Moreno Acevedo Danilo Alberto

Danilo MORENO ACEVEDO

El 19 de octubre de 1973 a la 01:.20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, cerca de Antofagasta, las siguientes personas:

                        –            Luis Eduardo ALANIZ ALVAREZ, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta.  Desde aquella localidad fue trasladado a la Cárcel de esta última ciudad, donde al parecer se le inició un proceso, acusado de poseer armas, el que no fue concluído.

                        –            Dinator Segundo AVILA ROCCO, de 32 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante socialista; quien fue detenido el 29 de septiembre en María Elena y trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta.

                        –            Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 años de edad, funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante socialista, quien se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde fue llevado a la Cárcel de esa ciudad.

                        –            Segundo Norton FLORES ANTIVILO, de 25 años de edad, asistente social de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en María Elena, militante socialista; detenido el 1º de octubre en su domicilio de María Elena, desde donde es trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de Antofagasta, posteriormente. 

                        –            Darío Armando GODOY MANSILLA, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista; detenido en Tocopilla y desde allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.

                        –            José Boerlindo GARCIA BERRIOS, de 66 años de edad, trabajador marítimo y dirigente sindical, militante comunista; detenido en Tocopilla el 12 de septiembre, llevado a la Comisaría de esa ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  En varias oportunidades, durante su detención, fue llevado junto a su hija a interrogatorios en Cerro Moreno.

                        –            Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ, de 25 años de edad, profesor, empleado de la industria de cementos INACESA, militante socialista; quien fue detenido el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares y llevado al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel Pública de esa misma ciudad. 

                        –            Danilo MORENO ACEVEDO, de 28 años de edad, chofer en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dirigente sindical, militante socialista; quien se presentó voluntariamente el 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público.  Permaneció allí, incomunicado, hasta el 15 de octubre, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública. 

                        –            Washington Radomil MUÑOZ DONOSO, de 35 años de edad, Interventor en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la Cárcel de esa ciudad.

                        –            Eugenio RUIZ – TAGLE ORREGO, de 26 años de edad, ingeniero, Gerente de la Industria INACESA, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público.  Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, cuando fue trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  La tortura a que fue sometido se relata en la parte general de este período. 

                        –            Héctor Mario SILVA IRIARTE, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO-Norte, ex-Regidor de Chañaral, Secretario Regional del Partido Socialista; quien viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia. 

                        –            Alexis VALENZUELA FLORES, de 29 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), Presidente del Sindicato de esa empresa y Tesorero de la Central Unica de Trabajadores CUT Regional, Regidor de Tocopilla, militante comunista; detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la Cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta.  Permaneció incomunicado durante toda su detención.

                        –            Marco Felipe DE LA VEGA RIVERA, de 46 años de edad, ingeniero, Alcalde de Tocopilla, militante comunista; detenido el 15 de Septiembre por efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros, llevado a la Comisaría de Tocopilla y el 15 de octubre, a la Cárcel de Antofagasta. 

                        –            Mario del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 años de edad, Gobernador de Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de Septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido a la Comisaría de Tocopilla, donde permanece hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  Durante el período de su detención permaneció incomunicado. 

                                    El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, señalándose que "las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno…".  El 24 de octubre apareció un segundo comunicado público que daba cuenta de las ejecuciones de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Nelson Cuello, indicándose que por "resolución de la Honorable Junta de Gobierno, el día 20 en la madrugada se procedió al fusilamiento de tres personas…", las ya indicadas.

                                    No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre. 

                                      Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra.  En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz-Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349-73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz-Tagle "su participación en el delito de malversación de caudales públicos…y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular.  Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973…  el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973".  En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que "su participación en estos actos se comprobó fehacientemente ".  En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar…En el proceso respectivo …  se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973". 

                                    Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida.  Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:

                        –            Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados.  Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.

                        –            La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluído en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno;

                        –            ue a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluír que este nunca existió;

                        –            Que, además, la primera versión acerca de la decisión de la Junta de Gobierno es coherente con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente en Antofagasta una comitiva militar procedente de Santiago con autoridad delegada precisamente de las más altas autoridades nacionales;

                        –            Que a este último respecto, las versiones que han entregado los protagonistas son contradictorias en cuanto a la procedencia de las órdenes de ejecución, pero ninguna alega que haya existido un Consejo de Guerra;

                        –            Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa;

                        –            ue, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago. 

Verdad

El 18 y 19 de octubre de 1973 la comitiva militar conocida como “Caravana de la Muerte”, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, pasó por la Región de Antofagasta. Dejó a su paso un total de 40 personas ejecutadas en las ciudades de Antofagasta y Calama. Dos de ellas, de la ciudad de Calama, continúan desaparecidas.

El 18 de octubre de 1973 la comitiva militar arribó a la ciudad de Antofagasta.

En una reunión del alto mando, se dispuso que 14 prisioneros políticos fueran retirados desde la Cárcel Pública de Antofagasta y trasladados al sector de la quebrada El Way, al lado sur de la ciudad, donde fueron fusilados durante la madrugada del 19 de octubre.

Más tarde, la comitiva arribó a la ciudad de Calama. Desde la cárcel local, 26 detenidos fueron vendados, amarrados y trasladados hacia el sector de Topater, en el camino entre Calama y Antofagasta, donde fueron fusilados.

Al día siguiente se informó por la prensa que los 26 detenidos murieron en manos del personal militar que los trasladaba a la Cárcel de Antofagasta, en un intento de fuga. Sus restos no fueron entregados a sus familiares.

Justicia

Siete oficiales del Ejército fueron condenados en diciembre de 2013 por la Corte Suprema como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio calificado de 14 víctimas en la ciudad de Antofagasta, el día 18 de octubre de 1973.

En mayo de 2020, ocho oficiales en retiro del Ejército fueron también condenados por la Corte de Apelaciones de Santiago como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio calificado respecto de las 26 personas fusiladas en la ciudad de Calama el día 19 de octubre de 1973.

No obstante la condena de los oficiales, en ambas sentencias las Cortes decidieron absolver a un ex-oficial por falta de participación y dictaron sobreseimiento definitivo respecto del general Sergio Arellano Stark por motivo de demencia.

Memoria

Desde 1975 los familiares de las personas asesinadas por la Caravana de la Muerte en la región comenzaron a organizarse, reuniéndose en dependencias de la Comisión de Derechos Humanos de Antofagasta.

Cada semana, los familiares se acercaban a buscar información actualizada sobre el avance de sus casos y el estado de sus familiares y amigos detenidos y exiliados. Este lugar se convirtió en un espacio de auxilio y de contención en tiempos de gran incertidumbre.

Los y las familiares comenzaron a visibilizarse por medio de la participación en marchas y actos públicos, exigiendo verdad y justicia. Así, se generó una red de organizaciones en torno al Arzobispado, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organizaciones de mujeres, estudiantes y gremiales, así como agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos de las ciudades de Antofagasta y Calama.

El 19 de octubre de 1975, en la Iglesia de San Francisco en Antofagasta, se realizó la primera misa en memoria de las personas asesinadas, gestionada por Isabel de la Vega, hermana de Marco Felipe de la Vega, una de las víctimas que era alcalde de Tocopilla. Desde entonces, cada 19 de octubre de cada año y hasta hoy, se realiza una misa en la Catedral de la ciudad de Antofagasta.

Asimismo, desde octubre de 2014, se conmemora el mes de la memoria y los derechos humanos, iniciativa de la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Antofagasta y Calama. Durante todo el mes, se realizan diversas actividades de conmemoración y promoción de los derechos humanos.

Adicionalmente, en la región existen varios sitios y memoriales que visibilizan lo ocurrido durante el paso de la Caravana de la Muerte por la región, como las ex cárceles de hombres de Antofagasta y de Calama, donde se pusieron placas de “sitio de memoria”. Se levantó el memorial “Frente a mi ausencia obligada, un legado invita a vivir”, ubicado en las afueras del Cementerio Municipal de Antofagasta. También se levantó el memorial “Plaza de los Derechos Humanos”, ubicado en quebrada Way, sector sur de Antofagasta, y el memorial “Parque para la preservación de la Memoria Histórica de Calama”, ubicado en el Km 15 del camino a San Pedro de Atacama.

Víctimas

ANTOFAGASTA:

• Luis Eduardo Alaniz Álvarez (23 años, estudiante, militante socialista)
• Dinator Segundo Ávila Rocco (32 años, empleado de SOQUIMICH, militante socialista)
• Guillermo Nelson Cuello Álvarez (30 años, funcionario CORFO, militante socialista)
• Segundo Norton Flores Antivilo (25 años, empleado SOQUIMICH, militante socislista)
• Darío Armando Godoy Mansilla (18 años, estudiante enseñanza media, militante socialista)
• José Boerlindo García Berrios (66 años, dirigente sindical, militante comunista)
• Miguel Hernán Manriquez Díaz (25 años, empleado INACESA, militante socialista)
• Danilo Moreno Acevedo (28 años, chofer CORFO, dirigente sindical y militante socialista)
• Washington Radomil Muños Donoso (35 años, interventor en CCU)
• Eugenio Ruiz Tagle Orrego (26 años, ingeniero INACESA, militante MAPU)
• Héctor Mario Silva Iriarte (38 años, Gerente CORFO, Secretario Regional del Partido Socialista)
• Alexis Valenzuela Flores (29 años, empleado SOQUIMICH, dirigente sindical y tesorero de la CUT, militante comunista)
• Marco Felipe de la Vega Rivera (46 años, Alcalde de Tocopilla, militante comunista)
• Mario del Carmen Arqueros Silva (45 años, Gobernador de Tocopilla, militante comunista).

CALAMA

• Mario Arguelles Toro (34 años, taxista, dirigente socialista)
• Carlos Berger Guralnik (30 años, Director de la radio El Loa y Jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata, militante comunista)
• Haroldo Cabrera Abarzúa (34 años, ingeniero, Subgerente de Chuquicamata, militante socialista)
• Carlos Alfredo Escobedo Caris (24 años, chofer en Chuquicamata, militante socialista)
• Daniel Garrido Muñoz (22 años, ex-funcionario del ejército)
• Luis Alberto Hernández Neira (32 años, empleado de Chuquicamata, militante comunista)
• Hernán Elizardo Moreno Villarroel (29 años, Secretario de la Gobernación de la Provincia de Loa, militante socialista)
• Luis Alfonso Moreno Villarorroel (30 años, obrero de Chuquicamata, militante socialista)
• David Miranda Luna (48 años, Subgerente en Chuquicamata, dirigente de la Confederación Minera, militante comunista)
• Rafael Enrique Pineda Ibacache (24 años, obrero de Chuquicamata, militante socialista)
• Carlos Alfonso Piñero Lucero (29 años, chofer de Chuquicamata, militante comunista)
• Fernando Roberto Ramírez Sánchez (26 años, profesor, militante socialista)
• Sergio Moisés Ramírez Espinoza (29 años, empleado)
• Alejandro Rodríguez Rodríguez (47 años, dirigente sindical en Chuquicamata, ex-Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, militante socialista)
• José Gregorio Saavedra González (18 años, dirigente estudiantil de enseñanza media, militante del MIR)
• Domingo Mamani López (41 años, obrero, Presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex), militante socialista)
• Jerónimo Carpanchi Choque (28 años, obrero de Enaex, militante socialista)
• Bernardino Cayo Cayo (43 años, obrero de Enaex, militante comunista)
• Luis Alberto Gahona Ochoa (28 años, obrero de Enaex, militante socialista)
• Manuel Hidalgo Rivas (23 años, obrero de Enaex, dirigente sindical, militante comunista)
• José Rolando Hoyos Salazar (38 años, obrero de Enaex, dirigente sindical, militante socialista)
• Rosario Aguid Muñoz Castillo (26 años, obrero de Enaex, militante socialista)
• Milton Alfredo Muñoz Muñoz (33 años, obrero de Enaex), militante socialista),
• Víctor Alfredo Ortega Cuevas (34 años, obrero de Enaex), militante socialista)
• Roberto Segundo Rojas Alcayaga (36 años, obrero de Enaex)
• Jorge Rubén Yueng Rojas (37 años, obrero de Enaex).