Palma Moraga Rodrigo Javier

El juez Juan Guzmán Tapia supervisó hoy la exhumación de los restos de un niño presuntamente ejecutado en 1973.
La diligencia se realizó en el Cementerio Parque del Mar, en Concón y los restos pertenecen al menor Rodrigo Javier Palma Moraga, quien al momento de su muerte tenía ocho años.
Efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía de Investigaciones realizaron la exhumación bajo la dirección del juez Guzmán.
"Eso es lo que estoy buscando", dijo el juez cuando fue consultado sobre la identidad de los autores del asesinato del menor.
Palma, junto a otro menor, Jim Christie Bossy -de siete años-, habría sido ejecutado el 24 de diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento "Arica" de Coquimbo.
De acuerdo a los antecedentes aportados por los familiares, los dos niños fueron fusilados por efectivos del Ejército que custodiaban unos gasoductos en una población del sector de La Herradura, que era habitada por empleados fiscales.
Los restos de los niños fueron entregados en un ataúd sellado a sus padres recién en agosto de 1974, y los certificados de defunción respectivos no determinaban con exactitud la causa de sus muertes.
Con este fin, el magistrado Guzmán dirigió este jueves la exhumación de la osamenta de Palma Moraga, mientras que la semana pasada hizo lo mismo con el cadáver de Christie Bossy.
Las osamentas de los menores serán examinadas en Santiago por expertos del Instituto Médico Legal, para establecer las causas y circunstancias de su muerte.
Las familias de los niños han asegurado que los cuerpos de los menores tenían varios impactos de bala, lo que se determinará con las exhumaciones realizadas.
"No puedo hablar, por el secreto del sumario, pero al parecer hubo mal trato", dijo Eugenia Moraga, madre del niño cuyas osamentas fueron exhumadas en Viña del Mar.
El caso de los menores ha cobrado relevancia, luego de conocerse que el actual comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, era ayudante del comandante del Regimiento "Arica" de Coquimbo, unidad militar a la que se responsabiliza de las ejecuciones.
Consultado sobre si llamará a declarar a Cheyre por este caso, el juez Guzmán señaló que estudiará todos los antecedentes que existen en el proceso antes de decidir si cita al jefe del Ejército chileno.
Hace unos días, Cheyre manifestó su disposición a concurrir a los tribunales a entregar su testimonio en caso de ser requerido por la justicia

Niños ejecutados
El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.

Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

"Qué saben ustedes"

La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas". El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en "caso de moverse o alarma". Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada, y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".

Balas militares

Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.

Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. "Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre

El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano.

El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark.

Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

El magistrado viajó a Coquimbo para interrogar a dos ex oficiales del Ejército y establecer su responsabilidad en la muerte de los menores, que tenían siete y ocho años.
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El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se encuentra en Coquimbo para interrogar a dos ex oficiales del Ejército presuntamente implicados en el homicidio de dos menores de edad, hecho ocurrido en esa zona durante el régimen militar de Augusto Pinochet.

El magistrado intenta establecer las responsabilidades de los ex uniformados en la muerte de los niños de ocho y siete años Jim Christie Bossy y Rodrigo Javier Palma Moraga, cuyos restos fueron exhumados hace tres meses para realizar los últimos peritajes tanatológicos.

A raíz de que se cree que una patrulla militar del regimiento Arica participó en esta acción, el ministro interrogó a los dos ex oficiales, cuyos nombres se mantienen en reserva, y conoció el testimonio de los padres de los menores muertos.

Se estima que el magistrado visitará dentro de las próximas horas la zona exacta donde se encontraron los cuerpos de los pequeños.

En el proceso declaró vía oficio el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre quien negó haber estado en el lugar en la fecha del crimen, tal como sostienen otros efectivos militares.

SANTIAGO.- La Corte Suprema decidió designar nuevos ministros de fuero con la finalidad de redistribuir las causas en las que se investigan hechos que presumiblemente constituyen violaciones a los derechos humanos, los que hasta la fecha, en su mayoría, eran pesquisados por el ministro Juan Guzmán Tapia.

De esta forma, el máximo tribunal designó a la ministra de apelaciones de San Miguel, María Estella Elgarrista, para asumir la investigación de los procesos denominados "San Bernardo" y "Paine", por secuestro homicidio y otros delitos.

Además, la Corte designó al ministro del tribunal de alzada Daniel Calvo Flores, como ministro de fuero, para investigar de manera exclusiva 66 causas que hasta el momento sustanciaba el ministro Guzmán entre las que se encuentran los episodios "Lagos Ranco", "Tocopilla", "Pisagua" y Arica.

La Corte Suprema asignó además como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís, para que asuma la tramitación de los casos "Villa Grimaldi", "Coelemu" y otras cinco causas.

El magistrado Jorge Zepeda fue nombrado como ministro de fuero para sustanciar 15 casos que también investigaba el juez Guzmán, entre ellos los episodios "Endesa", "Tohá", "Menores Coquimbo", "Estadio Nacional" y el caso "Silberman".

De las 90 causas que investigaba hasta hoy el juez Guzmán, sólo seguirá investigando cinco, que son los episodios operación "Colombo", "Cóndor", "Operación Cóndor II", el "Caso Caravana" y el caso "Conferencia".

Al respecto, el magistrado sostuvo que no considera que la decisión del máximo tribunal sea un castigo. "Es bastante el trabajo que hay, pero me sentía y me siento capaz de asumirlo", agregó Guzmán.

Además se dispuso que Guzmán entregue el caso "Nehme" al ministro Alfredo Pfeiffer, que entregue los cuadernos respectivos a los diferentes jueces que fueron designados y que en los casos que no estén incluidos en las nuevas asignaciones, entregue los expedientes a la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema estimó además que la ministra Amanda Valdovinos, quien hasta ahora se avocó a determinar la ubicación de restos de detenidos desaparecidos, cumplió con la tarea encomendada por lo que ahora debe remitir su investigación al juez con dedicación exclusiva y titular del Quinto Juzgado del Crimen Juan Carlos Urrutia.

El máximo tribunal solicitó a los ministros designados que investiguen las causas "con la mayor celeridad" a fin de poner término en el menor tiempo posible a los procesos.

Esta decisión fue tomada por la Corte Suprema luego que el ministro visitador de la Corte de Apelaciones, Milton Juica, emitió un informe sobre el desarrollo de las investigaciones en casos de derechos humanos, documento que fue crucial a la hora de tomar esta nueva distribución.

Despedida

En el día de hoy, después de 30 años de lucha por descubrir la verdad y que se haga justicia , estamos cerrando el duelo por la muerte de nuestro hijo, no hay rencores ni odios en nuestros corazones, hemos perdonado a los autores de este brutal asesinato, pero eso no significa impunidad y menos olvido, porque este tipo de barbarie no deben repetirse jamas en nuestra patria ni en nación alguna.

Enseñanos a vivir mas noblemente y extender nuestro amor y devoción a otros niños en agradecimiento por el privilegio de haber tenido y amado a este hijo, aunque por pocos y breves años Que su alma permanezca unida en los lazos de la vida y su memoria quede como una inspiración para nosotros,

A M E N .