Lopez Diaz Sergio Antonio

Los primeros autos de procesamiento por la muerte y desaparición de Juan Luis Rivera Matus fueron dictados hoy por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. 
El magistrado encausó a Alvaro Corbalán Castilla, quien integró el Comando Conjunto; al general (R) de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, Arturo Madrid, también integrante de esa entidad represiva, y Sergio López Díaz, ex miembro del DINE, por el delito de secuestro calificado. 
Ruiz Bunger había sido también sometido a proceso por el juez Mario Carroza la semana pasada, como autor del delito de secuestro calificado de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel Navarrete, quienes figuran como desaparecidos, y de cuatro personas sobrevivientes. Carroza también pesquisa las implicaciones de la supuesta rearticulación del Comando Conjunto denunciada recientemente por el ex agente Otto Trujillo. 
Díaz López, en tanto, es un ex efectivo del Ejército que formó parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). 
Hasta antes de la declaración del ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela -alias Papudo-, hecha en Francia en enero de este año, existía el antecedente que Rivera Matus había estado detenido en el recinto militar de Colina, donde operaba ese organismo represor. El indicio señalaba que el detenido había sido retirado por el DINE luego de ser muerto. 
Sin embargo, el testimonio de Papudo permitió acreditar que el encargado de retirar al dirigente de Chilectra de esa repartición castrense fue Corbalán, quien fue acompañado por López. 
La investigación en el caso Rivera Matus ha avanzado constatando que su muerte resulta un caso distinto al de otros crímentes ocurridos durante el régimen militar, pues no se puede adjudicar a un grupo represivo determinado sino más bien a personas que aisladamente habrían concretado el delito. 
Debido a que durante casi 27 años nunca fue dictada una encargatoria de reo en esta causa, la Corte Suprema, en última instancia, no podría tampoco referirse al principio de cosa juzgada. 
Dudas sobre la mesa 
El nombre de Juan Luis Rivera Matus apareció en el informe entregado por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, en el que se indicaba que sus restos habían sido arrojados al mar. Sin embargo, y como parte de la búsqueda de otros detenidos desaparecidos sustanciada por la ministra Amanda Valdovinos, sus restos fueron encontrados en el fuerte del Ejército Justo Arteaga, en Colina. 
El hallazgo fue una de las primeras y dramáticas alertas sobre dudas e imprecisiones en las informaciones recopiladas por las FFAA en esa instancia. 
Los restos del dirigente sindical fueron entregados a sus familiares en mayo del año pasado: mostraban indicios de haber sido quemados luego de la muerte, según informaron peritos del Servicio Médico Legal (SML). 
Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente. 
El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuerstas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente
 

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO
Juez Joaquín Billard
 

ROL Nº  120.133-6

VICTIMA Juan Rivera Matus Desaparecido 06-11-1975

4 de octubre de 2002 : Dictó Auto de Procesamiento como autores del delito de secuestro calificado en contra de:

• Enrique Ruiz Bunguer General (r) de la FACH
• Alvaro Corbalán Castilla Mayor (r) del Ejército, integrante de la DINE
• Sergio López Díaz Oficial (r) del Ejército integrante de la DINE.
• Arturo Madrid Miembro del Comando Conjunto.

El Informe de las FF.AA. indicaba que había sido lanzado al mar, pero la Ministra Valdovinos encontró las osamentas en el Fuerte Arteaga en el 2001.

Gracias al testimonio de ex Agente Andrés Valenzuela se pudo determinar que el Comando Conjunto mantenía detenido a Rivera Matus, pero fue el equipo de la DINE quien le dio muerte.
Alvaro Corbalán era encargado de coordinar las tareas de la DINE con el Comando Conjunto.

El titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, sometió a proceso a cuatro ex uniformados como autores del delito de secuestro calificado en la investigación que realiza por la desaparición y muerte de Juan Rivera Matus.

Según los informes entregados por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, el cuerpo del militante comunista fue arrojado al mar, pero los restos fueron hallados en marzo del año pasado en el Fuerte Arteaga de Colina.

Los procesados, ex miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), son:

• El ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea e integrante del Comando Conjunto, general (r) Enrique Ruiz Bunger
• El mayor (r) Alvaro Corbalán
• El oficial en retiro Sergio López Díaz
• El ex miembro del Comando Conjunto Arturo Madrid

Ruiz fue procesado la semana pasada por el juez Mario Carroza por su responsabilidad en el secuestro de cuatro dirigentes comunistas en las pesquisa que realiza por la supuesta rearticulación del Comando Conjunto.

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado.

Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén. Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país. Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI.

Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena. Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet.

El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediatamente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro. En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscando la forma de encubrir los crímenes. Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979. El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del contexto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la oficina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido. Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº1 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos. La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad.

Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra. En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados. Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda.

El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso. La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casa a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes. A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua.

Junto al carabinero Jacobo del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron. Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe.

Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.

” Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno.

Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet. El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte.

Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente. Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se sumaba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos.

 En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar. Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central. Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que terminó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz. El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema.

En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal. Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

 Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973.

Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog.

En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín. Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió. Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había iniciado el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden. Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas.

Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda. El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia. A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que estaba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres.

Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante.

También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella. La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hidalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule.

Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Escuela de Artillería. Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar. En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condenado por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella. A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados. El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 militares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia.

A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea. La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bueyes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro. En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabajadores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados. Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo.

A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Legal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad. El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue condenado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema. Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger.

Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor. Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló, sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren. Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver.

En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval. El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de Informaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán. Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad. Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pique de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos.

Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos. Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos.

Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los restos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar. La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, general (R) Enrique Ruiz Bunguer, por el caso del detenido desaparecido Juan Luis Rivera Matus.En fallo dividido, los ministros Alfredo Pfeiffer, Amanda Valdovinos y el abogado integrante Claudio Díaz desestimaron la presentación de la defensa del general en retiro que pretendía dejarlo libre de los cargos dictados por el juez Joaquín Billard por el secuestro del dirigente comunista.

La ministra Valdovinos y el abogado integrante Diaz decidieron mantener a firme el procesamientos; mientras que el ministro Pfeiffer estuvo por anular la sentencia por considerar que el general no tuvo participación en los hechos.

A los alegatos en el tribunal de alzada asistieron la abogada querellante en la causa, Julia Urquieta; el representante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Bravo y el defensor del general Ruiz Bunguer, Jorge Balmaceda.

Además estuvieron los hijos de Rivera Matus, que luego de conocido el dictamen expresaron su satisfacción por la resolución judicial del tribunal de alzada.

El viernes 4 de octubre el juez Billard, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, sometió a proceso al general Ruiz Bunguer y otros tres miembros del Comando Conjunto por el secuestro de Juan Rivera Matus, cuyos restos aparecieron en una fosa del Fuerte Arteaga en marzo del 2001.

Junto al ex alto oficial, el juez encausó al comandante (R) de la FACH Carlos Madrid Hayden; al teniente (R) Sergio Antonio Díaz López y al comandante (R) del Ejército Alvaro Corbalán Castilla. A comienzos de semana la Sexta Sala anuló el procesamiento de Diaz López, pero en aquella ocasión el tribunal estuvo conformado por los ministros Pfeiffer, Valdovinos y Jorge Zepeda que en la audiencia de hoy fue reemplazado por un abogado integrante.

Rivera Matus fue detenido en noviembre de 1975 por agentes del Comando Conjunto y llevado hasta el Regimiento de Artillería Antiárea de Colina, unidad militar conocida como Remo Cero por los organismos represores del regimen militar.

Los restos de Rivera Matus fueron encontrados en una fosa del Fuerte Justo Arteaga del Ejército por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Amanda Valdovinos, cuando realizaba diligencias en esa unidad militar en busca de una fosa de 20 desaparecidos NN en ese recinto según la información aportada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

La misma información mencionaba que Rivera Matus, dirigente de Chilectra desaparecido desde el 5 de noviembre de 1975, había sido arrojado al mar frente a las costas de San Antonio. Fue el primer cuestionamiento al informe castrense.

El juez con dedicación exclusiva Christián Carvajal sometió a proceso a ocho ex integrantes del Comando Conjunto, entre ellos el general (r) Enrique Ruiz Bunger, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI.

La medida adoptada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen se refiere a la desaparición del estudiante Ignacio González Espinoza (24 años), militante del Partido Comunista, el 4 de diciembre de 1975.

También fueron procesados en calidad de autores del secuestro calificado Juan Saavedra Loyola, Sergio Díaz López, Daniel Guimpert (Armada), Manuel Muñoz Gamboa, y el ex oficial de la Armada y jefe del Departamento de Contrainteligencia delServicio de Inteligencia Naval (SIN), Jorge Osses Novoa.

En calidad de cómplice quedó encargado reo Otto Trujillo, el conocido "Colmillo Blanco".

Hace algunos días, el magistrado -que heredó las causas del actual fiscal Mario Carroza- procesó a Alvaro Corbalán y el ex uniformado Sergio Díaz López por el secuestro calificado de Luis Moraga Cruz y Ricardo Weibel Navarrete, quienes desaparecieron el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente.
Con la decisión del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago se comprueba que Corbalán, previo a pertenecer a la Central Nacional de Informaciones (CNI), integró la DINE, organismo que dentro del Comando Conjunto detuvo y dio muerte a opositores al régimen militar.

Corbalán cumple en la actualidad presidio perpetuo por su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen vinculado al homicidio del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro. En la actualidad el mayor en retiro permanece recluido en el Batallón de Policía Militar Número 1 de Santiago, ubicado en dependencias del Comando de Telecomunicaciones del
Ejército en la comuna de Peñalolén.

También por la desaparición de Weibel, el juez Carvajal ha procesado a los ex uniformados y ex miembros del Comando Conjunto Juan Francisco Saavedra, Enrique Ruiz Bunger y Viviana Ugarte “La Pochi”, esposa del general (r) de la Fach Patricio Campos.

La semana pasada el juez especial encausó también al ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses y al coronel (R) de la FACH Roberto Serón Cárdenas, por el secuestro de Weibel Navarrete y Luis Moraga Cruz

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las condenas a dos integrantes del ex Comando Conjunto, entre ellos a su creador, el general

(R) de la FACH Enrique Ruiz Bunger, por el secuestro en 1975 del militante comunista Juan Luis Rivera Matus.

La condena de Ruiz Bunger fue elevada de 600 días a 10 años, y en la misma proporción la del ex agente y coronel hoy retirado de la FACH, Carlos Madrid Haydn. A ambos se les cambió además la calidad de encubridor por la de autor.

La sala mantuvo la pena de 10 años de presidio para el teniente coronel (R) de Ejército Sergio Díaz López, pero rebajó de 15 a 10 años la del ex agente y jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán.

El ministro Jorge Zepeda constituyó el voto de minoría, ya que estuvo por condenar a los cuatro ex agentes sólo a la pena de tres años “por razones humanitarias”. En este sentido, el ministro Zepeda ha sido criticado por abogados querellantes por las bajas condenas que aplica por crímenes de lesa humanidad, si bien no es partidario de aplicar la amnistía. El voto de mayoría lo conformaron el ministro Jorge Dahm y la abogada integrante Victoria Valencia. La condena de primera instancia la dictó el ministro Joaquín Billard.

Los restos de Rivera Matus fueron hallados el 2001 mientras, en la zona de Peldehue donde hoy está el Fuerte Arteaga del Ejército, se rastreaban los cuerpos de los desaparecidos de La Moneda por una orden de la Corte Suprema, según datos recibidos en la Mesa de Diálogo el 2000.

Máximo tribunal acogió recurso de casación en el fondo fondo presentado por la defensa de los militares retirados condenados por el crimen del ex dirigente comunista.

La Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó considerablemente las penas impuestas por el homicidio calificado del dirigente comunista Juan Rivera Matus, desaparecido en noviembre de 1975 por miembros del Comando Conjunto.

El máximo tribunal sentenció al general retirado de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Enrique Ruiz Bunger y a el comandante (r) de la FACH Arturo Madrid Hayden a las penas de presidio remitido.

Por el mismo delito, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) Sergio Díaz López, el ex miembro de la DINE, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

A este último se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada, mientras que en el caso de Corbalán la pena deberá ser cumplida de forma efectiva.

En el fallo de segunda instancia, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a los cuatro ex militares a diez años.

Rivera Matus, de 52 años al momento de su desaparición, estaba casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como técnico electricista en Chilectra, donde además era dirigente sindical.

Fue detenido el 6 de noviembre de 1975, por cinco hombres de civil a la salida de su trabajo.

El caso de Rivera Matus es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, pues develó la inexactitud de la información entregada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

Si bien las ramas castrenses lo incluyeron en un listado de detenidos cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar, la jueza Amanda Valdovinos determinó que sus osamentas habían sido enterradas en el fuerte Arteaga del Ejército, en Colina.

Cuando el juez Mario Carroza decide dejar en detención preventiva al general (R) Patricio Campos, seguramente para procesarlo por obstrucción a la justicia, y el general Ríos se esconde entre permisos administrativos y visitas a unidades lejanas a la capital, el Comando Conjunto parece vivir sus últimos capitulos bajo la protección institucional de la FACH. Sin embargo, sus agentes, aquellos hombres y nujeres que secuestraron, torturaron, asesinaron y terminaron por hacer desaparecer a decenas de militantes de izquierda, continúan mayoritariamente haciendo sus vidas normales. Unos pocos están detenidos en unidades de la misma Fuerza Aérea, pero otros son empresarios o funcionarios de la FACH, viven tranquilos en villas militares, sufragan y se pasean por las calles como todo ciudadano, apareciendo incluso en veladas sociales como las que frecuentaba "la Pochi" junto a su esposo.

El Siglo espera, con este especial, hacer un aporte para terminar con esa impunidad.

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y principios de 1977, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

Conocido internamente como "la unidad", estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

 

Cuarteles del horror

Entre los primeros recintos de tortura, aún antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aérea (AGA) que funcionó desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterráneos. José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del PC actualmente desaparecido, también estuvo allí. Por este caso ha sido citado a declarar Fernando Matthei, a la fecha director de la AGA.

En enero de 1975, cuando el SIFA desocupó la AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detención hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA.

Después de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Ríos N° 6, Donde funcionaba la Comunidad de Inteligencia, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos. Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, falleció Alonso Gahona Chávez, hoy detenidos desaparecido. También aquí fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporación Nacional de Laringectomizados (operados de cáncer a la laringe).

El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata de un local ubicado en la calle Perú 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, según testigos, se quitó la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presión de las torturas a que estaba siendo sometido. En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejército. La dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros era más numerosa. También aquí actúan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde allí habrían sido sacados en helicóptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz. También hay testigos que afirman que fueron sacados desde aquí, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares de Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos José Sagredo Pacheco.

Este local fue visitado frecuentemente por un médico que atendió a varios detenidos y supervisaba las torturas.

Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que había sido sede del diario El Clarín y tras el golpe militar pasó a poder de Carabineros, fue conocido como "La Firma". Allí se instaló la Escuela de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no sólo de DICAR sino también del Comando Conjunto. Colindante a este edificio existe otro inmueble comunicado con él, en cuya parte posterior funcionó clandestinamente el CC. En este local se mantuvo detenidos a distintos prisioneros comunistas, entre ellos Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana, Juan Antonio Gianelli, quienes fueron sacados de ese lugar para ser asesinados y enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, y José Weibel Navarrete, quien posteriormente fue asesinado en el sector del Cajón del Maipo.

En 1985, "La Firma" sería ocupada para secuestrar a una decena de profesores y a los tres profesionales comunistas que luego aparecerían degollados en un camino rural de Quilicura. Otros inmuebles usados indistintamente por el SIFA y el CC, donde se mantuvo transitoriamente detenidos, fueron un inmueble del Barrio Bellavista que había pertenecido a Sergio Bushmann, donde vivían miembros solteros del CC, y la Comisaría Las Tranqueras, usada mientras se efectuaba la visita de una delegación de derechos humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tales detenidos no pudieran ser ubicados en los lugares de detención más conocidos.

 

AGA: Escuela de torturas

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, a los generaes Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras y Fullogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk, los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Víctor Matig Guzmán, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Uno de los sobrevivientes del AGA, el Comandante Ernesto Galaz, recuerda que "me arrestaron junto al general Bachelet, Vergara y el coronel Miranda, que trabajaba conmigo. Nos llevaron al subterráneo del ministerio (de Obras Públicas), donde comenzó la investigación con un fiscal que nos pregunta cosas para luego mandarnos detenidos a la Base Aérea de Colina, en la que estamos hasta el 20 en condiciones bastante dignas, tratados como oficiales prisioneros de guerra. Este día nos sacaron con un despliegue inusitado de tropas, armando un operativo ridículamente complejo, nos subieron a un helicóptero y nos trasladaron a la Academia de Guerra Aérea. Aquí nos meten en una pieza a los 4, uno en cada rincón, ingresando una turba de oficiales y suboficiales que nos ponen capucha, nos amarran las manos y dan inicio a las palizas y torturas. Nos tenían días enteros sin dormir, sin beber o comer, hasta que nos llevaron a declarar ante el Fiscal Gutiérrez, que había sido compañero mío en la Escuela y que presenció todas las torturas a que fuimos sometidos. Insistentemente quería que refrendáramos su versión, pretendía que afirmáramos que era cierto lo del Plan Zeta, del robo de documentos, del espionaje, la traición, los contactos con el MIR y el PC. Todo lo que estaban inventando para justificar el golpe.

 Da un poco de vergüenza admitirlo, pero terminamos firmando lo que nos presentaron luego de las largas sesiones de tortura, de los golpes eléctricos en los genitales, de levantarnos las uñas con alfileres, de pasarnos cordeles por entre las piernas y estirarlos para levantarnos de los testículos. Esos documentos son la base de los consejos de guerra: confesiones sacadas bajo tortura.

 Después ya nos llevaron a una sala donde estábamos sentados, vueltos hacia la pared, sin capucha pero con un miedo enorme, puesto que en cualquier momento nos venían a buscar para llevarnos a la tortura, a la aplicación de corriente. Yo estuve hasta fines de noviembre. De los 4 que comenzamos, fuimos aumentando hasta llegar a unos 105, aunque fueron centenares los uniformados que pasaron por la AGA. Los 105 fuimos trasladados a la Academia Politécnica de El Bosque, donde nos instalaron en cuatro salas, sentados, vueltos a la pared, con un centinela en la puerta que estaba constantemente haciendo sonar el seguro del fusil para hacernos saber de su presencia. Presumo que eran conscriptos, pues en una de las salas se le escapó un tiro a uno y mató al cabo José Espinoza Santis. Obviamente, el cabo Espinoza fue enterrado con todos los honores militares, presentado como una de las víctimas de los marxistas".

 Los últimos pasos

El martes 8 de octubre el juez Mario Carroza ordenó la detención preventiva del ex Director de Aeronáutica Civil y esposo de "la Pochi", Patricio Campos Montecinos. Las razones del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para dejarlo a resguardo en la Base Aérea de El Bosque, se basan en la muy posible comprobación de que Campos cometiera el delito de obstrucción a la justicia al entregar datos falsos a la Mesa de Diálogo El general Campos, hasta la denuncia realizada por La Nación, era la quinta antigüedad de la FACH y uno de los posibles sucesores del actual Comandante en Jefe de la institución. Instalado por Ríos a la cabeza del equipo que decidió qué información entregar, su responsabilidad en la obstrucción apunta también a quien personifica el actual mando de la FACH, por lo que siguiendo la línea del juez Carroza, que ya interrogó al ex Comandante en Jefe Fernando Rojas Vender, no sería extraño que el mismo Ríos pasara a acompañar a Campos, Ruiz Bunger y el "mono" Saavedra en la Base El Bosque.

Por su parte, las agrupaciones de familiares, la CUT, el Partido Comunista y diversos voceros de la Concertación, continúan ejerciendo presión para que, a la brevedad, Patricio Ríos abandone el edificio de Zenteno con Alameda, lugar donde están los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

 

Otros profesionales del crimen

Coronel Horacio Otaiza, Alias "pata de oso", muerto en extrañas circunstancias.

Luis Rolando Pacheco Valdés, coronel (r) de la FACH. Jefe de la Base Aérea de Colina al momento de funcionar en su interior el centro de torturas "Remo Cero". Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Rubén Samuel Romero Gormaz, general (r) de Carabineros, jefe de la DICAR en J.A.R. 6. Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago por el secuestro de Víctor Vega, y por Joaquín Billard del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, por la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.  La ministro María Teresa Díaz, del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, lo procesó por la desaparición de Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como autor de asociación ilícita criminal por Carlos Cerda en 1986, amnistiado por el juez Manuel Silva Ibáñez. Actualmente, el ministro Hazbún del 25º Juzgado del Crimen lo procesa como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Suegro del Jefe de Estado Mayor de la FACH, Mario Avila, uno de los posibles sucesores de Patricio Ríos en la Comandancia en Jefe. Avila comandó a los Hawker Hunter que bombardearon la casa presidencial de Tomás Moro el 11 de septiembre de 1973.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado por Cerda como autor de asociación ilícita criminal, mientras que el juez Hazbún lo considera cómplice del secuestro de Víctor Vega. El ministro Joaquín Billard, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, lo procesa como autor de secuestro calificado en el caso de Juan Luis Rivera Matus.

Germán Alfredo Esquivel Caballero, teniente coronel (r) de Carabineros, encargado de contrainteligencia en DICAR. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Roberto Fuentes Morrison, alias "Wally", C.I. 3.469.587-3. Durante la Unidad Popular se destacó en los grupos paramilitares de Patria y Libertad, donde conoce a varios de los que posteriormente llevaría al CC. Como Comandante de Escuadrilla de la FACH se incorpora a esta asociación ilícita criminal, pasando a ser uno de los jefes operativos reconocido como uno de los más crueles torturadores. Fue procesado por Carlos Cerda debido a su participación en decenas de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones de militantes del MIR y el PC. A mediados de 1989 fue acribillado a la salida de su casa. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal. Germán Enrique Pimentel Ceballos, comandante (r) de la FACH, coordinador de operaciones especiales. Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Luis Enrique Campos Poblete, comandante (r) de la FACH. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal Marco Alejandro Cortes Figueroa, inspector (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Yoyopulus". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal en el caso de Cerda. Pablo Arturo Navarrete Arriagada, coronel (r) de Carabineros con destinación en DICAR. Procesado como cómplice de asociación ilícita criminal por el ministro Cerda.

Manuel Antonio Salvatierra Rojas, subprefecto (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Negro" (C.I. 6.195.828-2). Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal. Humberto Villegas, sargento segundo (r) de Carabineros. Alias "Don Beto". Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto.

También aparecen como colaboradores el general de brigada (r) Jorge Dagoberto Alicera Carrasco, ex jefe de la base aérea de Colina, que en 1978 era coronel y cumplía funciones como director de comunicaciones y electrónica de la Fuerza Aérea.

Jacobo Atala Barcudi, Director de Inteligencia de la Fach, actualmente en retiro. En 1977 se desempeñó como juez de aviación interino. Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Alias "Comandante Matamala", fiscal de la FACH al que se acusa de torturar prisioneros en el Hospital de la Fuerza Aérea. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Nicanor Díaz Estrada, general de brigada aérea (r), se desempeñó en 1973 como coronel y director de la Academía de Guerra Aérea (AGA). Mario Ernesto Jahn Barrera, coronel (r), se desempeñó como jefe del departamento de contrainteligencia de la FACH y prestó servicios en la DINA, como subdirector de ese organismo recorrió el cono sur de América invitando a los jefes de seguridad de las dictaduras para constituir lo que se conoce como el Plan Cóndor. Hasta marzo del 2002 fue Director del Museo de Aeronáutica ubicado en el Aeropuerto Cerrillos.

Eduardo Enrique Fornet Fernández, ex director de inteligencia de la FACH. Germán Segundo Campos Vásquez, oficial (r) de Carabineros. Santiago Luis Callejón Vera, que además fue escolta del general (r) Gustavo Leigh Guzmán.

Sergio López Díaz, oficial de Ejército. Sometido a proceso por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus. Roberto Serón Cárdenas, alias Satín, coronel (r) de la FACH, jefe equipo de investigación del CC (según "Colmillo Blanco").

Sergio José Manuel Linarez Urzúa, general (r) de la FACH.

René Arturo Peralta Pasten, oficial (r) de la FACH, se desempeñó como director de inteligencia. Juan Manuel Duran Baeza, funcionario FACH.

Rubén Morales Cubillos, funcionario de la FACH.

Patricio Ernesto Pérez Villagrán, oficial (r) de la FACH, hizo clases de contrainteligencia es escuela de inteligencia de la institución.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

José Aladino Cerda Córdoba, funcionario de Gendarmería, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

También procesados por el ministro Carlos Cerda fueron Gustavo Leigh Guzmán y Julio Eladio Benimelli Ruz, fallecidos en diversas circunstancias. Encausados como cómplices aparecen los coroneles (r) de Carabineros Italo Astete Sermini, Gonzalo Jiménez Huerta, Raúl Enrique Montt Carvajal y Federico Luis Smith Ibarra. También los tenientes coroneles Graciano Bernales Pérez, Juan Bezzemberger Schwarz y Luis Humberto Villagra Rebeco. Como encubridores de los secuestros de Reinalda Pereira y Edrás Pinto fueron encausados el subcomisario de Investigaciones Federico Infante Lillo y el oficial Jorge Mondaca González, ambos en retiro. En el proceso abierto por Carlos Hazbún son sometidos a proceso Carlos Pascua Riquelme,

 Juan Arturo Chávez Sandoval y Alejandro Sáez Mardones ("El Pegaso", cumpliendo presidio perpetuo por caso degollados).

 Manuel Barra Von Kretschmann, C.I. 1.614.559-9, jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia. Capitán de fragata al momento del golpe, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1977 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita cy del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda. riminal

 Edgar Benjamín Cevallos Jones, C.I. 2.895.236, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe del "Wally" en el CC. Alias "Inspector Cabezas". Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Díaz en 1974.

 Juan Francisco Saavedra Loyola, alias "Jano" y "mono", C.I. 4.124.917-K, Coronel (r) de la FACH. Comandante de grupo de la Academia de Guerra Aérea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros leales al gobierno, entre ellos Alberto Bachelet. En 1976 es nombrado Director de la Base Aérea de Colina y se integra al CC reemplazando en el cargo de jefe operativo a Edgard Cevallos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia. Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel. Fue procesado por el ministro Carlos Cerda y hoy lo requiere el juez Hazbún en el caso de la desaparición de Víctor Vega. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.

 Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada, C.I. 4.638.149-1, Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo", C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia dla Fuerza Aérea (SIFA). Está siendo procesado en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chávez.

También aparece encausado en el proceso abierto por el juez con dedicación preferente Carlos Hazbún, titular del 25º Juzgado del Crimen, referido al secuestro y desaparición de Víctor Vega Riquelme ocurrido el 3 de enero de 1976. Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú.

Miguel Arturo Estay Reyno, C.I. 6.446.545-7, alias "El Fanta". Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975. Conocedor de las estructuras internas de las Juventudes Comunistas y el PC, fue pieza vital en la detención de sus principales dirigentes, de los que figuraban Carlos Contreras Maluje, José Weibel Fernando Ortiz y Waldo Pizarro. Participó en el secuestro de su ex compañero Manuel Guerrero, quien fue uno de los pocos que logró escapar de las garras del CC, pero en 1985 vuelve a secuestrarlo, esta vez con los agentes de la DICOMCAR, para finalmente degollarlo junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple su condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

 César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo del "Wally", quien lo lleva al CC. Según Andrés Valenzuela, "El Fifo" participa en los asesinatos de José Weibel Navarrete, Miguel Rodríguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodríguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores (Alias Juanca) y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. También se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo. Procesado por el ministro Cerda en 1986, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. Por su "capacidad" es enviado a continuar su labor en la Academia de Guerra Aérea bajo el mando de Edgard Cevallos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes comunistas.

Hasta mediados de los '90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Alejandro Jorge Forero Alvarez, C.I. 5228186-5, cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del CC, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura y hoy vuelve a ser requerido por el juez Hazbún en el caso de Víctor Vega. Fue el primer funado en Chile, el 1º de octubre de 1999, en su consulta en la Clínica INDISA. Es socio, entre otros organismos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde figura con la dirección de la INDISA, y de la Sociedad Chilena de Cardiología en la que aparece con su consulta particular: Av. Apoquindo 6275, oficina 116, y el correo electrónico forero@entelchile.net. Su última dirección conocida es Camino La Brisa 14.199-2, Lo Barnechea, teléfono 2161253.

 Otto Silvio Trujillo Miranda, C.I. 5.684.434-1, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC y le salvaría la vida euna disputa entre este organismo y la DINA cuanjunto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaroinformación a los hombres de Contreras. Desde antes del golpe de Estado pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrinson para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC .

Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Sus "contactos" le permitieron hacerse cargo de una empresa de seguridad en el sur de Chile, tras lo cual se vio envuelto en numerosos procesos por giro doloso de cheques. Está en la nómina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparición de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.

Hoy vuelve a ser procesado, esta vez por el caso de Víctor Vega. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

 Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, C.I. 7.298.556-7, cabo segundo (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Alias "La Pochi". Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director Gende Aeronaútica Civil hasta la denuncia realizada por la Nación. Procesada por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Campos año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera. Fernando Patricio Zuñiga Canal

Montecinos mantuvo, hasta marzo de este año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera.

F ernando Patricio Zuñiga Canales, 5.974.807-6, Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de  la Base Aérea de El Bosque participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Víctor Cárdenas, Carlos Durán, Luis Maturana, Humberto Castro y Davíd Urrutia. También está presente en la ejecución de Bratti y Flores. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90. Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolivar 1298, San Bernardo.

 Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, 5.890.505-5, teniente de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Ejuez Hazbún lo sometió a proceso por la desaparición de Víctor Vega.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter", C.I. 7.024.319-9. Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, C.I. 4.842.855-K ,mayor (r) de Carabineros. Alias "El Lolo". Destacó por su crueldad en el CC, retornando con el grado de capitán a Carabineros. En la DICOMCAR comparte labores con su "colega" del CC Miguel Estay Reino. En este organismo aparece involucrado en el asesinato por degollamiento de Juan Antonio Aguirre Ballesteros en 1984. Fue procesado por el ministro Cerda, posteriormente fue condenado a 5 años y un día por su participación en el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Hoy aparece procesado por el secuestro y desaparición de Alonso Gahona, en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, y en el caso que lleva el juez Hazbún por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Alejandro Fígari Verdugo, C.I. 6.693.227-3, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de Fifo Palma (según "Colmillo Blanco").

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex", C.I. 6.243.426-7. Agente operativo del Comando Conjunto.

 Julio Federico "Alvaro" Corbalán Castilla, mayor de Ejército, enlace entre esta institución y el CC. En 1980 asumió la jefatura de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Condenado a prisión perpetua por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, realizado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez. Implicado en la masacre de Operación Albania, la desaparición de cinco militantes rodriguistas en septiembre de 1987, las muertes de cuatro militantes de izquierda en venganza por el atentado contra Pinochet y cientos de secuestros ilegales y torturas en contra de chilenos. El titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, lo sometió a proceso como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus.

Raúl Horacio González Fernández, C.I. 6.519.815-0, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6, coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, C.I. 5.390.709-1, agente civil del CC. Alias "Yerko". Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Hoy figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, C.I. 7.641.894-2, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Juan Luis Fernando López López, C.I. 5.790.799-1, de chapa "Pantera", comandante de grupo de la FACH, jefe equipo de logística y detención del CC (según "Colmillo Blanco").

 Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2, oficial de la Armada perteneciente al grupo Ancla 2 del Servicio de Inteligencia Naval. En 1974 formó parte del DINE y luego del CC. Sirvió en la DINA, donde conoció a la "flaca" Alejandra de la que fue amante. En 1977 pasó a la CNI.

Por Julio Oliva Garcia