Arredondo González Sergio Carlos

Existen antecedentes que ponen en evidencia que luego del 11 de septiembre de 1973 asume la dirección de la Escuela de Caballería de Quillota efectivos de los servicios de inteligencia. Por razones desconocidas Ángel Custodio Torres quien entonces tenía grado de coronel y se desempeñaba como Jefe de Inteligencia accedió a que un oficial de menor graduación, el teniente coronel (r) Sergio Arredondo, tomará a su cargo los nueve detenidos que mas abajo mencionamos.

Ello también explica porque Sergio Arellano Stark, delegado del general Pinochet, habría encomendado a Arredondo viajar a la zona para "agilizar procesos", y este muy obediente, tan pronto arribo a la zona solicitó de inmediato que los detenidos fueran trasladados hasta la Escuela. Es así como el criminal Arredondo, procesado como uno de los principales inculpados en el caso Caravana de la Muerte, es uno de los autores materiales de los crímenes y desapariciones de:

Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, 35 años, Jefe del Departamento Técnico de la Corporación de la Reforma Agraria(CORA) de Quillota
Manuel Hernán Hurtado Martínez, 35 años, empleado de la Tesorería de Quillota
Osvaldo Mario Manzano Cortés, 32 años, obrero textil, Presidente del Sindicato de Rayon Said
Julio Arturo Loo Prado, 27 años, obrero textil, Secretario del Comité de Producción de Rayón Said
Ángel Mario Díaz Castro, dirigente poblacional, 41 años, obrero textil
Hugo Hernán Aranda Bruna, 30 años, soltero, agricultor, dirigente vecinal
Pablo Gac Espinoza, 43 años, Alcalde de Quillota
Rubén Guillermo Cabezas Pares, 46 años, abogado, Fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) de Quillota
Levi Segundo Arraño Sancho, 27 años, obrero agrícola y Presidente del Comité Campesino San Isidro, de Quillota,

Las primeras 6 personas se encontraban detenidas desde septiembre de 1973 y muchas de ellas se presentaron voluntariamente a las “autoridades militares”, las 3 ultimas fueron detenidas el 17 de enero de 1974 y se encuentran desaparecidos hasta hoy.

El día 18 de enero todas fueron ejecutadas por decisión de Fernando Paredes y Sergio Arredondo González. Existen testigos que revelan que los tres últimos detenidos fueron asesinados e inhumados ilegalmente al interior de la Escuela de Infantería el 18 de enero de 1974 y confirman la participación en su secuestro de una serie de oficiales en retiro, entre ellos Ángel Custodio Torres Rivera quien entonces tenía grado de coronel y se desempeñaba como Jefe de Inteligencia; Al comandante de la patrulla, capitán Francisco Pérez Eghert y el teniente coronel (r), Sergio Arredondo González, procesado como uno de los principales inculpados en el caso Caravana de la Muerte.

Detenidos en la Escuela de Caballería Blindada de Quillota quedaron el sábado los ex militares integrantes de la llamada "Caravana de la Muerte", procesados por secuestro y homicidio calificado de un grupo de jóvenes dirigentes comunistas y socialistas, en el marco de las investigaciones del caso denominado asalto a la patrulla, hecho acaecido el 18 de enero de 1974 en esa localidad de la V Región.

La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, decidió procesar a 10 ex uniformados -uno de ellos ex carabinero-, entre quienes se cuentan el general (R) del Ejército Francisco Pérez y el coronel (R) Sergio Arredondo, por las respectivas responsabilidades que les caben en los asesinatos.

El caso asalto a la patrulla alude un simulacro de ataque extremista, el 17 octubre de 1974, y que en realidad fue la ejecución de ocho personas y la posterior desaparición de dos de ellas.

Los ejecutados son Manuel Hurtado Martínez, funcionario de la Tesorería (PS); Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, dirigente sindical (PC); Eduardo Manzano Cortés, dirigente sindical (MIR); Víctor Fuenzalida Fuenzalida, funcionario de la CORA (PC), y Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal.

Un bando oficial informó que seis prisioneros murieron en una refriega, cuando elementos extremistas asaltaron la patrulla que los trasladaba, al mando del entonces capitán Francisco Pérez Egart.

Los otros dos prisioneros, el ex alcalde de Quillota Pablo Gac Espinoza, y el abogado fiscal de la CORA, Rubén Cabezas Parés, fueron llevados a la Escuela de Caballería. El bando de la jefatura militar dio cuenta que ambos se habían fugado.

Informe Rettig

No obstante la versión militar de los hechos ocurridos el 17 de octubre de 1974, el Informe Rettig señaló que “esta comisión no pudo aceptar la verdad oficial y se formó la convicción de que los ocho prisioneros fueron ejecutados por los agentes del Estado que los mantenían bajo su custodia, quienes violaron sus derechos humanos”.

El auto de procesamiento, de sólo seis fojas –se esperaba un documento de al menos 15- no abunda en detalles sobre los hechos establecidos por la magistrada, limitándose a un escueto resumen que, sin embargo, permite confirmar muchas de las sospechas y antecedentes que manejaban tanto los familiares de las víctimas como este periodista.

Tras el detalle de las declaraciones, careos, informes y documentos tenidos a la vista, somete a proceso a Sergio Carlos Arredondo González (teniente coronel y director de la Escuela de Caballería en 1974; había llegado a fines de 1973 después de haber participado como oficial operativo en la Caravana de la Muerte), Francisco Javier Pérez Egert (entonces capitán, dirigió personalmente las “operaciones” para asesinar a las nueve víctimas), Pedro Alberto Durcudoy Montandón, Daniel Javier Walker Ramos (ambos oficiales de la Escuela de Caballería, con directa participación en los asesinatos), Leonardo Quilodrán Burgos (suboficial, uno de los más crueles represores que conoció la zona), Sergio Placencia Sepúlveda (suboficial, especializado en “inteligencia”, participó en la planificación y detenciones) Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez (suboficial de Ejército, participó activamente) y Laureano Enrique Hernández Araya (suboficial de Carabineros, también caracterizado por la crueldad de sus acciones represivas).

El documento detalla que los ex uniformaos ya mencionados son encausados “como autores del delito de homicidio calificado en carácter de reiterado, de Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo Pardo, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Eduardo Manzano Cortés, Ángel Mario Díaz Castro y Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, previsto y sancionado en el Art. 391 del Código Penal, y como autores del delito de secuestro calificado, en carácter de reiterado, de Pablo Gac Espinoza, Rubén Guillermo Cabezas Parés y Levi Segundo Arraño Sancho, previsto y sancionado en el Art. 141 Inc. 4º del mismo Código”.

En una primera lectura, los párrafos antes descritos dejan de manifiesto que los seis crímenes perpetrados en el Paso bajo Nivel de San Isidro y las tres ejecuciones cometidas al interior de la Escuela de Caballería, desde donde los restos fueron hechos desaparecer, fueron consumados por los mismos uniformados.

Uno de los seis ejecutados en el montaje montado por efectivos del Ejército el 18 de enero de 1974 no murió inmediatamente en el lugar de la masacre sino fue trasladado junto a los cinco cadáveres de sus compañeros hasta el Regimiento de Ingenieros, a donde llegó muerto. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares en ataúdes amarrados con alambres de púa y se les obligó a sepultarlos en nichos consecutivos en el Cementerio de El Mayaca, donde quedaron custodiados por militares armados, que por algún tiempo impidieron a los deudos acercarse aunque fuese para dejarles flores…

Esos son algunos de los escalofriantes detalles contenidos en la Resolución dictada por la ministra Gabriela Corti al someter a proceso a ocho uniformados en retiro como autores de los delitos de homicidio calificado de seis militantes de izquierda y el secuestro calificado y reiterado de tres dirigentes políticos: el ex alcalde Pablo Gac Espinoza (PS), el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino, militante del MAPU, Levi Arraño Sánchez.

La ministra Corti concurrió hasta el Segundo Juzgado del Crimen de Quillota para notificar a los abogados querellantes sobre los autos de procesamiento dictados el sábado pasado contra ocho ex uniformados implicados en la matanza. Originalmente se habló de diez procesados, porque la ministra sólo los notificó uno a uno, enviándolos detenidos a unidades del Ejército y Carabineros, pero no se dio a conocer los nombres ni cargos.

Ministra en visita

La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, ya no tiene la calidad de Ministra de Fuero para este caso, porque al ser definitivamente sobreseído el ex dictador y ex senador vitalicio Augusto Pinochet, no hay ningún querellado ni acusado con fuero especial (en este caso, parlamentario).

En tal circunstancia y como Ministra en Visita, la jueza Corti fijó como asiento para su labor, el Segundo Juzgado del Crimen de Quillota, donde se hicieron efectivas las primeras denuncias y querellas en torno a este caso.

En esta oportunidad, la ministra Gabriela Corti se reunió con todos los abogados patrocinantes de las diversas querellas acumuladas en su investigación: Héctor Salazar, Hugo Gutiérrez, Nelson Caucoto, Julia Urquieta e Hiram Villagra. A ellos se unieron ayer la abogada de Quillota Elmita Puebla, quien patrocinó las primeras demandas inmediatamente después de ocurridos los hechos, y el procurador del CODEPU, Federico Aguirre.

Los procesados

El auto de procesamiento, de sólo seis fojas –se esperaba un documento de al menos 15- no abunda en detalles sobre los hechos establecidos por la magistrada, limitándose a un escueto resumen que, sin embargo, permite confirmar muchas de las sospechas y antecedentes que manejaban tanto los familiares de las víctimas como este periodista.

Tras el detalle de las declaraciones, careos, informes y documentos tenidos a la vista, somete a proceso a Sergio Carlos Arredondo González (teniente coronel y director de la Escuela de Caballería en 1974; había llegado a fines de 1973 después de haber participado como oficial operativo en la Caravana de la Muerte), Francisco Javier Pérez Egert (entonces capitán, dirigió personalmente las “operaciones” para asesinar a las nueve víctimas), Pedro Alberto Durcudoy Montandón, Daniel Javier Walker Ramos (ambos oficiales de la Escuela de Caballería, con directa participación en los asesinatos), Leonardo Quilodrán Burgos (suboficial, uno de los más crueles represores que conoció la zona), Sergio Placencia Sepúlveda (suboficial, especializado en “inteligencia”, participó en la planificación y detenciones) Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez (suboficial de Ejército, participó activamente) y Laureano Enrique Hernández Araya (suboficial de Carabineros, también caracterizado por la crueldad de sus acciones represivas).

El documento detalla que los ex uniformaos ya mencionados son encausados “como autores del delito de homicidio calificado en carácter de reiterado, de Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo Pardo, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Eduardo Manzano Cortés, Ángel Mario Díaz Castro y Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, previsto y sancionado en el Art. 391 del Código Penal, y como autores del delito de secuestro calificado, en carácter de reiterado, de Pablo Gac Espinoza, Rubén Guillermo Cabezas Parés y Levi Segundo Arraño Sancho, previsto y sancionado en el Art. 141 Inc. 4º del mismo Código”.

En una primera lectura, los párrafos antes descritos dejan de manifiesto que los seis crímenes perpetrados en el Paso bajo Nivel de San Isidro y las tres ejecuciones cometidas al interior de la Escuela de Caballería, desde donde los restos fueron hechos desaparecer, fueron consumados por los mismos uniformados.

Interrogatorios y careos

Durante sus casi dos años de indagaciones, la Ministra Corti interrogó a más de treinta testigos, imputados, sospechosos, acusados y familiares de las víctimas, muchos de los cuales son nombrados en el auto de procesamiento.

Gran responsabilidad en el éxito de las indagaciones recae sobre los detectives de Investigaciones, tanto del departamento Quinto como de la Interpol. Mientras los primeros tuvieron a su cargo un enorme cantidad de diligencias en el país, los últimos ubicaron e interrogaron testigos en diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

La participación de algunos de los procesados era hasta ahora desconocida por los familiares de las víctimas, como los oficiales Pedro Durcudoy y Dabniel Walker y el suboficial Raúl Muñoz.

También varias de las personas que prestaron declaraciones tanto en el país como en el exterior resultan desconocidas para los familares. Tales son los casos del oficial de Ejército en retiro Mario René del Carmen Díaz Pérez, interrogado por Interpol en Estados Unidos y Ángel Rafael Muñoz Pavez, interrogado en Amsterdam, Holanda, cuya declaración quedó resguardada en cuaderno separado del expediente principal.

También se desconoce la relación de Marcelino Bugeño Bugueño, Segundo Aladino Jofré Morales, Ismael Enrique Villavicencio Carrasco y José Arnoldo Escobar Ojeda, todos declarantes en el proceso, algunos de los cuales serían militares. Como Carlos Varas Frederick, que fue oficial en la Escuela de Caballería, donde destacó como equitador.

En fojas 572 consta la declaración del civil Osvaldo Romo Mena, ex militante de izquierda que se convirtió en uno de los más crueles torturadores en los operativos y centros de reclusión en santiago, pero cuya relación con los hechos de Quillota se desconocía hasta ahora.

Sucinta relación de los hechos

La relación de los hechos establecidos por la investigación judicial es sucinta en el documento que procesa a los ocho ex uniformado. Por lo mismo, los abogados querellantes solicitaron a la Ministra en Visita tener acceso al sumario, lo que podrán hacer recién desde este viernes; es decir, un día después que venza el plazo para que los procesados apelen o interpongan algún recurso legal.

Sin embargo, obviando algunos antecedentes, revela detalles escalofriantes sobre lo acontecido en la madrugada del 18 de enero de 1974.

En documento precisa que en base a los antecedentes, interrogatorios, careos e informes acumulados, “se puede establecer” que el 17 de enero de 1974 “efectivos militares sacaron de la Cárcel Pública de Quillota a seis personas, dirigentes sindicales, todas militantes o simpatizantes de izquierda, las que fueron conducidas por éstos al Regimiento de Ingenieros Nº 2 ‘Aconcagua’ de dicha ciudad, donde quedaron detenidas; lugar al que ese mismo día se presentaron voluntariamente otras tres, también militantes de izquierda previa citación que se les hiciera en sus domicilios y lugares de trabajo por efectivos militares, esta vez vestidos de civil, quedando también detenidas, siendo estas últimas el Alcalde de la ciudad, el Fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) con asiento en la ciudad de Quillota, y el presidente del Comité de Campesinos del sector San Isidro”. Estos últimos son Pablo Gac, Rubén Cabezas y Levi Arraño, respectivamente.

 “Podría llamarse emboscada”

La relación e los hechos establecidos prosigue señalando que en las últimas horas del día 17 o primeras del 18 de enero e 1974, todos los detenidos fueron subidos a vehículos que, “en número de cuatro y fuertemente custodiados por contingente militar, los trasladarían a la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, a la que dicha columna militar no llegó”.

La trayectoria fue interrumpida, según el documento, “debido a que al cruzar ésta por el Paso bajo nivel denominado de San Isidro, en lo que podría llamarse emboscada pues se produjeron ‘explosiones de granada’ y ‘ráfagas de metralleta’ desde ambos lados del Paso, que alcanzaron a los vehículos que la componían” se verificó después que uno de los jeeps se había incendiado.

Igualmente se comprobó que “del contingente militar sólo uno resultara con una lesión cuya naturaleza no se acreditara”.

En efecto, recordamos que el capitán Pérez Egert apareció con una mano vendada y se informó que fue el único militar herido en el “asalto extremista” e “intensa refriega con terroristas”.

Un detenido no murió de inmediato

La relación contenida en la Resolución judicial agrega que después del estallido de granadas y las ráfagas de metralleta, en cambio, entre los detenidos, “uno de ellos se encontraba herido y cinco se encontraban fallecidos a consecuencia de las múltiples lesiones provocadas en sus cuerpos por proyectiles” (las palabras en negritas han sido así resaltadas en el documento judicial).

En Quillota se supo, días después, que los protocolos de autopsias –realizadas por los doctores Oracio Bruzzone y Jorge Abde- establecieron que todos presentaban decenas de impactos de bala efectuados desde la espalda.

La Resolución de los procesamientos detalla que después del ataque con fuego graneado de los militares contra los civiles desarmados y maniatados, los cuerpos de los cinco asesinados y el herido “fueron llevados de vuelta en los mismos vehículos hacia el Regimiento del cual habían salido momentos antes, lugar desde el cual todos fueron trasladados por personal militar hacia la morgue local, por haber fallecido también el detenido que quedara herido”.

No se detalla en qué circunstancias murió la sexta víctima, la que pudo haber sido ultimada con un tiro de gracia o haber muerto en el trayecto por desangramiento o efectos de los proyectiles.

Se señala a continuación que todas estas víctimas fueron entregadas por el Gobernador Militar (coronel Ángel Torres) a sus familiares “en ataúdes cerrados y amarrados con alambres de púa, dejando al descubierto la cara de cada una de ellas para su reconocimiento, las que luego fueran sepultadas en nichos contiguos en el Cementerio local, permaneciendo dichos nichos abiertos por espacio de dos o tres días, siempre custodiados por efectivos militares, para efectos que los familiares pudieran obtener autorización de la Gobernación para su sepultación en bóvedas familiares”.

Todo lo anterior, según la Magistrado, “configura el delito de homicidio calificado, en carácter de reiterado” de los seis militantes de izquierda ya enumeraos.

Tres detenidos desaparecidos

En cuanto a los detenidos desaparecidos, el documento expresa que “los otros tres detenidos Pablo Gac Espinoza, Rubén Cabezas Parés y Levi Arraño Sancho, se vieron allí –Paso bajo nivel de San Isidro- por última vez, situación que perdura hasta hoy, por lo que desconociéndose su actual paradero queda establecido que la detención de éstos se ha prolongado por más de quince días, configurándose así el delito de secuestro calificado, en carácter de reiterado”.

El entonces capitán de Ejército Daniel Walker habría dado el "tiro de gracia" a un prisionero que quedó con vida. Los cuerpos de las nueve víctimas habían sido llevados desde el lugar de la masacre al Regimiento de Ingenieros. Según un oficial que entregó su testimonio, cuando Walker se percató que uno seguía con vida, dispuso subirlo a un jeep y llevarlo al lugar donde habían realizado el montaje del falso "asalto a la patrulla" y allí, sobre un montó de tierra, le disparó para darle muerte. Después regresaron con el cadáver al Regimiento. Hasta ahora no se sabe cuál de las víctimas fue tan fríamente ultimado por el uniformado.

Esos y otros espeluznantes detalles se encuentran establecidos -gracias a declaraciones de testigos- en el voluminoso expediente de la Causa Rol Nº 35.738 que instruye la ministra en visita Gabriela Corti por secuestro y homicidio calificado, referida al episodio mal llamado "asalto a la patrulla", que en la madrugada del 18 de enero de 1974 dejó un saldo de nueve militantes de izquierda muertos en Quillota.

Los antecedentes fluyen de una treintena de fojas del proceso, cuya fotocopia fue entregada a este medio por el hijo de una de las víctimas de la masacre.

En la ocasión, la autoridad militar realizó un montaje para dar muerte a los nueve dirigentes y luego sostener que los detenidos eran trasladados desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería, y que en el trayecto la patrulla había sido asaltada por "elementos extremistas" dejando como saldo seis prisioneros muertos. Los tres restantes -el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho, del Mapu- havbrían escapado, según el bando emitido en la época.

Todo fue planificado

De acuerdo a los antecedentes recopilados durante los dos años de indagaciones a cargo de la ministra Corti, la orden de detener a los militantes y dirigentes de izquierda Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Arturo Loo, Eduardo Manzano, Ángel Díaz y Víctor Fuenzalida (algunos de los cuales ya se hallaban en prisión) junto a Pablo Gac y Rubén Cabezas, la habría dado el coronel Sergio Arredondo González, quien había sido jefe operativo de la "Caravana de la Muerte" -que dejó un centenar de muertos por todo Chile-, quien en la época era director de la Escuela de Caballería. Levi Arraño se habría encontrado detenido desde antes en la misma Escuela.

La masacre habría sido planificada con anterioridad, con participación -incluso- de civiles, quienes asesoraron a los militares y colaboraron apoyando las acciones.

Los nueve prisioneros fueron concentrados en la noche del 17 de enero de 1974 en el Regimiento de Ingenieros, hasta donde también fueron llegando los oficiales y suboficiales citados para esos efectos. A cargo de todo el operativo habría estado el entonces capitán Francisco Pérez Egert.

Algunos de los participantes reconocen que se les citó "sólo para colaborar en el traslado" de los prisioneros de una a otra unidad militar.

Granadas y ráfagas de metralleta

Lo que está establecido es que en el mismo Regimiento fueron separados los tres detenidos que serían dados por fugitivos de los seis restantes. Todos salieron pasada la medianoche en una caravana de cuatro vehículos que enfiló por Yungay hasta Freire y de ahí al Camino a San Isidro, que da a la Escuela de Caballería. Pero a metros del paso bajo nivel de la vía férrea, la caravana se detuvo y el capitán Pérez dispuso que bajen todos los detenidos, maniatados como se encontraban, ubicándolos a un costado de los vehículos. A cada lado del camino, unos 80 metros del lugar, efectivos militares fueron ubicados para impedir el paso de vehículos. Detrás del escenario de la masacre, un civil observaba desde la casa de su parcela, con la misión de avisar a la Escuela de Caballería apenas ésta hubiese concluido.

A la orden del capitán Pérez, se inició el estallido de granadas y las ráfagas de metralletas orientadas hacia los nueve prisioneros. Fueron escasos segundos; lo suficiente para asesinar a los nueve dirigentes e incendiar uno de los jeeps de la caravana, con lo que se pretendió hacer aparecer la masacre como un "asalto extremista a la patrulla" que transportaba detenidos.

Remoción de los cuerpos

Finalizada la balacera, el capitán Pérez ordenó levantar los cuerpos y llevarlos de vuelta al Regimiento. Allí, tras percatarse que uno de los ejecutados permanecía con vida, el entonces capitán Daniel Walker ordenó subirlo a un vehículo militar para trasladarlo personalmente al lugar donde se efectuó el montaje. Allí lo hizo ubicar sobre un montón de tierra y le habría disparado el tiro de gracia.

Devuelto el cadáver hasta el Regimiento de Ingenieros, se dispuso que los cuerpos de los tres que serían dados por fugados, fueran llevados a la Escuela de Caballería, desde donde antes de las diez de la mañana siguiente, fueron retirados por un helicóptero de la Armada para ser lanzados al mar, frente a las costas de Quintero.

Los restos de los otros seis dirigentes asesinados, fueron enviados a la morgue del Hospital de Quillota, donde los doctores Jorge Abde (ya fallecido) y Orazio Bruzzone -quien declaró ante la Ministra- les practicaron las autopsias. Posteriormente, los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes cerrados y sellados por una empresa funeraria escogida por los propios militares.

Todo este procedimiento se apartó absoluta y arbitrariamente de los que corresponden judicialmente, porque los militares levantaron los cuerpos sin esperar las pericias de Investigaciones, que debió intervenir inmediatamente en el sitio del suceso.

Todos niegan su participación

De las piezas del expediente a las que tuvieron acceso los familiares de las víctimas y ZonaImpacto.cl , fluye que cada uno de los involucrados y procesados en esta causa continúan negando sistemáticamente su participación, al parecer respetando el ya conocido "pacto de silencio". El coronel (r) Arredondo, que ordenó toda la operación, asegura haber llegado justo esa madrugada desconociendo todo lo sucedido. El entonces capitán Walker dice no haber tenido conocimiento de lo sucedido, igual que su colega Pedro Durcodoy, mientras el también capitán Pérez Egert asegura haber ido pasando casualmente por el lugar cuando fue sorprendido por el estallido de una granada, que desbarrancó su vehículo y le causó un traumatismo encéfalocraneano y graves lesiones en un brazo. Perdió el conocimiento -sostiene- y por tanto no sabe nada de lo ocurrido.

Sin embargo, la ministra Corti ha obtenido contundentes antecedentes que le permitieron establecer participación "en calidad de autores" de secuestros y homicidios calificados, de los siete ex militares y un ex carabinero a quienes sometió a proceso en julio pasado.

Ellos son los coroneles en retiro Sergio Arredondo, Francisco Pérez, Pedro Durcodoy y Daniel Walker; el mayor en retiro Raúl Muñoz; los suboficiales mayores Leonardo Quilodrán y Sergio Placencia, todos del Ejército, y el suboficial mayor en retiro de Carabineros Laureano Hernández. A excepción del coronel Arredondo, todos los procesados obtuvieron la libertad bajo fianza.

Treinta años más tarde

Al cumplirse ayer treinta años de la masacre que conmocionó -hasta ahora- la vida en la apacible ciudad de Quillota, los familiares de las víctimas se manifiestan muy acongojadas tras conocer detalles de lo sucedido, pero también algo aliviadas porque perciben que el acucioso trabajo de la Ministra en Visita está logrando acercarse decididamente al establecimiento de toda la verdad, lo que permitirá que los responsables sean sancionados.

Ayer domingo, día del trigésimo aniversario de esta cruel matanza, los familiares y organizaciones humanitarias de Quillota recordaron la fecha con una exposición audiovisual junto al Monumento a las Víctimas de Violaciones contra los Derechos Humanos, en la Plaza de Armas, y luego una "velatón" en el mismo lugar.

Sorpresivo encuentro de hijo de ex Alcalde asesinado y dos de los procesados como autores de crímenes

En la mañana del pasado miércoles 14 de enero, el profesor Pedro Pablo Gac concurrió a un local comercial de Quillota para fotocopiar parte del expediente sobre los homicidios de su padre –el ex alcalde Pablo Gac- y otros ocho militantes de izquierda, perpetrados el 18 de enero de 1974.

Había comprometido entregar dicha fotocopia a este periodista para la redacción de reportajes para este y otros medios de comunicación, con motivo del trigésimo aniversario de la masacre.

Durante la noche y la madrugada previas, había leído una y otra vez las fojas del sumario, y aún estaba conmocionado por los espeluznantes detalles allí descritos.

Mientras una dependiente del negocio sacaba sus fotocopias, se percató con inusitada sorpresa que en otra máquina, la funcionaria a cargo, fotocopiaba idénticos escritos y partes del mismo expediente.

Tras vacilar unos minutos, preguntó a los clientes que llevaban esos documentos quiénes eran.

Momentos más tarde, aún excitado por el inusitado encuentro y en la calma de una mesa de un café, intentaba reponerse de la impresión y ordenar sus ideas.

 “Se trataba de un sujeto bajo, de bigotes, de unos 65 años, y otro más alto, algo menor –relató a ZonaImpacto.cl-. Les pregunté quiénes eran y se me presentaron, dándome la mano: uno era el suboficial en retiro del Ejército Sergio Placencia y el otro, suboficial retirado de Carabineros Laureano Hernández”.

Dos de los procesados como autores del secuestro calificado de su padre, cuya condición de desaparecido aún se mantiene. También se les procesa por el secuestro de Rubén cabezas y Levi Arraño, junto con el homicidio de otros seis militantes de izquierda.

Lo niegan todo, todo…

A Pedro Pablo Gac le impresionó sobremanera la actitud de los dos procesados.

– Se les veía demacrados, disminuidos. Nada refleja en ellos a los sujetos altaneros y prepotentes de antes, aquellos que detenían y torturaban, según tengo entendido.

¿Los conocías de antes?

– Para nada. Había escuchado sobre ellos y visto sus nombres en el auto de procesamiento. Nada más.

¿Se manifestaron humildes?

– Diría que sí, aunque más bien fueron extremadamente amables conmigo. Me relataron las funciones que dicen haber cumplido en la época de la masacre y aseguraron que no tuvieron absolutamente nada que ver con los crímenes.

¿Qué explicación tienen?

– No sé, no retuve mucho, estaba muy impresionado y además confieso que no les creí lo que decían.

¿No te parecieron sinceros?

– En realidad, se esforzaban por parecerlo; me dijeron que estaban a mis órdenes, que les gustaría volver a conversar… pero la Ministra Corti ha investigado minuciosamente por dos años, ha ido atando cabos y los procesó como autores. No tengo dudas sobre el trabajo de la Magistrado, de tal modo que debo sospechar que ellos no dicen la verdad.

¿Te pidieron perdón?

– ¡No, pues! ¡Si ellos aseguran que son inocentes! Entonces lo único que hicieron fue justificarse, argumentar que no tuvieron participación y ponerse a las órdenes de nosotros, los familiares, para “ayudarnos” a descubrir la verdad.

Pero ellos deben saberla…

– Sostienen que no saben nada de lo acontecido, que nunca se les ocurrió averiguar, que no escucharon nada, que no les correspondía investigar.

¿Ni siquiera reconocen haber tenido participación colateral?

– En ex carabinero Hernández dice que sólo actuó como chofer en varias detenciones, pero no sabe quiénes fueron los detenidos y no se acuerda el nombre de los aprehensores.

 ¿Qué sensación te queda después de esta experiencia?

– Que se trata de personas cobardes que no quieren asumir sus responsabilidades y no están dispuestos a pagar con cárcel su participación en los delitos tan graves en los que participaron. Creo que ellos estaban convencidos que jamás les caería encima la mano de la justicia y temo que hace treinta años alguien –o más de alguien- les debe haber garantizado la total y eterna impunidad. Da la impresión que ahora se sienten desconcertados, temerosos y abandonados. Quedé con la sensación que tienen miedo… mucho miedo.

Proceso estableció participación de civiles en la planificación de los homicidios

Una cantidad indeterminada de civiles participó en la planificación y ejecución de los homicidios perpetrados por militares el 18 de enero de 1974.

El expediente registra interrogatorios a varios de ellos, tanto en Chile como en el exterior; los primeros realizados directamente por la Ministra instructora y los demás, por efectivos del Departamento Quinto de Investigaciones.

Las piezas del sumario conocidas por ZonaImpacto.cl demuestran no sólo el minucioso e incansable trabajo cumplido por la magistrada Gabriela Corti sino también por los funcionarios de la policía civil, que no dejaron diligencia alguna sin cumplir.

Civiles

Un suboficial de Ejército, en su testimonio, menciona al empresario agrícola Claudio Monreal Navarro, sosteniendo que “esta persona era un ‘ayudista'del Ejército, quien presenció estos hechos, además él mismo me comentó que estaba en conocimiento con antelación de la planificación de cómo iba a ocurrir el ‘asalto a la patrulla'; a él lo prepararon para esto y le correspondió hacer la llamada telefónica a la Escuela de Caballería para informar de lo sucedido, como asimismo facilitó vehículos e incluso coordinó con la funeraria que transportó a los fallecidos. Esta es una persona mayor de edad y me ha señalado que está dispuesta a colaborar, pero está asustado”.

Al parecer, tuvo que superar el miedo, porque finalmente declaró como testigo, al igual que Osvaldo “Guatón” Romo e Ismael Villavicencio Carrasco.

El mismo suboficial dice haber reunido una serie de antecedentes sobre este episodio, “enterándome que no fue un asalto sino un ‘show' realizado por camaradas militares de esa época para eliminar a una serie de personas políticas contrarias al gobierno militar, simulando un enfrentamiento entre una patrulla militar que transportaba detenidos políticos y elementos subversivos”.

También menciona nombres de otros militares que tuvieron participación: Eladio Lara Valenzuela, René Olivares Faúndez, Carlos Retamal Salazar, René Gutiérrez Herrera. También a un carabinero: Orlando Tapia Tapia.

El general Juan Arenas Franco, en tanto, menciona a un tal “Pepe” como otro de los ayudistas de los militares: “Lo único que yo recuerdo de esa noche (la de la masacre) es que anduve de patrullaje acompañado de un civil de nombre Pepe, que era dueño de una parcela ubicada frente a la Escuela de Caballería, que facilitaba su camioneta para este tipo de diligencias”.

¿Existió la cena de delatores?

Al conocer estos detalles, junto a la demostración de que la matanza de dirigentes quillotanos fue fríamente planificada, cobra vigor la denuncia formulada hace algunos años por Pablo Cabezas Salamanca, hijo del abogado Rubén Cabezas.

Pablo Cabezas aseguró tener conocimiento de una cena “social” que se realizó días antes de este episodio, poco después de la llegada del entonces teniente coronel como Director de la Escuela de Caballería.

El nuevo jefe militar habría seleccionado un grupo de civiles que eran empresarios –especialmente agricultores- y dirigentes políticos de derecha o personas adineradas que habían engendrado odio hacia la gente de la derrocada Unidad Popular.

En esa ocasión, los asistentes habrían elaborado para Arredondo una fatídica lista de los dirigentes políticos de izquierda “más peligrosos” de la zona.

Esa habría sido la sentencia de muerte para nueve destacados dirigentes sociales de la ciudad.

Son muchos los nombres que circulan sobre los asistentes a esta reunión “social”, pero las versiones destacan la de un agricultor que fue alo ejecutivo de una empresa estatal durante el régimen de Pinochet.

Otros detenidos desaparecidos

En todos los interrogatorios a militares, la magistrado Corti no dejó de preguntarles si conocían el destino de dos detenidos desaparecidos cuyo paradero final desea establecer.

Invariablemente, todos los interrogados aseguran no tener idea ni haber escuchado antes esos nombres.

Se trata de Jorge Eduardo Villarroel Vilches, de Limache, entonces dirigente del MOPARE (organización afín al gobierno de Salvador Allende), quien fue detenido el 19 de abril de 1974 cuando se presentó en el Retén de Carabineros de San pedro, a donde había sido citado.

El segundo desaparecido es Bernardino Rodríguez Cortez, talabartero que vivía en el Cerro Mayaca, militante del Partido Comunista, detenido el 6 de marzo de 1974 al interior de una suelería de calle O'Higgins de Quillota. La detención la practicaron funcionarios de Investigaciones de Quillota, entre los que estaban el subinspector Omar Mercado y los detectives Juan González y Hugo Olivari.

Ex gobernador militar

Ha llamado la atención que el entonces Gobernador, Jefe militar de Quillota y comandante del Regimiento de Ingenieros, Ángel Custodio Torres, no haya declarado ni fue procesado. La autoridad pudo no haber participado directamente, pero al menos sería encubridor, ya que firmó el bando engañando a la comunidad con la versión del asalto extremista.

Las partes del expediente conocidas por este medio no arrojan plenas luces sobre el detalle, pero fuentes allegadas al proceso nos aseguraron que el ex gobernador está afectado por demencia total. En el expediente hay un certificado médico que acusa pérdida parcial de memoria debido a su pronunciado alcoholismo.

Las confusiones de Placencia

Una curiosidad del proceso es la afirmación inicial del suboficial mayor (r) Sergio Placencia en el sentido que el ex capitán Daniel Walker le dio el “tiro de gracia” a una de las víctimas que no murió instantáneamente.

Pero careados ambos, a Placencia le entra la duda: “Mantengo lo declarado anteriormente en lo que respecta al herido en el asalto a la patrulla que posteriormente fue rematado por un oficial en el Camino Internacional. Pero ahora viendo a mi mayor Walker no puedo precisar con certeza de que éste haya sido dicho oficial, manteniendo al respecto las dudas que expresé anteriormente; es decir, si era éste o era Jaime Bachler…”+

Pero luego enfrentado con este último oficial, nuevamente se “confunde”: “Mantengo mis anteriores declaraciones. Ahora que tengo frente a mí al Oficial Bachler no puedo decir que éste era el oficial que remató al herido. Insisto la duda persiste si era éste o el Mayor Walker y para despejar dicha duda me remito al careo que se me efectuó con este último”.

Cinco ex uniformados fueron condenados por los ocho asesinatos registrados en enero de 1974 en el puente San Isidro, en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.

El ex gobernador militar Angel Custodio Torres y el coronel en retiro Sergio Arredondo recibieron seis años de presidio; el general (r) Francisco Pérez Eghert y Leonardo Quilodrán Burgos fueron condenados a cinco años y Daniel Valderrama a tres años y un día.

En enero de 1974, fueron ejecutadas ocho personas, entre ellas el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado Rubén Cabezas Paredes y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho.

El caso fue dado a conocer como "asalto a la patrulla", en alusión a supuestos enfrentamientos entre extremistas y militares, versión que fue deslegitimada por el Informe Rettig tras el regreso a la democracia.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó hoy a 10 años de prisión las condenas a cinco militares en retiro por su participación en la muerte de nueve opositores a la dictadura militar en el llamado "Asalto a la Patrulla", en enero de 1974 en la ciudad de Quillota.

Según informaron fuentes judiciales, la sentencia de segunda instancia del tribunal de alzada porteño establece la reclusión efectiva sin beneficios para los ex uniformados.

El denominado "Asalto a la Patrulla" se remonta al 18 de enero de 1974 cuando militares inventaron la fuga de nueve prisioneros que luego fueron ejecutados a balazos bajo el puente San Isidro de Quillota.

Los cinco condenados son el entonces gobernador militar de Quillota, Ángel Custodio Torres; el director de la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, Sergio Arredondo, y los uniformados en retiro Francisco Pérez Egert, Daniel Walter Ramos y Leonardo Quilodrán,

Ángel Custodio Torres y Sergio Arredondo ya fueron condenados por un juez en primera instancia a seis años de presidio efectivo el año pasado, mientras que los tres uniformados en retiro recibieron condenas a cinco años de presidio remitido.

De este modo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó las condenas de los militares, sentencia que fue acogida con satisfacción por Karina Fernández, abogada del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior.

"Dada la envergadura del daño que sufrieron las víctimas y sus familiares, el subir las penas y elevarlas a 10 años, a nosotros nos parece que al tratarse de desapariciones forzadas y homicidio nos deja conformes, porque se ha subido las penas a estos cinco condenados", precisó.

En tanto, Eda Hurtado, hija de Manuel Hurtado, uno de los asesinados, reconoció que esperaba penas aún más altas para los responsables de las ejecuciones dada "la envergadura del delito", aunque valoró positivamente que se hayan igualado las condenas de los cinco condenados.

En fallo dividido, la segunda sala de la Corte Suprema bajó las penas establecidas por la Corte de Apelaciones porteña y concedió el beneficio de libertad vigilada a cinco oficiales en retiro del Ejército, acusados como autores del secuestro con grave daño, en contra de nueve prisioneros políticos, en el caso conocido como "Asalto a la Patrulla", hecho ocurrido el 18 de enero de 1974, en Quillota.

La resolución establece tal beneficio para Ángel Custodio Torres Rivera, ex gobernador de Quillota y Sergio Carlos Arredondo González, ex director de la escuela de Caballería Blindada, ambos condenados a 5 años de presidio.

En tanto, para Francisco Javier Pérez Egert, comandante de la patrulla militar; Leonardo Quilodrán Burgos y Daniel Walker Ramos, acceden a tal beneficio luego que el Máximo Tribunal bajara de 7 a 4 años la condena establecida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 2009.
Esta es la sentencia definitiva en la investigación por secuestros calificados de Rubén Cabezas Pares, Pablo Gac Espinoza, Levy Arraño Sancho, Víctor Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hurtado Martínez, Hugo Aranda Bruna, Ángel Díaz Castro, Osvaldo Manzano Cortés y Arturo Poo Prado.

En el aspecto civil, la Corte Suprema determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de 30 millones de pesos a cada uno de los grupos familiares de las 7 víctimas. En tanto, rechazó la demanda en contra del Fisco de Chile por estimarse la incompetencia del tribunal. En el aspecto penal y civil la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes eran partidarios de acoger la figura de la prescripción de la acción.

Este miércoles falleció el coronel (R) Sergio Carlos Arredondo González, condenado por delitos de lesa humanidad en el marco del caso Caravana de la Muerte y brazo derecho del general (R) Sergio Arellano Stark.

Arredondo, de 91 años, quien cumplía condena en Punta Peuco,  se encontraba internado en el Hospital Militar desde enero aquejado de una enfermedad terminal.

Sus funerales serán el cementerio parque del recuerdo el jueves, después de una misa que se efectuara a las 11.00.

Según señaló el abogado Carlos Meza, se había solicitado el indulto presidencial en el mes de marzo de este año al Presidente Piñera sin haber tenido respuesta.

El prontuario de Arredondo

En Memoria Viva, portal de los derechos humanos, se señala que Sergio Carlos Arredondo Gonzalez, fue brazo derecho del general Sergio Arellano Stark y uno de los principales instigadores del golpe de Estado en las filas del Ejército desde la Academia de Guerra y con contactos privilegiados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Descrito por los informes de inteligencia estadounidense de la época como “uno de los anticomunistas y antimarxistas duros” y amante del buen whisky. El oficial de Caballería supo siempre mantener cuotas de poder pero sin ocupar el rol protagónico: su placer era dirigir las piezas desde el fondo del escenario. El inicio de la dictadura lleva su huella. El mismo 11 de septiembre de 1973 fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark, a cargo de las operaciones en Santiago, y luego fue su mano derecha en la fatídica Caravana de la Muerte.

Arredondo está directamente involucrado en los crímenes de nueve prisioneros políticos en Quillota, en enero de 1974.

En septiembre de 1973 era director de la Academia de Guerra del Ejército. Y precisamente en esas instalaciones, Manuel Contreras tendría el primer cuartel secreto de la DINA. Entre los primeros agentes operativos de ésta figuraban nombres como Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Fernández Larios y un grupo de oficiales reclutados por Arredondo para fungir de fusileros en la Caravana de la Muerte.

Formó parte de la «Caravana de la Muerte,» comitiva militar que en octubre de 1973 viajó en helicóptero a Los Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, donde dio muerte a 72 presos políticos. Es identificado como el segundo hombre de Arellano Stark en la Caravana de la Muerte.

Entre 1976 y 1978 fue agregado militar en Brasil. Según la investigación de la periodista Patricia Verdugo, Arredondo habría sido el encargado de la DINA-Brasil y hombre importante en el aparato exterior de la DINA

Sergio Carlos Arredondo fue agregado militar de Chile en Brasil y representante de Codelco en Sao Paulo.  Mientras estaba en Sao Paulo, confirmó haber participado en misiones militares en 1973 y admitió los fusilamientos, pero siempre negó su participación en las ejecuciones, señalando que eran de responsabilidad de las autoridades militares locales. «No lo recuerdo bien, porque ha  pasado ya tanto tiempo. Pero es probable que haya ocurrido uno que otro fusilamiento legal. Pudo haber sucedido, pero sacarlo a relucir ahora es sólo por espíritu de revancha», declaró en 1986 al Jornal do Brasil.

Otro antecedente que vincula a Arredondo en este tipo de hechos es la mención que se hace de él en una declaración jurada del chileno Juan José Soto Vargas, quien confesó haber sido agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y haberse contactado en Brasil con Arredondo en la mencionada ciudad. Sergio Carlos Arredondo fue compañero de curso del general Manuel Contreras y habría participado directamente en las ejecuciones.

En agosto de 1978 fue detenido algunos días en EE.UU, tras petición de familiares de ejecutados.

Cuando más tarde su compadre y amigo Manuel Contreras se convierte en el segundo hombre más poderoso de Chile, Arredondo lo sigue en las sombras. Esa complicidad resultó decisiva para Contreras, ya que es el propio Arredondo quien lo lleva ante Pinochet días después del Golpe para que le presente su plan de la DINA, idea que acoge con beneplácito el último hombre que se sumó a la conjura. Pinochet requiere de ayuda para imponer su autoridad entre golpistas de sólidos y clandestinos lazos. Contreras le proporcionará la principal herramienta que le faltaba para erguirse como el nuevo dueño del poder.

La Caravana de la Muerte.

La Caravana de la Muerte es el nombre que recibió una comitiva del Ejército de Chile que recorrió el país durante 1973. Por orden de Augusto Pinochet tenía la misión de agilizar y revisar los procesos de personas detenidas tras el golpe militar. La operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos.

Historia

Días después del golpe militar (11 de septiembre de 1973), Augusto Pinochet señaló que «No habrá piedad con los extremistas«.? Por ello, al recibir noticias sobre el trato moderado que algunos comandantes de guarnición de provincia daban a ex dirigentes de la Unidad Popular, decidió aleccionar a estos mandos «blandos» enviando a un oficial delegado que lo representaría y actuaría en su nombre. Para tal efecto fue designado el general Sergio Arellano Stark, quien portaba un documento-pasaporte donde figuraba como «Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno» para «acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia» a los prisioneros.

Integrantes de la comitiva

Arellano dio órdenes de preparar la logística de la operación al teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton.

El grupo de oficiales de Ejército que finalmente realizaron el viaje incluía a los siguientes miembros (en orden de jerarquía militar):

• General de brigada Sergio Arellano Stark, jefe del grupo, delegado de Augusto Pinochet Ugarte.
• Teniente coronel Sergio Arredondo González (más tarde director de la Escuela de Infantería).
• Mayor Pedro Espinoza Bravo, un oficial de Inteligencia del Ejército (más tarde jefe de operaciones de la policía secreta DINA e involucrado en casos emblemáticos como el asesinato de Orlando Letelier y culpado como autor del asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, testigo de la participación norteamericana en el golpe).
• Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes.?
• Capitán Marcelo Moren Brito? (después comandante del campo de torturas Villa Grimaldi).
• Capitán Antonio Palomo Contreras,? piloto del helicóptero Puma en su viaje al sur.
• Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González,? copiloto del helicóptero yendo al sur, piloto en viaje al norte.
• Capitán Luis Felipe Polanco Gallardo, copiloto del anterior en el viaje al norte.
• Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, coordinación y logística en la misión.
• Teniente Armando Fernández Larios, guardaespaldas de Arellano y perpetrador de varios asesinatos (más tarde un agente de la DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier).

Además de estos diez miembros, fueron incluidos dos clases? de la escuela de infantería del ejército.

Recorrido

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, el recorrido inicial incluyó ciudades del centro y sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

En el norte de Chile la misión partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago tuvo lugar el 22 de octubre de ese año.

Asesinatos

Los militares ejecutaron a prisioneros políticos con especial brutalidad. En varias ocasiones los hirieron con corvos antes de fusilarlos.? Posteriormente las víctimas eran enterradas en tumbas sin inscripción.

Años más tarde, cuando se preguntó al ex general Joaquín Lagos Osorio -Comandante de la Primera División del Ejército y Jefe de Zona en Estado de Sitio en Antofagasta- por qué no se habían entregado los cuerpos de los ejecutados a sus familias, Lagos explicó que le avergonzaba se descubriera la barbarie con que oficiales asesinaron a los 14 prisioneros de Antofagasta.?

«Me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. Sí, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas… Al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron». […] «Se los mataba de modo que murieran lentamente. O sea, a veces los fusilaban por partes. Primero, las piernas; después, los órganos sexuales; después, el corazón. En ese orden disparaban las ametralladoras» (Joaquín Lagos).

Caso judicial

En el año 1998, el juez español Baltasar Garzón, basándose en las querellas presentadas por Victoria Saavedra y las Mujeres de Calama, entre otras, dentro del caso Caravana de la Muerte investigado por el juez chileno Juan Guzmán Tapia, ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres, bajo los cargos de secuestro y homicidio calificado.

En junio de 1999, Guzmán Tapia ordenó la detención de cinco oficiales militares retirados —incluido un general— por su participación en la Caravana de la Muerte.

En marzo de 2006, el juez Víctor Montiglio ordenó el arresto de trece ex oficiales del Ejército por su participación en los asesinatos bajo cargos de homicidio. El 17 de julio de 2006, la Corte Suprema de Chile despojó de su fuero como expresidente a Pinochet por su implicación en el caso, revirtiendo una resolución anterior.? Finalmente, el 28 de noviembre de 2006, el juez Víctor Montiglio procesó a Augusto Pinochet por el caso y ordenó su arresto domiciliario.