Prats Gonzalez Carlos

CARLOS PRATS GONZALEZ

  El asesinato del General(R) Carlos PRATS GONZALEZ y de su cónyuge Sofía CUTHBERT CHIARLEONI

                                    El General(R) Carlos Prats, de 59 años, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, dejó el país, rumbo a Buenos Aires, según sus propias palabras, "en azarosas condiciones, en la madrugada del 15 de septiembre de 1973, al ser oportunamente prevenido de que grupos descontrolados trataban de ubicarlo para liquidarlo, amparados en la impunidad que brindaba la situación de caos que vivía el país." Días después lo seguiría su cónyuge, Sofía Cuthbert, de 56 años.

                                      Esas palabras de Carlos Prats y otras de él que se citan en esta sección del Informe, así como toda circunstancia que aquí se citará, guardan relación con algún otro elemento indiciario o con alguna otra presunción fundada que tomó en cuenta esta Comisión para llegar a su convicción.  Por separado, no todas tienen la misma fuerza ni están comprobadas de la misma manera.  En su conjunto, han llevado a la Comisión a la convicción que aquí se expresará.

                                    En Buenos Aires el General(R) Prats se sabía vigilado por informantes, que según su entender, "se habían desplazado desde Chile para encontrar un indicio que pudiera afectar su honra o que les permitiera exhibirlo como el General al servicio del marxismo."

                                    De hecho, durante su estada en Buenos Aires hubo intentos de vigilancia estrecha de sus actividades y, en Chile y en otros países, intentos de crítica abierta o velada a su persona, por parte de agentes del Estado de Chile.

                                    Estos motivos pesaron en la decisión del General Prats y de su señora de abandonar Argentina y radicarse en algún país de Europa.  Para ello, Sofía Cuthbert de Prats requirió del Cónsul General de Chile en Argentina, en julio de 1974 los respectivos pasaportes, comunicándoles que viajarían a Brasil, según narran. Su pasaporte había sido retenido al salir del Chile.  El del General Prats, de carácter oficial, había caducado. Según dice la familia del general Prats, sólo los funcionarios diplomáticos chilenos se enteraron de que los Prats intentaban hacer este viaje.

                                    No obtuvieron los pasaportes solicitados.  Las explicaciones oficiales que constan en documentos que esta Comisión ha conocido, no dan una razón plausible para tal negativa o demora.  Menos aún si, como consta, el embajador de Chile en Argentina, envió a la cancillería chilena, con el ruego de comunicarlo también a la Comandancia en jefe del Ejército, un telex indicando que el General Prats había recibido una amenaza de muerte.

                                    Esta amenaza se trataba de una llamada por teléfono que una persona de acento chileno "con forzado acento argentino", según el General Prats, hizo a éste. En esa llamada, el interlocutor anónimo mencionó el viaje a Brasil, idea que los Prats sólo habían comunicado a funcionarios de la embajada, según hace saber su familia.  Un amigo de los Prats comunicó esto al embajador de Chile el día 4 de septiembre de 1974 y éste de inmediato envió el telex aludido, todo lo cual que consta a esta Comisión.

                                    Semanas después, el 30 de septiembre de 1974, a las 00:40 hrs., en los momentos en que el General Prats y su señora se aprontaban a guardar el auto en su estacionamiento de calle Malabia, una bomba accionada a control remoto colocada bajo la caja de velocidades hizo violenta explosión, perdiendo instantáneamente la vida ambos ocupantes.

                                    Esta Comisión ha podido reunir abundante información sobre este acto de terrorismo que costó la vida al General Carlos Prats y a su cónyuge, Sofía Cuthbert.  Al dar cuenta de esta información se hace referencia a personas determinadas.  Sin embargo, la Comisión se ha atenido a la norma de no identificar directamente a presuntos hechores individuales, salvo en sus comunicaciones, cuando proceden, a los tribunales de justicia, por las razones que ya se han explicado en este mismo Informe.  La aplicación de tal norma en este caso da lugar a una narración más compleja, pero ello es indispensable, si cada parte del Informe ha de guardar coherencia con la decisión tomada por la Comisión.

                                    Entre la información sobre el caso Prats se cuenta la siguiente:  Estudio del expediente del proceso criminal que se está instruyendo por estos hechos en Argentina.  Estudio del expediente que se formó con ocasión de la tramitación de la solicitud  de extradición solicitada por el gobierno de Argentina al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para que se extraditara a la Argentina al ex-agente de la DINA, a que más adelante se hace referencia.  Estudio de diversas otras acciones judiciales relevantes, ante tribunales de los Estados Unidos.  Testimonios e informes periciales sobre la explosión del automóvil que costó la vida al matrimonio Prats y su comparación con la explosión del automóvil que tuvo lugar en septiembre de 1976, en Washington, D.C., y que costó la vida a Orlando Letelier y Ronnie Moffitt.  Documentos públicos y privados, así como testimonios, incluyendo declaraciones prestadas en reserva ante esta Comisión, en Chile y en el extranjero, que conciernen a: viajes de agentes de la DINA, en cuanto tales viajes son relevantes para este caso; otras actuaciones de la DINA, en Chile y en el extranjero; comunicaciones y declaraciones de agentes de la DINA sobre tales actuaciones en el extranjero y específicamente sobre el caso Prats; comunicaciones y otras gestiones del gobierno de Chile respecto de esas actuaciones en general y de aspectos relevantes para el caso Prats en particular.

                                      Ponderados estos antecedentes, la Comisión la llegado a la convicción, en conciencia, de que el General Carlos Prats y su cónyuge Sofía Cuthbert fueron muertos, en violación de sus derechos humanos, por un acto terrorista de responsabilidad de agentes del Estado de Chile, que se presume fundadamente pertenecían a la DINA.  A esta conclusión se llega tomando en consideración entre otros antecedentes, los que siguen:

                        –            La investigación judicial instruída por el Juez Federal en  Argentina, en la que se encuentran involucrados dos funcionarios pertenecientes a la DINA.  El 11 de abril de 1983 se dictó prisión preventiva y se dispuso solicitar la extradición al Gobierno de Estados Unidos de uno de estos agentes de la DINA, por resultar en principio responsable de homicidio agravado en concurso con uso de documento público falso.  Este agente, de nacionalidad norteamericana, empleaba a veces un pasaporte norteamericano falso, a nombre de Kenneth Enyart.  El 15 de mayo de 1989 se dictó en el mismo proceso que lleva la Justicia Argentina, auto de procesamiento y orden de detención en contra de un segundo agente de la DINA por su participación en este doble homicidio. Esta persona, de nacionalidad chilena, residía en la Argentina en esos años y está comprobado abundantemente que cumplió importantes funciones para la DINA, desde Buenos Aires.

                        –            El agente de la DINA que a veces viajaba bajo el nombre de Kenneth Enyart confesó ante la Justicia de los Estados Unidos, en 1978, haber colocado la bomba que causó la muerte de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, en septiembre de 1976. Este agente ingresó a Buenos Aires con el nombre de Kenneth Enyart, semanas antes del atentado, y abandonó la Argentina, según consta fehacientemente, horas después del atentado, esto es el 30 de septiembre de 1974, rumbo a Uruguay, desde donde consta fehacientemente que ingresó a Chile el día 1° de octubre de ese mismo año. Consta también que el agente de la DINA que vivía en Buenos Aires, ya mencionado, también abandonó Argentina ese mismo día.

                        –            El agente que se valía del pasaporte a nombre de Kenneth Enyart fue expulsado de Chile el 8 de abril de 1978, a requerimiento del gobierno de los Estados Unidos, por estar involucrado en el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, perpetrado en ese país.  De las actuaciones relacionadas con esa expulsión, por parte de autoridades chilenas y norteamaricanas y sus representantes legales, y de las diversas gestiones y procesos judiciales que tuvieron lugar en los Estados Unidos desde esa fecha y hasta muy recientemente, constan los siguientes hechos relevantes:

                                                Hay testimonios que a juicio de esta Comisión acreditan que poco antes de la expulsión de Chile de este agente de la DINA, representantes del gobierno de Chile solicitaron al gobierno de los Estados Unidos les hiciera llegar una carta formalizando su solicitud de que se lo expulsara.  Tal carta – pedían los representantes del gobierno de Chile – , debía señalar, entre otros cargos, que el referido agente había usado un pasaporte norteamericano falso, bajo el nombre de Kenneth Enyart, para entrar a Chile, pero se pidió expresamente que no se mencionara en esa carta que había usado ese pasaporte para entrar también a otros países.

                                                Que el gobierno de Chile suscribió un acuerdo con el Procurador del Distrito de Columbia de los Estados Unidos, el 7 de abril de 1978, por el cual se restrigía el uso que se podía hacer de la información obtenida en la investigación del caso Letelier en relación a acciones de ciudadanos chilenos en los Estados Unidos.  Este acuerdo, junto con el acuerdo por el cual el agente de la DINA ya referido se declaró culpable de un cargo en relación al caso Letelier fueron luego interpretados escrupulosamente, en distintas instancias judiciales norteamericanas, en el sentido de no permitirse, o de limitarse severamente, las preguntas que se le podían formular a ese agente en relación, entre otras materias, específicamente al caso Prats.

                                                Consta de memorandums legales y de expedientes judiciales que el referido agente de la DINA estaba tan preocupado por posibles preguntas sobre el caso Prats durante las investigaciones o acciones judiciales en los Estados Unidos, que en tal evento invocaría la Quinta Enmienda Constitucional de ese país, que permite rehusar contestar una pregunta sobre la base de que la respuesta podría ser autoincriminatoria.

                        –            La Comisión pudo conocer el testimonio de un ciudadano norteamericano, prestado en juicio, del que se infiere claramente que ese mismo agente de la DINA le confesó su participación en el atentado que costó la vida a los Prats. 

                        –            En cuanto al método, en los casos Prats y Letelier se utilizó una bomba colocada en una parte similar del automóvil de las respectivas víctimas.  También se ha comprobado que la DINA había empezado a trabajar en Buenos Aires en el año 1974, con anterioridad a este atentado y que uno de sus agentes, como quedó dicho, regresó a Chile, desde Buenos Aires, horas después del doble asesinato.

                        –            Por último, la Comisión no ha podido formular una hipótesis plausible sobre el motivo que otro hechor, aparte de agentes del Estado chileno podrían haber tenido en el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert ni ha encontrado evidencia alguna en ese sentido.  En cambio, las acciones de tales agentes del Estado de Chile, en Chile y en el extranjero, particularmente en la Argentina y en los Estados Unidos, así como la posibilidad de que hayan juzgado que el General Prats pudiera llegar un factor de impredecibles consecuencias políticas para la situación política chilena,  permiten formular una hipótesis plausible de motivos. La Comisión enfatiza que esta última consideración tiene valor sólo a mayor abundamiento y que su convicción descansa en el conjunto de las anteriores ya expresadas.

El procesamiento afectará -en calidad de autores- al ex director de la DINA, general(R) Manuel Contreras Sepúlveda y quien fuera su brazo derecho, el ex brigadier, Pedro Espinoza. En tanto, el brigadier Raúl Iturriaga, sería procesado en calidad de autor directo, lo mismo que su hermano Jorge Iturriaga y el coronel (r) José Zara.

El ministro en visita Alejandro Solís, quien instruye el proceso por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, someterá hoy a proceso a los cinco ex agentes de la DINA que participaron en los hechos ocurridos en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1974, aseguraron a El Mostrador.cl fuentes judiciales. Es decir, casi 30 años más tarde.

La resolución será dictada pasadas las 9.30 por el magistrado, quien ya tiene citado a los ex agentes los que quedarán detenidos en recintos militares, presumiblemente en el regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el procesamiento afectará -en calidad de autores- al ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda y quien fuera su brazo derecho, el ahora ex brigadier, Pedro Espinoza.

En tanto, el brigadier Raúl Iturriaga Neumann, sería procesado en calidad de autor directo, lo mismo que su hermano Jorge Iturriaga y al coronel (r) José Zara.

El encausamiento será por los delitos de asociación ilícita y homicidio. En este sentido, Alejandro Solís -dijeron fuentes judiciales- tomará gran parte de los fundamentos de las resoluciones dictadas en Argentina por la jueza María Servini de Cubría, como también del fallo que dictó recientemente la Corte Suprema chilena.

En Argentina se halla condenado a cadena perpetua por este delito el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.

Por este hecho, ocurrido en el extrajero, es altamente improbable que a los militares se les llegue a aplicar la Ley de Amnistía de 1978. Sin duda se abrirá un nuevo debate jurídico al respecto

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió en fallo unánime la libertad provisional previo pago de una fianza de un millón y medio de pesos, al ex agente civil de la DINA, Jorge Iturriaga Neumann, quien se encuentra procesado por el crimen del general (r) Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El tribunal de alzada no dio lugar a la solicitud de libertad para el general (r) Manuel Contreras, a quien también se le confirmó el procesamiento en calidad de autor como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real del doble homicidio, ya que los ministros integrantes estimaron que el ex director de la DINA representaba un "peligro para la seguridad de la sociedad".

El abogado Jorge Balmaceda, defensor del ex agente, se manifestó satisfecho con la resolución. Mientras que la abogada querellante Pamela Pereira sostuvo que a pesar de la libertad para Jorge Iturriaga, la confirmación del procesamiento de Contreras y la negación de su libertad "permite seguir adelante, con mucha fuerza la investigación".

La profesional representante de la familia Prats se manifestó confiada en que pronto se dictarán las acusaciones de los procesados en el caso, el cual es instruido en Chile por el ministro Alejandro Solis.

El magistrado, quien el 25 de febrero pasado procesó a la plana mayor de la DINA, está a la espera de que la Corte Suprema lo autorice a viajar a Estados Unidos para interrogar a Michael Townley, autor material del homicidio.

Asimismo, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la petición formulada por la defensa de Manuel Contreras de pedir la extradición de Townley y de Enrique Arancibia Clavel, autor del homicidio del ex Comandante en Jefe del Ejército, quien cumple cadena perpetua en Argentina.

Carlos Prats y su esposa Sofia Cuthbert fueron asesinados en septiembre de 1974 en un atentado terrorista perpetrado en el barrio Palermo de Buenos Aires. Por este caso se realiza una investigación paralela en Argentina, la cual está a cargo de la jueza María Servini de Cubria quien también sometió a proceso a los cinco ex agentes del disuelto organismo represor.

El ministro Nibaldo Segura ordenó la detención preventiva del brigadier (R) del Ejército y ex agente de la DINA Christoph Willike, en el marco de la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina en el caso Prats.

La decisión fue adoptada luego que Willike prestara declaración por más de dos horas ante el magistrado, quien alegó inocencia de los cargos que se le imputan y consideró improcedente la detención ordenada en su contra.

Willike y la ex agente de la DINA Mariana Callejas -esposa del doble agente Michael Townley- fueron sometidos a proceso por la Justicia argentina como autores de asociación ilícita y doble homicidio agravado por explosivos. Es por esto que la jueza argentina solicitó su extradición.

El jueves el magistrado decretó el arresto domiciliario de Mariana Callejas, sindicada como la autora material del atetando en contra del general Prats.

En diciembre pasado la jueza argentina María Servini de Cubría también había solicitado la extradición de la cúpula de la disuelta DINA, pedido que fue rechazado por la Corte Suprema.

Sin embargo, el máximo tribunal resolvió que el caso debía ser investigado en Chile, por lo que nombró como ministro en visita a Alejandro Solís, quien sometió a proceso al ex director de la DINA general (R) Manuel Contreras, al ex brigadier Pedro Espinoza, al brigadier Raúl Iturriaga Neumman, al civil Jorge Iturriaga y al coronel (R) José Zara. 

Luego del rechazo de la Corte Suprema a desaforar a Augusto Pinochet, el ministro Alejandro Solís optó por dictar el sobreseimiento definitivo del ex dictador en el caso por el doble homicidio del general (r) Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert.

Con la medida el juez cumplió con lo dispuesto por el máximo tribunal que en la práctica al negar el desafuero le impidió seguir investigando la responsabilidad de Pinochet.

El 24 de marzo, el pleno de la Corte Suprema rechazó desaforar a Pinochet, argumentando razones formales, fundamentalmente la existencia de un pronunciamiento anterior. Solís mantiene procesada a toda la plana mayor de la DINA.

El ex agente de la Dina Michael Townley, autor confeso del crimen del general Carlos Prats y su esposa, relató en su interrogatorio a la jueza argentina María Servini de Cubría detalles sobre cómo cometió el doble asesinato en septiembre de 1974.

En su declaración, realizada por la magistrada en 1999 y revelada hoy por el diario Siete, el ex agente confirmó que la orden de matar a Prats emanó del brigadier Pedro Espinoza, del mayor Raúl Iturriaga "y en cierto momento del general Contreras". Sin embargo, dijo creer que las órdenes venían de una "autoridad superior".

"Se hablaba de la importancia del general Prats en la estructura política de Chile, de posibles actividades de la oposición…", dijo el ex agente.

En su interrogatorio detalló que realizó "la operación a instancias del coronel Espinoza (…) Cuando se planificaba la operación yo traté exclusivamente con el coronel Espinoza y el mayor Raúl Eduardo Iturriaga. La planificación y realización fueron exclusivamente mi obra. El coronel Espinoza me proporcionó el dinero para los materiales necesarios para construir la bomba y para los gastos de viaje (…) El artefacto que sería utilizado era un transmisor de radio electrónico. El mayor Iturriaga proporcionó los explosivos".

Townley declaró que una vez rpobado el explosivo, viajó a Argentina, en donde tuvo difucltades para cumplir su misión. "No pude encontrar al general Prats, creo que la única dirección que nos dieron no era la correcta, y no pude encontrarla. Así que regresé y dije 'necesito mejor información, si no la hay no podré hacerlo'".

En su segundo viaje a Argentina se reunió con el mayor Iturriaga quien le dijo dónde encontrar a Prats. Durante días vigiló el departamento donde vivía el general, ocasión en la que incluso, se encontró con él cara a cara, mientras llevaba una pistola en su bolsillo, pero "de ninguna manera iba a intentarlo en ese momento".

Finalmente pudo entrar en el estacionamiento de la casa de Prats sin que lo vieran, aprovechando la ausencia del portero. Según reveló en su interrogatorio, ocultó el explosivo en "una caja y lo até debajo debajo de la parte central del medio del automóvil".

Consultado por qué eligió detonar la bomba cuando Prats estaba junto a su esposa Sofía Cuthbert dijo: "fue la primera oportunidad que tuve… me preocupaba la estabilidad del artefacto, si era capaz de detoonarse sin mi intervención. No fue una decisión consciente de hacerlo, porque ella estaba en el vehículo. Fue la primera oportunidad que tuve".

 La explosion

En su interrogatorio, Townley relató cómo fue ese domingo 30 de septiembre de 1974, en el barrio Palermo en Buenos Aires: "La calle estaba mal iluminada, pero lo que pensaba era que desde el viernes en la noche había un artefacto explosivo bajo este vehículo y que pudo haber explotado en cualquier momento, en cualquier lugar por un sinnúmero de motivos. Como una interferencia eléctrica, la radio de otra persona. El vehículo se acercó, me pasó, se detuvo a la entrada de la cochera y lo hice explotar… Yo estaba sentado al volante y mi esposa (Mariana Callejas) al otro lado y tenía la radio sobre las rodillas. La levantó y preguntó: ¿qué hago? dámela le dije… no, no sé si lo dije… simplemente la tomé. Ella estaba toqueteando, empujando. Ni siquiera estaba prendida. Estábamos sentados desde hace horas… Cuando ella levantó la radio, el botón estaba al lado derecho, lo tenía en la mano. Yo vi que cuando la levantó pensaba que se iba a producir la explosión, pero no sucedió…".

Las investigaciones por el doble crimen indican que Mariana Callejas habría apretado el botón para hacer explotar la bomba, sin embargo de acuerdo a las palabras de Townley él habría hecho activar el explosivo que terminó con la vida del general Prats y su esposa.

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento de un militar acusado como cómplice del homicidio del general Carlos Prats, perpetrado en Buenos Aires en septiembre de 1974.

El procesado es el suboficial de Ejército retirado Reginaldo Valdés, quien fue encausado en abril por el juez Alejandro Solís, a cargo del proceso por el asesinato del ex jefe castrense y su esposa, Sofía Cuthbert.

Valdés fue mencionado por el estadounidense Michael Townley, ex agente de la Dina, la disuelta policía secreta del gobierno de Augusto Pinochet.

Según Townley, Valdés fue uno de sus colaboradores en la actividad pre operativa de seguimiento y chequeo de las actividades de Prats y su esposa en la capital argentina.

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.
Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.
Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.
En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.
En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.
El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.
Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.
El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.
Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.