Quintana Gonzalez Jose Manuel

El Tribunal Calificador de Elecciones confirmó la suspensión temporal de sus funciones del concejal de Coihueco, Manuel Quintana González, quien está procesado en primera instancia por el desaparecimiento del obrero agrícola José Cofré, ocurrido en septiembre de 1973.

El máximo tribunal, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, desestimó la apelación presentada por el concejal y ratificó la resolución del Tribunal Electoral Regional, que aplicó la medida mientras dura el proceso judicial que se lleva adelante en el Primer Juzgado Civil de Chillán.

Tras el pronunciamiento de la máxima instancia, se notificó de la resolución a la secretaria municipal de Coihueco, procediéndose al cumplimiento de la medida, que considera, además, la suspensión de los derechos de sufragio.

Quintana, quien había sido electo alcalde de Coihueco en 1992 para asumir un segundo período entre 1994 y 1996, resultó posteriormente electo como concejal, en los dos períodos siguientes, en 1996 y en 2000. Fue entonces, cuando el juez del Primer Juzgado Civil de Chillán, Jorge Quintana, quien investiga la detención y desaparecimiento del regidor de Coihueco, Carlos Montecinos y del obrero agrícola, José Cofré, sometió a proceso al ex concejal, por su presunta participación en el caso de éste último.

ACATAR LA LEY Conocido el fallo del Tribunal Electoral, el concejal Manuel Quintana aclaró que la resolución implica su suspensión temporal, lo que implica que no puede asistir a las sesiones del Concejo ni recibir remuneración en esta calidad. "La ley está hecha así y sólo me cabe acatar el fallo", indicó el concejal.

Consultado sobre el procesamiento, Quintana indicó que la investigación judicial se encuentra en etapa de sumario, por lo que esperará la ocasión que corresponda para realizar todos sus descargos, "ya que hasta el momento no hemos podido defendernos", precisó. El concejal afirmó que su lugar queda en buenas manos, en alusión a su reemplazante en el Concejo, Fernando Ferrada.

Por su parte, el alcalde de Coihueco, Fernando May, quien denunció el procesamiento de Quintana en el Tribunal Electoral Regional, sostuvo que la medida de suspensión es transitoria, hasta que la justicia resuelva definitivamente la situación procesal.

La autoridad comunal se reservó la opinión en torno a la participación del concejal en los hechos imputados en 1973, cuando al igual que hoy, era el jefe comunal, debido a que el tema continúa el carril judicial.

A cinco años y un día de cárcel, fue condenado en primera instancia el ex alcalde y concejal de Coihueco, José Manuel Quintana González, por la desaparición del trabajador agrícola José Lorenzo Cofré Obadilla, ocurrida el 28 de septiembre de 1973.

El fallo fue decretado por el juez del Primer Juzgado Civil de Chillán, Gonzalo Garay Burnas, quien condenó al ex edil “en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado”, aplicando una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de la inhabilitación perpetua para optar a cargos y oficios públicos así como la inhabilitación para ejercer “profesiones titulares” mientras dure la condena.

El juez condenó, además, a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio al ex carabinero Luis Fernando Romo, por la desaparición de Cofré Obadilla, así como también del regidor comunista de Coihueco, Carlos Roberto Montecinos Urra.

Paralelamente, el fallo condena a los dos imputados al pago de diez millones de pesos por concepto de indemnización por daño moral, a favor de las hijas de José Cofré, mientras que Luis Romo es condenado, además, a pagar la misma cantidad a la familia de Carlos Montecinos.

Satisfaccion de querellantes.

La condena del tribunal chillanejo provocó satisfacción entre las partes querellantes quienes calificaron el dictamen de “histórico”.

“Es la primera sentencia condenatoria por violación a los derechos humanos que se dicta en Chillán y es la primera que acoge la tesis del secuestro calificado”, explicó Juan Pablo Lagos, abogado querellante, en representación de las familias Montecinos Inzunza y Cofré Carrasco.

Defensa apelara.

Según trascendió en círculos judiciales, hasta ayer la defensa de ambos condenados apelará la resolución ante la Corte de Apelaciones de Chillán.

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó una nueva condena por violaciones a los derechos humanos contra un oficial en retiro de Carabineros, por dos casos de detenidos desaparecidos en septiembre de 1973 en la ciudad de Chillán, en la Octava Región.

En decisión unánime, los ministros Alberto Chaigeneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch desestimaron el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Fernando Romo Morales.

De esta manera, ratificaron la sentencia a cinco años y un día de presidio contra el ex oficial, a quien se lo responsabiliza por el secuestro de los campesinos Carlos Roberto Montecinos Urra y José Lorenzo Cofré Obadilla, detenidos el 27 y 28 de septiembre, respectivamente, en Coihueco.

Además, Romo Morales deberá cancelar una indemnización por daño moral de $ 10 millones a favor de tres hijas del segundo de las víctimas de la represión policial, ocurrida en la zona campesina de la Región del Bío-Bío.

La Corte de Apelaciones de Chillán, en diciembre de 2006, había rebajado la condena inicial del Juzgado de Letras de la ciudad, que había sentenciado a Romo Morales a diez años y un día de presidio; absolviendo además al ex alcalde y concejal de Coihueco Luis Manuel Quintana González, que inicialmente estaba sentenciado a cinco años y un día de reclusión.

A la época de los hechos, Montecinos Urra era regidor por Coihueco en representación del Partido Comunista; mientras que Obadilla era dirigente sindical de los tractoristas del Asentamiento "Montaña Bustamante".

Ambos eran padres de once y tres hijos, respectivamente, y se presentaron voluntariamente a la tenencia de Carabineros de Coihueco, luego de ser llamados en los bandos de la época.

Los antecedentes judiciales aseguran que Luis Fernando Romo Morales estaba a cargo del cuartel y habría participado directamente en la ejecución de los dos dirigentes del mundo rural.