Iribarren Ledermann Emilio Ernesto

En una declaración del caso Villa Grimaldi, el famoso ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, conocido como “Guatón” Romo, señala: “Había otro ex mirista de alto nivel en la organización de apellido Iribarren. Su chapa era Joel”.

Romo agrega que, luego de ser detenido en 1974, Joel funcionó en la dirección de la DINA, y a tal nivel que le consultaban su opinión en operaciones de relevancia.

Su oficina estaba ubicada en Villa Grimaldi, en el mismo lugar donde trabajaba Miguel Krassnoff. Joel, o Emilio Iribarren, pernoctaba ahí y su mujer lo visitaba día por medio. Según Romo, tan unidos eran Joel y Krassnoff, que este último se encargaba de llevarle personalmente a la mujer en cada ocasión.

En su declaración por el caso Cuesta Barriga, el ex agente de la DINA Enrique Sandoval confirmó los dichos de Romo y las sospechas de muchos. Según consta en el expediente, el ex agente reconoció que solía “hablar mucho con Joel y aprender de los lineamientos políticos y doctrinarios de esa organización [MIR]”.

Agrega que, durante el período que trabajó con Joel, la caza del MIR se encontraba extremadamente “depurada”: ya había caído gran cantidad de militantes de ese partido. “Más importante que la cantidad era la calidad”, declaró Sandoval.

A Joel, casi nadie lo ubica como agente de la DINA, pero aparece una y otra vez en los testimonios de ambos bandos. Incluso hay una querella de 2002 por torturas en su contra, interpuesta por Ramón Marambio y Jorge Silva –patrocinada por los abogados Alejandra Arriaza y Carlos Cáceres–, que da cuenta de su rol dentro de la represión de esos años.

Dirigía operativos

Se lo asocia directamente al grupo del capitán Jara Seguel –procesado por el caso Tejas Verdes– en una redada que significó la detención de cerca de 30 personas de San Antonio. Aunque la querella que se sustancia en el Primer Juzgado está en sumario, una fuente de Investigaciones señala que “por este y otros casos, ya está totalmente acreditado que Joel fue un activo agente de la DINA”.

Marambio, uno de los querellantes que lo acusa, recuerda que cuando la DINA llegó a su casa en San Antonio y lo detuvieron, Joel integraba la brigada de Jara Seguel.

“Pude observar su forma de actuar mientras allanaban mi casa. Les enseñaba a otros agentes que no tenían mucha experiencia cómo y qué buscar. El trato de él con los demás agentes no era para nada el de un detenido, sino más bien un trato familiar y de compañeros, y se dirigían a él con respeto. Él dirigía el operativo”, explica.

Sin embargo, al parecer las tareas de Joel no sólo se circunscribían a la detención de sus ex compañeros ni a la inteligencia. Testimonios crudos lo señalan como uno de los principales torturadores de la DINA.

En el aparato del MIR

Joel estudió en el Instituto Nacional, donde fue compañero de curso de Carlos Ominami y otras leyendas del MIR. “Le decían Pelo Pincho porque tenía el pelo parado. Medía casi un metro noventa”, recuerda Enérico García, ex integrante de la Fuerza Central del MIR.

Se inició en el partido en 1969, cuando estudiaba Economía. Al momento del golpe era parte del Grupo Político Militar Número 1, que tenía por jurisdicción las comunas de La Granja y San Miguel.

Luego ascendió dentro de la estructura. “Empecé a desempeñarme como jefe del área de inteligencia operativa del MIR, con la misión de proveer de información a la dirección nacional del partido”, explicó a la Brigada de Delitos Especiales y de Derechos Humanos, que viajó hasta Nueva York para interrogarlo, el año pasado, por el caso Calle Conferencia.

Enérico García añade que en abril de 1974, luego de la caída de varios compañeros, Joel llegó a ser miembro del Comité Central. El 4 de enero de 1975 cayó preso. Según su testimonio, fue torturado, y después de eso se habría producido su paso a la DINA.

Según el expediente, una de sus misiones fue hacer caer a la gente de San Antonio, la misma que él había preparado durante dos años, lapso en que se dedicó casi exclusivamente a esta tarea.

La operación se inició el primero de marzo de 1975. “Lo vi afuera de mi casa cuando fueron a detener a mi esposo. Recuerdo que mi hermano intentó escapar y Joel sacó su pistola y lo persiguió, disparando su arma”, señala María Eugenia Córdova, quien ya declaró en la querella de San Antonio.

De ahí, los detenidos fueron llevados hasta el cuartel Rocas de Santo Domingo. El querellante Jorge Huerta recuerda el trato que recibió: “Me sentaron en una silla. Antes de hacerme cualquier pregunta, me dieron huasca como ablandamiento. El que hacía las preguntas era Joel. Me pegó con la cacha de la pistola en las dos rodillas. Palmazos en la cabeza, en los oídos. Me sacó la cresta. Me puso también agujas entre los dedos y debajo de las uñas”, recuerda.

Cosme Caracciolo, uno de los testigos llamados a declarar en la causa, agrega que Joel ni siquiera se esforzaba en ocultar su identidad. “Mientras me daba corriente y me interrogaba, me decía: ‘Ya poh, confiesa. Acuérdate que estuvimos juntos ahí. Así es que di la verdad’…”.

Mentí y siguieron

Según los cálculos de las víctimas, en San Antonio fueron detenidas cerca de 20 personas del MIR gracias a la acción de Joel. Además, hay que sumar otras 10 entre los partidos Socialista y Comunista, a las que Joel conocía gracias a su actividad política en la zona.

Datos extraoficiales dan cuenta que en Santiago serían cerca de 180 los que cayeron gracias a su labor. En su declaración por la querella de Villa Grimaldi, Susana Veraguas, detenida hasta 1976 en ese centro de torturas, señala que vio a Joel “salir a operativos junto con Romo y otros en varias ocasiones”.

Martín Hernández, ex integrante del Comité Central del MIR, que viene denunciando a Joel desde 1975, recuerda su experiencia: “Comenzaron a torturarme al tiempo que me preguntaban estupideces, como mi edad o nacionalidad, siendo que yo era muy conocido. Me preguntaron de todo. Primero dije la verdad y me aplicaron corriente. Mentí y siguieron. Me di cuenta de que les molestaba que hablara del golpe y no del pronunciamiento militar. Entonces cambié la frase, y un nuevo golpe de electricidad. ‘Aprendiste, hueón, cómo se dice’, me dijo Joel, que era el que me estaba dando los golpes de corriente”.

A esto hay que agregar los testimonios de cinco declarantes más en la querella de Villa Grimaldi que identifican a Joel como interrogador y colaborador junto al ya reconocido torturador Leonardo “Barba” Schneider.

Enérico García recuerda que fue reconocido por la dirección del MIR como el gestor intelectual de la aparición televisiva de cuatro líderes del partido llamando a rendirse. “Esto le valió que el partido lo condenara a muerte”, señala.

Acusaciones que Joel niega sólo en parte, ya que reconoce que colaboró bastante con la DINA de esos tiempos.

Los muertos

Según declaró Joel a Investigaciones en 2004 por el caso Calle Conferencia, permaneció como prisionero político hasta diciembre de 1976. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, que siguieron en la clandestinidad o salieron al exilio, luego se integró al equipo de marketing del Banco de Santiago.

De ahí, Joel pasó al Citibank, donde trabajó hasta 1981. Después, lo trasladaron a una filial en Costa Rica. Actualmente tiene un alto cargo en el AIG Bank ubicado en Manhattan, Nueva York.

Otra incongruencia se dio cuando en 1992 viajó a Chile especialmente para dar su testimonio ante la Comisión Rettig. En esa ocasión señaló que vio a uno de sus compañeros de partido, Hugo Martínez, alias “El Tano”, cuando llegó preso a Villa Grimaldi. Señaló que no tenía idea de cómo lo habían atrapado. Sin embargo, cuando en 2004 fue interrogado por Investigaciones, terminó reconociendo que él lo había entregado. El Tano es un detenido desaparecido.

Algo similar sucede con la caída de un agente del MIR dentro de la DINA: Carlos Carrasco Matus, “el Mauro”. Joel señaló a Investigaciones que supo que lo habían descubierto y pidió hablar con él a solas mientras permanecía detenido en Villa Grimaldi. “Todo el país te lo va a agradecer”, le dijo antes de que la DINA lo hiciera desaparecer.

Más sospechosa resulta una oficina que Joel montó con la DINA en pleno centro de Santiago, con el objetivo de hacer caer a Dagoberto Pérez, uno de los cabecillas del MIR.

En su declaración a Investigaciones señala que fue obligado a cargar explosivos que el mismo Michael Townley había puesto en zonas claves de su cuerpo, por si intentaba “avivarse” y alertar a sus compañeros.

Según él, hizo todo lo posible por hacer evidente que estaba montando una “ratonera” destinada a hacer caer al jerarca. Sin embargo, gracias a esta acción, nuevamente un compañero cayó detenido. Esta vez se trató de Claudio Durán, “el Quila”, quien permaneció detenido durante meses y en ese transcurso fue víctima de torturas sistemáticas.

Todo un líder

En San Antonio, Joel era una leyenda viviente. Cosme Caracciolo recuerda que antes del golpe, en una protesta, luchó solo contra tres carabineros que intentaban detener a unos compañeros. “Los golpeó a los tres él solo. Este tipo de acciones te inspiraban”, dice.

Jorge Silva Huerta, quien lo nombra como su principal torturador, agrega que Joel llegó a desplazar a otros jerarcas de la zona, debido a su personalidad magnética. “Era un espejo para todos los que trabajamos con él”, recuerda

Enérico García explica que el MIR lo envió especialmente para formar cuadros y que los avances que logró “fueron notables”. Por eso, cuando llegó armado junto al grupo de Jara Seguel, fue impactante. “Nadie me creía que era a Joel al que había visto en la redada, porque era demasiado cercano”, recuerda con tristeza María Eugenia Córdova.

Ex agentes subordinados del suicidado ex oficial DINA acusan cómo éste hizo desaparecer prisioneros. El coronel retirado jamás habló ni entregó información a los jueces respecto a los hechos acaecidos bajo su responsabilidad en la brigada Purén. Los secretos se los llevó a la tumba.

El capitán Germán Barriga ordenó a algunos de sus agentes para que al día siguiente se reunieran a las ocho de la mañana en el cuartel de la DINA, en Villa Grimaldi. Barriga era el jefe de la brigada Purén y tenía bajo su mando al menos a quince agentes, repartidos en distintas agrupaciones. Los hombres escogidos llegaron puntuales. Era entrado septiembre de 1976 y la represión al Partido Comunista se había intensificado desde mayo de ese año, cuando la brigada a su mando detuvo a la dirección clandestina del PC en calle Conferencia de Santiago.

A bordo de una camioneta Chevrolet C-10, Barriga ordenó subir amarrados y vendados, al menos, a siete prisioneros. Aunque algunos de los subordinados de Don Jaime -el alias de Barriga en la DINA- recuerdan que fueron más. El convoy salió desde José Arrieta, en la comuna de Peñalolén. Escoltando la camioneta con los detenidos iban tres a cuatro vehículos de la DINA con los agentes de Barriga. A los detenidos se les informó que serían cambiados de lugar de reclusión. Enfilaron rumbo a Los Andes, ciudad de la Quinta Región. Pero al llegar al sector de Peldehue, en terrenos del Ejército, Barriga ordenó detener la caravana e ingresar por un portón, unos dos kilómetros dentro del predio. Uno de los vehículos se quedó vigilando la entrada de acceso.

Don Jaime ordenó que los prisioneros descendieran. Barriga era el jefe del operativo. El único oficial que lo acompañaba era el teniente de Carabineros, también agente DINA y entonces jefe de la agrupación Águila, Ricardo Lawrence Mires, quien actuó como subordinado suyo.

Desde uno de los vehículos descendió un hombre de lentes ópticos, usando un delantal blanco. Era el "doctor" Osvaldo Pincetti, conocido como El Brujo de la DINA. Un paramédico que utilizaba técnicas de hipnosis para sacar información a los detenidos. Entonces Barriga le ordenó proceder. A los prisioneros se les sacaron las amarras pero se les mantuvo la vista vendada. Pincetti preparó una jeringa y comenzó a trabajar.

"Pude ver que el doctor Pincetti los inyectó en un brazo, ignoro con qué, pero los detenidos cayeron todos muertos de inmediato", relató el ex agente de Barriga, E.V.T., en una de sus declaraciones judiciales de 2003.

LLEGA EL PUMA
Barriga se comunicó por radio y pidió el helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército (CAE), unidad advertida de la operación. El comandante del CAE era entonces el coronel Carlos Mardones Díaz. La máquina demoró poco en llegar y se posó a un par de kilómetros de distancia. Barriga ordenó a sus agentes desnudar los cuerpos de los detenidos y juntar sus ropas para quemarlas ahí mismo.
"Luego el capitán Barriga nos ordenó que de inmediato metiéramos los cuerpos en unos sacos, pero previamente tuvimos que amarrarles un trozo de riel a cada uno, y después meterlos en los sacos que cerramos con alambre", declaró E.V.T.

Los rieles los proveyó el cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, que integraba una de las agrupaciones de la brigada Purén. Leyton -quien en 1977 tuvo una sospechosa muerte en una clínica de la DINA- estaba también en el lugar. Preparados los sacos, el capitán Barriga instruyó por radio que el Puma se acercara. Pero en ese instante Barriga se percató de que uno de los sacos se movía y ordenó a su gente abrirlo. Era el cuerpo de una mujer que no había muerto, o no quedó suficientemente adormecida. Era la militante comunista Marta Ugarte Román.

"La inyección que el doctor Pincetti le puso a Marta Ugarte parece que no la dejó totalmente muerta o adormecida. Nos percatamos que, al momento de ensacarla, todavía se seguía moviendo", relató el ex agente E.V.T., en otra de sus declaraciones judiciales. La orden que se cumplió a continuación fue terrible. "Todos estábamos ahora apurados porque el helicóptero venía. Entonces abrimos el saco y la ahorcamos con un alambre. No se movió más, Después amarramos nuevamente el saco con el mismo alambre", agregó E.V.T. al tribunal.

El Puma llegó y Barriga ordenó subir los cuerpos a bordo. E.V.T., el cabo Leyton y un par de agentes ayudaron a cargar los cuerpos. "Como me quedé en el portón cuidando la entrada, llegó el cabo Leyton y me dijo que por orden del capitán Barriga lo acompañara, porque teníamos que subirnos al helicóptero", declaró otro de los ex agentes de Barriga, E.F.P. en 2003. "Creo que a bordo del helicóptero había ocho a diez sacos paperos amarrados", continuó E.F.P. en su relato judicial.

Cargados los bultos, el piloto intercambió una seña con Barriga y la máquina partió rumbo a la costa de la Quinta Región. "Luego de que el helicóptero llevaba unos diez minutos mar adentro, el piloto empezó a girar en redondo como viendo que no había ningún barco o embarcación a la vista. De repente bajó el dedo pulgar, y ésa fue la seña para que empezáramos a tirar los cuerpos al mar por la escotilla del medio del helicóptero", afirmó E.V.T.
Otro de los ex agentes de Don Jaime que también participó en este operativo de exterminio, C.H.A., dijo a algunos jueces en el año 2003: "Hablando sobre cómo se ejecutaba a los detenidos, recuerdo que en 1976 el capitán Germán Barriga me avisó una tarde que debía presentarme a las ocho de la mañana del día siguiente. Esa mañana nos ordenó dirigirnos al sector de Peldehue. Integrantes de mi agrupación fueron quienes cargaron los cuerpos a bordo del helicóptero". Se refería a una de las agrupaciones bajo el mando de la brigada Purén.
Cumplida la misión, el capitán Barriga premió ese día a sus agentes con la tarde libre.

FRENTE A FRENTE
Pero el saco de Marta Ugarte quedó mal amarrado y ya en el mar se soltó de su atadura. Su cuerpo se deshizo a la vez del pedazo de riel que lo sumergía, para emerger el 9 de septiembre de 1976 en la playa La Ballena, cercana a Los Molles. Se convirtió en la única prueba corporal de ésta y todas las operaciones de la DINA, para hacer desaparecer prisioneros mediante este método. Entre 1973 y 1977, en la Región Metropolitana la DINA hizo desaparecer 588 personas, de acuerdo a cifras oficiales. De ellos, la gran mayoría fueron arrojados al mar, según confesaron a los efectivos del actual Departamento de Asuntos Internos y Derechos Humanos de Investigaciones y, luego, al juez Juan Guzmán, suboficiales de Ejército (R) y ex mecánicos del CAE encargados de tripular los helicópteros que sirvieron de transporte para este fin.

Conocida la noticia de la aparición del cuerpo de Marta Ugarte, el capitán Barriga reunió en Villa Grimaldi a sus agentes y los reprendió duramente.

"No señor, yo no participé en esos hechos, este señor me está confundiendo con alguien", afirmó Barriga el 2 de mayo de 2003 a un juez que lo careó con E.V.T. "Yo no lo confundo a usted con nadie, señor, y las órdenes me las dio usted, el capitán Barriga, que está aquí presente. Usted era mi jefe", contestó E.V.T. "Yo mantengo mi posición, y quiero decir que esto es para mí una doble condena. Perpetua por parte de la justicia de mi país y de muerte por parte del Partido Comunista que me culpa de estos hechos", replicó Barriga en el careo. Pero quienes esta vez lo acusaban no eran los miembros del PC. Eran sus mismos subordinados en la DINA.
"Me he atrevido a contar todo esto, lo que vi realmente, pero tengo mucho miedo a las represalias contra mí y mi familia, de parte del Ejército. Cuando me fui de la DINA, fui obligado a firmar un papel donde se decía que quedaba estrictamente prohibido contar nada de la verdad que ocurrió. Tengo mucho miedo a la venganza señoría", confidenció el ex agente E.V.T.

OTROS EPISODIOS
En los últimos años, estos ex agentes de Barriga declararon en distintos tribunales de Santiago, por diferentes causas de detenidos desaparecidos. Pero E.T.V. fue el primero en abrir la puerta a los efectivos del ex Departamento Quinto -hoy departamento especial para Asuntos Internos y Derechos Humanos con asiento en el cuartel de calle Independencia, para comenzar a desenredar la madeja de cómo la DINA hizo desaparecer a los prisioneros en la Región Metropolitana. Los ex mecánicos del CAE hablaron después. Pero los oficiales (R) que pilotaron los Puma todavía niegan todo, aunque están identificados y algunos procesados por el juez Guzmán.
Por ello LND no entrega los nombres de estos ex agentes, todos suboficiales retirados, y sólo publica algunas iniciales de su identidad. Ellos tuvieron la valentía de acusar ante la policía civil y los jueces al entonces capitán Barriga, a riesgo de sus vidas.

Los ex agentes sostienen que éste no fue el único episodio comandado por Barriga, mediante el cual se exterminó detenidos. "Yo participé al menos dos veces, pero lo más probable es que esto se haya repetido en otras oportunidades", dijo E.V.T. No se conoce con certeza la identidad de las otras víctimas del episodio relatado, aunque se suponen. Antes de suicidarse el pasado 17 de enero, Barriga estaba procesado, entre otros varios juicios, en la causa de calle Conferencia por el secuestro y desaparición de la dirección clandestina del PC en 1976. Todos los ex agentes mencionados en esta crónica que participaron en estos secuestros lo acusaron ante los jueces de comandar esas detenciones como jefe de la brigada Purén. Entre las víctimas, está el esposo de la presidenta del PC Gladys Marín, Jorge Muñoz, y el padre de la dirigenta de la AFDD, Viviana Díaz, Víctor Díaz López.
De acuerdo a datos de los ex mecánicos del CAE, durante la existencia de la DINA en la Región Metropolitana, al menos 400 cuerpos fueron lanzados al mar desde helicópteros.

LA TORTURA DE EXEQUIEL
Emilio Iribarren Lederman, militante del MIR, fue detenido el 4 de enero de 1975 por la DINA. Tras permanecer un tiempo prisionero en Villa Grimaldi, Joel, su chapa, se convirtió en colaborador de la DINA. En ese recinto tuvo regalías, aunque también sufrió. Pero fue un testigo. Hoy vive en Nueva York. Un día de mediados de 1975 observó algo que nunca olvidó.

"Un hombre que fue largamente torturado durante un período de 24 ó 48 horas. Fue colgado con una soga que le amarraba las manos por detrás. La soga pasaba por encima de una viga. Unos agentes tiraban de la cuerda hacia una polea, levantando a este detenido. Simultáneamente lo apaleaban. El prisionero estaba desnudo y le mojaban constantemente el cuerpo para aumentar el efecto de la electricidad. Al hombre lo subían y lo bajaban. Le dieron hasta la madrugada. Gritaba. Cada vez que miré, pude ver a Germán Barriga dirigiendo personalmente la tortura. Al viejo Exequiel Ponce lo torturaron brutalmente". Fue parte de su extensa declaración prestada en Nueva York, entre los días 5 y 12 de noviembre de 2003 a funcionarios del entonces Departamento Quinto.

Joel había sido ese día testigo presencial de cómo Don Jaime comandó la tortura del dirigente del Partido Socialista, miembro de su comisión política y obrero portuario, Exequiel Ponce Vicencio. Éste fue detenido el 25 de junio de 1975 en Santiago junto a su enlace, Mireya Rodríguez Díaz. Ambos están desaparecidos.

Iribarren relató también cómo Mireya Rodríguez, que según él "estaba embarazada de siete meses, había sido torturada salvajemente y decidió suicidarse cortándose las venas". El ex colaborador sostiene que se salvó porque la llevaron a una clínica de la DINA, "donde aparentemente habría perdido el bebé, pero salvado su vida".
Pero Iribarren fue también una víctima de Don Jaime. Cuenta que "en una fecha indeterminada me llevaron en Villa Grimaldi ante la presencia de Germán Barriga. Barriga estaba rodeado de su gente. Me hizo preguntas y, de improviso, me ordenó levantarme la venda de los ojos. No obedecí y lo hizo uno de sus agentes. Me rociaron la cara, los ojos y la boca con un líquido que me provocó gran dolor. Corrí a un grifo. Ellos esperaban que el líquido me provocara un desmayo, lo que no ocurrió. Al mojar mi rostro, el líquido ardió más. Barriga comentó decepcionado que el material no servía para nada. No sé qué sustancia estaba probando en mí".

DOS ANCIANOS
La ex agente C.R.D., igualmente subordinada de Don Jaime, tiene otros recuerdos de sus métodos y también lo acusó en tribunales. Declarando el 4 de febrero de 2004, judicialmente dijo que "entre fines de 1975 e inicios de 1976, el capitán Germán Barriga me instruyó acompañar a dos carabineros, uno era Julián Reyes, para detener a dos personas a medianoche en una casa de Avenida La Palmilla, en Conchalí. Era un matrimonio de edad avanzada que estaba con un niño de unos 12 años. Los llevamos a Villa Grimaldi a los tres, donde nos esperaba Barriga. Al día siguiente, el capitán Barriga me mandó llamar a un sector del cuartel. Vi que los ancianos estaban tendidos en el piso, pero curiosamente no estaba el menor. En ese momento, llegó una ambulancia descendiendo un paramédico de la DINA. Éste sacó una jeringa e inyectó a la vena a los dos ancianos, causándoles la muerte casi instantánea".
El ex segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza, recuerda que Barriga llegó muy alto en la DINA. Declarando judicialmente el 2 de junio de 2003 afirmó: "Al entonces capitán Barriga en 1976, en determinadas oportunidades le correspondió el puesto de agente Director de Operaciones en el cuartel general DINA".
Informaciones de prensa manifestaron después de su suicidio que, de acuerdo a fuentes del Ejército, Barriga habría entregado información al Ejército sobre prisioneros lanzados al mar, lo que ayudó a que las Fuerzas Armadas elaboraran su informe de enero de 2001, producto de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos. En aquel informe de 180 casos, 151 aparecen arrojados a las aguas. De estos últimos, sólo existen en la lista 23 casos atribuidos a la DINA. La presunta información entregada por Barriga al Ejército, en todo caso jamás llegó a ningún juez. Pese a ello, Barriga nunca entregó a un magistrado un dato útil sobre el destino de los desaparecidos y siempre negó todo. Salvo antecedentes obvios e irrelevantes, como lo demuestran los expedientes.

Herido a bala luego de su detención no sólo no le entregaron ayuda médica sino que lo torturaron hasta la muerte en Villa Grimaldi. Por este crimen de lesa humanidad Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Fernando Lauriani Maturana, habían sido condenados a penas de 15 años de presidio.

En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Patricio Villarroel y Jessica González, además de la abogada integrante Paola Herrera, ratificó la sentencia que condenó, por su responsabilidad en el secuestro calificado a Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Fernando Lauriani Maturana, a penas de 15 años de presidio cada uno.

En primera instancia, el ministro Alejandro Solís logró acreditar que “el 6 de enero de 1975, aproximadamente a las 13:00 horas, Ramón Hugo Martínez González, conocido como «Tano» y de nombre político «Claudio», de 23 años de edad, soltero, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue detenido en calle Bascuñán Guerrero con Alameda al llegar a un «punto» con Emilio Iribarren («Joel»), quien a esa fecha ya se encontraba aprehendido por la Direccción de Inteligencia Nacional(DINA).”

“Entre los agentes de la DINA que participaron en su detención se encontraban los de la agrupación al mando de Miguel Krassnoff. Martínez González se resistió a la detención, por lo cual recibe impactos de bala, fue trasladado hasta » Villa Grimaldi», recinto en que se le torturó permanentemente y fue visto por numerosos testigos”, expresa la resolución judicial.

Quienes lo vieron en Villa Grimaldi, según la investigación judicial, manifiestan que Martínez González presentaba signos de los tormentos y coinciden en señalar que se encontraba herido a bala, lo mantenían tirado en una colchoneta en el patio; un testigo expresa que el día 13 de enero lo vio “ frente a frente, su estado era simplemente monstruoso, la cara estaba deforme por los golpes, era difícil encontrar alguna parte del rostro que no estuviera morado o hinchado, aparte de esto estaba herido de bala, su cuerpo era una masa de restos de ropa, tierra y sangre».

La testigo María Eugenia Ruiz Tagle Ortiz, detenida el 4 ó 5 de enero de 1975 y trasladada a “Villa Grimaldi”, logró ver cómo torturaban, con corriente eléctrica, a Hugo Martínez, y señala que fue detenido el mismo día que ella en un sector de la Alameda.

Ruiz Tagle precisa que sin poder establecer cuanto tiempo después de su detención “la llevaron a la sala, donde lo estaban torturando, lo tenían en la “parrilla” y le aplicaban electricidad en las heridas de bala; cree que lo llevaron a una clínica de la DINA y, días después, lo devuelven. Escuchó un alboroto y un vehículo que llegaba con “El Tano”, lo botaron de la camioneta y Moren dio la orden de colgarlo, momentos más tarde siente un grito de los agentes “¡El Tano cagó¡” y en horas de la noche oyó movimientos que le hicieron presumir que sacaban el cuerpo de “Tano” desde “Villa Grimaldi”.

En el proceso sustanciado por el ministro Solís se reprodujo la declaración policial de Emilio Ernesto Iribarren Ledermann, detenido el 4 de enero de 1975, quien permaneció como prisionero hasta el 3 de diciembre de 1976; en Villa Grimaldi y quien bajo presión de que torturan a su esposa concurrió con la DINA al punto de contacto en que detuvieron a Martínez.

Iribarren relata que la víctima “insultaba a gritos a un médico que le daba el alta para interrogatorio y tortura segura. El Tano decía haber recibido dos disparos al momento de su detención y le pedía mirar las heridas que aún sangraban. El Tano valientemente le gritaba “¡¿dónde quedó su juramento hipocrático?, maricón¡”.

El magistrado en la redacción del fallo de primera instancia, ratificado por la Corte de Apelaciones, señala que “consta del proceso que Ramón Hugo Martínez González, fue herido con un balazo en su mano izquierda al momento de ser detenido el 6 de enero de 1975, no fue asistido por médico alguno, por el contrario diariamente era sometido a torturas, con ensañamiento, provocando deliberadamente dolor al prisionero, con aplicación de corriente eléctrica principalmente en su herida, lo que queda, plenamente demostrado con el texto de los informes médicos legales evacuados a su respecto”.

El 13 de enero de 1975 el cadáver de Martínez González ingresa al Instituto Médico Legal y se le practica autopsia que concluye que la causa de la muerte «es el conjunto de dos heridas de bala torácica recientes, con salida de los proyectiles y anemia aguda consecutiva».

Esa fecha es la última en que los testigos pudieron ver a Hugo Martínez en Villa Grimaldi.

“Este hecho se enmarca dentro de un patrón similar a otros ocurridos durante aquella época que se iniciaban mediante el seguimiento y vigilancia de las víctimas hasta terminar con su secuestro y en algunos casos con su ejecución», expresa el texto concluyente de la investigación.

Por Carlos Antonio Vergara

Todos trabajaban con la dirección clandestina del PS. Entre ellos Michelle Peña Herreros, embarazada de 8 meses. Se estableció que uno de los aprehensores fue Osvaldo Romo Mena. Además hay un testimonio acerca de que el 02 de julio de 1975 Villa Grimaldi fue visitada por el Ministro del Interior de la dictadura  César Raúl Benavides o por el propio Augusto Pinochet.

El Ministro en Visita Miguel Vásquez sometió a procesamiento al ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Conteras y a Marcelo Morén Brito, jefe del Cuartel Terranova o Villa Grimaldi luego que estimara que  hay “presunciones fundadas para estimar que les ha cabido participación culpable en calidad de autores, en el delito de secuestro calificado de Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios, Rosa Elvira Soliz Poveda y Adolfo Ariel Mancilla Ramírez y Michelle Peña Herreros, todos militantes y dirigentes del Partido Socialista.

 

El magistrado acreditó que “alrededor del 25 de junio de 1975, Michelle Marguerite  Peña Herreros, quien se desempeñaba como enlace del Partido Socialista, fue detenida en el sector de villa Las Rejas por agentes de la DINA, y llevada al recinto ilegal de detenidos llamado Villa Grimaldi, desconociéndose su paradero actual.”

Michelle Marguerite Peña Herreros, trabajaba como enlace de la dirección del PS, era estudiante de ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, estaba embarazada de 8 meses y fue detenida en la población Las Rejas, en Tocornal 557.

Al respecto, el juez incorporó un documento elaborado por el Partido Socialista y suscrito por el ex senador Camilo Escalona, titulado  “Antecedentes sobre la represión al Partido Socialista en Chile tras el golpe militar”.

En este se establece que la Brigada Purén fue la unidad especializada de la Brigada de Inteligencia Militar que se encargó de la aniquilación del Partido Socialista, que para ello se contó con la ayuda de Luz Arce, Osvaldo Romo y Juan Muñoz Alarcón.

Asimismo, indica el texto del PS que “en 1975, la dirección Interior del Partido Socialista  la formaban Ricardo Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio y Carlos Lorca Tobar, que correos y enlaces fueron  Carolina Wiff, Michelle Peña Herreros, Mireya Rodríguez Díaz, Sara Donoso y Rosa Soliz Poveda.

Wiff fue detenida el 25 de junio de 1975, cerca de las 16:00 horas llegando a Maule 130 –continúa la investigación socialista que el ministro Vásquez incorpora al proceso-, que Lorca fue detenido junto con Wiff, que Ricardo Lagos Salinas fue detenido con Peña Herreros; que Exequiel Ponce Vicencio y Mireya Rodríguez fueron detenidos el 25 de junio de 1975 a las 01:00 horas; que Sara Donoso fue detenida el 15 de julio de 1975  a las 08:30 horas, llegando al consultorio donde trabajaba; que Rosa Soliz Poveda fue detenida el 07 de julio de 1975; y que también fueron detenidos Ariel Mansilla el 14 de marzo de 1975 y  Joel Hualquiñir el 27 de julio de 1974.

Maule 130: ratonera de la Dina

El domicilio de Yolanda Abarca ubicado en Maule 130, fue ocupado por agentes de la DINA que lo transformaron en una ratonera, este era el domicilio era.

La investigación determinó que el ex diputado Carlos Lorca fue detenido el 25 de junio de 1975, alrededor de las 16:00 horas, por ocho agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, y los agentes llegaron cerca de las 13:30 horas, quedándose en el lugar para esperar al doctor Lorca y a su acompañante.

El procesamiento del ministro Vásquez precisa que Yolanda Abarca presenció las detenciones de Carolina Wiff y Carlos Lorca, en su casa de y que “el guatón Romo, a quien conocía de antes, estaba presente y  era quien registraba a Lorca”.

El 14 de marzo de 1975 se detuvo a Adolfo Ariel Mancilla Ramírez en calle Ricardo Cumming 732 de Santiago, y que fue visto recluido en Villa Grimaldi.

Luz Arce, ex militante socialista quien se transformó en colaboradora de la Dina señala que, a fines junio 1975, “vio detenido a Ricardo Lagos Salinas en Villa Grimaldi, conversó con él, Lagos le dijo que también estaban detenidos Carlos Lorca y Exequiel Ponce.

Raúl Iturriaga Neuman y Germán Barriga

Asimismo expresa que “a la gente del Partido Socialista los “trabajaba”, es decir, interrogaba y torturaba un grupo a cargo del oficial Germán Barriga Muñoz; señala que ese grupo pertenecía a la Unidad Purén, que estaba bajo el mando de Eduardo Iturriaga Neumann”. Arce indica que “era de público conocimiento que la DINA y Colonia Dignidad tenían una estrecha relación”

Sergio Hernán Gajardo Gómez señala que  estuvo detenido en Villa Grimaldi, y  vio detenido a Carlos Lorca Tobar y que compartió celda con él y éste le dijo “soy Carlos Lorca Tobar, médico. Si sales vivo de aquí diles que estoy detenido”.

Entre los testimonios recogidos por el ministro Váquez se incorpora el de Héctor Eduardo Riffo Zamorano, quien señala que  el 26 de junio de 1975  vio detenido a Ricardo Lagos Salinas en un baño; agrega que, el 29 de junio de 1975 pudo reconocer como detenida a Michelle Peña, quien estaba junto a otra detenida a quien llamaban Gina; no conoció a Gina pero a Michelle la reconoció porque la conocía desde la Universidad Técnica del Estado; agrega que el 2 de julio de 1975, se recibe una visita inspectiva, al parecer de César Benavides o Pinochet, quienes mostraron gran interés por los detenidos Carlos Lorca y Ricardo Lagos”.

Otro de los detenidos, Emilio Ernesto Iribarren Ledermann, indica que mientras estuvo detenido por la DINA “vio detenidos en Villa Grimaldi a Ricardo Lagos cuando pasaba al baño, Michelle Peña Herreros, embarazada, Carlos Lorca, cuando era torturado, Exequiel Ponce, cuando lo torturaban y a Mireya”.

El ex militante del Partido Socialista Juan René Muñoz Alarcón, quien se transformó en colaborador, luego se se arrepintió, hizo una declaración jurada y poco tiempo después fue asesinado  dice que a Lorca y Lagos los vio en Colonia Dignidad.

El ex agente de la Dina Manuel Rivas Díaz, puntualiza que le tocó interrogar a Exequiel Ponce Vicencio; y que era sabido que los detenidos eran asesinados y sus cuerpos arrojados al mar desde helicópteros.

Gladys Díaz relató que estando detenida en villa Grimaldi que “el 17 de marzo de 1975, aproximadamente, llega detenido Ariel Mancilla, habló con y le contó que mientras salía fuera de la villa a un supuesto punto se lanzó a las ruedas de un trolley; Alfredo Rojas Castañeda y ella ayudaban al herido; afirma que muchas personas detenidas vieron a Mancilla: Carlos Liberona, Ricardo Froedden, Lautaro Videla, Elena Altieri, Fidelia Herrera.

Por su parte, Amelia Negrón, agrega que “el segundo domingo de abril de 1975, Mauro y Ariel fueron sacados de Grimaldi”.

Por Carlos Antonio Vergara

La DINA lo mantuvo secuestrado primero en Villa Grimaldi para luego trasladarlo al Cuartel Simón Bolívar. Sabían que lo asesinarían, pues lo hacían hacer trabajos en el ex Cuartel Terranova sin venda. Sus autores, fueron condenados a 20 años por el ministro Leopoldo Llanos.

Vicente Atencio Cortez, casado, cuatro hijos, ex dirigente sindical, ex alcalde de Arica, miembro del Comité Central, Secretario Político del Comité Regional Sur hasta 1976, fue detenido el 11 de agosto de 1976, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y trasladado hasta Villa Grimaldi. Luego fue llevado al Cuartel Simón Bolívar, asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Sus restos fueron encontrados el 21 de marzo de 1990 en el fundo Las Tórtolas de Colina, que fue propiedad del Ejército hasta 1980.

Hace unos días concluyó la investigación sustanciada del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, quien condenó a penas de 20 años de presidio al director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda y los agentes Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires por el crimen. Lawrence está prófugo de la justicia desde febrero desde este año, luego que no concurriera a notificarse en la querella por torturas, presentada por 30 sobrevivientes de Villa Grimaldi. Tiene orden de arresto.

Numerosos testigos vieron al ex diputado Atencio en Villa Grimaldi. Leonardo Alberto Schneider Jordán, ex militante del MIR, quien permaneció un año y medio en el ex Cuartel Terranova, sin venda en los ojos, ni ataduras y con la puerta de la celda abierta, recordó en su declaración que los primeros meses de 1976 llegó un gran número de detenidos, todos dirigentes del Partido Comunista. Llegaron en dos grupos, los primeros meses de 1976 y otros en invierno del mismo año. Entre los comunistas que vio en Villa Grimaldi se encuentran, Vicente Atencio, Alejandro Rodríguez y Víctor Díaz.

Lo sacaban a trabajar en Villa Grimaldi

Otro ex militante del MIR, Emilio Iribarren Ledermann, detenido el 4 de enero de 1975, quien permaneció como prisionero hasta el 3 de diciembre de 1976 en Villa Grimaldi dice que el agente Germán Barriga estaba a cargo de reprimir al PC. Llegaba con gran cantidad de detenidos. Indica que en algún momento se los llevaron a todos, dejando solo a Víctor Díaz y otros cuatro o cinco dirigentes.

Iribarren agrega “que en cinco meses deben haber pasado unos setenta integrantes del PC los que eran detenidos en colectividad y no individualmente”, presume que detenían a la célula completa, “eran torturados, permanecían un par de días y luego los sacaban” de Villa Grimaldi.

Rosa Leiva Muñoz, enlace del PC, fue detenida el 20 de agosto de 1976. Fue encerrada en La Torre, lugar donde pocos salían con vida. Allí recuerda habían otros detenidos. Vio a Julia Retamal, encargada de Solidaridad del Regional Norte del Partido Comunista, detenida desaparecida, a Marta Ugarte y Víctor Díaz. Conversó con Marta Ugarte, quien le contó que en Villa Grimaldi “estaba detenido Vicente Atencio a quien sacaban todos los días muy temprano a trabajar”. Ugarte fue lanzada al mar. Es la única persona que el océano devolvió.

Omar Rigoberto Rosales Chávez, detenido el 11 de agosto de 1976, recordó que mientras lo interrogaban escuchó la voz de Vicente Atencio, quien se identificó como ex diputado del PC y que hace poco había llegado a Santiago.

Pedro Rolando Jara Alegría, integrante del Frente Propaganda del PC fue detenido el 30 de julio de 1976. En Villa Grimaldi fue obligado a desabollar un auto junto al joven Carlos Vizcarra Cofré, detenido desaparecido, quien le contó que era de las Juventudes Comunistas, y que lo torturaban con electricidad, le exhibió las llagas que presentaba en su cuerpo, las que expendían mal olor. En una ocasión mientras desabollaba una camioneta en el patio de Villa Grimaldi pasó un grupo de detenidos en fila india, todos vendados, guiados por un guardia, y Vizcarra le comentó «ahí va el compañero Atencio».

Joyce Ahumada Despouy, funcionaria del Ejército, destinada en la DINA a la brigada Lautaro, la cual estaba a cargo de Juan Morales Salgado. Señala que este equipo operativo de la DINA, se trasladó al cuartel Simón Bolívar, ubicado en el número 8630.

Ahumada aseguró que la gente de Barriga y Lawrence practicaban las detenciones. Las brigadas Lautaro y las de Barriga y Lawrence trabajaban unidas, “Manuel Contreras siempre era invitado al Cuartel de Simón Bolívar cuando se hacían celebraciones. En algunas ocasiones iba solo y en otras, acompañado de otros oficiales”, sostiene.

Celinda Aspe Rojas, funcionaria de la Armada, destinada a la DINA confesó que debía en algunas ocasiones alimentar a los detenidos del Cuartel Simón Bolívar, los cuales estaban “encerrados en unas casuchas o camarines”.

Los detenidos “salían empaquetados”

Elisa del Carmen Magna Astudillo, del Ejército destinada a la DINA, puntualizó que a los detenidos se les interrogaba con aplicación de corriente y “salían empaquetados, enfundados en sacos paperos amarrados con alambres. Los cuerpos eran dejados en el patio donde estaba la cancha de fútbol. Cada cierto tiempo se veían cadáveres ensacados en los vehículos por Morales y Lawrence y sus equipos”. Magna Astudillo calcula que pasaron por el cuartel unos sesenta detenidos, en su declaración a la Justicia.

Carlos Bermúdez Méndez, funcionario de Ejército destinado a la DINA, coincide con la declaración de Magna. En el Cuartel Simón Bolívar “los detenidos eran encerrados en el sector del casino, amarrados y vendados. Los detenidos eran traídos por la gente de Lawrence y Barriga y eran interrogados bajo apremio por los mismos agentes de la brigada; según comentarios, se les daba muerte y se les borraba las huellas digitales con un soplete y los cuerpos de los detenidos eran sacados del cuartel envueltos como paquetes”.

Claudio Orlando Orellana de La Pinta, carabinero destinado a la DINA, del grupo Lautaro, dijo que en octubre de 1976 llega al Cuartel Simón Bolívar una agrupación o brigada a cargo de Barriga y de Lawrence. Recuerda “el caso de una detenida, a quien le aplicaron una inyección letal por la Teniente Gladys Calderón, quien era la encargada de realizar este procedimiento en varias ocasiones con otros detenidos. En varias ocasiones le correspondió ir a lanzar cuerpos a la cuesta Barriga.”

Orfa Saavedra Vásquez, funcionaria del Ejército, destinada a la DINA, precisa que también en una oportunidad, a fines de 1976, le correspondió ir en una comitiva a lanzar cuerpos envueltos en sacos paperos a la cuesta Barriga.

Delito de lesa humanidad

El ministro Leopoldo Llanos al aplicar 20 años de presidio, consideró jurídicamente los hechos como secuestro calificado. Entre las agravantes consideró la alevosía, esto es, los hechores obraron a traición o sobre seguro, y con premeditación conocida.

Asimismo, se castigó la inhumación ilegal, y “privación de libertad y posterior ejecución, sin orden administrativa ni judicial que las justificare, con fines de represión política, de los opositores al régimen imperante”.

De acuerdo al Derecho Penal Internacional –razonó Llanos-, debe considerarse como “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos fundamentales, como la vida, a una parte de la población civil, con determinada opción ideológica, con la participación del poder político, por la intervención de agentes del Estado, destinados, en comisión de servicios, a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y concluirse, por ende, que estamos en presencia de “un delito de lesa humanidad”.

En aspecto civil, el fallo ordena al fisco pagar una indemnización de 100 millones de pesos a cada uno de los hijos de la víctima: Laura Ester, Isabel Magdalena, Iván José y Vicente Erasmo Atencio Abarca.

Por Carlos Antonio Vergara

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de ocho secuestros calificados (detenidos desaparecidos) y un homicidio calificado de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en marco del denominado caso «Calle Conferencia 1».

En el fallo (causa rol 2.182-1998), el ministro Vásquez Plaza dictó sentencia en contra de los ex agentes represores por su responsabilidad como autores o cómplices, en el delito de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Lenin Adán Díaz Silva, Eliana Marina Espinoza Fernández y Víctor Manuel Díaz López; y por su responsabilidad en el homicidio del mencionado Díaz López. Estos delitos fueron perpetrados en 1976, en la Región Metropolitana.

En la resolución, el ministro condenó a:
los ex oficiales de ejército Carlos José Leonardo López Tapia (recién fallecido) y Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio, como autores de los delitos de secuestro calificado de: Mario Jaime Zamorano Donoso y Onofre Jorge Muñoz Poutays, perpetrados a partir del 4 de mayo; de Uldarico Donaire Cortez y Jaime Patricio Donato Avendaño, cometidos a partir del 5 de mayo; de Elisa del Carmen Escobar Cepeda, perpetrado a partir del 6 de mayo; de Lenin Adán Díaz Silva, cometido a partir del 9 de mayo; de Eliana Marina Espinoza Fernández, perpetrado a partir del 12 de mayo, y de Víctor Manuel Díaz López, perpetrado a partir del 12 de mayo, todos del año 1976.

El ex oficial de carabineros y actualmente prófugo de la justicia Ricardo Víctor Lawrence Mires deberá purgar 20 años de presidio, como autor de los ocho delitos de secuestro calificado; más 15 años de presidio, como coautor del homicidio calificado de Víctor Díaz López, perpetrado un día no determinado de la primera quincena de enero de 1977.

En tanto los agentes Heriberto del Carmen Acevedo, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Jorge Iván Díaz Radulovich, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos Enrique Miranda Mesa, Carlos Eusebio López Inostroza y Lionel de la Cruz Medrano Medrano Rivas, deberán purgar 13 años de presidio, en calidad de coautores de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda y Víctor Manuel Díaz López; y como cómplices del delito de secuestro calificado de Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández.

El agente Juvenal Alfonso Piña Garrido deberá cumplir la pena de 13 años de presidio, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda y Víctor Manuel Díaz López; y como cómplice del delito de secuestro calificado de Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández; además de 12 años de presidio, como coautor del homicidio calificado de Víctor Díaz López.

El agente José Alfonso Ojeda Obando fue condenado a la pena de 11 años de presidio, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Víctor Manuel Díaz López y Eliana Marina Espinoza Fernández; y como cómplice de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño y Elisa del Carmen Escobar Cepeda.

El agente José Domingo Seco Alarcón fue sentenciado a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautor del delito de secuestro calificado de Víctor Manuel Díaz López y como cómplice de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda y Eliana Marina Espinoza Fernández.

Los agentes Roberto Hernán Rodríguez Manquel y Leónidas Emiliano Méndez Moreno, deberán purgar 7 años presidio, como cómplices de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Víctor Manuel Díaz López, Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández.

El ex oficial de ejército y ex jefe del centro clandestino de exterminio Cuartel Simón Bolívar, Juan Hernán Morales Salgado deberá cumplir las penas de 8 años de presidio como coautor de los delitos de secuestro calificado y 15 años de presidio como coautor de homicidio calificado de Víctor Díaz López.

El ex oficial de ejército Jorge Claudio Andrade Gómez fue condenado a la pena de 6 años presidio, en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Víctor Manuel Díaz López.

Los agentes Sergio Orlando Escalona Acuña, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño y Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, fueron condenados a las penas de 5 años y un día como coautores del secuestro calificado y 12 años de presidio, como coautores del homicidio calificado de Víctor Díaz López.

Además, los agentes integrantes de las agrupaciones que operaban en el Cuartel Simón Bolívar, Nelson René Herrera Lagos, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, Celinda Angélica Aspe Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Jorge Hugo Arriagada Mora, Eduardo Oyarce Riquelme, Ana del Carmen Vilches Muñoz, Italia Donata Vaccarella Gilio, Jorge Lientur Manríquez Manterola, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Luis Alberto Lagos Yáñez, María Angélica Guerrero Soto, Sergio Hernán Castro Andrade, Pedro Antonio Gutiérrez Valdés, Joyce Ana Ahumada Despouy, Hiro Álvarez Vega, José Miguel Meza Serrano, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Marilín Melahani Silva Vergara, Camilo Torres Negrier y Juan Edmundo Suazo Saldaña, fueron condenados a 3 años y un día de presidio, como cómplices del delito de secuestro calificado Víctor Díaz López.

En tanto, fueron absueltos los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, Hugo Hernán Clavería Leiva, José Javier Soto Torres, Raúl Alberto Soto Pérez, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Pedro Mora Villanueva y Jorge Marcelo Escobar Fuentes.

Los hechos

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Miguel Vázquez logró establecer los siguientes hechos que develan el carácter criminal de los organismos represivos de la dictadura:

«1.- Que, la Dirección de Inteligencia Nacional Dina, a fines de 1975 o principios de 1976, tuvo una evolución operativa, produciéndose una reestructuración de sus diversas agrupaciones, momento en que el objetivo pasó a ser la persecución y represión del Partido Comunista. La agrupación de Barriga, a quien se le encargó combatir a ese partido operó en el cuartel de Villa Grimaldi y la de Lawrence, paralelamente en, una primera etapa, en el cuartel Venecia y, sin perjuicio de lo anterior, los operativos represivos fueron realizados de manera coordinada y en conjunto.

2.- Que, circunscrito en tal contexto, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional Dina, el día 30 de abril de 1976, alrededor de las 03:00 horas, concurrieron al domicilio de calle Conferencia N° 1587, comuna de Santiago, en conocimiento que se efectuaría una reunión de la cúpula directiva del Partido Comunista y detuvieron a sus moradores, Juan Becerra Barrera, su cónyuge, María Angélica Gutiérrez Gómez y la prima de ésta, Eliana Vidal; siendo trasladados a diversos establecimientos secretos de la Dina, en los que fueron intimidados e interrogados bajo apremios, a fin de entregar información respecto de las personas que iban o debían concurrir a su domicilio y, en particular, respecto de Mario Zamorano Donoso y Víctor Díaz López, entre otros, militantes comunistas.

3.- Que, una vez corroborada la información que manejaron los agentes, los moradores fueron devueltos al domicilio de calle Conferencia, para ser obligados a aparentar una vida de cotidiana normalidad, bajo la fiscalización de agentes de seguridad armados con metralletas, que montaron un operativo denominado «Ratonera», quedándose en el interior del lugar 5 agentes, los que se turnaban en espera sigilosa y encubierta de la llegada de cada uno de los integrantes del Partido Comunista que asistirían a la reunión, con el fin de detenerlos.

4.- Que, paralelamente, también se montó un operativo de similares características, en el domicilio de la madre de Juan Becerra Barrera, Sra. María de las Mercedes Barrera Pérez, la que en ocasiones hospedó a Mario Jaime Zamorano Donoso en su casa ubicada en calle Alejandro Fierro N° 5113, comuna de Quinta Normal; operativo que se efectuó en forma simultánea y coordinada con el de calle Conferencia y, en los que participaron en conjunto, a lo menos 20 funcionarios de la Dina.

5.- Que, en tal escenario, aproximadamente a las 19:00 horas del día 4 de mayo de 1976 llegó al inmueble de calle Conferencia Mario Jaime Zamorano Donoso, amigo del arrendatario y obrero marroquinero, quien perteneció al Partido Comunista, primero como integrante de las Juventudes Comunistas y luego, del Partido Comunista, pasando el año 1973 a ser el Encargado Nacional de Organización de dicho partido, perseguido por los servicios de seguridad que, al entrar al domicilio y producto de un forcejeo con los agentes de la Dina, resultó herido de bala en un muslo. Como se desangraba fue trasladado a una de las habitaciones, al fondo de la casa, para no obstruir el operativo, para luego, ser sacado de noche, envuelto en una frazada y transportado al cuartel de detención Villa Grimaldi o Terranova, ubicado en Avenida José Arrieta N° 8200, comuna de La Reina, donde permaneció y fue visto privado de libertad, por otros detenidos en aquel tiempo, tales como, Máximo Vásquez Garay (detenido en Villa Grimaldi desde el 11 de agosto de 1976, quien lo identificó físicamente y por su herida en el muslo), y datos proporcionados por Edwin Bustos Streter, agentes de la Dina Carlos Ramón Rinaldi Suarez, Guido Arnoldo Jara Brevis y Eduardo Antonio Reyes Lagos; informe policial N° 103 e informes de foja 8286 y 8290, emanados de la Fundación documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Se desconoce actualmente su paradero.

6.- Que, cerca de las 21:00 horas del mismo 4 de mayo de 1976 llegó al inmueble de calle Conferencia Onofre Jorge Muñoz Poutays, miembro del Comité Central del Partido Comunista, que al ser identificado como el marido de Gladys Marín, fue detenido, conducido al interior de la propiedad y finalmente transportado al cuartel de Villa Grimaldi, según los antecedentes proporcionados por los ex agentes de seguridad Carlos Ramón Rinaldi Suárez, Guido Arnoldo Jara Brevis, y datos incorporados por los informes de fojas 8286 y 8290, emanados de la Fundación documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Se desconoce actualmente su paradero.

7.- Que, al día siguiente, esto es, el 5 de mayo de 1976, concurrieron al citado inmueble de calle Conferencia, tipo 09:00 horas, Uldarico Donaire Cortez (también conocido como Rafael Cortez) y, tipo 09:30 horas, Jaime Patricio Donato Avendaño; ambos miembros del Comité Central del Partido Comunista, que apenas entraron fueron inmovilizados y detenidos; luego sacados en vehículos, esposados, custodiados por agentes y trasladados al cuartel de Villa Grimaldi, según los antecedentes proporcionados por los ex agentes de seguridad Carlos Ramón Rinaldi Suárez, Eduardo Antonio Reyes Lagos, Guido Arnoldo Jara Brevis; e informes de fojas 8290, 8297 y 8301, emanados de la Fundación documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Se desconocen actualmente sus paraderos.

8.- Que, del mismo modo, el 6 de mayo de 1976, entre las 13:00 y 14:00 horas fue detenida por agentes de la Dina, en el mismo inmueble y utilizando el mismo procedimiento, la enlace Elisa del Carmen Escobar Cepeda, conocida como «Marcela» o «La Chica Elisa» integrante del Comité Central del Partido Comunista, que también fue conducida al cuartel de Villa Grimaldi, según los antecedentes proporcionados por los ex agentes de seguridad Carlos Ramón Rinaldi Suárez y Guido Arnoldo Jara Brevis; testigo Sergio Helio Ovalle Farias, e informes de fojas 8290 y 8305, emanados de la Fundación documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Se desconoce actualmente su paradero.

9.- Que, el gobierno chileno de la época, dada las gestiones de búsqueda efectuadas por los familiares de las víctimas, informó que Mario Zamorano Donoso y Onofre Jorge Muñoz Poutays abandonaron el país rumbo a Argentina, datos falsos que no fueron confirmados por las autoridades argentinas; lo que resulta ilustrativo de una preparación y concertación que escapa del ámbito al que pueden acceder los agentes operativos, evidenciando una participación de los estamentos superiores de la Dina en la planificación de la operación de inteligencia, lo que se corrobora con el informe policial N° 907 en relación a los informes N° 531 y N° 603 de la Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile.

10.- Que, el 9 de mayo de 1976, tipo 09:00 horas, fue detenido por agentes de la Dina Lenin Adán Díaz Silva, miembro de la Comisión Técnica del Partido Comunista, encargado de los contactos entre los integrantes del Comité Central y de la búsqueda de casas para reuniones o para la protección de miembros del Partido, en el inmueble de propiedad de su suegro, José Apolonio Ramírez Ortega, ubicado en calle Gaspar de Orense N° 993, comuna de Quinta Normal, desde donde salió con rumbo desconocido, junto a la ya detenida Elisa Escobar y a un agente de la Dina, para ser visto posteriormente privado de libertad en el cuartel de Villa Grimaldi por el también detenido Isaac Godoy Castillo (quien compartió celda con Lenin Díaz el martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de agosto de 1976), lo que corrobora Humilde Apolonia Ramírez Caballero; informe de foja 8305 proporcionado por la Fundación documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad, informe policial N° 103, partes policiales N° 117 y 973, entre otros datos del proceso. Se ignora actualmente su paradero.

11.- Que, el 12 de mayo de 1976, Eliana Marina Espinoza Fernández, de nombre político «Sara», «Ana», miembro de la Comisión Nacional de Propaganda del Partido Comunista y enlace entre Mario Zamorano y Víctor Díaz (que ya había sido previamente buscada por Elisa Escobar), al enterarse del allanamiento del domicilio de unos arquitectos, decidió arriesgarse y abandonar su refugio de calle Adorno Nº 648, a fin de advertir a Víctor Díaz López. En tal escenario, salió de casa muy nerviosa, alrededor de las 17:00 horas, utilizando prendas de su hermana para no ser reconocida y acompañada de su cuñado Hernán Rivera Delgado, quien la trasladó hasta el sector de Independencia con Nueva de Matte, para tomar locomoción colectiva hacia un destino que no reveló, oportunidad en la que fue detenida, en un punto no determinado, por agentes de la Dina, para ser trasladada al cuartel de detención de Villa Grimaldi, donde permaneció privada de libertad, lo que se evidencia de la conexión existente entre ésta y el resto de los detenidos miembros de la misma colectividad, al igual que del modus operandi de aquella época, en concordancia con los datos proporcionados por Ninfa Ana Espinoza Fernández, Juan Espinoza Vega, Humilde Apolonia Ramírez Caballero y Sandra Eugenia Vila Macchiavello, y del informe del departamento de informaciones de Investigaciones de foja 4745. Se desconoce su actual paradero.

12.- Que, en la madrugada del día 12 de mayo de 1976, agentes de la Dina en un operativo que se denominó «La Noche de los cuchillos largos», allanó el domicilio de calle Bello Horizonte N° 979 comuna de Las Condes, momento en que sus moradores y testigos presenciales de los hechos, Jorge Canto Fuenzalida, su esposa Sandra Eugenia Vila Macchiavello e hijas de éstos, fueron despertados abruptamente con la frase «Somos de la Dina», intimidados con metralletas y obligados a mostrar el interior de la vivienda, lugar en que descubrieron al Secretario General del Partido Comunista, Víctor Manuel Díaz López, de apodo «Chino Díaz» y de nombre supuesto «José Santos Garrido Retamal», que estaba en la clandestinidad desde el 11 de septiembre de 1973, buscado por largo tiempo por los servicios de seguridad, de lo que dan cuenta los diversos allanamientos de los que fue objeto su familia y, los atestados de Viviana Elisa Díaz Caro, Héctor Aureliano Zúñiga Muñoz y José Alejandro Cifuentes Calderón, entre otros.

13.- Que, descubierto Víctor Díaz López en una de las habitaciones del inmueble, fue obligado a caminar delatando su cojera, por lo que fue insultado y golpeado duramente con puños, fue detenido e interrogado y obligado a abandonar el inmueble, bajo pretexto, según se comunicó a los propietarios de la casa, que sería conducido al centro de detención «Cuatro Álamos» y devuelto al inmueble, probablemente al día siguiente.

14.- Que, tras su detención, Víctor Díaz López, fue conducido al cuartel de Villa Grimaldi, donde se lo interrogó y torturó a fin de que entregara a otros miembros del partido, atendido el «Modus Operandis» de aquella época utilizado para desarticular a los partidos políticos y, los datos proporcionados por los detenidos de aquella época, Isaac Godoy Castillo, Pedro Rolando Jara Alegría, Emilio Iribarren Ledermann, Horacio Renato Silva Balbontín, Rosa Elsa Leiva Muñoz y Leonardo Alberto Scheneider Jordán y; agentes de la Dina Eduardo Antonio Reyes Lagos y Carlos Ramón Rinaldi Suárez, entre otros.

15.- Que, la Dirección de Inteligencia Nacional Dina, en una fecha no precisada, pero desde fines de 1975 o principios de 1976, ocupó y habilitó el inmueble de calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, consistente en una casa quinta, que fue acondicionada luego, para su propósito de reclusión. Contó con un solo portón de acceso, una garita a su derecha donde se hizo la guardia de puerta, una casa al fondo, una cancha de baby futbol, estacionamientos y al lado izquierdo del predio una especie de gimnasio donde hubo un casino, cocina y unos camarines y baños, inmueble en el que se desempeñó operativamente la brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado, empleado como un lugar secreto y clandestino de reclusión, que operó en la práctica como un cuartel de exterminio; situación que es reconocida por los propios agentes integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Dina.

16.- Que, en dicho escenario, a finales de agosto o principios de septiembre de 1976, se trasladaron al cuartel Simón Bolívar, las agrupaciones de la DINA a cargo de los oficiales Germán Barriga y Ricardo Lawrence, conjuntamente con sus agentes operativos, los que continuaron con la labor de investigar, ubicar, allanar, perseguir, reprimir y desarticular a los miembros del Partido Comunista, en especial a sus cúpulas directivas, para lo cual se habilitaron dependencias provisorias para su instalación, consistentes en oficinas, un gimnasio y camarines que fueron calabozos de encierro, en donde se realizaron interrogatorios y apremios; recinto al cual fue trasladado conjuntamente con dichas brigadas Víctor Manuel Díaz López, que permaneció a lo menos cuatro meses en tal lugar, en un régimen de encierro, permanentemente custodiado, interrogado y utilizado por los agentes que operaron en dicho cuartel para ubicar a otros en la clandestinidad; sin perjuicio, de los privilegios que obtuvo, tales como, televisión, velador y radio, por colaborar a lo menos aparentemente con los agentes de la Dina, producto de los apremios de los que fue objeto; momento en que las agrupaciones de Morales, Barriga y Lawrence formaron una sola unidad; razón por la que existen tantos testimonios en autos que dan cuenta de su estadía en tal cuartel, dentro de éstos, Hugo Luis Castillo Ovalle, Jorgelino del Carmen Vergara Bravo, Carlos Segundo Marcos Muñoz, Jorge Laureano Sagardía Monje, Guillermo Jesús Ferrán Martínez, Claudio Orlando Orellana de la Pinta y Eduardo Antonio Reyes Lagos.

17.- Que, todas las víctimas del proceso, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad; apremios que no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconciencia de las víctimas.

18.- Que, una vez considerado que Víctor Díaz López no tenía nada más que aportar, agentes de la Dina procedieron, en cumplimiento de una orden de ejecución, emanada del superior jerárquico de la institución y trasmitida por el jefe del cuartel a sus subordinados, a dar muerte a Víctor Manuel Díaz López cuando estaba en el interior de un calabozo del cuartel Simón Bolívar, lo que se verificó durante una tarde, de un día indeterminado de la primera quincena de enero 1977.

19.- Que, para darle muerte, se utilizó la acción conjunta de varios agentes del cuartel, los que con una bolsa plástica cubrieron su cabeza y la amarraron al cuello, impidiéndole la respiración, lo que produjo su deceso por asfixia, atento a lo revelado por el testigo presencial Eduardo Antonio Reyes Lagos; por los testigos de oídas Carlos Segundo Marcos Muñoz, Jorge Laureano Sagardía Monje, Claudio Orlando Orellana de la Pinta; datos proporcionados por los acusados (exclusivamente por delitos de secuestro), Jorge Iván Díaz Radulovich, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, José Alfonso Ojeda Obando; por lo informado a través del periódico «El Siglo», e incluso por el propio autor confeso, Juvenal Alfonso Piña Garrido, como se reproducirá en la oportunidad correspondiente de participación.
Una vez constatada su muerte, los hechores introdujeron el cadáver en dos bolsas gruesas de polietileno, una por la cabeza y otra por los pies, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel, por ser el método utilizado para que los cuerpos en el mar se fueran a profundidad y no fueran encontrados, en virtud de lo acusado por Jorgelino del Carmen Vergara Bravo, Jorge Laureano Sagardía Monje y datos proporcionados por Juan Carlos Molina Herrera e informe policial Nº 1615, entre otros datos del proceso.

20.- Que, acto seguido, el cadáver fue introducido en dos sacos de arpillería, uno por la cabeza y otro por las extremidades, unidos con alambres, subido a un portamaletas de un vehículo de la brigada y trasladado hasta el sector de Peldehue, donde fue subido a un helicóptero que partió con destino a alta mar, siendo arrojado desde las alturas, en un punto no determinado; circunstancia que se acredita por los atestados de Jorgelino del Carmen Vergara Bravo, Carlos Segundo Marcos Muñoz, Jorge Laureano Sagardía Monje, antecedentes proporcionados por el periódico «El Siglo», partes policiales Nº 973 y 242, informes policiales Nº 907, declaraciones de los acusados (exclusivamente por delitos de secuestro) Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Heriberto del Carmen Acevedo, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, e incluso, por el propio Manuel Contreras Sepúlveda en foja 4343 al declarar: «…que fueron más de 400 los lanzados al mar, aunque no por la Dina».

21.- Que, la autoridad administrativa de gobierno negó las detenciones de todas las víctimas de autos, informando el Departamento Confidencial del Ministerio del Interior que no se encontraban detenidos por orden del Ministerio, salvo la situación peculiar de Víctor Diaz López, en que por Decreto exento N° 2052, de 12 de mayo de 1976, se constató el arresto de «José Santos Garrido Retamal» en el Campamento Cuatro Álamos, constando su libertad por Decreto exento N° 2054 de 13 de mayo de 1976, lo que aclara por oficio de foja 4373 estableciendo que Víctor Díaz López y José Santos Garrido Retamal corresponden a la misma persona, en conformidad a lo expuesto por su cónyuge.

22.- Que, el lanzamiento de cuerpos al mar fue una práctica sistemática utilizada por los agentes de seguridad desde principios de 1974 hasta 1978, la que se acredita por los distintos relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento, que dan cuenta de esas operaciones denominadas «Secretos Militares», en las que describen el modo en que se cargaron los bultos, preferentemente en modelos Puma SA 330; los lugares desde donde se iniciaron los vuelos, las zonas costeras hacia donde se dirigieron y; el modo en que los bultos denominados «Paquetes» se lanzaron al mar desde las alturas, sea por una escotilla del centro de la plataforma que se removía o, por las puertas laterales; conclusión que se aviene de la lectura conjunta de los relatos de Juan Carlos Molina Herrera, Bernardo de la Cruz Sepúlveda Lara, José Miguel Cabezas Flores, Ernesto Samuel Araneda Ortiz, Juan Jesús Pacheco Figueroa, Sergio del Carmen Castro Cano, Marcos Segundo Cáceres Rivera, Eufemio Segundo Pérez Vargas, Rigoberto Saavedra Navarro, Gabriel Enrique Saldaña Molina, Juan Domingo Pérez Collao, Juan Alfonso Díaz Morales, Julio Cesar Urbina Muñoz y José Domingo Ávila; antecedentes proporcionados por el parte policial Nº 1654 y; atestados de los Subcomisarios de la Policía de Investigaciones Sandro Gonzalo Gaete Escobar y Abel Alfonso Lizama Pino».

El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la declaratoria de Monumento Nacional del ex Cuartel Rocas de Santo Domingo. En la instancia, un uniformado –miembro del consejo en representación del Ministerio de Defensa Nacional– le preguntó a Javier Rebolledo, autor de libros que relatan el accionar del Ejército en Tejas Verdes: "¿Y a usted quién le paga?", luego de su exposición.

Por trece votos contra uno, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la declaratoria de Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico del ex cuartel Rocas de Santo Domingo. Se trata del lugar donde Manuel Contreras creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

El terreno está ubicado en la playa de Marbella, balneario Rocas de Santo Domingo. El consejo incluye al director del Museo de Bellas Artes y a un uniformado, en representación del Ministerio de Defensa Nacional.

La ministra de Cultura Claudia Barattini declaró que, “como país dimos un importante paso en la lucha por recuperar para la memoria de Chile el ex cuartel Rocas de Santo Domingo, lugar donde Manuel Contreras creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y que funcionó como centro de detención durante la dictadura militar (…). En esta decisión también participó el Consejo de la Cultura, a través de la representación que tenemos de un consejero, por ello, nos sentimos parte de esta importante decisión”.  

El arquitecto Miguel Lawner Steinman, apoyado por organizaciones de Derechos Humanos, fue quien presentó la solicitud al Consejo de Monumentos para declarar Monumento Nacional, en la categoría de Histórico, el ex balneario popular.

El arquitecto expuso ante el Consejo de Monumentos Nacionales, junto a Javier Rebolledo, periodista autor de los libros El Despertar de los Cuervos y La Danza de los Cuervos, textos que relatan el accionar represivo del Estado por medio de centros de tortura como Tejas Verdes.

Asistentes a la exposición aseguran que luego de las palabras de Rebolledo, el coronel Eduardo Villalón Rojas, representante del Ministerio de Defensa Nacional, le preguntó: "¿Y a usted quién le paga?". Y que además le tomó fotografías. 

La oposición del Ejército

La tramitación no estuvo exenta de problemas y negativas. El 13 de octubre, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió la respuesta de la Comandancia en Jefe de la institución castrense, la cual exponía que: “No se concuerda con la solicitud del Sr. Miguel Lawner Steinman de declarar como monumento nacional, en la categoría de Histórico, el ex balneario popular (…)”. En cuanto a los motivos, el Ejército señaló: “Con los recursos que se obtengan de su venta, se tiene previsto renovar viviendas de muy larga data y que actualmente están siendo ocupadas por personal del cuadro permanente y sus familias en la Región de Magallanes”.

En su carta de negativa, el Ejército también señala que dichas cabañas son de su propiedad, bajo la figura jurídica de Patrimonio de Afectación Fiscal. Lo que no explicita es que le fueron traspasadas desde la CNI en 1990, a través de una ley (18. 493) creada por la dictadura, entre otros motivos, para blanquear los robos y apropiaciones indebidas de terrenos e inmuebles, como el caso de Rocas de Santo Domingo.

Por su parte, el alcalde de Rocas de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín (UDI), señaló en su oposición a la declaratoria del terreno como Monumento Nacional que “para nosotros hasta ahora el lugar no tiene la connotación que se describe”. 

La negra historia del cuartel de "El Mamo Contreras"

El cuartel que dio origen a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo del Estado ejecutor de los vejámenes y torturas realizadas durante la dictadura está lleno de historia.

El ex cuartel Rocas de Santo Domingo originalmente fue un conjunto de cabañas construidas por el gobierno de la Unidad Popular en el exclusivo balneario, a poca distancia del regimiento Tejas Verdes ubicado en San Antonio, con el fin de dar vacaciones a trabajadores y sus familias.

Luego del Golpe de Estado, Manuel Contreras se tomó dichas cabañas. De forma paralela creó un centro de torturas instalado en el subterráneo del casino de oficiales del Regimiento Tejas Verdes, donde Contreras era director. Junto a él, varios de los que luego encabezaron las principales agrupaciones operativas de la DINA, como la teniente de Carabineros Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Rau´l Iturriaga, Gerardo Urrich, los tenientes de Carabineros Ricardo Lawrence y Ciro Torre´, y el entonces teniente de Ejército Cristián Labbe´.

Una parte importante de los violadores a los DD.HH. recibieron su formación ahí. Ejemplos son Basclay Zapata y Juvenal Piña. Zapata se hizo conocido debido a que, además de torturar, violó a prácticamente todas las detenidas que pasaron por sus manos en Londres 38 y luego en la Villa Grimaldi. En el caso de Piña, es el agente que en 1976, formando parte del cuartel de exterminio Simón Bolívar, confesó haber asfixiado con una bolsa plástica al subsecretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Víctor Díaz López.

Posterior a esta etapa formativa, Rocas de Santo Domingo continuó funcionando como cuartel de la DINA. Según testimonios judiciales, ahí operó la agrupación Galvarino, unidad poco conocida, que habría tenido tuición desde Copiapó a San Fernando, su misión era realizar detenciones, torturas y también se habría dedicado a brindar seguridad de avanzada al general Augusto Pinochet, probablemente cuando viajaba a Bucalemu. También investigaba antecedentes políticos y económicos de personas contrarias al régimen.

Testimonios judiciales contenidos en la querella contra Emilio Iribarren Ledermann señalan que, en marzo de 1975, cerca de 30 militantes del MIR, los partidos Comunista y Socialista, detenidos fundamentalmente en San Antonio, fueron llevados a las cabañas de Rocas de Santo Domingo donde fueron torturados.

El Consejo de Monumentos Nacionales junto a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) determinarán qué proyectos culturales se realizarán en el lugar, junto a la colaboración con la fundación de Ana Becerra, sobreviviente de Tejas Verdes. 

“Esta solicitud de declaratoria busca que este lugar se transforme en un espacio de recuerdo, reflexión y preservación de la memoria, que sirva de testimonio de los delitos cometidos durante la dictadura en Chile y que permita a las personas que deseen recordar a familiares y amigos que pasaron por el ex cuartel Rocas de Santo Domingo, y a los mismos sobrevivientes, tener un lugar de encuentro y recogimiento. Para nosotros como Gobierno es fundamental preservar la memoria del país, puesto que constituye la base de nuestra identidad cultural”, declaró la ministra de cultura Claudia Barattini.

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».
Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».
Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».
El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».
El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.
Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».
Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet

«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

La medida 29 del programa de la UP anunciaba el fomento al turismo y la recreación de los sectores populares. El 21 de mayo de 1971, en su primer mensaje ante el Congreso, Salvador Allende se refería a los alcances de tal disposición: “Es necesario que el turismo se despoje de su carácter de actividad elitaria, a la cual han tenido acceso (…) sólo las minorías con capacidad económica suficiente para poder pagar un turismo de lujo y sin contenido social”. En aquel discurso señalaba que, ya en enero de ese año, había comenzado la construcción de 13 “balnearios populares” con el carácter de “villas permanentes”, que se emplazarían en sitios de inmejorables condiciones para el solaz.

Cada centro tendría módulos de cabañas, servicios higiénicos, WC, comedor, bodega, lavaderos y otras dependencias. Se planificaba que recibirían grupos de hasta 250 personas por turno. Al momento de la cuenta pública, se encontraban en funcionamento  Tongoy, Los Vilos, Pichidangui, Papudo, Peñuelas (La Serena) y Llallanquén (embalse Rapel). Por entregarse estaban los de Curanipe, Llico y Duao, “y en construcción el de Santo Domingo”, señala el mensaje presidencial.

Los balnearios fueron construidos en terrenos fiscales cedidos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU. En oficios fechados el 4, 14 y 18 de enero de 1971, firmados por el ministro Carlos Cortés, se mencionan algunos de los lugares donde se edificarían. Se trata de los que serían aludidos por Allende, a los que se agregan La Herradura (Coquimbo), Loncura (Quintero), Piedras Negras (Las Cruces), Pelluhue y Tomé. Además, se explicita la urgencia con que la medida debía concretarse.

El dato es clave por el curso que tomarían los hechos. Producido el Golpe, el balneario popular de Rocas de Santo Domingo fue ocupado por el regimiento Tejas Verdes, a cargo del funesto coronel Manuel Contreras. Las cabañas serían usadas como escuela de adiestramiento de la DINA, en los meses posteriores, y como cárcel clandestina donde los agentes perpetraron torturas y crímenes. Tras el fin de la dictadura continuó en manos militares. A fines de 2013, las cabañas fueron demolidas aduciendo una petición del municipio de Santo Domingo. Pese a la declaración como “Monumento Histórico”, por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en 2014, son conocidas las intenciones del estamento armado de vender el predio, como ha sido la tónica en otros lugares. “El terreno aún pertenece al Ejército y no está dispuesto a entregarlo. Ese terreno no les pertenecía, debieran devolverlo al pueblo de Chile. No deben pedir ni una permuta ni un dinero”, señala Ana Becerra, sobreviviente del centro de detención y presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio.

FANTASMAS

El balneario popular de Rocas de Santo Domingo sería entregado a mediados de 1971. Se le bautizaría “Villa de Turismo Social Carlos Cortés”, en homenaje al ministro fallecido poco antes.

Dos filmes sobrevivientes de dicha época dan cuenta de la experiencia. Ambos se encuentran disponibles hoy en internet. El primero es “Un Verano Felíz” (1972), dirigido por Alejandro Segovia y producido por el desaparecido Departamento de Cine y TV de la CUT. Se trata de una pieza semidocumental rodada en la desaparecida Textil Progreso, situada en el Cordón Vicuña Mackenna y, precisamente, en las cabañas del balneario de Rocas de Santo Domingo. El segundo filme es “El derecho al descanso”. Fue producido un año antes por la OIR, la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia. Al igual que el anterior se trata de un corto promocional. Fue dirigido por Adolfo Silva quien, tras el 11 de septiembre, estuvo en isla Dawson, donde compartió reclusión, entre otros, con el arquitecto Miguel Lawner, ex director de la antigua Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, quien ha bregado estos años, junto a la Fundación por la Memoria, para transformar el predio de Rocas de Santo Domingo en un Parque de la Memoria. Adolfo Silva falleció a inicios de los 90, al igual que el camarógrafo Manuel Julio. De este equipo sólo queda vivo el montajista Eliseo Pedraza. “El derecho al descanso” posee planos de varios balnearios y debe contener el único registro de la construcción de las cabañas, a cargo de obreros.

Imagen actual del sitio en donde estaban las cabañas

 

LA PEGA ERA GRANDOTA

La administración de los balnearios estuvo a cargo de dos entidades. Una fue la Central Única de Trabajadores, CUT. Hacia 1971, Waldo Arévalo era subsecretario de Finanzas de la multisindical. Su oficina estaba en el antiguo local de calle Cienfuegos. Fue nombrado encargado para los nacientes centros de turismo social. Entre estos, Rocas de Santo Domingo. Justamente Arévalo aparece en las primeras escenas de “Un verano felíz” entregándole al obrero protagonista su pase a un balneario. “Estábamos en la batalla de la producción, entonces era un premio para los trabajadores”, recuerda hoy. “Eran las asambleas de los sindicatos las que nominaban a los favorecidos, de acuerdo a un puntaje de una pauta”, rememora. Por su trabajo, visitó los balnearios de Arica y zona central. “Se alcanzó a gestionar 17 balnearios pero el plan era 25, y no sólo en el litoral”, evoca.

Waldo Arévalo

En febrero de 1973, Arévalo acompañó a su mujer, Carmen Pascual, a la RDA a un encuentro femenino internacional. La intervención militar los sorprendió allí. Regresó clandestino a Chile en 1978. Un día volvió a la sede de calle Cienfuegos, ocupada por la FACH. Hoy cree que toda la documentación de la gestión que la CUT realizó de los balnearios fue destruida por los uniformados.

La otra entidad a cargo fue la Oficina de Comunicaciones de la Consejería Nacional de Desarrollo Social, dependiente de la Presidencia. Como miembro de aquella, Jorge Rojas fue supervisor de los balnearios localizados en Las Cruces, Papudo y Puchuncaví. “Teníamos una concepción de trabajo distinta a la del PC; proveníamos de otras organizaciones políticas como el MIR, el MAPU y maoístas; además, estábamos influidos por Paulo Freire”, cuenta hoy. Buena parte de los visitantes a estos balnearios eran pobladores de diversas tomas de Santiago. “La gente que iba a los balnearios iba a descansar pero también a hacer un trabajo político (…) Hay que recordar que en esa época hubo muchas tomas. Todas tenían una historia bellísima y nadie la contaba. Era como decirle a la gente: ‘Cuenten su propia historia. Y para eso teníamos que entregarles instrumentos…”.

 

En los balnearios hubo monitores de párvulos y educación física pero además, de teatro y grupos musicales, así como muralistas. Cerca de 300 jóvenes cumplieron este rol, en una temporada que iba desde enero a inicios de marzo. A quienes veraneaban se les entregaban tres comidas diarias en el comedor del balneario. Por cada turno, llegaban 80 personas aproximadamente. Sólo se les pedía que hicieran el aseo de su cabaña. “No tenían que preparar nada, lo que ayudaba especialmente a las mujeres”, recuerda Rojas.

El trabajo de la Consejería duraría hasta inicios de 1973. La presión política contra la iniciativa era fuerte. “Nos acusaban de extremistas, de estar armando escuelas de guerrillas”, recuerda el antiguo supervisor. En ese último verano, se trasladaría a cumplir funciones al mineral de El Salvador para crear un balneario allí. Al momento del Golpe estaba en Santiago y sería detenido en los días siguientes.

COMO SI NO HUBIERA EXISTIDO

Actor clave en la construcción de las cabañas fue Renato Hernández Orrego, arquitecto que había sido llevado al MINVU por el mismo Salvador Allende, poco después de ser electo. Fue designado a cargo de la División de Planificación de Equipamiento Comunitario (DEPEC). “Las cabañas eran bien equipadas, bien terminadas”, cuenta hoy, mientras revisa algunas fotos de aquel período. En una se le ve, de 35 años, dando un discurso en la inauguración de un balneario. En otra, aparece fiscalizando las cabañas. El sitio es Rocas de Santo Domingo.

Renato Hernández

Conoció todos los centros. “Iba a terreno y veía cómo se ejecutaban las obras. Nos dedicábamos mucho al control de la construcción. Yo iba temprano a hablar con los trabajadores (de la construcción) para que no se robaran el cemento o el fierro y ellos me decían que no lo iban a hacer porque se trataba de gente que iba ir a vivir allá y si las cabañas quedaban con menos material se podían caer con un temblor”, recuerda. En el caso de Rocas de Santo Domingo fue un grupo de obreros, pertenecientes al sindicato de la construcción de San Antonio, quienes edificaron las cabañas. En otros lados fueron empresas.

Hernández es un hombre de pocas palabras pero estas adquieren un sentido concreto ante ciertas preguntas. “Me sentí como las huevas”, cuenta cuando se enteró que las FFAA se habían apoderado de las cabañas. “Ese no era el sentido que tenían. Les quitaron las cosas a los pobladores”, añade.

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En 1982, Bernardo Garrido Valenzuela, entonces abogado del MINVU, entregó a Hernández un certificado donde se declara que cumplió funciones como “Director subrogante de la División de Equipamiento Comunitario entre el 14 de Diciembre de 1970 y el 15 de Febrero de 1974”. El documento reconoce, en plena dictadura, la existencia de 16 balnearios, entre los que se cuenta el de Rocas de Santo Domingo, de “1837 mts cuadrados” con un “100% de avance”. El certificado refuta las artimañas realizadas, en años posteriores, por el Ejército y otras FFAA para desconocer no sólo la propiedad original de los predios sino la existencia de los balnearios. Todos fueron ocupados y usurpados. Muchos, vendidos a particulares, probablemente a cifras altísimas dada su localización privilegiada.

En el caso de Rocas de Santo Domingo, el 1 de diciembre de 1982, ante el notario Víctor Bianchi Pacheco, fue suscrita una escritura pública donde la municipalidad local transfirió a la Central Nacional de Informaciones la propiedad del balneario popular. “La escritura de transferencia gratuita del Municipio a la CNI ignora la transferencia al MINVU efectuada en 1971. Es como si no hubiera existido. Señala que la Municipalidad de Santo Domingo adquirió el terreno a la Sociedad Anónima Playa Las Rocas de Santo Domingo el año 1954, y livianamente salta del año 1954 a la transferencia gratuita a la CNI en 1982, dejando una laguna incomprensible”, indica Miguel Lawner, en un expediente entregado, en 2014, al CMN en pos de su declaración como monumento histórico.

1971. Renato Hernández, supervisa la entrega de las cabañas de Rocas de Santo Domingo

VENDADOS Y AMARRADOS

Jorge Silva tenía 22 años al momento del Golpe y militaba en el MIR. Vivía en Llolleo, en una de las colinas que rodea el puerto de San Antonio. Era el mayor de diez hermanos y trabajaba en un taller de desabolladuría. Fue detenido, por primera vez, a mediados de septiembre y trasladado al regimiento Tejas Verdes. “Se ensañaron porque estaban aprendiendo a torturar”, cuenta hoy. Sería nuevamente privado de libertad el 1 de marzo de 1975. Esa madrugada, llegó hasta la casa de su familia un grupo de hombres vestidos de civil. “Yo los conocía… (Gregorio) Romero, Valentín Escobedo, (Julio) Casas Cordero y “Joel” (Emilio Iribarren Ledermann) que había sido miembro de la dirección central del MIR, y se me acerca cuando me tiraron vendado y amarrado a la camioneta, y me pregunta si conozco a Joel… Se me vinieron dos cosas a la mente: Que había sido infiltrado o que había sido detenido y torturado”. A bordo de la camioneta, mentalmente, pudo reconocer el trayecto de sus secuestradores. Al descender, el olor a mar y la textura del arena confirmó su presentimiento: Estaba en el balneario popular. El hombre constató que muchos de sus compañeros ya estaban allí. Por las voces, por los lamentos. También por los llamados a interrogatorio que hacían los agentes.

Jorge Silva

La rutina fue brutal. Silva era sacado de la cabaña de reclusión y llevado a otra para ser torturado. En varias oportunidades fue golpeado y se le aplicó electricidad en manos, genitales y otras partes del cuerpo. Recuerda las órdenes del capitán Mario Jara Seguel y su “dele huasca” para animar a los verdugos. Las sesiones eran nocturnas pues las cabañas cercanas al camino albergaban a familiares de los miembros de la DINA que se encontraban veraneando. Jorge Silva cuenta que oía sus conversaciones y las voces de niños, inclusive. Durante el día (los agentes) eran padres y esposos ejemplares, y en la noche se  transformaban”, cuenta con la voz trizada por la emoción. Los pinos que rodeaban los módulos fueron usados para amarrar a los prisioneros durante días completos. También rememora los asados que los agentes organizaban con sus familias, en el antiguo comedor; sus risas y la música que llegaba hasta su presidio. Dentro de los tormentos se incluyó el hambre al que fueron sometidos. “Una sola vez nos obligaron a comer, amarrados a una olla, con un  tenedor. Ellos (los agentes) se reían; nadie se atrevía a comer porque no sabíamos qué era”, recuerda. “En todo tiempo pensé que nos iban a matar… A mí nadie me quita la idea que ahí está enterrada gente… O la tiraron al río o la echaron al mar”, dice.

{destacado-1} Cuenta que él y Ana Becerra serían los últimos en ser trasladados desde las cabañas. Luego pasaría por Villa Grimaldi, Tres Álamos y Cuatro Álamos. Después fue enviado a Puchuncaví, al llamado cuartel Melinka, un terreno que también había sido balneario popular. Sería liberado recién a fines de 1975. Regresó a San Antonio. Nunca se exiliaría.

A mediados de los 80 integraría la Agrupación de Ex Presos Políticos, junto a Ana Becerra. En la Vicaría de la Solidaridad denunciaría, por primera vez, la existencia de las cabañas como cárcel clandestina. “Si quedamos con vida es para contar la historia, y las nuevas generaciones sepan qué realmente ocurrió. Y nunca más vuelva a pasar”, reflexiona.

Una escuela de derechos humanos

Recién en septiembre pasado, Adriana Delpiano, ministra de Educación, firmó el decreto 337 que oficializó como “monumento nacional en la categoría de monumento histórico” el predio del balneario popular Rocas de Santo Domingo. La decisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) databa de fines de 2014. Tal lentitud es un ejemplo, para la Fundación por la Memoria, de la poca recepción a su labor en las instancias estatales. “En los mandos medios hay voluntad pero desde el Estado no existen políticas para estas iniciativas que tienen un origen popular”, argumenta Milko Caracciolo, miembro del grupo. Como ellos, tras los 40 años del Golpe, son decenas en todo el país las agrupaciones que quieren recuperar casas y lugares para la memoria. “Es sorprendente ver a gente de los ministerios que entiende la situación pero cuando se les exigen compromisos reales, te digan del poder que aún mantienen las FFAA. Eso significa el temor que desde el gobierno aún se les tiene”, añade Caracciolo.

En coincidencia, Ana Becerra recuerda el anuncio presidencial de crear una Subsecretaría de Derechos Humanos… aún sin concreción: “Eso frena todas las gestiones, los funcionarios no toman decisiones porque esperan que llegue la subsecretaría”. Otro ejemplo es la prolongada espera para la aprobación, desde el Parlamento, de presupuesto para el CMN que permitiría realizar el levantamiento histórico del terreno.

Ana Becerra junto a Milko Caracciolo

Tal faena es indispensable. Así como han realizado actos, visitas guiadas y tareas de limpieza, los miembros de la Fundación inspeccionan el predio, de cuando en cuando. A inicios de este año, detectaron que habían cortado árboles. Lo denunciaron a la Fiscalía y hoy la Brigada de Delitos del Medio Ambiente (BIDEMAS) de la PDI se encuentra recolectando información. Actualmente, puede apreciarse en el lugar que manos anónimas han apilado restos de pizarreño de las antiguas techumbres. También es perceptible la remoción de los algunos cimientos.

Los militantes denuncian que el Ejército, en los últimos meses, ha intentado trocar el terreno con las fundaciónes Cosmos y Mar Adentro, a cargo del aledaño Humedal Río Maipo para anexar el predio a su zona de conservación. De esta maniobra no son responsables los ecologistas. “Con ellos existen relaciones de trabajo y respeto mutuo, no con la municipalidad y el Ejército que, por supuesto, no les interesa que haya un patrimonio de la memoria”, explica Caracciolo.

La documentación legal sobre el balneario fue destruida u ocultada ha denunciado Miguel Lawner. Sin embargo, lentamente, la Fundación por la Memoria ha obtenido antecedentes  que permiten comprobar que el balneario se edificó en toda regla. “Es imposible que el MINVU hubiera levantado en 1971 un solo m2 de construcción sobre un terreno que no le pertenecía. La Contraloría jamás habría cursado semejante operación y menos aún habría autorizado inversiones en un terreno sobre el cual el MINVU no exhibía plena posesión”, señala Lawner en el expediente antes mencionado. “Eso nos prueba que este terreno no es de la comuna de Santo Domingo, como ellos lo manifiestan. Hay una concomitancia entre el municipio, el Ejército y Bienes Raíces, donde no existe ningún papel que señala que allí hubo unas cabañas. También el SII, donde un certificado dice que era sitio eriazo”, enjuicia Ana Becerra.

Pese a los obstáculos, la dirigenta de la Fundación sostiene que no renunciarán a lograr que el predio se transforme en un Parque de la Memoria, con énfasis en la educación: “Si queremos recuperar memoria tenemos que dirigirnos a jóvenes y niños. No podemos seguir hablando a gente de nuestra edad. Para que el ‘nunca más’ sea verdadero tenemos que trabajar con los estudiantes. Si esto fue una escuela de la DINA, queremos una Escuela de Derechos Humanos”.