Lemus Muñoz Exequiel Alejandro

LEMUS MUÑOZ, EXEQUIEL ALEJANDRO: 17 años, soltero, aprendiz de mueblista, ejecutado el 2 de octubre de 1973 en Santiago.

CAMPOS GATICA, JUAN FERNANDO: 31 años, soltero, comerciante ambulante, ejecutado el 2 de octubre de 1973 en Santiago.

CANDIA ACEVEDO, MARIO ANGEL: 26 años, soltero, comerciante ambulante, ejecutado el 2 de octubre de l973 en Santiago.

PORTUGUEZ MAULEN, LUIS ANTONIO: 17 años, soltero, estudiante, ejecutado el 3 de octubre de 1973 en Santiago.

VILLARROEL RIVERA, LUIS ANTONIO: 19 años, soltero, comerciante ambulante, ejecutado el 3 de octubre de 1973 en Santiago.

Juan Fernando Campos Gatica, Mario Angel Candia Acevedo, Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, Luis Antonio Portuguez Maulén y Luis Antonio Villarroel Rivera murieron entre las 8:00 y las 23:00 horas, en la vía pública, por heridas de bala con salida de proyectil, según los Certificados Médicos de Defunción del Instituto Médico Legal.

De acuerdo con testimonios concordantes, fueron detenidos el 2 de octubre en sus respectivos domicilios ubicados en la población San Gregorio, en el curso de un operativo realizado por efectivos de Carabineros pertenecientes a la unidad policial del sector.

En el operativo también fue detenido y ejecutado Luis Humberto Muñoz Aguayo, cuyo caso fue calificado como víctima de violación de derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Familiares declararon que en el cuartel policial se les informó que los detenidos serían liberados en el transcurso del día. Sin embargo, al día siguiente fueron encontrados muertos en el Instituto Médico Legal.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Juan Fernando Campos Gatica, Mario Angel Candia Acevedo, Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, Luis Antonio Portuguez Maulen y Luis Antonio Villarroel Rivera fueron ejecutados al margen de proceso legal por agentes del Estado, mientras estaban detenidos. En consecuencia, los declaró víctimas de violación de derechos humanos

Héctor Osses (85 años), a cargo de la Subcomisaría de La Granja en dictadura, es buscado desde noviembre de 2021 por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el OS9 de Carabineros; hasta ahora sin éxito. Acumula un mínimo de 124 años de condena en 17 causas distintas, con tres sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema.

Jeremías Jara y Pedro Otárola venían saliendo de un partido de fútbol antes de entrar a su turno de trabajo cuando funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de La Granja, a cargo del capitán Héctor Osses Yáñez, los detuvieron ilegalmente. El mueblista Joaquín Montecinos se encontró con la patrulla de Carabineros en un inmueble, desde donde fue sacado a la fuerza. Víctor Maldonado, a sus 17 años, se encontraba en la casa de un amigo cuando policías de la Subcomisaría de La Granja lo secuestraron.

Todos eran vecinos de la población San Gregorio. Ninguno tenía militancia política. Todos serían ejecutados.

Corrían los últimos meses del año 1973, la dictadura de Augusto Pinochet comenzaba y, junto a ella, también lo hacía el legado de sangre del capitán Héctor Osses en la comuna de La Granja. 

La Corte Suprema ha ratificado condenas en contra del ex capitán Osses en todos estos crímenes. Sin embargo, Héctor Osses Yáñez, a sus 85 años, continúa libre.

Los secuestros y asesinatos de Jara, Otárola, Montecinos y Maldonado son verdades judiciales inapelables: la Corte Suprema ha ratificado condenas en contra del ex capitán Osses en todos estos crímenes, denunciados en querellas interpuestas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Sin embargo, Héctor Osses Yáñez, a sus 85 años, continúa libre.

Se busca

El 17 de noviembre de 2021, la ministra de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó la primera orden de aprehensión para el criminal de lesa humanidad por el secuestro y asesinato de Maldonado; instrucción que recayó en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). Seis días después dictó una segunda orden, esta vez al OS9, el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Otras dos órdenes para detener y hacer cumplir condena a Osses fueron despachadas en junio de 2022. A la fecha, 9 meses después de la primera, no ha habido éxito, sin conocerse su paradero. 

En los próximos días, una quinta orden de aprehensión (y quizás una sexta) será dictada por el ministro de la Corte de San Miguel, Carlos Farías; en quien recaen seis causas contra Osses por secuestro y homicidio. Una de éstas fue ratificada recientemente por la Suprema, el pasado 28 de junio; por lo que Farías ordenará a las policías apresar y hacer cumplir condena en la cárcel –si es que lo encuentran.

Fuentes conocedoras de las diligencias de la PDI y Carabineros indicaron a INTERFERENCIA que Osses Yáñez aún no es considerado “en rebeldía”, ya que las policías no han agotado todavía todas las labores de búsqueda.

Las condenas ratificadas por la Suprema

Son tres las condenas que se encuentran firmes, es decir, ratificadas por la Corte Suprema; y por las que el ex capitán de Carabineros debe cumplir un total de 23 años en la cárcel. Si a ese tiempo se le suman las otras 14 causas por las que ha sido condenado pero que no cuentan aún con la ratificación de la Suprema, Osses acumula al menos 124 años de prisión; según pudo constatar INTERFERENCIA mediante la revisión de sentencias disponibles en la página del Poder Judicial.

En todas las causas, Osses es apuntado como el responsable a nivel de mando, al estar a cargo de la Subcomisaría de La Granja al momento de los secuestros, pasando algunas de las víctimas a detención en el mismo recinto.

La abogada Andrea Gattini, del estudio Caucoto Abogados –firma especializada en derechos humanos que lleva la mayoría de las causas contra Osses– explicó a INTERFERENCIA el modus operandi de la unidad de Víctor Osses en la población San Gregorio, consistente en dos tipos de operaciones.

La primera eran operaciones rastrillo, "donde sacaban de sus casas a todos los hombres, incluso a veces menores de edad, y los llevaban a una cancha de fútbol donde se los catalogaba: los que tenían vinculación política, los que mantenían antecedentes penales y de quienes se mantenía sospecha". Incluso, según relata Gattini, "testigos dicen que los marcaban por la espalda para ver qué tipo de detenido era". Finalmente, los que quedaban fuera de estas tres categorías eran puestos en libertad, mientras los que eran marcados se transportaban a la comisaría para luego ser ejecutados en la madrugada. "Una verdadera razia social", acota la abogada de DD. HH.

La segunda manera era llegar directamente a las casas de vecinos de la población durante la madrugada y asesinarlos en la cercanía, relata Andrea Gattini. 

El ex teniente de Carabineros Aquiles Bustamante Oliva, segundo a cargo en la subcomisaría de La Granja, fue condenado junto a Osses por su responsabilidad en el crimen de Montecinos y de Maldonado. A diferencia de su superior jerárquico, Bustamante cumple condena en prisión desde hace siete meses.

En el caso de Jeremías Jara (21 años), Pedro Otárola (21 años) y otros tres jóvenes, detenidos a plena luz del día en un local luego de jugar un partido de fútbol, la unidad de Osses incluso falsificó el libro de guardia, consignando que fueron puestos en libertad cuando en realidad Jara y Otárola fueron fusilados; de acuerdo con el fallo de la ministra Cifuentes. Osses fue condenado a tres años en diciembre del 2021 por los hechos. (Revise acá el fallo de la Corte Suprema en la causa de Jara y Otárola).

Joaquín Montecinos (44 años), en tanto, sería ejecutado inmediatamente después de su detención. La defensa de Osses sostuvo que el ex capitán a cargo de la patrulla estuvo solamente ocupado de la alimentación de sus funcionarios, la incautación de vehículos y la fiscalización a los servicios que asignaba al teniente Aquiles Bustamante; sin enterarse de las acciones de sus hombres.

Al respecto, la ministra Cifuentes arriba a la siguiente conclusión: “resulta inverosímil que, estando de servicio en la unidad policial, acuartelado, el oficial encargado de ella no haya advertido lo que ocurría en su territorio jurisdiccional”.

La unidad de Osses incluso falsificó el libro de guardia, consignando que fueron puestos en libertad cuando en realidad Jara y Otárola fueron fusilados

Por este crimen, Héctor Osses fue condenado en octubre de 2021 a 10 años y un día de prisión. (Revise acá el fallo de la Suprema).

La condena por el secuestro de Víctor Maldonado (17 años) es la más reciente en ser ratificada por la Corte Suprema. El adolescente fue detenido ilegalmente y llevado a un sitio eriazo, donde falleció después de recibir un disparo en el tórax. Osses, una vez sea capturado por la policía, deberá cumplir diez años y un día de condena según la ratificación del fallo en junio de este año. (Revise acá el fallo de la Suprema).

Al menos 124 años de cárcel 

A los 23 años de condena que definitivamente le esperan a Héctor Osses Yáñez se suman una decena de sentencias más que se encuentran siendo evaluadas por la Corte Suprema, contando ya con fallos condenatorios por parte de la Corte de Apelaciones.

Héctor Osses fue condenado por más crímenes, a los que esta redacción no pudo acceder para la publicación de este artículo, y que podrían elevar sustancialmente su ya extenso tiempo a cumplir en la cárcel.

Los asesinatos de Mario Candia Acevedo, Luis Humberto Muñoz Aguayo y Luis Villarroel (con una condena de 16 años de cárcel); de Juan Fernando Campos Gatica (5 años); de Carlos Segundo Araya Fuentes, su hermano Óscar Emilio y Manuel Antonio Valencia Norambuena 16 años); de Exequiel Alejandro Lemus Muñoz (10 años); de Juan Humberto Francisco Hernández Guajardo (10 años); de Héctor Andrés Queglas Maturana y Luis Eugenio Morales Muñoz (condenado a 16 años); de Víctor Segundo Benítez Ortega (condenado a 10 años); y de Juan Jorge Gallardo Núñez (18 años) elevan la pena de cárcel para Osses, al menos, a 124 años.

Héctor Osses ha sido condenado por otras causas a los que esta redacción no pudo acceder para la publicación de este artículo, y que podrían elevar sustancialmente su ya extenso tiempo a cumplir en la cárcel.

Esto último, claro está, si lo encuentran

por Diego Ortiz

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

La tarde de ayer la página de prensa del poder judicial dio a conocer la captura y orden de ingreso a centro penitenciario del criminal Héctor Fernando Osses Yáñez, ex oficial de Carabineros, jubilado con el grado de teniente coronel, que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2021.

El individuo está condenado en diversas causas de derechos humanos que sustancia la ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y procesado en otras tantas, referidas a delitos de lesa humanidad cometidos por el ex oficial en acciones represivas llevadas a cabo contra la población civil desde el golpe militar en adelante en la comuna de La Granja y otros lugares de la zona sur de Santiago.

En horas de la tarde de ayer, Osses Yáñez fue detenido por un equipo especial del OS9 de Carabineros, creado especialmente para ese propósito. Luego de la captura del individuo, la ministra Marianela Cifuentes dio orden de ingreso del condenado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco.

El ex oficial Osses Yáñez deberá comenzar a cumplir la condena de 15 años y un día de presidio en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado, en grado consumado, cometidos en contra de Sergio Orlando Candia Salinas, de 28 años de edad, Carlos Octavio Chamorro Salinas, de 18 años, Miguel Ángel Ponce Contreras, de 18 años, y Jaime Alberto Veas Salinas, de 21 años de edad, asesinados el día 20 de octubre de 1973. Además, de la pena de 3 años y un día de presidio en calidad de autor de los delitos de secuestro simple, en grado consumado, cometidos en contra de las mismas víctimas.

A ello suma la pena de 10 años y un día de presidio en calidad de autor del delito de homicidio calificado, en grado consumado, cometido en contra de Joaquín Segundo Montecinos Rojas, de 44 años, en octubre de 1973, más la pena de 61 días de presidio en calidad de autor del delito de secuestro simple, en grado consumado, cometido en contra de la misma víctima.

Finalmente, deberá purgar 3 años de presidio menor en calidad de autor del delito de secuestro simple, cometido en contra de Jeremías Noé Jara Valenzuela, de 21 años de edad, a contar del 19 de octubre de 1973. 

Todos estos crímenes fueron perpetrados en la comuna de La Granja entre septiembre y octubre de 1973. En la época, el criminal Héctor Osses Yáñez ejercía como jefe de la Subcomisaría de La Granja, con el grado de capitán de Carabineros, secundado por otrora teniente Aquiles Bustamante Oliva, también condenado en las causas judiciales junto al capturado Osses.

Además, el condenado ex oficial Osses Yáñez, se encuentra con condena de primera instancia en calidad de autor en una serie de otros casos de crímenes de lesa humanidad. Entre otros:

A 17 años de presidio por los homicidios calificados de Enrique Hernán Arce González, de 31 años de edad, Juan Miguel Córdoba Yáñez, de 38 años, Florentino del Carmen Espinoza Medel, de 27 años, Carlos Julio Salfate Salfate, de 28 años, Luis Alberto Sánchez Mejías, de 21 años, Patricio Santander Alfaro, de 21 años, Julio Valenzuela Valenzuela, de 18 años, y Carlos Eduardo Zuloaga Orellana, de 18 años, todos asesinados en octubre de 1973, más 4 años de presidio por secuestro.

A 10 años de presidio por el secuestro calificado de Víctor Segundo Benítez Ortega.

A 16 años de presidio por el secuestro calificado de Mario Ángel Candia Acevedo, de 26 años, Luis Humberto Muñoz Aguayo, de 25 años, y Luis Antonio Villarroel Rivera, de 19 años.

A 10 años de presidio por el secuestro del menor Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, de 17 años de edad.

A 16 años de presidio por los homicidios calificados de Héctor Andrés Queglas Maturana, de 21 años, y de Luis Eugenio Morales Muñoz, de 27 años de edad.

Todavía no se conocen novedades respecto de otra serie de criminales prófugos que, haciendo abuso del beneficio de libertad provisional durante la tramitación de los procesos judiciales, que le han otorgado los tribunales, proceden a escaparse del alcance de la ley y evaden la justicia. Entre estos, además del recién capturado Osses Yáñez, se encuentran el también ex oficial de Carabineros Rubén Arnoldo Morales López, los ex oficiales de Ejército Jorge Octavio Vargas Bories y Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, los ex suboficiales Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Víctor Manuel Álvarez Droguett, y el ex conscripto (a la época de los delitos) Juan Dionisio Opazo Vera; el ex oficial de la Armada Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo y el suboficial José Miguel Meza Serrano, y el civil Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario de la provincia de Los Ángeles condenado por los crímenes cometidos en la comuna de Santa Bárbara.