Barría Barría Víctor Hugo

Testigo sorpresa exculpó a Arancibia Clavel y responsabilizó a Víctor Hugo Barría Barría. Otro indicó que "la clave" está en una misteriosa Chevy blanca que se detuvo tras la explosión.

 El Tribunal Oral N.o 6 anunció en la mañana de ayer (miércoles) que había solicitado la apertura de una investigación para determinar si el bailarín argentino Hugo Zambelli cometió o no falso testimonio durante su declaración del martes pasado.

Lo anterior supone que la Cámara Federal sorteará un juez, quien se abocará a determinar la posible comisión del delito antes citado. De comprobarse que Zambelli mintió, se verá debilitada la posición de la defensa de Enrique Arancibia Clavel, el ciudadano chileno acusado de ser partícipe en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido hace 26 años.

El bailarín es un testigo importante para determinar si Arancibia estuvo o no viviendo en Buenos Aires antes de octubre de 1974. Y en su declaración dijo haberlo conocido en 1975, desmintiendo afirmaciones previas donde refería el encuentro como ocurrido en 1974.

Durante la sesión de ayer el acusado sufrió un revés, cuando el calígrafo Miguel Moreno aseveró que la firma de un carné de identidad chileno – que se encontraba físicamente en el tribunal- "ha sido realizada por Enrique Lautaro Arancibia Clavel", siendo que la firma dice "Luis Felipe Alemparte", una identidad falsa que Arancibia habría usado como agente de la DINA.

El perito afirmó que no tenía dudas al respecto, como tampoco que los textos manuscritos y firmas de dos carpetas secuestradas en su domicilio (con informes políticos y envíos al organismo de inteligencia) "pertenecen al puño y letra" de Arancibia.

También estuvieron citados dos peritos en explosivos de la Policía Federal de Argentina (Ricardo Pezzoni y Guillermo Mongiardino), que realizaron informes sobre el hecho en ese momento. Ambos coincidieron en que no creían que la bomba fuese activada por control remoto y que, de haberlo sido, no quedó ninguna evidencia material concreta y el mecanismo tendría que haber sido traído desde el extranjero.

En diálogo posterior con "El Mercurio" los dos aseveraron que no hubo un rastreo de partes de lo explosado en un sitio eriazo adyacente; es más, no recordaron la existencia de tal lugar.

Pezzoni recordó también que al llegar – siete horas después del hecho- al lugar, los vecinos habían lavado las veredas adyacentes.

Mongiardino terminó – por su parte- de enterrar la versión de que Prats tuvo protección policial, al indicar que desconocía totalmente la existencia del subcomisario Gattei, quien numerosos testimonios anteriores adjudican el haberse presentarse como encargado de su seguridad.

Finalmente, en contra de la profundidad de las conclusiones de sus pericias, juega la admisión de los expertos de no haber investigado un hecho similar antes, aunque en esa época – afirmaron- se producían unos 20 atentados explosivos diarios.

Testigos inesperados 

Durante la tarde se presentaron dos testigos espontáneos. El primero se identificó como Juan José Soto Vargas. Dijo haber nacido en 1954 en Palena y haber cambiado su ciudadanía de chilena a argentina.

Aseguró que desde el año '74 "iba con frecuencia a la DINA, a la Brigada de Inteligencia Ciudadana", la cual operaba en oficinas del ex Congreso Nacional y la misión de sus "200 a 300 integrantes" era infiltrar organizaciones y grupos civiles.

Allí trabajaba, dijo, el mayor de Carabineros Víctor Tórres Pinto y el coronel Andrés Cardolier Sanhueza. Dijo que trabajaba como junior. Allí trabó relación – según afirmó- con Víctor Hugo Barría Barría, "que era subdirector de Inteligencia del Ejército y vivía en Camino de la Fuente 8346".

Luego empezó a trabajar en Argentina. Aquí tuvo contactos con el suboficial mayor Jaime Ortiz Jorquera "El Indio" (sic), que lo enviaba a dejar documentación al inspector argentino Roberto Gutiérrez de la Policía Federal. También dijo tener contacto con el agregado militar coronel Osvaldo Hernández Pedrera y con el suboficial Carlos Losarbo.

Vinculó a Barría y otros uniformados a la desaparición de una estudiante chilena, en la ciudad argentina de La Plata. Y también con un posterior viaje y trabajo en Brasilia de donde fue expulsado. Calificó a Barría de "siniestro" y dijo que del crimen de los Prats "el responsable es Víctor Hugo Barría Barría (…) el vino a asesinar gente (…) y como me utilizó a mí (…) pudo haber utilizado a este hombre" (en referencia a Arancibia), de quien dijo no haber escuchado nunca su nombre ni seudónimos en ambientes de la DINA, la embajada de Chile o el consulado. Sobre este último se declaró "amigo" del cónsul Eugenio Droguett ,"El fierro" (sic).

Los jueces fueron duros con este testigo e indicaron que si sus afirmaciones eran denuncias, debía realizarlas en otro lugar.

Soto Vargas aseguró que había estado exiliado en Alemania y su testimonio resultó extraño, en el sentido que mencionó en distintos momentos al ex dictador brasileño Carlos Figueiredo y al actual ministro del Interior argentino, Federico Storani.

Se declaró soltero, pero luego dijo tener esposa y varios hijos en Chubut. Periodistas argentinos dijeron a "El Mercurio" que Soto Vargas había dicho sufrir persecución por parte de la policía de la provincia del Chubut, que le impedía ver a sus hijos.

Con mucha mayor tranquilidad declaró Cymric Bridges. Argentino, se presentó como comerciante y ex vecino del general Prats. Aseveró que en 1974 era gerente de la empresa Perkins y que ya antes del atentado percibió que un automóvil marca Falcon, color verde, estaba siempre estacionado a unos 50 metros de la entrada del edificio de los Prats, con una o dos personas en su interior. También que se instaló un puesto de venta de flores a pocos metros "y parecía que los floristas no eran floristas". Ambos desaparecieron después del crimen.

La Chevy Blanca 

El testimonio más novedoso que aportó fue el hecho de que apenas ocurrió la explosión, él salió al balcón de su departamento y desde allí pudo ver como un station wagon ("estimo que era un vehículo consular") venía por la calle Seguí (perpendicular a la que ocurrió el crimen, Malabia) y se detenía en el cruce: "Se bajaron dos personas (…) las dos eran parecidas, cara ovalada, morochos (pelo negro) y tez mate (…) 15 ó 10 segundos se quedaron mirando el incendio y siguieron".

En un diálogo aparte con este diario, Bridges dijo que la camioneta era una Chevy blanca y que "la clave está ahí". Sobre las personas indicó que "mi conclusión es que eran chilenos, la gente de más al norte de América Latina es distinta, son más bajos".

Agregó que tenían "30 a 35 años" y "uno se parecía bastante a este (Arancibia) de acá, el imputado, por eso vine", pero que no podía afirmarlo en el tribunal, ya que no quería responsabilizarse de que alguien fuera preso 25 años por lo que a él le parecía.

Los abogados de la parte querellante restaron valor a estos dos testimonios, diciendo que no aportaban nada sustancial nuevo e investigable. En particular sobre los dichos de Juan José Soto Vargas, de quien no descartaron que estuviese involucrado en un antigua lucha interna dentro de la DINA dado el evidente deseo de venganza que mostró hacia Víctor Hugo Barría Barría.

Treinta y cuatro puñaladas recibió Enrique Arancibia Clavel el 29 de abril pasado. La noticia impactó en Argentina, donde pasó 11 años en prisión por el crimen del general Prats y su esposa. En Chile, su huella en las operaciones represivas más brutales de la dictadura marcó a miles de sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Una historia oculta por el mismo manto de impunidad que cubrió al crimen de Prats por más de 30 años y que quedó plasmada en el increíble archivo que guardó el jefe de la red DINA en Buenos Aires, descubierto en 1986. Esta es su historia.

El peluquero y bailarín argentino Humberto Zambelli subió al auto Renault 12 y enfiló raudo hacia el aeropuerto de Ezeiza. Ese 4 de noviembre de 1978 iba al encuentro de su pareja, Enrique Arancibia Clavel, cuya tarjeta de visita indicaba que era agente del Banco del Estado en Buenos Aires. Una pantalla muy bien pagada para el jefe de la red clandestina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en Argentina, quien regresaba conmocionado desde Santiago. El bailarín del ballet de Susana Jiménez no sospechaba que todos sus pasos eran observados y fotografiados.

Zambelli estaba nervioso. La despedida había estado marcada por la tensión. Más tarde diría que “un complicado estado emocional” afectaba a su amigo íntimo. Razones tenía, Arancibia. Un terremoto se vivía en ese momento en los servicios secretos del régimen luego que el general Manuel Contreras fuera enviado a retiro y después detenido en el Hospital Militar al abrirse un proceso presionado por Estados Unidos por su responsabilidad en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en Washington (1976). La transformación de la DINA en CNI y la llegada del general Odlanier Mena como jefe, daban cuenta de su incierto futuro laboral.

De allí que Zambelli hiciera preparativos especiales para la recepción. El encuentro, dirían los hombres que observaban sus movimientos, fue muy efusivo. Arancibia regresaba además, de un Chile cargado de signos de guerra. En Buenos Aires y otras grandes ciudades argentinas se realizaban en esos días simulacros bélicos y oscurecimientos para prevenir ataques aéreos. Ambos países se preparaban para un enfrentamiento que parecía inevitable. Tan sólo dos días antes, el 2 de noviembre, las conversaciones que se desarrollaban en la Comisión Mixta chileno-argentina se dieron por clausuradas. La guerra era inminente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos, comunicaba que su país recurriría al Tribunal de la Haya, mientras en el Vaticano se desataba una febril actividad con llamados a Chile y Argentina en un desesperado y último esfuerzo por evitar la catástrofe.

El efusivo abrazo de Zambelli y Arancibia fue observado desde cerca por los hombres diseminados en el terminal aéreo. Algunos, a duras penas lograron asfixiar una sonrisa. La pareja nada advirtió. En el mismo auto emprendieron el regreso hacia el elegante departamento que habitaban. Se habían conocido en el verano de 1974, y desde entonces ya no se separaron.

Poco alcanzaron a disfrutar, porque súbitamente el auto fue interceptado por los policías argentinos que los vigilaban. Arancibia fue detenido y acusado de espionaje. Poco después, su departamento era allanado por los mismos policías que no tardaron mucho en encontrar lo que buscaban.

En el doble fondo del aparador del comedor hallaron una voluminosa documentación cuyo contenido provocó la primera sorpresa. Porque lo que saltó ante los ojos del grupo de la Policía Federal trasandina fue un documento con información confidencial sobre el canciller de Chile, Hernán Cubillos, y su relación con la CIA y el diario El Mercurio durante el gobierno de Salvador Allende.

En los días en que la guerra con Argentina estaba a punto de estallar, el jefe de la red de agentes secretos de Chile en el vecino país se dedicaba a investigar al canciller que encabezaba las negociaciones. Ese sería el último informe enviado por Enrique Arancibia a Santiago bajo el nombre de “Luis Felipe Alemparte Díaz”, su identidad como agente DINA.

Lo que seguía al informe sobre Cubillos en los documentos cuidadosamente ordenados en carpetas de plástico negras, eran las copias y respuestas de las órdenes que recibió desde el cuartel central de la DINA en Santiago desde 1974, incluyendo cartas privadas con altos oficiales del mando del servicio secreto. Entre ellos, Michael Townley, quien acababa de ser expulsado (abril de 1978) por el régimen de Pinochet a Estados Unidos para ser juzgado y condenado como autor material del crimen de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit (Washington, 1976). Pinochet y Contreras insistían en que Townley nunca fue agente de la DINA. Y allí estaban las pruebas de su participación en las operaciones más secretas del organismo represivo.

Las carpetas contenían cuatro años de la historia de la represión desatada fuera del territorio chileno por el principal servicio de seguridad secreto, con una red de agentes desplegados por varios países y la colaboración estrecha con los otros servicios de las dictaduras del Cono Sur. Una parte de la historia de la “Operación Cóndor” que inexplicablemente Arancibia guardó en su aparador.

A los argentinos, ya involucrados en su propia masiva y brutal represión, el contenido no los sorprendió. Cómo lo usaron, es hasta ahora un secreto. Lo real es que al cabo de algunos meses, gran parte de los papeles quedó abandonado para luego ser prácticamente embutido a la fuerza en cinco cajas donde se condensó el proceso por espionaje. De allí pasaron a una oscura y solitaria sala del Archivo Judicial. Al olvido.

Ocho años más tarde, la autora de este reportaje iría a Buenos Aires a investigar el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. En un pasillo, un hombre le diría casi al oído que buscara ese expediente. Fueron días intensos de tocar muchas puertas y que culminaron cuando con la ayuda del periodista argentino Horacio Verbitsky, un impávido funcionario finalmente sacó las cinco cajas del proceso y me dejó a puertas cerradas en esa gélida sala del Archivo Judicial. Lo que se abriría ante mis ojos provocó un frío mayor que el que en ese invierno de 1986 imperaba en Buenos Aires.

UN TERRORISTA A SUELDO

Dos meses después del Golpe de Estado, en noviembre de 1973, Arancibia Clavel se presentó en el cuartel general de la recién creada Comisión DINA. “Lo hice para saludar al entonces coronel Manuel Contreras y ofrecerme a su disposición para llevarle cualquier tipo de información”, declaró el propio Arancibia ante un tribunal argentino el 28 de noviembre de 1978.

“A los pocos días fui entrevistado por un oficial de la DINA al que por su cargo llamaban ‘Don Elías’ (Raúl Iturriaga Neumann) y que era uno de los jefes del Departamento Exterior. Me dio instrucciones de cómo debía hacer llegar la información a través del canal que considerara más idóneo, explicándome que no debía utilizar mi verdadero nombre ni tampoco divulgar mi condición de miembro del Servicio Exterior de la DINA”, se explayó.

Fue así que Enrique Arancibia Clavel se convirtió en agente de la DINA en Argentina. Su pantalla fue la representación del Banco del Estado en el vecino país, cargo para el que fue recomendado por su vicepresidente, Valentín Robles. Para contratarlo debieron obviar un obstáculo importante: Arancibia en ese momento era un prófugo de la justicia, acusado de actos terroristas, como integrante del grupo que asesinó al comandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970.

Su huella como “El Dinamitero” –así lo llamaban– quedó en las bombas que se colocaron en la Bolsa de Comercio, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en el entonces Canal 9 de TV y en el aeropuerto de Santiago. Sólo el azar hizo que el artefacto más potente que colocó en el recinto aéreo no explosionara.

Así lo confesó ante los tribunales chilenos en el juicio por el crimen de Schneider (fojas 1.877), donde reconoció su participación. También acusó al general Roberto Viaux de ser el autor intelectual de la cadena de actos terroristas que él mismo ejecutó con otros miembros del grupo de ultraderecha. Se buscó, dijo, preparar el clima para el secuestro de Schneider, cuyo objetivo final era impedir que Allende asumiera como presidente de Chile. Por eso, después de cada atentado, se lanzaban panfletos de una hasta ese momento desconocida Brigada Obrero Campesina (BOC): “para hacer creer que los autores eran de un grupo de ultra izquierda y crear un clima adverso”.

Arancibia fue detenido. Tenía 26 años, y cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad de Chile después de un breve paso por la Escuela Naval. Su padre, oficial de la Armada (r) y uno de sus hermanos oficial de la misma rama. Otro, era oficial del Ejército. A pesar de su propia confesión, de los explosivos que hallaron en su domicilio el 8 de octubre de 1970, y de las numerosas pruebas en su contra, fue dejado en libertad bajo fianza.

Esa misma noche huyó hacia el sur de Chile. Todo estaba organizado por alguien a quien nunca se quiso identificar. Porque lo ocultaron en la Hostería del Lago Ranco, y en febrero de 1971, el dueño de esa hostería (de apellido Provoste) lo trasladó al otro lado de la frontera por el paso Tromen (Mamuil Malal), saliendo del país con una cédula falsa. Allí lo esperaba el ex edecán del general Juan Carlos Onganía, cuando ejerció el mando de Argentina como dictador en los años 60.

En 1966, en la Conferencia de los Ejércitos Americanos realizada en Buenos Aires, Onganía propuso institucionalizar una fuerza interamericana de defensa permanente, de intervención regional contra el enemigo subversivo. Su principal detractor fue precisamente el general René Schneider, quien aún no asumía como jefe del Ejército chileno.

Tres años más tarde, el terrorista prófugo por su rol en la conspiración que culminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, era contratado como funcionario público por el régimen que encabezaba otro general.

“Comencé a dar cumplimiento a las instrucciones que me diera el capitán Luis Gutiérrez”, declaró en 1978. Y así lo prueban los documentos que Arancibia guardó en su poder.

ELIMINAR A PRATS

El último día de septiembre de 1974 los autores intelectuales del crimen del general Carlos Prats creyeron haber eliminado un escollo clave para que Pinochet se hiciera del poder total en el Ejército y en la Junta Militar. Sacando del escenario al general que reivindicó hasta 18 días antes del Golpe el honor militar para impedir la dictadura y la represión, pensaron haber hecho desaparecer también el fantasma siempre presente del general René Schneider, su antecesor en la comandancia en jefe del Ejército, asesinado en octubre de 1970. Y los principios que ambos defendieron.

Pasarían casi treinta años antes de que se hiciera justicia. Y fue precisamente el rechazo de la Corte Suprema al desafuero del general Augusto Pinochet por su participación en el asesinato de Prats y su esposa Sofía Cuthbert, solicitada por la jueza argentina María Servini, el que provocó en 2003 la apertura histórica en Chile del juicio por el crimen del ex jefe del Ejército (Ver Nota 1).

Muy pronto el ministro a cargo del caso, Alejandro Solís, encontraría la prueba más importante que faltaba: el informe con el seguimiento de todos los pasos de Prats y los planos de su casa, entregados por el oficial de la DINA Juan Morales Salgado a Manuel Contreras. Un informe que se había mantenido en completo secreto y que permitió comprobar fehacientemente la autoría de la DINA. Y también la participación gravitante de Enrique Arancibia Clavel.

Porque la última pieza del puzzle descubierta por Solís provocó también que otros confesaran: el crimen se ordenó desde Santiago en junio de 1974, y los datos que recogió Morales Salgado y que permitieron poner la bomba que despedazó los cuerpos de Prats y su esposa en el lugar preciso y a la hora precisa, fueron aportados por Enrique Arancibia Clavel.

El cuadro se terminó de armar en Chile. Arancibia Clavel ya estaba condenado en Buenos Aires. Y de paso se probó que Michael Townley, el hombre que puso la bomba, nunca mintió. Su primera confesión la hizo ante policías chilenos –Nelson Jofré y Rafael Castillo, acompañados por el subcomisario Eduardo Riquelme González de la O.C.W. Interpol Chile– el 2 y 3 de septiembre de 1992, en Estados Unidos. Un interrogatorio que ordenó el ministro Adolfo Bañados:

–A mediados de 1974, Manuel Contreras da la orden a Pedro Espinoza para que se elimine a Prats en Buenos Aires. Se ofrecen 20 mil dólares a un grupo extremista argentino –TripleA– para ejecutar la misión. Pero los argentinos, luego de recibir el dinero, no tuvieron el valor suficiente como para matarlo. Ante esa circunstancia y bajo la presión del general Contreras y el brigadier Espinoza, se le asignó la misión al jefe de la DINA exterior, en ese momento, el comandante Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien utilizaba el nombre falso de ‘Diego Castro Castañeda’; y al oficial Armando Fernández Larios. Recuerdo que tres días antes del atentado me encontré con el comandante Iturriaga en Buenos Aires. Este fue hecho con la cooperación de ciudadanos argentinos de la Triple A. El jefe de la DINA Exterior era el comandante Iturriaga y como segundo estaba el capitán José Zara –confesó Townley (Ver Nota 2).

Pero en 1992 Pinochet mantenía su poder político y su influencia en la Corte Suprema. El sello de la impunidad era inquebrantable. Más aún para el crimen de un jefe del Ejército. La confesión de Townley quedó archivada. Para muchos, Arancibia sería el único condenado.

El contrato de Enrique Arancibia Clavel en la representación del Banco del Estado de Chile en Argentina tiene como fecha de inicio el 1 de octubre de 1974, horas después de perpetrado el atentado que terminó con la vida del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en una calle de Palermo en Buenos Aires. Casi un premio.

Pero durante el proceso por su muerte en Argentina a nadie le llama la atención la fecha. Tampoco que el bailarín Humberto Zambelli, su pareja, declarara en el juicio por espionaje que se conocieron en el verano de 1974, en Argentina. Días en que Arancibia aseguró que estaba en Chile.

MIRTHA LEGRAND Y SUSANA JIMENEZ

De no haber sido por las famosas Mirtha Legrand y Susana Jiménez, Arancibia y Zambelli no se habrían conocido. Porque fue cuando el segundo se desempeñaba como peluquero de la casa Miguelito Romano de Mar del Plata, que le tocó atender a Legrand y también a su esposo, Daniel Tinayre, quien lo contrató para ser bailarín en la comedia musical “Hair”. Un éxito total. Corría 1973 y las funciones se prolongaron durante ocho meses. Cuando “Hair” bajó el telón, Zambelli volvió a Mar del Plata pero ya no como peluquero: actuaría en un local nocturno llamado “Hidrógeno”, donde conoció a Susana Jiménez. La diva argentina lo contrataría para bailar en el Teatro Astros.

Era el verano de 1974 y en una de esas noches que salía de la función su vida nuevamente daría un vuelco. Al menos eso fue lo que relató ante sus interrogadores en 1978:

–Me espera una persona joven, de sexo masculino. Me invita varias veces a tomar café y charlar. Con el correr de los días acepto la invitación e incluso lo llevo a la casa de mis padres, en Lanús. Así fue como entramos de lleno en una relación amistosa con quien resultó ser Enrique Arancibia Clavel –declaró en el juicio por espionaje en contra de Arancibia.

Cuatro años después, la historia volvería a dar un brinco. Caería Arancibia y con él, el archivo que guardó en el doble fondo. Allí donde están las pruebas que lo inculpan en la represión contra chilenos.

FAMILIA DE ESCRITORA ISABEL ALLENDE EN LA MIRA

Si bien el archivo de Arancibia Clavel muestra que el foco principal de su tarea son los exiliados, también está la prueba de que mantuvo vigilancia permanente sobre los otros chilenos que como él participaron de la conspiración para asesinar a Schneider y se refugiaron en Argentina.

Sobre Mario Igualt, cuñado de Roberto Viaux, informa el 21 de octubre de 1974: “Está trabajando para los servicios de seguridad argentinos de los cuales recibe una remuneración bastante alta. Su contacto es un oficial Schiaffino (del SIE)”. Cuatro días más tarde informa que Ramón Huidobro, embajador de Chile en Argentina hasta el 11 de septiembre de 1973, padrastro de la escritora Isabel Allende y la última persona –junto a su esposa, Francisca Llona– que vio con vida al general Carlos Prats, logró salir de Argentina. Estaba amenazado de muerte y lo buscaban para asesinarlo.

No era el único. En una orden perentoria enviada por “Luis Gutiérrez”, chapa que usa el jefe el Departamento Exterior de la DINA y que en esos días esconde la identidad del general Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se le pide “la ubicación de trabajo y domicilio particular de los más connotados del régimen pasado en Buenos Aires y Mendoza”. La primera nómina de los chilenos simpatizantes de la Unidad Popular viviendo en Argentina fue depositada personalmente por Arancibia en el escritorio de “Luis Gutiérrez” en Santiago.

Mario Igualt le sigue preocupando: “He sabido que Igualt utiliza en Chile una cédula de identidad falsa a nombre de Pino para negocios poco claros. En Argentina también tiene doble documentación. La falsa lleva el nombre de Horacio Pizarro”.

A medida que la represión recrudece en Argentina, Arancibia extiende sus nexos con los militares y civiles de la represión. El sacerdote salesiano Luis Gallo se trasforma a fines de 1974 en su blanco. Escribe: “Está en Santiago, es contacto de la guerrilla argentina de Córdoba con los extremistas chilenos. Deben cercarlo. Es muy hábil y peligroso”.

Uno de los puntos iniciales que demandaron mayor trabajo fue encontrar las vías más seguras para el envío de documentos desde y hacía Chile. Durante un tiempo se hizo a través de Sonia Montecinos, secretaria del encargado de negocios de la embajada de Chile en Buenos Aires, Carlos Osorio (Ver Nota 3). En Chile, los sobres los recibía en el Ministerio de RR.EE. Miguel Poklepovic Klamce, quien debía llamar a “Don Elías” (otra chapa utilizada por Iturriaga).

Lo anterior me fue confirmado por el propio Poklepovic, en declaración notarial, quien incluso me informó que la solicitud de ayudar en esta tarea la recibió en Santiago, en la cena en casa de un familiar de Arancibia.

La vigilancia de la DINA en Buenos Aires se concentró en los chilenos que trabajaban en la CEPAL y en la Fundación Ebert, de la entonces Alemania Occidental. En uno de los documentos se lee: “El representante de la Ebert es Klauss Dressel, domiciliado en Florida 716, octavo piso, departamento C. Actúa junto a Walter Nocker, delegado laboral de la embajada alemana en Chile. Walter actúa como correo y enlace de los dos países. Obtener el máximo de antecedentes de la fundación así como de los sujetos mencionados”.

La respuesta la entregó Arancibia en persona en la sede de la DINA en calle Belgrado en Santiago. Y también agregó datos sobre su otro objeto de vigilancia, el grupo de Mario Igualt, al que veía como una competencia: “El padre Ernesto Rojas, quien hizo las acusaciones en noviembre de 1974, va a Chile a fines de diciembre, les avisaré para que tengan entrevista. Tiene mayores antecedentes de la red que ha tratado de formar Igualt en la que estarían Enrique Rojas, Julio Fontecilla, Jorge Arce y Carlos Labarca (cuñado del almirante Martínez Bush y todos prófugos por el crimen del general Schneider) . Este último sería contacto de un comandante Carrasco de la DINA con oficinas en el Ministerio de Justicia”.

Arancibia se equivocó. Igualt ya trabajaba para la DINA. Labarca también. Ello coincidió con la llegada del jefe oficial de la red DINA en Buenos Aires: el coronel Víctor Barría Barría. En un documento despachado desde Santiago se lee: “El coronel Barría es nuestro representante oficial y tú eres un jefe de información clandestino. Tus relaciones con él deben ser totalmente encubiertas. No te debes quemar. Debes seguir trabajando en la misma forma en que lo has hecho hasta ahora”.

LA CONEXIÓN ARGENTINA

El anuncio de la llegada del coronel Barría impulsó a Enrique Arancibia a desplegar una mayor actividad. En diciembre de 1974, el ex estudiante de ingeniería informa de un socio clave para la actividad represiva de la DINA en el exterior y la “Operación Cóndor”. Martín Ciga Correa, jefe de seguridad de la Universidad de Buenos Aires, le ofrece información de todos los chilenos, docentes y estudiantes, en dicha casa de estudios (Ver Nota 4).

Pero Ciga era un viejo conocido de la DINA. Dirigente del grupo Milicia Nacionalista, participó del asesinato de Prats. No fue escogido al azar. Su historial terrorista habla de ello. Militó en los grupos de choque del nacionalismo argentino donde recibió el apodo de “Cristo” y en “Los Panzer”, un grupo armado de la llamada Juventud Nacionalista Socialista. Al morir Perón, el grupo de López Rega, fundador de la Triple A, convence a la presidenta Estela Martínez de designar ministro de Educación a Oscar Ivanisevich, quien pone como rector de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Ottalagano. No fue un escándalo. La represión brutal lo impidió. Porque Ottalagano exhibe en su reseña académica ser el autor de un libro cuyo titulo es Soy fascista, ¿y qué?

El nuevo rector y autor del libro contrató de inmediato a Ciga Correa como jefe de seguridad de la universidad. Muy pronto sería identificado como autor del asesinato de Daniel Winier, estudiante de Ingeniería, secuestrado el 29 de noviembre de 1978. Pero no pasó un día en prisión. Es Ciga el que a fines de 1974 le entrega a Arancibia una nueva información que éste transmite a Santiago: “El grupo que eliminó a Prats tendría una lista de otros 8 chilenos”. Ciga también le informa que Ramón Huidobro y su esposa Panchita ya están en Estados Unidos. El matrimonio nunca supo que saliendo apresuradamente de Argentina escapó de una muerte segura.

Lo mismo habría ocurrido –de acuerdo a estos archivos– con María Isabel Camus, ex ejecutiva de Codelco en tiempos de la UP y una de las 8 personas sindicadas como “blancos a eliminar”. “Su dirección es la misma que la de nuestro agregado naval. Todos los antecedentes de sus movimientos los tiene la SIDE”, informó Arancibia.

Todo eso costaba mucho dinero. Porque así como Arancibia recibía un sobre mensual con dólares de la DINA, un complemento de su sueldo en el Banco del Estado, los servicios que prestaba Ciga no eran gratis. Tampoco la información que entregaba. En un oficio enviado por Arancibia a Santiago, se lee: “Envío fotocopia de cheque pagado por Ciga a María José Riesco Bezanilla, chilena, por informaciones que esta entregaba a Ciga sobre chilenos en la Universidad (de Buenos Aires, UBA)”.

El calor de febrero (1975) no impidió que Arancibia siguiera los pasos de otros sacerdotes “conectados con el movimiento subversivo”, a quienes identifica en relación con el cura “jesuita estadounidense radicado en Salta, padre Haas, rector de la Universidad Católica de esa ciudad y amigo personal de Allende. Este cura es visitado asiduamente por exiliados chilenos y bolivianos”.

El negocio de las armas, por encargo de sus jefes, lo mantuvo ocupado en marzo de 1975. Su interlocutor era Luis Sanies, el “contacto lo inició Jorge Ramírez del Bank of America”. Sanies es “mayor en retiro, del Estado Mayor Conjunto, Jefatura Dos de Inteligencia, subalterno del general Della Croce y quien servirá de enlace directo con el almirante Peyronnel, actual jefe de la SIDE”. El viernes 14 de marzo a las 15 horas se lleva a cabo la cita.

Por el informe que despachó se desprende que la SIDE no está respondiendo a la colaboración con la DINA. “Sanies está de acuerdo en que la colaboración se haga en forma extraoficial, sin embajada”. Y agrega “todos los antecedentes sobre los ‘juguetitos’ que tiene para vender, entre ellos una cotización de proyectiles”.

Un aumento de su sueldo es el premio por este negocio con Sanies y su segundo (Horacio Sturlla), que se concreta en Santiago. Arancibia cambia de foco y pide que se investigue al subgerente de comercio exterior del Banco del Estado, Alfonso Ubilla, al tiempo que informa del aumento de desaparecidos por la represión en Argentina: “Han caído hasta el 13 de abril 160 personas, lo que hace un promedio de un muerto cada 15 horas. En los últimos días han caído 8 chilenos. Se estiman R.I.P.”.

“OPERACIÓN COLOMBO” PASO A PASO

Abril seria un mes en que Arancibia mostraría a sus jefes la eficiencia de sus contactos. El supuesto cadáver del ingeniero chileno David Silbermann, ex gerente de Chuquicamata, secuestrado en octubre de 1974 desde la cárcel en Santiago y desde entonces desaparecido, fue hallado en un estacionamiento de Buenos Aires (Ver Nota 5). En el archivo de Arancibia están las hojas manuscritas con los datos de Silberman enviados desde Santiago para ese montaje. Sería el comienzo de una de las operaciones más brutales del régimen chileno: la “Operación Colombo”, que intentará hacer aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el exterior a 119 detenidos desaparecidos chilenos. Arancibia jugará un papel clave en ese montaje.

“Adjunto material relacionado con los ejecutivos de las operaciones aparecidos en diferentes órganos de prensa. Va foto de Ubal Tahl, posiblemente RIP por coordinación federal. Las facturas que acompañan a Colombo se pagarán en el transcurso de la semana junto con 15 facturas argentinas”, dice el cable cifrado que le envió a “Luis Gutiérrez”, jefe del Departamento Exterior de la DINA. Las facturas son detenidos.

Pero no todo funcionó como estaba planeado. El 22 de abril, Arancibia le envió un informe al general Raúl Iturriaga: “Lamentablemente hasta el momento la publicidad para el caso ‘Colombo’ ha sido casi nula. Mañana me entrevistaré con Martín Ciga para saber exactamente qué pasó. Para esta semana están prometidos los dos restantes que aparecerán con 15 ‘criollos’. Espero que la publicidad sea mayor. Martín me solicitó atención de fotografía para aproximadamente siete personas. Espero llevarlas conmigo. También me ofreció un negocio con Isabel Camus”.

Isabel Camus estaba nuevamente en peligro. Como miles de chilenos y argentinos sobre los que se había desatado una cacería inédita. Arancibia viajó a Chile el 25 de abril para coordinar los detalles de la “Operación Colombo” en marcha. Los nombres de 7 prisioneros ya ejecutados, sobre los que Martín Ciga pide atención de fotografía (pasaportes o cédulas) se discutieron en el cuartel central de la DINA.

Como brazos operativos de la DINA, coordinados personalmente por Arancibia Clavel, se integró el grupo Falange de Fe, con sede en Córdoba y cuyo jefe era Jorge E. Flores Allende. Sanies también constituyó otro brazo operativo a sueldo. Dos brazos armados para actuar y reprimir en Buenos Aires y Córdoba según decidiera la jefatura de la DINA en Santiago.

LAS HOJAS MANUSCRITAS

La real es que ni Sanies ni Flores podían competir con el grupo de Ciga Correa, el principal brazo operativo que tuvo la DINA en Argentina. En las carpetas de plástico negras que conservó Arancibia quedó la huella macabra de esa sociedad. Con fecha 8 de mayo aparecen las listas manuscritas con los nombres de más de 100 detenidos chilenos a los que se debe hacer como ejecutados en Argentina. Son hojas de cuaderno simples, con borde azul y faltas de ortografía. Allí figuran nombres que jamás han tenido explicación porque no aparecen en ningún registro de prisioneros o desaparecidos: Samuel Ovando Abarca Molina, Gabriela Arredondo Andrade y Soledad Sepúlveda. 

Ciga hacía su trabajo. Así se desprende del informe que despachó Arancibia el 16 de mayo sobre la primera fase de la Operación Colombo, “efectuada por el grupo de Martín Ciga en forma perfecta”, escribe. Un informe que estremece pues también allí detalló la eficacia de los grupos paramilitares que sembraban el terror en esos días en el país vecino. A los que Arancibia simplemente llama “comandos de ejecución”.

“Su ejecutor directo es el comisario Ramírez (a), ‘El Carnicero’, especialista en quemados y ahogados. Con los últimos acontecimientos políticos este grupo ha decidido unirse al grupo de Martín (Ciga)”, relató Arancibia a sus jefes al informarlos de su última adquisición: el grupo Arens.

La dirección del domicilio particular de Ricardo Lagos y de otros cinco investigadores de Flacso en Buenos Aires es la última anotación que agregó Arancibia en su detallado informe sobre los grupos paramilitares argentinos.

Pero algo ocurrió. El 23 de mayo despachó un informe con carácter de urgente: “Me ha llamado la atención el silencio con respecto a la ‘publicidad’ del caso ‘COLOMBO’. Desde hace una semana que no se tiene ninguna información de ustedes al respecto. Me gustaría saber a qué determinación se llegó para saber como manejarme con el periodista Carlos Manuel Acuña que me llama casi todos los días. Mañana obtendré todos los antecedentes que se mandaron a Santiago por intermedio de la Interpol. Las copias se las consiguió Vicente (coronel Víctor Barría) ”.

Colombo tenía problemas. Aún así, la conexión de la DINA con su símil argentino (SIDE) quedó nuevamente establecida. Sanies fue el nexo con el coronel Spinetto, “segundo del SIDE interior, es decir del trabajo subversivo”, escribió Arancibia. Y agregó: “Lo que les interesa es el contacto por si tuviera que hacerse un operativo no oficial”.

EL EMBAJADOR DISCOLO

La última fase de la Operación Colombo era inminente. Y en esos precisos días el embajador de Chile en Argentina, René Rojas Galdames, le disparó a Manuel Contreras un misil que jamás fue público: les cortó la valija diplomática a los hombres de la Dina. Arancibia enfureció y buscó alternativa. Será Michael Townley quien la encontrará en pilotos de Lan Chile que por unos pocos dólares aceptaron el trabajo . Pero Rojas quedó en una lista negra con cuentas por cobrar.

Más tarde, como consta en sus archivos, Arancibia recurrirá a un alto jefe de inteligencia argentino para que vigile y espíe al embajador Rojas y a su familia. La vida privada de sus hijas fue descrita con procacidad en los informes de la DINA, mientras la tensión entre Rojas y el coronel Barría crecía. Arancibia escribe: “Es fundamental que este señor entienda para quién trabaja. El embajador viaja ahora a Santiago. Seguramente irá a mover su mafia radical en contra de los funcionarios leales. Pido a la empresa que se tomen las medidas drásticas correspondientes”.

Años más tarde, en la noche del 10 de noviembre de 1981, la CNI haría explotar un auto al frente del domicilio del embajador en Santiago (Las Vizcachas), con cuatro ocupantes en su interior. La versión oficial señaló que los cuatro jóvenes, que murieron calcinados, preparaban un atentado a la casa del ex embajador cuando las bombas por error explosionaron. Lo que comprobó el juez Joaquín Billard años después fue que los cuatro ocupantes del automóvil habían sido detenidos previamente por la CNI. Uno de ellos hasta hoy no ha podido ser identificado, pues le faltaban la cabeza, los pies y las manos. Muchos creen que fue una venganza de los ex Dina contra Rojas.

LA HUELLA DE TOWNLEY

En esos días de 1975, en los papeles de Arancibia aparece Michael Townley por Buenos Aires. Ambos se conocen. Y muy bien. Desde que coinciden en la operación en la que se asesinó al general Carlos Prats y su esposa en una calle de Palermo en Buenos Aires (1974). Esta vez Townley irrumpe con un rol relevante en la Operación Colombo. El propio Manuel Contreras lo ha enviado con una tarjeta firmada por él y dirigida al subsecretario de Seguridad Interior, Héctor García Rey, para finiquitar Colombo.

En ella Contreras le ofrece “incondicional apoyo que tendrá de nuestra parte en todas sus actividades” y le pide “dedicarle unos minutos a quien es ya un viejo conocido suyo”. En efecto, Arancibia y García Rey se conocen. La tarjeta es el sello de que la misión que lleva el primero es oficial. Y al más alto nivel.

La reunión entre Arancibia Clavel y García Rey tiene lugar el viernes 1 de agosto. “Sobre las listas de chilenos entrados a la Argentina por diferentes pasos, entregados en su oportunidad por el señor Diego Castro (identidad falsa de Raúl Iturriaga Neumann), me las entregará con sellos y firmas tal como se planteó en la entrega original. Contestó que estas listas estarán el 5 de agosto y las va a confeccionar su propio hermano presente en la entrevista. Le pedí pasaportes argentinos en blanco a lo cual se comprometió a entregarme cinco el mismo martes 5” (Ver Nota 6).

Lo que se le exige a García Rey son los papeles oficiales que acreditarán que los 119 chilenos a los que se quiere hacer aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el exterior, efectivamente pasaron desde Chile a territorio argentino por distintos pasos cordilleranos. Son los mismos que aparecen en la lista manuscrita con más de 100 nombres de detenidos que estaba en su archivo.

Tras uno que otro inconveniente, y la oportuna intervención de otro socio importante de la Dina y protagonista de la guerra sucia argentina, Jorge Osvaldo Riveiro (alias “Rawson”, segundo al mando del SIE), la operación queda lista para su ejecución final. García Rey será mencionado en adelante como “Tito”. Meses más tarde, cuando García es amenazado de muerte, se le ofrece descanso y reposo en Chile para él y su familia. Lo mismo hace Riveiro, quien viaja a Santiago con su esposa con todos los gastos pagados por la DINA, el 2 de septiembre de 1975. Se embarca en Paraguay. Un tramo que será recurrente entre los hombres comprometidos en la Operación Cóndor, de los cuales Riveiro será pieza clave.

Así lo prueba un informe fechado el 27 de agosto de ese año, en el que Arancibia le escribe a Iturriaga: “El teniente coronel Osvaldo Rawson tiene la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay”.

La historia que sigue se ha escrito ya varias veces. Tras la aparición de la revista argentina Lea (60 nombres) y el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil (59 nombres), con la nómina de los 119 chilenos supuestamente asesinados en Salta por sus propios compañeros, llegaron los titulares de la prensa chilena. El 23 de julio, miles de chilenos leyeron con horror: “Exterminados como ratones” ( La Segunda), “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” ( La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” ( El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” ( Las Últimas Noticias).

Durante varios días se destacó que por todos ellos se había presentado recursos de amparo “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”. Ese montaje, uno de los más estremecedores que se vivió en dictadura y que puso por primera vez la palabra “desaparecido” sobre la mesa, fue digitado desde el cuartel central de la DINA y lleva la huella clave de Enrique Arancibia Clavel.

El régimen de Pinochet insistió a través de todos sus canales diplomáticos y políticos que no tenía ninguna relación con el montaje de la Operación Colombo. Aun cuando los sobrevivientes de las cárceles iniciaran una huelga de hambre insistiendo en que a la mayoría de ellos los habían visto en alguna de las cárceles secretas en donde los mantuvieron detenidos. Aun cuando quedara demostrado que la revista Lea tuvo esa sola edición en Buenos Aires, y salió de una imprenta de López Rega, el fundador de la Triple A de Argentina y socio de la DINA. Y a pesar de que lo mismo ocurrió con el diario de Curitiba, pero articulado por el cónsul de Chile en Río de Janeiro, Gerardo Roa.

“OPERACIÓN EUROPA”

Las operaciones de ejecución no terminaron con las repercusiones de Colombo. Por el contrario. En los archivos de Arancibia Clavel está la prueba. Ciga Correa pidió más “trabajos” a ejecutar en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del mundo; y “una metralleta Sterling o del tipo, más silenciadores”. Y le puso un alto precio a su función.

Una acotación de Arancibia retiene la atención: “Martín pregunta si la ‘Operación Europa’ va a necesitar colaboración de parte de ellos”. El 15 de agosto, Ciga recibe una respuesta afirmativa: trabajará en el “tramo alemán” de la “Operación Europa”. Y sólo eso. Hoy sabemos que en ese momento faltaban sólo días para el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, ejecutado el 5 de octubre en Roma. Ambos sobrevivieron, pero con graves secuelas. Y también, del fallido intento de asesinar al terrorista venezolano Carlos “El Chacal” (Ilich Ramírez Sánchez) , a cambio de una gruesa recompensa que le pide Manuel Contreras al Sha de Irán.. ¿Cuáles fueron los otros atentados? ¿Cuántos tuvieron éxito? No hay respuesta aún.

Pero los archivos de Aranciba entregan otras respuestas. Como lo que ocurrió cuando el dirigente del Mir Jorge Isaac Fuentes Alarcón (“El Trosko”), fue detenido en Asunción y entregado por la policía secreta de Paraguay a la DINA. Cuando se entera en Buenos Aires el teniente coronel Riveiro “Rawson”, se enfurece. Está convencido de que Fuentes tiene información clave de la Junta Coordinadora Revolucionaria y lo quiere para ellos. Los servicios se disputarán las presas de la cacería humana haciendo trastabillar la incipiente cooperación.

No es el único problema que enfrentan la DINA y Arancibia en esos días. Porque Riveiro (“Rawson”) es informado de que Manuel Contreras ha organizado una reunión de coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur en Santiago. La que consideraba su idea original debutaría en noviembre y él no estaba invitado. El oficial argentino estalla. Arancibia movería sus piezas en los días en que Manuel Contreras se preparaba para inaugurar oficialmente el 26 de noviembre la Operación Cóndor en Chile. Oficialmente, porque en los hechos hacía ya un tiempo que la coordinación para asesinar opositores estaba en marcha.

LA CAPTURA DE EDGARDO ENRIQUEZ

La actividad represiva no para. Días antes del estreno de Cóndor, el 17 de noviembre de 1975, Arancibia despacha el siguiente informe a Santiago: “Según informaciones del comandante Jorge Osvaldo (Riveiro), ‘Pollo Enríquez’ ubicado en Baires. Se esperan novedades. El tal Claudet (Jean Ives Claudet, detenido desaparecido) podría ser Humberto Sotomayor, enviar foto. Claudet es RIP. En últimas instrucciones de la Junta Coordinadora Revolucionaria aparecen involucrados Renán Fuentealba y Bernardo Leighton”.

El jefe del MIR, Edgardo Enríquez, sería detenido en Buenos Aires. Su detención y eliminación marcaría un hito en la DINA. La participación del aparato del SIE en su captura no fue gratis. La DINA ofreció conectar los dos servicios en forma directa y permanente a través de un telex especial que la propia DINA financió y proporcionó. Manuel Contreras cumplió. En marzo, la coordinación de los servicios represivos secretos de Chile y Argentina pasa a un nivel superior. Un detalle sorprende. Revisando el archivo de Enrique Arancibia Clavel se advierte que en esos días de noviembre de 1978, con la guerra inminente entre ambos países, ese telex nunca dejó de funcionar. La guerra sucia no tuvo tregua.

NUEVOS SOCIOS PARA EL TERRORISMO

Los documentos que contiene el archivo de Arancibia Clavel, el único que finalmente se haya encontrado de la DINA, son un registro impactante del horror. Allí están las cédulas de identidad de algunos de los desaparecidos que siempre se negó que hubieran sido detenidos. Fotos de cuerpos despedazados, mutilados o carbonizados. ¿Qué hacían en Argentina? Un misterio. Porque Arancibia siempre rehusó hablar de ello.

Tampoco se sabe más que lo que está en esos papeles del seguimiento, detención y asesinato de Alexei Jaccard Siegler, quien aterrizó en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977. Venía de Europa y traía consigo dinero para llevar a Chile a sus compañeros del Partido Comunista. Al día siguiente de su arribo fue capturado. Su rastro se perdió, pero en los informes figuran algunas claves sobre la tortura que sufrió y su ejecución, como también sobre la cacería que se desató y que terminó con otros 15 chilenos desaparecidos.

Un episodio que revela la otra cara de la represión: el robo permanente de dineros y objetos de valor de los que eran despojados los prisioneros. Al punto que los hombres de Ciga Correa, del italiano fascista Stephano Delle Chiaie y los cubanos Virgilio Paz y los hermanos Novo, más Arancibia y otros chilenos, terminan formado una sociedad cuyo objetivo será secuestrar empresarios para cobrar rescates y traficar armas. Un capítulo que ningún tribunal ni argentino ni chileno ha investigado hasta ahora.

En los archivos de Arancibia hay varios documentos que prueban la nueva incursión de los agentes de la represión. Como el que da cuenta de la reunión que Ciga Correa, Virgilio Paz y otros tienen en junio de 1976 en la casa cuartel que habita Michael Townley en Lo Curro, para “planificar una serie de secuestros a realizarse en Argentina dada la necesidad de conseguir fondos propios”.

EN LA MIRA DEL FBI

Hacia fines de 1976, la necesidad de dinero que revelan los hombres del terrorismo internacional se hace más evidente. Así también los lujos que se permiten. Enrique Arancibia Clavel no se queda al margen. Con su pareja Humberto Zambelli, se han convertido en socios como propietarios del departamento en el que viven juntos en Buenos Aires. Para los fines de semana, se han comprado un terreno en el sector residencial de Tortuguitas y allí se hacen construir un quinche, una especie de palafito con techo de paja, y una piscina. Un perfecto refugio de descanso. Todo aquello requiere dinero. Arancibia explorará nuevas vetas comerciales para su grupo. También coordinará compras más complejas.

Como la que informa en un misterioso sobre que despacha desde Buenos Aires dirigido a Alejandro Bontempi de Operaciones Lan Chile en Santiago. Al interior hay otro sobre más pequeño dirigido a “Luis Gutiérrez” y su número de teléfono en el cuartel general de la DINA: 31402. Arancibia espera impaciente la respuesta. Como no llega, se alarma. Y manda un telex.

En el sobre pequeño iba el informe de las compras de pertrechos efectuadas por “Javier” (el cubano Virgilio Paz, quien participó en el asesinato de Orlando Letelier, fue condenado por la justicia de EE.UU. y se refugió un tiempo en Chile), por encargo de la DINA: equipos de radio y otros elementos para la fabricación de bombas del mismo tipo que la que se utilizó para asesinar a Carlos Prats y su esposa en 1974.

Y se fabricaron. Y se usaron. Así lo demostró la justicia estadounidense en un terreno de experimentos: la misma bomba que asesinó a Prats en septiembre de 1974, se utilizó en septiembre de 1976 para hacer explotar el auto en que viajaba Orlando Letelier y su asistente en Washington.

Los elementos fueron comprados por Virgilio Paz, quien utilizó una cédula de Alejandro Bontempi, haciéndolo residir en Argentina. En los archivos de Arancibia está la huella.

Operaciones que terminaron con Enrique Arancibia en la mira del FBI. El 12 de octubre de 1977 queda registrado en la agenda del agregado del FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer, su cita con Arancibia, quien se presenta como “amigo” del coronel Víctor Barría, el jefe oficial de la DINA en Buenos Aires. Le pide visa para viajar a California. Son días en que según los archivos están en marcha varios negocios para conseguir fondos. Y todos terminan en Estados Unidos.

La visa le costará caro. Porque más tarde Scherrer dirá que sin que se lo pregunte, Arancibia le cuenta que su trabajo en el Banco del Estado es sólo una cubierta para su trabajo real como jefe de la red clandestina de la DINA en el vecino país.

El final de estos archivos coincide con la pérdida del poder total que gozó Manuel Contreras y sus hombres. La descomposición trasunta en cada informe. Mucho más en las cartas que oficiales le escriben a Arancibia desde Chile (Ver Nota 8). Un capítulo que lleva al entramado oculto de la gestación, financiamiento y desarrollo en Chile de la “Operación Cóndor”, que sirvió para desplegar en los ’70 y años 80, un enorme aparato de terrorismo de Estado internacional en concomitancia con los servicios de seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. Y todo ello bajo el alero logístico y financiero de la DINA.

Cientos de agentes desplegados por el mundo, sofisticadas redes de comunicación, fabricación de armas químicas y biológicas, viajes, pagos a agentes de otros países y muchos otros ítems requirieron de una estructura de financiamiento millonaria que salió de las arcas del Estado de Chile y de una compleja red de sociedades asentadas en paraísos fiscales 

Aún hoy esas redes mantienen contactos y vínculos de protección. Así lo reveló el asesinato del químico de la DINA, Eugenio Berríos, en Uruguay en 1993, quien trabajó precisamente para ese secreto Departamento Exterior fabricando armas químicas. Arancibia lo conoció muy bien. En su archivo hay varias referencias a “Hermes”, su nombre de batalla en la DINA y las réplicas que provoca su imprudencia al haberlo mencionado con nombre y apellido en uno de sus telex. Y también, una de sus tarjetas de visita.

La prueba de esa red de impunidad es la libertad de la que gozaba el propio Arancibia Clavel desde 2007 en Buenos Aires por un incomprensible interpretación legal de sus condenas. Más grave aún es la total impunidad de la que goza hasta hoy Martín Ciga Correa . No sólo porque proporcionó la principal ayuda que permitió poner la bomba en el auto del general Prats, un doble crimen por los que nunca ha sido interrogado. Ciga posee la llave que conduce a los secretos del destino final de muchos detenidos desaparecidos de Chile y Argentina. Y también de qué se hizo con grandes cantidades de dinero que alimentaron la represión.

NOTAS

Nota 1

En julio de 2002, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago debió pronunciarse sobre la petición de desafuero solicitada por la justicia argentina en su contra por su rol en el crimen de Carlos Prats y su esposa, Pinochet se encontraba de vacaciones en Iquique. En un publicitado periplo, el general demostró que poco había de su mentada demencia cortical irreversible, la causal del fin de su juicio por los crímenes de la Caravana de la Muerte. Pero esa nueva petición de desafuero encendió la alerta. Las vacaciones terminaron y Pinochet regresó bruscamente a Santiago para esperar el fallo de la Corte Suprema (diciembre 2002).
En 2003, y por primera vez, la justicia chilena actuó a través del ministro de fuero Alejandro Solís cuando procesó a la plana mayor de la DINA por el crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert: Manuel Contreras y Pedro Espinoza (ambos, en calidad de jefes); y a Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger, como miembros de la organización criminal. Un grupo que planificó “la eliminación física del general (r) Carlos Prats González por estimarse peligroso para la permanencia del gobierno militar de Chile”, dice el fallo. Todos ellos serían condenados.

Nota 2

El ministro Alejandro Solís incorporó en su fallo las salidas y entradas del país que registra el general Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenado por su participación directa en el crimen del general Prats y su esposa bajo la identidad falsa de “Diego Castro Castañeda” entre el 16 y el 30 de julio de 1974. Además, aparece con doce salidas hacia y desde Uruguay a Chile desde abril del ‘74 a septiembre del ‘77. Su hermano Jorge, también condenado por el mismo doble crimen, registra otras tantas entradas desde Argentina entre el 5 de julio y el 3 de septiembre de 1974, inmediatamente después del asesinato. En cuanto a Michael Townley, éste utilizó para esa operación criminal un pasaporte que el régimen de Pinochet negoció con Estados Unidos en abril de 1978 y que nunca se investigaría: Kenneth Enyart entró a Chile el 30 de agosto de 1974 procedente de Argentina, salió el 10 de septiembre de ese mismo año rumbo a Buenos Aires y su ingreso a Chile se produce esta vez desde Uruguay el 1 de octubre de 1974, horas después de perpetrado el atentado.
El general Raúl Iturriaga registra otros movimientos, pero bajo otra identidad falsa: “Eduardo José Rodríguez Pérez”, con pasaporte diplomático. Movimientos que comprenden abril de 1975 y enero de 1976 entre Chile, Argentina y Brasil. La misma persona, pero sin pasaporte diplomático y diez años más joven registra salidas por tierra a Perú (enero de 1973), ingresos desde Ecuador vía aérea (febrero de 1973) y una salida rumbo a Argentina en febrero de 1974. Otra hebra sin explorar de las operaciones secretas de los militares golpistas.

Nota 3

Carlos Osorio Mardones fue testigo directo de las actividades de la DINA en Buenos Aires. En 1976, para el asesinato de Orlando Letelier, era Director de Protocolo de la Cancillería en Santiago y tuvo el control de la entrega de pasaportes falsos en la operación con que se intentó ocultar la autoría de la DINA. Osorio sabía demasiado. En octubre de 1977 murió en extrañas circunstancias jamás investigadas. El ministro Alejandro Solís hace mención del hecho en su fallo definitivo por el crimen del general Prats. Al menos un testigo ha dicho que manera fue eliminado con gas Sarín. 

Nota 4

El periodista argentino Horacio Verbitsky investigó a fondo a Martín Ciga Correa: En marzo de 1976, los veteranos del movimiento Tacuara, de la Triple A, como Juan Martín Ciga Correa y José Luis Resio fueron asimilados a las fuerzas represivas de la dictadura como personal militar calificado. Reaparecen entonces en los grupos de tareas que secuestran, torturan y asesinan. Recibe el nombre de “mayor Mariano Santa María”. Fue asignado por el Ejército a misiones en el exterior del país, como instructor de contrarrevolucionarios en Centroamérica. Misiones en las que trabajaron a las órdenes de oficiales como los coroneles Santiago Villegas, Osvaldo Riveiro, Julio Cesar Durand y el mayor Hugo Miori Pereyra. Ciga Correa llevaba el dinero para pagar los sueldos de los soldados argentinos en Tegucigalpa. Fue detenido por robar un auto en Mar del Plata, pero su ex compañero en Tacuara, el entonces juez Eduardo Pettigiani, lo dejó en libertad. Su abogado defensor fue Roberto Falcone, quien integra el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y que también defendió al comisario Rozsicki, jefe de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, en su momento, mano derecha del represor Ramón Camps cuando éste fue jefe de esa policía en 1977 y se sucedieron en Mar del Plata los secuestros, desapariciones y asesinatos de abogados.

Nota 5

El rastro de David Silberman, quien fue condenado por un Consejo de Guerra en Calama por delitos que nunca se probaron, se perdió en la Cárcel de Santiago en octubre de 1974. Se lo hizo aparecer como secuestrado por un comando del Mir. Posteriormente se demostró en tribunales que todo fue una farsa, ya que fue sacado de allí por un grupo de la DINA que encabezaba Armando Fernández Larios, y luego brutalmente torturado y asesinado. La justicia logró identificar incluso al oficial que operaba en la Compañía de Teléfonos para interceptar teléfonos y crear números para que la Dina los utilizara según necesidades, lo que ocurrió el día que secuestraron a Silberman. Ese oficial es Marcos Derpich. Lo de Buenos Aires fue un burdo intento de hacer aparecer su cuerpo como el primero de los chilenos a los que se denunciaba como ejecutados o detenidos por el régimen de Pinochet y que en verdad habían sido asesinados por sus propios compañeros. La identidad del cuerpo al que se intentó hacer pasar por el de Silberman nunca se investigó.

Nota 6

Bajo la identidad de Diego Castro Castañeda, el general Iturriaga adquiere la casa de Lo Curro que sirvió de cuartel para la fabricación de armas químicas y domicilio de Michael Townley y Mariana Callejas. Allí también fue asesinado Carmelo Soria, como quedó demostrado en tribunales.

Nota 7

De la investigación que recoge el libro Laberinto, de Eugen M. Propper y Taylor Branch, Pagina 478.

Nota 8

Un ejemplo que grafica ese clima es la carta manuscrita que le escribe Christopher Willike Floe, oficial de Ejército del alto mando de la DINA, y que Arancibia guardó en sus archivos. Está escrita el 9 de mayo de 1978, cuando la expulsión de Townley de Chile, el retiro obligado del general Manuel Contreras del Ejército y la abrupta salida del comandante Eduardo Iturriaga de la antigua DINA transformada en CNI, provoca pánico entre los agentes: “Para tu tranquilidad me estoy desempeñando como Luis Gutiérrez segundo (segundo jefe del Departamento Exterior de la Dina). En lo que se refiere a Wilson (Townley), él está bien en USA, pero no te puedo contar más por razones de seguridad. Fue una mariconada lo que le hicieron, tanto de Pinocho, como de Mena y de IMA Ividben (en el original). No tiene nombre”.
“Elías (Raúl Eduardo Iturriaga Neumann) fue echado del servicio por problemas con Wilson y con Mena (Odlanier Mena) . La situación está más tranquila, pero aún falta mucho y costará un alto precio para ciertas personas, en forma especial en lo político. Hay que tener fe, este chaparrón tendrá que pasar luego. Te ruego te agilices al máximo, todo se hace para salvar a Wilson (Townley)”.
“Del trabajo no te puedo hablar mucho. Aquí ya nadie trabaja ya que la persona que hace una detención tiene que ir a declarar a la justicia. Nadie hace nada. Echaron a retiro al comandante Prado por no cumplir la orden de ir a detener al “Mamo”. La guerra es entre plomos. Parece que Brady (general Hermán Brady, entonces ministro de Defensa) reemplazará dentro de poco a Covarrubias (general Sergio Covarrubias, jefe del estado Mayor Presidencial)”.
La última carta y la más comprometedora, está fechada el 27 de junio de 1978. En ella Willike dice: “Acá el hueveo continúa y cada día se pone peor. Creo que estamos en un zapato chino. Mariana (Callejas) sigue con sus estupidas declaraciones. Lamentablemente el único que paga los platos rotos es mi compadre Wilson (Townley). Por las declaraciones de esta huevona salí a la palestra en el Gran Jurado, junto con nuestro compadre Joselo (Zara) , por haber conversado con ella durante el “festejo de los aires”, (denominación de la DINA para la operación Letelier), pero felizmente Orozco (general Héctor Orozco, juez militar) y Pantoja (coronel Jerónimo Pantoja, subdirector de la DINA y después de la CNI) me apoyaron y no estoy en el sumario. Lo bueno: a partir de esta semana iniciaré actividades en el regimiento motorizado No 1 de Buin ­Viva Chile Mierda! Feliz de volver a la libertad y de no trabajar más con estos huevones”.

Nota 9

Los archivos de Enrique Arancibia Clavel fueron sistematizados por el National Security Archive y donados a las universidades Uniacc y Alberto Hurtado, donde se guardan copias de los documentos.

The first years of the military regime were marked by serious human rights violations, and at least 3000 persons died or disappeared. In the immediate aftermath of the coup,' many detained persons were brought to the: National St4dium, where many died. Two U.S. citizens, Charles Horman and Frank Teruggi, were among the regime's early victims. Among those allegedly connected to the disappearance of Charles Norman were General Augusto Lutz and Victor Hugo Barria Barria. The so-called "Caravan of Death,' allegedly directed by General Sergio Arrellano Stark, resulted in the death and disappearance of at least 70 victims in northern Chile.