Larenas Carmona Mario Emilio

La querella en trámite por el asesinato del matrimonio Lejderman-Avalos menciona como uno de los implicados al general de Brigada Mario Larenas Carmona, Comandante en Jefe de la I División de Ejército. Este proceso judicial, abierto el año 2000, enloda los esfuerzos gubernamentales por terminar con oficiales en servicio activo cuestionados por violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 2000 fue acogida por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia una querella por el asesinato del matrimonio extranjero compuesto por Bernardo Mario Lejderman Konujowska, de nacionalidad argentina y María del Rosario Avalos Castañeda, mexicana. Los cónyuges fueron ultimados –según reza el escrito judicial- por una comitiva en la que se identifica al teniente coronel (r) Ariosto Lapostol y al entonces subteniente de Ejército Mario Larenas Carmona, actual general de Brigada Comandante en Jefe de la 1ra División de Ejército, entre otros.

Este nuevo episodio de derechos humanos entorpece la estrenada "doctrina Bachelet", que busca eliminar de las ramas castreses a personas ligadas a violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Impulsada por la titular de Defensa, la política se puso en práctica luego que se conociera el caso del general (r) Patricio Campos vinculado con una ex agente del Comando Conjunto.

Ascendido el 2001 del cargo de brigadier general a general para conformar el alto mando dl 2002, el alto oficial, según fuentes vinculadas al proceso, no ha comparecido ante los tribunales, cuyo expediente se encuentra en manos del ministro José Calvo quien asumió el caso luego de la reorganización de causas que tramitaba el juez Guzmán.

El libelo acusatorio que actualmente se analiza en tribunales está dirigido contra “Augusto Pinochet Ugarte; el ex comandante del Regimiento Arica de la Serena, coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego; el capitán de Ejército Carlos Verdugo Gómez; el teniente de Ejército Jorge Cruz Adaro, el teniente de Ejército Rubén Fiedler Alvarado, el subteniente de Ejército Mario Larenas Carmona, y el capitán de Ejército de Inteligencia Fernando Polanco Gallardo, todos oficiales del citado regimiento al mes de diciembre de 1973, cuyas participaciones en calidad de autores, cómplices o encubridores, en los delitos de homicidios calificados, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal”.

Si bien sobre Larenas no pesan procesamientos, sí se encuentra en calidad de querellado y deberá tarde o temprano enfrentar los tribunales para definir si efectivamente estuvo en diciembre de 1973 en esta patrulla militar. En la espera, los organismos de derechos humanos no dudan en incorporar su nombre como un ex agente de la DINA, información que sólo podrá ser develada por la investigación judicial a cargo del ministro Calvo.

La familia Lejderman- Avalos, arribó al país en 1971, y a los pocos meses nació su único hijo, Ernesto. Fijaron residencia en Vicuña, donde el padre colaboraba con el gobernador de la zona. “Viviendo en esa zona los encontró el golpe militar. Dada su condición de extranjeros, y por ser muy conocidos en el sector, temieron por su seguridad, por lo que buscaron una forma de irse hacia Argentina por algún paso cordillerano de la zona. Es así como llegaron al sector de Gualliguayca tratando de lograr su objetivo en una fecha no es posible de precisar, pero que en todo caso correspondería a fines de septiembre o principios de octubre de ese año”, “el 8 de diciembre de 1973 una patrulla militar con efectivos del Regimiento Arica de La Serena, al mando del oficial Fernando Polanco Gallardo, guiados por Luis Horacio Ramírez, quien había sido detenido el día anterior, irrumpió en la quebrada de Angostura, Posesión Los Perales, sector de Gualliguayca, en donde había unas cuevas en la que se habían refugiado la familia Lejderman-Avalos”.

“En esa época el regimiento estaba al mando del teniente coronel Ariosto Lapostol. A Luis Horacio Ramírez se le interrogó sobre unas personas que estaban ocultas en quebrada de Angostura y para las cuales el testigo había conseguido ropas. Una vez obtenidos los antecedentes, se formó un piquete integrado por unos diez militares bajo el mando del oficial Fernando Polanco Gallardo, y probablemente los otros oficiales nombrados, más un sargento de baja estatura, moreno y regordete. Cuando se acercaron al lugar, los militares dejaron al testigo a cierta distancia del lugar en el que nos encontrábamos. Al poco rato, Luis Horacio Ramírez sintió disparos y luego llegó hasta donde estaba el sargento, quien le ordenó que tomara una pala y una picota para hacer una excavación. El militar lo condujo a unos 150 metros de las cavernas, y el testigo pudo apreciar el cuerpo de una mujer, a quien reconoció como María del Rosario Avalos Castañeda, a quien había brindado ayuda anteriormente cuando estaba oculta allí con su cónyuge e hijo. Su cuerpo presentaba abundante sangre en la zona del tórax. El testigo no vio a Ernesto Lejderman (padre)”.

El relato señala también que “los militares le ordenaron –a Luis Horacio Ramírez- cavar una fosa para enterrar el cuerpo de mi madre, lo que realizó inhumando su cuerpo a unos 40 a 60 cms. de profundidad. Respecto a Lejderman padre, el testigo recuerda que los militares le dijeron que el hombre se había suicidado y que sus restos estaban desintegrados a una distancia del lugar de un kilómetro por el interior de la quebrada. También le dijeron que después de haber hecho un Consejo de Guerra en el mismo lugar habían determinado dejarlo libre y que siguiera trabajando sin comentar lo ocurrido a nadie”.

Sin embargo, al día siguiente (9 de diciembre) Ramírez “con la ayuda de Modesto Pastén, encontraron el cadáver de mi padre, el que sepultaron en el lugar por razones humanitarias. El cuerpo de mi padre estaba completo y no desintegrado como habían dicho los militares, pero si bañado en sangre”.

Al año siguiente, el 4 de marzo de 1974, el testigo Luis Horacio Ramírez fue abordado por una patrulla militar al mando del mismo oficial Fernando Polanco Gallardo, quien le comentó del cuerpo de la mujer. En la tarea habría participado –según la querella- “el médico militar Guido Díaz Paci, del Regimiento Arica, y un señor que dijo ser Cónsul de México”.

En efecto el cuerpo de la mujer fue exhumado y trasladado hasta el Cementerio General, ubicándose actualmente en el módulo Edmundo Marambio U-2, nicho 76. La versión oficial del caso es que el matrimonio se suicidó con dinamita.

La tesis militar fue refutada años después cuando la autopsia señaló que el deceso se debió a una serie de heridas de bala.

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, informó que no hay antecedentes para adoptar medidas administrativas en contra del general Mario Larenas Carmona, comandante en jefe de la Primera División de Ejército, quien ha sido involucrado en acciones violatorias a los derechos humanos en el asesinato de una pareja en 1973.

La secretaria de Estado aclaró –en entrevista con radio Cooperativa– que el uniformado jamás ha sido llamado ni citado a declarar y tampoco está como inculpado ni imputado, observando que no hay ningún antecedente concreto que amerite una decisión de cualquier naturaleza administrativa en su contra.

Bachelet dijo que tanto el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y el general Larenas han señalado que ellos colaborarán en todo lo posible porque la verdad salga a la luz.

El diputado por el distrito 2, Hugo Gutiérrez presentó este viernes todos los antecedentes que vincularían al recientemente nombrado Jefe de Gabinete del Subsecretario de Defensa, Mario Larenas Carmona con el caso Caravana de la Muerte y el fusilamiento de 13 personas en la ciudad de La Serena.
Así lo expresó en una conferencia de prensa el parlamentario, quien expresó que “de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el abogado Boris Paredes que es quien lleva actualmente el caso Caravana de la Muerte, en declaraciones judiciales y otros antecedentes extrajudiciales se indica que él habría formado parte del pelotón de fusilamiento de las 13 personas que fueron muertas en la ciudad de La Serena con motivo del arribo a esta ciudad en 1973 de la llamada caravana de la Muerte del general Arellano Stark”.
Gutiérrez, quien también presentó hace algunos días los antecedentes que vinculaban a Iván Andrusco, Director Nacional de Gendarmería con la DICOMCAR, fue enfático en señalar que existen todos los elementos para asegurar su participación en este caso de violación a los derechos humanos.
“Este teniente (Larenas) se encontraba acantonado en esa ciudad cuando arribó este fatídico instrumento de la muerte, diseñado por Pinochet y que llevó a la práctica Arellano Stark. Este señor, según testimonios claros, se indica que participó del fusilamiento de 13 personas y creemos que es altamente inconveniente -como ya lo señalamos también con el actual Director Nacional de Gendarmería- , que personas que participaron de violación de derechos humanos y en el caso de Andrusco, formando parte de un organismo represivo de la dictadura militar hoy en día estén formando parte del actual gobierno”, argumentó.
El también abogado Boris Paredes, entregó los antecedentes de la investigación que está llevando a cabo y que reveló la relación de Larenas con la muerte de estas 13 personas.
“La verdad es que a través de la investigación, especialmente del ministro Víctor Montiglio se ha podido determinar que cuando Arellano cometió sus crímenes, no actuó sólo con su comitiva, sino que se valió sobretodo de la oficialidad local y dentro de ésta, está el subteniente Larenas y hay declaraciones donde obviamente no daremos el nombre de la persona -pero estamos en condiciones de aseverar lo que decimos-, que lo señalan como uno de los participantes en esta masacre y este hecho se debe investigar. En este momento se está pidiendo que sean citados, se pedirán los careos y posteriormente, si procede, pediremos el auto de procesamiento. Una persona que está sindicada, no por nosotros, sino que por integrantes de esa época que también participaron como responsables, es bastante peligroso darle este tipo de cargos”, aseguró el abogado.
Consultado sobre por qué no se supo antes de esta vinculación en la opinión pública, Paredes señaló que “ en las declaraciones justamente está negando estos hechos, pero hay que tener claro que los expedientes se trabajan con cuadernos reservados y que a muchos de ellos, no tienen acceso los abogados sino hasta un tiempo posterior y por esto, hay muchas situaciones que no se saben porque hay cientos y cientos de tomos y pueden estar bajo otras causas y no necesariamente en el de la Caravana de la muerte y es por eso que aparecen declaraciones que vinculan a una persona un hecho determinado. Son tantos los crímenes, es tanto lo que mienten, que hay que seguir averiguando”.
En tanto, el Diputado Hugo Gutiérrez, al ser consultado sobre las posibles críticas que pueda recibir por esta denuncia, al igual como sucedió con el caso Andrusco, sostuvo que no le teme a éstas.
“Yo creo que las críticas que en su momento hizo el Ministro de Justicia son totalmente desafortunadas y eso está totalmente acreditado por las propias declaraciones del propio Director Nacional de Gendarmería, quien formó parte de la DICOMCAR y yo lo que he dicho es que éste era un organismo que está comprobado que violó derechos humanos y el caso emblemático es el degollamiento de Nattino, Parada y Guerrero. Nosotros estamos diciendo que una persona con esta calidad, la de haber integrado un organismo de seguridad y de represión de la dictadura, obviamente no puede o no tiene la idoneidad moral para ser parte de una alta repartición como lo es Gendarmería de Chile”.
Gutiérrez sostiene sus críticas por la nominación de Andrusco y entregó nuevos elementos de cómo, a su juicio, el gobierno de Sebastián Piñera avala esta nominación a pesar de todos los antecedentes en su contra.
“Quiero decir que me preocupa que el gobierno del Piñera en vez de tomar medidas en contra de este señor, lo esté amparado y eso que hace algunos días supimos que había resistencia al interior de gendarmería para el posicionamiento de él en esta institución, así como supimos que Andrusco tomó la decisión de ascender a 600 funcionarios, sin duda, esto es un gasto importante para el Ministerio de Justicia y no obstante esto, hubo ascensos que deben haber mermado la resistencia interna y esto para mi es una prueba palpable del apoyo que se le está dando, porque de otro modo no se entiende que se le haya permitido hacer estos desembolsos tan grandes en tiempos de reconstrucción post terremoto”, afirmó.

Al comandante en jefe de la Primera División del Ejército de Antofagasta, se le involucra en el asesinato de un matrimonio argentino-mexicano. "Esto ocurrió en 1973 y yo supe de este hecho hace un par de años. No recuerdo haber conocido a estas personas", afirmó hoy el uniformado.

SANTIAGO.- El comandante en jefe de la Primera División del Ejército de Antofagasta, general Mario Larenas Carmona, rechazó hoy las denuncias que le involucran en el asesinato de un matrimonio argentino-mexicano, en diciembre de 1973.

La acusación fue hecha por Ernesto Lejderman, hijo del ciudadano argentino Bernardo Mario Lejderman y la mexicana María del Rosario Avalos, arrestados en diciembre de 1973 cuando intentaban huir hacia Argentina, por un paso cordillerano del norte chileno.

El matrimonio, que residía en Chile desde 1971 y era simpatizante del derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-1973), decidió abandonar el país luego de la llegada de Augusto Pinochet al poder.

Según el hijo de la pareja, el general Mario Larenas Carmona participó en una comitiva de 10 efectivos del regimiento Arica de la ciudad de La Serena, que detuvo y dio muerte a sus padres mientras intentaban huir hacia Argentina por el Valle del Elqui.

El joven, que vive en Argentina, viajó esta semana a Chile para pedir al Presidente Ricardo Lagos que disponga el cese del general Larenas Carmona.

Según el Informe Rettig que documentó las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, el matrimonio Lejderman-Avalos fue ejecutado el día 8 de diciembre por una patrulla militar de la dotación del regimiento Arica de la Serena, en el sector de Guallihuayca.

"Su hijo fue trasladado por la misma patrulla a un convento de la ciudad de La Serena", subraya el informe oficial.

Por este doble crimen, Ernesto Lejderman Avalos, presentó en 2002 una querella criminal ante los tribunales chilenos en contra del general Larenas Carmona y el resto de los presuntos responsables de la muerte de sus padres.

Carmona Larenas, en declaraciones hoy a Radio Cooperativa, dijo no tener ninguna responsabilidad en estos hechos y agregó que se enteró de este episodio hace dos años.

"Esto ocurrió en 1973 y yo supe de este hecho hace un par de años. No recuerdo haber conocido a estas personas", afirmó Larenas, quien agregó que en esa época él era subteniente.

Larenas también aseguró que nunca ha sido llamado a declarar en el caso, ni como testigo ni como encubridor y que asistiría al tribunal si fuese requerido.

Ernesto Lejderman Avalos entregó el miércoles una carta en el Palacio de La Moneda en la que lamenta que el militar haya sido ascendido el año pasado a pesar de existir una querella en su contra.

Al respecto, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, dijo hoy que son los tribunales de Justicia los que deben determinar la responsabilidad o no de Larenas en los hechos que se le imputan.

La ministra también dijo que no hay antecedentes para adoptar medidas administrativas en contra del general Larenas y aclaró que el militar jamás ha sido citado a declarar y tampoco está como inculpado o imputado en la investigación que se sigue por este caso.

Bachelet reveló que este jueves recibió a Ernesto Lejderman, quien le relató los pormenores de lo ocurrido con sus padres y reiteró sus acusaciones contra el comandante en jefe de la división de Antofagasta, a 1.360 kilómetros al norte de Santiago.

Este jueves, el general Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército, dijo que Larenas nunca ha sido citado por los tribunales pero afirmó que en cuanto se le llame "la instrucción del Ejército y la voluntad de la institución es concurrir en forma inmediata a los tribunales de justicia".

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena decretó este lunes la libertad de Juan Emilio Cheyre, quien fue procesado como autor de torturas a 24 opositores de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El ministro Vicente Hormazábal concedió la libertad del ex comandante en jefe del Ejército a cambio de un millón de pesos, al igual como lo hizo con los ex uniformados Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, todos procesados por violaciones a los derechos humanos.

Ahora el proceso se llevará a cabo con los procesados libres, situación que dejó descontentos a activistas de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura, que protestaron al interior de la Corte de La Serena.

Violaciones, torturas, extracción de dientes y simulacros de fusilamiento son parte de las acciones que habrían sido cometidas en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El oficial al mando de la unidad militar era el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego, y su ayudante, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre.

El ex uniformado fue notificado el pasado 7 de febrero del proceso en su contra por la participación en lo hechos ocurridos en La Serena y luego ingresó a cumplir la prisión preventiva en el Batallón de Telecomunicaciones de Peñalolén. Su privación de libertad duró, apenas, tres días.

Uno de los abogados querellantes en la investigación contra Juan Emilio Cheyre, Roberto Avila, conversó con nuestro medio y señaló que la libertad concedida no es algo extraordinario ni tiene mayor repercusión en las indagaciones, pues es el mero reconocimiento de un derecho constitucional. “La resolución de la Corte que confirmó la libertad condicional de Cheyre es totalmente razonable pues toda persona tiene derecho a estar en libertad mientras se le investiga en un proceso penal. Así lo establece el pacto de San José de Costa Rica refrendado por nuestra Constitución”.

Sin embargo, respecto del futuro del ex comandante en jefe del Ejército el abogado expresó que cree que será condenado y deberá cumplir su pena en la cárcel. “El futuro de Cheyre es mucho más severo, pues si, como todo lo indica, resultara condenado en esta ocasión deberá cumplir prisión efectiva por la eventual sentencia condenatoria”.

Cheyre, quien fuera Comandante en Jefe entre 2002 y 2006, se hizo conocido como el general del nunca más, pues fue él quien reconoció al Ejército como violador de Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.

Jaime Manuel Ojeda Torrent, junto a otros tres ex militares -incluyendo a Cheyre- fueron detenidos por orden del ministro Vicente Hormazábal.

Esta mañana, cuatro militares (r) fueron notificados de su procesamiento por el delito de torturas aplicadas a 24 personas entre septiembre y diciembre de 1973 en el Regimiento Arica de La Serena. Entre ellos se encontraba el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

La investigación surgió luego de que Nelson Rodríguez Santander y Nicolás Barrantes Alcayaga presentaran una querella contra el ex uniformado por torturas cometidas en 1973 en la ciudad de La Serena.

En este caso también se procesó por los mismos cargos a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Mario Emilio Larenas Carmona y Jaime Manuel Ojeda Torrent, todos en calidad de autores de la aplicación de tormentos.

De hecho, fue este último el que a la salida de la Policía de Investigaciones (PDI) aprovechó la oportunidad de gritar a la prensa: “Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí y van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado. Los terroristas de izquierda han logrado la victoria, han logrado el triunfo y Chile queda callado”.
El ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, decretó contra los oficiales (r) la orden detención, por lo que fueron trasladados hasta el Batallón de Policía Militar, en la comuna de Peñalólén.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en 1973

En fallo dividido (causa rol 614-2019), la Segunda Sala del tribuna alzada –integrada por los ministros Juan Pedro Shertzer, Caroline la abogada (i) María José Montesino– confirmó la resolución apeada,l dictada en febrero de 2019 por el ministro en visita extraordinaria causas por violaciones a los derechos humanos, Vicente Hormazá sometió a proceso a Lapostol Orrego y Larenas Carmona.

En cuanto a la apelación deducida por la defensa de Lapostol Orre fallo establece que “es dable concluir que se encuentra justificada la existencia del delito en carácter de reiterado (…). Asimismo, de lo elementos de convicción desarrollados en sus motivos tercero y c resultan bastantes para estimar que de ellos emergen presuncion fundadas para considerar, por ahora, que el inculpado ha tenido l participación culpable y penada por la ley que se le asigna”.

Respecto de la apelación deducida por la defensa de Larenas Carm sostiene que: “a virtud de las consideraciones efectuadas por el m instructor (…) resulta justificado, por ahora, mantener el auto de procesamiento que pesa sobre en encausado”.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigacion, el ministro en visita dio por establecido, que al interior del Regimie se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas a los detenidos.

La Sección II, durante la ausencia del capitán Polanco, entre el 10 septiembre y el 25 de noviembre de 1973, estuvo al mando del co del Regimiento Ariosto Lapostol. Periodo en el cual el ministro en visita sindica a Lapostol Orrego como responsables de las torturas aplic detenidos, y a Larenas Carmona, a uno.

En la resolución, además, la Corte de Apelaciones consignó que la de Lapostol Orrego manifestó “(…) en la apelación que el encausa actualmente de demencia senil, la defensa aportará mayores antecedentes sobre tal situación, sin perjuicio de las medidas y diligencias que ello decrete el juez de la causa”.

Cheyre -procesado como presunto autor de torturas de 24 personas durante 1973- dejará el regimiento de la Policía Militar N°1 de Santiago tras el pago de un millón de pesos. Otros dos imputados accederán al mismo beneficio.

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de La Serena decidió decretar la libertad provisional al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien fue notificado el pasado jueves de su procesamiento como presunto autor de torturas a 24 personas durante 1973 en el Regimiento Arica en La Serena.

Cheyre, quien se encuentra en el Regimiento de la Policía Militar N°1 de Santiago, sería liberado en cosa de minutos tras el pago de una fianza correspondiente a un millón de pesos.

En la causa se procesó por los mismos cargos a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, todos en calidad de autores de la aplicación de tormentos.

De ellos, el tribunal de alzada concedió la libertad provisional a Ojeda y Larenas.

El jueves, el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, explicó que Cheyre —en esa época— se desempeñaba como ayudante de Lapostol "y que además habría ejercido una especie de coordinación o supervisión de los organismos de seguridad" de la sección que "se dedicaban a efectuar este tipo de interrogaciones, averiguaciones y torturas".

El abogado de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill, rechazó categóricamente las acusaciones señalando asegurando que su defendido "nunca participó en los hechos que son materia de dicha resolución".

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento de los oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en 1973.

En fallo dividido (causa rol 614-2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Pedro Shertzer, Caroline Turner y la abogada (i) María José Montesino– confirmó la resolución apelada, dictada en febrero de 2019 por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Vicente Hormazábal, que sometió a proceso a Lapostol Orrego y Larenas Carmona.

En cuanto a la apelación deducida por la defensa de Lapostol Orrego, el fallo establece que “es dable concluir que se encuentra justificada la existencia del delito en carácter de reiterado (…). Asimismo, de los diversos elementos de convicción desarrollados en sus motivos tercero y cuarto resultan bastantes para estimar que de ellos emergen presunciones fundadas para considerar, por ahora, que el inculpado ha tenido la participación culpable y penada por la ley que se le asigna”.

Respecto de la apelación deducida por la defensa de Larenas Carmona, sostiene que: “a virtud de las consideraciones efectuadas por el ministro instructor (…) resulta justificado, por ahora, mantener el auto de procesamiento que pesa sobre en encausado”.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido, que al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas a los detenidos.

La Sección II, durante la ausencia del capitán Polanco, entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973, estuvo al mando del comandante del Regimiento Ariosto Lapostol. Periodo en el cual el ministro en visita sindica a Lapostol Orrego como responsables de las torturas aplicadas a 24 detenidos, y a Larenas Carmona, a uno.

En la resolución, además, la Corte de Apelaciones consignó que la defensa de Lapostol Orrego manifestó “(…) en la apelación que el encausado sufriría actualmente de demencia senil, la defensa aportará mayores antecedentes sobre tal situación, sin perjuicio de las medidas y diligencias que en torno a ello decrete el juez de la causa”.

El hombre del “nunca más” en derechos humanos, sigue condenado por sus acciones en el regimiento Arica de La Serena en los días posgolpe de Pinochet. El ministro en visita Vicente Hormazábal lo procesó hoy, junto a otros 3 militares en retiro, como autor de torturas contra 24 detenidos de la dictadura (dos de ellos mujeres), en una resolución que menciona vejámenes como “aplicación de electricidad, violaciones, abusos sexuales, ingesta de desperdicios o excrementos”. Según un abogado querellante, de llegar a ser condenado por este caso, “Cheyre no tendrá derecho a ninguna alternativa y tendrá que cumplir la pena en Punta Peuco”. El ex jefe del Ejército quedó detenido en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago.

El ex comandante en Jefe del Ejército, general en retiro Juan Emilio Cheyre, actualmente condenado por encubrir 15 homicidios de la Caravana de la Muerte, ahora sumó una nueva arista que puede complicar aún más su situación judicial: se trata del procesamiento por torturas contra 24 detenidos de la dictadura militar (dos de ellos mujeres), en los que se le acusa en calidad de autor.

La resolución fue dictada esta jornada por el ministro en visita extraordinario para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa.

Junto a Cheyre, también fueron procesados los oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, todos en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 1973.

Cheyre y los otros ex militares procesados debieron concurrir a la PDI para la filiación y luego notificarse del procedimiento en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago. El magistrado ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI la aprehensión de los procesados y su ingreso en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, donde deberán cumplir prisión preventiva.

Solo Lapostol Orrego podrá permanecer con arresto domiciliario total, debido a su “avanzada edad".

“Autor directo de los interrogatorios y torturas”

En sus declaraciones que constan en el expediente, Cheyre insistió en que solo fue un simple ayudante de Lapostol en el regimiento Arica y que sus funciones posgolpe estuvieron abocadas a la “reorganización de los servicios públicos, planificación de la producción, proyectos de nuevas industrias”, entre otros.

Sin embargo, el magistrado descartó tal versión y estableció que al interior del Regimiento Militar se dispuso tras el golpe que la Sección II participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos. Y en esa unidad, Cheyre cumplió un rol fundamental.

“Esta sección funcionó (…) al mando del comandante del Regimiento (Lapostol), en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien, a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de esta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas", señala la resolución.

El expediente detalla además que “a la mayoría de los detenidos se les sometió a sesiones colectivas e individuales de torturas, las que en general consistían en golpes en el cuerpo mediante culatazos, electricidad, sumergir la cabeza en el agua en tambores y en una piscina, simulacros de fusilamiento, colgamiento desde sus extremidades con la finalidad de obtener el estiramiento del cuerpo por lapsos prolongados, violaciones, abusos sexuales, ingesta de desperdicios o excrementos”, entre otros.

Según el abogado querellante Cristián Cruz, el expediente señala que en los hechos Cheyre “era el segundo de a bordo del regimiento, era el jefe de Inteligencia, y por más que él lo niegue, él sabe lo que hizo. Él actuó con responsabilidad, nunca se vio obligado”.

Complicado futuro judicial

Cheyre fue una figura clave del Ejército post-Pinochet y marcó la transición con el inédito “nunca más” planteado en 2004 en Derechos Humanos. Sin embargo, el rol que cumplió en el regimiento de La Serena lo persigue hasta hoy y, de hecho, en noviembre pasado fue condenado por el ministro en visita Mario Carroza por encubrimiento de los crímenes de la Caravana de la Muerte a 3 años y 1 día, pero con el beneficio de la libertad vigilada.

Sin embargo, ahora el ex comandante en Jefe del Ejército corre el riesgo de quedar tras las rejas, según comentaron los querellantes.

“La justicia se ha demorado en Chile, pero se está concretando. El futuro de estos procesados es bastante severo. Juan Emilio Cheyre no tendrá derecho si es condenado a ninguna alternativa. Para decirlo en buen chileno, no va a tener derecho a firmar, va a tener que cumplir en una cárcel, en este caso Punta Peuco, o Colina 1, para el cumplimiento efectivo de la pena”, comentó el abogado Roberto Ávila Toledo en CNN Chile.

El profesional se declaró satisfecho con la resolución y comentó que eventuales apelaciones se verán mañana en la Corte de Apelaciones de La Serena. “Ahí estaremos para pedirle a la Corte que confirme el procesamiento”, indicó.

De acuerdo al fallo del ministro en visita Mario Carroza, la sentencia para el general retirado es de 3 años y 1 día de libertad vigilada. La resolución apunta a Cheyre como encubridor en los crímenes de funcionarios y simpatizantes del gobierno de Salvador Allende en el paso de la fatídica comitiva militar por La Serena. Cheyre fue una figura clave del Ejército post Pinochet y marcó la transición con el inédito “nunca más” planteado en 2004 en derechos humanos, una materia que justamente ahora lo tiene condenado por la justicia. [ACTUALIZADA]

El ex comandante en Jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, fue condenado por encubrimiento en el caso Caravana de la Muerte, una de las aristas más cruentas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo al fallo del ministro en visita Mario Carroza, la sentencia para el general retirado es de 3 años y 1 día. Si bien cumplirá su condena en libertad vigilada, el fallo marca un hito pues se trata del primer ex jefe del Ejército condenado en materia de DDHH.

Para el ministro Carroza, el hecho de haber dictado una resolución contra el “ex comandante en jefe, dice relación más bien de que hablamos de una justicia igualitaria, que no hace diferencias, distinciones y que no tiene privilegios”.

El ayudante encubridor

La resolución establece que Cheyre encubrió 15 homicidios ocurridos el 16 de octubre de 1973, en el paso por La Serena de la Caravana de la Muerte, la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark que en un recorrido por diversas ciudades de Chile ejecutó a cerca de un centenar de prisioneros políticos.

Cheyre era teniente al momento de los hechos, ayudante del comandante del regimiento Arica de La Serena Ariosto Lapostol. Durante el proceso el argumento de su defensa fue minimizar su responsabilidad en los hechos, señalando que se trataba del oficial de más bajo rango.

Sin embargo, Carroza estimó que Cheyre sí cumplió un rol, en un caso donde fueron condenados otros 10 militares en retiro.

La lista de condenados parte con el comandante Lapostol, sentenciado a 15 años y un día como autor; en tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos.

Como encubridores, y con el beneficio de la libertad vigilada al igual que Cheyre, fueron condenados los exmilitares Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Óscar Raby Arancibia, Mario Hernando Vargas Miguieles y Luis Segundo Araos Flores.

Por otro lado, el ministro Carroza decretó la absolución de Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Héctor Leiva González, Mario Emilio Larenas Carmona y Luis Humberto Fernández Monjes, por no acreditarse su participación en los hechos.

Fallo emblemático

El fallo es emblemático, tomando en cuenta la figura del general Cheyre en la transición, donde cumplió un rol a la cabeza de una institución del Ejército post Pinochet. Incluso, en 2004 marcó un hito al plantear un “nunca más” y señalar que “las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”.

Una vez fuera de la institución, Cheyre logró ser integrante y presidente del Servicio Electoral (Servel) y director del Instituto de Estudios Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Para Ernesto Lejderman, la resolución judicial se suma a la “condena social” que ha experimentado el retirado general estos últimos años. “Tiene una condena judicial y además tiene una sanción moral y hecha por toda la sociedad. Él ocupaba cargos importantes en el Servel, en la Universidad Católica, en la sociedad de Chile tenía un papel muy fuerte y bueno, desde hace varios años él se ha ido recluido por esta condena social y moral que ha tenido de la sociedad y desde las instituciones”, dijo a 24 Horas el ciudadano argentino, hijo de un matrimonio que perdió la vida al enfrentarse con un contingente militar. Con dos años y medio, Lejderman fue entregado por Cheyre en un convento.

Las víctimas que encubrió Cheyre

El fallo del ministro Carroza dice relación con los homicidios calificados de 15 víctimas ejecutadas por la Caravana de la Muerte en La Serena, entre ellos el destacado músico, director de orquesta y compositor Jorge Washington Peña Hen, considerado el padre de las orquestas juveniles en Chile.

Otras víctimas del paso de la Caravana por La Serena fueron Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett y Víctor Fernando Escobar Astudillo.

Sus restos fueron encontrados en 1998 en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que el Servicio Médico Legal efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas, “verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos”, establece el fallo.

En el aspecto civil, la sentencia ordena al Estado de Chile a pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de $80.000.000, $70.000.000 y $40.000.000.

El ex comandante en jefe del Ejército tras el pago de un millón de pesos podrá salir en libertad en la tarde de este lunes.

La Serena. 11/02/019. Solo tres días alcanzó a estar privado de libertad el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien fue procesado como autor de torturas a 24 opositores de la dictadura de Augusto Pinochet.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena falló a favor de la libertad de Cheyre tras el pago de un millón de pesos y de Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, también ex militares procesados por violaciones a los derechos humanos.

Así el ex jefe militar podrá dejar el Batallón de Policía Militar de Peñalolén donde estaba recluido durante la tarde de este lunes. Su defensa afirmó que apelarán al fallo, del ministro Mario Carroza, que lo condenó como encubridor del asesinato de 15 personas en el marco del caso «Caravana de la Muerte».

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, dictó auto de procesamiento en contra de los oficiales en retiro del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en 1973.

En la resolución (causa rol 21-2016 Tomo A), el ministro Hormazábal ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI la aprehensión de los procesados y su ingreso en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, con la excepción de Lapostol Orrego, quien "atendida su avanzada edad" deberá permanecer con arresto domiciliario total.

En la resolución, el ministro en visita sindica a los exaltos oficiales del Ejército Lapostol Orrego y Cheyre Espinosa como responsables de las torturas aplicadas a los detenidos: Nicolás Gabriel Barrantes Alcayaga, Edmundo del Carmen Castillo Salinas, Nelson Geraldo Rodríguez Santander, Luis Alberto Valenzuela Álvarez, Nelson Juan Montecinos Silva, Juan Eliseo González Herrera, Amador Hernán Muñoz Silva, Salvador del Carmen Arcos Vergara, Nicolás Emilio Fuentes Rivera, Benjamín Bladimiro Ángel Castillo, Óscar Lindor Olivares Vásquez, Hugo Manuel Toledo Pérez, Óscar Rubén Carvajal Gallardo, Nibaldo Ivar Pastén Vega, María Valentina Gálvez Villarroel, Luis Leopoldo Ravanal Martínez, Wilfredo Montecinos Silva, Jorge Eduardo Cortés León, Amilcar Francisco Rojas Bugueño, José Elizardo Castro Márquez, María Cecilia Marchant Rubilar, Luis Víctor Hugo Rojas Aguirre, Rodrigo Segundo Valenzuela Álvarez y Adán Cruces Cruces, ilícitos cometidos entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.

En tanto, Ojeda Torrent fue procesado como autor de los tormentos aplicados a los detenidos Benjamín Bladimiro Ángel Castillo y Juan Eliseo González Herrera; y Larenas Carmona, como autor de aplicación de tomentos contra Adán Cruces Cruces.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Hormazábal logró establecer, entre otros hechos, que: "(…) al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos. Esta sección, durante la ausencia de ese capitán -entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de noviembre del mismo año- funcionó, desde el 11 de septiembre de 1973, con personal clases (…), además de personal de reserva que se incorporó en los días siguientes, y la oficialidad que permaneció en el Regimiento, todos ellos al mando del comandante del Regimiento (Lapostol), en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien, a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de esta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas".

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó este viernes 9 de noviembre condena en contra de 11 militares en retiro, como autores, cómplices y encubridores de 15 homicidios, perpetrados en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, en su paso por La Serena, en octubre 1973.

En el fallo (causa rol 2 182-1998, Episodio Caravana de la Muerte La Serena), el ministro de fuero condenó a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, perpetrados el 16 de octubre de 1973.

En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos; y los exmilitares Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Óscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y Luis Segundo Araos Flores, a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

En la causa, el ministro Carroza decretó la absolución de Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Héctor Leiva González, Mario Emilio Larenas Carmona y Luis Humberto Fernández Monjes, por no acreditarse su participación en los hechos.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:

1.- Que a raíz de los hechos acaecidos en el país a contar del 11 de septiembre de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército de la época Augusto Pinochet Ugarte, habría encomendado a su subalterno el General de Brigada Sergio Arellano Stark (actualmente fallecido), recorrer el país, para que acelerara los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, proceder a ejecutarles;

2.- Que en una de las etapas de esta acción ilícita, en horas de la mañana, del día 16 de octubre de 1973, el General Arellano arriba a la ciudad de La Serena en un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González, y luego de bajar sostiene reunión con el Primer Comandante del Regimiento de Artillería N°2 Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión, para la cual requiere del Fiscal Militar Manuel Adolfo Cazanga Pereira (fallecido) los procesos militares donde figuraban prisioneros políticos y a continuación selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. A fin de dar cumplimiento a esa decisión, un contingente del Ejército en vehículos fiscales a cargo del Sub-Oficial Hector Vallejos Birtiola (fallecido) y el Sargento Luis Segundo Esteban Araos Flores, se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiran de la prisión a las víctimas Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramirez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Alvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Han, a quienes trasladan sin decreto ni autorización alguna al Regimiento y a disposición de la autoridad militar de la ciudad de La Serena. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento el detenido Oscar Gastón Aedo Herrera, a quien conducen y lo unen a los demás prisioneros, hasta el polígono de tiro de ese recinto militar;

3. Que el referido polígono de tiro del Regimiento La Serena se encontraba custodiado por dos anillos de seguridad, el primero se encontraba ubicado en el patio de la unidad militar y estaba a cargo del entonces subteniente Mario Emilio Larenas Carmona y el segundo anillo de seguridad , muy cerca del primero, a cargo del Sargento Primero Héctor Omar Vallejos (fallecido), secundado por el entonces Cabo Primero Luis Humberto Fernández Monjes, junto a un grupo de soldados reservistas. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército;

4.- Que a continuación y de la manera cómo ya estaba previsto, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares, acto seguido personal militar procede al traslado de sus cuerpos hasta el Cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

5.- Que una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona, resuelve publicar en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que tanto el Comandante del Regimiento, como su Ayudante que lo lleva a los medios de comunicación y los oficiales de dicha unidad militar, tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología;

6.- Que en el año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos.

En el aspecto civil, el fallo acogió demandas deducidas, ordenando al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de $80.000.000, $70.000.000 y $40.000.000 (ochenta, sesenta y cuarenta millones de pesos).

Otros episodios

La sentencia del ministro Mario Carroza es la última de la serie de fallos dictados por los diversos episodios investigados en los que se dividió la causa conocida como Caravana de la Muerte, la que suma un total de 96 víctimas de secuestros y homicidios, procesos que desde 1998, fueron investigados y sentenciados por ministros en visita.

En los episodios "San Javier" (4 víctimas) y "Arica" (3 víctimas) existen sentencias de la Corte Suprema, del 15 de octubre de 2008 y 3 de diciembre de 2008, respectivamente. Ambos procesos fueron fallados en primera instancia por el ministro Víctor Montiglio.

En el episodio "Antofagasta" (14 víctimas) hay fallo de la Corte Suprema del 15 de diciembre de 2015; la sentencia de primera instancia fue dictada por el ministro Leopoldo Llanos. En el episodios "Copiapó" (16 víctimas) y "Curicó" (2 víctimas) hay fallos de la Corte Suprema del 10 de abril de 2017 y del 7 de julio de 2017, respectivamente. Ambas causas fueron falladas en primera instancia por la ministra Patricia González.

En las aristas "Cauquenes" (4 víctimas) y "Valdivia" (12 víctimas) sólo existen fallos de primera instancia de la ministra Patricia González, dictados el 11 de noviembre de 2016 y 22 de noviembre de 2017, respectivamente.

En el episodio "Calama" (26 víctimas) hay sentencia de primera instancia del ministro en visita Hernán Crisosto, dictada el 23 de abril de 2018. Además, en este último episodio existe sentencia de primera instancia por la exhumación ilegal de restos, dictada por el ministro Leopoldo Llanos el 19 de mayo de 2015.

"La decisión dice relación con que hablamos de una justicia igualitaria que no hace diferencias, distinciones ni da privilegios", dijo el ministro en visita Mario Carroza.

Durante esta jornada se notificó la condena de 3 años y un día a Juan Emilio Cheyre por su participación en la Caravana de la Muerte, específicamente en el encubrimiento del homicidio de 15 personas.

Al respecto, el ministro en visita de este caso, el juez Mario Carroza, señaló que “la investigación ha sido extensa, compleja, más que nada porque la colaboración no ha sido explícita por parte de quienes intervinieron. Ha costado llegar a la verdad histórica”.

“La decisión dice relación con que hablamos de una justicia igualitaria que no hace diferencias, distinciones y no hace privilegios. El fallo consta de casi 400 páginas, es difícil remitirse a una, dos o tres fases del comportamiento de Juan Emilio Chyere”.

“Es difícil señalar porque todo está explícito, referido de manera muy reflexiva en el escrito, entonces hacer alusión a una cuestión determinada es algo que debe leer cada uno en cada parte y ver lo que significa”, aconsejó el juez.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, dictó auto de procesamiento en contra de los oficiales en retiro del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en 1973.

En la resolución (causa rol 21-2016 Tomo A), el ministro Hormazábal ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI la aprehensión de los procesados y su ingreso en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, con la excepción de Lapostol Orrego, quien "atendida su avanzada edad" deberá permanecer con arresto domiciliario total.

En la resolución, el ministro en visita sindica a los exaltos oficiales del Ejército Lapostol Orrego y Cheyre Espinosa como responsables de las torturas aplicadas a los detenidos: Nicolás Gabriel Barrantes Alcayaga, Edmundo del Carmen Castillo Salinas, Nelson Geraldo Rodríguez Santander, Luis Alberto Valenzuela Álvarez, Nelson Juan Montecinos Silva, Juan Eliseo González Herrera, Amador Hernán Muñoz Silva, Salvador del Carmen Arcos Vergara, Nicolás Emilio Fuentes Rivera, Benjamín Bladimiro Ángel Castillo, Óscar Lindor Olivares Vásquez, Hugo Manuel Toledo Pérez, Óscar Rubén Carvajal Gallardo, Nibaldo Ivar Pastén Vega, María Valentina Gálvez Villarroel, Luis Leopoldo Ravanal Martínez, Wilfredo Montecinos Silva, Jorge Eduardo Cortés León, Amilcar Francisco Rojas Bugueño, José Elizardo Castro Márquez, María Cecilia Marchant Rubilar, Luis Víctor Hugo Rojas Aguirre, Rodrigo Segundo Valenzuela Álvarez y Adán Cruces Cruces. Ilícitos cometidos entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.

En tanto, Ojeda Torrent fue procesado como autor de los tormentos aplicados a los detenidos Benjamín Bladimiro Ángel Castillo y Juan Eliseo González Herrera; y Larenas Carmona, como autor de aplicación de tomentos contra Adán Cruces Cruces.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Hormazábal logró establecer, entre otros hechos, que: "(…) al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos. Esta sección, durante la ausencia de ese capitán -entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de noviembre del mismo año- funcionó, desde el 11 de septiembre de 1973, con personal clases (…), además de personal de reserva que se incorporó en los días siguientes, y la oficialidad que permaneció en el Regimiento, todos ellos al mando del comandante del Regimiento (Lapostol), en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien, a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de esta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas".

Hoy, a las 11.45 horas, en el patio de honor del Regimiento Reforzado Nº20 "La Concepción", se realizará la ceremonia de cambio de mando de la I División de Ejército.

El acto, que será presidido por el intendente Jorge Molina Cárcamo y contará con la participación de representantes de diversos sectores de la comunidad, contempla los honores al comandante en jefe de la I División de Ejército, general de brigada Mario Emilio Larenas Carmona, lectura del saludo de despedida por parte del ayudante de la División, honores al intendente y lectura del decreto que designa al comandante en jefe de la I División de Ejército, general de Brigada Jorge Fuenzalida Rojas, por el cual asume el mando de la unidad operativa.

Tras el traspaso del bastón de mando al nuevo comandante en jefe de la I.D.E. y la entrega del gallardete de mando, se realizará el desfile de honor a cargo de la unidad de formación.

Más tarde, a las 16.50 horas, más de 60 alumnos de enseñanza media que cumplen con su deber ciudadano en la modalidad de servicio militar adelantado de estudiantes, participarán en el juramento a la bandera.

El acto, que se realizará en el mismo lugar de la ceremonia de cambio de mando, será encabezada por el nuevo comandante en jefe de la I División, general de brigada Jorge Fuenzalida Rojas, y el comandante del RR Nº20, coronel Marcos López Ardiles.

Los soldados integran la Batería "Velásquez" del Grupo de Artillería Nº5 "Antofagasta".

En el fallo el ministro de fuero condenó a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de 15 delitos reiterados de homicidio calificado.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó condena en contra de 11 militares en retiro, como autores y cómplices en 15 delitos de homicidio. Ilícitos perpetrados en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, en su paso por La Serena, en octubre 1973.
En el fallo el ministro de fuero condenó a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de: Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, perpetrados el 16 de octubre de 1973.

En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos; y los exmilitares Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Óscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y Luis Segundo Araos Flores, a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.
En la causa, el ministro Carroza decretó la absolución de Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Héctor Leiva González, Mario Emilio Larenas Carmona y Luis Humberto Fernández Monjes, por no acreditarse su participación en los hechos.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:

1.- Que a raíz de los hechos acaecidos en el país a contar del 11 de septiembre de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército de la época Augusto Pinochet Ugarte, habría encomendado a su subalterno el General de Brigada Sergio Arellano Stark (actualmente fallecido), recorrer el país, para que acelerara los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, proceder a ejecutarles;

2.- Que en una de las etapas de esta acción ilícita, en horas de la mañana, del día 16 de octubre de 1973, el General Arellano arriba a la ciudad de La Serena en un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González, y luego de bajar sostiene reunión con el Primer Comandante del Regimiento de Artillería N°2 Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión, para la cual requiere del Fiscal Militar Manuel Adolfo Cazanga Pereira (fallecido) los procesos militares donde figuraban prisioneros políticos y a continuación selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. A fin de dar cumplimiento a esa decisión, un contingente del Ejército en vehículos fiscales a cargo del Sub-Oficial Hector Vallejos Birtiola (Fallecido) y el Sargento Luis Segundo Esteban Araos Flores, se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiran de la prisión a las víctimas Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramirez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Alvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Han, a quienes trasladan sin decreto ni autorización alguna al Regimiento y a disposición de la autoridad militar de la ciudad de La Serena. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento el detenido Oscar Gastón Aedo Herrera, a quien conducen y lo unen a los demás prisioneros, hasta el polígono de tiro de ese recinto militar;

3. Que el referido polígono de tiro del Regimiento La Serena se encontraba custodiado por dos anillos de seguridad, el primero se encontraba ubicado en el patio de la unidad militar y estaba a cargo del entonces subteniente Mario Emilio Larenas Carmona y el segundo anillo de seguridad, muy cerca del primero, a cargo del Sargento Primero Héctor Omar Vallejos (fallecido), secundado por el entonces Cabo Primero Luis Humberto Fernández Monjes, junto a un grupo de soldados reservistas. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército;

4.- Que a continuación y de la manera cómo ya estaba previsto, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares, acto seguido personal militar procede al traslado de sus cuerpos hasta el Cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

5.- Que una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona, resuelve publicar en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que tanto el Comandante del Regimiento, como su Ayudante que lo lleva a los medios de comunicación y los oficiales de dicha unidad militar, tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología;

6.- Que en el año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos.

En el aspecto civil, el fallo acogió demandas deducidas, ordenando al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de $80.000.000, $70.000.000 y $40.000.000 (ochenta, sesenta y cuarenta millones de pesos).

Otros episodios

La sentencia del ministro Mario Carroza es la última de la serie de fallos dictados por los diversos episodios investigados en los que se dividió la causa conocida como Caravana de la Muerte, la que suma un total de 96 víctimas de secuestros y homicidios, procesos que desde 1998, fueron investigados y sentenciados por ministros en visita.
En los episodios "San Javier" (4 víctimas) y "Arica" (3 víctimas) existen sentencias de la Corte Suprema, del 15 de octubre de 2008 y 3 de diciembre de 2008, respectivamente. Ambos procesos fueron fallados en primera instancia por el ministro Víctor Montiglio.
En el episodio "Antofagasta" (4 víctimas) hay fallo de la Corte Suprema del 15 de diciembre de 2015; la sentencia de primera instancia fue dictada por el ministro Leopoldo Llanos. En el episodios "Copiapó" (16 víctimas) y "Curicó" (2 víctimas) hay fallos de la Corte Suprema del 10 de abril de 2017 y del 7 de julio de 2017, respectivamente. Ambas causas fueron falladas en primera instancia por la ministra Patricia González.
En las aristas "Cauquenes" (4 víctimas) y "Valdivia" (12 víctimas) sólo existen fallos de primera instancia de la ministra Patricia González, dictados el 11 de noviembre de 2016 y 22 de noviembre de 2017, respectivamente.
En el episodio "Calama" (26 víctimas) hay sentencia de primera instancia del ministro en visita Hernán Crisosto, dictada el 23 de abril de 2018. Además, en este último episodio existe sentencia de primera instancia por la exhumación ilegal de restos, dictada por el ministro Leopoldo Llanos el 19 de mayo de 2015.