Coliqueo Fuentealba David

Muertos a golpes

Hasta ahora se creía que los primeros detenidos desaparecidos encontrados habían sido acribillados a balazos por carabineros de la tenencia Isla de Maipo, antes de ser lanzados a los hornos de Lonquén. Pero expertos internacionales confirmaron a los familiares que la causa de muerte –según las huellas de los restos de los 15 campesinos– se debió a lesiones traumáticas contundentes. No ha habido en Isla de Maipo un suceso tan horrendo como el asesinato de los 15 campesinos a manos de carabineros de la tenencia que existía en la comuna en 1973. Hoy el dolor que ha permanecido en las familias de las víctimas por casi 35 años se hace más intenso tras conocerse otro gran detalle de la historia: no fueron asesinados con disparos, sino que simplemente los mataron a golpes, para lanzarlos luego a los hornos de cal en Lonquén. Sólo 517 restos óseos de las 15 víctimas se salvaron de desaparecer para siempre y fueron identificados tras los análisis antropológicos y odontológicos de un grupo de peritos internacionales convocados por el Gobierno. Fue el perito español Francisco Echeverría quien hizo el seguimiento detallado de toda la pericia a estos restos, como parte de un programa del Ejecutivo para reparar los errores de identificación de las osamentas halladas a inicios de los años noventa en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Echeverría se reunió con los familiares de las 15 víctimas y, entre lágrimas, les contó el descubrimiento que hizo aún más dramático el episodio de Lonquén. "Con toda seguridad puedo afirmar hoy que los restos que hemos separado y periciado corresponden al de las 15 víctimas que fueron halladas en 1978, y se estableció que la causa del fallecimiento corresponde a una muerte violenta homicida. No hay lesiones por impacto de bala, son lesiones traumáticas contundentes. La muerte fue causada por golpes". Según el experto, el antiguo informe del Servicio Médico Legal no estableció este antecedente fundamental. Hasta ahora los familiares estaban convencidos de que sus seres queridos, si bien habían sufrido golpizas en la tenencia de Isla de Maipo, finalmente fueron acribillados antes de ser lanzados a los hornos de cal de Lonquén. En estos hornos de cal fueron encontrados los cuerpos de Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlo y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos, Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro, de entre 17 y 51 años. El hallazgo se hizo por la confesión de un campesino a un sacerdote. Los hornos eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura ocupadas en su tiempo para la preparación de cal y que estaban al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante. La versión oficial para justificar el crimen de Lonquén fue que una vez detenidos en la tenencia de Isla de Maipo, uno de los campesinos confesó que en unos hornos de la mina abandonada de Lonquén había armas escondidas. Sólo eso bastó para que trasladaran a los apresados, que según la misma explicación atacaron a los policías, resultando todos muertos en un enfrentamiento armado. Curiosamente, ningún carabinero resultó herido. A principios del mes de abril de 1979, el ministro en visita Adolfo Bañados se declaró incompetente y el proceso por este caso pasó a la justicia militar. El 2 de julio, el fiscal militar dictó encargatoria de reo en contra del capitán Lautaro Castro Mendoza y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret y Justo Romo Peralta, como autores de la muerte de las 15 víctimas de Lonquén. Sin embargo, el 16 de agosto se les aplicó la Ley de Amnistía, quedaron libres y se sobreseyó la causa. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979. Las pericias a los restos óseos continúan adelante, por lo que la inauguración de un memorial el próximo 4 de octubre en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo para recordar a los 15 campesinos sólo será un acto simbólico.

Retiro de Televisores

El hallazgo de los cuerpos de los 15 campesinos a fines de 1978 fue una alerta para Pinochet, quien determinó con un mensaje encriptado y descifrado por cada regimiento la llamada Operación Retiro de Televisores, como la llamó internamente el propio Ejército. La orden fue clara: desenterrar los cuerpos de prisioneros asesinados y arrojarlos al mar. ¿El medio? Helicópteros del Comando de Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea de Chile, que colaboraron, por ejemplo, en el caso de los 26 cuerpos de Calama víctimas de la Caravana de la Muerte. En diversos procesos existen declaraciones de suboficiales hoy retirados que reconocen haber tenido en sus manos el criptograma enviado desde la Comandancia en Jefe del Ejército ordenando reportar las fosas clandestinas para "limpiarlas". El descubrimiento de las víctimas de Lonquén puso fin al ocultamiento de la verdad sobre los detenidos desaparecidos, lo que había sido una política permanente de la dictadura. "Esto ha quedado grabado en nosotros. Los familiares no duermen pensando lo que sufrieron ellos a manos de sus verdugos. Para mí ha sido muy fuerte saber esto ahora último. Lo conversamos en la casa y ha sido más doloroso todavía. Nos reabre las heridas y añade un sufrimiento más a lo que ya cargamos por 35 años. Al menos ahora podremos darles una sepultura digna, pero esto va a quedar grabado en nosotros para toda la vida.", dijo a LND entre lágrimas Corina Maureira. Para el concejal de Isla de Maipo Emilio Astudillo, lo revelado "nos sorprendió amargamente tras saber cómo personas que vestían uniforme de Carabineros pudieron ensañarse de tal forma con nuestros familiares y matarlos brutalmente a golpes. Eso estremece más. Duele más el alma y el corazón el saber cómo fueron asesinados realmente". El concejal Astudillo tenía 16 años el año 73. Le tocó asumir la responsabilidad de convertirse en jefe de hogar y cuidar a su madre y hermanos menores al quedar sin su padre y sus otros hermanos mayores, Ramón y Omar. Además, debió soportar la carga de buscarlos durante cinco años en campos de concentración con la esperanza de encontrarlos vivos. "Sólo quien lo vive puede darse cuenta del daño sicológico que provoca en una persona y su familia. Sólo con el hallazgo de las víctimas en los hornos de Lonquén, el año ’78, tuvimos algo de paz y conformidad, porque supimos que eran ellos".

El memorial

Los familiares de las víctimas de Lonquén dicen que han querido construir un memorial para depositar los restos de sus seres queridos que ya fueron identificados en el país; pero para que no les pase lo que sucedió con los restos del Patio 29 los cuerpos fueron mal entregados a sus familiares , es que tanto ellos como el Gobierno optaron por que muestras de los cuerpos de las víctimas se enviaran a un laboratorio de Texas, donde dentro de un año los resultados certificarán si se trata de sus familiares, asesinados y tirados a los hornos de Lonquén, posteriormente exhumados desde la fosa común en Isla de Maipo y trasladados hasta el Servicio Médico Legal en Santiago. En 2006, los familiares consiguieron la exhumación y esperaban que luego de dos años pudieran tener los restos de sus familiares para darles sepultura. Pero la realidad los ha puesto en otro escenario, y deberán esperar todavía un año más. Por ello decidieron inaugurar de todas formas el memorial el próximo 4 de octubre, acto al cual asistirán autoridades de Gobierno y organismos de derechos humanos. "No debemos olvidar que las víctimas de Lonquén fueron el primer hallazgo de detenidos desaparecidos en el país, cuando la dictadura desconocía que existieran. Incluso en Naciones Unidas se desconocía la existencia legal de nuestros familiares. El ex embajador ante la ONU en esos años, Sergio Diez, dijo que nuestros compañeros no tenían existencia legal o se habían ido al extranjero por voluntad propia. Entonces, el hallazgo de Lonquén marcó un antes y un después respecto de los detenidos desaparecidos en Chile", sostiene Emilio Astudillo. El memorial contendrá, sin embargo, 17 tumbas, porque los familiares acogieron incluir los nombres de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, ultimados en septiembre del ’73 en el puente de Naltagua por los mismos policías de la tenencia de Isla de Maipo. Nelson Caucoto, abogado querellante: “Pediremos una reparación del Estado”Margarita Herreros fue la  primera ministra a cargo del caso tras su reapertura al presentarse la querella del concejal de Isla de Maipo Emilio Astudillo. Sin embargo, estuvo poco tiempo, ya que fue nombrada como integrante de la Corte Suprema. De allí el caso ha pasado por las manos de varios ministros. Incluso, algunos ni siquiera alcanzaron a leer todo el expediente. Hoy el proceso está a cargo de la ministra Marta Hantke en la Corte de Apelaciones de San Miguel, y sin mayores diligencias a la espera de que concluya la etapa de identificación con los resultados de las muestras enviadas a Texas. Para el abogado de las familias de las víctimas, Nelson Caucoto, “lo más importante de todo es que se logró revertir el sobreseimiento definitivo que hubo en la causa, lo que ha permitido avanzar en la etapa de identificación certera de los restos. Una vez que eso concluya y se entreguen a sus familiares, daremos un impulso al proceso penal y tomaremos las acciones correspondientes para citar a declarar a los implicados en los homicidios. En su momento pediremos, además, una reparación al Estado chileno”. Lautaro Castro Mendoza, el teniente a cargo de la tenencia de Carabineros de Isla de Maipo en octubre del ’73, fue notificado hace tres semanas de una sentencia en primera instancia en otro proceso por el crimen de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, dos dirigentes sociales de Isla de Maipo detenidos en septiembre del ’73. Castro fue condenado a 20 años de presidio, 10 por cada víctima.

Los ministros del tribunal de alzada Claudio Pavez, María Teresa Díaz y Marta Hantke, estimaron que los hechos son imprescriptibles e inamnistiables, ya que por su “naturaleza, modalidad y circunstancia… deben ser interpretados como crímenes de lesa humanidad”. La resolución afecta al capitán (R) Lautaro Castro y a los carabineros, Juan Villegas, Félix Sagredo, Manuel Muñoz, Jacinto Torres, David Coliqueo, José Belmar y Justo Romo, todos en calidad de autores del asesinato de 15 personas ocurrido el 7 de octubre de 1973 y cuyos restos fueron hallados en noviembre de 1978 La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó someter a proceso a siete ex carabineros por el homicidio de 15 personas en el caso de “Los Hornos de Lonquén”. La decisión del tribunal de alzada afecta al capitán (R) Lautaro Castro Mendoza y a los carabineros, Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte de los quince detenidos el 7 de octubre de 1973. La resolución contó con el voto de los tres ministros de la Cuarta Sala Claudio Pavez, María Teresa Díaz y Marta Hantke. “Que del estudio de los antecedentes reunidos en este proceso, aparece que la naturaleza, modalidad y circunstancia de los hechos, deben ser interpretados como crímenes de lesa humanidad y en tales condiciones y atendido el estado actual de la investigación no es procedente aplicar prescripción, amnistía o media prescripción atendido que, como se dijo, se trata de hechos que caben dentro de la consideración internacional que se designa como crímenes de lesa humanidad”, señala el documento que publica The Clinic Online. De esta manera, los ministros revocaron la decisión adoptada por su colega Héctor Solís, quien había rechazado encausar a los ex policías con un breve “no ha lugar”, solicitud formulada por los abogados Nelson Caucoto y Francisco Ugas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior. Las víctimas -de entre 17 y 51 años- según la información contenida en el Informe Rettig, fueron Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. De acuerdo al proceso judicial -que en su oportunidad sustanció el ex ministro Adolfo Bañados- la última vez que se les vio con vida fue en la Tenencia de Carabineros de Isla de Maipo, dirigida por Castro Mendoza. Bañados se declaró incompetente y traspasó la investigación a la Justicia Militar que en 1979 procesó a los ex uniformados y les aplicó la Ley de Amnistía. Negra inspiración La historia del caso Lonquén, el mismo que inspiró uno de los capítulos de la serie de TVN “Los Archivos del Cardenal”, comenzó el 30 de noviembre de 1978 cuando la Vicaría de la Solidaridad, en esos años a cargo de Cristián Precht, reunió a un grupo de personas para verificar la información de un lugareño que aseguraba haber encontrado osamentas en las minas de cal abandonadas en la zona de Talagante.Ese mismo día se dirigieron al lugar el propio Precht, el obispo auxiliar de Santiago Enrique Alvear, Javier Egaña, entonces secretario ejecutivo de la Vicaría junto a los abogados Alejandro González,  Máximo Pacheco y los periodistas Jaime Martínez (director de Qué Pasa) y el subdirector de Hoy, Abraham Santibáñez. Los integrantes del grupo, al volver a Santiago, presentaron una denuncia ante la Corte Suprema. Su presidente Israel Bórquez designó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy para que verificara la información. La magistrada decidió trabajar con la PDI, pero no esperó a que los efectivos llegaran y partió al lugar junto al sacerdote Gonzalo Aguirre y al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, según el sitio Memoriaviva, contrató a una empresa constructora para remover la tierra. Pasaron tres días y la escena dantesca estuvo a la vista de todos. “Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre”, así dejó plasmada la imagen el propio Santibáñez en un artículo que apareció publicado en el libro La Memoria Prohibida. Debido a la gravedad de los hechos, el Pleno de la Suprema decidió nombrar, el 6 de diciembre de 1978, al ministro del tribunal de alzada capitalino Adolfo Bañados Cuadra para que investigara. Cuatro meses más tarde Bañados decidió declararse incompetente y pasó los antecedentes a la justicia militar, no sin dejar establecido que las víctimas habían fallecido por impactos de bala atribuibles a Carabineros del lugar. Ironías de la vida, la entonces jueza Godoy funge hoy como la jefa de la Secretaría Civil de la Corte de Apelaciones de Santiago y sin duda muchos no saben que fue la primera miembro del Poder Judicial que encontró a las víctimas -que hasta ese momento- figuraban como detenidos desaparecidos. Y Bañados, en 1994, sería el encargado de condenar a 7 y 6 años respectivamente a Manuel Contreras y Pedro Espinoza, jefe y subjefe de la DINA, como autores intelectuales del homicidio del ex Canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.

Los carabineros que ultimaron a los 15 campesinos quedaron en libertad por la ley de amnistía. “Los Archivos del Cardenal”, recuerda ese episodio horroroso Producto del primer capítulo de "Los archivos del Cardenal", la serie de TVN, Cambio21, quiso hacer memoria y recordar este duro momento de la historia reciente de nuestro país. El 7 de octubre de 1973, 15 hombres fueron detenidos en distintas circunstancias en Isla de Maipo, sector agrícola al sur de Santiago. Se mantuvieron desaparecidos hasta el 30 de noviembre de 1978, cuando sus cadáveres fueron hallados en unos hornos de una mina de cal ubicados en Lonquén, a pocos kilómetros del lugar donde vivían los campesinos. Ese mismo día de noviembre, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión encargada de verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en la mina abandonada de esa localidad. Así fue como ese día partió rumbo a Lonquén esta comisión integrada por Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez. Los hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura previamente utilizadas para la preparación de la cal. La comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de diciembre, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El presidente del tribunal, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, que confirmara el hallazgo e investigara el caso. Godoy convocó a personal de Investigaciones y antes de que estos llegaran al sitio partió rumbo a Lonquén con un grupo de la Vicaría encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una empresa constructora para que iniciara las excavaciones, y dentro de tres días el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos habían sido sacados de su lugar de entierro. Este hallazgo, que estremeció la opinión pública, marcó un doloroso hito para los familiares de los centenares de detenidos -desaparecidos, víctimas del régimen militar: confirmó la terrible sospecha de que sus parientes estaban definitivamente muertos. Sólo 517 restos óseos de las 15 víctimas se salvaron de desaparecer para siempre y fueron identificados tras los análisis antropológicos y odontológicos de un grupo de peritos internacionales. El perito español Francisco Echeverría, afirmó que los restos que fueron separados y periciados corresponden al de las 15 víctimas que fueron halladas en 1978, y se estableció que la causa del fallecimiento correspondía a una muerte violenta homicida. Pasaron años en que los familiares estaban convencidos de que sus seres queridos, si bien habían sufrido golpizas en la tenencia de Isla de Maipo, finalmente fueron acribillados antes de ser lanzados a los hornos de cal de Lonquén. Cosa que tras los peritajes quedó descartada, no hay lesiones por impacto de bala, son lesiones traumáticas contundentes. La muerte, entonces, fue causada por golpes.

En estos hornos de cal fueron encontrados los cuerpos de:
Sergio Maureira Lillo, 46 años.
Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, 22 años.
Sergio Miguel Maureira Muñoz, 27 años.
Segundo Armando Maureira Muñoz, 24 años.
José Manuel Maureira Muñoz, 26 años
Óscar Hernández Flores, 
Carlos Hernández Flores, 39 años.
Nelson Hernández Flores, 32 años
Enrique Astudillo Álvarez, 51 años
Omar Astudillo Rojas, 20 años
Ramón Astudillo Rojas, 27 años
Miguel Brant Bustamante, 17 años.
Iván Ordóñez Lamas, 17 años
José Manuel Herrera Villegas, 17 años.
Manuel Navarro

El hallazgo de los cuerpos de los 15 campesinos a fines de 1978, todos integrantes de prácticamente las mismas familias, claramente fue una alerta para Pinochet, quien determinó con un mensaje encriptado y descifrado por cada regimiento la llamada Operación Retiro de Televisores, como la llamó internamente el propio Ejército. La orden era clara: desenterrar los  cuerpos de prisioneros asesinados y arrojarlos al mar. ¿Cómo lo harían? con helicópteros del Comando de Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea de Chile, que colaboró, por ejemplo, en el caso de los 26 cuerpos de Calama víctimas de la Caravana de la Muerte.

Los asesinos identificados 

A principios del mes de abril de 1979, el ministro en visita Adolfo Bañados se declaró incompetente y el proceso por este caso pasó a la justicia militar. El 2 de julio, el fiscal militar dictó encargatoria de reo en contra del capitán Lautaro Castro Mendoza y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret y Justo Romo Peralta, como autores de la muerte de las 15 víctimas de Lonquén. Sin embargo, el 16 de agosto se les aplicó la Ley de Amnistía, quedaron libres y se sobreseyó la causa. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979.

El tardío pero necesario homenaje a las víctimas

Pasaron 37 años de ocurrido los hechos, 32 años luego de descubrir sus restos, pero al final se realizó un funeral y homenaje a las víctimas de los hornos de Lonquén.
Fue así como el viernes 26 de marzo del 2010, las 15 urnas fueron entregadas por el Servicio Médico Legal, trasladadas hasta la iglesia Recoleta Franciscana, donde inicialmente los cuerpos de las víctimas iban a ser velados un lejano 14 de septiembre de 1979.
Luego fueron trasladados a Isla de Maipo. En ese lugar recibieron un homenaje para ser enterrados en un Memorial en el cementerio de esa localidad. El domingo 28 de marzo del 2010, los quince campesinos de Isla de Maipo pudieron recibir un tribuyo de la comunidad y sus familias, realizando un funeral que tardó 37 años en llegar.
El primer capítulo de la serie "Los archivos del Cardenal", recordó ese crudo episodio, donde los familiares podían constatar que efectivamente sus seres queridos habían sido asesinados y no se habían "ido del país" como solían decir los canales oficiales.

El relato de una testigo

Cambio21 se contactó con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien frente a la emisión del primer capítulo de "Los archivos", dijo que "creo que es una serie que le hacía falta a Chile, que si bien es ficción basada en hechos reales, relata el horror de lo que significa vivir bajo una dictadura. Fíjate que solo fue el primer capítulo; la ví en familia y era una enorme impresión para mis hijas y que le sucedió a mucha otra gente y decir así era y no lograr convencerse, de lo tremendo, lo brutal y lo doloroso que es vivir bajo una dictadura", comentó. La presidenta continúa su relato diciendo "qué necesario hubiese sido que estas cosas se dijeran en Chile recién terminada la dictadura, qué necesario para que se entienda porque nosotros a pesar de los años, seguimos exigiendo verdad y justicia, precisamente es para que eso que se relata ahí nunca más vuelva a suceder", enfatizó. Pizarro además, recuerda cómo vivió ese tiempo: "Para uno es muy fuerte, porque vivió todo aquello, yo recordaba que era muy niña cuando sucedió lo de Lonquén y que cuando termina el capítulo, cuando les dicen que no entregarán a nuestros familiares, ese fue un momento de dolor inmenso, fue una situación que yo recuerdo que para mí, siendo una niña, era incomprensible. Yo tenía a mi padre desaparecido hacía poco más de un año y fue una cosa brutal, porque fue asumir que los habían asesinado, que fue lo que nos pasó a los familiares de los detenidos desaparecidos al conocer lo de Lonquén, pero también porque fui dimensionando que ni siquiera tenían la humanidad de entregarnos sus restos para poderlos sepultar", mencionó. Por último, la dirigenta dice que "esperamos que los capítulos que vengan, que si bien son una historia de ficción, se basan en hechos reales, en un contexto histórico absolutamente real. Espero de verdad que eso haga reflexionar a Chile que aquí la reconciliación no se dicta por decreto, sino que en este país debemos sanarnos y para eso debe haber verdad, justicia y memoria, que es un gran aporte que hace esta serie al país", concluyó Pizarro

El ministro Héctor Solís procesó a 11 carabineros (R) que en octubre de 1973 participaron en la ejecución de 17 campesinos en Lonquén y de 2 personas en la comuna de San Ramón. Los procesados quedaron en prisión preventiva en el “Centro Transitorio de Detención Sucre” de Carabineros de Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís dictó procesamientos  en dos casos de violaciones a los derechos humanos que investiga y que involucran a personal en retiro de Carabineros. En la investigación del denominado “Episodio Lonquén” y dando cumplimiento a lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro procesó a Lautaro Eugenio Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta. El procesamiento es por la responsabilidad como autores del delito de homicidio calificado en las personas de Enrique René Astudillo Álvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante, Carlos Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, José Manuel Herrera Villegas, Sergio Adrián Maureira Lillo, José Manuel, Rodolfo Antonio, Segundo Armando y Sergio Miguel Maureira Muñoz e Iván Gerardo Ordóñez Lama y del delito de secuestro en las personas de Oscar Nibaldo Hernández Flores y Manuel Jesús Navarro Salinas, perpetrados el 7 de octubre de 1973. El ministro Solís, entregó la identidad de 13 de las 15 víctimas investigadas en esta causa; mientras que los restos de las 2 víctimas aún no identificadas, se encuentran en estudios de ADN en el Laboratorio de la University of North Texas, Health Science Center, Estados Unidos.

EJECUCIÓN EN SAN RAMÓN

En la investigación por los homicidios de Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz, perpetrados el 4 de octubre de 1973 en la comuna de San Ramón se encausó a: Héctor Fernando Osses Yáñez, Aquiles Bustamante Oliva, Fernando Félix Rojas Véliz, Luis Alberto Baeza Sanhueza, Segundo Baldomero Llanos Amarilis. De acuerdo a los antecedentes del proceso está acreditado que la noche del 4 de Octubre de 1973, personal de la Subcomisaría San Gregorio detuvo a Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz en un domicilio ubicado en calle La Granja de la comuna de San Ramón. Ambos fueron trasladarlos a la unidad policial, donde los ingresaron como detenidos y registraron sus nombres en los libros respectivos. Sin embargo, horas más tarde, fueron sacados del lugar, siendo ejecutados y abandonados sus restos en la intersección de las Avenidas Santa Rosa con Departamental.
Todos los procesados quedaron en prisión preventiva en el “Centro Transitorio de Detención Sucre” de Carabineros de Chile.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a seis carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de quince personas en la localidad de Isla de Maipo durante la dictadura cívico- militar en 1973, cuyos restos fueron hallados en 1978 en el interior de los Hornos de Lonquén.

“Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans y un chaleco de hombre”. Esta fue la descripción del subdirector de la Revista Hoy, Abraham Santibáñez, luego del  hallazgo de los cuerpos de  quince campesinos detenidos, torturados y asesinados por carabineros en la dictadura cívico- militar en 1978.

En 1973 una patrulla de carabineros detuvo a 15 hombres de entre 17 y 51 años quienes fueron trasladados a la tenencia de Isla de Maipo, lugar donde fueron vistos con vida por última vez. Luego de esto, los policías los llevaron atados de manos y fueron lanzados a los hornos de la mina de cal en Lonquén.

Las declaraciones hechas por un anciano que aseveraba haber encontrado osamentas humanas en las minas abandonadas, dieron origen a una comisión encargada de ir durante ese mismo día a Lonquén y verificar dichas afirmaciones. Sus integrantes fueron Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario  Cristian Precht,  Javier Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad; Alejandro González, abogado jefe de la misma institución; Máximo Pacheco, abogado; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.

Los más altos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, junto a Máximo Pacheco y al obispo Alvear, se dirigieron a la Corte Suprema para presentar la denuncia y pedir una investigación.

El 6 de diciembre de 1978, el Pleno de la Corte Suprema designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra como encargado de proseguir la investigación de Lonquén.

Las informaciones de los órganos de la dictadura señalaron que esos detenidos habían sido conducidos al Estadio Nacional. Esto fue también afirmado por el capitán Lautaro Castro, quien a la fecha de la detención era el jefe de la Tenencia de Isla de Maipo, y sus subalternos.

En abril de 1979 el ministro en visita se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar, sin embargo, la investigación había determinado que las víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión del Capitán Lautaro era “intrínsecamente inverosímil“.

 “En ninguno de los 15 restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas,” señaló la resolución del Ministro Bañados.

El fiscal militar dictó encargatoria de reo en contra del capitán Lautaro Castro Mendoza y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret y Justo Romo Peralta, como autores de la muerte de las 15 víctimas de Lonquén. Sin embargo, al mes siguiente -el 16 de agosto- se les aplicó la Ley de Amnistía, por lo que quedaron libres y se sobreseyó la causa. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre del mismo año.

Según información del Museo de la Memoria, una vez terminada la investigación, los familiares pidieron que se les entregaran los cuerpos de las víctimas para sepultarlos pero, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos, estos fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma oculta y enterrados en una fosa común en la denominada operación “Retiro de Televisores”.

El 18 de febrero de 2010, el Ministro de fuero (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, dio a conocer la identificación de 13 de los 15 cuerpos, cuyos restos fueron encontrados en 1978, permitiendo que finalmente se pudiera realizar la sepultura, siendo el 26 de marzo el retiro de osamentas desde el Servicio Médico Legal. El 27 de marzo se realizó un velatorio público en el Patio Cívico de la Municipalidad de Isla de Maipo y el domingo 28, la sepultación solemne de las víctimas en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo.

Carabineros condenados

Esta tarde la Corte Suprema condenó a seis carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de quince personas de la localidad de Isla de Maipo.

En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes que condenó a David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro a la pena de 15 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado.

Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 11 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que “resulta tan brutal que, por múltiples asesinatos, familias enteras destruidas, luego de tantos años de impunidad, reciban una condena de este tipo, más cuando hoy son adultos mayores y vivieron toda su vida impune. Nos tenemos que enfrentar a que las condenas no son ejemplificadoras de la magnitud del delito. Qué bueno que se confirmó, pero debería haber sido más que eso, sin duda”.

“En general, el poder judicial ha sido bastante benevolente con los criminales responsables de crímenes de lesa humanidad, la mayoría de las condenas nunca involucran a los civiles, ya que la dictadura fue cívico- militar. Aquí hubo responsabilidades claras de quienes ocupaban puestos en ministerios y servicios públicos. El poder judicial se ha conformado con condenas a veces incluso irrisorias, las que permiten que los criminales salgan en libertad. Entonces la tardanza en las investigaciones, las bajas condenas y que la verdad no es un tema que conocemos se da en los inmensos casos que se investigan en tribunales chilenos. Uno siente que esta justicia, en la medida de lo posible, dictaminada y decretada en el primer gobierno de la transición hasta hoy, es una realidad en el poder judicial”, profundizó Lorena Pizarro.

Por su parte, el abogado Nelson Caucoto dijo que “con la resolución de la justicia estamos satisfechos, porque hemos terminado una causa que data desde 1973 que tuvo un intervalo hasta el 2005 y estuvo sobreseído por la justicia militar. Logramos extraerla de la justicia militar y llevarla a la ordinaria. No sé si hay alguien que pensó que en el caso Lonquén se iba a condenar a los sujetos, cuando habían sido sobreseídos definitivamente por la aplicación de la amnistía. Desde ese punto de vista es un logro importante, el principal logro fue reconocer a las víctimas y entregárselas a sus familiares, porque los restos fueron lanzados a una fosa común y hubo que comenzar por el proceso identificatorio que se logró finalmente para la tranquilidad de las familias”.

“Las penas en otras circunstancias podrían haber sido varios presidios perpetuos, pero es significativa igualmente una pena de quince años para estas personas. Con esto queda culminado un largo proceso indagatorio y eso hay que valorarlo”, finalizó el abogado.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $2.050.000.000 a los familiares de las víctimas.

El 7 de octubre de 1973, a las 21.45 horas, un grupo de once campesinos de la localidad de Isla de Maipo fue detenido por funcionarios de Carabineros. Los policías no portaban órdenes de detención ni allanamiento de los domicilios de esas personas. Numerosos testigos vieron cómo se los golpeaba y subía a una camioneta blanca de propiedad del dueño del Fundo Naguayán -donde se encontraban las casas de las tres familias-, se los amarraba y tendía boca abajo en el piso del vehículo.

Se trataba de los obreros agrícolas: Enrique Astudillo Álvarez (51 años), Omar Astudillo Rojas (20), Ramón Astudillo Rojas (27), Carlos Hernández Flores (39), Nelson Hernández Flores (32), Oscar Hernández Flores (30), Sergio Maureira Lillo (46), José Maureira Muñoz (26), Rodolfo Maureira Muñoz (22), Segundo Maureira Muñoz (24) y Sergio Maureira Muñoz (27). Sobre sus espaldas iban parados los funcionarios de Carabineros. Se pasearon por las calles del pueblo, para intimidar a toda la población. Finalmente, se los trasladó al retén.

La misma suerte corrieron cuatro jóvenes que ese mismo día habían sido detenidos en la plaza del pueblo: Miguel Brant Bustamante (22 años), Manuel Navarro Salinas (20), Iván Ordóñez Lama (17) y José Herrera Villegas (17).

Los familiares fueron engañados por las autoridades del gobierno. Se les informó que los detenidos habían sido trasladados al Estadio Nacional, en la capital. Los parientes interpusieron, en 1974, un recurso de amparo. Requeridas las autoridades de la localidad, por los tribunales, se limitaron a señalar que «todos habían sido trasladados con fecha 8 de octubre de 1973 al Estadio Nacional». Lo que era completamente falso.

El SENDET (Servicio Nacional de Detenidos), indicó contradictoriamente que «no tenía, ni había tenido nunca, información sobre ellos».

Sergio Diez -hoy senador de Renovación Nacional-, y en ese entonces delegado de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte en la OEA, mintió en 1975 ante todo el mundo, diciendo que: «estas personas no tenían existencia legal», mientras otros «detenidos de Lonquén habían sido ingresados al Instituto Médico Legal en octubre de 1973».

El 29 de noviembre de 1978, un informante entregó a la Iglesia Católica los datos del lugar exacto donde se encontraban los malogrados restos de los campesinos y jóvenes: Unos hornos de cal en la localidad de Lonquén, a 14 kilómetros del pueblo de Talagante.

El Vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, y el Obispo de Santiago, Enrique Alvear, decidieron verificar la información concurriendo al lugar junto a periodistas -Jaime Martínez (Qué Pasa) y Abraham Santibáñez (Revista Hoy)- y los abogados Máximo Pacheco (PDC) y Alejandro González.

La prensa informó: «En una antigua construcción de piedra, de unos doce metros de alto, adosada a la falda de un cerro, en cuyo interior existen dos silos de dos metros y medio, estaban los cadáveres (…) En el otro, tapado con piedras desde arriba y con una salida en su parte inferior, también tapiada, se encontraban restos humanos, un cráneo, ropas destrozadas (…)».

Fue un golpe certero y doloroso a la conciencia de miles de chilenos. Una herida abierta hasta hoy, indecible. Una imagen de dolor y miseria humana, de horror sin límite y brutalidad que la historia de la humanidad recordará para siempre. Nada pudo hacer Pinochet y sus lacayos para esconder el horrendo crimen. El obispo informó a Israel Bórquez, presidente de la Corte Suprema y colaborador del régimen, quien remitió los antecedentes al Juzgado de Talagante. Se designó a la jueza Juana Godoy para iniciar la investigación.

En diciembre de 1978 se remitieron los restos al Instituto Médico Legal. El pleno de la Corte Suprema designó como ministro en Visita al juez Adolfo Bañados, quien ordenó se hicieran autopsias, exámenes balísticos y reunió los procesos en que se había denunciado desaparecimiento de personas o presunta desgracia. Interrogó a los familiares de los campesinos «desaparecidos».

Los efectivos policiales involucrados: Lautaro Castro Mendoza -jefe de la Tenencia de Isla de Maipo- y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, entregaron ante los tribunales la versión de que habían «llevado a los detenidos, de alta peligrosidad, a los hornos de Lonquén, con el objeto de desenterrar el armamento que tenían oculto, y que luego -en el lugar-, habían sufrido un ataque armado de desconocidos, siendo los campesinos muertos por la balacera. Ante el temor a represalias, habían decidido ocultar los cuerpos en los hornos abandonados».

En abril de 1979 el ministro Bañados debió declararse incompetente debido a la legislación imperante que otorga fuero a los uniformados y entrega los casos criminales en los que se encuentran nvolucrados a manos de la Justicia Militar. Estableció sí -antes de dejar el caso- la responsabilidad de éstos policías en los hechos. Su resolución dice: «La versión (…) para tratar de explicar la muerte de sus prisioneros, no sólo se contrapone al mérito de autos en múltiples aspectos y detalles, en particular, desde luego, por lo que concierne al número de las víctimas, sino que resulta intrínsicamente inverosímil (…) en ninguno de los restos se comprobó señales de perforaciones, fracturas u otros tipos de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de armas de fuego, impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas».

El proceso pasó entonces a manos del «Segundo Juzgado Militar», que encargó reo a los funcionarios de Carabineros en calidad de «autores del delito de violencia innecesaria causando la muerte». Luego de un corto trámite, el caso se sobreseyó definitivamente por medio de la Ley de Amnistía dictada por Pinochet, legislación a la cual los ocho carabineros habían solicitado acogerse. Posteriormente la «Corte Marcial» confirmó esa resolución.

El asesino Lautaro Castro fue ascendido al grado de Capitán.

A un año de haber sido encontrados los cuerpos de los campesinos y jóvenes, se procedió a la entrega de los restos a sus familiares. Los cuerpos fueron trasladados por funcionarios del Instituto Médico Legal a Isla de Maipo y sepultados en forma inmediata -salvo Sergio Maureira Lillo- para eludir la presencia de sus familiares, depositándolos en una fosa común. Los familiares, agraviados una vez más por las autoridades militares, interpusieron un recurso de queja ante la Corte Marcial -que se vio en la obligación de acogerlo-, en contra del fiscal militar Gonzalo Salazar Sweet, por «falta y abuso cometidos al no cumplir la orden de entrega de los cadáveres». Se le aplicó una censura por escrito. En enero de 1980 la Corte Suprema decidió dejarla sin efecto, al considerar que el fiscal «no incurrió en ninguna falta. Fueron los propios jueces que se la impusieron los que le señalaron el procedimiento que empleó».

Se presentó nuevamente una denuncia a la justicia por la muerte de los campesinos de Isla de Maipo. Esta causa fue llevada por el ministro en visita Héctor Solís, quien no pudo continuar con su investigación. La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes, continuó la investigación finalizándola el 12 de septiembre de 2016 cuando dictó sentencia de primera instancia. La ministra condenó a los 7 carabineros que detuvieron a los quince campesinos, se condenó por el delito de secuestro calificado a los ex carabineros: Lautaro Castro Mendoza, jefe de la patrulla, a la pena de 20 años de presión por su responsabilidad como autor. David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro condenados a la pena de 15 años de prisión. Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 900 días de prisión. El caso pasó a segunda instancia, la Corte de Apelaciones de San Miguel, el 16 de mayo del 2017, confirmó la sentencia. El 16 de junio del 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 6 ex carabineros dado que el jefe de los carabineros Lautaro Castro falleció antes de la condena.

El 18 de febrero de 2010, el Ministro de fuero (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, dio a conocer la identificación de 13 de los 15 cuerpos, cuyos restos fueron encontrados en 1978, permitiendo que finalmente se pudiera realizar la sepultura, siendo el 26 de marzo el retiro de osamentas desde el Servicio Médico Legal. El 27 de marzo se realizó un velatorio público en el Patio Cívico de la Municipalidad de Isla de Maipo y el domingo 28, la sepultación solemne de las víctimas en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo.

Los Hornos de Lonquén fueron demolidos para borrar todo vestigio y huellas de memoria, para imponer definitivamente el olvido.

Por Arnaldo Pérez Guerra