Henríquez Araya Juan Waldemar

En junio de 1987 agentes de la CNI realizaron la llamada Operación Albania o matanza de Corpus Christi, que afectó a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). También en este caso se justificó ante la opinión pública las muertes como consecuencias de enfrentamientos sucesivos, señalándose igualmente que los agentes habían actuado en cumplimiento de una orden judicial y en presencia de un fiscal militar, circunstancia esta última que después sería desmentida.

                           Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio VALENZUELA POHORECKY, economista. Sin intimársele la rendición le dispararon causándole la muerte agentes de la CNI que se encontraban esperándolo.

                           Por lo anterior, ratificado por testimonios a que tuvo acceso esta Comisión, ésta llegó a la convicción de que la víctima fue ejecutada por agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

                           Aproximadamente a las 18:30 horas del mismo día fue muerto en calle Varas Mena, donde vivía, Patricio Ricardo ACOSTA CASTRO, mediante un disparo que le provocó un traumatismo cráneo encefálico y raquimedular.

                           La Comisión adquirió la convicción, dado el contexto de los hechos acaecidos en esa oportunidad y la forma de la muerte de la víctima con único balazo en el cráneo, de que la víctima fue ejecutada por agentes estatales en violación de sus derechos humanos.

                           Apenas pasada la medianoche, a unas cuadras más allá de la misma calle Varas Mena, en el N° 417, se produjo un nuevo hecho en el que fallecieron dos personas. En ese lugar, en el cual funcionaba una escuela de guerrillas del FPMR, se encontraban tres personas y un número indeterminado de alumnos en la parte posterior del inmueble. Este había sido rodeado desde temprano, habiéndose apostado los agentes en las casas vecinas. A esa hora, un nutrido grupo de agentes golpeó el portón y ordenó a los ocupantes que abandonaran la casa. Casi inmediatamente los agentes echaron abajo ese portón con un vehículo y comenzaron a disparar desde diversas direcciones. Las personas que estaban en la parte posterior del inmueble huyeron, siendo algunas detenidas en las inmediaciones. Los que estaban en la casa se enfrentaron a los agentes durante algún tiempo y luego también trataron de escapar.

                           El primero de ellos, Juan Waldemar HENRIQUEZ ARAYA, ingeniero, cayó cuando intentaba huir por el entretecho de la casa vecina signada con el N° 415. La Comisión en rigor no puede calificar su muerte de violación de derechos humanos, sino que estima que cayó, víctima de la situación de violencia política, puesto que no le era exigible una actitud distinta a la de defenderse de sus agresores quienes manifiestamente tenían la intención de ejecutarlo.

                           Por su parte, Wilson Daniel HENRIQUEZ GALLEGOS, obrero, quien se encontraba herido, se refugió en el patio de la casa vecina signada con el N° 419, la que había sido abandonada ya por los agentes. Ahí fue visto por la dueña de la casa, quien le indicó que debía entregarse, a lo que él se negó. Testimonios indican que al rato volvió otro grupo de agentes e hizo a la familia introducirse en el dormitorio. Apresaron a Wilson Henríquez y comenzaron una suerte de juego con él, lo golpearon, lo sacaron a la calle arrastrándolo, dijeron que lo iban a volver a entrar para que no se resfriara y luego lo mataron, registrando su cuerpo según el protocolo de autopsia 21 orificios de bala.

                           La Comisión ha llegado a la convicción de que se Wilson HENRIQUEZ fue ejecutado por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

                           Mientras tanto, en el sector de Villa Olímpica de la capital se produjo una nueva muerte también a manos de los agentes de la CNI. Julio Arturo GUERRA OLIVARES, electricista, se encontraba en su departamento cuando éste fue rodeado por los efectivos de seguridad. Se produjo un enfrentamiento por sus captores, el que fue presenciado por testigos. Una vez concluido éste la víctima fue ejecutada, mediante disparos a corta distancia. Por lo anterior y apreciando que la víctima se encontraba a merced de sus captores, esta Comisión considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

                           Finalmente, en la madrugada de ese día en calle Pedro Donoso de la comuna de Conchalí se produjo el último episodio donde falleció el mayor número de personas: Esther Angélica CABRERA HINOJOSA, cesante, Elizabeth Edelmira ESCOBAR MONDACA, empleada, Patricia Angélica QUIROZ NILO, estudiante, Ricardo Hernán RIVERA SILVA, chofer, Ricardo Cristián SILVA SOTO, estudiante, Manuel Eduardo VALENCIA CALDERON, electromecánico, y José Joaquín VALENZUELA LEVI, estudiante.

                           Nuevamente la versión oficial señala la existencia de un enfrentamiento en la ocasión, del cual habrían resultado muertas las víctimas antes mencionadas, logrando escapar otra persona. También se señala la existencia de agentes heridos.

                           La Comisión ha descartado esta versión, en atención a las siguientes consideraciones: en el lugar no existirían huellas de disparos efectuados desde el interior del inmueble; las marcas en el piso del inmueble dejadas por las balas dan cuenta de que a algunas de las víctimas se les disparó desde arriba hacia abajo, presumiblemente mientras estaban encuclilladas; resulta inverosímil como lo sostiene la versión oficial que alguien haya huído del lugar dadas las características de la casa, que es totalmente cerrada; no fue posible comprobar la existencia de agentes heridos como se comunicó públicamente; y, finalmente, debe considerarse la falta de colaboración de la CNI en el proceso destinado a esclarecer esta situación, donde no han sido dados a conocer los nombres verdaderos de los agentes que intervinieron ni menos han prestado declaraciones, ni se ha acompañado el armamento que supuestamente se confiscó en el lugar.

                           Considerando lo anterior, la Comisión ha llegado a la convicción de que estas siete personas fueron ejecutados por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos.

                           Como consideración general debe agregarse lo inverosímil que resulta la existencia de tantos enfrentamientos con tantas víctimas fatales en unas pocas horas, lo que hace presumir un planeamiento previo de estas situaciones y su desenlace.

Juan Waldemar HENRIQUEZ ARAYA fue asesinado por la CNI el 15 Junio 1987, parte de la llamada "Operacion Albania".

Agentes de la CNI llegan a la casa de Varas Mena 417, donde se produce el primer y único enfrentamiento reconocido por todos. Quien hace de dueña de casa es una frentista, Cecilia Valdés, quien está acompañada de su hijo de dos años. Su supuesta pareja era el oficial del FPMR Juan Waldemar Henríquez, un ingeniero de 28 años que habia recibido instrucción militar en Alemania y Cuba, y estaba cargo de una escuela de cuadros en ese lugar.

La casa es finalmente copada por los agentes de la CNI, con lo que se inicia un tiroteo con dos frentistas que cubren desde el interior la retirada de sus compañeros Juan Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez Gallegos, quienes huyen por los tejados de las casas vecinas. Mientras camina por el techo, Juan Waldemar recibe un impacto de bala mortal, el tejado cede, y su cuerpo ya sin vida cae. También en el tejado, Wilson es herido por disparos de detectives y cae.

En un mes como éste, un 15 y 16 de junio de 1987, hace ya 35 años, la dictadura de la derecha y las FFAA chilenas cometió uno de sus peores crímenes, el hecho fue conocido como la Matanza de Corpus Christi. Este múltiple asesinato acabó con la vida de 12 combatientes rodriguistas; tres heroínas, Elizabeth Escobar de 29 años, Patricia Quiroz 29 años, Esther Cabrera de solo 22 años; y nueve héroes, Recaredo Valenzuela de 30 años, Patricio Acosta 25 años, Waldemar Henríquez 28 años, Wilson Henríquez 26 años, Julio Guerra 29 años, Joaquín Valenzuela 29 años, Ricardo Rivera 24 años, Ricardo Silva 28 años y Manuel Valencia de solo 20 años de edad, compañeros y compañeras de muchos de nosotros.

Resalto que ahora se ha conocido la resolución final de otro crimen semejante, durante los días 23 y 24 de agosto de 1984, hace 38 años, en una operación de exterminio conocida con Operación Alfa-Carbón o Matanza Vega Monumental fueron asesinados siete combatientes del MIR por agentes de la CNI, en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia. Han pasados 38 años y recién este 10 de junio, se dictó la resolución condenatoria final. En un dilatado y doloroso proceso para los familiares de los caídos se ha dictado justicia, claro entre comillas, por la tardanza, las condenas y que varios de los criminales ya están fallecidos. Honor a los revolucionarios miristas Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Ernesto Mujica Barros, Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Matamala Barrientos y Juan José Boncompte Andreu, nunca olvidemos sus ejemplos y a sus familiares, cariño y respeto.

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Y nuevamente como todos los años familiares, organizaciones y colectivos rodriguistas, nos autoconvocamos en los lugares de los asesinatos: el Dúplex 213 de Villa Olímpica, la calle y la casa de Varas Mena, la calle Alhué de Las Condes, la casa de Pedro Donoso de Recoleta, el Cementerio General, en Lota y en muchos otros lugares del país.
Sin dudas, cada uno de nosotros recuerda en el lugar donde se encontraba en esos aciagos días de 1987, en especial sus sobrevivientes, el impacto de ese crimen, y lo que significó para el FPMR en esos entonces: seguir y seguir luchando contra esa dictadura que nos oprimía como pueblo y el rechazo a la traición que significaba acomodarse a las negociaciones que se maquinaban vergonzosamente.

Debido al carácter clandestino de la organización, la mayoría no conocíamos los nombres verdaderos de esas y esos combatientes asesinados, obviamente tampoco sus misiones. Hoy sus rostros son conocidos, y se transformaron en banderas de combate presentes en los lugares donde cientos de chilenos y chilenas, sobre todo los más jóvenes, irrumpieron en la Revuelta de 2019.

¿Vale la pena recordar el contexto político de esos días de junio de 1987?

Eran tiempos de intensas y oscuras negociaciones entre los personeros de la dictadura y dirigentes de la futura Concertación, avalados todos por el gobierno de EEUU. El atentado al tirano y el caso arsenales sucedidos el año anterior (1986) estaban muy presentes.

Entre los políticos oportunistas, surgían voces para condenar al FPMR y su lucha, sembrando miedo, terror, «son militaristas» decían, era la oportunidad para aplastar la lucha revolucionaria y aislar más todavía al PC de las negociaciones que a espaldas del pueblo se hacían, como lo manifestaba nuestro Comandante José Miguel, Raúl Pellegrín. Surgían epítetos condenatorios y nuevos calificativos políticos para los combatientes, «faltos de realismo político», «fetichistas de las armas», «bajos de nivel político», «chileno-sandinistas», «hijos de Castro», «guerrilleristas», «influenciados por sus formaciones militares», etc., etc.

La visita del Papa en abril del 87 había subido los tonos de la lucha popular, sobre todo después de los enfrentamientos en su recibimiento en la población La Bandera, a pesar que el FPMR indicó una tregua momentánea.

Se negociaba la salida de Pinochet y la izquierda tradicional se plegaba a las transacciones, por acción u omisión, abandonando sin tapujos y vergonzosamente principios, hundiendo cualquier salida potencialmente más popular. El gobierno de EEUU no quería al PC en las negociaciones y los dirigentes de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, cual yanaconas, obedecían.

A pesar del intento de aislamiento del Partido Comunista, en su interior rebrotaba una discusión de validar o desechar lo obrado política y militarmente hasta esos momentos, se discutía en plena lucha y clandestinidad, desarmando ánimos, intentando relevar responsabilidades. Reflotaban pensamientos de los que en lo interno no querían más, o quizás nunca quisieron, la estrategia de Rebelión Popular y el FPMR.

No se puede negar que en esos días, a lo interno del Frente, se coordinaban ideas para el nuevo caminar que muchos rodriguistas nos proponíamos emprender ante el manifiesto abandono que se hacía de la lucha directa contra la dictadura.

El aislamiento de los que seguían combatiendo en primera línea (el FPMR entre ellos) era cada vez más evidente, lo que, sumado al desgaste en la lucha, detenciones, repeticiones de rutinas o errores en el modus operandi, flaquezas en los métodos conspirativos, se profundizaba.

Eran momentos en que para algunos todo se podía poner en dudas, hasta borrar con el codo los objetivos finales que por la boca se vociferaban.

En este contexto que analizamos entran los agentes de la dictadura, que actuaron como los criminales que eran, sabían que a los entregados y cobardes hay que invitarlos a conversar, a los indecisos, neutralizarlos con el miedo, y a los intransigentes, como nuestros 12 hermanos y hermanas, había que matarlos para intentar producir los efectos de terror que necesitaban. Y esos asesinos actuaron el 15 y 16 de junio de 1987.

Un montaje cubrió ese crimen. La dictadura y sus órganos de inteligencia tildaron de «enfrentamiento» el suceso y luego en la post dictadura dilataron la justicia por años y años. Solo la valentía y decisión de los familiares hizo el milagro para que fluyera la verdad, ellos nunca creyeron la versión «oficial» y lograron que la justicia chilena los encausara y condenara.

No se debe olvidar tampoco que el vil asesinato de los militantes del FPMR, fue mostrado por prensa de la dictadura, El Mercurio, La Segunda, la Tercera y la televisión servil, como un enfrentamiento y no un asesinato.

Finalmente los asesinos, claro que en correspondencia con la filosofía democristiana de la Transición, recibieron condenas insignificantes, «en la medida de lo posible», que han cumplido en cárceles de privilegio, conservando sus grados militares y premiados con jubilaciones millonarias.

A todos nos impacta visitar las calles y lugares donde resistieron y fueron asesinados nuestros hermanos(as), cruzar el portón de hierro oxidado de la casa de Pedro Donoso 582 en la comuna de Recoleta, uno de los lugares de la masacre, se siente el frío de la muerte en los pasillos arruinados y en el piso que ahora es de tierra, por el abandono del lugar. Ver sus nombres escritos en los mismos sitios donde fueran asesinados, claro que impacta. No se ha tenido el valor de declarar esa casa como Patrimonio Nacional, quizás ante el temor que se transforme en un verdadero «Museo de la Memoria Combatiente».

Por eso es destacable y emociona el trabajo que organizaciones territoriales del sector de Pedro Donoso, sobre todo muchos jóvenes, están haciendo para transformar la casa un sitio de Memoria. Gracias por esa iniciativa.
Estamos seguros que la terquedad de todos estos años para no olvidar, tanto la heroicidad y las traiciones cometidas, lo que para nosotros es reivindicar NUESTRA MEMORIA, ha dado rutas de perseverancia y dignidad en el presente, prueba de ello es que los héroes y heroínas de Corpus Christi y presos políticos, como Mauricio Hernández Norambuena, estuvieron reflejados en muros y banderas, como símbolos de consecuencia durante la Revuelta de octubre 2019.

Honor y Gloria para los héroes y heroínas de Corpus Christi.

Libertad para Mauricio Hernández Norambuena, preso político rodriguista.

Libertad para los presos políticos de la Revuelta y del pueblo mapuche.

Sobre el recuerdo de nuestros héroes y su aporte para el futuro de Chile seguirá habiendo discusiones, durante treinta años la institucionalidad concertacionista y por cierto la derecha, se dedicaron a condenar la lucha revolucionaria, a quienes decidieron rebelarse y combatir al tirano utilizando la lucha política y militar. La propuesta del FPMR, en su primera proclama dijo que, si Pinochet no se le derrotaba haciéndole frente en el terreno militar, organizando al pueblo para defenderse y luchar por sus derechos, si solo se pensaba hacerlo en el terreno de la política, la negociación con sus autoridades perpetuaría el modelo de sociedad abusivo e injusto construido a balazos por la dictadura cívico militar y la historia nos dio la razón.

Fue esa decisión de luchar por la libertad de Chile, la que le costó la vida a los 12 rodriguistas asesinados  entre los días 15 y 16  de junio de 1987, la orden para neutralizar al FPMR y a sus principales dirigentes la dio el dictador, después de que se intentó ajusticiarlo y después de  que una parte de los arsenales  fue descubierta por el enemigo. Ese fue el contexto de la matanza de la operación Albania, cuando la lucha antidictatorial nos enfrentaba a momentos muy duros y difíciles, incluso cuando fuerzas políticas de la izquierda, ya empezaban a renunciar a la idea de la rebelión popular como salida a la dictadura.

Pero aun así y con esas adversidades se lograba avanzar y el FPMR se consolidaba como organización, con un fuerte arraigo popular, aprendiendo a combatir en la clandestinidad, a esa fecha teníamos presencia efectiva en las principales ciudades del pais, pero sabíamos también que después del intento de ajusticiar al tirano estábamos en el foco de la represión con todo el aparataje represivo detrás.

Recaredo Ignacio Valenzuela, Benito, treinta y un años, uno de los fundadores del FPMR, y miembro de la Dirección Nacional, recién ascendido, él fue acribillado en la calle Alhué, de la comuna de Las Condes, al mediodía del 15 de junio. Patricio Ricardo Acosta Castro, veintiséis años, fue ultimado a las seis de la tarde del 15 de junio, mientras caminaba por una acera en la comuna de San Miguel. Julio Arturo Guerra Olivares, Guido, treinta años, uno de los participantes del atentado al dictador, fue asesinado en la medianoche del 15 de junio en el interior del departamento donde vivía en la Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa.

José Joaquín Valenzuela Levy, treinta y un años, miembro de la Dirección Nacional del FPMR, graduado como oficial de ejército en Bulgaria, fue  jefe de la Emboscada al dictador. Patricia Angélica Quiroz Nilo, veintinueve años, combatiente rodriguistas. Ricardo Cristián Silva Soto, veintiocho años, combatiente del FPMR. Ricardo Hernán Rivera Silva, jefe de unidades combativas. Elizabeth Escobar Mondaca, veintinueve años; Esther Cabrera Hinojosa, veintidós años, y Manuel Eduardo Valencia Calderón, veinte años. Todos ellos y ellas fueron detenidos en distintos lugares de Santiago en el  transcurso del día 15 de junio, luego los llevaron al cuartel central de la CNI en calle Borgoño, allí los torturaron y mantuvieron hasta el amanecer del 16, para luego trasladarlos a una casa vacía en la calle Pedro Donoso, en Recoleta, donde los asesinaron mientras yacían amarrados en un escenario preparado para el crimen.

Juan Waldemar Henríquez Araya, veintiocho años, graduado como oficial en Tropas Generales en Cuba, luego participó en la guerra irregular contra bandas contrarrevolucionarias en Nicaragua en 1984. Al momento de su muerte era el jefe de la escuela clandestina de Varas Mena. Wilson Daniel Henríquez Gallegos, veintiséis años, ambos murieron combatiendo heroicamente, cubriendo la retirada de una cantidad de Rodriguistas que escaparon ilesos.

Han pasado 34 años desde Junio de 1987 y el recuerdo de estos 12 Rodriguistas continua vigente en la memoria del pueblo, porque su aporte y su entrega sin límites, remueve la memoria histórica para vencer el olvido y para mostrar el camino de la rebeldía popular, como una opción valida para alcanzar los cambios estructurales que el pais necesita. En este sentido los y las Rodriguistas junto a cientos de héroes  de nuestra izquierda, son la historia en su significado real y que le dan sentido a la política hoy y en el futuro, patriotas que no aceptaron caminos ni acuerdos entre elites a espaldas del pueblo, el que con su movilización y acciones combativas permitió el fin de la dictadura.

Así aprendemos, de nuestra propia historia, de acontecimientos duros y difíciles como el que estamos relatando, de nuestros errores y éxitos, incluso desde la critica a nuestra herencia, porque aprender de la historia supone reconocer y asumir las precariedades de las certezas que en su momento parecían incuestionables. Pero ese aprendizaje no invalida el contenido y la valía de nuestra lucha y del convencimiento para llevarla adelante, lo que fue posible gracias a la disciplina, compromiso y valentía de  los miles de jóvenes que estuvieron presentes en la primera línea del combate con la dictadura, de entre los cuales recordamos a los doce hermanos y hermanas que fueron cobardemente asesinados por la CNI en 1987.

Ha pasado el tiempo y hoy estamos frente a un nuevo ciclo de la historia, han surgido nuevas voces y fuerzas decididas a terminar con el sistema económico y la institucionalidad creada por la dictadura, hombres y mujeres, elegidos y elegidas por votación popular para diseñar una nueva constitución e institucionalidad para Chile. No caben dudas de que, y tal como sucedió en las décadas pasadas y como ya está sucediendo, serán, perseguidos, descalificados y tildados de violentistas, por quienes desde las dos derechas que gobiernan Chile se les oponen, intentando nuevamente imponer caminos ya recorridos dentro de la institucionalidad vigente para dejar las cosas como están.

Para contrarrestar esas campañas del terror será necesario recordar que siempre los enemigos del pueblo utilizan estas armas para asustar, crear caos e incertidumbres, creando realidades desde la mentira. Que es lo que hicieron para justificar la persecución, el encarcelamiento el asesinato y la desaparición de miles de compatriotas, víctimas en el pasado, de las mismas elites que hoy se oponen a quienes quieren terminar con un sistema neoliberal abusivo y corrupto.

Así entonces, la línea de conducción del modelo capitalista neoliberal ha sido y es la violación de los derechos de las personas, y la violación de los derechos humanos en toda su extensión, constatación que hace imprescindible que en el diseño de la nueva constitución este presente la memoria histórica, que una base moral y política para su diseño y de una nueva institucionalidad para el pais. Los derechos humanos son la articulación necesaria para construir los lineamientos de una institucionalidad y un modelo económico en el cual las personas en su vida individual o de grupo, los pueblos originarios, encuentren la protección a su dignidad y a sus derechos fundamentales.

En este sentido el recuerdo de los 12 rodriguistas asesinados en 1987, fieles exponentes de la justa rebelión social en su momento, se hace más vigente vinculándolo con la decisión de jóvenes constituyentes independientes, provenientes de movimientos sociales, quienes reivindican la soberanía de la convención constitucional para diseñar la nueva Constitución para Chile. Con su decisión interpretan el sentir y valía de la rebelión social de octubre de 2018, que es el reclamo del pueblo para terminar con el orden político y económico que gobernó el pais por más de treinta años, manteniendo las estructuras económicas y la institucionalidad heredada de la dictadura.

La “vocería de los pueblos” expresada en un documento público reciente, es la rebeldía popular que lucha por sus derechos, asegurando que las exigencias de la mayoría de la población, expresadas en las calles de todo el pais, no podrán ser negadas, ni apartadas de las decisiones  políticas, como se hizo en los treinta años pasados, evitando la organización y la participación social en las discusiones para la nueva constitución.

Tal y como lo expresan los Constituyentes de la vocería de los pueblos y como lo demostraron con su ejemplo, los luchadores y luchadoras sociales en el pasado reciente en nuestro país, los cambios que Chile necesita no se logran en la normalidad del sistema vigente. El término de la dictadura fue con el aporte de quienes pavimentaron el camino del cambio, impulsando la organización combativa del pueblo para terminar con el terrorismo de estado, desafiando la normalidad de la violencia, que fue impuesta por Pinochet, como forma de hacer política.

Así entonces el recuerdo de los y las Rodriguistas asesinados en la Operación Albania montada por la CNI  y por orden del dictador, quedó en la memoria de los chilenos y chilenas, por su entrega y valentía, pero también, por el legado que dejaron para el presente.

Días después de sucedidos los hechos, nuestro Comandante José Miguel, (Raúl Pellegrin) escribió un comunicado que fue publicado en nuestra revista “El Rodriguista”: “Un grupo de jóvenes fueron asesinados por la CNI a sangre fría, algunos de ellos cayeron enfrentando valientemente a los terroristas de la dictadura, sellando con su actitud el ejemplo de una juventud valiente que ama la libertad y se alza en un gesto de rebeldía inmortal, rompiendo con la corrupción del pasado, la decepción y el entreguismo de muchos en el presente. Los Rodriguistas, a los patriotas, la historia no los juzgará por no luchar y las futuras generaciones recordarán esta decisión histórica en esta hora infinita de vergüenza nacional”.

Ni perdón no olvido

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron

sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones, en votación unánime, confirmó las condenas que dictó en enero pasado, el ministro en visita Hugo Dolmestch, a 15 miembros de la ex CNI, en el marco de la denominada Operación Albania, en la cual murieron 12 miembros del Frente Manuel Rodríguez.

De esta manera seguirá sentenciado a cadena perpetua su ex director Hugo Salas Wenzel, como autor del homicidio simple de cinco de los fallecidos, y del homicidio calificado de los otros siete.
Salas es sindicado como responsable directo del hecho, por ser quien dio la orden de efectuar el operativo, que también se conoce como "matanza de Corpus Christi".

No obstante, el tribunal revocó la absolución que el ministro había dictado en contra de tres involucrados a quienes se les aplicó una condena efectiva de cinco años y un día de presidio.
Se trata de César Acuña Luengo, René Valdovinos Morales y Fernando Burgos Díaz, quienes tuvieron responsabilidad en la muerte de Ignacio Valenzuela Pohorecky.

De esta manera, de los 26 procesados en este caso, ocho quedaron en libertad, dado que no tuvieron responsabilidad directa en los hechos.

El tribunal, integrado por los ministros Raúl Rocha, Juan Araya y Mauricio Silva, resolvió además elevar a 500 millones de pesos la indemnización de perjuicios por 250 millones de pesos que había fijado el ministro Dolmestch para las familias de las víctimas.

La Operación Albania tuvo lugar en tres lugares distintos de Santiago los días 15 y 16 de junio de 1987, y en ella perdieron la vida los militantes del FPMR, Recaredo Valenzuela Pohorecky, Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya, Wilson Henríquez Gallegos, Julio Guerra Olivares, Esther Cabrera Hinojosa, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Hernán Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Calderón y José Valenzuela Levy.

Desde 1976, la abogada de derechos humanos mantiene su intensa búsqueda por encontrar a sus padres detenidos por la DINA. Además, a 36 años de la matanza de Corpus Christi, recuerda a su hijo ejecutado por CNI, uno de los 12 jóvenes del FPMR.

“No puede ser, si mi hijo no está en Chile (…) de ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido y la Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Nos dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”.

Esto es parte del relato de Mónica Araya, madre de Juan Waldemar Henríquez Araya, ingeniero, asesinado por agentes de la CNI en la matanza de Corpus Christi, llamada por el organismo represor como Operación Albania en 1987.

Este 15 y 16 de junio se cumplieron 36 años del crimen donde doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por un comando de la CNI, hecho que fue encubierto bajo un supuesto enfrentamiento con los agentes de la dictadura.

Mónica Araya, 86 años, profesora y abogada de Derechos Humanos, ha pasado gran parte de su vida luchando por la verdad, la justicia y para que los hechos no se vuelvan a repetir.

El 2 de abril del año 1976 su padre, el ex diputado del Partido Comunista, obrero y exdirigente de la CUT,  Bernardo Araya, y su madre, María Olga Flores, fueron secuestrados desde su casa en Quintero, en la Región de Valparaíso, junto a un tío a sus hijos Ninoska (8), Wladimir (13) y Juan (8) un sobrino, que posteriormente fueron abandonados en la vía pública. Se trataba de una ofensiva del régimen para exterminar al Partido Comunista, donde hicieron desaparecer tres directivas de la colectividad de izquierda.

La profesora nunca más vio a sus padres y desde ese momento, junto a un cientos de activistas, no ha descansado en la búsqueda de sus seres queridos. Esta lucha le ha significado golpes, persecuciones, secuestros, detenciones ilegales, amenazas permanentes, incluso hasta el día de hoy.

De hecho, el viernes 9 de junio pasado recibió una visita que considera extraña en su domicilio de Estación Central de dos funcionarios de la PDI quienes sin orden judicial ni “motivo jurídico alguno” la conminaron a hacer una declaración en una unidad policial de la comuna de Ñuñoa. Esto llevó a la abogada a presentar “un recurso de amparo por la amenaza a mi libertad personal y seguridad individual en contra de la Dirección General de la Policía de Investigaciones”.

Mónica Araya es integrante del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial y ha sido una activa integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Como integrante de un partido de la Unidad Popular, después del golpe de Estado de 1973 y ante el asedio de los aparatos de seguridad, debió pasar a la clandestinidad para trabajar en la resistencia.

La desaparición de sus padres

“A mi padre y a mi madre los llevaron detenidos junto con mis dos hijos menores, un sobrino y un hermano de mi madre que vivía con ellos. Se los llevaron a la calle Venecia en Independencia. Desde ahí, después de varios días, dejaron a mis hijos botados en la calle, en pijamas porque así se los llevaron. De mis papás no supimos nunca más”, señala la abogada.

Recuerda que desde ese momento, “fue una vida muy amarga, fui detenida, me integré a la AFDD y a todas las actividades que se hacían totalmente clandestinas con las organizaciones de mujeres para hacer un trabajo como corresponde respecto de la búsqueda de nuestros seres queridos”.

Como dirigenta de la AFDD uno de los objetivos que tenían “era romper con el miedo”. Participaron en las primeras manifestaciones del 1 de mayo en dictadura y fueron a lanzar bolsas con pintura roja a los tribunales de justicia de calle Compañía, porque “ahí se fraguó hasta el día de hoy la impunidad, porque recordemos que la dictadura implantó a Enrique Urrutia Manzano como presidente de la Corte Suprema y la impunidad partió con un plan que era el exterminio”, señaló.

Esta osada acción, en medio del clima de terror impuesto, ocurrió después que familiares de detenidos desaparecidos terminaron una huelga de hambre que comenzó el 14 de junio de 1977, hace 46 años, y que se extendió por nueve días en la sede de la CEPAL, en Santiago.

“Nosotros no podíamos seguir encerradas, sino que teníamos que salir a las calles y ahí salimos, en el año 1977, donde cayeron detenidas varias personas que después fueron dejadas en libertad. Así seguimos después en una marcha del 1 de mayo (1978) con Clotario Blest”, señala.

Su actividad también está marcada por el compromiso gremial ya que fue una de las dirigentas de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y como tal, fue detenida luego de los asesinatos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada en 1985.

La docente recuerda que ante el asedio del régimen, desde el PC le ordenaron abandonar el país. “No quise salir, me quedé en el aeropuerto. Le dije a mi hijo y a mi marido que no me voy. Tengo a mis padres y tengo que responder por ellos. No me voy, me quedo en Chile. Se molestó mi marido, le dije ándate con los hijos, cuídalos. Mi hijo mayor, no quería irse porque se había criado con sus abuelos. Me dijo yo me quiero quedar porque los abuelos me criaron y también tengo que quedarme contigo para salir a buscar. No, le dije, ándate con tu papá, ve a tus hermanos, cuídense. Después con el tiempo supe que había dado una marcha para el FPMR”.

Matanza de Corpus Christi

Este es otro de los momentos trágicos que marcaron su vida. El asesinato de su hijo Juan Waldemar, un combatiente internacionalista que se incorporó a la lucha armada como militante del FPMR.

La abogada estaba convencida que su hijo estaba fuera del país, cuando estando en Mendoza adonde había viajado a solicitud de su hija, la llamaron para que retornara a Chile.

“Yo nunca lo vi, nunca conversé con él. Seguramente me pudo haber visto. Mi hija, Ninoska, se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza”, relata.

“Cuando llego me encuentro con los profesores que me estaban esperando, pensé que algo le había pasado a mi marido y les pregunto dónde está Juan. No me dicen, vas a tener que ir a la AGECH y ahí me entero. No puede ser, si mi hijo no está en Chile. Cómo va ser así. De ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido (Juan Bautista Henríquez) y la periodista Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Los dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”, recuerda.

Juan Waldemar fue ejecutado en una casa de la calle Varas Mena 417, comuna de San Joaquín. “Ingresé a esa casa, no había armas. Había cuadernos, lápices, porque funcionaba como una escuela de cuadros, no había propaganda. Lo asesinan en la casa de al lado, porque saltó. Cerca de 500 agentes llegaron hasta allí, rodearon todo Varas Mena y se metieron a las casas y que es lo que sale en todas las querellas, en los testimonios de las personas que hablaron”, señaló Araya.

 “Ahí asesinaron a mi hijo en la casa de al lado, del 419, y la señora que vio, pidió que lo atendieran porque estaba desangrándose. No lo atendieron, falleció desangrado”, relata Araya.

Chile y los 50 años

La abogada de los derechos humanos, señala que hoy cuando el país conmemora los 50 años del golpe de Estado, “siempre he pensado que nunca más pueda haber una repetición de esta índole y nosotros tampoco podemos seguir permitiendo que EE.UU. dirija las políticas nuestras, porque esto partió con (Henry) Kissinger diciendo que Allende no podía ser Presidente (…) y creó una política, amparó y montó una política de desprestigio contra el Presidente y preparó a las FF.AA. para salir a las calles”.

“Nosotros nunca vamos a hacer lo que ellos hicieron, no. Nosotros solamente estábamos en la búsqueda y que nos dijeran la verdad y que hubiera justicia y hasta el día de hoy, van a pasar 50 años y nosotros los familiares no sabemos qué ha pasado con nuestra gente. No tenemos conocimiento, fallecen los que han detenido a nuestra gente y mueren con una política del silencio, porque ese fue el compromiso de ellos”, dijo la profesional.

Agregó que “más encima, Pinochet asesino, ladrón que lo pillaron con platas en distintos bancos. Y todavía hay quienes manifiestan que la política de Pinochet fue la mejor. No entiendo a esa gente que no tiene historia, porque ha asumido esconder lo que ha ocurrido en el país”.

Finalmente, Araya destacó el plan de búsqueda de las víctimas del régimen porque ningún gobierno anterior se comprometió con la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación a los familiares.

Waldemar Henríquez nació el 21 de Septiembre de 1959 en una familia de tradición comunista. Su abuelo, con quien pasó la mayor parte de su infancia, fue diputado por el Partido Comunista, y secretario general de la Central Única de Trabajadores. En ese contexto, Juan Waldemar pasó cinco años de su infancia viviendo en Cuba, puesto que su abuelo debió ir como delegado del partido a la Conferencia Tricontinental de La Habana.

Regresó a Chile cuando era inminente el triunfo de Salvador Allende. Traía de vuelta estándares de derechos sociales que había conquistado la revolución, y que en nuestro país costaba imaginar, un acento centroamericano y una informalidad que le dificultaron volver a adaptarse. Alguien recuerda que en la Escuela Industrial de Quinta Normal -donde realizó la enseñanza media- una vez se dirigió al maestro diciéndole “oye, compañero profesor”.

Cuando los militares asaltaron el país, allanan su casa, y es él quien debe manejar la situación con la patrulla. En ese momento no pasa a mayores la situación, pero sus abuelos seguirán en la mira de la dictadura, y en 1976 son secuestrados y torturados. Waldemar los busca por centros de detención y con una foto pregunta a los recién liberados si los han visto. Nunca aparecieron, y hasta el día de hoy son detenidos desaparecidos.

Después de eso parte al exilio en la RDA, donde conoce a la que será la madre de su hijo. Entre el 79 y el 81 se traslada a la Habana para prepararse en las cuestiones militares que necesitaba la resistencia a la dictadura en Chile. También estuvo en Nicaragua apoyando la defensa de la revolución sandinista de la Contra, donde es reconocido con la Medalla al Combatiente Internacionalista primera clase.

En el 84 regresa clandestinamente a Chile, asumiendo responsabilidades en la dirección del Frente. Los días de la Operación Albania se desarrollaba una escuela de guerrilla que va a ser asaltada por la CNI. Waldemar, siendo el jefe de la escuela, en una actitud que sólo puede calificarse como heroica, se enfrenta a los chanchos para que los demás puedan escapar.

En 1976, son detenidos sus abuelos, Bernardo Araya Zuleta, ex diputado del PC y ex secretario de la CUT, de 64 años y María Olga Flores Barraza, de 60 años. Juan y su hermano son detenidos junto a sus abuelos, tienen que ver como los torturaban, sólo son liberados por la mediación de la abuela. Ambos abuelos continúan siendo en la actualidad detenidos desaparecidos.
Sale al exilio hacia la RDA, donde estudiará la carrera de Ingeniería.
En 1985, su madre es secuestrada por ser dirigente de AGECH.
El 16 de junio de 1987, Juan Waldemar Henríquez se encuentra en una Escuela del FPMR, junto a otros compañeros. Al ser descubiertos por la CNI, permiten la evacuación de los alumnos y preparan la contención del enemigo. Se enfrentan y luego huyen, serán heridos y rematados. Es asesinado en la denominada “Operación Albania” o Matanza de Corpus Christi.
Según la justicia chilena, las siguientes personas pertenecientes a la CNI, fueron quienes asesinaron a 12 integrantes del FPMR, durante la “Operación Albania”: Hugo Salas Wenzel (General, ex director) Autor Intelectual /Álvaro Corbalán Castilla (Mayor ® ) /Kranstz Johans Bauer Donoso (Comandante ®), alias: Oscar Hernández Santa María /Iván Leopoldo Cifuentes Martínez (Tte. Coronel) alias: Andrés Montalvo Díaz /Rodrigo Pérez Martínez (Mayor) alias: César Sanz Urriola /Luis Arturo Sanhueza Ross (capitán ® del Ejército) /Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz (Comandante ® Carabineros.) alias: José Velasco Fernández /Emilio Enrique Neira Donoso, alias: Eduardo Correa Valenzuela /René Armando Valdovinos Morales (Oficial ®) alias: Gustavo Ruiz Cornejo, "El Catanga" /Francisco Daniel Zúñiga Acevedo alias: Félix Catalán Cueto /Miguel Ángel Morales Acevedo (Oficial ®) alias: Carlos Fuentes Contreras, "El Bareta" /Héctor Juan Jaque Riffo , alias: Manuel Sandoval Rojas /Ricardo Abraham Bozo Salgado , alias: René Morales Rojas.
Gonzalo Fernando Mass del Valle (Ex detective) , alias: Manuel Apablaza Núñez
José Aníbal Rodríguez Díaz, alias: Rodrigo Vidal Sáez
José Miguel Morales Morales , alias: José Carmona Gutiérrez
Jorge Vargas Bories (Capitán)
Eric Silva (Tte. Coronel en servicio activo. DINE)
Hernán Mikele (Ex oficial Fach. Civil CNI) alias: “El Facho”
Hugo Guzmán (ex detective)
César Luis Acuña Luengo (Oficial ®)
Luis Acevedo González (Mayor de Carabineros)
Pedro María Rojas Vásquez, alias: Marcos Aravena Guzmán

Desde 1976, la abogada de derechos humanos mantiene su intensa búsqueda por encontrar a sus padres detenidos por la DINA. Además, a 36 años de la matanza de Corpus Christi, recuerda a su hijo ejecutado por CNI, uno de los 12 jóvenes del FPMR.

“No puede ser, si mi hijo no está en Chile (…) de ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido y la Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Nos dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”.

Esto es parte del relato de Mónica Araya, madre de Juan Waldemar Henríquez Araya, ingeniero, asesinado por agentes de la CNI en la matanza de Corpus Christi, llamada por el organismo represor como Operación Albania en 1987.

Este 15 y 16 de junio se cumplieron 36 años del crimen donde doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por un comando de la CNI, hecho que fue encubierto bajo un supuesto enfrentamiento con los agentes de la dictadura.

Mónica Araya, 86 años, profesora y abogada de Derechos Humanos, ha pasado gran parte de su vida luchando por la verdad, la justicia y para que los hechos no se vuelvan a repetir.

El 2 de abril del año 1976 su padre, el ex diputado del Partido Comunista, obrero y exdirigente de la CUT,  Bernardo Araya, y su madre, María Olga Flores, fueron secuestrados desde su casa en Quintero, en la Región de Valparaíso, junto a un tío a sus hijos Ninoska (8), Wladimir (13) y Juan (8) un sobrino, que posteriormente fueron abandonados en la vía pública. Se trataba de una ofensiva del régimen para exterminar al Partido Comunista, donde hicieron desaparecer tres directivas de la colectividad de izquierda.

La profesora nunca más vio a sus padres y desde ese momento, junto a un cientos de activistas, no ha descansado en la búsqueda de sus seres queridos. Esta lucha le ha significado golpes, persecuciones, secuestros, detenciones ilegales, amenazas permanentes, incluso hasta el día de hoy.

De hecho, el viernes 9 de junio pasado recibió una visita que considera extraña en su domicilio de Estación Central de dos funcionarios de la PDI quienes sin orden judicial ni “motivo jurídico alguno” la conminaron a hacer una declaración en una unidad policial de la comuna de Ñuñoa. Esto llevó a la abogada a presentar “un recurso de amparo por la amenaza a mi libertad personal y seguridad individual en contra de la Dirección General de la Policía de Investigaciones”.

Mónica Araya es integrante del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial y ha sido una activa integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Como integrante de un partido de la Unidad Popular, después del golpe de Estado de 1973 y ante el asedio de los aparatos de seguridad, debió pasar a la clandestinidad para trabajar en la resistencia.

La desaparición de sus padres

“A mi padre y a mi madre los llevaron detenidos junto con mis dos hijos menores, un sobrino y un hermano de mi madre que vivía con ellos. Se los llevaron a la calle Venecia en Independencia. Desde ahí, después de varios días, dejaron a mis hijos botados en la calle, en pijamas porque así se los llevaron. De mis papás no supimos nunca más”, señala la abogada.

Recuerda que desde ese momento, “fue una vida muy amarga, fui detenida, me integré a la AFDD y a todas las actividades que se hacían totalmente clandestinas con las organizaciones de mujeres para hacer un trabajo como corresponde respecto de la búsqueda de nuestros seres queridos”.

Como dirigenta de la AFDD uno de los objetivos que tenían “era romper con el miedo”. Participaron en las primeras manifestaciones del 1 de mayo en dictadura y fueron a lanzar bolsas con pintura roja a los tribunales de justicia de calle Compañía, porque “ahí se fraguó hasta el día de hoy la impunidad, porque recordemos que la dictadura implantó a Enrique Urrutia Manzano como presidente de la Corte Suprema y la impunidad partió con un plan que era el exterminio”, señaló.

Esta osada acción, en medio del clima de terror impuesto, ocurrió después que familiares de detenidos desaparecidos terminaron una huelga de hambre que comenzó el 14 de junio de 1977, hace 46 años, y que se extendió por nueve días en la sede de la CEPAL, en Santiago.

“Nosotros no podíamos seguir encerradas, sino que teníamos que salir a las calles y ahí salimos, en el año 1977, donde cayeron detenidas varias personas que después fueron dejadas en libertad. Así seguimos después en una marcha del 1 de mayo (1978) con Clotario Blest”, señala.

Su actividad también está marcada por el compromiso gremial ya que fue una de las dirigentas de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y como tal, fue detenida luego de los asesinatos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada en 1985.

La docente recuerda que ante el asedio del régimen, desde el PC le ordenaron abandonar el país. “No quise salir, me quedé en el aeropuerto. Le dije a mi hijo y a mi marido que no me voy. Tengo a mis padres y tengo que responder por ellos. No me voy, me quedo en Chile. Se molestó mi marido, le dije ándate con los hijos, cuídalos. Mi hijo mayor, no quería irse porque se había criado con sus abuelos. Me dijo yo me quiero quedar porque los abuelos me criaron y también tengo que quedarme contigo para salir a buscar. No, le dije, ándate con tu papá, ve a tus hermanos, cuídense. Después con el tiempo supe que había dado una marcha para el FPMR”.

Matanza de Corpus Christi

Este es otro de los momentos trágicos que marcaron su vida. El asesinato de su hijo Juan Waldemar, un combatiente internacionalista que se incorporó a la lucha armada como militante del FPMR.

La abogada estaba convencida que su hijo estaba fuera del país, cuando estando en Mendoza adonde había viajado a solicitud de su hija, la llamaron para que retornara a Chile.

“Yo nunca lo vi, nunca conversé con él. Seguramente me pudo haber visto. Mi hija, Ninoska, se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza”, relata.

“Cuando llego me encuentro con los profesores que me estaban esperando, pensé que algo le había pasado a mi marido y les pregunto dónde está Juan. No me dicen, vas a tener que ir a la AGECH y ahí me entero. No puede ser, si mi hijo no está en Chile. Cómo va ser así. De ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido (Juan Bautista Henríquez) y la periodista Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Los dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”, recuerda.

Juan Waldemar fue ejecutado en una casa de la calle Varas Mena 417, comuna de San Joaquín. “Ingresé a esa casa, no había armas. Había cuadernos, lápices, porque funcionaba como una escuela de cuadros, no había propaganda. Lo asesinan en la casa de al lado, porque saltó. Cerca de 500 agentes llegaron hasta allí, rodearon todo Varas Mena y se metieron a las casas y que es lo que sale en todas las querellas, en los testimonios de las personas que hablaron”, señaló Araya.

 “Ahí asesinaron a mi hijo en la casa de al lado, del 419, y la señora que vio, pidió que lo atendieran porque estaba desangrándose. No lo atendieron, falleció desangrado”, relata Araya.

“Nosotros nunca vamos a hacer lo que ellos hicieron, no. Nosotros solamente estábamos en la búsqueda y que nos dijeran la verdad y que hubiera justicia y hasta el día de hoy, van a pasar 50 años y nosotros los familiares no sabemos qué ha pasado con nuestra gente. No tenemos conocimiento, fallecen los que han detenido a nuestra gente y mueren con una política del silencio, porque ese fue el compromiso de ellos”, dijo la profesional.

Agregó que “más encima, Pinochet asesino, ladrón que lo pillaron con platas en distintos bancos. Y todavía hay quienes manifiestan que la política de Pinochet fue la mejor. No entiendo a esa gente que no tiene historia, porque ha asumido esconder lo que ha ocurrido en el país”.

Finalmente, Araya destacó el plan de búsqueda de las víctimas del régimen porque ningún gobierno anterior se comprometió con la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación a los familiares.

Chile y los 50 años

La abogada de los derechos humanos, señala que hoy cuando el país conmemora los 50 años del golpe de Estado, “siempre he pensado que nunca más pueda haber una repetición de esta índole y nosotros tampoco podemos seguir permitiendo que EE.UU. dirija las políticas nuestras, porque esto partió con (Henry) Kissinger diciendo que Allende no podía ser Presidente (…) y creó una política, amparó y montó una política de desprestigio contra el Presidente y preparó a las FF.AA. para salir a las calles”.