Cárcamo Navarro Dagoberto Segundo

Dagoberto Segundo CARCAMO NAVARRO

El 18 de octubre de 1973, fueron muertos en el camino entre Puerto Montt y Pelluco, las siguientes personas, todas sin militancia política:

                         –            José René ARGEL MARILICAN, 33 años;

                          –            Adolfo Omar ARISMENDI PEREZ, 19 años, estudiante;

                          –            Dagoberto Segundo CARCAMO NAVARRO, 20 años, obrero;

                          –            Carlos MANSILLA COÑUECAR, 20 años, boxeador;

                          –            Jorge MELIPILLAN AROS, 40 años; y

                          –            José Armando ÑANCUMAN MALDONADO, 20 años, obrero.

                                      Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Llanquihue y Chiloé, que consta en el Bando Nº 46, una patrulla de Carabineros sorprendió, en el camino entre Puerto Montt y el balneario de Pelluco, a seis individuos "quienes al intimárseles detención, no obedecieron la orden y por el contrario trataron de agredir al personal policial, al tiempo que lo injuriaban y amenazaban.  Por tal motivo, y acorde con las disposiciones vigentes, dichos individuos, cuyos nombres han sido dado a la publicidad, fueron eliminados en el mismo lugar.  Posteriormente se constató que la totalidad de éstos eran delincuentes habituales con nutrido prontuario penal".

                                    A pesar de ser presentadas las muertes como ocurridas a raíz de un intento de agresión a las fuerzas policiales, la Comisión se formó convicción que en el caso existió una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado que ejecutaron a los afectados al margen de toda legalidad; en mérito de las siguientes circunstancias:

                         –            El que se haya podido verificar que varias de las víctimas estaban previamente detenidas en la Tenencia Antonio Varas, de Puerto Montt, por lo cual no resulta verosímil el hecho que estuvieran deambulando por las calles, en horas de toque de queda;

                        –            La muerte inmediata de todos los afectados, en condiciones que estaban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar en horas de toque de queda;

                        –            Existencia de testimonios que acreditan que no se trató de una agresión a personal policial, sino de una ejecución;

                        –            Los antecedentes recogidos de propios funcionarios policiales que permiten llegar a la convicción que se trató de una ejecución;

Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancumán Maldonado y Adolfo Omar Arismendi Pérez, fueron ejecutados el 18 de octubre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 29.534-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– acogió el recurso de casación deducido en contra de la sentencia que dio lugar a la excepción de la media prescripción, la que desestimó.

La Corte Suprema condenó al suboficial en retiro de Carabineros Isidoro Miguel Azócar Andrade a la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancumán Maldonado y Adolfo Omar Arismendi Pérez, ejecutados en el camino entre Puerto Montt y Pelluco, el 18 de octubre de 1973.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, condenó al carabinero en retiro, Isidoro Miguel Azócar Andrade a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de seis homicidios calificados.
Azócar fue sindicado como autor material de las muertes de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro; José René Argel Marilicán; Adolfo Omar Arismendi Pérez; Jorge Melipillán Aros; José Armando Ñancumán Maldonado y Carlos Mansilla Coñuecar, ilícitos perpetrados el 18 de octubre de 1973, en Puerto Montt.
En la investigación, el ministro estableció que en horas de la madrugada del 18 de octubre de 1973 bajo la vigencia del toque de queda, una patrulla de funcionarios de dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, sacó de esa unidad policial a los seis hombres que permanecían allí detenidos, trasladándolos en vehículos hacia el camino a Pelluco.
En el lugar, los hicieron descender del móvil y bajo la orden del capitán Miguel Onofre Vidal Vidal, les dispararon provocándoles heridas, en el cráneo, rostro, tórax o abdomen, que les provocaron la muerte. Luego recogieron los cadáveres y los llevaron a la morgue de Puerto Montt.
El hecho fue comunicado por el Bando Militar N°46 de fecha 18 de Octubre de 1973, señalando que "una patrulla de Carabineros sorprendió en el camino entre Puerto Montt y el balneario de Pelluco a seis individuos, quienes, al intimárseles detención, no obedecieron la orden y por el contrario, trataron de agredir al personal policial, al tiempo que los injuriaban y amenazaban, por tal motivo y acorde con las disposiciones vigentes, dichos individuos, cuyos nombres han sido dados a la publicidad, fueron eliminados en el mismo lugar".
Además, en el bando se identificó como delincuentes, con nutrido prontuario penal, a las víctimas.

El fallo condenó al fisco a pagar una indemnización total de 120 millones de pesos por el daño moral a las familias de los fallecido.

Este acto representa un paso importante para la preservación de la memoria histórica y la promoción de los Derechos Humanos en la Región de Los Lagos y en todo Chile.

Con la presencia de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, este jueves 13 de julio se llevó a cabo el acto de declaratoria de Monumento Nacional del Sitio de Memoria Egaña 60, en la Puerto Montt, que durante la dictadura civil-militar funcionó como lugar de detención, interrogatorios y torturas asociadas a la represión política.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la ex Prefectura de la Policía de Investigaciones de Chile, donde estuvieron presentes la secretaria regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Lagos, Cristina Añasco; el presidente de La Corporación Egaña 60, René Droppelmann; y el director (S) de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), Felipe León.

La declaratoria en la categoría de Monumento Histórico fue publicada en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2023 y se fundamenta en los valores patrimoniales del lugar y su significado en términos de memoria y Derechos Humanos, según el Consejo de Monumentos Nacionales.

Felipe León, director regional (S) del Serpat, afirmó que "la declaratoria de este edificio como Monumento Nacional marca un hito importante en la preservación de nuestra memoria histórica y la promoción de los Derechos Humanos en la Región de Los Lagos y en Chile. Creemos que al garantizar su preservación a lo largo del tiempo, se fortalecerá la protección, promoción y educación en materia de Derechos Humanos, fomentando el respeto a la democracia y avanzando hacia la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

Cabe destacar que la ex Prefectura de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt fue el principal centro de detención y tortura de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena (Los Lagos) entre 1973 y 1975. Las violaciones a los derechos Humanos cometidas en su interior fueron documentadas en el Informe Valech, donde se describen horrores como la falta de luz, condiciones de hacinamiento, torturas físicas y sexuales, entre otros abusos. Además, existen 9 causas judiciales relacionadas con este lugar.

El principal espacio donde las víctimas sufrieron la prisión política fue en las celdas del subterráneo del cuartel. Testimonios de ex funcionarios de Investigaciones han detallado que el zócalo tenía una capacidad para confinar a un máximo de cuarenta personas, pero llegó a albergar a más de 200 detenidos. Los prisioneros que tuvieron un papel destacado en el gobierno de la Unidad Popular o que eran dirigentes políticos fueron mantenidos en celdas individuales y aisladas.

Habilitación y resignificación

Desde 2009, el edificio ubicado en la calle Egaña 60 se encontraba en desuso y en progresivo estado de abandono. Por ello, entre 2016 y 2017 se desarrolló un proyecto de habilitación del edificio para transformarlo en un espacio que permita realizar actividades y programas que promuevan la reflexión sobre el pasado reciente del país y valoren los derechos fundamentales.

El anteproyecto propuesto contempla la creación de un Museo de Sitio en los niveles -1, 1 y 2, que incluirá salas de exposición permanente, sala de documentación, sala de uso múltiple y servicios generales. Para el nivel 3, se planea una sala de exposiciones temporales, guardería y kitchenette. Finalmente, el nivel 4 albergará las oficinas de administración, un área de trabajo colaborativo y una sala de reuniones.

El modelo de gestión propuesto considera a la Corporación de Derechos Humanos Egaña 60 como administradora del inmueble, con una concesión gratuita otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Con la presencia de familiares de detenidos y ejecutados políticos de la comuna de Llanquihue, la Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, junto a las seremis de las Culturas y Agricultura, organizaciones sociales, el municipio y parte del Gabinete Regional, conmemoraron a las víctimas del Golpe de Estado en Chile. 

El hito “Árboles por la Memoria” es una iniciativa del Gobierno de Chile que busca recordar a las víctimas de la dictadura con árboles nativos plantados a lo largo de Chile, y que simbolizan la importancia de cultivar la memoria.

La Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, explicó se plantarán árboles nativos en sitios de memoria y espacios, tanto públicos como privados, como recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura en nuestra región. “Buscamos que estos árboles sean nuestro recordatorio vivo del compromiso que asumimos como Gobierno de fortalecer la democracia para el futuro”, explicó la representante del Presidente Boric en la región. 

En tanto la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destacó el trabajo de las organizaciones civiles en el fortalecimiento de la democracia. “Nuestro país necesita cuidar su democracia y a los 50 años del Golpe Militar sabemos que aún es débil esa democracia. Agradecemos a las agrupaciones que se organizan y generan acciones culturales artísticas y de memoria como estas”, agregó Cristina Añasco. 

En la actividad participaron presentantes de la Asociación Indígena Trafún Suyai, Centro Juvenil Newen ko, Colectivo el sur es poblacional y Agrupación Cultural Madre Tierra, quienes valoraron el hito en memoria de las víctimas. “Este es un homenaje para aquellas personas que sufrieron y para aquellos que ya no están. Plantar árboles es plantar vida, amor y recuerdos. Tenemos vecinos y vecinas que fueron afectados y por eso estamos acá”, comentó Sergio Vera de la agrupación Madre Tierra. 

Según explicó la Seremi de Agricultura, Tania Salas, estos 50 arbustos de Ciruelillo, Notro, Maitén y Ulmo, aportarán a la resiliencia y memoria de estos lugares. “Arboles por la Memoria es una iniciativa del Ministerio de Agricultura a través de CONAF que busca dejar un símbolo de vida y democracia, para aportar a la resiliencia en lugares donde hubo violaciones a los derechos humanos. Esperamos que estos árboles sean un recordatorio vivo sobre la importancia de cuidar la democracia y el interés de poner lo humano por delante de todos los otros intereses”, explicó.