Garfias Cabrera Luis Armando Daniel

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

El ministro en visita Claudio Pavez, que investiga el proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber, indaga el suicidio del  brigadier (R) Luis Garfias Cabrera -ocurrido ayer a las 8:00- quien se disparó un tiro en la boca en su residencia de Tomás Moro en la comuna de Las Condes.

La decisión del magistrado se produce porque Garfias Cabrera fue compañero de curso del procesado ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm, quien actualmente se encuentra procesado por asociación ilícita.

Además, porque de acuerdo al parte reservado que emitió el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Investigaciones, Raúl Molina, la decisión de Garfias se produjo luego que la semana pasada visitara a Krumm en su lugar de reclusión.

Fuentes ligadas al proceso confirmaron que el magistrado manejaría información en torno a que Garfias Cabrera habría sido advertido por Krumm de “que se cuidara, que él podría ser el próximo” refiriéndose a la posibilidad de que fuera interrogado y encausado por Pavez. Se suma a ello el testimonio de la esposa del fallecido ex oficial, quien aseguró que hace una semana, luego de hablar con Krumm su marido entró en un cuadro depresivo.

Hasta ahora se desconoce cuál sería el rol que pudo haber tenido Garfias Cabrera en la muerte de Gerardo Huber o bien en el tráfico ilegal de armas a Croacia. En busca de aclarar esa interrogante el magistrado evalúa citar a declarar a los deudos de Garfias.

El brigadier que se auto eliminó estuvo destinado en 1973 a la Escuela de Infantería de San Bernardo y se le atribuyó responsabilidad en la desaparición de algunas personas, pero nunca fue procesado en alguna causa judicial.

Con la muerte de Garfias Cabrera, que se transforma en una nueva línea de investigación del ministro Pavez, es el quinto fallecimiento misterioso de una persona ligada de alguna u otra manera a la causa.

Goleada

En tanto, ayer la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó por tres votos contra cero el procesamiento por asociación ilícita dictado por Pavez, en contra del ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis Carrasco.

El dictamen por unanimidad le correspondió a por los ministros Leyla Medina, María Teresa Díaz y Héctor Solís, quienes estimaron que las presunciones tenidas a la vista por Pavez eran sospecha suficiente para procesar a Provis, toda vez que el recurso de amparo no es la vía idónea para revocar una resolución de este tipo.

De esta manera es posible proyectar el criterio jurídico de los magistrados si es que los otros cuatro procesados, los generales (R) Krumm; el ex jefe de la DINE, general (R) Eugenio Covarrubias; el subdirector, Víctor Lizárraga y el amigo de Huber, coronel (R) Julio Muñoz, pudieran seguir la misma vía judicial.

El primero en iniciar los alegatos fue el abogado Cristián Letelier en representación de Provis, quien apuntó a que el encausamiento de su cliente más que una asociación ilícita era una “conspiración” sin entrar en mayores detalles, ya que carece del conocimiento del sumario.

Posteriormente le correspondió el turno a Joanna Heskie, abogada de la familia Huber, quien insistió en las numerosas contradicciones que existen en el proceso entre Provis y el ex subdirector de inteligencia del Ejército, general (R) Víctor Lizárraga, otro de los encausados.

La última intervención estuvo a cargo de la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien recordó, además, el rol de Provis en el secuestro del químico de la DINA; Eugenio Berríos, cuando mantuvo a este en las dependencias del BIE en 1991, como también las múltiples diferencias en sus testimonios ante el ministro Pavez.

Pese a este resultado adverso, el abogado de Provis podría apelar a la Corte Suprema, cuya segunda sala debiera resolver si mantiene o revoca la decisión de Pavez