de 12 homicidios calificados.

Sinclair permaneció preso en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén en espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera si debía continuar en prisión preventiva o le concedía la libertad. Este sábado quedó en libertad por 200 mil pesos, pero el juicio seguirá y tendrá que declarar nuevamente por los crímenes.

En la época en que se sucedieron los hechos, Santiago Sinclair, quien era coronel y comandante del Regimiento de Caballería N°2 Cazadores de Valdivia y la segunda autoridad militar en la zona, integró un supuesto Consejo de Guerra en el cual se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quienes fueron falsamente acusados de "asaltar" el retén de Carabineros de Neltume, en la precordillera al este de Valdivia, la noche del 12 de septiembre de 1973.

Con anterioridad Sinclair fue investigado por el juez Juan Guzmán en 1998, momento en la que el general (r) declaró: "Recuerdo el Consejo de Guerra que se hizo con respecto de Liendo y otro, un sujeto muy conocido de apellido Krauss, junto a otras personas que no identifico (…) Una vez terminados los alegatos nosotros votamos. El voto se depositó en una caja y el presidente del Consejo hizo el escrutinio".

El fatídico escuadrón Caravana de la Muerte llegó a ciudad de Valdivia el 3 de octubre de 1973 y fue recibido por el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército con asiento en Valdivia, general Hugo Bravo Muñoz y el coronel Sinclair, quienes dispusieron a sus subalternos la búsqueda y el arresto de estas 12 personas.

La resolución judicial ratifica los doce fusilamientos que dio la orden Sinclair

"El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando KraussIturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe", señala el fallo.

Para el caso de Gregorio Liendo Vera se determinó:

"A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

Casi todas las víctimas eran obreros del Complejo Maderero Forestal Panguipulli, que la noche del 12 de septiembre de 1973 se manifestaron frente al retén Neltume pidiendo a los carabineros que no se plegaran al golpe militar y entregaran sus armas. Ahí se informó que el retén fue "asaltado" por los miristas, resultando heridos los cuatro carabineros que permanecían en su interior, lo que resultó ser falso según demostró la investigación. De la misma forma, las indagatorias acreditaron la falsedad de los daños producidos a la estructura del cuartel, según informó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Los 12 campesinos fueron ejecutados al interior del predio militar de Llancahue. Liendo Vera fue asesinado la noche del 3 de octubre de 1973 y los otros 11 lo fueron al atardecer del día siguiente.

La magistrado Patricia González estableció que los crímenes fueron planeados por Sinclair, el general (r) Sergio Arellano Stark (declarado inimputable por demencia senil) y Hugo Bravo (ya fallecido).

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al ser consultado respecto de la detención de Sinclair, expresó "la justicia tarda pero llega, y si hay una investigación de esa naturaleza en materia de derechos humanos y hoy día existe esa detención, serán los tribunales los que van a determinar cuál es la responsabilidad".

A ello, el secretario de Estado agregó que "el avance que hay en los tribunales es importante para que se conozca la verdad. El caso particular lo resolverán las instituciones que corresponden y los abogados querellantes" y que se trata de "hechos de hace muchos años en que todos queremos que haya verdad y justicia".

En este tipo de situaciones ya es común que por la avanzada edad de los acusados la justicia les permite recibir algún tipo de beneficio en el que pueden cumplir sus penas en la casa o una cárcel especial para los exagentes de la dictadura o incluso apelan a la media prescripción, lo que sea que les permite rebajar el tiempo de condena.

En entrevista con Cambio21 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, preguntada sobre esta detención expresó que "para nosotros es un avance muy importante la detención de Santiago Sinclair que tiene que ver con la Caravana de la Muerte y los 12 asesinados en Valdivia. Además, Sinclair está involucrado en otras causas".

 "Es una alegría que uno de los importantes que se mantenían en la impunidad, quien fue miembro de la Junta Militar y tuvo varios cargos en la represión del terrorismo de Estado de nuestro país haya sido detenido", mencionó Lira.

En cuanto a lo que esperan de la justicia, la presidenta de la AFEP expresó "lo único que pedimos es que Sinclair no se lleve la pena remitida y pase por la cárcel, sino que la pena se condiga con la gravedad de los delitos, porque fueron 12 personas a las que le quitó la vida. Que se busque el mecanismo en que los jueces no den la pena remitida ni apliquen la media prescripción".

En cuanto qué ha cambiado en la justicia para lograr atrapar a quienes estuvieron tanto tiempo en la impunidad, el abogado del Programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, declaró que "hoy entendemos que estamos en otro escenario, que ha habido varios gobiernos de la Concertación, hubo un gobierno de centro derecha y estamos discutiendo una nueva Constitución y estas causas de derechos humanos tienen que avanzar porque así lo dispone el derecho internacional en el que nuestro país está inserto".

En relación dónde debieran cumplir sus condenas los exoficiales y qué pasa con algunas de las garantías con las que cuentan cuando son sentenciados, Lledó dijo "evidentemente que nosotros no estamos satisfechos con eso, porque nosotros hacemos todo lo posible para que se haga justicia y cuando llega el momento de cumplir la pena se hace en condiciones de privilegio y eso no corresponde porque estamos en un país que tiene que respetar la igualdad ante la ley".

A esto también se refirió el abogado de la causa, Tomás Pascual, quien explicó que "hoy tenemos una respuesta de la justicia diciendo que estos oficiales de Valdivia tuvieron y hay presunciones fundadas de que, a través de disponer de una serie de medios, permitieron que se ejecutara sumariamente a 12 personas el 3 y 4 de octubre de 1973".

Sobre la posibilidad que tiene Santiago Sinclair de cumplir una condena, el abogado dijo "uno de los elementos inherentes a los delitos de lesa humanidad es que estas personas no pudieron ser perseguidas durante un largo periodo de tiempo, por lo tanto, valerse de eso, de la edad para que no pueda exponerse a ninguna pena, sería doblemente injusto".

Finalmente, sobre los avances en el caso Caravana de la Muerte, Pascual mencionó "en el corto plazo pediremos el cierre de la investigación a objeto de que se acuse a los procesados y se les condene de acuerdo al mérito del proceso como reivindicación de los 12 ejecutados en Valdivia y de sus familiares después de 41 años, porque así podemos empezar a llegar a la verdad".