Silva Iriarte Héctor Mario

Hector Mario SILVA IRIARTE

El 19 de octubre de 1973 a la 01:.20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, cerca de Antofagasta, las siguientes personas:

– Luis Eduardo ALANIZ ALVAREZ, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta. Desde aquella localidad fue trasladado a la Cárcel de esta última ciudad, donde al parecer se le inició un proceso, acusado de poseer armas, el que no fue concluído.

– Dinator Segundo AVILA ROCCO, de 32 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante socialista; quien fue detenido el 29 de septiembre en María Elena y trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta.

– Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 años de edad, funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante socialista, quien se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde fue llevado a la Cárcel de esa ciudad.

– Segundo Norton FLORES ANTIVILO, de 25 años de edad, asistente social de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en María Elena, militante socialista; detenido el 1º de octubre en su domicilio de María Elena, desde donde es trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de Antofagasta, posteriormente.

– Darío Armando GODOY MANSILLA, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista; detenido en Tocopilla y desde allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.

– José Boerlindo GARCIA BERRIOS, de 66 años de edad, trabajador marítimo y dirigente sindical, militante comunista; detenido en Tocopilla el 12 de septiembre, llevado a la Comisaría de esa ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagasta. En varias oportunidades, durante su detención, fue llevado junto a su hija a interrogatorios en Cerro Moreno.

– Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ, de 25 años de edad, profesor, empleado de la industria de cementos INACESA, militante socialista; quien fue detenido el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares y llevado al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel Pública de esa misma ciudad.

– Danilo MORENO ACEVEDO, de 28 años de edad, chofer en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dirigente sindical, militante socialista; quien se presentó voluntariamente el 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público. Permaneció allí, incomunicado, hasta el 15 de octubre, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública.

– Washington Radomil MUÑOZ DONOSO, de 35 años de edad, Interventor en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la Cárcel de esa ciudad.

– Eugenio RUIZ TAGLE ORREGO, de 26 años de edad, ingeniero, Gerente de la Industria INACESA, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público. Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, cuando fue trasladado a la Cárcel de Antofagasta. La tortura a que fue sometido se relata en la parte general de este período.

– Héctor Mario SILVA IRIARTE, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO Norte, ex Regidor de Chañaral, Secretario Regional del Partido Socialista; quien viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia.

– Alexis VALENZUELA FLORES, de 29 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), Presidente del Sindicato de esa empresa y Tesorero de la Central Unica de Trabajadores CUT Regional, Regidor de Tocopilla, militante comunista; detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la Cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta. Permaneció incomunicado durante toda su detención.

– Marco Felipe DE LA VEGA RIVERA, de 46 años de edad, ingeniero, Alcalde de Tocopilla, militante comunista; detenido el 15 de Septiembre por efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros, llevado a la Comisaría de Tocopilla y el 15 de octubre, a la Cárcel de Antofagasta.

– Mario del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 años de edad, Gobernador de Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de Septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido a la Comisaría de Tocopilla, donde permanece hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a la Cárcel de Antofagasta. Durante el período de su detención permaneció incomunicado.

El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, señalándose que «las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno…». El 24 de octubre apareció un segundo comunicado público que daba cuenta de las ejecuciones de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Nelson Cuello, indicándose que por «resolución de la Honorable Junta de Gobierno, el día 20 en la madrugada se procedió al fusilamiento de tres personas…», las ya indicadas.

No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre.

Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra. En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349 73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz Tagle «su participación en el delito de malversación de caudales públicos…y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular. Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973… el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973». En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que «su participación en estos actos se comprobó fehacientemente «. En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar…En el proceso respectivo … se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973».

Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida. Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:

– Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados. Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.
– La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluído en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno;
– Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluír que este nunca existió;
– Que, además, la primera versión acerca de la decisión de la Junta de Gobierno es coherente con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente en Antofagasta una comitiva militar procedente de Santiago con autoridad delegada precisamente de las más altas autoridades nacionales;
– Que a este último respecto, las versiones que han entregado los protagonistas son contradictorias en cuanto a la procedencia de las órdenes de ejecución, pero ninguna alega que haya existido un Consejo de Guerra;
– Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa;
– Que, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago.

 

Mi nombre era Mario Silva Iriarte, pero me decían Mariolito, nací en Vallenar un día de octubre del año ’35. Mi padre, uno de los fundadores del Partido Socialista, me habló de política desde muy niño. Estudié en el Barros Arana, en la Universidad de Chile, y me recibí de abogado en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Fui Regidor por Chañaral, y gerente de la CORFO  (Corporación de Fomento a la Producción) en el gobierno de la Unidad Popular.
Los fines de semana me arreglaba escuchando la canción “Soy un muchacho aún”, para salir con Graciela, mi mujer, con quien nos casamos a escondidas: la familia no estaba de acuerdo. Contra todo, tuvimos cinco hijos: Amanda, Libertad, Rosita, Mario y Patricia. Con ellos jugaba a ser Lautaro en la Guerra de Arauco, un Libertador en la Independencia de Chile, un defensor acérrimo de los mineros en Iquique a comienzos del siglo XX, un payaso en las fiestas y un amante de la buena cocina, como la de mi madre: unas albóndigas bien espesas, las empanadas de queso, los camarones…
Ese día de septiembre, fui a mi trabajo a renunciar, tuve que esperar, hacer cola, esperar… mi vida se detuvo a causa de la Caravana de la Muerte, tenía 37 años.
Él era Mario Silva, ejecutado político el 19 de octubre de 1973. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otr@s.

Ficha técnica:
Esta microbiografía fue realizada a partir de las entrevistas realizadas a Rosa Silva hija de Mario Silva y a Ariadna Biotti, su sobrina. La grabación fue realizada por Benjamín Villalobos en el mes de julio de 2014, en los estudios de Radio Universidad de Chile, donde posteriormente fue mezclada y emitida.

A los 84 años de edad dejó de existir en su casa habitación, la vecina Graciela Álvarez Ortega, conocida como «Chela Silva» y esposa del dirigente Héctor Mario Silva Iriarte asesinado en octubre de 1973.

Los restos de la destacada y conocida vecina, están siendo velados en su hogar ubicado en Fáez 511, esquina Valparaíso y su funeral se realizará mañana viernes 4 de junio a las 11 horas en la iglesia San Ambrosio de Vallenar.

La militante socialista, será sepultada en el mausoleo que tiene su familia en el cementerio de Vallenar y se invita a la gente que la conoció a la misa y posterior romería por las calles de Vallenar hasta el cementerio municipal.

Graciela Álvarez era la madre del seremi de Economía de Atacama, Mario Silva Álvarez.

A continuación un extracto de una reseña que se le hace a una de sus hijas, donde resalta la triste labor que como madre debió asumir cuando fallece el padre de familia:

«Sus hijos, Libertad, Amanda, Patricia, Mario y Rosa, tienen entre 4 y 15 años. Vivían felices con sus sorpresas, cada día. Su padre les dejaba chocolates, juguetes y libros de cuentos bajo sus almohadas. Los llevaba al cine, les contaba historias de la llegada de los españoles a Chile y los mapuches; él era ayudante de los personajes más importantes.

En Vallenar, Graciela, los prepara dignos. A ella, la mataron con él; sobrevivía solo para sus hijos. No tenemos derecho a llorar, decía siempre. Tenían derecho a quererle, amarle, recordarle y gritarle, pero no a llorarle.

La urgencia era levantarse del suelo, mantenerse unidos, ser una familia en pie. Era necesario denunciar, esclarecer la verdad y arrestar a los culpables. Reunidos todos sellan un pacto. Se proponen inmortalizarlo, continuar sus ideales y su utopía social; asumen compromisos por la verdad, la justicia y lealtad a su memoria.

Los años los encauzan hacia caminos sociales y políticos. Mario, el único hijo hombre, milita en el partido socialista, es dirigente nacional. Una de las hijas no quiso saber nunca más nada, las otras tres, al igual que su hermano, integran la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y su quehacer incansable por la justicia, la vida, la libertad y el retorno a la democracia. Es la organización que reúne a las esposas y esposos, las compañeras y compañeros, las hijas e hijos, las madres y padres, los familiares y amigos de aquellos que fueron asesinados por los militares, entre 1973 y 1990». (Zurdos no diestros:
ROSA INDOMABLE, UNA ROSA Y SU ESPINA DOLOROSA)

En una ceremonia especial del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, se homenajeó a los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Litre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand.

Este 29 de agosto, la Corte Suprema realizó una segunda entrega de títulos póstumos para cinco licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile que figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

En una ceremonia especial del Tribunal Pleno, en la que participaron autoridades de la Universidad de Chile y de su Facultad de Derecho, se entregaron los títulos póstumos a los familiares de Litre Quiroga Carvajal, Héctor Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Valenzuela Rivera y Guillermo Vallejos Ferdinand.

A la actividad asistieron la ministra de Interior, Carolina Tohá Morales; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez; además del decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, y la Secretaria de Estudios de esta unidad académica, Mónica Velozo.

En la instancia, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, destacó este reconocimiento entregado por el máximo tribunal del país a quienes cursaron la totalidad de sus estudios en el Derecho y que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

La decisión de entregar estos títulos se adoptó luego de recibir una nueva solicitud de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Abogados de Chile, en consideración de que el Tribunal Pleno decidió el 11 de enero de 2022 "otorgar, a modo de reparación y en forma extraordinaria, el título de abogado póstumo a quienes cumplan con el requisito de haber obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales antes de su desaparición y/o ejecución, como también a quienes obtuvieron dicho grado en forma póstuma en sus respectivas universidades".

Egresados que recibieron el título de abogado de forma póstuma

• Litre Quiroga Carvajal, 33 años, Director Nacional de Prisiones. Detenido el 11 de septiembre de 1973 cuando se fue a presentar voluntariamente al regimiento Blindado N° 2, desde donde fue trasladado hasta el Estadio Chile dos días más tarde. Su cuerpo fue encontrado acribillado en las cercanías del Cementerio Metropolitano el 16 de septiembre de 1973, junto a otras cuatro personas, entre ellas, el cantante Víctor Jara.
• Héctor Mario Silva Iriarte, 38 años, gerente de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) de la zona norte y ex regidor de Chañaral. Detenido el 12 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre de 1973 en el paso por la ciudad de Antofagasta de la comitiva militar conocida como "Caravana de la Muerte".
• José Tohá González, 47 años, ex ministro del Interior y ex ministro de Defensa del Presidente Salvador Allende. Detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda y retenido en la Escuela Militar. Luego fue trasladado al campo de prisioneros de Isla Dawson, en la Región de Magallanes, y llevado en febrero de 1974 en precarias condiciones de salud al Hospital Militar de Santiago, lugar donde murió el 15 de marzo de 1974.
• Fernando Abraham Valenzuela Rivera, 39 años, miembro del Comité Central del MIR. Ejecutado en la vía pública el 19 de noviembre de 1974.
• Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand. Detenido el 20 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros de la Quinta Comisaría en la empresa Airolite, lugar donde se desempeñaba como asesor jurídico del interventor de la entidad. Fue llevado al Estadio Nacional. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública el 22 de septiembre de 1973.