Aguirre Cortés Manuel Segundo

La jueza Rosa María Pinto procesó hoy en Calama a dos ex suboficiales de Inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea como presuntos autores del delito de exhumación ilegal de 26 opositores ejecutados por la "caravana de la muerte" en 1973.

La resolución afectó a Manuel Aguirre Cortés, ex suboficial de Inteligencia del Ejército, y al ex suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, según fuentes judiciales.

Los 26 prisioneros fueron ejecutados por orden del general Sergio Arellano Stark el 19 de octubre de 1973, en una operación de la "caravana de la muerte", una comitiva militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país, de acuerdo con el expediente judicial.

En el caso de Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, las 26 víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en el sector de Topáter, en las afueras de la ciudad, donde fueron enterradas clandestinamente.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975 o comienzos de 1976 los cuerpos fueron exhumados por disposición de la comandancia en jefe del Ejército que emitió una orden cifrada a través de un criptograma.

Aguirre Cortés, junto con otros militares, según el expediente, desenterraron los cadáveres y los trasladaron al aeropuerto de Calama donde los esperaba un avión C-47 de la FACH al que subieron los cuerpos que posteriormente lanzaron al mar envueltos en sacos y amarrados a rieles.

En la operación participó también Sergio Maldonado que era mecánico de la Fuerza Aérea.

En sus declaraciones al tribunal, Aguirre Cortés acusó al general jubilado Miguel Trincado Araneda, que pasó a retiro el año pasado, cuando era comandante de la segunda División del Ejército, con asiento en Santiago, de haber dirigido la exhumación de los restos de las víctimas de Calama.

Consultada por Efe, la magistrada Rosa María Pinto, confirmó los procesamientos de los dos suboficiales pero dijo que Trincado no está entre los procesados.

La exhumación de los restos de los detenidos desaparecidos durante el régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) fue conocida como "operación retiro de televisores".

Según fuentes judiciales y activistas por los derechos humanos, el operativo, que se repitió en distintas partes del país, fue ordenado por Pinochet para encubrir los crímenes de su régimen, que dejó más de 3.000 muertos y 1.279 detenidos desaparecidos.

El 22 de enero de 2007, en un cuaderno separado del proceso sobre la remoción de cuerpos de 26 ejecutados políticos en Calama, la jueza del Segundo Juzgado de esa ciudad y ministro en visita extraordinaria del caso, Rosa María Pinto, tomó declaración al comisario de Investigaciones Abel Lizama Pinto. El policía formaba parte de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos Humanos encargada de investigar la operación “Retiro de Televisores”, ordenada en 1979 por Augusto Pinochet con el propósito de exhumar los cuerpos de las víctimas de la Caravana de la Muerte y su posterior lanzamiento al mar.

En esa declaración judicial de cuatro carillas, el detective Lizama corrobora haber recibido presiones de parte de Claudio Preller, jefe de gabinete del actual director de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera Verdugo, tendiente a alterar un informe policial que implicaba al general Miguel Trincado en la operación “Retiro de Televisores”.

“Efectivamente, habló conmigo don Claudio Preller, funcionario que servía el cargo de jefe de gabinete del Sr. Director, lo que ocurrió en noviembre de ese año (2005), que solicitó modificar el resultado de la investigación, respecto del teniente o general Miguel Trincado, a lo que respondí que yo había adquirido la convicción de que este oficial había participado en los hechos, además de que el informe estaba en el tribunal, y también, porque necesitaba el consentimiento de (el comisario) Sandro Gaete que firmó conmigo el parte 844 antes referido. Al regresar a mi Unidad, comprobé que Gaete conversaba por teléfono con Preller y en los mismos términos, negándose a cambiar las conclusiones del informe”.

No obstante que el comisario Abel Lizama postula que “no creo que hubiera existido intento de entorpecer esta investigación de parte del Sr. Director de Investigaciones”, en la misma declaración, señala que “debo admitir que Preller transmitió una orden de su Superior y así me lo transmitió”.

Una semana después de la declaración de Lizama, el ya retirado general Miguel Trincado fue careado con el suboficial (r) Manuel Aguirre Cortés, quien vinculó al primero en la coordinación de la remoción de cuerpos de ejecutados políticos en Calama. Al señalar Aguirre Cortés que Trincado habría realizado gestiones ante Arturo Herrera para “dejar nulo un informe” que lo imputaba directamente al caso de la operación “Retiro de Televisores”, Trincado precisó:

“Lo que yo hice fue simplemente hacer una presentación formal el día 9 de noviembre de 2005, como persona natural, no como general, ante el Sr. Director de Investigaciones, para que me confirmara o descartara la existencia de un informe que se refería a mí y que me atribuye participación en los hechos señalados (…) Pedí una audiencia con el Sr. Director de Investigaciones, me informaron que estaba con una atención lumbar en su domicilio, y al insistir en que se trataba de algo urgente y pedir a la persona con quien conversé –sin recordar si era hombre o mujer- que me consiguiera la audiencia, me la otorgaron, no recuerdo si para el mismo día o el siguiente, pero concurrí al domicilio del Director referido (…) Nadie estuvo presente en la audiencia con el Sr. Herrera, quien me recibió en el living y la entrevista duró como 15 minutos”.

De acuerdo con ambas declaraciones judiciales, fue unos días después de la reunión de Herrera con Trincado que el jefe de gabinete del director de Investigaciones, Claudio Preller, se contactó con los comisarios Lizama y Gaete para que interfirieran a favor del retirado general.

Al término de la citada declaración del comisario Abel Lizama, éste señala que, “como consecuencia” de su negativa y la de Gaete de alterar el informe policial, “los recursos y medios para investigar las causas de derechos humanos que en mi unidad se tramitan se han visto disminuidos, pero sin tener otros problemas”.

Los problemas vendrían poco después. Junto con ser apartados de sus funciones habituales en la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, en septiembre último Lizama y Gaete presentaron una querella criminal ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por amenazas e injurias que circularon vía correo electrónico entre funcionarios policiales. En el mensaje, de acuerdo con la denuncia dada a conocer por El Mostrador, se leía que “los funcionarios de la Policía de Investigaciones están observando a los traidores Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada”.

Esta arista del caso operación “Retiro de Televisores”, que compromete la figura de obstrucción a la justicia, fue mencionada hace un par de semanas por el Presidente venezolano Hugo Chávez, quien acusó a Arturo Herrera, director interino de INTERPOL, de haber estado implicado en la exhumación ilegal de cuerpos ocurrida en 1979 en Calama. Días después, una vez que el gobierno y la oposición en Chile cerraron filas en defensa del director de la Policía de Investigaciones, el gobierno venezolano envío una excusa formal, retractándose de las imputaciones contra Herrera.