Lorca Fuenzalida Ángel Segundo

En el transcurso de la mañana la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) inició el traslado hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso de los últimos 14 procesados por la desaparición del sacerdote ingles Miguel Woodward, quien también fue torturado a bordo del Buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile y luego desapareció.
Cabe señalar que el 26 de agosto pasado, la ministra María Eliana Quezada decretó el procesamiento de estos catorce ex uniformados. Los hechos se remontan a los primeros días de la dictadura militar, cuando la Armada de Chile implantó el Plan Cochayuyo, ideado para reprimir a las organizaciones sociales y controlar la zona, después del golpe militar.
Pasadas las 11:00 horas, empezaron a llegar a la Corte de Apelaciones de la Quinta región los funcionarios en retiro de Carabineros y de la Armada involucrados en este caso de derechos humanos para que la magistrada les notifique del procesamiento y de la prisión preventiva.
Los procesados son los Carabineros en retiro Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida y Enrique Corrales Díaz, todos coroneles; además del mayor Luis Araya Maureira, el capitán Nelson López Cofré y el sargento segundo Jorge Leiva Cordero.
Además fueron procesados los ex oficiales de la Armada, Pedro Abregó Diamanti, capitán de navío; los suboficiales de Infantería de Marina, Manuel Leiva Valdivieso, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Bertalino Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres, todos en retiro.
Con este hecho suman 33 los procesados por este caso, emblemático en materia de derechos humanos en Valparaíso

En Valparaíso y alrededores fueron arrestados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y puestos a disposición de la jueza Eliana Quezada.

Al mando del jefe de Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, comisario Sandro Gaete, funcionarios de esta brigada detuvieron hoy en Valparaíso y alrededores a los 14 oficiales y suboficiales, todos ex agentes en situación de retiro de la Armada y Carabineros, que el viernes fueron procesados por la magistrada de la Corte de Apelaciones de ese puerto, Eliana Quezada, en calidad de coautores del secuestro y desaparición tras el golpe militar del sacerdote Miguel Woodward.

Los detenidos fueron conducidos por los policías hasta el palacio de tribunales de Plaza Sotomayor, para ser notificados de su encausamiento por la jueza.

Al ingreso a la Corte pasado el mediodía, esperaban a los arrestados con pancartas y gritos familiares de las víctimas de la dictadura y miembros del Grupo de Amigos de Woodward.

Una vez notificados del procesamiento por la ministra Quezada, aquellos pertenecientes a la Armada fueron trasladados hasta el cuartel de la Infantería de Marina frente al balneario Las Salinas en Viña del Mar, donde cumplirán su arresto preventivo hasta que la jueza y posteriormente una sala de la Corte de Apelaciones porteña, resuelva acerca de su libertad provisional mientras el proceso sigue su curso.

Estos son el capitán de navío Pedro Abregó Diamanti, y los suboficiales mayores de Infantería de Marina, Juan Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Bertalino Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.

También fueron detenidos y puestos a disposición de la ministra los siguientes ex agentes de Carabineros: coroneles Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida y Enrique Corrales Díaz, mayor Ricardo Araya Maureira, capitán Nelson López Jofré y el suboficial Jorge Leiva Cordero. Estos quedaron bajo arresto en una dependencia de esta policía en el cerro Playa Ancha.

El único procesado que no fue detenido por disposición de la magistrada dada su condición de salud, fue el suboficial de Infantería de Marina Manuel Leiva Valdivieso.

Todos ellos formaban parte en su calidad de agentes de inteligencia, del equipo de interrogadores y torturadores que operó tras el golpe militar en la Academia de Guerra Naval (AGN) de Valparaíso, ubicada en el cerro Playa Ancha, por donde pasaron centenares de prisioneros.

Van 33 procesados

Hasta la fecha, en este caso la jueza Quezada ha dictado procesamiento en contra de 33 oficiales y suboficiales, todos ya en situación de retiro. De ellos, 25 pertenecen a la Armada y 6 a Carabineros. Esta es la primera vez que la magistrada procesa a funcionarios de la policía uniformada por este crimen.

La cifra de 33 se encuentra actualmente reducida a 31, producto de la muerte el año pasado del contralmirante (R), ex comandante de la AGN de Valparaíso y agente DINA, Sergio Barra von Kretschmann, y de la revocatoria del auto de encausamiento del capitán de navío (R), Luis Holley de la Maza.

La muerte del sacerdote

El sacerdote Miguel Woodward fue arrestado el 16 de septiembre de 1973 por una patrulla de la Armada en su domicilio del cerro Los Placeres de Valparaíso, y conducido a la Universidad Técnica Federico Santa María, donde fue interrogado y torturado por varias horas. Tras el golpe militar, esa universidad sirvió como centro de detención y tormento en manos de la Armada.

Luego, Woodward fue llevado a la Academia de Guerra Naval (AGN) en el cerro Playa Ancha del puerto, donde fue igualmente torturado. A continuación, el 21 de septiembre de 1973 fue sacado de la AGN y trasladado al buque escuela Esmeralda, que tras la asonada militar operó también como lugar de detención y tortura.

En la investigación está acreditado que Woodward murió a bordo de la Esmeralda a causa de los tormentos. Su cuerpo fue sacado de esa nave y llevado al Hospital Naval que en ese entonces se ubicaba en el cerro Playa Ancha. Es en ese lapso de tiempo cuando se perdió todo rastro de su cuerpo, aunque en la investigación judicial se estableció que funcionarios de la Armada llevaron su cuerpo para sepultarlo en el Cementerio de Playa Ancha, desde donde desapareció hasta hoy.

La Corte Suprema de Chile (CSC) ratificó este jueves el sobreseimiento de 19 militares retirados  quienes están siendo acusados de la desaparición del sacerdote británico-chileno, Miguel Woodward durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), reporta TeleSUR

Esta resolución del alto tribunal chileno se tomó luego de que rechazaran los recursos interpuestos por el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa  del Estado (CDE) y los querellantes que pretendían anular el fallo.

El fallo emitido por los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, señala que los jueces no cometieron falla y abuso grave al dictar sobreseimiento.

En mayo pasado el CSC dictaminó que eran autores del delito cometido contra Woodward, los siguientes ciudadanos: Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.

En otra sentencia, la instancia judicial estableció el sobreseimiento parcial y temporal para: Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.

La determinación a favor de los citados se estableció puesto que no se encontraba totalmente probada la participación de esas personas en el suceso.

El sacerdote Miguel Woodward fue arrestado el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la armada chilena en una localidad de Valparaíso en la costa central de Chile.

Poco después fue trasladado a la Universidad Federico Santa María de esta ciudad donde fue sometido a toda clase de torturas.

Por último fue llevado  a la Academia de Guerra Naval, donde recibió más torturas hasta que lo condujeron al buque escuela Esmeralda, donde finalmente murió y su cuerpo nunca fue hallado.

El último informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como informe de la Comisión Valech, elevó a más de 40 mil las víctimas durante la dictadura.

Máximo tribunal respaldó decisión de Corte de Apelaciones porteña que determinó el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

La Corte Suprema rechazó los recursos de queja presentados en contra de las resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que determinaron el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward.

En fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, rechazaron las presentaciones hechas por el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantesn que pretendían anular ambos fallos.

La sentencia de la Corte Suprema determina que los jueces recurridos no cometieron falta o abuso grave al dictar el sobreseimiento, al considerar que no se encontraba probada la participación en el delito, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

El 12 de mayo pasado, el ministro en visita Julio Miranda Lillo declaró cerrado el sumario en la investigación por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward, dictando dos resoluciones en el proceso.

En la primera, acusó a Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, como autores del ilícito.

En tanto, en la segunda, decretó el sobreseimiento parcial y temporal a favor de Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.

Generales de Carabineros activos y en retiro, parientes de oficiales, involucrados en casos de derechos humanos, el rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México, constituyen el grupo de propietarios de un elegante condominio en Peñaflor cuyas parcelas de 5 mil mts2 no están regularizadas y no pagan contribuciones. Uno de ellos es el general director Bruno Villalobos y otro el general (r) Fernando Cordero Rusque, ex jefe del cuerpo policial y cuyos hijos están involucrados en licitaciones irregulares en Carabineros. Un enojado Villalobos afirmó en La Moneda que su casa en Peñaflor estaba en regla, pero ahora un reportaje de Radio Cooperativa confirma lo que CIPER informó.

Al final del callejón San Javier Larraín, que nace en el cruce a Malloco de la Autopista del Sol y que colinda con el fundo San Alfonso, es habitual observar vehículos de Carabineros haciendo rondas. “Es por el condominio de los pacos”, explica uno de los vecinos del sector en la comuna de Peñaflor.

Son pocas las casas que se ven en ese callejón. La mayor parte de los terrenos son plantaciones agrícolas. Pero tras recorrer poco más de un kilómetro y medio desde la autopista, aparece un condominio con grandes casas y cuidados jardines: El Tranque San Javier. Aunque en el sector todos asocian su propiedad con uniformados, pocos saben que allí posee una amplia residencia el actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm.

Tampoco saben que de las 18 parcelas -de 5 mil metros2 cada una- que forman el condominio, 16 están en situación irregular y no pagan los impuestos territoriales que les corresponden. También desconocen que entre los residentes que no pagan sus contribuciones, además del general Villalobos, figura un ex director general de Carabineros, Fernando Cordero Rusque; el general (r) Ricardo Solar, quien recién dejó la institución; otros ex miembros del alto mando policial; un rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México: Mario Vásquez.

Entre ese selecto grupo de vecinos de El Tranque San Javier también estuvo el general (r) Gerardo González Theodor, quien ya vendió su propiedad. Además, tienen o han tenido parcela en ese condominio ex oficiales de Carabineros involucrados en casos de derechos humanos, como Ángel Lorca y Pedro Bobadilla; una hermana del ex jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence, quien se mantiene prófugo de la justicia; y un civil que en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército René Schneider: Julio Antonio Bouchon Sepúlveda.

El general Villalobos adquirió el terreno en 2011 por $29 millones, operación que quedó registrada ese año en el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor y cuya inscripción fue revisada por CIPER. Allí construyó una casa, con piscina, quincho y jardines. Pero hasta ahora no ha regularizado su propiedad. En la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor su terreno no registra permiso de edificación ni de recepción final de la construcción. En síntesis, el máximo jefe policial cuenta con una residencia que no está legalizada. Por lo mismo, no paga los impuestos territoriales que debería cancelar.

La propiedad fue incorporada por el general Villalobos en la Declaración de Patrimonio que por ley deben realizar las autoridades y cuya actualización está fechada el pasado viernes 31 de marzo . En 2016 el periódico digital El Ciudadano pidió por Ley de Transparencia la Declaración de Patrimonio de Villalobos, pero Carabineros la entregó con la información sobre sus propiedades tarjada. Frente a un dictamen del Consejo Para la Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos, el general presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones. Finalmente, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Probidad, debió hacer pública la información hace pocos días.

En su declaración recién difundida, Villalobos identificó su casa de Peñaflor con el rol de avalúo 03920-001 y le asignó una tasación fiscal de $130 millones. Pero esa información es errónea. Según los archivos del Servicio de Impuestos Internos (SII) no existen propiedades en Peñaflor asociadas al rol declarado por el general 

El rol correcto de la propiedad de Villalobos es el 0339-00276, el que al ser consultado en el SII deja en evidencia la irregular situación en que se encuentra el bien raíz: sigue identificado como un predio de uso agrícola, y no con el destino habitacional que efectivamente tiene. Por lo mismo, debido a un beneficio tributario para estimular la producción agrícola, está exento del pago de impuestos. Incluso, en ese registro la propiedad seguía a nombre del anterior dueño hasta el día en que se publicó este reportaje  

La información oficial del SII asigna a la propiedad de Villalobos una tasación fiscal de $4,7 millones, muy por debajo de los $130 millones que declaró el general. Aunque normalmente la tasación fiscal es inferior al precio comercial, en este caso el monto asignado por Impuestos Internos está completamente alejado de la realidad. CIPER consultó a corredores de propiedades especializados en la compraventa de inmuebles en esa zona, los que indicaron que una casa con las características de la que tiene el jefe policial se comercializa entre $200 y $300 millones.

Los antecedentes sobre esta propiedad del general Villalobos surgieron en una investigación realizada por CIPER sobre el patrimonio de los oficiales que componen el alto mando de Carabineros. Esto, en medio de la crisis que sacude al cuerpo policial debido al robo de más de $16 mil millones del presupuesto asignado al pago de remuneraciones, asignaciones y desahucios del personal de Carabineros. Un ilícito cometido por un grupo de oficiales cuyo superior era el general Flavio Echeverría, director de Finanzas de la institución, quien está en prisión preventiva 

Casi todos los propietarios del condominio se encuentran en la misma situación irregular del general Villalobos. De las 18 parcelas que lo conforman, solo dos efectivamente mantienen plantaciones agrícolas, por lo que se encuentran al día en materia tributaria. En 14 parcelas se cuentan diversas edificaciones –como casas, piscinas, canchas, quinchos y estacionamientos–, pero apenas cuatro han iniciado trámites en la municipalidad para regularizar sus construcciones, aunque ninguna ha completado el proceso. Del total, solo dos pagan impuestos territoriales o contribuciones –una por $140 mil y otra por $137 mil trimestrales– debido a que figuran en el SII como “sitio eriazo” y no como terreno agrícola. Las 12 restantes que presentan construcciones, no pagan impuestos.

LA CASA DEL GENERAL VILLALOBOS

Cuando el 18 de abril de 2011 Bruno Villalobos llegó a la Notaría de Elena Torres Seguel (ubicada en el Paseo Bulnes, a pasos del edificio institucional de Carabineros) para concretar la compra del lote 7, pagó al contado $29 millones con un cheque del Banco Estado, según registra la escritura de la transacción (vea aquí una transcripción de ese documento). En el terreno actualmente hay una amplia casona de un piso, de color blanco, con tejas asfálticas, pizarra etrusca en uno de sus muros y un porche que puede servir de estacionamiento.

La construcción está rodeada de árboles frutales, un prado y una piscina. Gracias a las imágenes satelitales que proporciona Google Earth, se puede ver una segunda construcción al lado de la alberca. En la Municipalidad de Peñaflor no hay información sobre estas construcciones. El director de Obras del municipio, Hernán Espina, confirmó a CIPER que no se ha ingresado ninguna solicitud de permiso de edificación que corresponda al terreno que pertenece al general director. No hay planos de las edificaciones, porque estas no han sido regularizadas.

El general Bruno Villalobos recibió a CIPER y admitió que la casa edificada en su terreno en Peñaflor no se encuentra inscrita. Esa parcela –explicó- la compró en 2011 en $29 millones e inició la construcción del inmueble al año siguiente, con la empresa de Omar Urrutia. La constructora, señaló, debía encargarse de todos los trámites de regularización. Pero, según su relato, Omar Urrutia falleció en 2013 y quedó pendiente la tarea. Dijo haber intentado comunicarse con la empresa para obtener los planos de la residencia y darle curso al trámite, pero no ha sido posible.

El general director de Carabineros también explicó que fue un error de su parte haber puesto en su declaración de patrimonio una tasación fiscal de $130 millones. Lo hizo, dijo, porque encontró que la tasación que le adjudicaba el SII a su propiedad ($4,7 millones) era demasiado baja para el valor comercial que tiene actualmente. También afirmó que antes de haber hecho pública su declaración a fines de marzo, concurrió a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor para informarse de los documentos que se requieren para regularizar su propiedad.

COMPRAVENTAS DE UN GENERAL DIRECTOR

Uno de los vecinos de Villalobos es el ex general director y ex senador designado, Fernando Cordero Rusque, quien adquirió cuatro lotes (15, 16, 17 y 18) en $1,6 millón cada uno. La adquisición la hizo en 1990, cuando el condominio recién se había loteado. Actualmente solo conserva dos, por lo que tiene una parcela de 10 mil metros cuadrados (lotes 16 y 17).

Fernando Cordero ascendió a general en 1989 y un año después compró los terrenos en Peñaflor. A esas alturas había ejercido como director de Educación y director del Departamento de Informática y Telecomunicaciones (TIC). Años después, sus hijos se convirtieron en proveedores del TIC y fueron mencionados en una investigación de CIPER sobre compras irregulares en ese departamento de Carabineros. Una empresa de los hijos de Cordero, Sectrade, representó a una firma italiana que se benefició con millonarios contratos vía trato directo con la institución. En 2013 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra quienes resulten responsables de eventuales irregularidades en esas transacciones.

Los registros municipales y tributarios analizados por CIPER indican que Cordero tampoco paga impuestos por su parcela, a pesar de que ella también es arrendada para eventos familiares o de empresas. La parcela de Cordero tiene dos amplias construcciones: una principal (dos pisos, tejas de arcilla, chimenea y balcones) y otra secundaria. El terreno cuenta con piscina (con sectores para adultos y niños), una cancha de tenis y otra de futbolito. La construcción secundaria es la que se utiliza para eventos. En Facebook aparecen fiestas infantiles el 8 y 18 de diciembre de 2016 y otra el 14 de enero de este año; así como un evento de la empresa Manager realizado el 18 de noviembre pasado.

Los terrenos de Cordero figuran en el SII como propiedades agrícolas, cada uno con tasaciones fiscales de $4,7 millones. En la Municipalidad de Peñaflor informaron a CIPER que el ex general director no ha regularizado sus construcciones, aunque sí ha hecho trámites en esa dirección. Entre 2007 y 2008 canceló poco más de $1,5 millón para obtener el certificado de informaciones previas (necesario para iniciar construcciones) y un permiso para iniciar la edificación que pagó en tres cuotas.

Recién el 29 de marzo Cordero hizo una nueva gestión ante la municipalidad: solicitó un certificado de número (el que asigna la dirección exacta de una propiedad), pero el proceso de regularización aun no finaliza. Pocos días antes de que realizara ese trámite, CIPER había consultado en la municipalidad por los terrenos del condominio. En el transcurso de esta investigación nos percatamos que dos periodistas del municipio fueron socias de Cordero en la Sociedad de Comunicaciones y Publicidad. Una de ellas señaló que se retiraron de la misma en 2008 y que no mantienen vínculos con el general retirado. También afirmó no haber informado a Cordero de la investigación de CIPER.

En 1992, Cordero le vendió el lote 18 a Ingreed Vásquez Carvajal por $4,5 millones. Ella y su padre, Mario Vásquez Núñez, se lo han vendido y recomprado entre ellos. En el terreno se construyó una enorme casona que ocupa casi un cuarto del terreno de 5 mil metros2.

Mario Vásquez Núñez fue detenido en 2009 por tráfico ilegal de efedrina, un precursor para la producción de drogas, que envió a México. Él es socio de la empresa de correos Postrack, la que aparecía como remitente de ese envío ilegal, simulando ser una especie similar al azúcar, según consignó La Tercera en esa fecha. La Policía de Investigaciones lo encontró infraganti ingresando ocho tarros de efedrina a la empresa Biotonic. El 13 de octubre de 2009 fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo y al pago de 30 UTM, además de otras 20 UTM por tenencia ilegal de armas.

Cordero vendió el lote 15 en 2010 a la Sociedad de Ingeniería Limitada en $25 millones. Ahora la propiedad figura a nombre de Agrícola Los Carozos (nacida luego de una división de Servicios de Ingeniería).

CIPER intentó contactar a Fernando Cordero y le dejó un mensaje con uno de sus hijos, pero no hubo respuesta.

EL RESTO DEL VECINDARIO

En el condominio también figuró como propietario el general (r) Gerardo González Theodor, quien dejó la institución en 2012 cuando se investigaban irregularidades en las compras del TIC, que estaba bajo su línea de mando. En mayo de ese mismo año adquirió el lote 10 de El Tranque San Javier.El 28 de diciembre de 2015, González Theodor vendió su parcela en $63 millones.

Otro oficial que tuvo propiedad en el condominio es Ángel Lorca Fuenzalida, un ex coronel de Carabineros que en 2015 fue procesado por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward (1973). El año pasado también fue procesado por el secuestro de una menor de 14 años, Viviana Victoria Fernández, episodio que tuvo lugar en 1974. Entre 1991 y 1995, Lorca Fuenzalida fue socio de un hijo del general Cordero en Agrícola El Edén, sociedad en la que también participó otro vecino del condominio, Gumercindo Bisbal Olivos, quien entonces era dueño del lote 9.

Lorca Fuenzalida vendió su parcela en 2002 a la Sociedad Agrícola Chicureo, controlada por Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, quien en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider. Bouchon compró el terreno en octubre de 2002 en $20 millones y seis años después lo vendió.

Otra vecina del condominio es María Cecilia Lawrence Mires, hermana del ex agente de la DINA y coronel (r) de Carabineros, Ricardo Lawrence, alias “Cachete Grande”. El ex jefe operativo de la DINA se encuentra prófugo, tras ser condenado en diversos casos de derechos humanos, como las desapariciones y crímenes de Alfonso Chanfreau, Ana María Puga, Alejandro de la Barra, José Ascencio, Mario Quezada, Santiago Ferruz y Octavio Boettiger. También fue condenado por los horrores cometidos en el centro de detención y torturas Villa Grimaldi.

María Cecilia Lawrence es una de las pocas vecinas que compraron en la venta original de 1990 y  que sigue siendo propietaria. Tiene una casa ubicada justo al centro del lote 2, rodeada por árboles y con una piscina circular. En el SII su parcela aparece como “agrícola” y está exenta de pago. Su marido es Carlos Pereira Albornoz, ex rector de la Universidad Unicit y actual rector de la Universidad Sek.

El dueño original de la parcela que hoy posee el general Bruno Villalobos (lote 7) fue el ex oficial Pedro Bobadilla Jara, quien en 2016 fue procesado por el ministro Mario Carroza como encubridor del homicidio de Luis Armando Rubio Garrido, un joven de 20 años que el 30 de octubre de 1984 recibió una bala durante una jornada de protesta contra el régimen militar.

El lote 5 fue comprado en 1990 por la coronel (r) Silvia Martínez Regollo, quien ha dirigido hogares de menores dependientes de Carabineros. En junio de 2000 vendió la propiedad en $20 millones al teniente coronel (r) Eugenio Palacios Salas. En 1986, Palacios fue subsecretario de Carabineros subrogante.

Palacios solo tuvo la parcela por un año. En junio de 2001 la vendió en $20,5 millones a Raquel del Valle Jeldres, quien construyó allí una casona central, dos viviendas más pequeñas y una piscina. Entre 2005 y 2008 Raquel del Valle realizó trámites en la municipalidad para regularizar su propiedad. El 13 de julio de 2005 canceló $241 mil por un permiso de edificación. Aún así, en el SII su parcela sigue apareciendo como terreno agrícola, exenta de pago.

El primer propietario de los lotes 13 y 14 fue el ex funcionario de Carabineros Luis Hernán Espejo del Valle, quien solo conserva el primero. El lote 14 lo vendió a la escritora Ángela Pleguezuelos, esposa del general (r) Ricardo Solar Roberts. Este último era jefe de la Zona Metropolitana cuando a fines del año pasado se acogió a retiro. Antes fue jefe de la III Zona de Atacama y de Santiago Oeste; y en 2015 el encargado de Seguridad Privada y Control de Armas. La parcela, con una casa de un piso, no paga impuestos, porque sigue registrada de manera irregular con destino “agrícola”, con una tasación fiscal de $4,7 millones.

Otro de los propietarios originales de El Tranque San Javier es el general en retiro Juan Alejandro Valenzuela Barra, quien adquirió en 1990 el Lote 8. En 2010 lo vendió en $23 millones al coronel (r) Raúl Raffo Arriagada y a su hijo, Raúl Raffo Aranda. El padre cuenta entre sus sociedades a empresas de seguridad, como Segint (según su web tiene entre sus clientes a SQM e Inmobiliaria Manquehue) y Soseyco. Actualmente, en ese lote hay dos viviendas. No paga tributos, aunque la Municipalidad de Peñaflor sí registra trámites realizados por Raffo para regularizar sus casas: en 2011 canceló derechos y permisos de edificación.

El comprador original del lote 6 es Emilio Maldonado Lobos, un coronel de Intendencia (el área de administración y finanzas de Carabineros) ya en retiro. Maldonado está casado con la general (r) Lilian González González, quien ejerció como directora de Bienestar de la institución entre 2006 y 2009, unidad clave en el otorgamiento de préstamos habitacionales para el personal policial. El matrimonio Maldonado González sigue siendo dueño de la parcela 6 y aún mantiene fuertes nexos con Carabineros: Emilio Maldonado ha sido representante del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros ante el SII y actualmente es miembro de la directiva del Radio Club de Carabineros. A pesar de que su casa es una de las más grandes del condominio y aunque hay al menos otras dos construcciones en su parcela, en la municipalidad no se han iniciado trámites para regularizar las construcciones y en el SII sigue figurando como un terreno con destino “agrícola”, por lo que no paga impuestos.

Los lotes 11 y 12 son los únicos que tienen en toda su extensión plantaciones agrícolas por lo que corresponde que se beneficien con la exención tributaria. Los terrenos fueron adquiridos en 1990 por Héctor García Barros, presidente del Círculo de Amigos de Carabineros y miembro de un grupo de civiles que colaboran con la policía: “Alguaciles”. En 1996 García los vendió en $32 millones. En el SII aparece como dueña la sociedad Servicios de Ingeniería Limitada, la misma propietaria del lote 15.

ESCRITURA ORIGINAL FUE ROBADA DEL ARCHIVO JUDICIAL

La historia del condominio El Tranque San Javier se inició en 1985, cuando Rafael Valenzuela Silva adquirió la Parcela 1 de Malloco. La compró a Gabriela Polette Saint Simon por un valor equivalente a 1.565 quintales de trigo, según quedó registrado en la escritura suscrita en una notaría de Panguipulli. En el terreno, Valenzuela plantó duraznos y nectarines, hasta que decidió subdividirlo. A fines de 1990, loteó un retazo de nueve hectáreas fraccionadas en 18 parcelas de 5 mil metros2.

Cuando Valenzuela puso en venta los 18 lotes, de los 13 compradores originales, 11 eran oficiales de carabineros (activos o en retiro) o bien parientes directos de uniformados o civiles relacionados con la policía. Cada parcela se vendió en $1,6 millón. Los detalles de estas compras quedaron registrados en una escritura que se firmó en la notaría de Félix Jara Cadot en noviembre de 1990. El índice notarial registra que la escritura lleva las firmas del vendedor (Valenzuela Silva), del principal comprador (el entonces general activo Fernando Cordero) y de un representante de la Mutual de Carabineros.

Para saber si la Mutual de Carabineros jugó algún rol en el financiamiento de la compra, CIPER intentó revisar la escritura. El documento original fue enviado por la notaría al Archivo Judicial. Pero en ese archivo las páginas del libro donde figuraba la escritura fueron arrancadas. Alguien se robó el documento.

La pérdida fue confirmada por el responsable del archivo, Julián Miranda, quien señaló que estudia denunciar esta anomalía ante la Fiscalía Centro Norte, que es lo que corresponde en estos casos. En los últimos dos años –afirmó- se han incrementado las medidas de seguridad para evitar algo que antes era habitual: la desaparición o falsificación de escrituras públicas.

 

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso y decretó la  prisión preventiva para 13 ex uniformados –dos de Carabineros y 11 de la Armada-, por el delito de secuestro de Viviana Victoria Fernández.

En la resolución, encausó a Gilda Mercedes Ulloa Valle, Alejo Esparza Martínez, Juan de Dios Reyes Basaur, Enrique Orlando Corrales Díaz, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo Castillo Soto, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Jaime Erik Riesle Wetherby, Héctor Nelson Tapia Olivares, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Ángel Segundo Lorca Fuenzalida y Marcelo Alejandro Onofre Vargas Goas, en calidad de autores del delito de secuestro de Viviana Victoria Fernández Montenegro.

De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron la segunda quincena de febrero del año 1974 “en razón de las ideas políticas que profesaba, como asimismo su familia, que fue detenida en su domicilio del Cerro Florida de Valparaíso, Viviana Victoria Fernández Montenegro, quien tenía a esa fecha 14 años de edad, fue llevada al Cuartel Silva Palma, aledaño a la Academia de Guerra Naval, mismo lugar al que fueron llevadas su hermana Morelia del Rosario Fernández Montenegro  y de su madre Emma Mercedes Montenegro Mena, detenciones realizadas por efectivos de la Armada y Carabineros de esta ciudad, sin orden de Tribunal competente, siendo interrogada la víctima, como asimismo sus familiares ya indicados, respecto de las actividades políticas que realizaban y sobre la existencia de supuestas armas o depósitos de ellas que se encontrarían escondidas, interrogatorios en donde fueron abusadas sexualmente, recibiendo además golpes, insultos, amenazas de muerte y aplicación de corriente en sus partes íntimas, tobillos y dedos de manos, siendo posteriormente dejada la víctima en libertad después de una semana aproximadamente, pero firmando semanalmente en un Retén de Carabineros del Cerro Alegre por un año, sin que se incoara en su contra proceso judicial alguno, tanto del fuero militar como del ordinario”.

Los procesados, una vez notificados del auto de procesamiento, deben ser conducidos a los recintos que Carabineros designe, para cumplir con la prisión preventiva.

Cuando era solo una adolescente de 14 años, Viviana fue detenida por agentes de la Marina y secuestrada durante una semana en el cuartel Silva Palma en Valparaíso, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas. Pasaron 42 años y el Ministro en Visita, Jaime Arancibia, dictó el procesamiento contra 13 de los responsables

En 1974, Viviana Fernández Montenegro, tenía solo 14 años. En febrero de ese año, fue detenida en su casa del Cerro Florida, en Valparaíso, por agentes de la Armada. Estuvo secuestrada durante una semana en el cuartel Silva Palma, uno de los centros de detención mas emblemáticos de la V Región. Durante los interrogatorios, fue sometida a torturas y agresiones sexuales. Días antes habían tomado prisioneras a su hermana Noelia de 17 años y a su madre, las tres acusadas de ser guerrilleras y mantener armas escondidas en su casa. Después de 42 años de ocurridos los hechos, la semana pasada, el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, dictó el procesamiento contra 13 marinos por el delito de secuestro calificado contra Viviana. Tras decretarles prisión preventiva, salieron en libertad bajo fianza a la espera que termine la investigación del magistrado y sean dictadas las condenas. Apenas Viviana supo la noticia, alertada por su abogado, Hernán Fernández, se fue a la Corte y presenció cómo iban llegando los exuniformados para ser notificados por el Juez. Después se fue a visitar a sus padres al Cementerio para contarles y luego pasó tiempo con su familia. En los días siguientes, estuvo meditando sobre cómo marcó a toda su familia la represión y las diferencia en torno a las condiciones de detención de ella como víctima y las de sus victimarios ya de edad avanzada. “Yo era menor de edad, no entendía lo que estaba pasando, no había cometido ningún delito, a mi familia no le informaron dónde me llevaban. Me fui detenida con el puesto, no tenía útiles de aseos, ni alimentación, nada. La situación de ellos es muy diferente”, dice a The Clinic Online. -Me encerraron en una celda- cuenta, donde había una mujer de mediana edad y una anciana. Nos sacaban a interrogatorios por turno, había todo tipo de torturas psicológicas y físicas. Pasaba todo el tiempo encapuchada, solo escuchaba voces. Con lo que más me amenazaban, era que si no hablaba y no les daba la información que me pedían, iban a matar a mi familia, yo me lo creía, tenía 14 años, todo lo que me decían pensaba que podía pasar y de hecho, con muchas familias pasó. Las torturas que relata Viviana, según el auto procesamiento del juez Arancibia, incluyeron “ abusos sexuales, golpes, insultos, amenazas de muerte y aplicación de corriente en sus partes íntimas, tobillos y dedos de manos”. -A nosotros nos truncaron la vida -dice Viviana, para mí, después de lo que pasamos, ya no hubo proyecto de vida, ya no hubo sueños, solo sobrevivir, con ese miedo que por tantos años me mantuvo paralizada. Ahora que soy una mujer vieja, venir a tener esta, comillas, reparación de la justicia, es algo que me hace respirar un poquito mejor. Antes de la etapa judicial, Viviana vivió muchas décadas en silencio. Cuando las tres lograron volver a casa, la última fue su hermana que estuvo casi un mes secuestrada, todas por su militancia comunista, su padre prohibió hablar del tema. No podía ni comentarlo. Él dijo que tenían que seguir viviendo. Nunca se sentaron a conversar como familia de lo que les había pasado. -El 2003, cuando se abrió la comisión Valech, pese a las críticas a nosotros nos favoreció, porque nos obligó a hablar. La primera vez con mi hermana no calificamos, tuvimos que hacer un peregrinaje por la Academia de Guerra, el Cuartel, la Marina, buscando documentos que avalaran lo que vivimos, pero no había registros, fue bien denigrante. Para una víctima tener que enfrentar los lugares donde fue torturada, es revivir el dolor. Luego con testigos pudimos acreditar nuestra condición en la segunda etapa de la Valech, cuenta Viviana sobre la primera vez que abordó públicamente lo que la había pasado. Diez años más tarde, para los 40 años del Golpe, en 2013, Viviana presidía la agrupación Ex menores víctimas de prisión y tortura. En conjunto con otras 20 personas, y asesoradas por un equipo integral de profesionales, presentaron una querella colectiva contra los responsables. De esa querella, este es el cuarto caso en que el juez Arancibia procesa a uniformados por crímenes de lesa humanidad contra menores de edad ocurridos en la dictadura. Para el abogado querellante, Hernán Fernández, “este procesamiento es de gran trascendencia histórica porque los niños y niñas fueron ignorados, invisivilizados, durante las ultimas décadas como víctimas de la represión política del Estado. Estos procesamientos penales confirman y reconocen que hubo crímenes contra niños y niñas en dictadura. Creemos que se trata de un trabajo muy responsable y serio de la justicia y de aplicación de derechos humanos para estas víctimas ignoradas por tanto tiempo”, sostiene. Además, el abogado Fernández reconoció el trabajo del Ministro Arancibia y pidió la colaboración de los procesados, que hasta ahora han negado o minimizado su participación en los hechos. “Como querellante reconocemos el trabajo que ha hecho el ministro Arancibia. Tenemos la expectativa que se siga avanzando en las investigaciones y también tenemos expectativas que los responsables de las violaciones a los derechos humanos colaboren con la investigación y ante la multiplicidad de pruebas que los incriminan. Creemos que el tiempo transcurrido no es una excusa, mas bien hay mayor deber de colaborar por tantos años de impunidad previa”, solicita Fernández. -La justicia ha sido lenta, pero esto ha sido un aliento, una esperanza. No estoy por el ojo por ojo, diente por diente. No tengo espíritu de venganza, es para cerrar un capítulo de mi vida, es para que la herida pueda empezar a sanar. Sé que son seres humanos, tienen corazón, algunos deben estar arrepentidos de lo que hicieron, pero no podemos quedarnos todos estos años con esa espina en el corazón, con ese dolor tan tremendo, esa humillación por la que tuvimos que pasar, solamente por pensar distinto, por tener otra opción diferente a la de ellos. No me hago ilusiones de nada más que se dicte condenan y ellos asuman y sepan que lo que hicieron no estuvo bien, asegura Viviana. Posterior a la etapa penal, Viviana interpondrá una demanda civil contra el Estado: “Quiero que el Estado no le saque el cuerpo al tema de los menores de edad, de la infancia dañada, hubo muchos menores que sufrieron tanto, que el Estado lo reconozca, haga un mea culpa y ayude en la reparación. Hay casos muy duros, gente que quedó muy dañada, con vidas durísimas. Eso no quedo ahí no más, lo que vino después fue un calvario", concluye. Los procesados como autores de secuestro con daños graves contra Viviana son: Gilda Mercedes Ulloa Valle, Alejandro Riesco Cornejo; de Valentín Evaristo Riquelme Villalobos; Bertalino Segundo Castillo Soto; Eduardo Mauricio Núñez Contreras; Jaime Erik Riesle Wetherby; Héctor Nelson Tapia Olivares; Juan Orlando Jorquera Terrazas; Ángel Segundo Lorca Fuenzalida y Marcelo Alejandro Onofre Goas.