García Reyes José Manuel

En una masiva resolución la jueza Eliana Quezada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, procesó a cuatro oficiales y nueve suboficiales (R) de la Armada como coautores del secuestro -en septiembre de 1973- del sacerdote Miguel Woodward.

Con ello la ministra elevó a 19 los encausados en esta investigación, precisamente cuando se cumplen 35 años de la desaparición del religioso que militaba en el MAPU.

Por primera vez la magistrada dio cuenta esta vez del capitán de navío (R) Víctor Valverde Steinlein, quien como director entonces de la Escuela de Operaciones de la Armada, fue el jefe de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) que la Marina usó hasta fines de octubre de 1973 como centro de detención tras el golpe militar.

También encausó al capitán de navío (R) Luis Holley de la Maza y a los capitanes de fragata (R) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo.

Éstos comandaron los equipos que la Armada formó coordinados por Valverde para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón, utilizando las dependencias de la UTFSM como lugar de reclusión de quienes eran arrestados en esa zona.

Miguel Woodward fue detenido en su casa de Placeres el 21 de septiembre y conducido a esa universidad donde recibió los primeros golpes y torturas.

"Una patrulla del Cuartel de Operaciones de la UTFSM detuvo a Woodward, donde fue interrogado, golpeado y sometido a diversas torturas por parte de funcionarios de la Armada que integraban la Compañía de la Escuela de Operaciones allí asentada, para al día siguiente entregarlo a la Academia de Guerra Naval (AGN)", sostiene el dictamen de la jueza Quezada.

Diez de los trece procesados están ya bajo arresto en el cuartel de Infantería de Marina de Las Salinas en Viña del Mar, tras ser ubicados por funcionarios de Investigaciones.

El capitán de fragata (R) José Yáñez Riveros, regresa a Chile en noviembre porque está a bordo de una nave comercial.

Respecto del otro capitán de fragata (R) Marcos Silva Bravo, éste se encuentra de vacaciones en el sur, donde está siendo buscado por los funcionarios policiales. El suboficial Alfredo Mondaca Salamanca vive en Iquique y ya fue ubicado. Se espera que ambos ingresen hoy a cumplir su arresto en el mismo cuartel.

Miguel Woodward continuó luego siendo torturado en la AGN y quedó moribundo, por lo que fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde existía un hospital de campaña.

Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser, quien recomendó llevarlo Hospital Naval, entonces en el cerro Playa Ancha. No se ha determinado el lugar exacto donde murió Woodward.

Los actuales procesados tuvieron participación en la detención, golpiza y torturas del sacerdote, como en su posterior traslado a la AGN y a la Esmeralda. El jefe de la AGN y los torturadores del religioso en esta academia, tres vicealmirantes, dos capitanes de navío y un teniente, todos en retiro, fueron ya encausados en abril pasado.

Nómina de Procesados

1.- Víctor Valverde Steilein (capitán navío R)

2.- Luis Holley de la Maza (capitán navío R)

3.- José Yáñez Riveros (capitán fragata R)

4.- Marcos Silva Bravo (capitán fragata R)

5.- José García Reyes (suboficial R)

6.- Alfredo Mondaca Salamanca (subof. R)

7.- Luis Pinda Figueroa (subof. R)

8.- Carlos Miño Muñoz (subof. R)

9.- José Rojas Araya (subof. R)

10.- Pedro Vidal Miranda (subof. R)

11.- Héctor Palomino López (subof. R)

12.- Guillermo Inostroza Opazo (subof. R)

13.- Claudio Cerezo Valencia (subof. R)

 

El juez Julio Miranda Lillo responsabilizó en diez oficiales y suboficiales de Armada la desaparición del sacerdote chileno británico Miguel Woodward, de quien se perdió rastro físico pocos días después de su detención en septiembre de 1973.
Miguel Woodward Iriberry fue un sacerdote chileno-británico que luego del golpe militar se refugió en distintas casas de amigos, temiendo por su vida ante un arresto por parte de oficiales del Ejército. El 18 de septiembre de 1973 regresó a su domicilio en Cerro Placeres, donde fue interceptado por oficiales marinos que lo condujeron por distintos puntos de interrogatorio hasta perder su rastro físico.
Este miércoles, el juez Julio Miranda Lillo presentó una acusación en contra de diez marinos por su presunta responsabilidad en la desaparición de Woodward. Se trata de oficiales y suboficiales de la Armada que son individualizados en los cargos presentados en el marco del Caso Woodward.
Los marinos procesados son Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.
El juez Miranda argumentó que “los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados”.
Miguel Woodward fue conducido hasta la Universidad Santa María para luego ser derivado al buque escuela Esmeralda, lugar emblemático de las fuerzas armadas chilenas utilizado como centro de detención y tortura en dictadura. Ante el deterioro experimentado por Woodward luego de los interrogatorios, fue trasladado hasta el Hospital Naval, sin que se tenga registro físico luego de ello.
Si bien un médico naval extendió un certificado de defunción del sacerdote, nunca fue posible dar con el paradero de su cuerpo. Las últimas diligencias se realizaron en la fosa común del cementerio de Valparaíso, sin resultados positivos.
La acusación será notificada a los querellantes y luego a la defensas de los procesados, para luego dar inicio a la etapa de plenario, previa a la dictación de condena de primera instancia.

Los suboficiales retirados de la Armada fueron sentenciados por el secuestro calificado del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward.

El magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda, condenó este martes a dos antiguos integrantes de la Armada por la desaparición del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward en 1973, quien falleció a bordo de la Esmeralda y cuyos restos aún no han sido hallados.

Los retirados suboficiales José Manuel García Reyes y Héctor Fernando Palomino López, fueron sentenciados por el delito de secuestro calificado (desaparición) del clérigo y el Estado deberá pagar una indemnización de 50 millones de pesos a la hermana de Woodward por concepto de daño moral.

Además, otros ex funcionarios de la institución fueron absueltos por el crimen. Se trata de Manuel Leiva, remitido por padecer demencia; y Carlos Miño, Marcos Silva, Guillermo Inostroza, Luis Pinda y Bertalino Castillo, por falta de participación en el hecho.

Cabe recordar que en una resolución emitida el 2011, que fue ratificada por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema, fueron sobreseídos otros 19 oficiales en retiro que habían sido procesados en este caso.

La desaparición de Miguel Woodward ocurrió días después del golpe de Estado, cuando el sacerdote fue arrestado por una patrulla de la Armada en su domicilio de Valparaíso y conducido hasta la Universidad Técnica Federico Santa María y luego a la Academia de Guerra Naval. Según la investigación, en ambos lugares había sido torturado.

El 21 de septiembre de 1973 el religioso fue sacado de la Academia para ser trasladado al busque escuela Esmeralda, donde falleció.

Tras el deceso, su cuerpo fue trasladado hasta el Hospital Naval. Sin embargo, sus restos nunca han sido hallados.

El ministro en visita de la Corte de Valparaíso Julio Miranda condenó a dos ex funcionarios de la Armada por la muerte del sacerdote británico Michael Woodward, poco después del golpe militar de 1973.

El suboficial (r) José García Reyes y el sargento (r) Héctor Palomino López recibieron tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

La resolución absuelve a los suboficiales (r) Manuel Leiva (por demencia), Carlos Miño, Marcos Silva, Guillermo Inostroza, Luis Pinda y Bertalino Castillo (los cinco últimos por falta de participación).

Miranda concluyó que Woodward fue sacado de su casa y llevado a la Academia de Guerra Naval, "sin orden administrativa o judicial", y que estuvo en el Buque Escuela Esmeralda y en el Hospital Naval, donde un médico certificó su muerte. Su cuerpo nunca apareció. En un comunicado, el embajador británico Jon Benjamin sostuvo que si bien no es labor de su gobierno comentar decisiones judiciales chilenas, "pensamos que este fue un crimen de lesa humanidad muy grave contra un ciudadano británico".