Obando Coñue Susana Estrella

 El que fuera jefe de la CNI en Punta Arenas en 1988 enfrenta un proceso por la muerte de la joven Susana Obando, que inicialmente fue catalogada como un suicidio. Una querella presentada por su madre asegura que fue detenida y lanzada al mar.

 Al menos diez ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) lo afirman en el proceso: él era nuestro jefe en 1988 en Punta Arenas con el grado de mayor. El 26 de julio de ese año, la joven socialista de 23 años Susana Obando Coñué fue detenida -según un testigo- en esa ciudad y horas después apareció muerta en una playa. Las pistas apuntan, como dijo a LND una fuente cercana a la investigación, a la ex CNI.

Hoy, Rodolfo Antonio Ortega Prado, que según sus subalternos usaba la chapa ‘Rodrigo’, es coronel de Ejército en servicio activo y se desempeña como agregado militar en la Embajada de Chile en España. Llegó a Madrid el año pasado y está asignado hasta julio de 2005. En una lista de 540 agentes militares de la ex CNI, entregada por el Ejército a los tribunales en 1999 para la investigación del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, el coronel Ortega ocupa el número 335.

Desde Madrid, el coronel Ortega confirmó a LND que fue “cuatro años jefe de la CNI en Punta Arenas hasta 1989”. Pero afirmó que “lo que dicen los funcionarios de la CNI es que yo era el jefe, pero le puedo asegurar, sin conocer la causa, que ellos no pueden decir que la CNI estuvo involucrada, porque no tuvo nada que ver”.

Según afirma, “la CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el período que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie por parte de la CNI. Hacíamos trabajo netamente informativo, no era una unidad operativa”.

El proceso por la muerte de Susana Obando está momentáneamente en manos de la ministra en visita Amanda Valdovinos. Ella asumió interinamente las 62 causas por violaciones de los derechos humanos que instruía el ministro Daniel Calvo, que hoy está fuera de estas indagaciones.

Antes de abandonar las causas, el juez Calvo mandó citar al coronel Ortega a su casa en Santiago, sin saber que estaba en Madrid. El coronel fue informado de la citación por familiares. El tribunal consultó al Ejército por el destino del coronel Ortega, recibiéndose el 19 de febrero pasado el oficio con la respuesta de que está como agregado militar en Madrid

El oficial será citado a declarar a Santiago para que aclare la supuesta participación de la CNI en la muerte de la joven, lo que ocurrirá luego de que la Corte Suprema resuelva, a comienzos de marzo, qué juez se hará cargo en definitiva de los procesos que tenía el ministro Calvo.

Recuerdos

“Yo no me acordaba del caso de Susana Obando cuando fueron a citarme a la casa, pero ahora, con el tiempo, recuerdo que supe que lo dieron como un suicidio, incluso la Policía de Investigaciones investigó en una causa en Punta Arenas, pero la CNI no tuvo nada que ver. No tengo idea quién detuvo a esta persona. Ese caso no tuvo mayor trascendencia en la zona. Pareciera que fue un suicidio, ella no era una persona conocida en Punta Arenas por lo que no se justificaba para nada… no tenía ninguna influencia política, no era conocida”, afirma el coronel Ortega al teléfono.

Pero le decimos que según su madre Ema Coñué, la joven era en Punta Arenas una “destacada y activa” dirigenta de la Juventud Socialista. “Pero eso lo dice la mamá, y las mamás pueden decir muchas cosas”, responde el agregado militar.

La CNI fue el organismo represivo que reemplazó a la DINA a partir de agosto de 1977. De acuerdo a cifras emanadas del Informe Rettig y del Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en la XII Región el total de víctimas de la dictadura son nueve (un desaparecido y ocho ejecutados) y ocho corresponden al período DINA. Entre 1986 y 1989, tiempo del coronel Ortega como jefe de la CNI en Punta Arenas, la única víctima denunciada es Susana Obando.

Lo que existe

En la investigación están establecidos los siguientes antecedentes. Susana Obando salió desde su oficina en Punta Arenas a las 10:30 del 26 de julio de 1988 a comprar un regalo, y no la vieron más. A las 14:20 de ese mismo día su cuerpo apareció botado en la playa de Punta Arenas en el sector de calle Paraguay. Quienes vieron el cuerpo, entre ellas la madre y familiares, advirtieron marcas moradas en ambas muñecas “como de apretones”; un golpe en el lado izquierdo de la cara; y un “orificio de aguja” en la encía. El protocolo de autopsia realizado por el capitán de fragata de la Armada y médico legista (ya fallecido) Dámaso Montebruno Zuanic registró como causa de muerte: “asfixia por inmersión en el mar de tipo suicida por depresión nerviosa”. El informe no registró heridas visibles.

Diez ex agentes de la CNI ya han declarado en el proceso que el coronel Ortega era el jefe de la CNI en Punta Arenas a la fecha del suceso, pero niegan tener algo que ver con el caso. Sin embargo, se ha acreditado que la joven era seguida por dos automóviles en días previos, coincidiendo con redadas que se hicieron antes de una visita que Augusto Pinochet haría a Punta Arenas. Los dos automóviles estaban a nombre de dos funcionarios de la Armada que fueron identificados. Se investiga su vínculo con la CNI. Se indaga que la CNI habría operado en Punta Arenas bajo la fachada de una empresa.

Un indigente vio como ese día “unas personas” arrojaron “un bulto al mar”. “Las personas” se percataron de lo que había visto y lo amenazaron para que callara. El lo contó a la madre de Susana Obando tiempo después.

Una persona que dijo ser testigo de todo lo que ocurrió y que se definió como un “ex agente de inteligencia”, informó a la comisión que complementó el Informe Rettig, bajo reserva de su identidad que, efectivamente, la joven fue detenida a la salida de su oficina, trasladada a una casa con los ojos vendados para ser interrogada y que fue golpeada antes de ser lanzada al mar “drogada y maniatada”. La identidad de esta persona es conocida por LND, pero se la reserva para no afectar la investigación. La joven tuvo detenciones previas por su trabajo público contra el régimen militar.

Pericias que faltan

Hasta ahora en la causa no están individualizados quiénes participaron en estos hechos. Tampoco si la acción la cometió la CNI, “pero las cosas apuntan hacia allá”, comento a LND una fuente de tribunales.

LND tiene los nombres de los ex agentes que declaran apuntando al coronel Ortega como su jefe, pero también se reserva sus identidades para no afectar la investigación judicial. “Algo les puede pasar”, advierte la madre de Susana Obando, Ema Coñué desde Punta Arenas. Entre ellos hay miembros del Ejército ya retirados y ex agentes civiles, dos de ellos mujeres. Algunos también trabajaron para la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Varios viven aún en Punta Arenas.

Aparte de las indagaciones para establecer la identidad de quienes pudieron causar la muerte de Susana Obando, falta realizar las pericias médico-legales para determinar la real causa del deceso de la militante socialista. Porque, a esta altura de la investigación que se realiza en Santiago desde noviembre de 2000 luego que en Punta Arenas la causa no avanzara casi nada y fuera sobreseída, nadie cree en la versión de la autopsia del capitán Montebruno.

Una de las afirmaciones que más hace dudar de su veracidad, es la frase “suicidio por depresión nerviosa”. El médico no conocía a la joven, y mal pudo, sostienen fuentes de tribunales, saber si estaba deprimida y que ese estado la llevó al suicidio. Además, el informe de autopsia omitió las marcas que el cuerpo tenía en las muñecas y que fueron advertidas por varias personas al momento de ser sepultada.

Para realizar un segundo protocolo de autopsia el cuerpo fue exhumado en abril de 2003 por orden del ministro Daniel Calvo. Pero, por alguna razón, el cuerpo que presentaba buena conservación no fue trasladado a Santiago para realizar la segunda autopsia. Un perito del Servicio Médico Legal de Santiago y uno de la Policía de Investigaciones, extrajeron sólo una muestra de tejido para verificar si Susana Obando fue envenenada. Esta diligencia ha sido muy criticada en distintos ámbitos, porque impidió que al cuerpo se le practicara en Santiago la segunda autopsia para comprobar cualquier signo de violencia. Por lo tanto, es muy probable una nueva exhumación.

A esto se agrega la queja de Ema Coñué, quien afirma dolida: “Ya ha pasado casi un año y los señores peritos no han hecho nada, no tienen ningún resultado, e incluso fui informada que se les habían perdido los restos que se llevaron. Es que nosotras estamos tan lejos aquí y no hemos tenido apoyo”.

Camino a general

El coronel Rodolfo Ortega tiene una carrera ascendente. Sus últimas destinaciones lo ubican en 1999 en Copiapó, ya con el grado de coronel, ejerciendo como jefe de plaza para la elección presidencial de ese año. Desde allí se fue como comandante del regimiento Sangra en Puerto Varas hasta fines de 2001. El salto que dio fue grande y partió como subdirector de la Academia de Guerra del Ejército en Santiago, donde ya era profesor. Desde ese cargo, asumió en 2003 la agregaduría militar en Madrid. Es oficial de Estado Mayor, magíster en Ciencias Militares con mención en Política de Defensa, y tiene un diplomado en Sociología Militar. Por los años que lleva como coronel y su preparación, su destino natural es convertirse en general, lo que podría ocurrir este año 2004 o el próximo.

 

OBANDO COÑUE, SUSANA ESTRELLA: 23 años, casada, secretaria, ejecutada el 26 de julio de 1988 en Punta Arenas.

Susana Obando murió ese día a las 11:30 horas, en el sector Playa, por asfixia por inmersión en el mar de tipo suicidio, depresión nerviosa, según el Certificado Médico de Defunción suscrito por un médico legista y ratificado por el Protocolo de Autopsia.

Según declaraciones de la familia, Susana Obando -activa militante política- fue detenida alrededor de las 10:30 de la mañana del 26 de julio de 1988, por efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército, y llevada al recinto que dicho organismo tenía en Punta Arenas.

En días posteriores su cuerpo fue encontrado en el mar con señales de haberse ahogado.

Días previos a su detención, ella había alertado a la familia que había sido ostensiblemente seguida por agentes de civil.

En el reconocimiento del cadáver, familiares constataron que tenía marcas en las muñecas y en los brazos y un golpe al lado izquierdo de la cara, y que presentaba un orificio de aguja en la encía del lado izquierdo de su boca.

En declaración prestada en forma reservada ante esta Corporación, un ex efectivo del Ejército confirmó la versión de que Susana Obando fue detenida por efectivos del Servicio de Inteligencia Militar y que, luego de ser interrogada y drogada, fue lanzada maniatada y en estado inconsciente al mar.

El proceso judicial que se siguió por su muerte fue sobreseido por no haberse establecido la existencia de delito o cuasidelito en los hechos. Esta resolución posteriormente fue confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Susana Estrella Obando Coñue fue ejecutada por agentes del Estado al margen de proceso legal, mientras la mantenían en su poder privada de libertad. Por tal razón, la declaró víctima de violación de derechos humanos.
 

Madrid y Punta Arenas parecen estar unidas para los agregados militares. En 1998 el representante de la Fuerza Aérea de Chile, coronel Héctor Barrientos, fue reconocido por un invitado a la sede diplomática, el funcionario de la Cancillería Carlos Parker, como uno de sus torturadores en la base de Bahía Catalina, en Punta Arenas. Ese hecho provocó que no pudiera seguir con su brillante carrera militar y, en consecuencia, no pudiera ascender a general.

Ahora la historia parece repetirse con el agregado militar en la "Madre Patria", coronel Rodolfo Ortega Prado, quien era jefe de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1988, en Punta Arenas, cuando fue detenida y asesinada la joven socialista Susana Obando, de 23 años. El militar fue citado a declarar el 22 de marzo del año pasado ante la jueza Carmen Garay en calidad de inculpado.

Por lo menos diez ex miembros de la CNI han declarado en el caso señalando que el jefe local de ese organismo represivo en la época que apareció muerta la joven era el mayor Ortega Prado. A ello se suma la existencia de un “cuaderno secreto”, donde un ex agente de inteligencia que vive fuera del país, declaró a la comisión complementaria del informe Rettig que la joven fue detenida, interrogada, golpeada y lanzada al mar.

Ortega, que se encuentra destinado en Madrid desde julio del año pasado, fue objeto de protestas por parte de parlamentarios españoles que cuestionaron su presencia en la sede diplomática chilena.

Interpelación

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV, Gaspar Llamazares, hizo una serie de preguntas al gobierno español sobre la presencia de Ortega en Madrid, que tuvieron gran repercusión en la prensa hispana.

“¿Conocía el gobierno las acusaciones de asesinato que pesan contra el actual agregado militar chileno en España y que el 22 de marzo del 2004 fue citado a declarar por la entonces jueza instructora Carmen Garay, que instruye 62 casos de desaparecidos y asesinados?”, se preguntó el dirigente.

Llamazares interpela a las autoridades y les dice “si ha realizado el Gobierno en los últimos meses alguna gestión en este sentido? ¿Ha solicitado algún tipo de información a las autoridades políticas chilenas sobre este asunto? ¿Cuándo se produjo? En el caso de que no haya sido así en los supuestos anteriores, ¿piensa realizarlas próximamente?”.

Inmediatamente agrega: ”¿Qué opinión le merece al Gobierno que un presunto torturador, cuyo caso aparece mencionado tanto en una causa judicial como en el prestigioso "Informe Rettig", que documentó las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, haya podido ocupar un alto cargo de representación diplomática en España en los últimos dos años ante la inacción de la diplomacia española?”.

”¿Conoce el Gobierno que, según las informaciones manejadas, el nombre del coronel Rodolfo Ortega Prado aparece también en el puesto 335 de una lista de 540 agentes de la CNI investigados por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez?”, concluyó el dirigente.

En nuestro país, el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, no quiso opinar de un caso judicial que se encuentra en proceso. “En tema de derechos humanos o judiciales se debe respaldar y ayudar a la justicia. No emitimos opiniones estando un caso en trámite judicial. No tengo consideraciones hasta que no haya un fallo judicial”, dijo.

La autoridad recalcó que “si alguna persona es requerida, consultada, es citada por la justicia, debe cumplir con lo que el juez le diga. Además, el coronel Ortega se presentó voluntariamente a declarar y no ha sido procesado en el caso”.

El caso está avanzando

El caso de la joven militante socialista, Susana Obando, continúa avanzando desde el año pasado en manos del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien a fines de 2004 realizó diligencias en terreno que permitieron a la defensa de la familia de Obando pensar en que se pueda llegar a esclarecer el caso. Así por lo menos lo ratificó a El Mostrador.cl la abogada del Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), Alejandra Arriaza, quien está a la espera de los resultados de las diligencias solicitadas al juez.

“Las últimas diligencias fueron pedir las declaración de nuevos testigos, a raíz de la declaración relevante del médico que transcribió la autopsia. Según él, habían signos de intervención y tortura a Susana, lo que podría demostrar que estamos en presencia de un homicidio y no de un suicidio. También se pidió al tribunal tomar declaración a una vecina que la habría visto caminando en dirección opuesta a donde posteriormente se encontró el cuerpo de la joven”.

Paralelamente, Arriaza solicitó al Billard interrogar vía exhorto al agregado militar en España, pero esta petición le fue denegada por el tribunal. La abogada cree que el caso ayudará a develar una red mucho más amplia de los servicios de inteligencia en Tierra del Fuego.

“Eso es lo que también se está investigando. Primero se pensaba que era Investigaciones la única involucrada, pero al parecer habrían otros grupos distintos que se organizaban y funcionaban en forma conjunta en Punta Arenas”, añadió.

La madre pide colaboración

Por su parte, la madre de la joven, Ema Coñue (70), quien tiene 54 años de militancia en el Partido Socialista, viajó esta semana a Santiago para hablar con el magistrado e interiorizarse del avance de la causa. En lo personal, Ema está conforme con el trabajo del juzgado, pero a su vez decepcionada de su partido. Según explica, después que la abogada del PC, Julia Urquieta, abandonara el caso de su hija golpeó las puertas en la colectividad para conseguir asesoría legal, pero nunca fue escuchada, lo que significó que el juicio no tuviera querellante por un tiempo.

“El ministro fue en noviembre a Punta Arenas. Se vino muy contento con lo que se avanzó y se está investigando a otros organismso de seguridad que había en la ciudad, de los que hasta ahora no se tenía conocimiento”, dijo.

Ema Coñue, quien además es presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos de la Región, señaló que está al tanto del apoyo que diputados socialistas españoles están dando a su causa, los cuales también están presionando para que el agregado militar, Rodolfo Ortega, a pesar que no está procesado todavía en la causa, salga del cargo diplomático que hoy tiene en Madrid.

Pero lo que más le preocupa a la madre de Susana es que Ortega pueda ser ascendido a general.

“Este año posiblemente lo asciendan a general. Tiene una carrera ascendente, pero Cheyre debería objetarlo, porque era el jefe de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) en Punta Arenas. Además, han encontrado el nombre de mi hija en las listas de este organismo, y sabemos que se le hizo un seguimiento con dos vehículos, uno de la Armada y otro del Ejército”, concluyó.

 

 

 La madre de una joven asesinada en 1988 en la ciudad de Punta Arenas pidió hoy al Presidente Ricardo Lagos que se investigue al agregado militar de Chile en España, el coronel Rodolfo Ortega Prado, inculpado en el homicidio de su hija.

Ema Coñué, madre de la militante del Partido Socialista Susana Obando Coñué, se entrevistó hoy con el Mandatario.

El Presidente escuchó el relato de la mujer, que exige justicia para su hija, quien el 26 de julio de 1988 fue detenida por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en la ciudad austral de Punta Arenas, a 2.400 kilómetros al sur de Santiago.

El agregado militar ejercía en esa fecha como jefe de la CNI en esa ciudad.

Según la denuncia presentada por su familia, la detención de la joven se enmarcó en una redada de opositores al régimen militar emprendida por la CNI en vísperas de una visita de Augusto Pinochet a la región.

Tras el encuentro con la madre de la joven, Lagos señaló a los periodistas que cuando se designó a Ortega como agregado militar en España el Gobierno no tenía los antecedentes del caso.

En cuanto a la permanencia del coronel en la embajada en Madrid, Lagos dijo que éste es un tema distinto al judicial y que ambos se deben manejar por separado.

El Partido Socialista ha reiterado al Gobierno la solicitud de que el militar sea retirado de sus funciones en España.

El pasado lunes, la jueza especial Carmen Garay, que investiga este caso y otras 56 causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, interrogó al militar en calidad de inculpado.

A finales de febrero, el coronel Ortega aseguró en una entrevista con el diario La Nación de Santiago que es inocente de los cargos, pues la oficina de la CNI en Punta Arenas "nunca arrestó a nadie, porque no tenía capacidad operativa".

La investigación del caso en esa época concluyó que la joven había muerto de "asfixia por inmersión en el mar de tipo suicida, por depresión nerviosa".

En el legajo judicial, sin embargo, figuran varios testimonios, incluso de un ex agente de la CNI, que confirman la detención de Susana Obando, las torturas y su lanzamiento el mar, drogada y maniatada.

La ministra suplente con dedicación exclusiva en el caso de la muerte de Susana Obando Coñué (23), Carmen Garay, despachará un exhorto internacional para ubicar y lograr el testimonio judicial de un testigo secreto que inculpa a ex agentes de la CNI en el fallecimiento de la joven socialista, que ocurrió el 26 de julio de 1988 en Punta Arenas.

La diligencia fue dispuesta después de que ayer declarara en calidad de inculpado el coronel en servicio activo Rodolfo Antonio Ortega Prado, quien desde el año 2002 ocupa el cargo de agregado militar en la Embajada de Chile en España y que a la fecha de la muerte de Obando ocupaba el cargo de jefe de la CNI en la capital de la Duodécima Región.

Así lo confirmó a La Nación una alta fuente de tribunales, que además indicó que el testigo, cuya declaración está contenida en un cuaderno secreto anexo al expediente principal, paradójicamente también vive en España, aunque se desconoce su paradero exacto en la península ibérica.

Esta razón ha retrasado el despacho de la carta rogatoria que busca la declaración judicial del testigo, ya que su testimonio se encuentra extractado del que entregó en su oportunidad al grupo que prosiguió con los trabajos de la Comisión Rettig y lo hizo en calidad de ex agente de la CNI.

En tribunales

Entre tanto, ayer el coronel Ortega concurrió hasta el despacho de la magistrada Garay, vestido de civil y pasadas las 11 de la mañana. Tras declarar por espacio de una hora se retiró sin pronunciar palabra sobre su eventual conocimiento de los hechos investigados.

En una entrevista publicada en La Nación Domingo el 29 de febrero, el oficial confirmó que durante cuatro años y hasta 1989 fue jefe de la CNI en Punta Arenas, aunque negó cualquier grado de responsabilidad en la muerte de la joven Obando. “Lo que dicen los funcionarios de la CNI es que yo era el jefe, pero le puedo asegurar, sin conocer la causa, que ellos no pueden decir que la CNI estuvo involucrada, porque no tuvo nada que ver”, afirmó.

En principio, Ortega fue citado a declarar por el ex ministro Daniel Calvo; sin embargo, el Ejército le respondió, el 19 de febrero, mediante un oficio dirigido al hoy fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago que el oficial no se encontraba en Chile, sino que en Madrid cumpliendo labores de agregado militar.

Luego de conocer el motivo de su citación, Ortega indicó en conversación telefónica con LND desde España que “yo no me acordaba del caso de Susana Obando cuando fueron a citarme a la casa, pero ahora, con el tiempo, recuerdo que supe que lo dieron como un suicidio, incluso la Policía de Investigaciones investigó en una causa en Punta Arenas, pero la CNI no tuvo nada que ver”.

Añadió que “no tengo idea quién detuvo a esta persona. Ese caso no tuvo mayor trascendencia en la zona. Pareciera que fue un suicidio, ella no era una persona conocida en Punta Arenas, por lo que no se justificaba para nada… No tenía ninguna influencia política, no era conocida”.

Asimismo, afirmó, “la CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el período que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie por parte de la CNI. Hacíamos trabajo netamente informativo, no era una unidad operativa”.

Según los antecedentes que constan en el proceso, Susana Obando tras ser detenida apareció horas más tarde muerta en una playa de Punta Arenas.

Nómina

Integrado en la lista de 540 agentes militares de la CNI, que entregó el Ejército en 1999 al ministro Sergio Muñoz para la investigación del caso Tucapel, se encuentra el nombre del coronel Rodolfo Ortega Prado. En dicha nómina, el actual agregado militar ocupa el número 355 de los ex agentes de inteligencia.

Protesta de familiares

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos solicitó ayer al embajador de España, Juan Alfonso Ortiz, el retiro del agregado militar de Chile en ese país, el coronel Rodolfo Ortega, que fue jefe de la CNI en Punta Arenas. La petición de regreso fue hecha luego de que se inculpara a Ortega como presunto participante en la muerte de la joven socialista de 23 años Susana Obando Coñué, que fue detenida en la ciudad austral y horas después apareció muerta en una playa en 1988.

Junto con expresar -a través de una carta- solidaridad hacia el pueblo español por el atentado ocurrido el 11 de marzo, los familiares señalaron que “nosotros también sabemos de muerte y dolor, somos familiares de los miles de chilenos, hombres, mujeres y niños que fueron cruelmente asesinados por la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet y que destruyó a tantas familias chilenas”.

Debido a su eventual vinculación con la muerte de la militante socialista, los familiares consideraron una “burla” que Ortega -que jefe de la CNI en Punta Arenas durante cuatro años- haya asumido un cargo en la embajada chilena.

A juicio de la agrupación, el hecho de que Ortega haya pertenecido a un organismo represivo del régimen militar lo inhabilita moralmente para ocupar cargos en cualquiera representación de Chile en el exterior.

 “El es un terrorista, aplicó el terrorismo de Estado y, por lo tanto, es inaceptable su presencia en España. Nos avergüenza profundamente y nos duele su cargo diplomático, que representa una burla para nosotros los familiares de tanta víctima y particularmente la familia de Susana Obando, que tenía 23 años y toda una vida por delante”, sostiene la misiva.