González Venegas David Héctor

GONZALEZ VENEGAS, DAVID HECTOR: 26 años, casado, empleado público, el 15 de septiembre de 1973 en Santiago.
Alberto Arnoldo Ampuero Angel, Daniel Germán Estrada Bustos,David Héctor González Venegas y Enrique Alfonso Toledo Garay, murieron por múltiples heridas de bala con salida de proyectil, según se consigna en su Informe de Autopsia, Certificado Médico de Defunción, Certificado de Defunción y Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico legal, respectivamente.

Todos ellos integraron un grupo de boinas negras de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, hasta 1970. Ese año, fueron dado de baja junto a un grupo de compañeros de armas debido, según se publicó profusamente en la prensa de la época, a las vinculaciones que mantenían con partidos de la Unidad Popular. Después de ese hecho, Alberto Ampuero, David González y Enrique Toledo ingresaron a trabajar a la entonces Dirección Nacional de Abastecimiento Nacional (DINAC), y Daniel Estrada se dedicó a trabajar como comerciante particular.

Todos ellos fueron detenidos en días posteriores al 11 de septiembre de 1973 y conducidos al Regimiento de Fuerzas Especiales del Ejército, en Peldehue, y luego, ejecutados por sus ex compañeros de armas, entre las 6:00 horas y 22:00 horas del día 15 de septiembre de 1973.

Alberto Ampuero y David González fueron detenidos el 13 de septiembre en el sector denominado Los Secos de la localidad de Colina. Posteriormente sus nombres aparecieron en unas listas de fallecidos publicadas en el Instituto Médico Legal, donde fueron encontrados por sus familiares.

Daniel Estrada fue detenido alrededor de las 9:00 horas del 12 de septiembre en el Hotel Real, en la comuna de Estación Central, donde se encontraba alojado. Sus familiares, después de una intensa búsqueda, también encontraron su cuerpo en el Instituto Médico Legal.

Enrique Toledo fue detenido alrededor de las 13:00 horas del 15 de septiembre, en su domicilio ubicado en Colina. Su familia lo buscó intensamente en la Escuela de Paracaidismo, en el Instituto Médico Legal y en diferentes centros de detención sin obtener noticias acerca de su paradero. Durante el año 1991, por peritajes y cotejos de huellas realizados en una investigación del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en relación con el desaparecimiento de otras personas, se constató que el Protocolo de Autopsia Nº 2557/73, practicado sobre un «NN masculino», le correspondía, y que había sido inhumado en esa calidad en el Patio N`- 29 del Cementerio General de Santiago.

Durante los últimos meses de 1973, seis integrantes del señalado grupo de ex paracaidistas, fueron detenidos en circunstancias similares por sus mismos ex compañeros de armas. Todos fueron conducidos al recinto que mantiene el Ejército en Colina en el sector de Peldehue y su suerte fue invariablemente la misma. Mario Melo Pradenas, Javier Sobarzo Sepúlveda, Luis Barraza RuhI, permanecen actualmente en calidad de detenidos desaparecidos, y Julio Martínez Lara está muerto; sus casos aparecen consignados en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como víctimas de violación de derechos humanos. Jorge Vicente Piérola Piérola permanece en calidad de detenido desaparecido, y Ricardo Guillermo Pardo Tobar también fue ejecutado; sus casos fueron calificados como víctima de violación de derechos humanos por esta Corporación.

El resto del grupo de ex-militares salió del país por la vía del asilo político a fines de 1973.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Alberto Amoldo Ampuero Angel, Daniel Germán Estrada Bustos, David Héctor González Venegas y Enrique Alfonso Toledo Garay, encontrándose detenidos, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado. Por tal razón, los declaró víctimas de violación de derechos humanos.
Con posterioridad a la calificación de este caso, con fecha 27 de marzo de 1993, el Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago dictó una resolución en la investigación que instruye por inhumación ilegal en el Patio No 29 del Cementerio General, ratificando que el Protocolo de Autopsia N2557/73, atribuido a un «NN Masculino» correspondía a Enrique Alfonso Toledo Garay; y ordenó inscribir la defunción a su nombre y entregar sus restos a sus familiares
 

El ministro Sergio Muñoz habría ordenado a última hora de ayer la detención de varios ex miembros del Ejército, en el marco de la investigación que busca dar con los responsables de la desaparición y muerte de comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue en septiembre de 1973.

Respecto del caso, el ministro debe investigar las desapariciones de: Enrique Toledo Garay, Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda, Mario Ramiro Melo Pradenas y Luis Alberto Barraza Ruhl. Además de las ejecuciones de Julio Antonio Martínez Lara, Alberto Ampuero Angel y David González Venegas. Todos paracaidistas hasta 1970, año en que fueron dados de baja por sus simpatías con el partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

General Parera en la lista

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por este medio, entre las detenciones se habría dictado la del ex general, Carlos Parera Silva, aunque esta información no pudo ser confirmada en fuentes oficiales.

El alto ex oficial se hizo conocido en democracia cuando rompió con el protocolo y la tradición al no solicitarle autorización al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la Parada Militar.

El Presidente no olvidó el hecho y vetó el ascenso de Parera a fines de ese mismo año. Sin embargo, un viejo conocido suyo el general Augusto Pinochet lo designó agregado militar en Sudáfrica.

El Juez Militar

Carlos Parera el 11 de Septiembre de 1973 tenía el grado de mayor y al igual que Raúl Eduardo Iturriaga, era Segundo Comandante de boinas negras en Peldehue. Ambos ingresaron al Estado Mayor de la Dina en 1973.

Este oficial, en 1976 se desempeñó como jefe del Departamento Exterior de la Dina. En 1977, cuando se disolvió el organismo de inteligencia, no continuó en la CNI, pero se reincorporó al Ejército, y fue destinado como comandante del regimiento Dolores; director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales; y en 1985, agregado militar en Francia, según consta en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad.

Posteriormente, Parera fue comandante en Jefe de la Segunda División y por tanto, juez militar de Santiago. Es en esta condición que ordenó el archivar los procesos que conocía por detenidos desaparecidos.

El 19 de Diciembre de 1988, cuando aún se celebraba el triunfo de la Concertación, este ex agente firmó en forma precipitada la aplicación de la “Ley de Amnistía” a 70 casos de detenidos desaparecidos por la DINA. De esta forma él amnistió varias causas contra Contreras y los que resultaran responsables de las desapariciones y a su vez se auto amnistió .

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de  Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en contra de 23 ex funcionarios del ejército por su responsabilidad en tres delitos de secuestros calificados y ocho homicidios calificados. Ilícitos perpetrados en contra de prisioneros militares y civiles al interior de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, comuna de Colina, entre septiembre y octubre de 1973.

La mayoría de las víctimas eran parte del grupo de comandos Boinas Negras que fue expulsado del ejército a fines de 1969, algunos y comienzos del 70, otros, al develarse sus posiciones revolucionarias y vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A partir de entonces, bajo la conducción de Mario Melo Pradenas, pasan a formar parte de la fuerza operativa del MIR, como instructores y luego integran y organizan el primer 

contingente del  GAP. Todos estos ex uniformados que habían tomado la opción de ponerse junto al pueblo y ser parte de sus luchas, fueron perseguidos con saña por las hordas criminales de la dictadura.

En la resolución (causa rol 38.483), adoptada el pasado miércoles 12, el ministro en visita procesó a los ex oficiales de ejército Rodrigo Sánchez Casilla, Arturo Bosch González y Jaime Enrique Lepe Orellana, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado de los ex boinas negras y ex miembros del  GAP, Mario Ramiro Melo Pradenas, Luis Alberto Barraza Ruhl y Jorge Vicente Piérola Piérola y de los homicidios calificados de los también ex comandos del ejército y ex miembros del  GAP, Julio Martínez Lara, Moisés del Carmen Cossio Pérez, Enrique Alfonso Toledo Garay, Alberto Arnoldo Ampuero Ángel, David Héctor González Venegas, Daniel Germán Estrada Bustos, Ricardo Guillermo Pardo Tobar y Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda.

En tanto, como cómplices de los delitos fueron encausados los ex suboficiales Juan Manuel Cárcamos Vásquez, Pedro Montoya Roldán, Carlos Marín Castro, Miguel Silva Alarcón, José Riquelme Villagra, Jorge Barrientos Becerra, Juan Bautista Muñoz Olave, Luciano Mendoza Estay, Rodolfo Hidalgo Barahona, Aldo Villarroel Garay, "scar Silva Abarca, Julio Fuentes Lagazzi, Juan Aranda Mendoza y Carlos Arellano Lepe.

En tanto, como cómplices de los delitos fueron encausados los ex suboficiales Juan Manuel Cárcamos Vásquez, Pedro Montoya Roldán, Carlos Marín Castro, Miguel Silva Alarcón, José Riquelme Villagra, Jorge Barrientos Becerra, Juan Bautista Muñoz Olave, Luciano Mendoza Estay, Rodolfo Hidalgo Barahona, Aldo Villarroel Garay, "scar Silva Abarca, Julio Fuentes Lagazzi, Juan Aranda Mendoza y Carlos Arellano Lepe.

En el caso de Fidel Segovia Rojas, el ministro Carroza lo sometió a proceso como cómplice de los tres secuestros calificados y de los homicidios calificados de Julio Martínez Lara, Moisés Cossio Pérez, Enrique Toledo Garay, Daniel Estada Bustos, Ricardo Pardo Tobar y Javier Sobarzo Sepúlveda.

El ex oficial de ejército Renato Alarcón Carrasco fue encausado como autor de los tres secuestros calificados y de los homicidios de Julio Martínez Lara, Moisés Cossio Pérez, Enrique Toledo Garay, Alberto Ampuero Ángel, David González Venegas, Daniel Estrada Bustos y Ricardo Pardo Tobar.

El ex suboficial Hernán Arancibia Rozas fue encausado como cómplice del secuestro de Mario Melo Pradenas y de los homicidios calificados de Moisés Cossio Pérez, Daniel Estada Bustos y Ricardo Pardo Tobar. 

Los ex oficiales Rafael Sánchez Vera y Osvaldo Acevedo Trujillo fueron procesados como autores del homicidio de Moisés Cossio Pérez y Daniel Estrada Bustos.

Finalmente, Carlos Saravia Vera fue sometido a proceso en calidad de autor de los secuestros calificados de Mario Melo Pradenas y Jorge Piérola Piérola, y de los homicidios de Julio Martínez Lara, Moisés Cossio Pérez, Enrique Toledo Garay, Alberto Ampuero Ángel, David González Venegas, Daniel Estrada Bustos, Ricardo Pardo Tobar y Javier Sobarzo Sepúlveda.

Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que las víctimas -la mayor parte ex miembros del Ejército, algunos expulsados de la instituto castrense a comienzos de la década del 70 por sus aparentes vinculaciones con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)- fueron detenidas en días posteriores al 11 de septiembre de 1973 por personal de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas 

Especiales de Peldehue y militares provenientes de Punta Arenas. Conducidos hasta la unidad militar de Peldehue, unidad militar donde ocho de ellos fueron ejecutados al margen de todo proceso legal. Asimismo, desde este recinto militar se pierde todo rastro de Mario Melo Pradenas, Luis Barraza Ruhl y Jorge Piérola Piérola.

Al momento del golpe militar, los ex boinas negras, estaban en la mira de las fuerzas militares golpistas. Eran 15 hombres, la primera promoción de boinas negras formados en Chile y eran, según su entonces superior, el capitán Fuentealba, excelentes instructores, cuadros de elite. Para el ejército golpista, eran en extremo peligrosos. Se habían convertido en miembros del  GAP, la mayoría eran instructores y militantes del MIR, otros militantes del PS, Durante septiembre de 1973, ocho de ellos fueron detenidos por efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea o Investigaciones. Arrestados en distintas fechas y circunstancias, algunos fueron llevados al  Estadio Nacional, pero la mayoría de ellos fue trasladada al recinto militar en Peldehue y ahí ejecutados.La mayoría de los asesinados fueron inhumados en el Patio 29 del Cementerio General de  Santiago. Tres de ellos continúan desaparecidos.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ante la gravedad de haberse aplicado por el Tribunal Constitucional, en un fallo emitido el día de ayer, el Decreto Ley de Autoamnistía de la Dictadura, de 1978, en una causa de violación de los derechos humanos, contraviniendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condena al Estado de Chile por denegación de justicia y por mantener aún vigente dicho Decreto Ley de “Amnistía”, contrariando al Derecho Internacional, denunciamos al ministro Iván Aróstica Maldonado, por su voto de minoría aberrante, que constituye un grave atentado al derecho a la justicia, de las víctimas del Terrorismo de Estado y de la sociedad toda, dictado en el Caso Boinas Negras – Peldehue.

Que debe tenerse en cuenta que, en dicha causa específicamente se investigan las desapariciones de Mario Melo Pradenas, Jorge Vicente Piérola Piérola, Luis Alberto Barraza Ruhl y Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda, más los homicidios calificados de Alberto Ampuero Ángel, David Héctor González Venegas, Julio Antonio Martínez Lara, Enrique Alfonso Toledo Garay, Daniel Estrada Bustos, Ricardo Pardo Tobar, y Moisés Cossio Pérez, hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el mes de octubre del mismo año, en diferentes lugares de la Región Metropolitana. La investigación de esta causa comenzó el 16 de abril de 1991.

A pesar que en el año 2006 el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por denegación de justicia y por mantener el decreto ley de Amnistía, el señor Iván Aróstica invoca ese decreto de impunidad, como ha sido su política desde que es integrante del Tribunal Constitucional, mediante criterios contrarios a Derecho que niegan el derecho a justicia que tienen las víctimas y violenta psicológica y  moralmente a sus familiares.

Hay que recordar a la opinión pública que Iván Aróstica, durante su periodo de presidente del Tribunal Constitucional, fue nefasto en cuanto al avance las causas por Crímenes de Lesa Humanidad, dilatando indebidamente esas causas de DDHH que estaban pendientes ante ese Tribunal, incluso por años, sin aplicar ni no respetando la obligación de debida celeridad que la investigación y de oportuna sanción que los Tratados y Convenios Internacionales en la materia establecen en la materia.

Hoy, a 15 años de la condena al Estado de Chile por la Corte Interamericana de DDHH y a 30 años de la emisión del Informe Rettig, anunciamos al país que nuestra Agrupación no tolerará este intento fallido, pero grave, del Ministro Aróstica por revivir la eficacia del Decreto Ley de Autoamnistía de la Dictadura, que la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, desde hace más de 15 años, ha declarado constantemente como inaplicable, por lo que estudiaremos  y  buscaremos   los   medios   para   acusarlo por  el delitos  de prevaricación.

Los familiares y sus abogados han dado una larga lucha en búsqueda de la Verdad y de hacer Justicia por décadas para los Crímenes de Lesa Humanidad de la Dictadura y permitiremos que un ministro negacionista como Iván Arostica siga ocupando un cargo en cuyo ejercicio avergüenza a cualquier persona más allá de los familiares y víctimas que ha luchado por una sociedad sin impunidad y expone nuevamente la responsabilidad internacional del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos.