Valdivieso Cervantes Vianel

Pocos días después de que la jueza Olga Pérez procesara como autores del crimen de Eugenio Berríos a dos altos oficiales del Ejército ex encargados de la seguridad de Pinochet, Manuel Contreras -el general procesado desde el martes como uno de los jefes de la organización criminal que asesinó a su superior jerárquico Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires- apuntó su artillería en contra de Augusto Pinochet. Y lo involucró como quien ordenó la operación para sacar del país a Berríos en 1991, operativo que terminó con la muerte en Uruguay del ex agente de la DINA.

Contreras hizo su disparo con la herramienta que más dolores de cabeza le ha dado a Pinochet: el recurso de revisión de la sentencia del caso Letelier que presentó en noviembre de 1997 ante la Corte Suprema. Fue entonces que el ex jefe de la DINA presentó los documentos que hasta ese momento había guardado bajo siete llaves: sus hojas de vida en el Ejército. Ellas demostraron que el único superior jerárquico que tuvo desde 1973 y quien lo calificó año a año hasta su retiro en 1978, fue el comandante en jefe y presidente de la Junta Militar, Augusto Pinochet. Solo Pinochet le daba órdenes.

Los antecedentes los remitió al juez español Baltasar Garzón y éste, a su vez, los utilizó como prueba fehaciente de la responsabilidad criminal de Pinochet para pedir su detención a la justicia inglesa. El resto de la historia se conoce: 503 días detenido en Londres y su juicio posterior en Chile.

Ahora Contreras hizo estallar una nueva bomba. Y lo hizo el 20 de noviembre pasado, cuando ya la jueza del Sexto Juzgado del Crimen Olga Pérez, había dictado los procesamientos de los mayores (r) Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, ambos como participantes directos del homicidio de Berríos; del ex general Enrique Ramírez Rurange, el coronel Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez, como obstructores a la justicia; y del ex jefe del DINE Eugenio Covarrubias, como encubridor.

La declaración del ex jefe DINA permitiría abrir otra línea de investigación en la muerte de Eugenio Berríos. Situación similar a la declaración prestada por el brigadier (r) Vianel Valdivieso, cuyos dichos en la investigación de “Villa Grimaldi” fueron incorporados por el ministro Alejandro Solís en la causa contra el Departamento Exterior de la DINA por el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires

ACUARIO. Contreras dijo que deseaba precisar algunos aspectos de la investigación por el asesinato de Berríos. Partió afirmando que no le parecía correcto “indicar que este pudo haber sido un testigo clave en el proceso Letelier ni tampoco que esta hubiera sido la razón por la que lo sacaron del país”. Argumentó que Berríos nunca fue agente de la DINA, que “por decreto” los agentes debían pertenecer a las instituciones armadas. Afirmó que fue Townley quien llevó a Berríos a la DINA, al igual que Gustavo Etchepare y Francisco Oyarzún, todos los cuales integraban una célula de Patria y Libertad

Contreras volvió a recordar la “Operación Acuario”, la que dijo estar destinada a proteger la cadena de mando que se encontraba sobre él y su organismo. Explicó la operación a partir de la llegada de Townley a la DINA, insistiendo en su tesis respecto a que el norteamericano se contactó con el organismo en diciembre de 1974 “para proveernos de elementos electrónicos y al mismo tiempo se transformó en informante pagado”.

El informante Townley -según Contreras- luego se llevó a trabajar a su casa de Lo Curro al resto del grupo, “donde existía un laboratorio en el que se fabricaba boldina y que tengo conocimiento que la vendían en Alemania. Además allí se intervenían las radios de Investigaciones y Carabineros u de otro tipo de instituciones, sin que ello fuera trabajo para la DINA y que realizaban desde que eran de Patria y Libertad”. Las precisiones de Contreras sobre el grupo se agotan en noviembre de 1977, fecha en que se desvincula definitivamente de la DINA ya transformada en CNI.

-En 1978, cuando se inició el proceso por la muerte de Orlando Letelier, y desde ese momento fueron contratados por la CNI, junto con Mariana Callejas, de acuerdo a lo expuesto por el comandante (r) Luis Medina Aldea en el plan de operaciones Acuario, cuya copia acompaño a esta declaración –dice en su declaración judicial

Según el ex jefe DINA, entre 1978 y 1990, los cuatro fueron pagados mensualmente por la CNI. En labores que “presumo que no fue para proteger ni al brigadier Espinoza ni a mí, por cuanto Townley y la Mariana Callejas ya habían declarado en contra nuestra, mientras a Townley le cancelaban los honorarios de sus abogados en Chile y Estados Unidos hasta 1990”.

Y agrega un punto que abre el camino para su declaración más explosiva. Afirmó que la contratación del grupo por la CNI tuvo relación con una operación de protección a alguien “que no fuimos nosotros (…) sino que a otras autoridades o mandos superiores, y se encuentra en los antecedentes que acompaño al proceso respecto de la Operación Acuario”..

De acuerdo a lo que el propio Contreras declaró ante la Corte Suprema y que derivó al juez español Baltasar Garzón, el único mando superior que tuvo se llama Augusto Pinochet.

BERRIOS Y LA DROGA. Y cuando aterriza en las razones para sacar a Berríos de Chile en 1991, Contreras va más lejos. La salida del químico de Chile, planteó, no se debió a que se tratara “de un testigo clave del Caso Letelier, sino que me asiste el convencimiento que su salida fue por un problema de drogas”.

-Tengo conocimiento que Berríos trabajó en la elaboración de la ‘cocaína negra’, esto es, sin el olor característico de esta sustancia con el fin de evitar su detección por los perros. En esta elaboración tenía algunos socios capitalistas y por informaciones que he recibido uno de ellos habría sido Edgardo Bathich, de una firma de importadora de motores usados, en los que presuntamente se ingresaba cocaína al país -descargó el ex jefe de Inteligencia, echando al ruedo el nombre de “El Rey de la Chatarra”, el empresario que fue condenado por delitos tributarios y que se encuentra vinculado al traficante de armas internacional Monzer Al Kassar, de quien es primo.

Contreras además indicó otro nexo: las sociedades que tendrían Bathich con uno de los hijos de Pinochet, Marco Antonio: “El comentario que existía era que Bathich tenía otros socios en esta actividad, entre ellos Marco Antonio Pinochet Hiriart y además tenía una relación amistosa con Jacqueline Pinochet Hiriart”. Y agregó un resguardó: “Todos estos son comentarios que he conocido pero que no me constan”.

La salida de Berríos de Chile, en ese cuadro, Contreras la explicó por sus problemas con el alcohol y las drogas, que lo hacían peligroso para la organización que integraba.

Y lanzó el misil. Dijo tener el convencimiento que quienes dieron la orden de sacar a Berríos de Chile -lo que está plenamente comprobado en tribunales- “específicamente el Director de Inteligencia del Ejército, debe haber desconocido absolutamente la verdadera razón de la orden que a su vez tiene que haber recibido de su escalón superior para organizar la operación de salida de Eugenio Berríos del país”.

Y fundamentó sus dichos. La autonomía del Director de Inteligencia para tomar una resolución de ese tipo sin una orden superior tenía un tope: “No podía ordenar esta salida,

Un director de Inteligencia, como él mismo lo fue, responde solo a su comandante en jefe. Y ese no era otro que Pinochet quien habría actuado para proteger a su hijo.

Lo que dijo Vianel Valdivieso al juez

Las declaraciones que el ex jefe de la Brigada de Telecomunicaciones e Informática de la DINA, brigadier (r) Vianel Valdivieso Cervantes hizo en el proceso por “Villa Grimaldi” ante el ministro de fuero Alejandro Solís sirvieron para que el mismo juez estrechara el círculo en torno al compartimento más secreto de la DINA, y el que guarda todavía los detalles de sus operaciones en el extranjero: el Departamento Exterior del organismo.

Valdivieso es investigado por la justicia por numerosas causas de detenidos desaparecidos y figura como uno de los fundadores de la DINA. Fue socio de Contreras en sociedades privadas y director de Entel. Pasó a retiro en mayo de 1987. Entre las causas por las que se le investiga se encuentra la desaparición del ingeniero Daniel Silberman, secuestrado desde la ex Cárcel Pública. Valdivieso le dijo al juez que en septiembre de 1974, cuando se incorporó al servicio, ya existía el Departamento Exterior.

Un detalle de extrema importancia, por cuanto el asesinato del general Prats y de su esposa Sofía Cuthbert se registró a fines de ese mes. No es todo. Además, Valdivieso -ingeniero, a fin de cuentas- echó por tierra las supuestas habilidades electrónicas atribuidas por el resto de los jerarcas DINA a Michael Townley. Cuando llegó a la DINA, dijo, el norteamericano ya se encontraba en el organismo y le fue presentado como un experto en electrónica, pese a no contar con el título necesario. Valdivieso, que sí es experto en la materia, señaló que poco tardó en darse cuenta que el norteamericano no era un perito con los cables.

En su calidad de jefe de la Brigada especializada de la DINA, le encargó tareas que Townley no cumplió y terminó desechando sus servicios. Así, Valdivieso contradijo severamente las versiones que desde hace década vienen entregando a la justicia los otros jerarcas DINA: Manuel Contreras y Pedro Espinoza.

Vianel Valdivieso Cervantes ha sido visto últimamente comprando propiedades en la zona de: Villarrica, Pucón, Temuco, Lautaro (chile).

Maneja auto volvo, moderno. Mantiene correos electrónicos desde distintos cyber cafes en Santiago de Chile como en la ix region.

Planeo el asesinato del Gral. Prat junto a M. Townley. Este asesino se mantiene armado con pistola calibre 38.

Puede aún mantener los siguientes teléfonos: cel: 9 979 5240 en Santiago chile 2-886 1714 o 2-224-9396

Que dios nos ayude a capturar y juzgar a todos los asesinos de nuestros desaparecidos.

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Entre los medios que recibieron fondos de la siniestra organización estuvieron El Mercurio, la revista Qué Pasa y las agencias UPI y France Press. Fueron cheques que iban firmados por el reo rematado ex director de la DINA, Manuel Contreras

Documentos de la Corte Suprema a los que tuvo acceso la agencia española de noticias EFE y que conoció Cambio21 de primera fuente, indican que los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa (actualmente fuera de circulación), El Día de La Serena y La Discusión de Chillán; los semanarios Qué Pasa y Ercilla; el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias Orbe, United Press Internacional (UPI) y France Press recibieron apoyo económico del servicio secreto de la dictadura.

Los antecedentes se conocen en vísperas de otro cuadragésimo aniversario: el del nacimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Creada de facto en noviembre de 1973, hasta hoy impacta su crueldad en el uso de la tortura y ahora sorprende por el millonario acceso al dinero del que disfrutó.

Recientes descubrimientos abren interrogantes acerca del origen de sus platas negras.

Principio rector de la DINA

En noviembre de 1973 no sólo los estadios Nacional y Chile estaban repletos de detenidos. Ya se contaban varias personas asesinadas y que nunca serían entregadas a sus familiares. La DINA era creada de facto y daba inicio así a su oscura cosecha de muerte y dolor.

Son varias las investigaciones que revelan que, conjuntamente a la idea del golpe militar, se trabajaba muy a la par en la elaboración de una dinámica de lucha contra un enemigo interno, basado en un sistema de una guerra al interior del país. Quien mejor expresó esa lógica fue el Comandante en Jefe de la Aviación, general Gustavo Leigh, el propio 11 de septiembre en la noche: "Vamos a extirpar el cáncer marxista", advirtió.

El principio rector de la DINA, entonces, se basa en la existencia de una guerra contra un enemigo escondido en la ciudadanía y que "no daba tregua". En medio de la locura de esos días, cabían en esa nomenclatura políticos de izquierda (socialistas, comunistas, terroristas, organizaciones sindicales), la llamada "sedición marxista" y, en realidad, cualquier opositor público. Para concretar esa lucha le fueron permitidos todos los medios, legales y de los otros.

Escuela de Las Américas

Existe también clara evidencia de que hubo un aprendizaje en la aplicación de esta política en la Escuela de las Américas, desarrollada en Panamá por Estados Unidos al poco tiempo de terminarse la Segunda Guerra Mundial.

"Durante muchos años son adoctrinados allí soldados chilenos y de la región en variadas técnicas de enfrentamiento a ideologías de izquierda. Los efectos de esa política en América Latina demuestran que hubo una aplicación similar de este tipo de prácticas", explica a Cambio 21 el periodista Javier Rebolledo, autor de los libros "La danza de los cuervos" (2012) y "El despertar de los cuervos" (2013), ambos de editorial Ceibo.

El autor, quien investigó las formas de trabajo y los diversos nexos de la DINA en su dinámica de inteligencia, sostiene que en la Escuela de las Américas se diseña la persecución del enemigo interno. Aplicando sus puntos de vista, se considera que esta "guerra" al interior de los países era "poco leal" para las Fuerzas Armadas, porque el enemigo se esconde en áreas que no son los típicos teatros de operación de un conflicto, lo que -según este argumento- obliga a infiltrar el mundo civil.

"Sin embargo lo que terminan desarrollando los organismos de seguridad sobrepasan los límites de lo "desleal" del conflicto en sí mismo, cayendo en procedimientos arbitrarios y encarcelamientos al margen de la ley. La deslealtad con la que terminan actuando las Fuerzas Armadas supera con creces a la crítica que ellos mismos hacen a este tipo de conflicto. Se volvieron dos o tres veces más desleales", subraya Rebolledo.

Contubernios fácticos

En sus cuatro años de funcionamiento, la Dirección de Inteligencia Nacional fue responsable de la muerte de unas 3.000 personas y la desaparición forzada de casi mil. Dadas sus conexiones, queda claro que en su accionar determinó con plena voluntad sobre la vida y la muerte de quien se cruzara en su camino.

Cuando en junio de 1974 su existencia se legaliza a través del decreto ley N°521, no quedaba ninguna duda del poder que detentaba. Contó con facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción, los que se extendieron durante casi toda la dictadura. Depende directamente de la Junta de Gobierno.

Recientemente, la agencia española EFE reveló un informe de la Corte Suprema que se anexó al expediente del juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en el que se señala que la DINA financiaba sus acciones a través de una ficticia "Dirección Nacional de Rehabilitación" (DINAR). A través de ella, accedía a un millonario capital económico que servía para realizar diversos pagos a través de cheques suscritos por el propio -entonces- coronel Manuel Contreras.

La información proveniente de la justicia chilena permite conocer varios agentes de la DINA que aparecen recibiendo pagos emitidos por la fantasmagórica "DINAR", entre ellos el coronel retirado y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, el ex oficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone y el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso, entre otros.

Los medios favorecidos

Los antecedentes indican que la "DINAR" también entregaba cheques a diversos medios de comunicación. El informe de la Corte Suprema, desde donde surge la noticia, da cuenta que -entre otros- aparecen cobrando cheques con la firma de Manuel Contreras los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa -actualmente desaparecido-, El Día de La Serena y La Discusión de Chillán; los semanarios Qué Pasa y Ercilla; el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias Orbe, United Press International y France Press.

Desde su nacimiento de facto en noviembre de 1973, la DINA se relaciona con la CIA. El Informe Hinchey, realizado en el congreso estadounidense, señala que entre 1974 y 1977 el organismo de inteligencia norteamericano mantuvo contacto regular pagado con Contreras. El gobierno de Estados Unidos aprobó esta relación ya que su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile resultaba útil para el cumplimiento de la misión de la CIA.

Así, con dinero y conexiones, la DINA forma parte de las instancias fácticas más poderosas del país. Hay que recordar que el investigador estadounidense Peter Kornbluh, señaló en septiembre recién pasado en la Universidad Alberto Hurtado que la evidencia "es clara" en torno a que "Agustín Edwards fue una de las personas más involucradas como colaborador de la CIA y los militares. Tenemos los documentos desclasificados para probarlo", dijo.

El contubernio queda más claro aún con los cheques descubiertos por la justicia chilena y dados a conocer por la agencia EFE. En su libro "Chile inédito" (Ediciones B, 2002), el periodista norteamericano Ken Dermota demuestra que la CIA "dona" casi US$2 millones de la época a El Mercurio, como una forma de paliar los requerimientos económicos para "enfrentar" al gobierno de Allende.

El brazo largo

Manuel Contreras giró el año 1975 de la cuenta del "DINAR" – número 13280724 del entonces Banco de Crédito e Inversiones- la suma de 1.598.496.520 escudos. Como referencia, el sueldo mínimo de la época era de 27.000 escudos. La diferencia es galáctica. Los giros incluyen una docena de documentos cobrados por "Junta de Gobierno", que llegan a 165.630.800 escudos.

Destacan también pagos de altas sumas a variados regimientos y reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) e incluso al Banco Central.

Hasta ahora se sabe cada vez más de la actividad represiva de la DINA, pero este tipo de hallazgos indica que poco se sabe de las implicancias económicas del organismo. Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los hechos le significan dos conclusiones: "Ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creíamos y que la represión fue una acción de carácter institucional del Estado chileno".

Compleja red

La otra pregunta inmediata es de dónde sale el dinero que gastaba la DINA. Con tanto poder y acceso libre, el organismo va ampliando su campo de acción desde la inteligencia. Genera mecanismos de financiamiento paralelos para su oscuro accionar. Si bien su fuente primaria de dinero proviene de los gastos reservados del Estado, su autonomía de acción comienza a requerir acceso más directo a platas frescas.

El periodista Manuel Salazar señala que "gran parte del dinero se empleaba en pagar a informantes y colaboradores, que se contaban por miles y en todas las esferas del acontecer nacional. Otra parte se usaba para financiar las operaciones internacionales". Salazar afirma también que la DINA creó una compleja red de financiamiento, cuya verdadera magnitud hasta ahora no se conoce. "Tuvo numerosas empresas e interceptó importantes cantidades de dinero que venían desde el exterior para financiar a la resistencia chilena", explica.

La "cocina" paralela

La experiencia de otros organismos paramilitares de derecha o de entidades de seguridad de América Latina, permite especular a algunos investigadores que la DINA pudo haberse financiado también a través de vínculos con la comunidad cubana de Estados Unidos y con neo-fascistas italianos involucrados en el tráfico de drogas, fuente común para muchas operaciones encubiertas de las dictaduras del Cono Sur.

Según los periodistas estadounidenses John Dinges y Saul Landau (autores del libro "Asesinato en Washington", Pantheon Books, 1980), la DINA ofreció protección a narcotraficantes, recibiendo por ello pagos que fueron tanto al organismo chileno como al lobby cubano anticastrista.

Incluso una versión muy comentada en Estados Unidos, recogida en el mencionado libro, señala que tras el golpe, Pinochet envía a la DEA (Agencia Antidrogas del país del norte) un avión cargado de narcotraficantes. Luego de ello, Contreras toma los lugares de elaboración y puntos de embarque y se asocia con los cubanos anticastristas. Las enormes ganancias fueron a suplementar el presupuesto clandestino de la DINA.

Aunque el gas sarín se utilizó básicamente para asesinar enemigos políticos (como se investiga en las muertes del ex presidente Eduardo Frei y hasta con Pablo Neruda), el negocio químico de la DINA pareció tener rápidamente otras implicancias con vínculos narcos entre peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y uniformados latinoamericanos.

Eugenio Berríos, considerado uno de los mejores "cocineros" en estas lides, se encargaba de elaborar cocaína negra o rusa. Berríos fue un químico de gran importancia en la DINA, ya que se le considera pionero en el uso de varios de los mecanismos utilizados para eliminar opositores. Uno de ellos, y el más exitoso, es el sarín.

También cocaína

El químico Berríos habría formado parte de una potente red de tráfico de cocaína, que abastecía de drogas a Australia y Europa. Antecedentes periodísticos de Uruguay señalan que más de una vez se reunió en Buenos Aires y en Montevideo con narcos internacionales, bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya. En 1995 apareció muerto en extrañas circunstancias en la playa El Pinar de Uruguay.

Con todas estas aristas ¿es posible pensar en que este tipo de redes se hayan desactivado con la llegada de la democracia a los diversos países de América Latina? Manuel Salazar comenta: "Es muy probable que aún queden algunos vestigios de ellas. Existen antecedentes que indican que durante los años de la CNI se establecieron vínculos con organizaciones criminales de otros países dedicadas al narcotráfico y al comercio de armas, que aún subsisten".

Operación Cóndor

La ampliación más allá de las fronteras debe haber sido un pastel para la DINA, que probablemente sintió que Chile le quedó chico. De allí es que el organismo es uno de los principales promotores de la llamada Operación Cóndor o Plan Cóndor, que fue un trabajo de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las dictaduras del Cono Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador) en conjunto con la CIA.

Este particular acuerdo internacional constaba básicamente del seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas subversivas o simples enemigos. En el fondo, según explican diversos abogados a Cambio21, este plan se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, a través del cual se gestaron asesinatos y desapariciones de decenas de miles de opositores.

Operación Colombo

En ese contexto se enmarca la "Operación Colombo", en la que 119 personas fueron detenidas en Chile en 1974 y cuyo paradero aún se desconoce. En su mayoría eran jóvenes (incluso diez son menores de edad). Para ocultar sus desapariciones, se crea un montaje internacional a través de supuestos diarios en Argentina y Brasil en los que se publican listas con los nombres de los detenidos como si se tratara de una vendetta entre ellos en territorio trasandino.

A esas alturas, la DINA ya suma varias acciones en el exterior por iniciativa propia, organizando el crimen del general Carlos Prats en Argentina y el atentado a Bernardo Leighton en Italia. Pero no se detendría ahí. En una dinámica de poder absoluto, de nexos a los más altos niveles, este organismo de seguridad en un país alejado del mundo, llega a sentirse capaz de organizar y concretar un golpe grande en pleno corazón de Estados Unidos, atentando contra el ex canciller del gobierno de Allende, Orlando Letelier, en el centro de la capital estadounidense.

¿Es este crimen la máxima expresión de sensación de poder e impunidad que expresa la DINA en sus años de funcionamiento? El periodista Manuel Salazar reflexiona: "Las Fuerzas Armadas -inicialmente- y luego la DINA asumieron la tarea de exterminar el marxismo no sólo de Chile, sino que hasta donde sus brazos llegaran. El asesinato de Orlando Letelier, así como el del general Prats y el intento de matar a Leighton, entre otros atentados internacionales, expresan el afán de Pinochet y del coronel Contreras por encabezar esa lucha".

A través de una millonaria cuenta bancaria, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, financió en 1975 operaciones de la Junta Militar y de otros organismos de Estado y pagó a medios de prensa en Chile, según documentos a los que Efe ha tenido acceso.

La cuenta se abrió en nombre de una ficticia "Dirección Nacional de Rehabilitación" (DINAR) y su titular era el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), actualmente condenado a más de 300 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con los datos del caso y cheques con la firma de Contreras incluidos en un informe de la Corte Suprema anexo al expediente del juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, la DINA hizo también numerosos pagos a los principales diarios, revistas y agencias de noticias de la época.

Destacan los pagos de altas sumas de dinero a distintos regimientos y otras reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) y al Banco Central.

Todos los documentos llevan la rúbrica de Contreras y, según dijeron este viernes dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos, echan por tierra lo sostenido hasta hoy por las Fuerzas Armadas, de que jamás se relacionaron institucionalmente con la policía secreta y que sus crímenes fueron sólo hechos aislados, cometidos por individuos escapados de los mandos.

Las elevadas sumas de dinero giradas desde esa cuenta bancaria a diversos organismos del Estado demuestran que el plan de exterminio de opositores que existió en Chile "fue una acción de carácter institucional del Estado chileno", según Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

"Esto configura un plano de complicidad generalizado que permitió que ocurriera en Chile lo que ocurrió", dijo a Efe la dirigente, a cuyo juicio, si esos medios de prensa que aparecen en los documentos "recibieron pagos de la DINA, no iban a informar los crímenes que se estaban cometiendo".

"Con esto, ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creímos y que la represión fue una acción de carácter institucional del Estado chileno", insistió.

En tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), subrayó que esta información "confirma que en Chile existió un Terrorismo de Estado".

"Esto nos demuestra que la DINA no sólo pagó a sus agentes, sino que financió a todo el estado, incluidos los medios de comunicación, que por eso mismo mintieron sobre estos crímenes. El terrorismo fue de carácter institucional en Chile", agregó.

La cuenta de "DINAR" tenía el número 13280724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, que en esa época tenía otros propietarios, de "Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago", a corta distancia del cuartel general de la DINA.

Contreras giró contra esa cuenta el año 1975 la suma de 1.598.496.520 escudos cuando el "sueldo vital" (mínimo) en Chile era de 27 mil escudos.

Ese mismo año el escudo fue reemplazado por el peso, con una equivalencia de mil escudos por peso y un tipo de cambio oficial de 39 pesos por dólar.

Los giros incluyen doce cheques cobrados desde esa cuenta por "Junta de Gobierno", por un total de 165.630.800 escudos.

Mireya García y Alicia Lira coincidieron en que cabe preguntarse con qué fin distintos estamentos estatales y del Ejército y los medios de comunicación, cobraron cheques girados por el jefe de DINA desde la referida cuenta bancaria.

Desde esta misma cuenta, el Banco Central, que en esa época no era un organismo autónomo como en la actualidad, aparece cobrando tres documentos por un total de 1.269.085.328 escudos.

El informe de la Corte Suprema no explicita los motivos de los pagos hechos por la DINA a través de estos cheques.

Varios agentes de la DINA figuran también cobrando cheques emitidos por "DINAR", entre ellos el brigadier Marcelo Moren Brito, ex jefe del centro de tortura y exterminio "Villa Grimaldi".

También figuran Christoph Willikie Flöl, que fue jefe del Departamento Exterior de la DINA, Eduardo Iturriaga Neumann, jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado y Pedro Espinoza Bravo, ambos exjefes de la DINA y todos ellos en prisión, condenados por violaciones a los derechos humanos.

Aparecen, asimismo, el coronel retirado y ex alcalde del municipio santiaguino de Providencia, Cristián Labeé Galilea; el ex oficial de la Fuerza Aérea, Carlos Ottone Mestre; el actual asesor internacional del Instituto Geográfico Militar, Pablo Gran López; y el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, dictó condena de primera instancia en la investigación que sustancia por el homicidio del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles, cometido en marzo de 1977, en la Región Metropolitana. El funcionario militar, que también trabajó para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue asesinado en un centro médico de fachada que utilizaba el organismo represor, donde fue mantenido bajo arresto luego de que fuera detenido tras un incidente con personal de Carabineros. En ese lugar, la denominada clínica London, Leyton fue asesinado con gas sarín, según se logró establecer en la investigación, bajo sospecha de que había entregado información sobre detenidos desaparecidos que fueron arrestados y mantenidos en el centro clandestino Simón Bolívar. En la resolución, el ministro de fuero condenó a los ex miembros de la DINA Vianel Valdivieso Cervantes, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a penas de 15 años de presidio, como autores del delito de homicidio; además de 3 años y un día por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, más 541 días por el delito de asociación ilícita. Además, el juez condenó al ex agente Hernán Sovino Maturana a la pena de 10 años y un día, en calidad de cómplice en el delito de homicidio; 3 años y un día, como autor en el delito de secuestro, y 541 días por asociación ilícita. Así también, el ministro Madrid dictó una condena de 5 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita, contra Vittorio Orvietto Tiplitzky, mientras que los ex agentes Pedro Valdivia Soto y Gladys Calderón Carreño recibieron condenas de 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio. Otros dos ex miembros de la DINA, Hernán Taricco Durán y Carlotta Bolumburu Tabaoda, fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio como encubridores del homicidio.
 

La existencia de un grupo secreto de la CNI que en 1978 torturaba y asesinaba desde dependencias de la entonces Compañía de Teléfonos (CTC), fue una de las principales revelaciones del documental “El color del camaleón” del cineasta Andrés Lübbert. Y provocó gran impacto. Antecedentes había.

En esta columna el destacado abogado Roberto Garretón, quien defendió presos políticos desde los primeros Consejos de Guerra y durante toda la dictadura, cuenta cómo al buscar el paradero del ingeniero y ex gerente de Codelco, David Silberman, descubrió que en 1974 la DINA estaba instalada en la CTC.

Lo ocurrido con David Silberman Gurovic, ingeniero y gerente general de Cobre Chuqui durante el gobierno de la Unidad Popular, es aterrador. Fue demonizado por El Mercurio y por toda la oposición política mientras se preparaba el Golpe de Estado, atribuyéndole –una vez más la mentira— la traición de entregar secretos industriales a la Unión Soviética. A pesar de encontrarse en Calama, el mismo 11 de septiembre aparece en el Bando N°10 conminado a presentarse en el Ministerio de Defensa, antes de las 16:30 horas. Silberman no lo hace, temiendo lo peor se esconde, lo que permite a los diarios autorizados por la Junta Militar y a los canales de la televisión informar que Silberman, con miles de dólares, se había arrancado a Argentina. Otra mentira.

Silberman buscó un contacto con el mayor Fernando Reveco, la nueva autoridad de Calama y a quien había conocido profesionalmente en Chuquicamata, quien le dio garantías para presentarse. Así lo hizo el 15 de septiembre, quedando detenido. Se le acusó de delitos contra la seguridad del Estado y a la Ley de Control de Armas.

Fue difícil constituir el Consejo de Guerra en su contra: no había auditor de Ejército en Calama, y ningún abogado quiso integrar ese consejo, pues “todos en Chuquicamata le tenían respeto y aprecio”, según me contó el mismo Reveco, a quien le correspondió presidirlo. Un notario fue obligado a integrarlo, y se le condenó a 13 años de presidio.

“Si le aplicábamos la pena de muerte, se le habría ejecutado de inmediato; si lo absolvíamos o le aplicábamos una pena baja, lo habrían asesinado. Condenarlo a una pena leve –para la época— era la única manera de salvarle la vida”, me explicó el mismo mayor Reveco. Y le creo.

Como estaba requerido por el Bando N°10 fue enviado a la Penitenciaría de Santiago, ingresando a ella el 4 de octubre de 1973. Pocos días después un equipo de la FACh lo retira para interrogarlo, operación realizada por el oficial Cristián García-Huidobro Toro, y devuelto 20 días después a la Penitenciaría.

Justo un año después, el 4 de octubre de 1974, la DINA lo sacó de la Penitenciaría, perdiéndose para siempre. El Comité Pro Paz (creado los primeros días de octubre de 1973 a instancias del cardenal Raúl Silva Henríquez) me encarga el caso. Presento el recurso de amparo, que luego de alrededor de un año de decenas de diligencias que pedí y que no tuvieron ningún resultado, fue desestimado tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema. Esta última, como de costumbre, dio por verdad la mentira: si el gobierno dice que David Silberman no está detenido, no lo está. Aunque en este caso se trataba de un secuestro.

Recuerdo haber dicho en la Corte Suprema que el Estado tiene la obligación de protegernos a todos, pero muy especialmente a aquellos que el mismo Estado mantiene bajo su directa dependencia, como son los detenidos: un detenido no se puede perder.

Junto con rechazar el recurso, la Corte Suprema dispuso que se investigara lo ocurrido, pero, obvio, por la justicia militar.

Creo que, llegado a este punto, es preferible remitirme al informe que emití para el Comité Pro Paz cuando se agota la investigación:

  “1.- El día 4 de octubre de 1974 se apersonó en la Penitenciaría de Santiago el Teniente de Ejército Sr. Alejandro Quinteros Romero, portando un Oficio de la “Asesoría Militar a los Tribunales de Tiempo de Guerra”, suscrito por el Coronel Ibáñez –Jefe de ese Servicio— indicando que el Alcaide debía entregar a Silberman al Teniente Quinteros, por su participación en infiltración militar, asalto a sucursal del Banco de Chile y sedición. La orden debía confirmarse al teléfono 516403, al Auditor Sr. Leyton o al Comandante Rodríguez.

El Tte. Quinteros al ingresar al Penal (18:30 horas) dio el “Santo y Seña” e ingresó junto a otro oficial, quedando otros dos afuera. Uno de estos habitualmente había llevado detenidos a la Penitenciaria y era, por tanto, conocido de los gendarmes.

Confirmada la orden al teléfono citado, el Alcaide entregó a Silberman, levantando un Acta firmada por él y por Quinteros, quien se identificó con su TIFA 245-03.

  2.- Posteriormente se confirmó que ninguno de los señores Ibáñez, Rodríguez, Quinteros y Leyton pertenecen al Ejercito, siendo además inexistente el organismo denominado “Asesoría Militar a Tribunales de Tiempo de Guerra” (fs. 179), ni existe la TIFA 245-03.

  3.- La Compañía de Teléfonos informó (fs.36) que el teléfono 516403 está vacante.

  4.- Cabe hacer presente que los secuestradores se movilizaban en una camioneta ambulancia Ika-Renault, sin disco ni patente, “de las que están al servicio en DINA” (numerosos testimonios). El chofer era el único de civil.

  5.- Tanto DINA (fs.114), como los demás organismos de seguridad negaron toda participación en los hechos.

  6.- El detective a cargo de la orden de investigar impartida por la Fiscalía se constituyó en la Planta Chiloé de la Cía. De Teléfonos, y constató:

a) que el 3 de Octubre concurrió a esa Planta el Jefe Alejandro Olivos Olivos, quien con el pretexto de hacer una conexión de prueba a Isla de Maipo, pidió entrar al “Pararayos” (lugar donde están todas las conexiones) y con un “enrulador” hizo algunos trabajos. Para hacer su prueba, rechazó –y con términos enérgicos—, toda colaboración de obreros.

b) que estuvo trabajando en el panel donde están los teléfonos desde el 516401 al 516449, encontrándose rastros en el 516403.

  6.- La Fiscalía dio orden de detención en contra de Olivos, quien fue detenido a la salida de la Cía. de Teléfonos, con un maletín que pidió no fuera abierto por contener documentos confidenciales del Gobierno, lo que le fue respetado.

7.- En su declaración, Olivos expresa: que efectivamente concurrió a la Planta Chiloé en cumplimiento de una misión confidencial encargada por el Supervisor de Asuntos Especiales de la Compañía, Mayor Marcos Derpich Miranda; que dio como pretexto la prueba a Isla de Maipo; que pidió el enrulador; que rechazó toda ayuda; que su misión consistía en habilitar provisoriamente un teléfono para abastecer a la Avda. Pedro Montt; que de los varios vacantes, utilizó –conectó— el 516403 (sic); que no sabe el objeto de este encargo especial y confidencial.

Quedó detenido e incomunicado.

  8.- La Fiscalía ordenó citar solamente al Mayor Derpich, quien expresó: “fui designado en la Compañía para trabajos especiales confidenciales; mantengo contacto diario con todos los servicios de Inteligencia de todas las ramas de las FF.AA.; cuando me designaron para el cargo, pedí, para la realización material de ellos a una persona de la más absoluta confianza, recomendándose al Sr. Olivos, quien hasta la fecha me ha demostrado gran lealtad. Pero después de sus declaraciones, le he perdido la confianza. Niego terminantemente haberle dado la instrucción a que alude. Jamás se la he dado”.

  9.- Se efectúa un careo (fs. 111) en el que cada uno se mantiene en sus dichos, por lo que el Fiscal, insólitamente, deja a ambos en libertad incondicional. Olivos estuvo detenido entre el 19 y el 26 de Noviembre de 1974.

  10.- A fs. 134 DINA emite un informe en el que expresa: “Se ha comprobado definitivamente que Silberman, militante comunista, fue sacado de la Penitenciaria por el “archienemigo” del P.C., el MIR, como se demuestra definitivamente con los siguientes elementos: En un enfrentamiento murió el mirista Claudio Rodríguez (Lautaro), encontrándosele documentos que permitieron un allanamiento a la casa del mirista Alejandro de la Barra. En casa de éste se encontró una TIFA, con el nombre del Teniente Quinteros, con el N° 245-03, pero con la foto de Rodríguez (Lautaro). Esto demuestra que fue Lautaro, con individualización militar falsa a nombre de Quinteros, quien saco a Silberman de la Penitenciaria”.

Además, se encontró un micro teléfono Standar, que permite, según informe adjunto del Ingeniero Vianel Valdivieso Cervantes, conectarse a cualquier teléfono, con lo que se prueba que Rodríguez hizo la conexión para confirmar la orden de salida de Silberman.

Hace presente la DINA al Fiscal que exhibida la TIFA 243-05, con foto de Rodríguez y nombre de Quinteros al Alcaide, este negó que la persona que sacó a Silberman corresponde a la de la fotografía de la TIFA, razón por la cual debe investigarse exhaustivamente al Alcaide por tratarse de un encubridor de extremistas”.

  11.- Con este informe el Fiscal cita al Alcaide, quien expresa: a) la foto no es la de Quinteros que sacó a Silberman. El retrato hablado de Quinteros que rola en autos hecho por mi descripción corresponde correctamente a Quinteros, y se puede apreciar claramente la diferencia entre ese retrato hablado y el de la foto de la TIFA; b) la TIFA que se exhibe es de color azul, de los formularios antiguos de TIFA; la TIFA de Quinteros que se me exhibió al salir Silberman, es de los funcionarios nuevos, de color verde; c) la foto de la TIFA que se exhibe está en blanco y negro; la que se me mostró para sacar a Silberman era en colores, como son las actuales. Luego no corresponde esta TIFA a la que se me exhibió el 4-10-74, ni es la foto de Quinteros, a quien puede reconocer en cualquier momento”.

  12.- Citados todos los otros funcionarios de Prisiones que ya habían declarado, todos unánimes y sin dudas en sus declaraciones, expresaron que la foto de Rodríguez en la TIFA entregada por DINA no es la de la persona que sacó a Silberman. Incluso uno de los gendarmes agrega: “Yo a la persona que sacó a Silberman le pregunté el Santo y Seña y como lo dijo correctamente, lo dejé entrar”.

  13.- Citado el Ingeniero Valdivieso, manifestó que no concurriría al Tribunal, salvo si se lo ordenaba el Comandante en Jefe del Ejército, a cuyas órdenes trabaja, a lo que el Fiscal proveyó; “Déjase sin efecto la citación a Vianel Valdivieso”. (fs. 203)

  14.- El suscrito presentó numerosos escritos durante el sumario, y acompañó documentos tales como declaraciones juradas de prisioneros que aseguran haber estado con Silberman en 3 Alamos y en la casa de José Domingo Cañas esquina República de Israel.

Ninguna de las diligencias solicitadas fue jamás aceptada (salvo una intrascendente, de interrogar a un periodista de La Tercera, que había expresado en una información que Silberman había sido trasladado a un penal del sur, y que ante el Tribunal declaró que solo había sido una mera suposición suya).

  15.- Se declaró cerrado el sumario, y en dictamen de 23-8-76 el Fiscal pide sobreseimiento en virtud del N° 2 del art. 409 del C.P.P., en razón de estar acreditado el secuestro de Silberman, pero no el autor del mismo.

  16.- En sentencia de 20-10-76, el Juez Militar dicta auto de sobreseimiento temporal, con fundamento en el N° 1 del art. 409 del C.P.P., toda vez que no está acreditado el delito, ya que perfectamente Silberman pudo haber salido por su propia voluntad, y “todos los testimonios en contrario provienen de personas de la misma ideología política de Silberman, por lo que no pueden constituir prueba”.

 

En mi informe agregué que no solo durante el sumario, sino incluso “desde que se sobreseyó la causa, fue imposible, hasta fines de enero (1977) obtener que se me facilitara el expediente, en razón del estricto secreto que siempre lo rodeó. Solo en febrero logré terminar su estudio, con expresa prohibición de tomar copias ni apuntes detallados, pretextándose que se trata de causa de Tiempo de Guerra”.

Fue uno de los casos más difíciles y dramáticos en que me correspondió intervenir. Todo un operativo criminal siniestro. Para mí, durante varios meses el dato clave era el del teléfono, porque el alcaide llamó a ese número y le contestaron. El número nos lo dio el alcaide a mí y a Fernando Ostornol, un conocido abogado muy activo en estas causas, y que después Pinochet expulsó de Chile, luego de haberlo tenido preso e incomunicado largo tiempo. Tanto Fernando como yo llamamos miles de veces al 516403, a toda hora del día y de la noche. Y nunca hubo respuesta. Sólo en febrero de 1977 encontramos la explicación de lo ocurrido.

Hubo muchas otras mentiras: Mariana Abarzúa, la esposa de Silberman, se entrevistó con el general Sergio Arellano, con el ministro y el subsecretario de Defensa y el ministro de Justicia, el ayudante del ministro del Interior y muchas otras autoridades. Todas mentían: “Su marido debe haberse fugado”, le respondió el ayudante del ministro de Justicia, comandante Enzo Di Nocera García;“su marido será liberado en los próximos días”, le dijo el ministro. Mientras que el vicario general castrense, el obispo católico Francisco Javier Gillmore, quien prefería que se le tratara de general, le informó: el gobierno dispuso una investigación sobre este caso y como el documento que se exhibió es falso, quiere decir que su marido “fue sacado, con seguridad por un grupo de personeros del gobierno anterior que querían devolver la libertad a su marido y por eso no se sabe su paradero”.

El general/obispo Gillmore no respondía al cardenal. Solo a “su” general. Y “su” general también mintió, como siempre. Contaba Helmuth Frentz –obispo luterano que presidió el Comité Pro Paz- que en una entrevista que sostuvo con Pinochet junto al copresidente del Comité, el obispo Fernando Ariztía y el gran rabino Ángel Kreiman, éste último planteó el caso Silberman, a lo que el dictador respondió que éste fue sacado de la cárcel “por un comando mirista vestidos de militares”.

En esa misma entrevista, y cuando se le preguntó por el desaparecido ex sacerdote español Antonio Llidó, Pinochet respondió: “este señor no es cura, es un marxista”. Lo único claro que queda de esta entrevista histórica es que Pinochet sabía todo, absolutamente todo, desmintiendo otra de las clásicas mentiras del pinochetismo civil de que a Pinochet Manuel Contreras lo engañaba.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a exagentes de la Dirección de Inteligencia (DINA) y a profesionales de la salud por el homicidio del cabo del Ejército y también miembro de la DINA, Manuel Leyton Robles, hecho ocurrido en 1977.

El tribunal, a través de un fallo unánime, confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita Alejandro Madrid respecto del delito de homicidio, revocando a la vez lo relacionado a delitos de secuestro y asociación ilícita.

Por lo anterior, los exagentes de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes y Ricardo Lawrence Mires, este último vinculado con la desaparición de Alfonso Chanfreau y recientemente entregado a la justicia, deberán cumplir 10 años y un día de presidio en calidad de coautores del homicidio.

Mientras tanto, Juan Morales Salgado deberá purgar una pena de 5 años y un día de presidio como cómplice.

Asimismo, el médico Pedro Samuel Valdivia Soto y la enfermera Gladys de las Mercedes Calderón Carreño fueron condenados a 3 años y un día, pero se les otorgó el beneficio de libertad vigilada por dicho lapso.

Por su parte, el médico Hernán Horacio Taricco Lavín deberá cumplir la pena remitida de 541 días de presidio. Todo el anterior personal de salud fue sentenciado como encubridor del delito.

En la misma línea se absolvió de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Vittorio Orvieto Tiplitzky, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Ricardo Lawrence Mires y Vianel Valdivieso Cervantes, pues no se configuraron los hechos de la acusación que los sindicaba como autores.

El fallo señala que “lo propio acontece parcialmente con la calificación de los mismos, constitutivos, a juicio de esta Corte, del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal, disintiéndose de la calificación de los delitos de asociación ilícita y secuestro por los motivos que latamente se expresarán en esta sentencia”.

“La mera presencia de los individuos señalados, con la decisión común de ejecutar unos hechos típicos contra los mismos bienes jurídicos, implica una pluralidad de autores o partícipes en los hechos delictivos comunes, pero que no tiene por qué importar la aplicación de un plan criminal a desarrollar con arreglo a requisitos o estándares como los de una organización o asociación criminal”, señala el texto.

Según el documento, lo anterior “impide advertir, en el caso de autos, la presencia de tales exigencias que permita sostener la figura de la asociación ilícita, siendo al efecto insuficiente la sola convergencia de acciones que concatenadas conducen a un fin, ni siquiera claro para todos los que intervienen en aquel”.

El ex funcionario del Ejercito Vianel Valdivieso Cervantes, quien en su época fue miembro de la DINA y por ende jefe de Michael Townley, falleció esta mañana a sus 82 años.

En horas de la mañana de este martes, en un incendio registrado en el edificio “torres del bosque” ubicado en el centro de Temuco, falleció el ex funcionario del Ejercito Vianel Valdivieso Cervantes, quien en su época fue miembro de la DINA y por ende jefe de Michael Townley.

El ex uniformado, de 82 años, se encontraba y postrado, al momento del incendio que afectó al piso 15 del edificio Torres del Bosque, ubicado en la esquina de las calles Varas con Vicuña Mackenna, hasta donde llegaron ocho compañías que procedieron a evacuar a unas 500 personas de los distintos pisos.

Ex miembro DINA

Vianel Valdivieso Cervantes, 82 años, fue un ex uniformado Ejército del rama de Telecomunicaciones y ex miembro del Estado Mayor de la DINA, el aparato represor de los primeros años de la dictadura. Fue jefe de la Brigada de Inteligencia Electrónica de la DINA y, por tanto jefe directo de Michael Townley.

Para el 11 de septiembre de 1973 Vianel Valdivieso estuvo a cargo de la “Operación Silencio”, mediante la cual se acallaron la mayoría de los medios de comunicación del país el día del Golpe Militar.

También fue miembro de la Sociedad Pedro Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del pais.

En el año 2007, fue encausado junto a otras 12 personas (ex militares y médicos) por los cargos asociación ilícita, homicidio y secuestro, en el caso del crimen del agente DINA, Manuel Leyton.

Por presuntas oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura, en el falló al que accedió el Mostrador.cl se acreditó que el deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

Casi no se tomaba descanso. Como encargado de la oficina de Asuntos Públicos y asesor en las sombras de los servicios de inteligencia de la dictadura y del mismo Pinochet, Álvaro Puga Cappa redactó cientos de informes políticos y de inteligencia que hoy salen a la luz. Son 166 archivos que contienen discursos, detallan la rivalidad entre funcionarios civiles, la participación de informantes del gobierno y de la oposición, espionaje, acciones psicológicas y de propaganda para sembrar terror y lograr la obediencia civil, la agenda política y propagandística de la CNI, la elaboración de noticias falsas.

Este artículo es parte de El primer civil de la dictadura, proyecto multimedia de Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado.

—Quiero mostrarle una cosa, ¿tiene tiempo?

Fue en el segundo o tercer encuentro en su departamento de la comuna de Providencia que Álvaro Puga Cappa —chileno, 81 años, cuatro hijos, casado en segundas nupcias con la hermana menor de su primera esposa— se levantó de un sillón de gobelinos y se encaminó a su estudio de trabajo. Iba en busca de algo que, dijo, me sorprendería.

Era mayo de 2010 y lo frecuentaba con motivo de una serie de entrevistas para el libro La secreta vida de Augusto Pinochet (Debate, 2013), que trata de los libros que el dictador escribió o le escribieron y de los miles de libros patrimoniales que atesoró a costa del erario público. Ese gusto del general por los libros y los escritores, gusto que antecedió al golpe de Estado, fue el punto de partida si no de una amistad, porque Pinochet casi no tenía amigos, al menos de una simpatía mutua con Puga.

Fue uno de sus colaboradores más cercanos, confidente, propagandista, ghostwriter e ideólogo en los primeros años, en abierta rivalidad con Jaime Guzmán. Con orgullo, como quien da cuenta de una hazaña honrosa, se definía “el primer y último civil del gobierno militar”, además de “un hombre de trinchera, un batallador”. 

A cargo de la oficina de Asuntos Públicos, que se ocupaba de la propaganda, los discursos y la censura, había sido un asesor gravitante en los años setenta. Su campo de influencia era amplio y brumoso, desde los pisos superiores del edificio Diego Portales hasta los subterráneos de los organismos represivos, con los que Puga colaboraba. Era amigo del director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras (quien sí tenía amigos) y luego lo fue del director de la Central Nacional de Informaciones, CNI, Humberto Gordon. Le gustaba ufanarse de su poder, sembrar respeto, temor. A sus espaldas, me contó con gracia, le habían inventado un apodo: El Obispo.

Fue uno de los colaboradores más cercanos de Pinochet. Su confidente, su ideólogo, su escritor fantasma.

Todo eso había sido Alvaro Augusto Pilade Puga Cappa. Y sin embargo, cuando lo frecuenté en su departamento, era ya un hombre empobrecido y marchito, un hombre aparte, casi final: relegado al lugar del desprecio, la infamia, el olvido. Había sido importante y ya nadie lo valoraba ni lo reconocía, a excepción de sus amigos que cumplían condena en la cárcel de Punta Peuco. 

De ahí que esa tarde de 2010 haya regresado de su despacho de trabajo con una pila de archivadores de dos anillos y herrajes que contenían discursos, minutas, informes políticos y planes de espionaje y de operaciones propagandísticas y psicológicas, entre otras materias. Al desempolvar esos papeles, parecía querer ufanarse del poder y la importancia que alguna vez tuvo.

En esos archivadores estaba contenida una parte de la memoria de la dictadura cívico militar, una parte gris, si es que hay otra. Ahí se daba cuenta de la rivalidad de los funcionarios civiles, en especial de la disputa soterrada entre nacionalistas y gremialistas; de informantes de gobierno y de oposición; del espionaje a dirigentes políticos y de las actividades propagandísticas y conspirativas que realizaba la CNI, en paralelo a su labor represiva.

Ahí, en definitiva, se guardaban las evidencias de las conspiraciones tramadas en la cabeza de Puga, que había escrito cada uno de esos informes tipeados en máquina de escribir, cada santo día del año. 

AGENTE Y ESCRITOR FANTASMA

Ese es el origen de El primer civil de la dictadura, los archivos secretos de Álvaro Puga, la investigación exclusiva que suma 166 documentos que van de julio de 1974 a febrero de 1986. Es un archivo parcial y en cierto modo arbitrario, porque contiene únicamente lo que él me confió al azar, probablemente sin tener entera conciencia de todo lo que había en esos archivadores. De hecho, algunos de los documentos que me entregó, a sabiendas de que haría una copia digital de ellos, contradecían su persistencia por negar sus vínculos con organismos de inteligencia de la dictadura.

Los papeles no sólo hablan del rol que cumplió Puga a las sombras del poder dictatorial. Leídos en contexto, al trasluz de otros archivos y testimonios, permiten asomarse a las entrañas de la dictadura, sus pugnas, sus mañas, sus prácticas a puertas cerradas. Quienes trabajamos en su análisis y verificación definimos tres grupos, de acuerdo con un trazado cronológico: los papeles de los años setenta, los de la primera mitad de los ochenta y los de la segunda mitad de esa década. 

Los escritos de los años setenta se componen preferentemente de informes políticos, respuestas a entrevistas periodísticas que Puga realizó a nombre de Pinochet y borradores de discursos para ser pronunciados por Pinochet o por algún otro miembro de la Junta Militar. En ese grupo, por ejemplo, está el borrador de uno de los discursos que el dictador chileno dio en la visita de mayo de 1974 que le hizo al dictador paraguayo Alfredo Stroessner, cuyo original se corresponde al pie de la letra con el discurso dado en esa oportunidad. También el saludos de Navidad y de Año Nuevo que Pinochet pronunció por cadena nacional de radio y televisión en 1975; borradores de discursos de aniversarios del golpe de Estado y de algunas de las tantas veces en que asistió a ceremonias en su honor, en las que era celebrado con medallas, galvanos y llaves de ciudades y pueblos. El poder dictatorial se construye de gestos genuflexos y monárquicos.

Leídos en contexto, al trasluz de otros archivos y testimonios, los documentos secretos de Álvaro Puga permiten asomarse a las entrañas de la dictadura, sus pugnas, sus mañas, sus prácticas a puertas cerradas.

Esa década, la más próspera de Álvaro Puga como asesor de gobierno, coincidió con los años en que estuvo al frente de la oficina de Asuntos Públicos, al tiempo que, bajo cuerdas, colaboraba con el Departamento de Comunicaciones y Operaciones Psicológicas de la DINA, que dependía del oficial de Ejército Vianel Valdivieso Cervantes. Fue ese departamento el que concibió la Operación Colombo, ideada para encubrir el crimen de 119 militantes de izquierda cuyas muertes fueron atribuidas a “una sangrienta pugna” entre guerrilleros, como tituló El Mercurio en 1975. Más lejos fue La Segunda en su titular de portada: “Exterminados como ratones”. Esos titulares llevan la huella de Puga, ya que él se ocupó de distribuir esa información a los medios nacionales. Sin embargo, los documentos acá reunidos no dan cuenta de su complicidad en los crímenes de la dictadura en esa década, como tampoco de la censura, las amenazas de muerte a periodistas o montajes comunicacionales en los que participó.

Algo muy distinto ocurre con la serie de documentos de la primera mitad de los años ochenta. 

En esos años, y en especial en 1983, se concentran los documentos más reveladores y valiosos en términos históricos. De ahí que la investigación periodística de la serie de reportajes se haya centrado en este período. Un período marcado por una aguda crisis económica y política, el comienzo de las protestas populares y las celebraciones oficialistas del décimo aniversario del golpe de Estado. Un hito en el que Puga y la CNI participaron activamente, por encargo del mismo Pinochet, mientras conspiraban en contra de opositores y dirigentes afines a la dictadura y hacían montajes y lo que llamaban campañas subliminales y acciones psicológicas. 

FUEGO AMIGO

Como se cuenta en uno de los reportajes de esta investigación, Pinochet entregó cerca de $2.500 millones al valor de hoy para que la CNI y su asesor Álvaro Puga pusieran en marcha una campaña propagandística de los actos celebratorios del 11 de septiembre de 1983, que se extendieron por tres días y consideraron merchandising, desfiles y avisos publicitarios en prensa, radio y televisión. También, un día antes, organizaron un acto masivo que fue transmitido en directo por Televisión Nacional, en el que juraron lealtad a su líder y lanzaron un partido político de matriz nacionalista. 

Este es quizás uno de los principales hallazgos que se desprende de los documentos elaborados por Puga: su análisis —en contraste con archivos de prensa y televisión, además de entrevistas a actores de la época— permite dimensionar el empeño de la policía política de Pinochet por influir en la marcha del gobierno y disputar lugares de poder a los gremialistas, en su mayoría jóvenes leales a Jaime Guzmán, que para la primera mitad de los ochenta habían copado los cargos altos y medios de la administración pública, en desmedro de los nacionalistas. 

A fin de cuentas, en un período de alta incertidumbre política y económica, había una disputa de poder, y esa disputa se expresó en informes en los que Puga daba cuenta en detalle del contenido de reuniones de dirigentes afines a la dictadura, como si él mismo hubiera estado presente. En un memorándum de junio de 1983, por ejemplo, acusa a Jaime Guzmán de reunirse en privado con otros dirigentes políticos de derecha para conspirar en contra de Pinochet, ante su inminente caída.  

Los documentos de 1983 son especialmente valiosos en términos históricos. En plena crisis económica, social y política, la celebración de los 10 años del golpe es apoteósica, un hito en el que Puga y la CNI participaron activamente.

A la hora de ponderar estos documentos, es necesario considerar que su autor habla desde su lugar de interés, que coincide con el interés de los nacionalistas y de la CNI, a la que van dirigidos varios de los escritos de la primera mitad de los ochenta. En este sentido, es posible que en casos como el citado con las denuncias de conspiraciones contengan a la vez conspiraciones tramadas por organismos de inteligencia. De ahí la conveniencia de contrastar el contenido de estos documentos con testimonios, bibliografía y documentos, tal como se hace en los reportajes de esta serie, que reúne además un vasto archivo audiovisual con documentales propagandísticos y coberturas de prensa de la televisión pública.

Pero más allá del empeño por comprobar cada hecho o afirmación relevantes, los documentos de la primera mitad de los ochenta también tienen el valor de dar pistas sobre los recursos a los que echaban manos agentes y asesores como Puga para reunir información. Micrófonos ocultos, informantes de gobierno y oposición, agentes infiltrados en oficinas, empresas, fábricas. Nada nuevo para una dictadura, nada que no se haya sabido y comentado bajo cuerdas en esos años, pero cosa distinta es que esas prácticas queden en evidencia en documentos vinculados a los servicios de inteligencia.

DINÁMICO, MÚLTIPLE, UBICUO

Los micrófonos ocultos estaban a la orden del día en esos años. Los micrófonos, los informantes, los agentes de lo que llamaban el servicio. En un informe fechado en junio de 1983, a propósito de un nuevo encuentro de los dirigentes de derecha, Puga se lamenta de que “en conocimiento de la hora y lugar en que se haría la segunda reunión, no se haya puesto escuchas en la reunión para confirmar lo que se proyectaba en contra del Gobierno”. De cualquier modo, por lo que dicen otros informes, Puga estaba bastante enterado de las cosas que conversaban los dirigentes afines a la dictadura y de oposición, en especial de la Democracia Cristiana, sus vías de financiamiento, quienes recibían fondos, cómo se gastaban.

Puga —y por tanto la CNI— parecían saberlo casi todo en esos días. Su empeño por controlar, por adelantarse a los hechos, por ir dos pasos adelante cobra sentido en la cita de Shakespeare que se lee al comienzo de su autobiografía titulada El mosaico de la memoria (Editorial Maye, 2008): “El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir el futuro”. 

De eso también tratan los informes. De prevenir el futuro, de adelantarse a él para intentar torcerlo. Por ejemplo, en abril de 1983 sostiene que “en las más altas esferas” se cree que el nuevo ministro del Interior será Sergio Onofre Jarpa, cosa que ocurrirá cuatro meses después. Y cuando Jarpa recién ha sido nombrado ministro, Puga se despacha un memorándum titulado Análisis de las actividades personales de Sergio Onofre Jarpa, en el que lo retrata con un “complejo de pariente pobre”, guiado por un afán de “superación del propio infortunio”, que ha estafado a su familia y recibido dinero de la CIA para combatir a Allende. En ese informe está todo lo que hay que saber del nuevo ministro del Interior. Su pasado, sus vínculos, sus movimientos. “El viernes de la semana pasada comió con (el empresario) Ricardo Claro en su casa”, reporta. “Fue solo.”  

Diplomáticos, militares, empresarios, periodistas, curas, dirigentes políticos. Sus fuentes son amplias. Amplias y, en algunos casos, cuando quedan en evidencia, perturbadoras. 

Uno de los principales hallazgos de estos archivos: el empeño de la policía política de Pinochet por influir en la marcha del gobierno y disputar lugares de poder a los gremialistas, en su mayoría jóvenes leales a Jaime Guzmán.

En un memorándum del 19 agosto de 1983, relativo a una reunión de Jarpa con dirigentes de la Democracia Cristiana, identifica al dirigente de ese partido Adolfo Zaldívar como una de las personas que relatan detalles de ese encuentro. El otro, mencionado en un informe despachado tres días después, es Luis Pareto. 

Y tres meses antes de ese encuentro, en otro memorándum, Puga pide realizar una gestión ante el Consejo de Defensa del Estado para ayudar a Luis Matte Valdés, militante socialista y ex ministro de Vivienda y Urbanismo de Salvador Allende, que en esos días tenía un litigio legal por unos terrenos de su propiedad en La Florida. La solicitud obedece a que “el señor Matte es un elemento valiosísimo para la información de sectores de izquierda que él entrega voluntariamente”.

Puga es un hombre dinámico, múltiple, ubicuo, que pide y ofrece ayuda para sus informantes, cargos para sus amigos y favores para sus cercanos y para sí mismo, como se evidencia en  un documento titulado Temario, en el que manifiesta “la necesidad de cambiar el juez o cambiar de lugar el juicio” en Concepción, ante una demanda que afecta a una pesquera de su propiedad en Talcahuano.  

Los micrófonos, los informantes y agentes de lo que llamaban el servicio estaban a la orden del dia en esos años. Puga -y por tanto la CNI- parecían saberlo casi todo en esos días. 

Como se aprecia, el poder dictatorial es generoso y puede mover voluntades, funcionarios, recursos. Qué otra cosa es una dictadura si no una cadena de abusos, de arbitrariedades y favores discrecionales. 

A mediados de 1983, por ejemplo, pide que su amigo el periodista Héctor Durán sea nombrado en la dirección de la agencia Orbe, además de recordar el pago pendiente de honorarios por una asesoría comunicacional. De paso, en ese mismo documento, pide que la CNI infiltre la fábrica textil del empresario Jorge Comandari Kaiser, “porque alguien le sopló que allí se fabrican miguelitos (…). Él es un hombre que nos ayuda muchísimo con sus contactos políticos. Incluso me dice que él podría darle trabajo a alguien enviado por el servicio para que controlara y comprobara si es efectivo lo que allí se ha denunciado”. 

CAMPAÑAS SUBLIMINALES

La obsesión de Puga por la información, por influir, por torcer y manipular la realidad es una constante en sus informes. Su tema más recurrente es la propaganda, materia en la que se considera experto. “Bien podríamos decir que es nuestra preferida”, se sincera en noviembre de 1983. También es ducho en las que llama “campañas subliminales” y “acciones psicológicas”, que no son otras cosas que planes para manipular a la opinión pública por medio de montajes, campañas de desinformación y acciones que tienen el objeto de sembrar terror en la población.

Al respecto, el memorándum titulado PLAN (DE) ACCIÓN SICOLÓGICA PARA CONTRARRESTAR CONCENTRACIÓN DEL 18-11 resulta ilustrativo. 

De modo de desacreditar la manifestación opositora que se celebró en noviembre de 1983 en el Parque O’Higgins, Puga propone acciones como la “violación de una menor por un grupo de delincuentes en el sector del Parque O’Higgins”; “atentado contra Fantasilandia, atribuible al MIR”; “desperfecto en la línea del Metro”; “vuelos rasantes sobre todas las grandes poblaciones del sector sur de Santiago” y “volver a hablar del terrorismo, especialmente a través de reportajes de la prensa y en televisión”. 

Un tema recurrente en los archivos Puga es su obsesión por la información y la propaganda. Era ducho en "campañas subliminales" y en "acciones psicológicas" para manipular a la opinión pública, sembrar terror y lograr la obediencia civil.

Como se plantea en otro de los reportajes de esta serie, las operaciones psicológicas fueron una práctica habitual de la DINA y la CNI, y en ellas la complicidad de los medios y los periodistas resultaron fundamentales. En este caso, lo anterior queda en evidencia en un  documento de 1983 que identifica al director de La Tercera, Alberto Guerrero, como “un hombre totalmente nuestro, incondicional” a los servicios de inteligencia. No parecía ocurrir lo mismo con uno de los principales controladores de ese diario, Germán Picó Cañas. “Tiene una aversión por la CNI que raya en la paranoia y por ello creo que es muy importante que el General Director (de la CNI) tenga con él una reunión de tipo social aparente”, sugiere el mismo documento. 

No hay pistas sobre el resultado de esa propuesta. Pero otro documento del mismo año plantea que, producto de los créditos millonarios que el Estado le entregó a los diarios El Mercurio y La Tercera para salvarlos de una quiebra segura, “el Gobierno prácticamente posee la propiedad” de ambas empresas. Puga sugiere que el gobierno dé un golpe y se haga de ambas. A fin de cuentas, su plan consiste en una “intervención directa de todos los medios de comunicación”. Sin embargo, de no ocurrir eso, de no poder controlarlo todo, tiene una idea en marcha: “Hemos contrarrestado mucho esa fuerza con la contratación de los servicios de muchos periodistas de esos diarios”. 

Esos diarios son El Mercurio y La Tercera. Las dos cadenas de diarios nacionales que sostuvieron a la dictadura. Y las únicas dos que sobreviven al día de hoy.

EL AMANTE SECRETO

El tercer y último grupo de documentos se concentra en la segunda mitad de los años ochenta. Y a diferencia del grupo anterior, son informes sobre política nacional e internacional elaborados preferentemente con fuentes abiertas, vale decir, prensa. Ya no hay alusiones a los servicios de inteligencia. Ni conspiraciones, espionajes, planes de propaganda, campañas subliminales o acciones psicológicas. No al menos en el conjunto de archivadores de ese último período que Puga trajo de su estudio de trabajo y también autorizó a copiar. 

Esos papeles tienen otro tono, más distantes, impersonales. De hecho, ya desde fines de 1983 sus informes acusan un declive en su estado anímico, quizás una desesperación, un extravío, si es que no una tristeza. “Siento además la imperiosa necesidad de regularizar mis funciones de asesoría política y comunicacional hacia el Gobierno, ya que siempre estoy dudoso sobre lo que debo dar, porque nada se me pide especialmente”, escribe en vísperas de Navidad.

Es muy probable que la querella y luego quiebra de su pesquera en Talcahuano, que derivó en una orden de arresto en su contra, le hayan pasado la cuenta. Definitivamente, por lo que se lee en esos papeles, ya no volverá a ser el mismo de comienzos de los ochenta ni menos el que había sido una década antes, cuando tuvo a cargo la oficina de Asuntos Públicos. Ya no influía tanto pero tampoco vivía sobresaltos. Tenía la protección de Pinochet y, según un artículo del medio Primera Línea, de la misma CNI para eludir sus líos judiciales.

De acuerdo con lo que me contó, los informes de este período iban dirigidos a Pinochet, quien había dispuesto que cada lunes a la mañana un funcionario del Ejército llegara a la casa de su asesor para retirarlos en un sobre sellado. Los remuneraba bien y probablemente no los leía, aunque Puga decía que sí, porque “cada cierto tiempo me juntaban con él y me los comentaba”. Solía llevarle chocolates de regalo, “porque lo conocía bastante bien y sabía que le gustaban los chocolates”. También sabía la razón por la cual Pinochet lo citaba a conversar en la Comandancia en Jefe del Ejército o en el Club Militar, nunca en La Moneda.

—¿Nunca?

—Nunca en La Moneda, jamás, porque ahí podía aparecer (Jaime) Guzmán. Pinochet ya se guiaba mucho por Guzman, yo no sé, estaba encandilado por ese tipo, entonces yo era como el amante secreto. A mí Pinochet me quería mucho, sinceramente, y se lo digo sin alarde: había un afecto que nació esa noche que le he contado del 11 de septiembre que me mandó a llamar y me firmó sus libros.

PÁLIDA, GRUESA, MARCHITA

Tres años después de la serie de entrevistas volví a ver a Puga para entregarle una copia de mi libro sobre Pinochet. Para eso y, sobre todo, para saber más de su archivo. 

Era 2013, dos años antes de su muerte, y ahora vivía en la casa de una de sus hijas, en el barrio de Los Domínicos. Las deudas lo habían forzado a dejar el departamento que ocupaba con su esposa en Providencia. Me recibió en el living.

Tal como lo hizo la última vez que nos reunimos, volvió a quejarse de que nadie le daba trabajo. Pero ahora dijo que no le importaba, que ya nada le importaba. Agradeció el libro que le llevé, aunque me aclaró que ya había logrado hacerse de un ejemplar. Lo había leído con detención y le había parecido bien. Básicamente no tenía objeciones con el modo en que había reproducido la entrevista con él. 

Álvaro Puga se reunía con Pinochet pero nunca pisaba La Moneda. Para no cruzarse con Guzmán.

Entonces le pregunté por los archivos. Por los que me llevé la primera vez acunados en ambos brazos, como quien carga una pila de leños, y luego de copiarlos se los llevé de vuelta en una maleta. Por esa segunda partida de archivadores que me llevé de su departamente en esa misma maleta y que también devolví. Por esos y los otros papeles que no me había querido mostrar, porque esos eran “más privados”, había dicho en 2010. Ahora, tres años después, quería saber qué había sido de todo eso y de vuelta, sin titubear, me dijo que ya no los tenía, que se había deshecho de ellos. 

—¿Cómo? ¿Cómo se deshizo de ellos?

—Los quemé.

De ser cierto, hizo lo mismo que había hecho el Ejército con el archivo de la CNI en 2001, lo que derivó en una condena judicial. Álvaro Puga jamás rindió cuentas a la justicia. Tampoco yo le pedí cuentas por el contenido de los papeles que me entregó. Casi no hablé de eso en el libro sobre Pinochet, porque excedía el eje temático y era parte de otra investigación, que no sabía si alguna vez haría. 

Me salió a despedir a la puerta de la casa de su hija. Me estrechó su mano derecha, una mano gruesa, pálida, marchita. Me agradeció el libro, se despidió sin sonreír.

—Que le vaya bien, cuídese.

por Juan Cristóbal Peña