Moreno Caviedes Miguel Hernán

Miguel Hernán Moreno Caviedes murió ese día a las 23:30 horas, en el puente Bulnes del río Mapocho, por dos heridas de bala torácicas con salida de proyectil, según el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.

En presencia de familiares, el 21 de septiembre de ese año fue detenido por Carabineros, en su domicilio ubicado en la población Nueva Matucana de Quinta Normal, en el transcurso de un operativo policial que se realizó en el sector.

La familia fue avisada por terceras personas, tres días después, que el cuerpo de Miguel Moreno se encontraba tirado bajo el puente Bulnes. Ese mismo día, el cadáver fue subido a un camión junto con otros cuerpos y trasladado al Instituto Médico Legal, donde se les entregó en una urna sellada para su sepultación.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, atendiendo a la fecha, la causa de la muerte y el lugar de hallazgo del cadáver, y a la circunstancia previa de su detención por agentes del Estado, el Consejo Superior declaró a Miguel Hernán Moreno Caviedes víctima de violación de derechos humanos, por considerar que fue ejecutado en forma extrajudicial por sus aprehensores.

En el año en que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al exoficial de Ejército, Donato Alejandro López Almarza, a la pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado cometidos en contra de siete pobladores, más el secuestro calificado de un poblador y el homicidio frustrado de otro, todos vecinos de la población Nueva Matucana de la comuna de Renca, crímenes ocurridos en septiembre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 50.334-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Juan Manuel Muñoz, la ministra María Loreto Gutiérrez y la abogada (i) Leonor Etcheberry- rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó al exoficial de Ejército por su responsabilidad en los homicidios calificados de Álvaro Acuña Torres, Miguel Moreno Caviedes, Guillermo Arriagada Saldías, Sergio Aguilar Núñez, Carlos León Morales, José Machuca Espinoza y Domingo Gutiérrez Aravena; más el secuestro calificado de José Alfredo Vidal Molina y el homicidio calificado frustrado de Osvaldo Cancino Muñoz; todos los delitos fueron cometidos el 23 de septiembre de 1973, en Santiago.

Otro criminal uniformado, el exoficial de Ejército, Jorge Armando Turres Mery, que también había sido condenado como cómplice en primera instancia, falleció en el curso del proceso.

En la investigación judicial queda probado que en horas de la madrugada del 23 de septiembre de 1973, personal de Carabineros y contingente militar del Regimiento Yungay de San Felipe, conformado por las compañías Andina y Mortero, dirigidas en dicha oportunidad por los entonces capitanes Mario Caraves Silva y Jorge Turres Mery, asentadas en la ciudad de Santiago, y bajo el mando superior del entonces mayor Donato López Almarza, realizaron un masivo operativo en la población Nueva Matucana de la comuna de Renca.

Como resultado del operativo, los agentes uniformados detuvieron a varios pobladores y los trasladaron en camiones tolva hasta dependencias del Internado Nacional Barros Arana (INBA), lugar donde se mantenía apostado el personal del Regimiento Yungay desde el día 11 de septiembre de 1973.

En dicho lugar se mantuvo encerrados en condición de prisioneros a los pobladores menores de edad Domingo Ramón Gutiérrez Aravena, de 15 años de edad, estudiante, y Miguel Hernán Moreno Caviedes, de 17 años, obrero, Guillermo Arriagada Saldías, de 20 años, obrero (menor de edad a la época de los hechos), junto a los trabajadores Álvaro Javier Acuña Torres, de 25 años, comerciante ambulante, Sergio Emilio Aguilar Núñez, de 27 años, comerciante ambulante, Carlos René León Morales, de 32 años, zapatero, José Oscar Machuca Espinoza, de 27 años, obrero, José Alfredo Vidal Molina, de 27 años, obrero agrícola, y a Osvaldo Cancino Muñoz, todos ellos provenientes de la población Nueva Matucana y sin ningún antecedente de militancia política conocida.

En horas de la noche del mismo día, este grupo de nueve pobladores detenidos, por órdenes de los mandos superiores, son retirados del lugar en un camión tolva y llevados por personal militar hasta las inmediaciones del puente Bulnes, junto al río Mapocho, en esa oportunidad dirigidos por el capitán Mario Caraves Silva (actualmente fallecido), comandante de la Compañía Andina, quien era acompañado por el capitán de la Compañía Mortero, Jorge Turres Mery (también fallecido).

Una vez en el lugar, ubicado en la ribera del río Mapocho, a los detenidos se les ordena bajar y colocarse en fila para ser ejecutados. Acto seguido los uniformados de tropa de la aludida compañía, siguiendo las órdenes de los oficiales mencionados, proceden a abrir fuego disparándole a los prisioneros para ejecutarlos.

A raíz de ello resultan asesinados Álvaro Acuña Torres, Sergio Aguilar Núñez, Guillermo Arriagada Saldías, Domingo Gutiérrez Aravena, Carlos León Morales, José Machuca Espinoza y Miguel Moreno Caviedes, y así lo corroboran los respectivos informes de autopsia pues los cuerpos de las víctimas fueron posteriormente recogidos por personal de salud y trasladados al servicio médico legal. Al mismo tiempo, se constata la desaparición del cuerpo de José Alfredo Vidal Molina, presumiblemente arrastrado por las aguas.

En el caso de Osvaldo Cancino Muñoz tuvo un desenlace distinto. Este poblador, al recibir los disparos cae a las aguas del río Mapocho y queda con vida. Luego, por sus propios medios, logra salir del río, llegar hasta su domicilio en la población Nueva Matucana y relatar todo lo acontecido.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.