Mättig Guzmán Víctor Manuel

Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión adoptada por el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien desestimó la petición de encausar a los ex uniformados. Además, el tribunal de alzada procesó a tres de ellos por un secuestro calificado.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición de someter a proceso a nueve oficiales (r) de la Fuerza Aérea (FACh) bajo la figura de asociación ilícita genocídica, debido a los antecedentes que los sindican como autores de detenciones ilegales, torturas y desapariciones al interior de la Academia de Guerra Aérea, AGA, luego del golpe de Estado de 1973.

Con el voto en contra de la ministra Rosa María Maggi, el ministro Carlos Cerda y la abogada integrante Andrea Muñoz estuvieron por revocar la decisión de primera instancia, adoptada por el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien no dio lugar a estos encausamientos.

De esta forma, el tribunal de alzada procesó a Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Sergio Fernando Contreras Mejías, Juan Bautista González Figueroa, Orlando Gutiérrez Bravo, Omar Arturo Insunza Melo, Juan Luis Fernando López López, Víctor Manuel Mattig Guzmán, Roberto Francisco Serón Cárdenas y Luis Campos Poblete, en calidad de autores del delito de asociación ilícita genocídica.

"Se encuentra justificado que en el año 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar coordinadamente en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista o activismo de izquierda extrapartidaria, con el objeto de exterminar a estos grupos sociales, atentando criminalmente en contra de sus miembros o seguidores", sostiene el fallo.

Con este fin, "procedieron a la detención de los mismos sin previa orden impartida por autoridad legítima, para luego recluirlos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, ubicada en la comuna de Las Condes de esta ciudad, donde se los mantuvo incomunicados por prolongados períodos y se los sometió a tratamientos crueles y degradantes y otras variadas formas de tortura física y psicológica", añadió.

Asimismo, la Sexta Sala ordenó dictar órdenes de detención en contra de todos estos uniformados, dado que la gravedad del delito imputado hacen necesaria su detención preventiva.

Secuestro calificado

Por otra parte, el tribunal de alzada encausó a Sergio Fernando Contreras Mejías, Juan Bautista González Figueroa y Víctor Manuel Mattig Guzmán, en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad de José Luis Baeza Cruces.

Según se consignó en la resolución, los antecedentes del proceso son también suficientes para justificar la existencia de la ilegítima privación de libertad de la mencionada vícitma, ilícito que a la época de su perpetración se encontraba descrito y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal.

José Luis Baeza Cruces, casado, 2 hijos, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y del Partido Comunista, fue detenido el 9 de julio de 1974 por efectivos de seguridad pertenecientes a la FACH, presumiblemente en la vivienda ubicada en El Mirador 1868, Santiago. Tras su captura fue trasladado a la AGA, donde se le ve hasta el 29 de agosto de ese mismo año, en muy mal estado físico producto de las torturas a que era sometido. (Fuente: memoriaviva.com)

A una de las víctimas le trazaron el signo de la Unidad Popular en su espalda con un yatagán, y lo sometieron a interrogatorios con electricidad en los genitales y en la lengua, reseña el fallo.

En fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las penas contra seis ex miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), entre autores y cómplices, de torturas realizadas en 1973, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre, contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova en el interior de la base de El Bosque, en Santiago.

El tribunal integrado por los ministros Leopoldo Llanos, Juan Antonio Poblete y el abogado (i) Jorge Norambuena decretó 5 años y un día de presidio efectivo como autores para los ex militares Renato Gastón del Campo Santelices, Manuel del Carmen Cabezas Pérez y el ex general de la FACh Guillermo Reynaldo Gómez Aguilar (quien ya tiene una condena de 3 años y un día por la muerte del joven estudiante de 22 años Gabriel Marfull González).

Además, también por su calidad de autores, decretó 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, para Eduardo Enrique Cartagena Maldonado (suboficial de la FACh procesado por numerosos casos de detenidos desaparecidos) y Leopoldo Zamora Maldonado.

Por último, para Víctor Manuel Mättig Guzmán (oficial procesado ya como autor del delito de asociación ilícita genocida), la Justicia estipuló una pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por su calidad de cómplice.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Poblete.

“La víctima Patricio Mario Rivera Cornejo, aparte de los maltratos sufridos al momento de su detención, al ser posteriormente trasladado a la Base Aérea El Bosque, personal de esa institución lo sometió a ‘interrogatorios con electricidad en los genitales y en la lengua, y en particular le provocaron marcas trazando el signo de la Unidad Popular en su espalda con un yatagán, además de varios simulacros de fusilamiento”, reseñó el fallo.

“En lo relativo a la víctima Ramón Daniel Pavez Casanova, expresa que después de haber sido detenido, interrogado y golpeado en el Ministerio de Defensa, fue trasladado al interior de la Base Aérea El Bosque, ‘permaneciendo en ese lugar por alrededor de una semana a 10 días, sometido a sesiones de interrogatorios y torturas mediante el empleo de electricidad y golpes en su cuerpo'”, agregó.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado a pagar una indemnización de 40 millones de pesos (algo más de 58.000 dólares) a cada una de las víctimas.

Víctor Mattig Guzmán estaba condenado por las torturas y desapariciones ocurridas en la Academia de Guerra Aérea, mientras que Raúl Rojas Nieto cumplía pena por su participación en el Comando Conjunto.

por Cristián Meza

Este viernes se conoció que el Presidente Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Justicia, indultó a dos internos de Punta Peuco, quienes estaban condenados por violaciones a los derechos humanos.

El abogado Raúl Meza, defensor de criminales de lesa humanidad, declaró que “nos parece que es una señal muy potente la que está dando el Gobierno de Sebastián Piñera. Creemos que llegó el tiempo de la justicia y no de la venganza”.

“Esperamos que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, cumpla sus compromisos de su campaña presidencial hacia la familia militar y ojalá vengan muchos más indultos presidenciales”, resaltó a radio Biobío.

Por contrapartida, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, cuestionó que “pasando a llevar los convenios y tratados internacionales, Sebastián Piñera los indultó, eso va contra todos los principios de la lucha que han dado los familiares de víctimas, para que haya verdad y justicia, y aquí solamente aprovechándose de la crisis sanitaria, en forma cobarde y oculta, el Presidente indulta a estos dos criminales”, declaró.

Pero, ¿quiénes fueron los dos beneficiados con el indulto?

Víctor Manuel Mattig

El comandante de escuadrilla en retiro de la Fuerza Aérea, Víctor Manuel Mattig Guzmán, de 81 años, estaba condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de José Luis Baeza Cruces, hecho ocurrido el 9 de julio de 1974, además de torturas cometidas en la Academia de Guerra Aérea.

Por su parte, en 2019 recibió una pena de 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, en su calidad de cómplice de las torturas sufridas por Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova en la Base Aérea El Bosque.

Según el fallo de la Primera Corte de Apelaciones de Santiago, a Rivera Cornejo se “lo sometió a ‘interrogatorios con electricidad en los genitales y en la lengua, y en particular le provocaron marcas trazando el signo de la Unidad Popular en su espalda con un yatagán, además de varios simulacros de fusilamiento”.

Junto con ello, estaba procesado por asociación ilícita genocida por las detenciones ilegales, torturas y desapariciones que ocurrieron en la Academia de Guerra Aérea, consignó Memoria Viva.

“Se encuentra justificado que en el año 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar coordinadamente en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista o activismo de izquierda extrapartidaria, con el objeto de exterminar a estos grupos sociales, atentando criminalmente en contra de sus miembros o seguidores”, sostiene el fallo de la sexta sala del tribunal de alzada capitalino.

Matting, quien se encuentra internado en el Hospital de la FACh, recién ingresó a Punta Peuco a cumplir condena en 2018.

Raúl Rojas Nieto

El coronel en retiro del Ejército, Raúl Rojas Nieto, también conocido como “El Pichi” e integrante del Comando Conjunto, fue condenado junto a Alvaro Corbalán a una pena de 7 años de presidio por su participación en el secuestro calificado del militante comunista Víctor Vega Riquelme, de quien se perdió el rastro en el centro de tortura de Remo Cero en Colina.

El otrora oficial de 84 años además fue agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), donde estuvo en contacto con Lenin Guardia, que prestaba servicios de inteligencia al Gobierno de Patricio Aylwin y era informante pagado de la institución castrense, quien le señaló que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez planeaba asesinar a Jaime Guzmán, como consigna Juan Cristóbal Peña, autor de Jóvenes Pistoleros.

Rojas Nieto está internado en el Hospital Militar y recién pisó la cárcel de Punta Peuco en 2017.