Ugarte Román Marta Lidia

Marta Lidia Ugarte Román nació en Santiago el 29 de julio de 1934. Fue profesora, modista, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, secretaria de la diputada Mireya Baltra, Encargada Nacional de Educación del PC, jefa provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de DIRINCO, durante el Gobierno de Salvador Allende.

    El 9 de agosto de 1976 fue detenida por agentes de la DINA la militante del PC y miembro de su Comité Central, Marta Lidia UGARTE ROMAN. Según testigos, la afectada permaneció recluída en el sector denominado «La Torre» de Villa Grimaldi, muriendo posteriormente a consecuencia de las torturas de que fue objeto. Su cadáver fue arrojado por sus captores al mar, pero no obstante las precauciones que éstos tomaron para evitarlo, fue encontrado semidesnudo y dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, el 9 de septiembre de ese año en la playa La Ballena, ubicada en Los Molles. Según el informe de la autopsia, la afectada sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho, habiendo fallecido el 9 de septiembre de 1976.

La Comisión llegó a la convicción de que Marta Ugarte fue detenida y hecha desaparecer forzosamente por agente del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos, lo que se confirma por el hecho de que fortuitamente haya aparecido su cadáver que sus captores intentaron ocultar arrojándolo al mar.
 

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

La aparición de su cadáver con severos traumas en una playa de Los Molles fue inicialmente catalogado como un “crimen pasional”

 Marta Lidia Ugarte Román nació en Santiago el 29 de julio de 1934. Fue profesora, modista, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Chile, secretaria de la diputada Mireya Baltra, encargada nacional de Educación del PC, jefa provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de Dirinco, durante el gobierno de Salvador Allende.

Tras el Golpe de Estado, Marta pasó a la clandestinidad. Sin embargo, el 9 de agosto de 1976 fue detenida por agentes de la Brigada Purén de la DINA, cuando esperaba en la consulta de su médico. 

Su familia interpuso un recurso de amparo en su favor, sin embargo, la petición fue desoída. Según testigos, Marta permaneció recluida en Villa Grimaldi hasta el 9 de septiembre de ese año, fecha en que fue trasladada a la localidad de Peldehue, donde se le aplicó una inyección para provocarle la muerte, luego de lo cual los agentes metieron su cuerpo en un saco -junto a varios más- y lo amarraron con alambre a un trozo de riel, para poder subirla a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, aeronave destinada a lanzar los cadáveres en alta mar.

“LA AHORCAMOS CON UN ALAMBRE”

Sin embargo, Marta no estaba muerta. Según relata el sitio memoriaviva.cl, en algún momento Marta comenzó a moverse. En declaraciones judiciales de E.V.T., un ex agente de la DINA y que fueron publicadas por el periodista Jorge Escalante en su reportaje “Los pecados de mi capitán” y consignadas en www.serpajchile.cl, señaló que “la inyección que el doctor le puso a Marta Ugarte parece que no la dejó totalmente muerta o adormecida. Nos percatamos que, al momento de ensacarla, todavía se seguía moviendo (…). La orden que se cumplió a continuación fue terrible. Todos estábamos ahora apurados porque el helicóptero venía. Entonces abrimos el saco y la ahorcamos con un alambre. No se movió más. Después amarramos nuevamente el saco con el mismo alambre”, detalla Escalante.

Sin embargo, la amarra no quedó del todo firme ya que -una vez en el agua- el saco se soltó del riel, permitiendo que el cuerpo de la profesora saliera a flote. Y fue así como el 12 de septiembre el cadáver de Marta Ugarte Román fue encontrado sin vida en unos huirales de la playa La Ballena, por Marcel Dupré David, un vecino del sector.

“CRIMEN PASIONAL”

El hallazgo del cuerpo encontró eco en algunos medios nacionales, que inicialmente lo catalogaron como un “crimen pasional”, describiéndola como “hermosa joven de 23 años”, a pesar de que a la sazón ya tenía 42 años y su cuerpo evidenciaba haber sufrido una violencia inusitada. Según el Informe Rettig, “la afectada sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho”.

Tras ser hallado, el cuerpo fue derivado hasta el Hospital de La Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago para su identificación, labor que estuvo a cargo del odontólogo que atendía a Marta, el doctor Luis Ciocca Gómez, quien tras comparar la dentadura con la ficha dental no tuvo ninguna duda de que se trataba de ella.

Fue así como la aparición del cuerpo de Marta vino a confirmar que los organismos de seguridad de la Dictadura estaban lanzando a los detenidos desaparecidos al mar.

Transcurridos 47 años de su detención y muerte, este martes se realizó una ceremonia conmemorativa en La Ballena, hasta donde llegaron autoridades encabezadas por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Tatiana Orellana, mujeres sobrevivientes del Golpe de Estado y diversas organizaciones sociales, además del odontólogo Luis Ciocca.

El coronel (r) facilitó el uso de un helicóptero Puma, cuando se desempeñaba como comandante de la Comando de Aviación del Ejército, para lanzar el cuerpo de Marta Ugarte al mar. Por esto hecho cumplía una pena de ocho años de presidio en el penal Punta Peuco.

Este viernes se confirmó la muerte de Carlos Mardones Díaz, coronel (r) del Ejército que cumplía una condena por haber sido cómplice del secuestro y homicidio de la profesora Marta Ugarte durante la dictadura.

La mujer fue detenida por agentes del régimen de Pinochet en agosto de 1976 y encerrada en el centro de detención y tortura Villa Grimaldi, en Santiago.

Un mes después, Marta Ugarte fue llevada a Peldehue, donde se concretó su homicidio. Posteriormente, su cadáver fue cubierto por bolsas y amarrado con elementos metálicos para ser luego lanzado al mar. Un mes después el cuerpo fue encontrado en la playa La Ballena.

Esta última operación se realizó en un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, organismo que era dirigido por Carlos Mardones.

La Justicia determinó para Mardones Díaz una pena de ocho años de presidio, luego que determinó que «para utilizar dicho medio de transporte (helicóptero Puma) requería las autorizaciones y conformación de tripulación, con antelación a su salida», lo que debía ser conocido por el coronel.

La Corte Suprema rechazó recursos de casación y confirmó la sentencia que condenó a 18 exagentes del Estado por su responsabilidad en el secuestro agravado y homicidio calificado de Marta Ugarte Román. La profesora fue detenida en agosto de 1976 en la región Metropolitana y su cuerpo apareció en la playa La Ballena -en la localidad de Los Molles- el 12 de septiembre de 1976 luego de ser sometida a torturas y lanzada al mar desde un helicóptero.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari- descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

En tanto Pedro Espinoza Bravo, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Torrejón Gatica, Carlos Miranda Mesa y Carlos López Inostroza fueron condenados a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

Carlos Mardones Díaz fue sentenciado a 8 años de presidio como cómplice y Luis Polanco Gallardo fue condenado 5 años de presidio como encubridor de homicidio calificado.

Leónidas Méndez Romero y José Seco Alarcón deberán purgar una pena de 5 años de presidio como cómplices de secuestro calificado y Emilio Troncoso Vivallos fue sentenciado a una pena de 4 años de presidio como cómplice de secuestro calificado.

La sentencia descartó error de derecho en la decisión que estableció que Marta Ugarte Román fue detenida y asesinada por razones políticas, debido a su militancia en el Partido Comunista, como parte de la represión de la época.

“En este caso, se trata de la detención de una persona y posterior homicidio, cuyas motivaciones fueron de orden político, por la sola circunstancia de pertenecer a un conglomerado político respecto del cual se había decidido combatirlo drásticamente, por agentes del Estado en una organización —Dirección de Inteligencia Nacional— que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del Partido Comunista y, en su caso, hacerlos desaparecer, pues eran tratados como enemigos del país.

En estos antecedentes se acreditó suficientemente que actuaron Agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”, dice el fallo.

Asimismo se desestimó error al no aplicar la media prescripción para rebajar la pena al tratarse de un crimen de lesa humanidad.

Los hechos

La investigación del ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza estableció que:

“1.- Que Marta Lidia Ugarte Román fue militante del Partido Comunista de Chile y miembro del Comité Central de esa colectividad, desempeñándose en la organización del Partido, durante el año 1976.

2.- Que, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a la clandestinidad por ser buscada por los servicios de inteligencia, la que vivió junto a Elvira Solari Ahumada, en el domicilio de Callejón Lo Ovalle N°908 de la comuna de La Cisterna, lugar donde estaba residiendo desde el citado mes de septiembre de 1973, por razones de seguridad, atendida su militancia política.

3.- Que, el día 9 de agosto de 1976, Marta Ugarte Román salió del domicilio de Callejón Lo Ovalle, alrededor de las 15:00 horas, con dirección a la consulta del doctor Iván Insunza, ubicado en Vicuña Mackenna, para atenderse de una infección en su pierna, producto de una mordida de perro, encontrándose en el trayecto con Héctor Acela, ya fallecido, con quién caminó por Avenida Vicuña Mackenna en dirección a Avenida Matta, el que la advirtió, que en el sector se veía algo extraño y parecía estar vigilado, insistiendo ella, en continuar su camino, sin saber que el doctor Iván Insunza, ya había sido detenido con anterioridad, por los servicios de inteligencia.

4.- Que, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pertenecientes a la Brigada Purén cuyo objetivo inmediato era el seguimiento, ubicación y detención de militantes del Partido Comunista, sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la consulta del Dr. Insunza, el que había sido detenido con anterioridad por su filiación comunista, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo, conocido como Villa Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época se encontraban en el mismo lugar.

5.- Que, las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior y, de la propia DINA, negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su paradero.

6.- Que, encontrándose privada de libertad, fue sacada a la calle por agentes, a fin de identificar a otros militantes y partidarios del Partido Comunista, siendo vista en uno de esos operativos, en una morada de calle Constitución, de la comuna de Santiago, lugar donde se realizaban reuniones de partido.

7.- Que, aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subida a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta mar.

8.- Que, el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, el cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román, fue encontrado sin vida, por Marcel Dupré David, presentando sólo un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba signos de pinchaduras en sus brazos, cadáver que fue trasladado al hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes. El primer informe de fecha 14 de septiembre de 1976, concluyó una muerte violenta en circunstancia de tipo homicida, donde la causa directa de muerte, fue politraumatismo y luxofractura de columna, el 9 de septiembre de 1976; la segunda pericia, de 22 de octubre de 1976, concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo tóracoabdómino-pelviano, cuya ampliación de 22 febrero de 2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre.

9.- Que, el Comando de Aviación del Ejército, tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas autoridades del Ejército, ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo. Naves, que fueron usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años, para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho organismo, los que eran llevados directamente al aeródromo Tobalaba o llevados al Regimiento Peldehue, para luego emprender vuelo hasta alta mar, donde eran lanzados al océano”.

«Se acreditó suficientemente que actuaron agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”, argumenta la decisión judicial.

Este lunes se oficializó la decisión de la Corte Suprema, entidad que confirmó la condena a 18 ex agentes de la dictadura por el secuestro y asesinato en 1976 de la profesora militante del PC, Marta Ugarte Román, tras el rechazo de los recursos de casación presentados contra el fallo precedente, informa el Poder Judicial.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó error de derecho que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

Respecto de Pedro Espinoza Bravo, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Torrejón Gatica, Carlos Miranda Mesa y Carlos López Inostroza recibieron una condena de 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

Por su parte, a Carlos Mardones Díaz lo sentenciaron a ocho años de presidio como cómplice, mientras que a Luis Polanco Gallardo lo condenaron a cinco años de presidio como encubridor de homicidio calificado.

Leónidas Méndez Romero y José Seco Alarcón deberán cumplir una pena de cinco años de presidio como cómplices de secuestro calificado y a Emilio Troncoso Vivallos lo sentenciaron a cuatro años de presidio como cómplice de secuestro calificado.

El detalle del fallo

La sentencia terminó descartando el error de derecho en la decisión que estableció que a Marta Ugarte Román la detuvieron y asesinaron por causales políticas, específicamente por su militancia en el Partido Comunista.

«Se trata de la detención de una persona y posterior homicidio, cuyas motivaciones fueron de orden político, por la sola circunstancia de pertenecer a un conglomerado político respecto del cual se había decidido combatirlo drásticamente, por agentes del Estado en una organización —Dirección de Inteligencia Nacional— que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del Partido Comunista y, en su caso, hacerlos desaparecer, pues eran tratados como enemigos del país», argumenta la decisión de tribunales.

Y posteriormente agrega que «se acreditó suficientemente que actuaron agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”.

Paralelamente la justicia nacional estableció que no aplica la media prescripción para rebajar la pena al tratarse de delito de lesa humanidad.

El caso

En relación al caso, el sitio Memoria Viva detalla que con fecha 9 de agosto de 1976 agentes de la Dina detuvieron a Marta Ugarte. De acuerdo al relato de testigos, la docente estuvo detenida en Villa Grimaldi, donde posteriormente murió como consecuencia de las torturas que recibió.

Con posterioridad al crimen sus responsables la arrojaron al mar, donde la encontraron semidesnuda y dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, el día 9 de septiembre de ese año en la playa La Ballena, en Los Molles.

El informe de la autopsia confirma que estando viva, Ugarte sufrió una luxo fractura de columna, traumatismo toráxico abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho. Su data de deceso corresponde al 9 de septiembre de ese año.

En la playa la Ballena, localidad de Los Molles, Comuna de Los Vilos, se dieron cita cientos de personas para remomorar y rendir homenaje a esta mujer, profesora de Estado, que fuera vilmente asesinada por la DINA.

Para borrar la fechoría y las huellas del brutal crimen, fue lanzada al mar. Desde allí la fuerza del agua la devolvió hasta ese lugar donde fue encontrada. Trataron de ocultar el hecho, pero no pudieron.

El 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, fue hallado por Marcel Dupré David, un vecino del sector, el cuerpo de una mujer horrorosamente mutilada y con evidentes señas de participación de terceros en su muerte. La noticia no pasaba de ser una de tantas que las páginas rojas suelen consignar. Sin embargo a partir de su descubrimiento, una parte de la historia comenzaría a reescribirse.

Se trataba del cuerpo sin vida de Marta Lidia Ugarte Román, una profesora y dirigente del Partido Comunista que estaba desaparecida desde el 6 de agosto de ese mismo año. Los restos solo estaban cubiertos por “un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba signos de pinchaduras en sus brazos”, señala la sentencia.

La puesta en escena

La verdad oficial no podía ser esa, los detenidos desaparecidos para el régimen no existían, solo eran presunciones, invenciones de los activistas de derechos humanos, de los contrarios a Pinochet, del marxismo internacional y los tontos útiles. Menos podía aparecer la DINA tras los hechos y menos aún Manuel Contreras, su jefe y mano derecha del dictador. Había que actuar rápido y para ello asumieron que ya se les había escapado el manejo del cuerpo, trasladado primero al hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes.

El primer informe de fecha 14 de septiembre de 1976, “concluyó una muerte violenta en circunstancia de tipo homicida, donde la causa directa de muerte, fue politraumatismo y luxofractura de columna”. La segunda necropsia del 9 de septiembre de 1976, sería más detallada: “la causa de muerte fue por un traumatismo tóracoabdómino-pelviano, cuya ampliación de 22 febrero de 2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre”.

Asumido que no se podría ocultar el hallazgo del cadáver, la experiencia les había demostrado que sí se podía deformar la verdad entregada al público a través de los medios de prensa que les eran adictos. Para ello se redactó desde la DINA una especie de comunicado para que fuera dado a conocer como noticia propia por “Periodistas que se prestaron para eso, pasando por alto todo Código de Ética”, avalando montajes groseros, puestas en escena indignas, que buscaban ocultar los horrorosos crímenes, como señaló la presidenta del colegio de la orden Javiera Olivares.

Cómplices activos
No aparecen en la sentencia judicial, sin embargo muchos de sus nombres son conocidos, sea porque fueron sancionados por el Colegio de Periodistas, porque firmaron las notas que daban cuenta de hechos falsos destinados a ocultar el verdadero crimen así como a sus autores materiales o porque sus roles los delataron al firmar resoluciones o comunicados que negaron el vil asesinato.

Funcionarios civiles de la dictadura firmaron declaraciones en las cuales negaban que Marta Ugarte se encontrara detenida. Sabían que ello no era cierto, es más, sabían o debían saber de su asesinato y posterior lanzamiento al océano, pues desde las altas esferas del gobierno se autorizó el uso de helicópteros del Ejército, de pilotos y técnicos que recibieron el cuerpo y luego lo arrojaron en altamar. También se autorizó el uso de Peldehue, un recinto militar no clandestino. “Las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior (…) negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su paradero”, indica la sentencia.

También civiles investidos de jueces supremos desde tribunales avalaron con su negativa a investigar el asesinato. Sus nombres tampoco se registran en la sentencia que condena a los 28 asesinos directos. Nada se dice tampoco de los periodistas que dieron cuenta del descubrimiento del cuerpo “de una bella joven” a la que se dieron el morbo de describir como “de unos 23 años” que había sido “asesinada en un crimen pasional”, a sabiendas o debiendo saber que ello era falso, pues incluso tuvieron la osadía de “posar” junto al cadáver.

El montaje
Las torturas que eran evidentes en el cuerpo de Marta como su asesinato por parte de la DINA, fue ocultado por la prensa chilena, a través de un montaje periodístico. Parte de ellos fueron los periódicos El Mercurio, La Segunda y La Tercera, principalmente. Este último medio publicó el 12 de septiembre de 1976, en las páginas de la crónica roja, la noticia sobre el descubrimiento del cadáver de una mujer desconocida, que había sido encontrado por un pescador en la playa de La Ballena, en Los Molles. Según la información, “la mujer habría sido asesinada por varios delincuentes”, esa fue la única verdad que dijo.

La periodista de “El Mercurio”, Beatriz Undurraga, publicó una nota de su presunta autoría que tituló: “Crimen en la playa de los Molles. Asesinada hermosa joven de 23 años, presumiblemente estrangulada y abandonada en la playa”. Beatriz Undurraga vio el cadáver y aparentó una realidad falsa, mintiendo groseramente, buscando engañar al público. La noticia fue burdamente tergiversada, pues Marta tenía 43 años y su cuerpo, tan martirizado, no aparecía de ninguna manera joven ni bello. Imposibilitada de ocultar su deleznable acción, Undurraga intentó justificarse, señalando que “pensó que era más joven por la extrema delgadez de la occisa”.

Otro periodista, Pablo Honorato, dio a conocer la noticia en el mismo sentido falso en “Las Últimas Noticias”. Ambos intentaron hacer creer que se trataba de la acción de algunos delincuentes o de una pareja despechada, tratando de ocultar la verdad evidente que tuvieron frente a sus ojos. La campaña de tergiversación noticiosa resultó definitivamente inútil, ya varias personas habían reconocido a Marta Ugarte en las fotografías del cadáver aparecidas en la prensa. También sus hermanas.

Repudiados por sus pares
Estos seudo profesionales de las comunicaciones terminaron impunes en esta sentencia criminal, pues no les juzgaron. No aconteció lo mismo en el tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que sí realizó un reproche moral. El ex vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile y profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Patricio Martínez, señaló a Cambio21 que a propósito de este caso y de otros, en materia de DD.HH., “el colegio de la orden fue uno de los pocos entes profesionales que pidió perdón por la actitud y actuación de algunos colegas que durante la dictadura colaboraron con el régimen de Pinochet”.

Señala Patricio Martínez que en éste caso específico se citó a los periodistas involucrados en el montaje, pues “siempre se escucha al colega acusado, aunque éste opte, como sucedió en algunos de estos casos, por no asistir a las audiencias”. Recuerda el dirigente gremial que “algunos nunca asistieron a las audiencias, sin embargo sí lo hizo Beatriz Undurraga, de El Mercurio, quien con posterioridad al proceso del Colegio y la sanción que se le aplicó, en una entrevista en un medio de televisión, declaró que lo que más le había dolido, era la sanción del Colegio de Periodistas”.

La prensa de la época, tal como se relata en el documental El Diario de Agustín (2008), consignó el hecho como un crimen pasional. Los periódicos El Mercurio, La Tercera y La Segunda describieron a la víctima como una bella joven, muerta producto de un crimen pasional. La periodista que redactó la nota de prensa para El Mercurio, Beatriz Undurraga, fue entrevistada en dicho documental, afirmando que calificó de «joven» a la víctima porque así le había parecido al encontrar su cuerpo, que en realidad estaba muy delgado. No obstante, su nota de prensa, al igual que las de los demás periódicos, establecía específicamente que la edad de la víctima era de 23 años.

Patricio Martínez concluye que la “sanción se les aplicó (a los periodistas) entre otras cosas, por no haber cumplido con la premisa básica de los colegiados, cual es defender los Derechos Humanos”. Como señaló la presidenta del colegio de la orden, Javiera Olivares, “existieron colegas que no se han hecho cargo de su rol en la Dictadura”. Decenas fueron los montajes que estos profesionales avalaron con mentiras, donde ejecuciones fueron presentadas como enfrentamientos, entre ellos el de Rinconada de Maipú, donde una familia entera fue asesinada o el del periodista Augusto Carmona, editor en jefe del canal de la Universidad de Chile, asesinado el 7 de diciembre de 1977, caso que Pablo Honorato presentó como la “muerte de un subversivo en enfrentamiento”.

La verdad se impone
Marta Ugarte Román, fue secuestrada el 9 de agosto de 1976 por “agentes de la DINA, pertenecientes a la Brigada Purén (…), sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la consulta del Dr. Insunza, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue trasladada al centro de detención clandestino conocido como Villa Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época se encontraban en el mismo lugar”, consigna la sentencia.

“Aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subida a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta mar”, relata el fallo.

Las declaraciones de uno de los asesinos, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, integrante de la agrupación “Purén”, a cargo del Oficial Germán Barriga, señala textualmente: “(…) Marta Ugarte Román, fue trasladada junto a 7 u 8 detenidos vivos, en una caravana desde Villa Grimaldi a un sector eriazo de Peldehue, donde fue inyectada a pretexto de ser vacunada, sustancia que no la mató inmediatamente, por lo que tuvieron que abrir el saco entre “todos” y ahorcarla con un alambre, amarrarla e introducirla a la fuerza a un saco que fue subido a un helicóptero, para posteriormente ser lanzado desde las alturas al alta mar (…) la inyección que le puso (Osvaldo) Pinchetti, no le hizo mucho efecto, porque cuando la estaban echando al saco seguía viva o semi inconsciente y como estaban apurados, entre todos abrieron el saco y la ahorcaron con un alambre”.

Los horrores que se intentó ocultar
El vil asesinato sirvió para dejar en evidencia los procedimientos perversos aplicados por la dictadura de Pinochet con otros más de 1.000 compatriotas que aún se encuentran en el fondo del océano, a la espera de verdad y justicia, la misma que Marta acaba de alcanzar en parte. También dejó en claro que los montajes usaron a empresas las periodísticas del duopolio, las que se prestaron para la mascarada, lo mismo que los “comunicadores sociales” que divulgaron notas falsas sobre la muerte.

Nada dijeron acerca de que “la bella joven” presentaba “luxo fractura de columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho”, todas heridas causadas a Marta Ugarte en vida. Tampoco señalaron que resultaban evidentes las marcas de su padecimiento, entre otros las heridas en sus brazos que dan cuenta que fue inyectada con cianuro.

La verdad oficial
La sentencia consigna que “Las Ultimas Noticias”, de 14 de septiembre de 1976, señaló sobre el hecho: “hubo un crimen de estrangulamiento con un alambre a una joven desconocida de la zona, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en una playa solitaria, con señas de brutal violencia, con un alambre y un pañuelo, siendo Pablo Honorato el autor de la nota. (…) La teoría barajada, dice relación con la presencia de un peligroso maniático sexual. Con fecha 15 de septiembre de 1976, el mismo periódico establece que a Santiago envían sus huellas, que autores podrían ser drogadictos, que el cadáver fue arrojado en la playa “La Ballena”, que la muchacha presentaba signos de haber ingerido estimulantes con pinchazos en sus brazos, que podrían corresponder a agujas utilizadas por drogadictos para inyectarse, donde el ensañamiento quedó demostrado, con la herida corto punzante en el brazo derecho, asfixiándola con un pañuelo blanco y estrangulándola con un alambre el cual apretaron alrededor de su cuello”.

Las Últimas Noticias siguió deformando la verdad: “Titulares de publicación de 16 de septiembre de 1976 establecen que el informe de los médicos legistas, contempla que los asesinos simularon un estrangulamiento colocándole un pañuelo y un alambre alrededor del cuello, puesto que las causas de fallecimiento son consecuencia de contusiones internas múltiples y un traumatismo torácico provocado por golpes violentos. El mismo diario, con fecha 17 de septiembre de 1976, consigna que trasladan al Instituto Médico Legal de Santiago su cadáver para una segunda autopsia, que el estrangulamiento quedó descartado y que la joven no había sido violada, por el contrario, se trataba de una virgen”.

“El 18 de septiembre de 1976, el mismo periódico documenta que preparan el cadáver para una segunda necropsia, sin descartar una caída de altura provocada por terceros; es decir, que la mujer hubiera sido lanzada desde un edificio o desde un acantilado y que se hubiera falseado el sitio del suceso. El 19 de septiembre de 1976, el diario señala que la causa de fallecimiento sería el estrangulamiento y ahogo por inmersión en el agua, presumiendo que fue asesinada lejos del lugar y que junto al alambre habría sido atada una pesada piedra que al soltarse permitió que el cadáver saliera a flote”.

Por su parte el diario “La Segunda”, también perteneciente a la cadena El Mercurio, “publica que asesinaron a mujer por estrangulamiento, cuyo cadáver semidesnudo se encontró en la playa “La Ballena”. El 14 de septiembre de 1976 los titulares del mismo periódico indican que nadie reclama el cadáver y que la mujer tiene quebraduras en ambas muñecas y en las dos piernas, además de signos evidentes de golpes en la región de la pelvis, antecedentes que indican que después de ser estrangulada fue arrojada desde una altura determinada y, posteriormente arrastrada hasta el lugar donde finalmente se produjo su hallazgo. Con fecha 15 de septiembre de 1976, los encabezamientos enfatizan que a la joven la mataron a golpes, que no fue estrangulada, dado que su muerte se debió a traumatismos múltiples en distintas partes del cuerpo, puesto que el alambre que se encontró alrededor de su cuello fue colocado después que murió”.

Continúa el fallo: “Otra página del mismo boletín, indica que practican otra autopsia al cadáver y que lo que más ha llamado la atención de los detectives, es que el alambre amarrado al cuello es importado y, que el Informe realizado por el hospital de La Ligua, indica que el alambre fue utilizado para arrastrarla y no para estrangularla. El viernes 17 de septiembre de 1976 los titulares indican que existen nuevos detenidos y que fuentes policiales deseaban comprobar si el cadáver estuvo o no sumergido bajo el agua, dado que en caso afirmativo, el alambre amarraba en un principio un peso, el cual se desprendió arrojando las aguas el cuerpo a la arena”.

De la otra cadena también se aportó en el montaje: La Tercera realizó “diversas publicaciones desde el 14 al 20 de septiembre de 1976. Sostiene que con alambre de púas estrangularon en la playa a una mujer, que la Policía especializada estima que se trataría de una venganza pasional, que tres serían los asesinos del brutal homicidio, que harán segunda autopsia en el Instituto Médico Legal, que el alambre es utilizado en embalajes provenientes del extranjero y que existe la posibilidad de que la mujer haya sido ultimada en un lugar muy distante de la costa siendo su cadáver trasladado hasta la playa “La Ballena”.

por Mario López M.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de la profesora Marta Lidia Ugarte Román, cuyo cuerpo apareció en la playa La Ballena, sector de Los Molles, el 12 de septiembre de 1976.

En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976. La mayoría de los condenados eran agentes y jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los demás eran integrantes del comando de aviación del ejército, organismo responsable de la ejecución de los llamados "vuelos de la muerte".

Carlos José Leonardo López Tapia, ex coronel de ejército, jefe del recinto de torturas Villa Grimaldi a la época de los hechos, condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

Ricardo Víctor Lawrence Mires, ex teniente coronel de carabineros, jefe de Grupo Águila de la Brigada Caupolicán de la DINA (actualmente prófugo de la justicia), condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá purgar 4 años de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Carlos Oscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, ex coronel de ejército, jefe del comando de aviación que realizaba "los vuelos de la muerte": 8 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y  al pago de las costas de la causa, como cómplice del delito de homicidio calificado.

Antonio Palomo Contreras, ex brigadier de ejército y Luis Felipe Polanco Gallardo, ex mayor de ejército, integrantes del comando de aviación, ambos condenados a 5 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como encubridores del delito de homicidio calificado.

Pedro Octavio Espinoza Bravo, ex brigadier de ejército, preso en Punta Peuco por innumerables otras condenas por delitos de lesa humanidad, condenado a 4 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de secuestro simple.

Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández, ex suboficiales de carabineros, ambos condenados a 10 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio como autores del delito de secuestro simple.

Emilio Hernán Troncoso Vivallos, ex suboficial de carabineros, condenado a 5 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. Además, un año de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Por su parte, los agentes Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Pedro Mora Villanueva, José Alfonso Ojeda Obando, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, José Mario Friz Esparza, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Jorge Iván Díaz Radulovich, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Enrique Miranda Mesa y Carlos Eusebio López Inostroza, fueron condenados a un año de presidio, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro simple.

Además, los agentes José Javier Soto Torres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Leónidas Emiliano Méndez Moreno y José Domingo Seco Alarcón, fueron condenados a 61 días de prisión, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito de secuestro simple.

En tanto, los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, José Nelson Fuentealba Saldías, Hugo Hernán Clavería Leiva, Raúl Alberto Soto Pérez y Juan Carlos Escobar Valenzuela fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguiente hechos:

1.- Que Marta Lidia Ugarte Román fue militante del Partido Comunista de Chile y miembro del Comité Central de esa colectividad, desempeñándose en la organización del Partido, durante el año 1976.

2.- Que, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a la clandestinidad por ser buscada por los servicios de inteligencia, la que vivió junto a Elvira Solari Ahumada, en el domicilio de Callejón Lo Ovalle N° 908 de la comuna de La Cisterna, lugar donde estaba residiendo desde el citado mes de septiembre de 1973, por razones de seguridad, atendida su militancia política.

3.- Que, el día 9 de agosto de 1976, Marta Ugarte Román salió del domicilio de Callejón Lo Ovalle, alrededor de las 15:00 horas, con dirección a la consulta del doctor Iván Insunza, ubicado en Vicuña Mackenna, para atenderse de una infección en su pierna, producto de una mordida de perro, encontrándose en el trayecto con Héctor Acela, ya fallecido, con quién caminó por Avenida Vicuña Mackenna en dirección a Avenida Matta, el que la advirtió, que en el sector se veía algo extraño y parecía estar vigilado, insistiendo ella, en continuar su camino, sin saber que el doctor Iván Insunza, ya había sido detenido con anterioridad, por los servicios de inteligencia.

4.- Que, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pertenecientes a la Brigada Purén cuyo objetivo inmediato era el seguimiento, ubicación y detención de militantes del Partido Comunista, sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la consulta del Dr. Insunza, el que había sido detenido con anterioridad por su filiación comunista, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo, conocido como Villa Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época se encontraban en el mismo lugar.

5.- Que, las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior y, de la propia DINA, negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su paradero.

6.- Que, encontrándose privada de libertad, fue sacada a la calle por agentes, a fin de identificar a otros militantes y partidarios del Partido Comunista, siendo vista en uno de esos operativos, en una morada de calle Constitución, de la comuna de Santiago, lugar donde se realizaban reuniones de partido.

7.- Que, aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subida a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta mar.

8.- Que, el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, el cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román, fue encontrado sin vida, por Marcel Dupré David, presentando sólo un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba signos de pinchaduras en sus brazos, cadáver que fue trasladado al hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes. El primer informe de fecha 14 de septiembre de 1976, concluyó una muerte violenta en circunstancia de tipo homicida, donde la causa directa de muerte, fue politraumatismo y luxofractura de columna, el 9 de septiembre de 1976; la segunda pericia, de 22 de octubre de 1976, concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo tóracoabdómino-pelviano, cuya ampliación de 22 febrero de 2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre.

9.- Que, el Comando de Aviación del Ejército, tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas autoridades del Ejército, ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo. Naves, que fueron usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años, para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho organismo, los que eran llevados directamente al aeródromo Tobalaba o llevados al Regimiento Peldehue, para luego emprender vuelo hasta alta mar, donde eran lanzados al océano.

Desde la fecha misma del golpe fascista del 11 de septiembre de 1973 fue buscada por agentes de la dictadura. Marta Ugarte, como muchas heroicas compañeras y compañeros pasaron a la clandestinidad para luchar por reconquistar la democracia para Chile. Para eludir la persecución de los esbirros de la tiranía, dejó su domicilio y se fue a vivir en Villa Catamarca calle Nº 42195-D, en compañía de una anciana quien la quería mucho. Una de las compañeras con quien trabajó en esos difíciles momentos fue Sola Sierra.
El 9 de agosto de 1976, llamó a una hermana, comunicándole que iba al médico, que saldría de la casa alrededor de las 14,30 horas y que después la llamaría para contarle como le había ido. Fue ésta una medida de seguridad.

EN MANOS DE LOS VERDUGOS
No hubo tal llamado. Al día siguiente la hermana se dirigió a donde vivía Marta. Viajaba en un vehículo de la locomoción colectiva, cuando cerca de la casa, divisó a Marta que iba dentro de un auto de Investigaciones, en el asiento trasero entre dos hombres de civil. Llevaba lentes oscuros. La hermana supuso que debajo de los lentes llevaba los ojos tapados, pues a corta distancia no la reconoció y parecía no ver nada.
La hermana esperó que se alejara el auto y conversó con la dueña de casa, quien le informó que después de salir el día 9 no había regresado. Hizo muchas diligencias en compañía de otra hermana.

LA “JUSTICIA” CÓMPLICE DE LA DICTADURA
Con fecha 16 de agosto de 1976 se interpuso un recurso de amparo a favor de Marta Lidia Ugarte Román, con el rol 761-76, que no fue acogido ni por la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema. Los antecedentes fueron remitidos al Juzgado del Crimen de San Miguel, donde los familiares presentaron otro escrito por presunto secuestro, reiterando que la desaparecida había sido buscada por agentes de civil Se llevaron a cabo un sinfín de gestiones destinadas a lograr de parte de las autoridades el reconocimiento de la detención y el lugar de su reclusión.
No se obtuvo ningún dato. La dictadura jamás reconoció su detención.
El Presidente de la Corte Suprema se negó a recibir en audiencias a las hermanas de Marta, aduciendo que el Servicio de Inteligencia había comunicado que no existía ninguna persona detenida con el nombre de Marta Ugarte.

EN LA PLAYA LA BALLENA
El 12 de septiembre de 1976, apareció en las páginas de la ‘crónica roja’ de la prensa de Santiago, especialmente en “La Tercera”, la noticia sobre el descubrimiento del cadáver de una mujer desconocida, que había sido encontrado por un pescador en la playa de La Ballena, en Los Molles. Según la información, la mujer habría sido asesinada por varios delincuentes. Presumiblemente muerta días antes de ser encontrada. Su cuerpo estaba quemado, los brazos y cuello amarrados con alambres; un brazo quebrado y todas las vértebras rotas, dando la impresión que su cuerpo había sido lanzado desde una altura considerable.
Las noticias continuaron apareciendo en los días siguientes. Se afirmaba que la identidad de la víctima ya era conocida, que se mantenía en reserva ‘para no entorpecer el desarrollo de la investigación’. Se adelantaba que seguramente se trataba de un crimen pasional y el asesino sería, presumiblemente el marido o el amante.

UNA CORAZONADA DE LAS HERMANAS
En la mañana del 23 de septiembre, las hermanas fueron informadas en la Vicaría de la Solidaridad que la denuncia por secuestro en el caso de Marta Ugarte, presentada en el Juzgado de San Miguel había sido rechazada, declarándose el juez ‘incompetente’
Ese mismo día, en la tarde, las hermanas fueron al Instituto Médico Legal a solicitar que se les mostrara el cadáver que habían traído desde La Ligua. Ésta fue una corazonada, ya que sólo el color de su pelo coincidía con las fotografías que habían publicadas.
Fueron recibidas por el asesor jurídico a quien le explicaron la razón de su ida. Él les pidió una foto de su hermana y después de una larga conversación con el Director del Instituto, fueron recibidas por éste. El Director les preguntó que eran ellas de la mujer de la fotografía.

VIERON SU CUERPO MARTIRIZADO
Luego las interrogó sobre detalles relacionados con Marta. Finalmente les afirmó que el cuerpo que tenían correspondía a la foto. Les dijo que debían tener valor para pasar a ver el cuerpo, que estaba en muy malas condiciones debido al tiempo transcurrido.
Las hermanas contemplaron el cuerpo martirizado de Marta Ugarte. Sus manos, pequeñas en vida, estaban muy largas y sin uñas, lo mismo ocurría con sus pies. Las piernas estaban casi desprendidas a la altura de la ingle; la piel, en muchas partes presentaba huellas de quemaduras recientes y heridas punzantes. Les permitieron ver sólo el lado izquierdo. Observaron que le falta una parte de la lengua.

UN VALIOSO TESTIMONIO
La dictadura seguía negando haber detenido a Marta Ugarte. El 24 de agosto de 1976, el dirigente sindical Pedro Jara Alegría entregó el siguiente valiente testimonio:
“Que la Junta Militar diga que nunca ha tenido detenida a la compañera Marta Ugarte es una vulgar mentira, como todas las que acostumbra a decir la Junta. El que habla puede decir esto con todo conocimiento de causa, porque yo estuve al lado de la compañera Marta Ugarte.
“Y voy a relatar mi caso para que vean que no estoy mintiendo, porque hay documentos que certifican que lo que voy a decir es verdad. Yo fui detenido el 18 de agosto de 1976. Me llevaron con tela adhesiva en los ojos, como acostumbra esta gente.
Allí, en Villa Grimaldi, me cambiaron la tela por una venda, porque allí todo el mundo andaba vendado y me metieron en una cajoneta…
“Voy a relatar la forma como me encontré con Marta Ugarte. Un día antes de salir de allí, de Villa Grimaldi, fui trasladado a una celda más cómoda, pues la que teníamos era una especie de cajoneta de un metro y medio cuadrado, donde uno duerme así encogido. Un día antes de salir fui trasladado a una celda más grande, junto con dos compañeros más. Cuando me trasladaron a esa celda me encontré con la novedad que quien tenía a mi lado era la compañera Marta Ugarte, que la conocía durante muchos años y que también la conocía en los actos que hacíamos en el Partido…
“Ahí estuvimos charlando. Me contó que la colgaban por horas, casi día por medio, cuando la sometían a interrogatorio. También me contó que el compañero Víctor Díaz estaba en otra celda. Había sido sometida ella a un careo con Víctor Díaz. Eso fue en Villa Grimaldi.”

EL CORONEL ORDENA
De Villa Grimaldi, Marta Ugarte fue trasladada al sector de Peldehue, en terrenos del Ejército, donde –por órdenes del oficial de la DINA, coronel de Carabineros Germán Barriga Muñoz- debía ser asesinada por medio de una inyección que el ‘doctor’ Osvaldo Pincetti, conocido como ‘el brujo’ en la DINA, debía colocarle.
Un ex agente, de iniciales E.V.T., que perteneció a la Brigada Tucán mandada por el coronel Barriga, relató ante un tribunal de justicia: “La inyección que el doctor Pincetti le puso a Marta Ugarte parece que no la dejó totalmente muerta o adormecida. Nos percatamos que, al momento de ensacarla, todavía se seguía moviendo.”
La orden que dio el coronel Barriga fue terrible: “Todos estábamos ahora apurados porque el helicóptero venía. Entonces abrimos el saco, cortamos uno de los alambres que ataban el trozo de riel al cuerpo de la dirigente comunista y la ahorcamos con él. No se movió más. Después amarramos nuevamente el saco con el mismo alambre. Llegó el helicóptero Puma del Ejército. Y Barriga ordenó subir los cuerpos a bordo”.

FONDEADOS DESDE UN HELICÓPTERO
E,V.T., el cabo Leyton y otro par de agentes ayudaron a cargar los cuerpos.
El Puma se dirigió a alta mar, llevando al piloto, un copiloto y un agente Luego de percatarse que no había testigos, lanzaron los bultos al mar. Cayeron al fondo del mar. Pero uno de ellos, el de Marta Ugarte, al que faltaba una de las amarras del riel de tren, permitió que éste se desprendiera, liberando el cadáver de la dirigente comunista hacia la superficie. El agua lo llevó hacia la costa, depositándolo en la playa La Ballena.
La campaña publicitaria de la prensa pro dictadura culminó y cesó el 27 de septiembre con la aparición de una clara fotografía que permitía fácilmente identificar a la víctima.
Demoraron en entregar el cadáver. Sólo el 8 de octubre de 1976 fue sepultada en el Cementerio General Marta Lidia Ugarte Román.

INFORME RETTIG CONFIRMA EL CRIMEN
A comienzos de marzo de 1991 la publicación del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, o Informe Rettig, permitió la comprobación parte de la verdad de los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet.
Refiriéndose al caso de Marta Ugarte, señaló:
“El 9 de agosto de 1976 fue detenida por agentes de la DINA la militante del Partido Comunista y miembro de su Comité Central, Marta Lidia Ugarte Román. Según testigos, la afectada permaneció recluida en el sector denominado ‘La Torre’ de Villa Grimaldi, muriendo posteriormente a consecuencia de las torturas de que fue objeto. Su cadáver fue arrojado por sus captores al mar, pero no obstante las precauciones que éstos tomaron para evitarlo, fue encontrado semidesnudo dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, el 9 de septiembre de ese mismo año en la plaza La Ballena, ubicada en Los Molles. Según el informe de la autopsia, la afectada sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo toraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho, habiendo fallecido el 9 de septiembre de 1976.
La Comisión llegó a la convicción de que Marta Ugarte fue detenida y hecha desaparecer forzosamente por agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos, lo que se confirma por el hecho de que fortuitamente haya aparecido su cadáver que sus captores intentaron ocultar arrojándolo al mar”.

El próximo año se cumplirán cuatro décadas desde el fatídico golpe militar que tiñó de sangre nuestra historia, y aquí estamos los que no olvidamos. Provistos de claveles, venimos a rendir homenaje a las compañeras y compañeros caídos, precisamente en esta costa donde emergió la Verdad y desde donde quiero invitarlos a un viaje a la Memoria.

El cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román no fue encontrado en esta bahía, pero si los rieles que al igual que ella, surgieron desde las profundidades del mar para convertirse en testimonio de los crímenes que sus perpetradores creyeron ocultar en sus aguas.

Marta era miembro del Comité Central del Partido Comunista y fue detenida por agentes de la DINA el 9 de septiembre de 1976. Sus aprehensores la condujeron a lo que se denominaba “La Torre” en el centro de prisioneros Villa Grimaldi, el principal cuartel operativo de la DINA, y más tarde sabríamos también de su paso por el clandestino cuartel Simón Bolívar, siendo en ambos lugares brutalmente torturada.

Sólo un mes más tarde, el 12 de septiembre de ese mismo año, su cuerpo apareció en Playa La Ballena, entre las localidades costeras de Los Vilos y Los Molles. Su columna se encontraba fracturada, presentaba traumatismos abdominales varios, ruptura y estallido de hígado y bazo, luxación de hombros y caderas, además de una fractura en su antebrazo derecho. Lo que habla de la brutalidad con la que actuaron sus captores.

El autor material de su muerte, fue el agente de la DINA Cristián Álvarez Morales, quien en terrenos del ejército en Peldehue participaba de uno de los tantos operativos con los que, mediante sobrevuelos de helicópteros Puma, se arrojaron los cuerpos de nuestros compañeros al mar. Todo transcurría en forma “rutinaria”, cuando Álvarez se percató que uno de los sacos se movía, pese a la inyección letal administrada por la enfermera militar Gladys Calderón. Abrió entonces el costal, cortó parte de los alambres con los que Marta iba atada y con total sangre fría, la estranguló.

Las órdenes en este operativo fueron entregadas por el capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, jefe de la Brigada Lautaro en el cuartel Simón Bolívar. Conocido como “Don Jaime”, tras una acción de la Comisión FUNA para evidenciar los múltiples crímenes en los que participó, se suicida el 16 de enero de 2005 arrojándose desde un edificio en Providencia.

La aparición del cuerpo de Marta fue presentada como un crimen pasional, con la ayuda cómplice de los periodistas Pablo Honorato (en ese entonces en LUN) y Beatriz Undurraga, esta última también funada en dependencias del diario EL Mercurio, tras comprobarse que había girado boletas de honorarios a empresas que luego, en procesos judiciales seguidos por crímenes de la dictadura, se supo eran utilizadas para las operaciones de la DINA. Bajo el titular “Asesinada hermosa joven”, la nota hablaba de una mujer de 23 años (Marta tenía 42) supuestamente muerta por razones amorosas, pese a que Undurraga estuvo en presencia del cuerpo, y que éste aún conservaba el alambre alrededor de su cuello. Pero como no hay Verdad que pueda ser ocultada por siempre, ni responsabilidades que no sean perseguidas, años más tarde el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas siguió la condenó por estos hechos, así como por su participación en el encubrimiento de la Operación Colombo, junto a varios otros periodistas que sirvieron al régimen militar.

Años más tarde, el 20 de julio de 2004, el entonces juez Juan Guzmán proceso por “obstrucción a la justicia” a cinco miembros del Comando de Aviación del Ejército (los suboficiales Juan de Dios González Dubó, René Meier Chávez, Sergio Castro Cano, Marco Cáceres Rivera y Rigoberto Saavedra Navarro) precisamente en la causa por el homicidio de Marta Ugarte, dado el conocimiento que tenían de estos hechos y de la práctica de desaparición en el mar aplicada por la dictadura.

Fue en tiempos de la misma investigación, que pescadores de esta hermosa bahía encontraron los rieles de ferrocarril a los que eran amarrados los sacos, para que éstos actuaran como anclas y llevaran los cuerpos al fondo del mar. Los mismos que una vez cerrada la causa, fueron entregados al ahora Sitio de Memoria Villa Grimaldi, donde están expuestos. El mismo lugar donde Marta estuvo prisionera.

No puedo dejar de mencionar, al concluir este relato, una información de la que tomé conocimiento hace muy poco tiempo, cuando asistí al lanzamiento en el Puerto de San Antonio del libro “La Danza de los Cuervos”, del periodista especializado en temas de Derechos Humanos, Javier Rebolledo. Donde uno de los asistentes dio cuenta de lo comentado por un guardia de seguridad que era conscripto en tiempos del golpe, que aseguró que todos los años se organiza una reunión a la que son invitados con gastos pagados, siempre en distintos puntos del país, para “fortalecer las confianzas”. O dicho con todas sus letras, para evitar que delaten a los autores materiales de los crímenes de la dictadura y se haga Justicia.

Porque, ¿qué es la Verdad, sin la Justicia? ¿Pero de qué nos sirve la Verdad, incluso la Justicia, sin la Memoria?

Agradezco la invitación al Colectivo de Familiares y Compañeros de los 119 y la oportunidad de entregar este relato, pero en especial agradezco la Memoria que en ellos no claudica.

Hoy soy en Marta Ugarte. Hoy somos en los 119. Hoy somos todos los compañeros y compañeras que encontraron en el mar, el inicio de una existencia que no perece.

NI PERDÓN, PERO SOBRE TODO, SIN OLVIDO

Texto reseñado en el Homenaje “Un Clavel” a los detenidos desaparecidos arrojados al mar Memorial Bahía de Quinteros, 01 de septiembre de 2012

“Vino del Mar”
Vino del mar
envuelta en agua azul,
la trajo el viento del más allá,
dormida en las
olas de espuma y sal
sobre su propia herida mortal.
Patricio Manns

(12 de septiembre de 1976, Playa La Ballena)

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda Arancibia, dictó acusación en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de Marta Ugarte Román, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 1976, en la playa La Ballena, en las cercanías del balneario Los Molles, Región de Coquimbo.

El magistrado formuló cargo en contra de los ex agentes de la Dirección de Inteligencia nacional (DINA): general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y el mayor (r) Carlos López Tapia, como responsables de los delitos.

De acuerdo a la acusación, los agentes de la DINA, bajo el mando directo de ambos acusados, dieron muerte a Marta Ugarte Román, tras detenerla y torturarla en recintos del organismo represor; su cuerpo fue arrojado desde un helicóptero al mar, que fue encontrado el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, en las proximidades del balneario Los Molles, en la IV Región.

De la acusación, se otorgó trasladó a los querellantes, a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y al Consejo de Defensa del Estado, que son parte de la causa.

Ad portas de la Presentación del libro "Odontología Médico-Legal", su autor, el Dr. Luis Ciocca Gómez, académico del Departamento de Patología de la Facultad de Odontología y Director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, ambas de la Universidad de Chile, recuerda cómo su participación en la identificación de la Sra. Marta Ugarte Román, le abrió las puertas de su actual desempeño como odontólogo forense.

Conmovido, el Dr. Ciocca se traslada a la época en que ejercía su primera especialidad, la Ortodoncia, atendiendo a numerosos pacientes, entre ellos la familia Ugarte Román, "a los padres y a Doña Berta, Doña Eliana y Doña Marta", especificó. Al poco tiempo, continuó, "Marta Ugarte llegó a trabajar al Ministerio de Economía, en un cargo que fue colocada por el Presidente Salvador Allende".

Luego del Golpe de Estado, recordó el académico, "seguí atendiendo a las hermanas Ugarte, pero en algún momento, Marta me pidió que fuera muy cuidadoso con su ficha porque estaba viviendo una situación muy particular, ya que mantenía un trabajo político como miembro del Comité Central del Partido Comunista". El Dr. Ciocca le aseguró a su paciente la discreción no sólo como su dentista, sino también por tratarse de un asunto ético.

Un llamado telefónico de las hermanas Ugarte, un día viernes, preguntando por el paradero de Marta alertó al cirujano dentista; acto seguido, le solicitaron dirigirse al Instituto Médico Legal (IML), con el fin de identificar al único cuerpo femenino que, aunque no había sido posible reconocer, sí se le observaba tratamientos dentales más o menos recientes. El Dr. Ciocca accedió a la solicitud de las hermanas Ugarte y se dirigió, el día lunes al IML con la ficha, radiografías y modelos realizados a Marta, "y después de examinar los restos del cadáver entero, ver las condiciones en que se encontraba, con muchas lesiones, fracturas, incluso mandibulares, presumiblemente, por golpes, resultó que era ella", confirmó el Dr. Ciocca indiscutiblemente.

-Su paciente, ¿era inconfundible?

"Era inconfundible. Si bien, nunca me había interesado en la Odontología Legal y no había visto un cadáver desde los tiempos de Anatomía en la Universidad, me hice un esquema y traté de ser lo más directo y breve posible al ver los restos; primero, busqué la corona que le había hecho en la pieza 11 y una extracción de la pieza 4, aparte de otras obturaciones, pero con los dos primeros detalles, estaba seguro que era ella. El propio Director del Instituto Médico Legal me pidió que le diera la noticia a la familia y fui muy cuidadoso para informarles que, desgraciadamente, era mi paciente. A partir de entonces, comenzó el proceso de investigación judicial".

El Caso fue titular de los medios de prensa de la época, sin embargo, cuando se conocieron antecedentes que identificaban a Marta Ugarte como la primera detenida política que apareció, "y dadas las circunstancias en que lo hizo, en la Playa de la Ballena, causó gran revuelo", sobre todo en organismos internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Me fui enterando de todos estos detalles, a lo largo del tiempo, porque la gente que venía de afuera, amigos que habían sido exiliados o pacientes que escuchaban radios extranjeras me los contaban", reveló el docente, por lo que, dada su connotación política, el Caso fue acallado rápidamente.

Desde el punto de vista odontológico, el Dr. Ciocca pensó describir su trabajo de identificación en un artículo corto, en formato de Caso Clínico, "pero, a poco andar, me di cuenta que todo esto era Odontología Legal y que se refería a todo lo que podía hacer un dentista en este ámbito". Durante su peritaje al cuerpo de la Sra. Marta Ugarte, constató la ausencia de Protocolos Clínicos para Identificación, además, que las lesiones máxilo faciales eran evaluadas por médicos y no por dentistas, por lo que ante sus ojos se desplegaba un fértil terreno científico que explorar.

Entonces, cambió de dirección y escribió un primer libro denominado "Elementos de Odontología Legal", cuyas 280 páginas han contribuido a formar cirujanos dentistas en el área de Odontología Legal, durante más de 30 años.

En 1977, el Dr. Ciocca se acercó al IML para ponerse a disposición del Dr. Alfredo Vargas Baeza, más tarde trabajó con el Dr. Roberto von Benewitz. En 1981, se reunió con el ex Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Jaime Mery, en el Departamento de Medicina Legal, en Medicina; mientras que, en 1992, comenzó a dictarse la asignatura de Odontología Legal en la Escuela de Pregrado de nuestra Facultad.

La Medicina Legal, sostuvo el Dr. Ciocca "es muy apasionante, pero por otra parte, no tiene mucho atractivo económico. La disciplina es interesante, necesaria y contiene elementos de misterio, pues se busca resolver un enigma". Reconociendo su pasión por la docencia, el académico distinguió un área "donde había mucho que hacer", por lo que pronto "fueron apareciendo otros alumnos y discípulos míos, y fuimos haciendo más cosas".

Desde 1979, el Dr. Luis Ciocca coordinó los cursos que el Departamento de Medicina Legal le ha impartido a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. En 1983, se ejecutó el 1º Curso de Odontología Legal, donde se recibió a 20 alumnos.

Cuando apareció el ADN, señaló el docente, "mucha gente pensó que todos los otros métodos ya no iban a servir para identificar, pero son metodologías distintas y complementarias; nuestra disciplina se basa en el reconocimiento y en la seguridad que dan las piezas dentarias y los materiales que utilizamos, los que resisten muchas formas de agresión, incluso altas temperaturas, además, con un buen respaldo reflejado en fichas y radiografías, yo identificaría a un paciente mío, aunque un examen de ADN no coincidiera. Tendría que tratarse de un error instrumental o de laboratorio". El académico agregó que "desde el punto de vista odontológico, contamos también con otras señales que nos diferencian a unos de otros, como las huellas de los labios, las huellas palatinas, las cavidades paranasales, e incluso los alveolos vacíos, que nos entregan información del paciente", puntualizó.

La historia: Caso Marta Ugarte Román

Marta Lidia Ugarte Román nació en Santiago el 29 de julio de 1934. Fue profesora, modista, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, secretaria de la diputada Mireya Baltra, Encargada Nacional de Educación del PC, jefa provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de DIRINCO, durante el Gobierno de Salvador Allende.

El 9 de agosto de 1976 fue detenida por agentes de la DINA y, según testigos, permaneció recluida en el sector denominado La Torre, de Villa Grimaldi. El 16 de agosto, se interpuso recurso de amparo en su favor y se iniciaron numerosas gestiones destinadas a lograr el reconocimiento de su detención y lugar de reclusión.

La Cruz Roja Internacional pidió a la Secretaría Nacional de Detenidos, SENDET, información por la detención; en la ocasión, el Presidente de la Corte Suprema sostuvo que el Servicio de Inteligencia no tenía ninguna persona detenida con ese nombre.

El 12 de septiembre de 1976, apareció en las páginas de la ‘crónica roja' de la prensa de Santiago, la noticia sobre el descubrimiento del cadáver de una mujer desconocida, que había sido encontrado por un pescador en la playa de La Ballena, en Los Molles. Según la información, la mujer habría sido asesinada por varios delincuentes como también, se hablaba de un crimen pasional. Presumiblemente, habría muerto días antes de ser encontrada.

En la tarde del 23 de septiembre, las hermanas Ugarte fueron al Instituto Médico Legal a solicitar que se les mostrara el cadáver que habían traído desde La Ligua. Ésta fue una corazonada, ya que sólo el color de su pelo coincidía con las fotografías que habían publicadas.

A comienzos de marzo de 1991, la publicación del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, o Informe Rettig, se refirió al caso de Marta Ugarte, señalando que su cadáver "fue arrojado por sus captores al mar, pero no obstante las precauciones que éstos tomaron para evitarlo, fue encontrado semidesnudo dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, el 9 de septiembre de ese mismo año en la plaza La Ballena, ubicada en Los Molles. Según el informe de la autopsia, la afectada sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo toraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho, habiendo fallecido el 9 de septiembre de 1976.

La Comisión llegó a la convicción de que Marta Ugarte fue detenida y hecha desaparecer forzosamente por agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos, lo que se confirma por el hecho de que fortuitamente haya aparecido su cadáver que sus captores intentaron ocultar arrojándolo al mar".

El ex agente de la DINA Cristián Álvarez Morales tiene miedo. Está detenido y procesado por el juez Víctor Montiglio. Es el culpable, o el benefactor, de que la dirigente comunista se convirtiera en el único testimonio de una vía de exterminio, cuando su cuerpo atrozmente ultrajado fue devuelto por el mar en 1976.
 

El agente se dio cuenta de que uno de los sacos se movía. En Peldehue, todos estaban nerviosos y apurados. El ruido del helicóptero Puma, listo para elevarse, aportaba otra cuota de suspenso. El mismo agente sacó un cuchillo y abrió el saco. Marta Ugarte aún sobrevivía a la inyección. Entonces, el miembro de la DINA, con sangre fría, cortó uno de los alambres que ataban el trozo de riel al cuerpo de la dirigente comunista y la ahorcó. Luego, volvió a rehacer la amarra del saco como pudo, porque su jefe, Germán Barriga, gritaba apurando para que cargaran el último cuerpo a bordo de la nave.
 

Mar adentro, en la costa de la V Región, el piloto hizo una seña y Cristián Álvarez Morales, el estrangulador, tiró unos ocho bultos al vacío. La falta de una de las amarras del riel permitió que en el fondo del mar éste se desprendiera, liberando su cadáver hacia la superficie. Por eso, Marta Ugarte salió desde el océano, transformándose en la única testigo de esa vía de aniquilamiento de casi mil prisioneros de la dictadura.
 

Ahora, en la nueva fase de la investigación del proceso denominado Calle Conferencia, se conoció que ella también estuvo en manos de la Brigada Lautaro de la DINA, en el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en uno de los barrios de La Reina, en Santiago. Fue otra de las víctimas del batallón de exterminio, cuya historia recién comienza a develarse.
 

Cristián Álvarez tuvo valor para matar, pero también lo tuvo después para enfrentarse cara a cara con los que fueron sus jefes, que le dieron las órdenes. No los confundió al identificarlos, como lo han hecho intencionadamente varios otros ex agentes con barbilla trémula. Pero tiene miedo, porque sostiene ante los jueces que “los brazos del Ejército son largos, por eso tengo mucho miedo”.
 

Cristián Álvarez fue su chapa en la DINA y luego en la CNI. Y aunque fue un criminal frío, si bien por encargo, preferimos proteger su identidad. Hoy se encuentra procesado y detenido por orden del juez Víctor Montiglio por el secuestro y homicidio del secretario general, en la clandestinidad, del Partido Comunista, Víctor Díaz. Pronto debe correr la misma suerte por lo ocurrido con Marta Ugarte.
 

En las últimas semanas se supo que Álvarez fue uno de los integrantes del grupo de elite del exterminio comunista, gestado al interior o adjunto a la Brigada Lautaro, conocido como el Grupo Delfín, a cargo del entonces capitán de Ejército y agente DINA Germán Barriga.
 

Finalmente, con los estremecedores nuevos antecedentes descubiertos en esta última investigación, acerca del destino final de un grupo de líderes comunistas clandestinos secuestrados en 1976, que ya tiene 51 procesados, la vida y muerte de la integrante del Comité Central del PC quedó definitivamente ligada a la suerte de las víctimas de la calle Conferencia 1587, y del conocido grupo de “Los 13”.
 

Cuando “Don Jaime” (alias de Barriga en la DINA) llegó el 16 de enero de 2005 al santuario de Sor Teresa de los Andes para confesarse, nunca se sabrá si de verdad contó todos sus crímenes antes de suicidarse, al día siguiente, lanzándose desde un edificio del barrio de Las Condes en Santiago. Lo que sí se conoce hoy, con las nuevas revelaciones surgidas en el proceso Conferencia, es que Barriga fue todavía más brutal de lo que se suponía, y dirigió la matanza comunista desde el cuartel de Simón Bolívar al mando del Grupo Delfín. Todo pasó por sus manos, en comunicación directa con su jefe operativo en la DINA, Manuel Contreras. Torturó y mató de propia mano, según los últimos relatos de quienes fueron sus subordinados. “Don Jaime” nunca lo admitió ante juez alguno. Todo lo contrario, siempre quiso pasar como un inofensivo agente dedicado a cuestiones de análisis e inteligencia.
 

Aquella mañana en que Cristián Álvarez estranguló a Marta Ugarte, en los terrenos del Ejército en Peldehue, previamente los prisioneros fueron inyectados para morir, o sólo para adormecerlos en el viaje final hacia alta mar. Hasta ahora continúan existiendo contradicciones en ese sentido. Dentro del cuartel de Simón Bolívar la norma fue inyectar cianuro para acelerar o asegurar la muerte, a cargo de la “enfermera” teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño. Sin embargo, no hay explicación por qué la dirigenta comunista todavía estaba viva dentro del saco.
Cuando el 12 de septiembre de 1976 su cuerpo varó en la playa La Ballena, entre Los Molles y Los Vilos, en la costa de la V Región, en su cuello tenía todavía el alambre con que el agente la estranguló. Prensa de la época que adhería a la dictadura creó la versión de un crimen pasional.
 

El 18 de noviembre de 1976, Manuel Contreras respondía al juez Rafael Mera que Marta Ugarte “nunca ha sido detenida por personal DINA”. Por otra parte, el ministro de Interior, general César Benavides, había afirmado lo mismo quince días antes al magistrado. Salvo que éste fue más tajante, y le recordó al juez las instrucciones expresas que existían “para que los tribunales se abstengan, por razones de seguridad nacional, de requerir informes a la DINA sobre la situación de personas arrestadas o desaparecidas”.

Los pilotos son el mayor (r) Luis Felipe Polanco, el capitán (r) Antonio Palomo y el subteniente (r) Oscar Vicuña, quienes habían sido encausados en calidad de encubridores por el homicidio de la militante comunista Marta Ugarte Román.
 

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma unánime, le otorgó la libertad bajo fianza a los tres procesados como encubridores del secuestro con homicidio de la militante comunista Marta Ugarte Román en el denominado caso Calle Conferencia.

Los tres pilotos del comando de aviación del Ejército -entre 1973 y 1978-, el mayor (r) Luis Felipe Polanco, el capitán (r) Antonio Palomo y el subteniente (r) Oscar Vicuña, habían sido encausados por el ministro Juan Guzmán Tapia en calidad de encubridores por ese delito.

Según lo determinado hoy por el tribunal de alzada capitalino los uniformados, quienes estaban detenidos en el Comando de Telecomunicaciones, quedarán en libertad después de pagar una fianza de 500.000 pesos cada uno, informó Radio Cooperativa.

Marta Ugarte tenía al momento de su detencion 42 años y fue primeramente detenida por agentes de la disuelta Dina y luego trasladada a Villa Grimaldi, donde habría fallecido a raíz de una serie de apremios ilegítimos.

Según consta en el proceso, su cuerpo fue lanzado al mar desde un helicóptero Puma y sus restos luego aparecieron en la playa Los Molles de la Quinta Región.

Por el delito de obstrucción a la justicia, el juez Juan Guzmán procesó a cuatro ex mecánicos del Comando de Aviación del Ejército que se negaron a aportar información sobre los llamados “vuelos de la muerte”, por los cuales a partir de 1974 helicópteros Puma transportaron cuerpos de prisioneros para arrojarlos al mar. Por estas operaciones se estima que desaparecieron unos 400 prisioneros de la DINA.

Esta es la primera vez que un juez encausa a militares (R) por el delito reciente de “obstruir la justicia”, al negarse a revelar información acerca de ilícitos cometidos durante la dictadura. La resolución afectó a los suboficiales (R) Juan de Dios Alberto González Dubó, René Meier Chávez, Sergio Castro Cano, Marco Cáceres Rivera y Rigoberto Saavedra Navarro.

La resolución fue dictada en la investigación por secuestro y homicidio de Marta Ugarte, cuyo cuerpo fue devuelto por el mar y apareció en 1976 en una playa cerca de Los Molles en la Quinta Región. Esta investigación se enmarca a su vez en el episodio calle Conferencia que indaga el ministro Juan Guzmán. En la causa están además procesados algunos pilotos que comandaron los vuelos de los helicópteros.

Una exhaustiva y larga investigación del juez Juan Guzmán y su equipo de detectives del Departamento V logró develar el mejor secreto guardado por la DINA: el destino de sus desaparecidos en la Región Metropolitana. La operación sistemática fue realizada por los pilotos y mecánicos de los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército entre los años 1974 y 1978.

Desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo sino que eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos.

Fueron al menos 40 viajes. En cada uno subieron de ocho a quince bultos a bordo de los helicópteros Puma. De los 12 mecánicos del Ejército que al final terminaron reconociendo las operaciones, cada uno hizo al menos un viaje. En algunos casos fueron dos, tres e incluso más. Hay otros mecánicos que también participaron en estas operaciones pero que todavía lo niegan. Casi treinta años se guardó el secreto entre pilotos y mecánicos en el Comando de Aviación del Ejército (CAE), estamento responsable de la operación. Al comienzo todos negaron, varias veces. Los pilotos niegan hasta hoy. Pero los mecánicos quebraron el juramento sellado con la sangre de otros. El juez Guzmán y los detectives que lo asisten tomaron esta hebra y la investigaron silenciosos y pacientes durante más de un año, en el marco del proceso por la cúpula comunista desaparecida de Calle Conferencia.

Interiorizarse de los detalles de los vuelos de la muerte sobrecoge. Ahí está al fin la respuesta, detallada, y esta vez relatada desde adentro, del destino de los prisioneros de la DINA en Santiago.

Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de 1973.

El informe de las Fuerzas Armadas que surgió de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en enero de 2001 con información del destino de 200 detenidos desaparecidos (49 en tierra y 151 al mar), apenas consignó 29 casos atribuidos a la DINA. De ellos, sólo 23 aparecieron como arrojados al mar. En la mesa de diálogo el Ejército del entonces general Ricardo Izurieta afirmó que no contaba con más información. Otorgando el beneficio de la duda, el Ejército esa vez no logró romper el secreto de los juramentados. Pero tampoco lo ha hecho hasta hoy.

Las cifras oficiales del Informe Rettig y las entidades continuadoras indican que los desaparecidos de la DINA en la Región Metropolitana entre 1973 y 1978, fueron 590.

La razón del mamo

Al final se confirmó la verdad. La confirmaron los mismos ejecutores, o parte de ellos. Como viene ocurriendo con otros casos espeluznantes, como los ejecutados de La Moneda en Peldehue, los que hablaron fueron los de abajo, no los altos oficiales. Los mecánicos son todos suboficiales hoy retirados.

Hay que admitir que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, tenía por una vez la razón. “No hay detenidos desaparecidos de la DINA, están todos muertos” dijo recientemente a una documentalista del Canal+ de la TV francesa. Lo que Contreras nunca ha reconocido es que la macabra y sistemática operación de lanzar los cuerpos al mar existió. Y que nunca pudo ser planificada sólo por quien fue el jefe del Comando de Aviación del Ejército entre enero de 1974 y diciembre de 1977, coronel Carlos Mardones Díaz. Éste, junto a otros cuatro ex pilotos del CAE, fue procesado el viernes 14 de noviembre de 2003 por el juez Guzmán en calidad de cómplice y encubridor en el sumario por la muerte de Marta Ugarte. El de esta dirigente comunista fue el único cuerpo de las víctimas arrojadas al mar que afloró desde las profundidades del Océano y que en septiembre de 1976 varó en la playa La Ballena, cerca de la caleta Los Molles en la V Región. Fue la única falla del sistema de exterminio, la pista que permitirá ahora condenar a los culpables. Ningún otro cuerpo lanzado al mar apareció. El “culpable” de la defectuosa atadura del peso que permitió que el cadáver de Ugarte subiera a la superficie y se convirtiera en una evidencia fundamental, está identificado y confeso de su criminal error.

Pero Guzmán también procesó por este caso en calidad de autores de secuestro y homicidio a Contreras y a su propio primo, el brigadier (R) Carlos López Tapia, quien en 1976 era el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la vez jefe de Villa Grimaldi. Éste fue el principal centro clandestino de reclusión y tortura en el país, y desde allí fue sacada la mayor cantidad de los cadáveres que iban al mar. El juez fue respaldado el viernes 21 de noviembre de 2003 por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó los procesamientos. Aunque revocó el del piloto Emilio de la Mahotiere “por encontrarse en Francia” cuando desapareció Marta Ugarte.

Tobalaba-peldehue

La operación “Puerto Montt” (código con el que en los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el registro de prisioneros a quienes serían ejecutados y lanzados al mar) tuvo un protocolo de actuación que se repitió. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del Puma (18 a 20) y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de este helicóptero sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados.

Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de La Reina, donde durante esos años funcionó el Comando de Aviación del Ejército. La tripulación la conformaban un piloto, un copiloto, y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados normalmente por dos o tres camionetas Chevrolet C-10, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban dos o tres agentes de civil. Los civiles descorrían los toldos que ocultaban los cadáveres amontonados y los descargaban para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región, y a la altura de Quintero la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces los vuelos se fueron mar adentro a la altura de San Antonio o Santo Domingo.

Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos un metro cuadrado ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Pero la descarga también se hacía a veces desde una escotilla de popa, de 1,80 metros de alto por casi un metro de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no sólo de llevar los cuerpos a Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar.

Las identidades de los cuerpos arrojados al océano en esta operación no están establecidas, puesto que los testigos dicen no haberlas conocido nunca, salvo la de Marta Ugarte. Quienes sí las conocen, como el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, niegan que esta operación existió.

 “Brillaban”

Los rieles “recién cortados, por lo que brillaban por los lados cortados” como los vio preparados el comisario de Investigaciones y agente de la DINA Nibaldo Jiménez Santibáñez, entregaban, en principio, la seguridad de que la prueba del crimen se iría con el pedazo de metal al fondo del océano. Dice Jiménez en una de sus declaraciones procesales que cuando preguntó un día para qué eran esos rieles cortados en trozos, recibió por respuesta “esos son pa’ los paquetes”. Cuando preguntó ¿qué paquetes?, sostiene que le respondieron “los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel, y con el peso del riel se van al fondo”.

Ya no eran ex prisioneros que hablaban de los rieles, ni sólo el campeón de pesca submarina Raúl Choque, que una vez en la década de los años 80 declaró a la prensa que vio osamentas en el fondo marino frente a Pisagua, pegadas a trozos de rieles. Ahora los fragmentos de vía eran una realidad vista por uno de los propios agentes que lo contaba a un juez.

Tampoco había enloquecido el coronel retirado Olagier Benavente Bustos, cuando el 24 de junio de 1999 declaró en una entrevista a La Nación que el “piloto de Pinochet, su regalón, Antonio Palomo”, le contó un día de verano un par de años después de 1973 en Pelluhue, donde ambos tenían casa de descanso, que le había correspondido hacer viajes pilotando un Puma para lanzar cuerpos al mar. “Partían desde Tobalaba”, dijo el coronel (R) Benavente que le había dicho Palomo. Era la primera vez que un alto oficial retirado revelaba parte del secreto. Pero esa vez todo quedó allí, sólo en las declaraciones. No existían todos los antecedentes descubiertos ahora. Por supuesto, Palomo desmintió las declaraciones de Benavente cuando el juez Guzmán lo interrogó.

La limpieza

Cumplida cada misión de vuelo, los helicópteros regresaban al lugar en Peldehue donde habían quedado estacionadas las camionetas C-10. Allí descendían los agentes civiles, montaban en las camionetas y se iban.

El helicóptero volvía a elevarse y se dirigía a su base del CAE en Tobalaba. Desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir una tarea similar. Normalmente esta limpieza no era realizada por los mismos mecánicos que habían participado del vuelo. Entre los limpiadores estuvo más de una vez E.A.O., el mismísimo mecánico personal del Puma Nº 256 del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Aunque éste sostiene en el proceso que “nunca” le tocó realizar alguno de estos vuelos a alta mar. Su jefe fue por muchos años el ahora brigadier (R) Antonio Palomo.

La mayor parte de los desaparecidos que salían de Villa Grimaldi con la marca “Puerto Montt” partían del aeródromo de Tobalaba.

 “Cuando conversábamos entre los mecánicos, pude ver que varios de ellos habían realizado este tipo de viajes”, declaró en el proceso otro mecánico que participó en los vuelos y a quien nombraremos “Rotor 1”.

Las identidades de los mecánicos que finalmente contaron al juez las tenebrosas historias que permitieron conocer estos hechos, LND las mantiene en reserva. El hijo de uno de ellos fue secuestrado por algunas horas el viernes antepasado, el mismo día en que el juez Guzmán dictó los primeros procesamientos por el caso de Marta Ugarte contra cinco ex pilotos de los Puma, además de Contreras y López Tapia. Dos individuos lo obligaron a subir a un auto, lo amarraron, le pusieron una capucha en la cabeza, lo golpearon, y le dijeron que le dijera a su padre que “cierre el hocico”. Luego lo botaron en una calle de Santiago.

Otro de los mecánicos, “Rotor 2”, relató en la investigación que apenas se iniciaron estos vuelos, el comandante del CAE Carlos Mardones reunió a pilotos y mecánicos y les ordenó que “estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias”.

El tribunal

El comisario (R) Nibaldo Jiménez, ex agente DINA con funciones en Villa Grimaldi y en el recinto de José Domingo Cañas, sostiene que “quienes enviaban a los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, y otros, porque había varios cuarteles. Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt. Esos “otros” a quienes se refiere Jiménez eran los de siempre, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo, ambos jefes rotativos de varios de los centros clandestinos de la DINA.

El resultado de cada una de esas reuniones, continúa Jiménez, “era enviado al general Contreras, jefe máximo de la DINA (…) El general Contreras era quien revisaba las listas y en definitiva era quien decidía la suerte de los detenidos”.

Otra de las víctimas de la DINA fue el periodista Máximo Gedda Ortiz, hermano de los Gedda que realizan el programa de televisión “Al sur del mundo”. Detenido en julio de 1974, desapareció en el recinto de Londres 38. Jiménez cuenta el estado en que vio su cuerpo antes de que, presumiblemente, engrosara la lista de lanzados al mar. “Un sujeto de apellido Gedda estuvo detenido. Le habían sacado con cuchillo la carne de la pierna y se le veía el hueso. Estaba colgando, lo tenían colgando. Lo habían flagelado”.

Jiménez describe otra figura del horror y la brutalidad contra otro de los desaparecidos de la DINA. Se trata del fotógrafo Teobaldo Tello Garrido, quien había sido funcionario de Investigaciones durante el gobierno de Salvador Allende. Fue detenido en agosto de 1974 y permanece desaparecido. “Fui a verlo a un cuarto abarrotado de detenidos, al abrir su boca vi que estaba ensangrentada. Sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Marcelo Moren (…) El coronel Moren era bastante bruto”.

Pilotos de la caravana

Entre los cinco ex pilotos de helicópteros Puma que el juez Juan Guzmán procesó por el secuestro y homicidio de Marta Ugarte están quienes fueron los pilotos de la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo fue el piloto durante el tramo sur de este operativo, actuando como su copiloto Emilio de la Mahotiere González. Por el tramo norte de la caravana, el piloto fue el mismo De la Mahotiere y el copiloto, Luis Felipe Polanco Gallardo. El quinto piloto declarado reo es el coronel (R) Oscar Vicuña Hesse.

Una segunda fase de este método de desaparecimiento de detenidos arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981-82, una vez que a fines de 1978 fueron descubiertos los cadáveres de 15 campesinos en un horno de Lonquén y el Ejército y Pinochet se alarmaron.

Esta segunda fase conocida como “las remociones” clandestinas, fue admitida incluso por el ex director de la Central Nacional de Informaciones, general Odlanier Mena, y sobre ella han prestado también declaraciones algunos ex agentes que participaron en el operativo. A esta operación pertenecen, entre otros, los prisioneros de Chihuío en la X Región; los ejecutados de La Moneda desenterrados desde Peldehue; y las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte enterradas clandestinamente en el desierto de Calama. Estas no fueron víctimas de la DINA.

Probablemente, dada la experiencia adquirida, esta segunda fase fue realizada por los mismos pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército. Este episodio no está totalmente aclarado judicialmente. En todo caso, los comandantes del CAE después de Carlos Mardones fueron: el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 a julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.