Baeza Von Bohlen Julio

Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División. En agosto de 1973 fueron 36 los subtenientes que egresaron de la Escuela Militar destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 subtenientes que en agosto de 1973 egresaron de la Escuela Militar y fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos de Paine. Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División.

Se trata del general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana, quien ya fue interrogado por el juez Héctor Solís en la búsqueda de los otros dos subtenientes que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña, en la masacre de 22 campesinos en Paine.

También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército. El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.

El cuarto es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, actual comandante de la División Escuelas del Ejército. Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití.

El ministro del proceso Paine, Héctor Solís, indaga para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña. 

Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973 en Paine.

Coincidentemente con la aparición de la información de prensa del interrogatorio del general Castro, el Ejército sacó hace unos días de su página electrónica institucional la lista con el alto mando.

Las fotos de los cuatro generales que se publican en este artículo aparecen en la revista de la Escuela Militar "Cien Aguilas" del año 1973.

Se les vincula con el secuestro y asesinato de 22 campesinos tras el golpe militar que dio el poder a Pinochet

Un juez interrogó ayer a dos generales en activo del Ejército chileno que fueron vinculados con el secuestro y asesinato de 22 campesinos tras el golpe militar que dio el poder al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Según fuentes judiciales, se trata de Guillermo Castro Muñoz, actual jefe de la II División del Ejército, y Eduardo Aldunate, jefe de División de Escuelas, que se presenaron voluntariamente a declarar ante el juez Héctor Solís, que investiga el caso.

También se espera que se presenten ante el magistrado los generales Cristián Le Dantec Gallardo, responsable de las finanzas del Ejército, y Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.

Los cuatro oficiales, que hoy forman parte del alto mando de la entidad, están incluidos en un listado que está en manos del juez Solís e incluye a 36 subtenientes que se graduaron en agosto de 1973 y que fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecían quienes asesinaron a los campesinos.

Castro Muñoz ya había sido interrogado por el juez en la búsqueda de los otros dos subtenientes, que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña en la muerte de estas 22 personas.

Hasta ahora, esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973, en la localidad rural de Paine, a unos 60 kilómetros al sur de Santiago.

Retiro de Televisores

La justicia chilena presume que los cadáveres de los campesinos fueron exhumados clandestinamente entre 1978 y 1979 y lanzados al mar, en el marco de la Operación Retiro de Televisores, ordenada por Pinochet para borrar el rastro de los asesinatos cometidos en todo Chile en los meses posteriores al golpe militar, el 11 de septiembre de 1973.

Dicha operación, de acuerdo con testimonios recogidos en diversos juicios, se llevó a cabo en 1978 tras el descubrimiento de los cuerpos de una veintena de desaparecidos en la localidad de Lonquén, cercana a Santiago.

Durante la dictadura, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 integran aún la lista de desaparecidos, según cifras oficiales.

Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo comparecieron ante el ministro Héctor Solís, quien ya interrogó la semana pasada a los también generales Guillermo Castro Muñoz y Eduardo Aldunate Hermann

Por dos horas se extendió el interrogatorio del ministro en visita Héctor Solís a los generales Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, en el marco del proceso por los crímenes de Paine cometidos después del golpe militar por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo.   

La diligencia se realizó en dependencias de la Auditoría General del Ejército, en el edificio institucional de calle Zenteno, desde donde los altos uniformados se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa.  

 En la investigación de Paine, el juez Solís -quien se declaró “satisfecho” con la diligencia- está tras la identificación de dos oficiales que, con el grado de subteniente en 1973, participaron junto al subteniente Andrés Magaña en el crimen de 22 campesinos el 16 de octubre de 1973.    

Baeza y Le Dantec junto a los generales Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, son parte del universo en el que busca el juez, por haber estado cumpliendo servicio en la fecha de los crímenes en la citada dependencia del sector sur de Santiago.

Los cuatro generales indagados en este caso ocupan altos cargos dentro del organigrama institucional: Castro es general de brigada y jefe de la II División de Ejercito; Aldunate es comandante de la División Escuelas; Le Dantec es director de Finanzas y Baeza ejerce como director de Logística.    

Justamente en esta causa, la semana pasada, en el Hotel Militar en Providencia fueron interrogados Castro Muñoz y Aldunate Hermann.

Diligencia tuvo lugar a la misma hora en que el general Gonzalo Santelices dejaba la institución.
Dos generales en servicio activo del Ejército declararon ayer ante el ministro en visita de la Corte de San Miguel Héctor Solís, quien investiga los secuestros y homicidios de 22 campesinos de Paine, ocurridos en octubre de 1973.

Se trata de Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas de la institución, y Julio Baeza von Bohlen, director de Logística, quienes fueron interrogados en calidad de testigos a la misma hora y en el mismo lugar en que el general Gonzalo Santelices -hasta ayer jefe de la Guarnición Militar de Santiago- abandonaba la institución, luego que se hiciera pública su participación en uno de los episodios del llamado caso "Caravana de la Muerte". Al hablar de su renuncia, Santelices dijo que en esa época, 1973, no cumplir una orden era pena de muerte.

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Las víctimas son más de 70 de las cuales 40 aún están desaparecidas. Y según los familiares de detenidos desaparecidos aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido.

La historia comenzó con la Reforma Agraria iniciada en el gobierno de Frei Montalva y  acentuada bajo el gobierno de Allende y la Unidad Popular, lo que permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de empresarios agrícolas, que eran conocidos como latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos".

Pero en Paine, como en el resto del país, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

La madrugada del 16 de Octubre, personal del ejército apoyados por civiles conocidos en Paine, secuestraron a 22 personas en una caravana que pasó por Paine Centro y el asentamiento "24 de Abril" conocido hoy en día como "El Callejón de las viudas", por la cantidad de mujeres que quedaron solas junto a sus hijos luego de esta terrible operación.

“Un lugar para la Memoria”

En la ciudad de Paine y en conmemoración de los detenidos desaparecidos se levantó un memorial recordando no sólo a las victimas del 16 de octubre, sino a las 70 que hubo durante el régimen militar.

El memorial corresponde a la tipología reconocida como “bosque topográfico” por la característica de ocupar todo el terreno y generar un nuevo perfil que evoca la cordillera, un bosque construido a partir de 1000 postes de madera impregnada de altura variable, instalados en una trama de 1,5 por 1,5 metros.

Está emplazado en 2 mil metros cuadrados de terreno y ubicado en el enlace del nuevo acceso sur a Santiago, en Avenida 18 de septiembre 2675

El hijo que perdió a su padre

Entre los recordados del memorial de Paine está René Maureira, una de las victimas del 16 de octubre de 1975. Su hijo y actual presidente de la AFDD del lugar, Juan Maureira, conversó con Cambio21 sobre el memorial y aseguró que “es en conmemoración de la violación de los derechos humanos que hizo el gobierno militar durante su dictadura y que dejó a la comuna con la mayor cantidad de víctimas".

Agregó que “los familiares siempre recordaremos a nuestros seres queridos, pero esta es una forma de tenerlos un poco más cerca”.

 En cuanto a lo sucedido en 1973, Maureira aseguró que “en la represión y asesinatos de Paine también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, lo que ya no nos sorprende tanto”.

Sobre el comportamiento de la justicia chilena, Maureira aseveró que "la justicia tarda pero llega", agregando que "a partir del gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, se nombraron los ministros especiales para el caso y eso nos alegró en cierta forma.

El caso Paine tiene muchas aristas, ahora se investiga quienes exhumaron los cuerpos en la quebrada de "Los Arrayanes de O´Higgins".

Finalmente el hijo de ésta víctima aseguró que “siempre hemos luchado en la agrupación para que hechos así no vuelvan a ocurrir, pero siempre queda una espina dolorosa. Para esta historia no existe un final, porque te falta tu ser querido, incluso algunos no saben ni siquiera donde están y eso es mucho más penoso de saber que pasó”.

Generales activos buscados por caso Paine

Cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 entonces subtenientes que en agosto de 1973 egresaron de la Escuela Militar y fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos de Paine. Tres de ellos fueron en enero de este año ascendidos de general de Brigada a general de División.

Se trata del general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana. Ya fue interrogado por el juez Héctor Solís en la búsqueda de otros dos subtenientes que participaron en la masacre junto al entonces subteniente Andrés Magaña.

También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército. El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, director de Logística de la institución.

El cuarto es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, comandante de la División Escuelas del Ejército. Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití.

Se hacen indagaciones para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña. Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados por la matanza.

Coincidentemente con la aparición de la información en la prensa del interrogatorio del general Castro, el Ejército sacó de su página electrónica institucional la lista con el alto mando.

  Estas paginas han sido preparadas y so

Un juez y la Iglesia defendieron a los militares en momentos en que se investiga a altos mandos por violaciones a los DD.HH.

La obediencia debida resucitó del otro lado de la cordillera. Los sectores más conservadores de Chile salieron esta semana a defender a las fuerzas armadas después de que, por primera vez en la historia de la democracia del país, un general en actividad tuviera que renunciar por su participación en una masacre de la dictadura pinochetista. No es un caso aislado. Más de la mitad del alto mando de las fuerzas armadas está procesado o declarando como testigo en causas de violaciones a los derechos humanos.

Los jóvenes oficiales que en 1973 recién empezaban su carrera militar habían logrado pasar inadvertidos hasta ahora en las megainvestigaciones de los abogados de derechos humanos. Pero de un día para el otro, cinco de los nueve generales del alto mando quedaron involucrados de una u otra manera en juicios por violaciones a los derechos humanos. Los generales Cristián Le Dantec Gallardo, Julio Baeza von Bohlen, Eduardo Aldunate Helmann y Guillermo Castro Muñoz declararon en estos últimos días en la causa que investiga el secuestro y asesinato de 22 campesinos en octubre de 1973. Por ahora sólo Castro Muñoz está imputado, sin embargo, los abogados querellantes no descartan nuevos procesamientos.

La situación de estos cuatro generales y de los otros 36 oficiales retirados que están siendo investigados por el mismo caso ya había empezado a preocupar al sector castrense. Pero fue la renuncia de un quinto general lo que encendió los llamados a la “comprensión” y la obediencia debida. “Todo acto humano debe ser visto dentro de un principio clásico de la moral católica: nadie está obligado a lo imposible y los gestos heroicos no pueden ser exigidos a todas las personas”, aseguró el secretario de la Conferencia Episcopal chilena Cristián Contreras.

La defensa de la cúpula eclesiástica no sorprendió tanto como la del ex juez Juan Guzmán Tapia, uno de primeros magistrados que avanzó en los juicios contra los represores. “De no cumplir con esa orden, era muy posible que lo hubieran asesinado como lo hicieron con tantas otras personas. El general Gonzalo Santelices no tenía responsabilidad criminal. El gran responsable es Augusto Pinochet”, argumentó reeditando el discurso que impulsó la ley de obediencia debida del este lado de la cordillera. Gonzalo Santelices era hasta el martes pasado el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, lo que significa que era el encargado de recibir a los presidentes extranjeros que visitaban el país y controlar la guardia del Palacio de la Moneda. Como miembro del alto mando su hoja de vida había sido investigada por sus superiores y por el gobierno, especialmente hace cinco años cuando la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet aprobó su ascenso a general. Pero una investigación del diario chileno La Nación, publicada el 27 de enero pasado, rescató un detalle, aparentemente ignorado por uno y por otros.

El 24 de septiembre de 2002 el entonces coronel Santelices confesó ante el juez Guzmán Tapia su participación en la Caravana de la Muerte, uno de los primeros operativos de la dictadura que dejó más de 120 muertos en todo el país. Según su declaración, lo mandaron a la cárcel de la ciudad de Antofagasta a buscar a 14 presos políticos. Los subió a un camión vendados y maniatados, y los llevó a las afueras. Allí, en medio del campo, los hizo formar. Del resto del trabajo se ocuparon los conscriptos que dispararon “mil veces” hasta que todos los cuerpos dejaron de moverse.

Por entonces era un subteniente de 20 años, recién salido de la academia militar. Tardó casi 30 años en reconocer su participación en uno de los peores episodios de la dictadura chilena. Su declaración fue oída por los abogados del Consejo de Defensa del Estado, que oficiaban de querellantes, y más tarde fue archivada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sin embargo, Bachelet dijo esta semana que nunca supo sus antecedentes, ni aun cuando lo investigaron para ascenderlo en 2003. Una fuente que pidió el anonimato le confió a Página/12 que una vez destapado el caso, el ministro del Interior Francisco Vidal recurrió a los archivos del Programa de Derechos Humanos para buscar la transcripción de la declaración del ahora ex general. Para su sorpresa –o no– allí estaba.