DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL (DINA)

Si hay un símbolo de los años de plomo de la dictadura chilena es la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), una criatura perversa y despiadada creada por el general Augusto Pinochet en noviembre de 1973, a sólo dos meses del golpe de Estado contra Salvador Allende, cuando el Estadio Nacional y los cuarteles se llenaban de prisioneros políticos.

Al frente puso a un general, Manuel Contreras, a quien conocía desde 1944, desde su inicio como soldado chileno en la Escuela Militar y de quien fue su instructor.

En sólo cuatro años, la Dirección de Inteligencia Nacional fue responsable por el asesinato de 2.279 personas y la desaparición forzada de otras 957.

Esa maquinaria encontró su razón de ser en las palabras de Contreras cuando puso en funciones a sus primeros miembros.

"Ustedes han sido elegidos entre miles y miles de hombres de las fuerzas armadas para cubrir un lugar de privilegio en la lucha destinada al exterminio total del marxismo", dijo el general, acaso con el pecho inflado por la emoción.

"En ese ejercicio -agregó- tendrán carta blanca para cumplir todas las órdenes que se les impartan".

Con 1.000 hombres entrenados para matar, la DINA no sólo sembró el terror en Chile sino que además extendió su poder más allá de sus fronteras. En coordinación con los servicios de inteligencia de la Argentina, Brasil y Uruguay planificó, financió y ejecutó los crímenes más sonados de esta parte del continente.

Para financiar este proyecto, Contreras, hoy en prisión por muchos de los asesinatos cometidos por la DINA, contaba con fondos estatales, pero además con dinero de algunas compañías que creó para ese fin.

Y en el marco de la denominada "Operación Cóndor", un acuerdo supranacional destinado a "combatir el marxismo en todo el mundo", sumó a la SIDE y la Triple A de la Argentina, al MNC de los cubanos anticastristas, a los ultraderechistas del italiano Stefano Delle Chiaie y a los terroristas del coronel croata Vlado Sescen.

Con esa red montada, la DINA ejecutó los asesinatos del general Carlos Prats en Buenos Aires, en la primavera de 1974, y de Orlando Letelier -quien había sido cadete militar a las órdenes de Contreras- en Washington en 1976.

El atentado contra Bernardo Leighton en Roma, en 1975, también figura entre los penosos antecedentes de la DINA.

Pero además de un perfeccionado método de tortura, la DINA se enfrascó también en la elaboración del gas sarín, fabricado en un laboratorio montado en la residencia del agente de la CIA Michael Townley, responsable por el asesinato de Letelier y estrecho colaborador de Contreras.

El escándalo internacional por el asesinato de Letelier, nada menos que en los Estados Unidos, firmó el certificado de defunción del organismo de inteligencia, que fue disuelto y sustituido por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1977.

Inmediatamente después del golpe militar, se le entregó al General Nicanor Díaz Estrada, de la Fuerza Aérea, la responsabilidad de efectuar la coordinación entre los distintos organismos de seguridad pertenecientes a las distintas ramas de las FF.AA. y que hasta ese momento funcionaban en forma autónoma.

Con este fin, Díaz Estrada reunió a los directores de los diferentes organismos – el SIM, el SIN, el SICAR y el SIFA – y asignó las tareas prioritarias para cada servicio en relación a la represión de la izquierda.

Como parte de este proceso, el teniente coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda impulsó la creación de un organismo por sobre los distintos servicios de inteligencia que estaría a cargo de organizar la elaboración de información y la labor represiva.

Antes de obtener el acuerdo de los jefes de las distintas ramas de las FF.AA. el teniente coronel Contreras ya había comenzado a solicitar las plantas de personal de aquellas instituciones. Existían dudas en cuanto a la creación de la incipiente DINA dado que este organismo carecía de entidad jurídica y además significaría la pérdida de importancia relativa de los otros servicios de inteligencia.

Sin embargo, la Junta militar, y en especial el general Augusto Pinochet, optaron por apoyar la iniciativa, y a fines de noviembre de 1973, Contreras recibió el personal que había solicitado – oficiales y soldados seleccionados – en el Regimiento de Tejas Verdes que estaba en ese entonces bajo su comandancia.

Entretanto, la incipiente DINA ya había asumido la tarea de interrogar, clasificar y separar a los detenidos de algunos de los principales recintos de detención que existían en aquel momento.

Entre ese período y junio de 1974, la DINA entrena a su personal y realiza acciones represivas efectivamente.

1.1     TERRORISMO DE ESTADO
Entre 1974 (oficialmente) y 1977, la DINA se hizo cargo del trabajo represivo del Estado chileno bajo el mando del entonces jefe de la Junta Augusto Pinochet.

De acuerdo a la Doctrina de Seguridad Nacional – adoptada por el régimen militar desde su inicio para justificar el golpe de estado – en Chile hubo una guerra interna que provocó la represión y eliminación de sectores e individuos percibidos como enemigos del Estado. Dentro de este contexto, la DINA actuó como la principal agencia de represión, deteniendo, torturando, ejecutando y desapareciendo a sus "enemigos," y efectivamente, llevando a cabo lo que se denomina terrorismo de estado, o sea, crímenes en contra la humanidad ejecutados por agentes del Estado.

Según el libro "Tarda pero llega. Pinochet ante la justicia española," la DINA actuó, en efecto, como un "grupo terrorista".

"La DINA se erigió enseguida en un grupo de élite de violencia selectiva, de actuación clandestina y armada, y destinada a la persecución y eliminación física de los más destacados representantes del régimen político depuesto. Por su actuación puede ser calificada como un grupo terrorista."

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

El artículo 1º del D.L. 1.009, dictado el 8 de mayo de 1975, dio el primer reconocimiento público de que la DINA tenía facultades para realizar aprehensiones. Este artículo señaló que durante la vigencia del Estado de Sitio los organismos de seguridad notificarían sobre la detención de personas a sus familiares, "cuando procedan – en el ejercicio de sus facultades propias – a detener preventivamente a las personas a quienes se presuma fundamentalmente culpables de poner en peligro la seguridad del Estado".

El 11 de septiembre de 1977, el general Pinochet hizo un similar reconocimiento de la entonces disuelta DINA al declarar que la recién creada Central Nacional de Informaciones (CNI), al contrario de la DINA, no tendría dichas facultades.

RECINTOS DE DETENCIÓN UTILIZADOS POR LA DINA
Para efectuar su labor represiva, la DINA usó varios recintos de detención, acerca de los cuales existe conocimiento a través de testimonios de sobrevivientes que estuvieron recluidos en aquellos lugares y de otras personas, como por ejemplo en el caso del entonces Presidente de la Corte Suprema José María Eyzaguirre, quien pudo constatar la presencia de detenidos en la Villa Grimaldi en Santiago, uno de los principales centros de reclusión e interrogación de la DINA. También existieron, como centros de detención, interrogación y tortura bajo el mando de la DINA, Cuatro Alamos, Londres 38, José Domingo Cañas, y la "Venda Sexy".

La DINA también instaló su propia clínica en calle Santa Lucía y una red de casas de seguridad para sus agentes, informantes y algunos presos de "trato especial".

El personal que llegó a trabajar en la DINA se estima en varios miles de personas. Su estructura varió constantemente según las necesidades operativas que cambiaron varias veces entre 1973 y 1977.

Poco antes de ser disuelta, en la DINA funcionaban agrupaciones, unidades, brigadas, departamentos y cuarteles, todos ellos con jerarquías y mandos muy claramente establecidos. A continuación, algunos aspectos de la estructura de la DINA.

 DIRECCIÓN

Durante toda su existencia, la DINA tuvo en este cargo al Coronel Manuel Contreras. Junto a él trabajaban personas de su absoluta confianza como Nélida Gutiérrez, su secretaria privada, y el oficial de Ejercito Alejandro Burgos, oficial de enlace, asistente y coordinador del director. Mas tarde fue reemplazado por Hugo Acevedo Godoy.

ESTADO MAYOR

Son variadas las versiones acerca del numero de integrantes que tenia. Se sabe que lo integraron Rolf Wenderoth, Cesar Manríquez Bravo, Vianel Valdivieso, Raúl E. Iturriaga Neumann, Hernán Brantes Martínez, Marcelo Moren Brito, Maximiliano Ferrer Lima, Víctor Hugo Barría Barría y German Barriga Muñoz, entre otros, todos eran oficiales de Ejercito.

SUBDIRECCIÓN

Al principio fue el contraalmirante Rolando García. Le siguió el oficial de ejercito Jerónimo Pantoja, quien tuvo un papel más importante que su antecesor.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Este cargo fue creado cuando la DINA tuvo una estructura claramente definida y pareció necesario reemplazar el Estado Mayor. El jefe de esta instancia fue el teniente coronel Pedro Espinoza, conocido como “Don Rodrigo” y que antes de llegar al cargo se desempeñó como jefe del centro de detención y torturas de la Villa Grimaldi.

Bajo la dirección de operaciones estaban el Departamento Exterior y el Departamento de Inteligencia Interior.

Del DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA INTERIOR dependían la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), la Brigada de Inteligencia Regional (BIR) y la Brigada de inteligencia Ciudadana (BIC).

La Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) era la encargada de las operaciones de la DINA en la región Metropolitana. Al ser creada, fusionó bajo su mando a las Brigadas Caupolicán, Purén y Lautaro, que fueron cambiando de manos en la medida que variaron los objetivos.

En la Brigada Purén, hasta 1975 dirigida por Raúl Iturriaga  y a cargo del combate contra el Partido Socialista, y que en 1976 se concentró en combatir al Partido Comunista, trabajaron muchos oficiales que efectuaron mas tarde importantes misiones en el exterior.

La Brigada Caupolican era la más temida. De ella dependían las agrupaciones Aguila, Halcón I, Halcón II, Tucán y Vampiro, que ejercían las labores de represión directa.

Inicialmente, la BIM, cuyo primer jefe fue el oficial de Ejercito Carlos López Tapia, tuvo su base en Rinconada de Maipú, en un fundo expropiado a la Universidad de Chile. Mas tarde se traslado a la Villa Grimaldi, donde operaba principalmente Caupolican –a cargo del combate en contra del MIR- y Lautaro, encargada de otros partidos.

La Plana Mayor, encargada de labores generales de Inteligencia, apoyaba al director de la BIM. También contaba con su propia sección de logística y administraba las cárceles más importantes de la DINA como Cuatro Alamos y Villa Grimaldi.

La Brigada de Inteligencia Regional (BIR) funcionaba en las capitales regionales y tenia a su cargo todas las operaciones en provincia.

La Brigada de Inteligencia Ciudadana (BIC) tenia como tarea recabar información de las reparticiones publicas, del Registro de Identificación, de hoteles, empresas diversas, hospitales y de clínicas privadas. Estaba integrada solo por civiles y la encabezaba Carlos Labarca Metzger. También trabajaban en ella Guido Poli y Fernando Rojas Cruzat.

DEPARTAMENTO EXTERIOR

Surgió en abril de 1974 y ya en junio había desarrollado una gran capacidad extraterritorial, con agentes operativos en varios países.

Sus misiones básicas eran neutralizar a las personas consideradas enemigos del régimen militar chileno, organizare los viajes de altos funcionarios de gobierno y ejercer control sobre la red oficial en el exterior, es decir los funcionarios asignados a las misiones diplomáticas.

Estaba dividida en CONDOR –Una agrupación de los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur-, Inteligencia y Contrainteligencia.

Disponía de civiles de extrema derecha y personal de las tres ramas de las Fuerzas Armadas que ya tenían formación en el área de inteligencia. La mayoría pertenecía a la DINA. También contó con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y con empleados de empresas chilenas con oficinas en otros países.

El Director de la DINA ejercía un estrecho y directo control del Departamento Económico y del de Contrainteligencia, donde funcionaba la Unidad de Telecomunicaciones a cargo de Vianel Valdivieso, hombre de total confianza del Coronel Contreras.

En la DINA fue muy importante el Departamento de Análisis, con labores de archivo y análisis exterior. Este departamento prestaba especial asistencia a los de Operaciones y Económico.

También existió la Brigada del Cuartel General que tenia principalmente funciones de custodia del recinto y que, mas de alguna vez, también cumplió labores operativas. El responsable era el oficial de Ejercito Juan Morales Salgado, que encabezaba la escolta del coronel Contreras.

Esta brigada dependía directamente de Reumen, una unidad de contrainteligencia que dirigía el que fue el ultimo subsecretario general del gobierno militar, Jaime García Covarrubias.

También operaron otras brigadas, como Fresia y Guacolda.

Del Departamento de Logística dependían todos los cuarteles, las clínicas, las adquisiciones y la inteligencia electrónica.

Cerca de este se ubicaba el Departamento de Operaciones Sicológicas, que contaba con una unidad de propaganda y guerra sicológica, una de prensa y otra de relaciones publicas.

 En Rocas de Santo Domingo, a cargo de Mario Jara operó la Agrupación Bronce.

 

Fuentes de Informacion:

La información contenida acá fue tomada desde diferentes fuentes, a las cuales les agradecemos de ante mano:

1.-  www.derechoschile

2.-  Recopilación del Historiador y escritor León Gómez Araneda

3.-  Libro “Contreras”, historia de un intocable de Manuel Salazar

4.-  Libro  “Mi Verdad” de Marcia Alejandra Merino Vega

5.- MemoriaViva

El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos –tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y –contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.
Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó –esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de “financiamiento”. El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas –entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva –los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del “suicidio” dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas

Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo –en el que iba el cadáver de Soria- junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido “probado” en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres. Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de “Carlos Vargas Casella” se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.

Muchos de sus subordinados han declarado que “Carlos Vargas” contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho –más de veinte años después- que lo consideraban su “formador” y “un líder al que todos seguían”. Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.
“Carlos Vargas” no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 –poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara “en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio”. La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: “La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores”. También hizo mención a que se habían suspendido “las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico”.

La declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.
Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.
La sangrienta “Teletón” de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.
La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran “El Rey”, la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.

Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de “Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala”. Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.
– La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.
– Excelente. ¿Y la mala?
– Es que fueron los “Charlies” (clave para “CNI”).
Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al “punto” y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.
Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.

¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha

Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.
Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los “corresponsales” que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser “intervenida”, el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.
Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.

Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era “Carlos Vargas”. En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.
Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden “detenga a Carlos Vargas”. Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.

Moren, más conocido como el “Ronco” o “El Coronta”, le transmite la misma orden al prefecto Lillo: “Hay que detener a Vargas”.

En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.

Sólo ahora –y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.

Como quiera que sea, el viejo juego de las “chapas” le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.

Nadie sabe para quién trabaja

En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).
Ferrer Lima, alias “Max Lerou” entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez –lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del “despacho” al extranjero de agentes comprometidos en juicios.

Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel “La Lisera”. Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.
“Max Lerou” se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.

Arica se ha convertido en la “zona cero” de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel “Las Machas”, de dotación del Regimiento “Rancagua” de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería “Dolores”) y varios otros.
La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con “la mala” noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.

Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con “Max Lerou”, otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.

Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.
Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a “peinar” la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León –especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.

Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad “Solo de Saldívar”, del Regimiento “Rancagua” de Arica. Más conocida como “Cuartel Las Machas”, es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.
Mientras el “Rancagua” estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de “Las Machas” era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del “Rancagua”.

Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento “Dolores”. Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.

La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.

Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio –dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.
Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el “Ronco” se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del “Rancagua”, quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.

Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que “provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré”. Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y “al mes salió mi destinación”. Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.
Aunque dicho testimonio tiene un error –la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que “unas tres semanas” antes de su muerte “él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso”.
“Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet”

La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.
¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, “que también es informante de la CNI de esa ciudad”.

Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.
Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: “Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita”. Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.

Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.
En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara –que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.
Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.

En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.
Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: “carecían de laboratorio”.

Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que “todo debía realizarse rápidamente”. El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su “hallazgo” y al día siguiente de su misteriosa desaparición.

Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.
La sangre sigue corriendo

Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la RevistaCauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.

A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga. Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó –entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.

No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró “sin convicción”.

Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín, hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.
 

El poder oculto y los crímenes de la Brigada Mulchén
Pocas unidades represivas de la dictadura han permanecido tanto tiempo secretas, aún preservan crímenes ocultos y seguirán dando tanto que hablar. Conocida como uno de los dispositivos letales más selectos de la DINA, el historial de la Brigada Mulchén –bautizada con este nombre de origen mapudungún, al igual que la "Caupolicán" y la "Lautaro"- inició su amarga fama con el asesinato del funcionario de la Cepal y diplomático español Carmelo Soria (1976).

En la tortura y homicidio de Soria participaron también miembros de la célula "Quetropillán", “el diablo que mata” en idioma mapuche, aunque otros la traducen como “Dios volcán”, posiblemente en referencia al inactivo cráter de 2.360 metros ubicado en el límite de las regiones de Araucanía y los Ríos.

Como apéndice de la Mulchén, la Quetropillán operaba básicamente en manos de Michael Townley y Eugenio Berríos (“Hermes”) en la casa de la DINA que habitaba el primero, en Vía Naranja # 4275, Lo Curro. Allí funcionaba un laboratorio químico en el que ambos desarrollaron la versión chilena del gas sarín y otros venenos, como las toxinas botulínicas. En la fría formalidad del papel, la agrupación figuraba como “Centro de Investigación y Desarrollo Técnico Quetropillán”.

La sola mención de Townley y Berríos vincula a la Mulchén con los asesinatos de Orlando Letelier (Washington, 1976), del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), y del propio Berríos (Uruguay, 1993). Otra de sus agrupaciones -“Alacrán”- eliminó usando el sarín al conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y al cabo Manuel Leyton (1977). Hasta hoy, uno de sus principales jefes, el alto oficial de Ejército Guillermo Salinas, se mantiene lejos de cualquier presidio. Pero será por poco tiempo.

No ha sido fácil para ningún juez confeccionar la nómina de los integrantes de la Brigada Mulchén. Lo que sí es un hecho cierto es que lo peor que le puede pasar hoy a un oficial activo del Ejército es que lo pongan en la lista. Es lo que le sucedió al general Eduardo Ludovico Aldunate Hermann cuando se encontraba al mando de la misión militar en Haití. Al final, resultó que Aldunate no pasó por la Mulchén, pero sí por el grupo escolta de Pinochet que estuvo en su origen. También sirvió en la CNI. Aldunate se fue a retiro recientemente.

La importancia de determinar sin margen de error si el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue eliminado con sustancias toxicas fabricadas por la DINA, obligó al ministro en visita Alejandro Madrid a profundizar en el historial de la Mulchén y en sus crímenes. Con esa base, se sabe hasta ahora que entre quienes pasaron por sus filas figuran los entonces oficiales Guillermo Salinas Torres (su primer comandante), Pablo Belmar Labbé, Jaime Lepe Orellana, Raúl Eduardo y Alfredo Iturriaga Neumann, Patricio Quiloth Palma, Manuel Pérez Santillán, Juan Delmas Ramírez, Rolf Wenderoth Pozo y los suboficiales José Remigio Ríos San Martín, José Aqueveque Pérez, Jorge Hernán Vial Collao y Bernardino del Carmen Ferrada Moreno ( en servicio activo en 1992). Con el tiempo varios de sus integrantes terminaron siendo ascendidos y obtuvieron la amplia confianza de Augusto Pinochet, a quien prestaban seguridad en los anillos más cercanos al general.
Sólo de la lista anterior, cuatro miembros de la Mulchén aparecen implicados de una u otra forma en el crimen del Caso Calama: Delmas, Iturriaga, Pérez Santillán y Aqueveque.

A Madrid le interesa determinar si después de la disolución de la DINA (1977) la Mulchén siguió o no operativa. Además del Caso Calama, hay otros hechos que demuestran que los viejos compañeros siguieron por lo menos hasta bien entrados los ‘90 borrando huellas, obstruyendo pesquisas judiciales –para lo cual contaban con el fiscal Torres Silva, que tuvo un sillón en la Corte Suprema como auditor del Ejército hasta fines de esa década- y asegurándose que nadie los pusiera como acusados frente a un tribunal.

Así ocurrió precisamente con el caso Soria en 1993, cuando los ex Mulchén se enteran por uno de sus infiltrados en Investigaciones que uno de ellos, José Remigio Ríos San Martín, había confesado los detalles del crimen ante dos detectives. Sabiendo que para que la declaración fuera válida debía ser ratificada ante el juez, iniciaron la cacería dirigida por el brigadier Jaime Lepe, desde su privilegiada posición de secretario general del Ejército. Tanto Lepe como Patricio Quiloth, entonces en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), debieron ocupar todos los medios a su alcance para encontrarlo y presionarlo para que cambiara su testimonio. Sólo no lo mataron porque habría sido muy evidente la mano de sus autores.
Había urgencia. No solo porque implicaba al anillo más cercano a Pinochet, sino también por un párrafo de la confesión de Ríos: “El mismo día que detienen y matan a Soria el comandante Guillermo Salinas me presentó a un visitante en la casa de Lo Curro, posteriormente el señor Quilot me informó que se trataba del cubano Virgilio Paz (asesinó a Orlando Letelier en Washington). Conozco a Eugenio Berríos alias “Hermes”. Yo utilizaba la chapa ALBERTO ARROYO QUEZADA hasta mediados del ’82 cuando era su escolta”.

En un restaurante en Ñuñoa se produjo finalmente el encuentro entre Ríos y sus ex compañeros. Afuera vigilaban los escoltas de Pinochet. Cada detalle fue como una película de espías. De allí salió Ríos con una nueva camioneta y una pensión. Días más tarde cambiaría su versión judicial sobre el crimen de Soria. Aunque Ríos después lo reconoció ante un juez, eso no logró cambiar el destino del Caso Soria: se aplicó la Amnistía en 1996. Pero Lepe no pudo llegar a integrar el cuerpo de generales, como era su sueño. El Presidente Eduardo Frei se negó a ascenderlo y se fue de baja como brigadier.

A través de la ficticia DINAR, Manuel Contreras firmó cheques con pagos a diversos organismos del Estado y medios de comunicación.

Datos y cheques con la firma del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, demuestran que la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet financió diversas operaciones de la Junta Militar, organismos del Estado y medios de comunicación.

Los documentos a los que accedió la agencia EFE, y que difunde la información, forman parte del expediente del juicio de por el asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores, Orlando Letelier.

Con ellos se muestra que se abrió una millonaria cuenta a nombre de la ficticia Dirección Nacional de Rehabilitación (DINAR), cuyo titular era Contreras.

Regimientos militares y reparticiones del Estado como la Comandancia en Jefe, la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) y el Banco Central fueron algunas de las que recibieron de estos cheques.

El vínculo que muestran estos papeles confirmaría que las Fuerzas Armadas se relacionaron directamente con los organismos represivos secretos, pese a que en las ramas castrenses aseguran que los actos cometidos por éstos respondieron a actos aislados realizados por personas que no respetaron a los altos mandos.

Incluso hay pagos directos a agentes de la DINA, señala EFE, como el brigadier Marcelo Moren Brito, quien estuvo a cargo en Villa Grimaldi.

También aparecen Christoph Willeke Flöel, jefe del Departamento Exterior de la DINA; Eduardo Iturriaga Neumann, de la Brigada Lautaro; Juan Morales Salgado y Pedro Espinoza Bravo, quienes encabezaron la DINA; Cristián Labbe, ex militar y ex alcalde de Providencia; Carlos Ottone Mestre, oficial de la Fuerza Aérea y actual asesor internacional del Instituto Geográfico Militar Pablo Gran López, y Vianel Valdivieso Cervantes, ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA.

Entre los medios que recibieron fondos de la siniestra organización estuvieron El Mercurio, la revista Qué Pasa y las agencias UPI y France Press. Fueron cheques que iban firmados por el reo rematado ex director de la DINA, Manuel Contreras

Documentos de la Corte Suprema a los que tuvo acceso la agencia española de noticias EFE y que conoció Cambio21 de primera fuente, indican que los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa (actualmente fuera de circulación), El Día de La Serena y La Discusión de Chillán; los semanarios Qué Pasa y Ercilla; el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias Orbe, United Press Internacional (UPI) y France Press recibieron apoyo económico del servicio secreto de la dictadura.
Los antecedentes se conocen en vísperas de otro cuadragésimo aniversario: el del nacimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Creada de facto en noviembre de 1973, hasta hoy impacta su crueldad en el uso de la tortura y ahora sorprende por el millonario acceso al dinero del que disfrutó.
Recientes descubrimientos abren interrogantes acerca del origen de sus platas negras.

Principio rector de la DINA

En noviembre de 1973 no sólo los estadios Nacional y Chile estaban repletos de detenidos. Ya se contaban varias personas asesinadas y que nunca serían entregadas a sus familiares. La DINA era creada de facto y daba inicio así a su oscura cosecha de muerte y dolor.
Son varias las investigaciones que revelan que, conjuntamente a la idea del golpe militar, se trabajaba muy a la par en la elaboración de una dinámica de lucha contra un enemigo interno, basado en un sistema de una guerra al interior del país. Quien mejor expresó esa lógica fue el Comandante en Jefe de la Aviación, general Gustavo Leigh, el propio 11 de septiembre en la noche: "Vamos a extirpar el cáncer marxista", advirtió.
El principio rector de la DINA, entonces, se basa en la existencia de una guerra contra un enemigo escondido en la ciudadanía y que "no daba tregua". En medio de la locura de esos días, cabían en esa nomenclatura políticos de izquierda (socialistas, comunistas, terroristas, organizaciones sindicales), la llamada "sedición marxista" y, en realidad, cualquier opositor público. Para concretar esa lucha le fueron permitidos todos los medios, legales y de los otros.
Escuela de Las Américas

Existe también clara evidencia de que hubo un aprendizaje en la aplicación de esta política en la Escuela de las Américas, desarrollada en Panamá por Estados Unidos al poco tiempo de terminarse la Segunda Guerra Mundial.
"Durante muchos años son adoctrinados allí soldados chilenos y de la región en variadas técnicas de enfrentamiento a ideologías de izquierda. Los efectos de esa política en América Latina demuestran que hubo una aplicación similar de este tipo de prácticas", explica a Cambio 21 el periodista Javier Rebolledo, autor de los libros "La danza de los cuervos" (2012) y "El despertar de los cuervos" (2013), ambos de editorial Ceibo.
El autor, quien investigó las formas de trabajo y los diversos nexos de la DINA en su dinámica de inteligencia, sostiene que en la Escuela de las Américas se diseña la persecución del enemigo interno. Aplicando sus puntos de vista, se considera que esta "guerra" al interior de los países era "poco leal" para las Fuerzas Armadas, porque el enemigo se esconde en áreas que no son los típicos teatros de operación de un conflicto, lo que -según este argumento- obliga a infiltrar el mundo civil.
"Sin embargo lo que terminan desarrollando los organismos de seguridad sobrepasan los límites de lo "desleal" del conflicto en sí mismo, cayendo en procedimientos arbitrarios y encarcelamientos al margen de la ley. La deslealtad con la que terminan actuando las Fuerzas Armadas supera con creces a la crítica que ellos mismos hacen a este tipo de conflicto. Se volvieron dos o tres veces más desleales", subraya Rebolledo.
Contubernios fácticos

En sus cuatro años de funcionamiento, la Dirección de Inteligencia Nacional fue responsable de la muerte de unas 3.000 personas y la desaparición forzada de casi mil. Dadas sus conexiones, queda claro que en su accionar determinó con plena voluntad sobre la vida y la muerte de quien se cruzara en su camino.
Cuando en junio de 1974 su existencia se legaliza a través del decreto ley N°521, no quedaba ninguna duda del poder que detentaba. Contó con facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción, los que se extendieron durante casi toda la dictadura. Depende directamente de la Junta de Gobierno.
Recientemente, la agencia española EFE reveló un informe de la Corte Suprema que se anexó al expediente del juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en el que se señala que la DINA financiaba sus acciones a través de una ficticia "Dirección Nacional de Rehabilitación" (DINAR). A través de ella, accedía a un millonario capital económico que servía para realizar diversos pagos a través de cheques suscritos por el propio -entonces- coronel Manuel Contreras.
La información proveniente de la justicia chilena permite conocer varios agentes de la DINA que aparecen recibiendo pagos emitidos por la fantasmagórica "DINAR", entre ellos el coronel retirado y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, el ex oficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone y el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso, entre otros.

Los medios favorecidos

Los antecedentes indican que la "DINAR" también entregaba cheques a diversos medios de comunicación. El informe de la Corte Suprema, desde donde surge la noticia, da cuenta que -entre otros- aparecen cobrando cheques con la firma de Manuel Contreras los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa -actualmente desaparecido-, El Día de La Serena y La Discusión de Chillán; los semanarios Qué Pasa y Ercilla; el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias Orbe, United Press International y France Press.
Desde su nacimiento de facto en noviembre de 1973, la DINA se relaciona con la CIA. El Informe Hinchey, realizado en el congreso estadounidense, señala que entre 1974 y 1977 el organismo de inteligencia norteamericano mantuvo contacto regular pagado con Contreras. El gobierno de Estados Unidos aprobó esta relación ya que su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile resultaba útil para el cumplimiento de la misión de la CIA.
Así, con dinero y conexiones, la DINA forma parte de las instancias fácticas más poderosas del país. Hay que recordar que el investigador estadounidense Peter Kornbluh, señaló en septiembre recién pasado en la Universidad Alberto Hurtado que la evidencia "es clara" en torno a que "Agustín Edwards fue una de las personas más involucradas como colaborador de la CIA y los militares. Tenemos los documentos desclasificados para probarlo", dijo.
El contubernio queda más claro aún con los cheques descubiertos por la justicia chilena y dados a conocer por la agencia EFE. En su libro "Chile inédito" (Ediciones B, 2002), el periodista norteamericano Ken Dermota demuestra que la CIA "dona" casi US$2 millones de la época a El Mercurio, como una forma de paliar los requerimientos económicos para "enfrentar" al gobierno de Allende.
El brazo largo

Manuel Contreras giró el año 1975 de la cuenta del "DINAR" – número 13280724 del entonces Banco de Crédito e Inversiones- la suma de 1.598.496.520 escudos. Como referencia, el sueldo mínimo de la época era de 27.000 escudos. La diferencia es galáctica. Los giros incluyen una docena de documentos cobrados por "Junta de Gobierno", que llegan a 165.630.800 escudos.
Destacan también pagos de altas sumas a variados regimientos y reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) e incluso al Banco Central.
Hasta ahora se sabe cada vez más de la actividad represiva de la DINA, pero este tipo de hallazgos indica que poco se sabe de las implicancias económicas del organismo. Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los hechos le significan dos conclusiones: "Ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creíamos y que la represión fue una acción de carácter institucional del Estado chileno".
Compleja red
La otra pregunta inmediata es de dónde sale el dinero que gastaba la DINA. Con tanto poder y acceso libre, el organismo va ampliando su campo de acción desde la inteligencia. Genera mecanismos de financiamiento paralelos para su oscuro accionar. Si bien su fuente primaria de dinero proviene de los gastos reservados del Estado, su autonomía de acción comienza a requerir acceso más directo a platas frescas.
El periodista Manuel Salazar señala que "gran parte del dinero se empleaba en pagar a informantes y colaboradores, que se contaban por miles y en todas las esferas del acontecer nacional. Otra parte se usaba para financiar las operaciones internacionales". Salazar afirma también que la DINA creó una compleja red de financiamiento, cuya verdadera magnitud hasta ahora no se conoce. "Tuvo numerosas empresas e interceptó importantes cantidades de dinero que venían desde el exterior para financiar a la resistencia chilena", explica.
La "cocina" paralela

La experiencia de otros organismos paramilitares de derecha o de entidades de seguridad de América Latina, permite especular a algunos investigadores que la DINA pudo haberse financiado también a través de vínculos con la comunidad cubana de Estados Unidos y con neo-fascistas italianos involucrados en el tráfico de drogas, fuente común para muchas operaciones encubiertas de las dictaduras del Cono Sur.
Según los periodistas estadounidenses John Dinges y Saul Landau (autores del libro "Asesinato en Washington", Pantheon Books, 1980), la DINA ofreció protección a narcotraficantes, recibiendo por ello pagos que fueron tanto al organismo chileno como al lobby cubano anticastrista.
Incluso una versión muy comentada en Estados Unidos, recogida en el mencionado libro, señala que tras el golpe, Pinochet envía a la DEA (Agencia Antidrogas del país del norte) un avión cargado de narcotraficantes. Luego de ello, Contreras toma los lugares de elaboración y puntos de embarque y se asocia con los cubanos anticastristas. Las enormes ganancias fueron a suplementar el presupuesto clandestino de la DINA.
Aunque el gas sarín se utilizó básicamente para asesinar enemigos políticos (como se investiga en las muertes del ex presidente Eduardo Frei y hasta con Pablo Neruda), el negocio químico de la DINA pareció tener rápidamente otras implicancias con vínculos narcos entre peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y uniformados latinoamericanos.
Eugenio Berríos, considerado uno de los mejores "cocineros" en estas lides, se encargaba de elaborar cocaína negra o rusa. Berríos fue un químico de gran importancia en la DINA, ya que se le considera pionero en el uso de varios de los mecanismos utilizados para eliminar opositores. Uno de ellos, y el más exitoso, es el sarín.
También cocaína
El químico Berríos habría formado parte de una potente red de tráfico de cocaína, que abastecía de drogas a Australia y Europa. Antecedentes periodísticos de Uruguay señalan que más de una vez se reunió en Buenos Aires y en Montevideo con narcos internacionales, bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya. En 1995 apareció muerto en extrañas circunstancias en la playa El Pinar de Uruguay.
Con todas estas aristas ¿es posible pensar en que este tipo de redes se hayan desactivado con la llegada de la democracia a los diversos países de América Latina? Manuel Salazar comenta: "Es muy probable que aún queden algunos vestigios de ellas. Existen antecedentes que indican que durante los años de la CNI se establecieron vínculos con organizaciones criminales de otros países dedicadas al narcotráfico y al comercio de armas, que aún subsisten".

Operación Cóndor
La ampliación más allá de las fronteras debe haber sido un pastel para la DINA, que probablemente sintió que Chile le quedó chico. De allí es que el organismo es uno de los principales promotores de la llamada Operación Cóndor o Plan Cóndor, que fue un trabajo de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las dictaduras del Cono Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador) en conjunto con la CIA.
Este particular acuerdo internacional constaba básicamente del seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas subversivas o simples enemigos. En el fondo, según explican diversos abogados a Cambio21, este plan se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, a través del cual se gestaron asesinatos y desapariciones de decenas de miles de opositores.
Operación Colombo

En ese contexto se enmarca la "Operación Colombo", en la que 119 personas fueron detenidas en Chile en 1974 y cuyo paradero aún se desconoce. En su mayoría eran jóvenes (incluso diez son menores de edad). Para ocultar sus desapariciones, se crea un montaje internacional a través de supuestos diarios en Argentina y Brasil en los que se publican listas con los nombres de los detenidos como si se tratara de una vendetta entre ellos en territorio trasandino.
A esas alturas, la DINA ya suma varias acciones en el exterior por iniciativa propia, organizando el crimen del general Carlos Prats en Argentina y el atentado a Bernardo Leighton en Italia. Pero no se detendría ahí. En una dinámica de poder absoluto, de nexos a los más altos niveles, este organismo de seguridad en un país alejado del mundo, llega a sentirse capaz de organizar y concretar un golpe grande en pleno corazón de Estados Unidos, atentando contra el ex canciller del gobierno de Allende, Orlando Letelier, en el centro de la capital estadounidense.
¿Es este crimen la máxima expresión de sensación de poder e impunidad que expresa la DINA en sus años de funcionamiento? El periodista Manuel Salazar reflexiona: "Las Fuerzas Armadas -inicialmente- y luego la DINA asumieron la tarea de exterminar el marxismo no sólo de Chile, sino que hasta donde sus brazos llegaran. El asesinato de Orlando Letelier, así como el del general Prats y el intento de matar a Leighton, entre otros atentados internacionales, expresan el afán de Pinochet y del coronel Contreras por encabezar esa lucha"…