Dublé Pizarro Florencio

El general (R) Sergio Poblete le envió una misiva donde acusaba al entonces jefe de Estado Mayor de la FACh, Florencio Dublé, de haber torturado prisioneros en la Academia de Guerra Aérea. Nada trascendió en su momento y el general Dublé terminó su carrera en la institución sin tropiezos. A principios de 1998, cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle era Presidente y Raúl Troncoso su ministro de Defensa, el Mandatario recibió la copia de una misiva enviada al entonces comandante en jefe de la FACh, Fernando Rojas Vender, por el general (R)de la Fuerza Aérea, Sergio Poblete, quien en ese momento vivía en Lieja, Bélgica. 

La carta contenía fuertes denuncias: el ex oficial reiteraba que había sido víctima de apremios ilegítimos, torturas y vejámenes durante su detención en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la FACh junto a otras personas, y también ponía a disposición del Presidente la lista de torturadores que operaban solamente en la AGA, con los grados que tenían en ese momento. 

La lista incluía al entonces capitán Florencio Dublé, quien al momento de la denuncia era general y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Pese a la gravedad de los cargos y a que éstos fueron comunicados al comandante en jefe y al Presidente de la República, nada trascendió en su momento y el general Dublé terminó su carrera en la institución sin tropiezos. El caso recuerda al que involucra al actual jefe de Estado Mayor de la FACh, Hernán Gabrielli Rojas, quien ha sido acusado por ex prisioneros políticos de la base de Cerro Moreno, en la Segunda Región, de haber ejercido apremios ilegítimos sobre Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, quien luego fue fusilado por la Caravana de la Muerte. La lista incluía al entonces capitán Florencio Dublé, quien al momento de la denuncia era general y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Pese a la gravedad de los cargos y a que éstos fueron comunicados al comandante en jefe y al Presidente de la República, nada trascendió en su momento y el general Dublé terminó su carrera en la institución sin tropiezos. El caso recuerda al que involucra al actual jefe de Estado Mayor de la FACh, Hernán Gabrielli Rojas, quien ha sido acusado por ex prisioneros políticos de la base de Cerro Moreno, en la Segunda Región, de haber ejercido apremios ilegítimos sobre Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, quien luego fue fusilado por la Caravana de la Muerte.
 

En la tarde del miércoles, y en calidad de inculpado, el ex comandante en jefe de la FACh Ramón Vega prestó declaración ante el ministro Omar Astudillo, quien indaga el supuesto pago de comisiones ilegales en la compra de 25 aviones Mirage, que la institución hizo a su similar de Bélgica en 1994, cuando el hoy retirado general era el comandante en jefe de la institución.

Además de Vega, entre el martes y miércoles declararon otros tres ex uniformados (Luis Bolton Montalva, Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro) y los civiles Conrado Ariztía y Bartolomé Dezerega. Entre los citados no estuvieron los hijos del ex jefe de la FACh, quienes, junto a otros familiares, también han sido ligados a este caso.

Vega declaró durante unas tres horas en la Guarnición de Santiago de la FACh, lugar escogido por Astudillo para realizar la diligencia.

Antes, el ministro encomendó a la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones precisar si empleados públicos y el ex comandante en jefe de la FACh recibieron comisiones ilegales. Dicho informe ya estaría en manos del magistrado, quien fue designado por la Corte de Apelaciones para la indagatoria.

 

El recientemente procesado general (R) de la FACH Florencio Dublé Pizarro, involucrado en el escándalo por las millonarias coimas en compras de aviones Mirage, participó directamente, con el grado de capitán en los años 1973 y 1974, en interrogatorios y torturas contra un grupo de oficiales, compañeros suyos y leales al depuesto gobierno de Salvador Allende, según el libro Disparen a la Bandada,  escrito por el periodista Fernando Villagrán.

En la investigación de Villagrán se registra la participación de Dublé en diversas detenciones e interrogatorios con tortura a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea. Un caso es el del capitán de Bandada Carlos Carbacho, cuyo paso por la tortura en el recinto de la Academia de Guerra  Aérea (AGA) se relata en el libro: “Después de 12 horas lo desamarraron y sintió ese desgarrador dolor en los hombros mientras comenzaba el interrogatorio el comandante Ramón Cáceres. La capucha lo ahogaba y el cerebro se le embotaba provocándole repetidos desmayos. Luego de ese interrogatorio lo dejaron sentarse por un corto tiempo en una colchoneta y comenzó la tortura dura de corrientazos, colgamientos, golpes y simulacros de ejecución que, hasta su traslado a la Escuela de Aviación, el día 18 de octubre de 1973, le prodigaron Cáceres, Ceballos, Fuchloger, Mattig y su compañero de curso Florencio Dublé Pizarro”.

Disparen a la Bandada  además consigna la participación  de Florencio Dublé en interrogatorios y torturas aplicadas, entre otros, al general (R) Sergio Poblete Garcés,  al cabo 2º Osvaldo Cortés y al sargento 1º Belarmino Constanzo, algunos de los que junto al capitán Carbacho y un centenar de oficiales y suboficiales de la FACH fueron sometidos a un Consejo de Guerra caratulado: “Contra Bachelet y Otros”, en relación al padre de la Presidenta, el general Bachelet, quien murió en la cárcel pública luego de uno de los duros interrogatorios a que fue sometido en la AGA.

 

Procesamiento del ex comandante de la FACh y ex senador designado lo adelantó en exclusiva La Nación Domingo.

El ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general (R) Ramón Vega, sería detenido hoy y sometido a proceso por haber recibido, supuestamente, millonarias comisiones ilegales a raíz de la compra de aviones Mirage Elkan a Bélgica en 1994. La decisión la tomaría el ministro en visita Omar Astudillo, según adelantó en exclusiva La Nación Domingo.

Según trascendidos, que ayer ratificaron la noticia, el ex senador designado será trasladado bajo arresto preventivo al Comando de Apoyo Logístico de la FACh en la base aérea El Bosque, luego de ser notificado por el ministro Astudillo. El magistrado investiga el destino de los 15 millones de dólares de fondos públicos que fueron destinados al pago de estas comisiones.

Junto a Vega, también serían detenidos los generales Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro, al igual que el coronel (R) Luis Bolton. Para hoy, se espera que los abogados de Vega concurran al despacho del ministro Astudillo.

En 1994 Chile pagó a Bélgica 109 millones de dólares por 25 aeronaves Mirage Elkan, pero sólo 70 millones llegaron al país europeo, ya que los restantes 39 millones quedaron en manos de la empresa encargada de reacondicionar los aparatos y que -según la investigación- habría repartido las comisiones a los altos uniformados.

Al general Vega se le acusa de ocultar su entonces relación de suegro de Bernardo van Meer, ciudadano británico de origen holandés y que fue el principal impulsor del negocio, y quien confesó que recibió 2 millones 700 mil dólares de comisión.

Los uniformados declararon por última vez ante el ministro Astudillo el 26 de noviembre pasado en calidad de inculpados. Además, en el proceso también fue interrogado el entonces ministro de Defensa, Patricio Rojas (DC).

Las habitaciones donde quedarán detenidos los ex uniformados ya estarían listas y ahora sólo resta que los procesados se presenten ante el ministro Omar Astudillo, junto a sus abogados, para ser notificados del auto de procesamiento.

El uniformado quedó en prisión preventiva tras ser notificado del delito de malversación de caudales públicos.

Detenido en dependencias del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Aérea en la base de El Bosque permanece desde esta tarde el ex comandante en jefe de la Fach, Ramón Vega, procesado en calidad de autor por el delito de malversación de caudales públicos.

El uniformado fue notificado por el secretario del ministro en visita del caso Mirage, Omar Astudillo, de los cargos en su contra por la recepción de millonarias comisiones ilegales en el marco de la compra de 25 aviones Mirage Elkan a Bélgica en 1994.

Su abogado Luis Cifuentes, quien lo acompaña a esta hora en la base aérea de El Bosque, afirmó que solicitó la libertad bajo fianza, por lo que se podría obtener una respuesta entre este miércoles y jueves de esta semana.

El defensor sostuvo que el general “está confiado, tranquilo y tiene la convicción de no haber cometido un hecho delictual y ni siquiera una infracción a sus labores como comandante en jefe”, agregando que el único delito por el cual fue notificado es el de malversación de caudales públicos.

Respecto a las condiciones en que quedará recluido- tras dictarse la prisión preventiva del imputado- el abogado Luis Cifuentes dijo que "no tiene nada en particular, es un lugar que cuenta con las mínimas instalaciones para que una persona cumpla su sentencia (…) lo relevante es que es un centro de detención que cumple con las condiciones y no hay ninguna clase de privilegio".

Respecto a la resolución del ministro en visita, el abogado dijo que "tenemos que estudiar la resolución hecha por el ministro Astudillo, hay un plazo de cinco días para interponer un recurso y aunque no lo hiciéramos siempre existe la posibilidad de solicitar la revocación del auto de procesamiento, antes del cierre del sumario".

En tanto, los generales Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro, y el coronel (r) Luis Bolton, fueron procesados bajo el cargo de cómplices en el delito de malversación de US$ 2 millones 895 mil.

La resolución del ministro en visita establece que: “a la época de verificación de los hechos, servía el cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; en su condición de tal fue el responsable de la administración y manejo de los recursos que el Estado destinara para la adquisición de material bélico; y, en fin, el proceso evidencia la realización de operaciones bancarias en beneficio de sus dos hijas, de su hijo (aún cuando esta última fue “reservada”) y del cónyuge de una de sus hijas, relativas a dineros que derivan directamente o que no pueden sino provenir del precio pagado por Chile con motivo de la compra de los aviones “Mirages” y sus suministros complementarios, esto es, la cantidad total de dos millones ochocientos noventa y cinco mil treinta y siete coma noventa y tres dólares”.

Asimismo  acusó  como cómplice a Jaime Alfonso Estay Viveros por  intervención en los actos preparatorios del contrato de compraventa, en las negociaciones y en la suscripción del mismo; y, finalmente, aparece en esta causa que recibió dineros derivados del precio pagado por Chile, con motivo del contrato de compraventa antes mencionado, es decir, "la suma de sesenta y cinco mil dólares", dice la resolución.

GOBIERNO LLAMA A NO PREJUZGAR
Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, pidió no prejuzgar a la Fuerza Aérea de Chile pues "eso todavía está en proceso judicial pero sí un concepto: en la eventualidad que la justicia se pronunciara y formalizara a esas personas, en la eventualidad porque es la justicia la que define, no es el Gobierno, lo que sí el Gobierno tiene claro es que no hay que confundir la conducta de personas con el prestigio de las instituciones".

El portavoz agregó que "la Fuerza Aérea de Chile es una institución de prestigio, de una larga historia de servicio al país y en la eventualidad de que haya un proceso de este tipo, lo que el Gobierno le solicita a la opinión pública es que separe lo que son conductas eventualmente irregulares de algunos oficiales con el comportamiento ejemplar de la Fuerza Aérea de Chile", señaló el vocero.

 

Se trata de Enrique Montealegre Jullian, quien fue identificado por el también general Orlando Gutiérrez.

El ex uniformado reconoció que prestó labores en la Academia de Guerra Aérea.

Un oficial de la FACH, que presuntamente tripuló uno de los aviones que bombardearon La Moneda en 1973, fue acusado como torturador de camaradas de armas contrarios al golpe militar, según el expediente del juicio al que EFE tuvo acceso.

Se trata del general retirado Enrique Montealegre Jullian,que negó los cargos, y que llegó a ser director de Inteligencia de la institución en 1994, tras la recuperación de la democracia.

Montealegre Jullian fue señalado como torturador por el también general Orlando Gutiérrez Bravo en el proceso por torturas contra prisioneros cometidos tras el golpe en la Academia de Guerra Aérea (AGA), que actualmente instruye el juez Alejandro Madrid.

Gutiérrez actuó como fiscal en la AGA, conduciendo los interrogatorios a oficiales y suboficiales aéreos que se opusieron al golpe de Pinochet y que fueron acusados de "marxistas" que pretendían "infiltrarse" en la FACH. Según su testimonio, uno de los interrogadores de prisioneros era "Enrique Montealegre, a quien llamaban "Monti'".

Sostiene Gutiérrez, quien falleció en el 2007, en sus extensas declaraciones que "ellos sabían perfectamente cómo interrogar. Cuando los detenidos prestaban declaraciones contradictorias, se les desnudaba y se empleaba con ellos el sistema de la gotita".

Ello consistía en dejarles caer "una gota de éter directamente en la piel, que al evaporarse producía una sensación de quemadura. Esto se hacía en una pieza especial. A la persona se le tendía en una camilla, desnuda y con la vista vendada. Este era un sistema muy efectivo", explicó.

Interrogado Enrique Montealegre por el juez, negó las afirmaciones de Gutiérrez, aunque admitió que en ese tiempo efectivamente cumplió funciones en la Academia de Guerra Aérea.

Pero, dijo, "sólo a cargo de unas 20 personas que me eran asignadas para una ronda de vigilancia perimetral. También controlaba la cantidad de detenidos que llegaban y fiscalizaba a los centinelas por el lado interno de la Academia".

Gutiérrez, sin embargo, afirma en sus declaraciones que Montealegre era uno de los oficiales que por órdenes suyas también salía a efectuar detenciones, "con la facultad de ingresar a los domicilios, incluso por la fuerza, en busca de personas, documentos u otros antecedentes que pudieran comprometerlas o inculparlas".

Montealegre reconoció que "efectivamente me llamaban 'Monti', ese era mi nombre de combate que se usa en el vuelo. Todos los pilotos tenían su nombre de combate".

El ex fiscal Orlando Gutiérrez, además de señalar a Enrique Montealegre, mencionó como torturadores en la AGA a los oficiales Luis Campos Poblete, Juan Bautista González, Víctor Mättig, Álvaro Gutiérrez, Florencio Dublé Pizarro, Roberto Serón, Edgar Cevallos y Ramón Cáceres.

Un oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que presuntamente tripuló uno de los aviones que bombardearon La Moneda el 11 de septiembre de 1973 ha sido acusado como torturador de camaradas de armas contrarios al golpe militar, según el expediente del juicio al que Efe ha tenido hoy acceso.

Se trata del general retirado de la FACH Enrique Montealegre Jullian, que ha negado los cargos, y que llegó a ser director de Inteligencia de la institución en 1994, tras la recuperación de la democracia en Chile.

El nombre de Montealegre figura en varias versiones como uno de los pilotos que bombardearon y destruyeron el Palacio de La Moneda durante el golpe que encabezó Augusto Pinochet, durante el cual murió en la sede gubernamental el presidente Salvador Allende.

El pasado julio, en el marco de una querella relacionada con los sucesos acaecidos el día del golpe, el abogado Roberto Ávila solicitó que Montealegre compareciera en el caso.

Hasta ahora se desconoce la lista exacta de los pilotos que bombardearon La Moneda y el único nombre confirmado es el del también general retirado Mario López Tobar, que en 1999 publicó el libro “El 11 en la mira de un Hawker Hunter”, en el que se reservó el nombre de los otros oficiales.

De los nombres que han circulado, dos están fallecidos: Ernesto González Yarra y Gustavo Leigh Yates, y un tercero, Fernando Rojas Vénder, llegó a ser comandante en jefe de la FACH.

Montealegre Jullian fue señalado como torturador por el también general Orlando Gutiérrez Bravo en el proceso por torturas contra prisioneros cometidos tras el golpe en la Academia de Guerra Aérea (AGA), que actualmente instruye el juez Alejandro Madrid.

Gutiérrez actuó como fiscal en esa Academia, conduciendo los interrogatorios a oficiales y suboficiales aéreos que se opusieron al golpe de Pinochet y que fueron acusados de “marxistas” que pretendían “infiltrarse” en la FACH.

Según el testimonio de Gutiérrez, uno de los interrogadores de prisioneros era “Enrique Montealegre, a quien llamaban “Monti’”.

Sostiene Gutiérrez en sus extensas declaraciones, a las que accedió Efe, que “ellos sabían perfectamente cómo interrogar. Cuando los detenidos prestaban declaraciones contradictorias, se les desnudaba y se empleaba con ellos el sistema de la gotita”.

Ello consistía en dejarles caer “una gota de éter directamente en la piel, que al evaporarse producía una sensación de quemadura. Esto se hacía en una pieza especial. A la persona se le tendía en una camilla, desnuda y con la vista vendada. Este era un sistema muy efectivo”, explicó.

El ex fiscal entregó el testimonio antes de fallecer en el año 2007.

Interrogado Enrique Montealegre por el juez, negó las afirmaciones de Gutiérrez, aunque admitió que en ese tiempo efectivamente cumplió funciones en la Academia de Guerra Aérea.

Pero, dijo, “sólo a cargo de unas 20 personas que me eran asignadas para una ronda de vigilancia perimetral. También controlaba la cantidad de detenidos que llegaban y fiscalizaba a los centinelas por el lado interno de la Academia”.

Gutiérrez, sin embargo, afirma en sus declaraciones que Montealegre era uno de los oficiales que por órdenes suyas también salía a efectuar detenciones, “con la facultad de ingresar a los domicilios, incluso por la fuerza, en busca de personas, documentos u otros antecedentes que pudieran comprometerlas o inculparlas”.

Montealegre reconoció que “efectivamente me llamaban ‘Monti’, ese era mi nombre de combate que se usa en el vuelo. Todos los pilotos tenían su nombre de combate”.

Entre las víctimas de la tortura en la AGA estuvo el general de la FACH Alberto Bachelet, padre de la ex presidenta Michelle Bachelet, cuya muerte es investigada actualmente en otro juicio, a cargo del juez Mario Carroza, que indagó también la causa de muerte de Salvador Allende, con la conclusión de que se suicidó.

Ambos casos figuran en una lista de más de 700 querellas sobre presuntos casos de violaciones a los derechos humanos que hasta ahora no habían sido investigados por la Justicia.

Bachelet permaneció detenido tras el golpe militar en la Academia de Guerra Aérea y murió el 12 de marzo de 1974 en la cárcel de Santiago, a consecuencia de las torturas.

El ex fiscal Orlando Gutiérrez, además de señalar a Enrique Montealegre, mencionó como torturadores en la AGA a los oficiales Luis Campos Poblete, Juan Bautista González, Víctor Mättig, Álvaro Gutiérrez, Florencio Dublé Pizarro, Roberto Serón, Edgar Cevallos y Ramón Cáceres

La pensión por vejez promedio de las AFP es de $192 mil. La cifra contrasta con los $2,3 millones -también en promedio- que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA., a través de Capredena. Entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de $3,8 billones. CIPER obtuvo una lista de 3.090 oficiales en retiro y encontró a 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado $1.200 millones anuales. Al menos media docena de ex DINA y CNI fueron contratados por el Ejército, luego de jubilar, para funciones docentes.

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones 

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

También figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

En la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 .

Un ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.