Álvarez Castillo Fernando

“No se puede olvidar la barbarie que se inició con la dictadura militar el 11 de septiembre de 1973. No queremos que se repitan episodios históricos como este en nuestro país”, dijo ayer el secretario regional del PC, Iván Quintana, en el frontis de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, en una de las simbólicas actividades que el partido realizó para lo no olvidar las atrocidades cometidas tras el Golpe de Estado. En el lugar, como es habitual en esta fecha, la colectividad recordó al ex intendente de la provincia de Concepción, Fernando Álvarez Castillo, quien “fue torturado y asesinado en esta comisaría”, recordó Quintana.

Los militantes, un poco más de treinta, portaron pancartas alusivas a las muertes y víctimas generadas por la dictadura del general Pinochet (“200 mil exiliados”, “3.227 ejecutados”, “de 28 mil torturados desconocidos”, entre otras). “Traemos una ofrenda floral a Fernando Álvarez, pero esto es un homenaje a todos nuestros compañeros asesinados y caídos en la lucha contra la dictadura”, sostuvo.

Quintana también se refirió a quienes insisten en manifestar que Chile se salvó de ser Cuba o, actualmente, Venezuela. “Esos son los Bolsonaros que tenemos en Chile. Y el criterio de ese caballero es bastante discutible, pues sigue manteniendo tesis que no se condicen con las democracias, que pensamos, deben desarrollarse en América latina”, sostuvo.

El 8 de noviembre de 1973 fallece en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, Fernando ALVAREZ CASTILLO, 40 años, egresado de Derecho, Intendente de la provincia de Concepción y militante del Partido Comunista.  Fue detenido el 11 de Septiembre de 1973 por carabineros, trasladado a la Base Naval de Talcahuano y posteriormente a la isla Quiriquina.  Alvarez y otros tres detenidos fueron trasladados por Carabineros desde la isla a la Cuarta Comisaría de Concepción el 5 de Noviembre de 1973.  En ese recinto está acreditado que fue sometido a torturas , falleciendo el 8 del mismo mes, como consecuencia de haber sufrido la perforación de un pulmón, según lo indicó un médico que lo asistió en el recinto policial.  El certificado de defunción señala como causa de muerte, "hemotórax izquierdo".  La información oficial dada por el Departamento de Relaciones Públicas de la III División de Ejército señala que la muerte acaeció en forma repentina a consecuencia de una crisis cardiovascular. 

                     A esta Comisión le asiste la convicción que la muerte de Fernando Alvarez constituye una violación al derecho a la vida de responsabilidad de agentes del Estado.  Se funda esta convicción en que el afectado estaba detenido desde hacía un mes, que el resultado de la autopsia concluye que sufrió heridas que no se explican sino por la aplicación de tormentos y que hay testimonios confiables que supieron de su muerte durante los interrogatorios. 

En vísperas de cumplirse 39 años de la muerte de Fernando Álvarez, su viuda Adriana Ramírez sólo quiere saber quién, cómo y por qué ejecutaron a su esposo el 8 de noviembre de 1973. Por sus tres “angelitos”, cuenta hoy la químico farmacéutico y ex docente de la U. de Concepción debió sobreponerse y revela que en la caja fuerte de la Intendencia, Álvarez guardaba el nombre del real autor de la muerte del cabo Aroca. El documento lo rescató la patrulla de Carabineros que se adelantó a detenerlo en su casa el 11 de septiembre del ’73. El general (r) Washington Carrasco y seis oficiales de Carabineros (r) han testificado por esta causa de derechos humanos.

En un departamento sencillo con vista al cerro Caracol, con su mecedora, su colección de botellas azules y café y piezas de artesanía de la tierra de Hugo Chávez vive su soledad Adriana Ramírez Núñez, la viuda del último intendente de Salvador Allende en Concepción, Fernando Álvarez Castillo. Desde lo alto se escucha el bullicio de niños en recreo; hay ruido en la calle, pero al interior de ese hogar -donde guarda las ánforas de cobre con las cenizas de sus padres y del marido- el sosiego es total.
Hecha las presentaciones de rigor, ella -con mirada penetrante e inquisitiva- parece preguntarse: ¿Hablo o no hablo? No le gustan las entrevistas, pero la llegada de Marcela, la hija menor, la anima. Y dice que ella fue la única de los tres hijos que protestó cuando les comunicó el asesinato del padre: “¿Por qué? ¿por qué?” –corcoveó-. Alertada por el timbre que sonó a las 7.25 horas del 11 de septiembre de 1973 en Freire 1899, en Concepción, y las voces que llegaban desde el primer piso, bajó algunos peldaños y alcanzó a ver al padre poniéndose el pantalón sobre el pijama . ¡Váyase para arriba!, le ordenó un carabinero de civil y la niña regresó a su pieza y se quedó allí hecha un ovillo, quieta, muda, esperando. Tenía 9 años.
Treinta y nueve años viuda cumplirá el próximo 8 de noviembre esta químico farmacéutico y ex docente de la U. de Concepción jubilada y quien sigue traqueteando tan alta como un peral a sus 78 años. Su porte -más bien bajo- nada dice de la fuerza que tienen sus palabras cuando en medio de la entrevista aclara: “Soy una mujer aterrizada, muy práctica y eso le cae mal a la gente. Yo pensé más en mis hijos que en el que se fue y no podía arriesgarme a perder mi fuente de ingresos en la U. de Concepción, tenía que alimentar a mis tres angelitos”. Y se dedicó a su trabajo y a la crianza de los hijos, el mayor de 15 años.
Adriana nunca participó activamente en agrupaciones de derechos humanos y si bien es militante PC y tras el golpe sentía que “yo tenía la peste” -como grafica el estigma que cayó sobre todos los sobrevivientes de la ex Unidad Popular durante el gobierno militar-, en el Instituto de Química donde trabajó siempre hubo solidaridad, empezando por el ex decano Germán Acuña- padre del doctor DC Germán Acuña Gamé- el subdirector Sergio Quadri, docentes y administrativos. Sus colegas -dice- fueron “excepcionales”.
Y excepcional considera también que ha sido la investigación que lleva adelante el ministro Carlos Aldana, en la causa rol 31-2010, por el delito de asociación ilícita y homicidio de Fernando Álvarez en la que es querellante. También es querellante por el Estado, en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos reiterados de “secuestro y homicidio calificado, consumados” cometidos en perjuicio de Fernando Álvarez Castillo, sancionados en los artículos 141 y 391 del Código Penal, respectivamente, en relación con el artículo 3° común de las Convenciones de Ginebra de 1949, y quien fuera calificada como víctima de violación de derechos humanos en calidad de DD por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney.
 

¿Qué espera usted de las indagaciones que está haciendo el ministro Aldana?
“Que los asesinos me digan por qué y cómo lo mataron y quién dio la orden. Es todo lo que quiero saber; no estoy pidiendo indemnizaciones ni nada de eso. A él lo trataron como un delincuente desde que lo detuvieron. De todos ellos conozco los apellidos, pero no las caras. Quiero saber cómo es un criminal que golpea a otra persona hasta morir, llámese como se llame y de la rama que sea”, precisa la viuda.
En la causa están siendo investigados por su presunta responsabilidad el general (r) Washington Carrasco y los oficiales de Carabineros en retiro Benjamín Bustos, ex Prefecto de Concepción; Fernando Pinares, ex comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros (hoy Primera Comisaría), los capitanes Sergio Arévalo Cid y Alex Graft y el teniente Roberto Ricotti, todos integrantes de la comisión civil de la época que posteriormente pasó a ser el Sicar, organismo de inteligencia de Carabineros que dependía del sub prefecto de los servicios Fernando Poo, hoy fallecido; Luis Ortiz Lorenzo, jefe del E-2 (Inteligencia militar), también fallecido, y dos o tres involucrados más que intervinieron en los interrogatorios a Álvarez y a otros presos políticos por el hallazgo de armas, crimen del cabo Exequiel Aroca y el famoso Plan Zeta -que no logró articularse en la época- y que presuntamente estaba orientado y dirigido a terminar con algunos militares, jueces y gente vinculada a la Derecha.

Las AKA rusas

Desde su detención y una permanencia de poco más de un mes en la Isla Quiriquina, en calidad de custodio por la Armada, la ex autoridad fue trasladada el 5 de noviembre de 1973 -junto al doctor Jorge Peña Delgado y al profesor Eliecer Carrasco- a las dependencias de Salas 329, para ser interrogados por la Comisión Civil de Carabineros y el E-2. Un cuarto integrante del grupo, el ex presidente del Banco Concepción, Ozren Agnic, fue llevado al Estadio Regional.
El interrogatorio fue ordenado por el ex comandante en jefe de la III División de Ejército, general (r) Washington Carrasco -según él mismo reconoce también en autos- tras el hallazgo de 10 ametralladoras rusas, marca AKA con munición que fueron encontradas en Lota. En las indagaciones habrían participado de manera directa los capitanes Arévalo y Graft, aunque éstos declararon ante los tribunales que sólo presenciaron en calidad de observadores el interrogatorio de los dos militares -un suboficial y un cabo- que se constituyeron en la Cuarta Comisaría en la tarde del 7 de noviembre.
Y aunque en la época, la muerte de Álvarez se atribuyó según la versión oficial a un paro cardiorrespiratorio -como dan cuenta también los diarios El SUR y Diario Color- el ex intendente murió a consecuencia de un hemotórax, un golpe seco en el lado izquierdo de su cuerpo que le produjo la ruptura de vasos sanguíneos en el pulmón y lo llenó de líquido. Tres informes de autopsia coinciden en su apreciación.
Temprano, el 8 de noviembre, Álvarez fue hallado sin vida en su calabozo del segundo piso de Salas 329; no hay certeza de la hora del deceso, pero sí del momento en que terminó el interrogatorio: a las 19 horas, aunque su esposa sospecha que murió poco antes de la medianoche: “Yo estaba aquí, en este misma mesa jugando un solitario, y sentí un corte en mi cabeza, como que algo se detuvo. Mataron a Fernando, pensé. Era un día miércoles en la noche y lo andábamos buscando desde el lunes 5. Le dije a Julio, un primo que me acompañaba, que nos fuéramos a dormir; que al día siguiente nos esperaba mucho trabajo”.
Cuenta que -alertada del traslado de su esposo desde la Quiriquina a Concepción el día 5- había pedido audiencia y al día siguiente de vivir esa “sensación”, hacía antesala en la III División de Ejército para hablar con el jefe de servicio de inteligencia militar, cuando dos detectives llegaron a buscarla y la trasladaron hasta el Instituto Médico Legal para reconocer el cuerpo y certificar su identidad.
Esa misma noche, el general Carrasco la llamó por teléfono y le daba el pésame en nombre de las Fuerzas Armadas -“lo sentí como una burla, dice”-, y en una entrevista posterior, reconocía que lo había hecho interrogar por una presunta internación de armas en forma ilegal y el Plan Zeta.
En esa oportunidad, “él dijo que nunca pensó que el interrogatorio iba a ser tan duro y que Fernando no lo resistiría y tal como eran nuestros deseos, puso a nuestra disposición un avión para trasladar e incinerar el cuerpo en Santiago”.
A ella, agrega, sólo la autorizaron a mirar el cadáver, pero observó las yemas de sus dedos ennegrecidas y dos huellas visibles en el rostro producto de golpes, lo que le indica que le habrían aplicado electricidad. Sabe -añade- que se habría roto un acuerdo entre el Ejército y Carabineros, ya que fueron estos últimos quienes se adelantaron a detenerlo en su casa; y aquello ocurrió por “el conocimiento que Fernando tenía acerca del responsable de la muerte del cabo Aroca, quien había sido baleado por un desconocido frente a la sede del PS. Fernando fue asesinado por agentes del Estado sin que tuviera la responsabilidad en delitos de tráfico de armas o en el llamado Plan Zeta”.
Usted declaró también que antes de ser llevado a la Quiriquina, Carabineros condujo a su esposo a la Intendencia y les entregó un documento que tenía en la caja fuerte ¿sabe usted de qué se trataba?
Soy la única que sabe de ese documento, porque Fernando me lo mostró. Era un papel, una hoja, y ahí estaba el nombre del real asesino del cabo Aroca.
¿Y por qué no lo llevó a Tribunales?
No tuvo tiempo; eso fue poco antes del 11 de septiembre. En esos días, no sé si recuerda, todos andábamos corriendo por diferentes actividades. Sabíamos que venía el Golpe además.
¿Y a quién se mencionaba en el papel?
No lo leí. Incluso me ofrecí a guardarlo, pero Fernando optó por dejarlo en la caja fuerte de la Intendencia. No puedo probar que exista el documento, pero Fernando me lo mostró y me dijo a mí que había sido un oficial de Carabineros”.
 

¿Por eso, cree, fue el apuro de Carabineros en detenerlo y hacerse del papel?
“Ellos se adelantaron. Washington Carrasco, en la entrevista que tuvimos, dijo que el acuerdo entre las tres ramas que había en Concepción era que el Ejército se haría cargo del intendente. Esas fueron sus palabras; y que Carabineros se adelantó y él no sabía por qué”.

Crimen en Castellón 46

El cabo Exequiel Aroca Cuevas (39, casado, padre de cuatro hijos) fue asesinado el 30 de agosto de 1972 frente a la sede del PS, en Castellón 46, en Concepción, al término de una marcha de partidarios y de opositores al gobierno de Allende, cuando la policía llegó en dos buses para atender reclamos de vecinos que se quejaban por los piedrazos a sus casas, mientras había “caceroleo” en el sector.
Esa noche, alrededor de las 22.30 horas, un testigo, identificado como Julio Schindler, que se dirigía a su casa, en el barrio universitario, se topó a boca de jarro con la escena y trasladó al carabinero herido de muerte al Hospital Regional. En plena ex Unidad Popular se vivía -según Schindler- el resultado de una suerte de conjura: producir un muerto para cambiar la correlación de fuerzas políticas del momento y en el que se habrían involucrado algunos oficiales de Carabineros.
Once meses después se producía el golpe militar y por ese crimen sólo respondía el “guerrillero” Héctor Figueroa Yáñez. “¡Yo no disparé desde el techo del PS!”, dijo en su momento a esta periodista desde Noruega, donde hoy vive, el condenado a 9 años de prisión por sentencia militar del delito de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte.
Y agregaba en una publicación de El Sur, de agosto de 2007: “Yo sé que había gente nuestra arriba (en el techo de la sede del PS); se disparó con botellas vacías. De otros techos de más atrás, le dispararon a la gente nuestra y suponemos que es gente de Patria y Libertad. Si el fiscal que me condenó hubiese querido saber la verdad, lo habría conseguido, pero no actuó de la forma más correcta; me obligaron a firmar una declaración a lo que es golpes”. En la misma publicación, Figueroa admitía que había armas en la sede del PS: “Sí, si había algo para proteger al gobierno de Allende, pero pertenecían a un círculo muy restringido”.
La muerte del cabo Aroca causó tal revuelo en una zona y un país tan polarizado como estaba Chile en 1973, que una comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de conocer una acusación constitucional presentada por el PDC en la época, destituyó al intendente Wladimir Chávez. Con ese asesinato -como corolario- lo acusaron de haber violado claras disposiciones constitucionales en lo relativo al otorgamiento de permisos para concentraciones públicas.
En ese contexto, en octubre del ‘72 asumía el cargo Fernando Álvarez Castillo y se convertía en el tercer intendente de Allende en Concepción después de Egidio Contreras y Waldimir Chávez con períodos de suplencia de Gilberto Grandón.

Testimonios de los involucrados

En autos, el ex jefe de la Sicar, Sergio Arévalo, declara que a raíz de denuncias en la época encontraron 10 ametralladoras AKA en Lota y el general Washington Carrasco dispuso que el jefe de inteligencia de la III División enviara funcionarios del Ejército a interrogar a Álvarez con todos los elementos. En ese contexto, a principios de noviembre, lo trajeron desde la Quiriquina hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros . Una vez allí, se habilitó un lugar para interrogarlo a él y al doctor Peña Delgado. Ninguno -dice- tenía información de las armas y ninguno de ellos fue sometido a apremios ilegítimos. Concluido el interrogatorio, militares y carabineros se retiraron y a la mañana siguiente se enteró del deceso.
El coronel (r) Roberto Ricotti García y posterior enlace entre Carabineros y el Ejército declara que el interrogatorio duró entre 5 y 6 minutos y versó sobre armamentos -“se decía que habían llegado armas desde Cuba escondidas en bolsas de azúcar”- reuniones políticas y presencia de extranjeros en la época.
Ninguno de los dos ex oficiales reconoce haber cometido apremio ilegítimo no obstante que en su testimonio, el doctor Peña expresa que funcionarios de Carabineros, que usaban uniformes -entre ellos estaba el mayor (r) Fernando Pinares- lo interrogaban. A él -dice- no lo apremiaron, pero en uno de los interrogatorios por la existencia de hospitales clandestinos, alguien le retiró la venda y “yo lo vi (a Fernando Álvarez) tendido en una banca, amarrado su cuerpo a ella y al intentar acercarme, me dieron un culatazo a la altura de la pantorrilla que me botó al suelo”.
Los interrogatorios tenían un sistema de ablandamiento primero -describe el profesor Eliecer Carrasco, ex secretario del PS de Concepción-; los amarraban y sentaban en una silla con una capucha para no ver y dificultar la respiración, además de apoyarles armas en la sien; luego los dejaban solos y antes de interrogarnos “nos golpeaban brutalmente; en una oportunidad me caí de la silla estando amarrado. Recuerdo que los primeros golpes fueron a la boca del estómago y luego recién empezaban a interrogarnos.”
Condenado a 5 años de prisión por un Consejo de guerra en Concepción, el abogado y ex diputado por Concepción, Iván Quintana, reconoce en autos al capitán (r) Arévalo Cid como su torturador en la ex Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, donde estuvo detenido una semana antes que Álvarez, Peña y Carrasco. “Fui torturado al menos tres veces, en dos de ellas con los ojos vendados y en la última me retiraron la venda para carearme con otros detenidos políticos. Tuve la oportunidad de ver a mis torturadores (….) y entre ellos estaban los tenientes Ricotti, Jorge Offerman y Graft, y entre los carabineros, a Héctor Cares y Raúl Hemosilla; otro usaba lentes ópticos y un cuarto estaba de guardia frente a la casa del general Silvio Salgado, en Chorrillos y Chépical, en las cercanías de mi residencia”.
Curioso. Por su “participación directa e inmediata”, los mismos oficiales y personal de tropa mencionados por Quintana -además del mayor (r) Pinares- son mencionados al juez por el ex prefecto de Concepción, también indagado en los hechos, Benjamín Bustos, y quien recibió la orden de detener a Álvarez directamente del general Carrasco en la noche del 10 al 11 de septiembre, cuando se constituyó una suerte de comando local.
Del carabinero Hermosilla se sabe también que sería el autor de la muerte del alcalde de Coelemu, Luis Acevedo Andrade. El cuerpo fue sepultado ilegalmente en el camino a Santa Juana, frente a la Iglesia de Piedra.

Locutor y libretista

Egresado de Derecho, pero trabajador radial – locutor y libretista- en la Radio de la U. de Concepción era Fernando Álvarez. Tenía buena voz, dicción y una amplia cultura, dice su mujer. La pareja se conoció en la primera campaña presidencial de Allende (1952) y se casó en 1958. Y práctica como es, aclara: “En ningún caso fue amor a primera vista, pero era un hombre inteligente, culto, muy accesible, de buen trato y muy querendón de sus hijos Marcos, Aurora y Marcela, jugaba a las bolitas con ellos, elevaban volantines y los ayudaba con sus tareas”.
Adriana recuerda que fue “primera dama” entre octubre de 1972 y septiembre de 1973, estuvo a cargo de la Coordinadora de centros de madres –Cocema, la antecesora de Cema Chile- y aunque a ella le interesaba que las mujeres se capacitaran en electricidad básica y gasfitería, la iniciativa alcanzó a quedar escrita en los papeles. En la época, la actividad social era intensa -por eso se ríe cuando recuerda que, en un careo, el mayor comisario Fernando Pinares negara conocerla en dos oportunidades-; ella supervisaba la sala de ventas donde se vendían los productos de las empresas en poder del Estado -vidrio, loza y telas de Tomé, principalmente- para que las mujeres confeccionaran prendas.
Pero ella no dejó el Instituto Central de Química, donde estaba dedicada al microanálisis elemental orgánico, porque tenía muy claro que el cargo político sería transitorio y la Universidad se la jugó por un horario más flexible -y con mayor razón después del 73- porque no había otras personas que manejaran los equipos.
“Yo nunca fui arroz graneado ni la señora de….; formaba parte del gobierno de Allende por convicción y toda la vida tuve un nivel de conciencia de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar, pero a mis hijos nunca los adoctriné como tampoco hicieron mi padre y mi madre conmigo”, dice.
Pero Marcela, la hija, hoy médico pediatra, cuenta que su madre reaccionó alarmada cuando ella -dirigente estudiantil de Medicina en la FEC- se la jugó a su modo para combatir el régimen y a la casa llegó a buscarla la CNI. La U, dice, fue su momento de rebelión.
“Yo me sentía en deuda con mi padre y grité y protesté todo lo que tenía que gritar y protestar, pero cuando por primera vez me eché un ramo y mi madre me retó y me pegó, entendí que no había elegido el camino correcto, era un lujo que no me podía dar; teníamos que salir adelante, ser buenas personas y profesionales para -desde ahí- servir a la causa justa de cambiar el mundo, como se proponían hacer nuestros padres. Fuimos afortunados, diría también: tuvimos un cuerpo, pudimos llorarlo, vivir nuestro duelo y desde ese duelo seguir adelante”.
Desde aquella mañana en que fue detenido, la familia nunca más volvió a ver al esposo ni al padre. Ni tampoco Concepción al último intendente UP. Y mientras Marcela ha seguido preguntándose “¿por qué? ¿por qué?” -sin hallar la respuesta- cada 29 de mayo- en el día de su cumpleaños- y cada 8 de noviembre -en el día de su muerte-, ella trae cuatro rosas rojas, uno por cada uno de los componentes de la familia y las deposita junto a la ánfora de cobre que su madre atesora en el dormitorio.
Y es que a doña Adriana no le gustan los cementerios. Otra peculiaridad más de esta mujer capricorniana. “¡Yo soy una cabra porfiá!”, asegura.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a los ex carabineros Sergio Arévalo Cid y José Francisco Puga Pascua, a la pena de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, esto, por su responsabilidad en los apremios ilegítimos que terminaron con la vida del ex Intendente de Concepción durante la Unidad Popular, Fernando Álvarez Castillo (40 años, militante del Partido Comunista).

Según consigna Resumen, la investigación del Ministro para causas de Derechos Humanos de Bío Bío y Ñuble, Carlos Aldana, determinó que Álvarez Castillo murió en su celda de reclusión, debido a una aguda anemia provocada por las torturas con electricidad y golpes aplicadas por los uniformados.

Sin embargo, pese a los antecedentes recopilados en la causa y al horrible crimen cometido, los dos ex carabineros fueron beneficiados quedaron con la libertad vigilada, lo que significa que no pasarán un solo día en la cárcel.

En ese sentido, de acuerdo a la investigación del ministro Aldana, se determinó que en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, un grupo de carabineros al mando del mayor Mario Cáceres Riquelme, procedió a detener en su domicilio al Intendente, trasladándolo hasta las dependencias de la Base Naval de Talcahuano, siendo destinado posteriormente a la isla Quiriquina, donde permaneció recluido hasta el 5 de noviembre de 1973.

En esa fecha, por orden del nuevo Intendente designado por la Dictadura, teniente general Washington Carrasco, Álvarez es trasladado junto a otras personas hasta la entonces cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, lugar donde fue puesto disposición del Servicio de Inteligencia de Carabineros, al mando del capitán Sergio Arévalo Cid, a fin de ser interrogado sobre la supuesta existencia de armas escondidas en la provincia de Concepción.

En dichos interrogatorios participaron funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile (Sicar) y del Servicio de Inteligencia Militar de la III División de Ejército con asiento en Concepción (E2), quienes se ensañaron con Álvarez Castillo aplicándole golpes de electricidad y de puños, resultando la víctima con erosiones superficiales acompañadas de una equimosis en la región de la cadera izquierda.

Debido a estas lesiones, en la mañana del 8 de noviembre, el Intendente Fernando Álvarez aparece muerto en su celda de reclusión, a causa de una anemia aguda que le produjo un hemotórax izquierdo, originado por la acción violenta e ilegal de los uniformados.

Las hijas de Fernando Álvarez Castillo, el último intendente de Concepción durante el gobierno de Salvador Allende, volvieron a ingresar este viernes al edificio ubicado frente a la Plaza de la Independencia a cincuenta años de la muerte de su padre, víctima de las torturas infringidas por agentes del estado en las semanas posteriores al Golpe Militar.

A cinco décadas del quiebre de la democracia, la Delegación Presidencial Regional homenajeó a Álvarez, reconociendo de manera póstuma su compromiso democrático y su legado como autoridad política, militante comunista y representante del gobierno de la Unidad Popular; y como figura cultural, al alero de las radios Simón Bolívar y Universidad de Concepción.

Marcela Álvarez, hija del ex intendente, afirmó que este hito de reconocimiento “es lo que nosotros esperábamos que alguna vez sucediera de parte del estado de Chile, quien recuerda y dignifica la imagen de nuestro padre”.A nivel judicial, la investigación por la muerte de Fernando Álvarez Castillo se cerró con la condena a dos carabineros en retiro por apremios ilegítimos con resultado de muerte. Pese a lamentar que, como en muchos otros casos, la culpa “no cayera en los grandes responsables”, valoró que “después de muchos años de no avanzar se llegó a una verdad jurídica, que nuestro padre falleció producto de las torturas”.

En el marco de la conmemoración de los cincuenta años del Golpe de Estado, la Corte Suprema entregó en agosto ocho títulos póstumos a egresados de Derecho que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Uno de ellos fue Álvarez, en una nómina que, entre otros nombres, incluyó a Jaime Eltit Spielmann, también egresado de la UdeC, y al ex ministro José Tohá.

A propósito de ese acto, Marcela Álvarez profundizó en la importancia de contar con gestos de reparación, más allá de las condenas penales o las indemnizaciones civiles. “Invisiblizar a las personas en lo que fueron, en lo que les tocó, creo que es el peor daño. No podemos repetir y no podemos olvidar”, recalcó.

La delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, reiteró el compromiso del Ejecutivo con los avances en verdad, justicia, reparación y no repetición y manifestó que “este homenaje, a cincuenta años, es un mínimo”.

Además de la familia y de la delegada Dresdner, el tercer orador de este acto fue el histórico dirigente comunista Iván Quintana, quien recordó a Fernando Álvarez como referente político y radial, pero sobre todo como su amigo y compañero en el Liceo de Hombres de Concepción y en la escuela de Derecho UdeC.

Fernando Álvarez Castillo nació en Concepción en 1933. Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción y posteriormente en la UdeC. Su carrera radial comenzó en 1952 en Radio Simón Bolívar y luego se sumó al equipo fundador de Radio Universidad de Concepción, donde trabajó como locutor y libretista.

En 1972 fue designado por Salvador Allende como Intendente de la Provincia de Concepción, cargo que desempeñó hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando fue detenido y llevado hasta la Isla Quiriquina. Posteriormente, fue trasladado hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de la época, donde fue interrogado y sometido a torturas que terminaron con su vida el 8 de noviembre de ese mismo año.

En una ceremonia especial, el pleno de ministros entregará títulos póstumos a los familiares de Silvio Vicente Pardo Rojas, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Fernando Álvarez Castillo y Jaime Eltit Spielmann, egresados de la Universidad de Concepción y a Litre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, egresados de la Universidad de Chile.

La Corte Suprema aprobó una segunda entrega de títulos póstumos para ocho egresados de derechos de distintas universidades del país y que figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

La decisión se adoptó luego de recibir una nueva solicitud de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Abogados de Chile, considerando que el tribunal pleno decidió el 11 de enero de 2022 “otorgar, a modo de reparación y en forma extraordinaria, el título de abogado póstumo a quienes cumplan con el requisito de haber obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales antes de su desaparición y/o ejecución, como también a quienes obtuvieron dicho grado en forma póstuma en sus respectivas universidades”.

En esta ocasión, en una ceremonia especial, el pleno de ministros entregará títulos póstumos a los familiares de Silvio Vicente Pardo Rojas, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Fernando Álvarez Castillo y Jaime Eltit Spielmann, egresados de la Universidad de Concepción y a Litre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, egresados de la Universidad de Chile.

 Las víctimas

Silvio Vicente Pardo Rojas, casado y padre de un hijo, fue detenido el 4 de abril de 1974 en la vía pública por personal de la Armada y visto por última vez en el Cuartel Silva Palma, recinto desde donde se le perdió el rastro.

Fernando Álvarez Castillo, 40 años de edad, era intendente de la provincia de Concepción. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Naval de Talcahuano y luego a la Isla Quiriquina y el 5 de noviembre del mismo año trasladado a la Cuarta Comisaría de Concepción, lugar donde fallece tres días más tarde a raíz de las torturas recibidas.

Jaime Eltit Spielmann, 27 años, fue detenido el 13 de septiembre de 1973 en Santiago y llevado hasta un departamento en calle San Ignacio donde permaneció hasta el 6 de octubre de 1973. Luego fue trasladado en tren a la ciudad de Temuco, donde permaneció detenido en el Regimiento Tucapel entre el 7 de octubre de 1973 y 13 de octubre de 1973, fecha en que se pierde su rastro.

Littre Quiroga Carvjal, 33 años, Director Nacional de Prisiones, detenido el 11 de septiembre de 1973 cuando se fue a presentar voluntariamente al regimiento Blindado N° 2 y trasladado hasta el Estadio Chile dos días más tarde. Su cuerpo fue encontrado en las cercanías del Cementerio Metropolitano, junto a otras cuatro personas, entre ellas el cantante Víctor Jara, acribillado en la vía pública el 16 de septiembre de 1973.

Héctor Mario Silva Iriarte, 38 años, gerente de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) de la zona norte y ex regidor de Chañaral, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre de 1973 en el paso por la ciudad de Antofagasta de la comitiva militar conocida como “Caravana de la Muerte”.

José Tohá González, 47 años, exministro del Interior y exminstro de Defensa del Presidente Salvador Allende, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda y retenido en la Escuela Militar. Luego fue trasladado al campo de prisioneros de Isla Dawson, en la región de Magallanes, y llevado en febrero de 1974 en precarias condiciones de salud al Hospital Militar de Santiago, lugar donde murió el 15 de marzo de 1974.

Fernando Abraham Valenzuela Rivera ejecutado en la vía pública el 19 de noviembre de 1974.

Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, fue detenido el 20 de septiembre de 1973 en la empresa Airolite, lugar donde se desempeñaba como asesor jurídico del interventor de la entidad por personal de carabinero de la Quinta Comisaría  y llevado al Estadio Nacional. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública el 22 de septiembre de 1973.

El 16 de noviembre de 2022, en ceremonia especial, la Corte Suprema otorgó de manera póstuma los títulos de abogados y abogada a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida; y de los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

Compartimos declaración de organización adherida a Red Construyamos:

Ante la liberación de dos imputados por el asesinato de Fernando Álvarez Castillo, último intendente de Concepción en el periodo democrático, declaramos que:

1.       Para nosotros, los comunistas, la búsqueda de un proceso judicial real no sólo aspira al juicio y castigo de todos los crímenes contra la Humanidad. Además, debe permitir reconstituir los hechos históricos. Tenemos la certeza de que el esclarecimiento del crimen cometido contra el intendente Álvarez permitirá aclarar otros casos que permanecen en la injusticia y el silencio, permitiendo la comprensión de una serie de hechos violentos que incluyen crímenes anteriores al golpe militar. Estos hechos –que se mantienen ocultos aún después de 40 años- estarían asociados a actos de desestabilización de la democracia y son la clave para que la sociedad chilena comprenda el por qué y el cómo del plan golpista organizado por la derecha civil y militar. Por la vía de la investigación del caso Álvarez, se puede avanzar en esclarecer el asesinato de Exequiel Aroca, cabo de Carabineros, muerto el año 1972. El asesinato del cabo Aroca permitió que el PDC realizara presiones para destituir autoridades del gobierno popular, en tanto se inculpaba a jóvenes socialistas. Hoy existen indicios de que los autores fueron oficiales de Carabineros de Chile vinculados a terroristas de Patria y Libertad, los que organizaron el plan para ejecutar a un inocente. Esta es la razón que explicaría por qué un grupo de Carabineros se adelantó al golpe militar para raptar en su hogar al ex intendente en la madrugada del 11 de septiembre, explica el que le hayan conducido a las oficinas de la Intendencia y que allanaran el lugar para encontrar y destruir evidencias claves del caso Aroca (que están señaladas en testimonios de la investigación del caso Álvarez); esto explicaría el hecho que un comando de carabineros e inteligencia militar haya intervenido en noviembre de ese año para retirar a Álvarez del campo de concentración de Quiriquina y conducirlo a la 1ª Comisaría de Concepción, donde lo torturaran hasta darle muerte. Existen fundadas sospechas de que el asesinato de Álvarez fue parte de operaciones de Patria y Libertad para borrar sus huellas en atentados contra uniformados como el del Gral. René Schneider.

2.       Sin embargo, después de que se realizara una esperada reconstitución de escena, y luego de haber identificado y detenido a dos implicados (al oficial de Carabineros Francisco Arévalo Cid y al oficial de la inteligencia del Ejército José Puga Pascua), al día siguiente el ministro Aldana los ha liberado. Solidarizamos con la familia Álvarez Ramírez y particularmente con nuestra compañera Adriana, y expresamos nuestro profundo malestar, porque la Justicia chilena ha probado su incapacidad para garantizar la paz y el respeto de los derechos humanos, conservando su mancha cómplice. La demora de 39 años en el inicio de un proceso real, ha sido una desgracia en sí y un peso para la familia, amigos y compañeros de Fernando Álvarez, así como lo es aún para los casos de miles de chilenos ejecutados, desaparecidos, presos y torturados. Este proceso no llegó a ninguna parte, dejando en nada el esperado juicio y castigo de un crimen atroz en el que los responsables están claramente reconocidos. De esta manera, la Justicia chilena baja una vez más a los subterráneos impúdicos e inmorales de la impunidad, contribuyendo a conservar el clima de injusticia cultivado por la dictadura.

3.       Exigimos justicia, porque es de justicia resolver el crimen contra el intendente Álvarez y porque es de justicia llegar a los verdaderos criminales en el caso del cabo Aroca. Exigimos justicia, porque es tiempo de que nuestro país conozca a cabalidad el papel jugado por la derecha política, orientada y financiada por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Parte de esta verdad se encontrará sólo una vez que la Justicia esclarezca el asesinato de Fernando Álvarez Castillo.

UNIDAD COMUNISTA