Garzón Morillo Héctor Benjamín

GARZON MORILLO, BENJAMIN: 35 años, casado, chofer, ejecutado el 23 de septiembre de 1973 en Antofagasta.

LUQUE SCHURMAN, JOSE: 33 años, soltero, chofer, ejecutado el 23 de septiembre de l973 en Antofagasta.

MARIN ALVAREZ, HECTOR GUSTAVO: 45 años, casado, trabajador independiente, ejecutado el 23 de septiembre de l973 en Antofagasta.

Todos ellos murieron ese día a las 3:45 horas, en el Salar del Carmen, Antofagasta, por anemia aguda, desgarro cerebral, pulmonar y hepático, lesiones debidas a proyectil de arma de fuego, como lo acreditan los respectivos Certificados Médicos de Defunción del Instituto Médico Legal.

Según información oficial entregada a la prensa, Benjamín Garzón, José Luque y Héctor Marín fueron detenidos ese día en Baquedano, por efectivos de Carabineros, bajo sospecha de ser autores de robos de vehículos en la zona y por no portar documentos de identificación. Cuando eran trasladados hacia Antofagasta, en la zona del Salar del Carmen intentaron escapar, a pie y desnudos, aprovechando la detención del vehículo que los transportaba; los policías dispararon para impedir la huída, dándoles muerte a los tres. El lugar donde ocurrieron las muertes era un lugar desolado. No se pudo determinar si se inició una investigación criminal por los hechos.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Benjamín Garzón Morillo , José Luque Schurman y Héctor Gustavo Marín Alvarez fueron ejecutados al margen de proceso legal, mientras se encontraban detenidos. Por tal motivo los declaró víctima de violación a los derechos humanos.
 

El ministro en visita aplicó, además, a Lillo Morandé y Villanueva Zeballos las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y el pago de las costas de la causa.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa condenó a la a   Ricardo Lillo Morandé a la pena de 15 años y un día de presidio y a José Luis Villanueva Zeballos a la pena de 10 años y un día de presidio , funcionarios en retiro  de Carabineros como autores del delito de homicidio calificado de  Héctor Marín Álvarez, José Héctor Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo, perpetrado el 23 de septiembre de 1973, en el sector Salar del Carmen, en la ruta entre Calama y Antofagasta.

En el fallo (causa rol 6-2011), el ministro en visita condenó también a Domingo Márquez Pérez a la pena de 3 años y un día y a Nelson Alarcón Muñoz a la pena de 541 días, ambos en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro simple, cometidos el 22 de septiembre de 1973 contra  Héctor Marín Álvarez, José Héctor Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo en la localidad de Baquedano.
El ministro en visita aplicó, además, a Lillo Morandé y Villanueva Zeballos las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos  políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y el pago de las costas de la causa.

En cuanto a lo civil, se condenó al fisco y a Ricardo Lillo Morandé, José Luis Villanueva Zeballos, Domingo Márquez Pérez y Nelson Alarcón Muñoz,  a pagar una indemnización de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a cada uno de los demandantes por concepto de daño moral.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Hormazábal Abarzúa  logró establecer los siguientes hechos:  “Que, el día 22 de septiembre de 1973, después de quedar en libertad bajo fianza y por falta de méritos, en la causa Rol N°7640 del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, por contrabando, Héctor Marín Álvarez, José Héctor Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo viajan en un taxi desde la ciudad de Calama a Antofagasta. En la localidad de Baquedano, en horas de la tarde son detenidos por funcionarios policiales, oficial y personal subalterno, de la Tenencia de Carabineros de Baquedano y horas más tarde, retirados por policías del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), integrado por el Capitán Arturo Carol López Argandoña, fallecido, y personal subalterno, que los trasladan en una camioneta a la ciudad de Antofagasta, quienes le dan muerte por varios disparos con arma de fuego a Héctor Marín Álvarez, José Héctor Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo, alrededor de las 3.45 horas del día 23 de septiembre de 1973, a un costado de la carretera en un sector conocido como Salar del Carmen”. 

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge  Zepeda Arancibia, comunicó a la embajada argentina que se logró la  plena ubicación e identificación de dos ciudadanos argentinos,  asesinados en los primeros días de la dictadura militar.

Apoyado en las pericias de la Policía de Investigaciones, el  magistrado ubicó en una fosa del Cementerio de Antofagasta los restos  de Héctor Benjamín Garzón Morillo y José Héctor Luque Schurmann,  quienes fueron muertos entre el 22 y 23 de septiembre de 1973, junto  al ciudadano chileno Héctor Marín Álvarez.

El caso de ambos trasandinos figura en una querella respaldada por la  Embajada de Argentina en nuestro país. En el recurso es parte, en  calidad de querellante, Patricia Graciela Garzón,  hija del fallecido  Héctor Benjamín Garzón Morillo, y con residencia en la ciudad de Salta. De acuerdo a lo señalado por el Poder Judicial, los antecedentes  fueron informados “al representante diplomático argentino en Chile  para que informe a los familiares cercanos de los fallecidos, a fin de  coordinar el traslado de los restos a su país de origen, si así fuere  la voluntad de aquellos".

 

La Justicia chilena identificó los cadáveres de dos argentinos asesinados en Antofagasta entre el 22 y el 23 de setiembre de 1973, diez días después del golpe militar de Augusto Pinochet que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende. Se trata de Héctor Benjamín Garzón Morillo y de José Héctor Luque Schurmann, asesinados junto al ciudadano chileno Héctor Marín Alvarez.

La Corte de Apelaciones de Santiago informó que el juez Jorge Zepeda Arancibia, junto a la Policía de Investigaciones de ese país, "logró la plena identificación de dos ciudadanos argentinos que figuraban en una querella respaldada por la Embajada de Argentina en nuestro país". Los cadáveres estaban en una fosa del cementerio de Antofagasta, mil cien kilómetros al norte de Santiago de Chile.

El hallazgo pone fin a una historia escalofriante que duró 34 años. Garzón Morillo era chofer de un camión frigorífico argentino. En agosto de 1973 viajó a Chile para entregar una carga de carne y en Antofagasta lo sorprendió el sangriento golpe militar del 11 de setiembre. Junto con Garzón Morillo fueron detenidos Luque Schurmann y Marín Alvarez, todos en la estación Baquedano de Antofagasta y cuando, según se dijo entonces, "estaban indocumentados y pretendían viajar al sur del país".

La prensa de la época señaló que los tres fueron asesinados por Carabineros porque "intentaron escapar en el trayecto hacia su lugar de detención, a cinco kilómetros de Antofagasta, en la carretera Salar del Carmen".

Como Garzón Morillo no se comunicaba con su familia en Salta, un representante del frigorífico viajó a Chile para indagar sobre el destino del chofer. Al parecer habría hallado su cuerpo entre muchos otros, abandonados en un baldío. Patricia Graciela Garzón, que vive en Salta y es hija del desdichado chofer, es la principal querellante en la causa que impulsó a la Justicia de Chile a dar con el cuerpo de su padre.

El juez Zepeda tiene a su cargo la investigación de los asesinatos de otros argentinos. Uno de ellos es el camarógrafo Leonardo Henrichsen, que el 29 de junio de 1973, cuando el primer intento de golpe contra Allende, fue asesinado por una patrulla del Regimiento de Blindados 2. Henrichsen llegó a filmar su propia muerte. Y a su asesino. Pese a todo. el crimen sigue impune.

Zepeda investiga también los asesinatos de Oscar Héctor Bugallo Celuzi, de 24 años, asesinado el 17 de octubre de 1973 en los alrededores de Santiago, y de Miguel Angel Lacorte, de 28 años, trabajador de la empresa Indumet, que fue hallado acribillado en las calles de Santiago.

El 8 de diciembre de 1973 el matrimonio formado por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Avalos fue asesinado en el norte de Chile. Salvó su vida de milagro el hijo de ambos, Ernesto, que tenía dos años y fue abandonado en la puerta de una casa de religiosas. Recién en 1974 pudo reunirse con sus abuelos. Ernesto Lejderman, de 36 años, pidió el viernes pasado a la Corte Suprema de Chile, que el asesinato de sus padres sea declarado crimen de lesa humanidad. Un juez chileno consideró en julio de 2006, que el caso estaba prescripto.

Por Agrupación por la Memoria Histórica Providencia
Antofagasta

Los archivos judiciales son como un agujero. Mientras documentan para establecer responsabilidades, su escritura se traga el pulso de los hechos. Escribir con archivos es como desapuntalar las palabras para habitar los espacios. Formular preguntas que nos permitan recordar y arremeter contra el lenguaje económico de la violencia.

La orden que tengo en mi computador me la envió un amigo mediante un tercero. Fue dictada en La Serena, el 16 de noviembre de 2017. Consta de nueve hojas, cinco de las cuales consignan declaraciones, informes y oficios remitidos por distintas instituciones del Estado, distribuidos en fojas o carpetas. He leído la orden varias veces. Imagino los hechos de la siguiente manera:

X, y, y z fueron puestos en libertad en Calama por una presunta causa de contrabando días después del Golpe de Estado. Al salir probablemente compraron cigarros. Y según lo habían previsto, se subieron a un taxi manejado por uno de ellos para trasladarse a Antofagasta, y de allí al sur, porque sabían o al menos intuían que debían desaparecer.

Mientras viajaban encendieron la radio. Al escuchar la voz del locutor sus ojos se iban perdiendo en el desierto como si entraran en trance. En llegar a Antofagasta tardarían aproximadamente dos horas y media. Ciento ochenta minutos. Una cantidad muy grande de segundos si se cuenta uno a uno.

Fueron detenidos antes.

Al pasar por la tenencia de Baquedano, Carabineros les ordenó que se bajaran del vehículo. Los bajaron del auto. Los metieron adentro, y de allí, esperar. Esperar mientras se comunican por teléfono. Esperar por horas. Esperar.

Entonces llega una camioneta, y los suben encañonados. Adentro los interrogan. Los golpean varias veces. Los golpean mientras los interrogan, y los golpean sin hacer preguntas, por inercia, hasta quedar exhaustos.

El resto del viaje lo hacen en silencio.

Al llegar a las cercanías de Antofagasta son bajados. Les ordenan que se quiten la ropa. Que se desnuden. Se quitan los calzoncillos a tropezones y tiritando. Es septiembre, de madrugada, en plena quebrada. Les ordenan que caminen. Avanzan unos pasos. Un poco más lejos. Entonces disparan.

Los nombres de los ejecutados son Héctor Marín Álvarez, Benjamín Garzón Morillo, y  José Luque Schurman, de 45, 35, y 33 años respectivamente.

Las balas les destrozaron el corazón, los pulmones y el cráneo. La causa de muerte: anemia aguda.

Razón del homicidio: presunta fuga. Mismo resquicio empleado para varios de los asesinatos cometidos en Antofagasta por agentes del Estado en ese entonces.

Tanto Héctor como Benjamín estaban casados. El primero era trabajador independiente, los demás trabajaban de choferes. Ninguno tenía militancia política.

Hasta aquí el texto abre algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué matarlos si no eran militantes? O incluso, si ya los tenían, ¿por qué soltarlos?

Después del golpe de Estado, la dictadura cívico militar instaló en Chile una forma de gobierno que disponía, de maneras extremas y al margen de todo proceso, de la vida y la muerte de las personas. En él cualquiera podía ser detenido y/o asesinado bajo sospecha. Dicha forma de gobernar hizo que muchos de los crímenes de lesa humanidad cometidos tuvieran como único cálculo infundir terror. Es decir, producir una determinada forma de subjetividad sitiada por la amenaza.

Héctor, Benjamín, y José forman parte de una larga lista de víctimas de la dictadura cuyas muertes, con la vuelta a la democracia, no fueron objeto de reparación. Esto, entre otras cosas, porque las circunstancias de los asesinatos no se ajustan a los parámetros del pacto oficial de la memoria, y porque su señalamiento amenaza, además, con revelar otra cosa. Que la tortura, el asesinato y desaparición de personas no es una práctica que forma parte de un enclave histórico determinado, el del estado de excepción, sino que constituye el sentido mismo de la práctica política: el sometimiento y disciplinamiento de la población.  

-¿Fue parte del SICAR?

-No

-¿Y qué me dice de estas declaraciones?

-Bueno, sí. Pero de forma esporádica.

El 16 de noviembre del 2017 fue emitida en la ciudad de La Serena una orden de detención en contra de los funcionarios en retiro de Carabineros: Ricardo Lillo Morandé y Jaime Rodríguez Quiroga, bajo el delito de homicidio calificado perpetrado contra Héctor, Benjamín y José la madrugada del 23 de septiembre del año 73. Ambos, junto al fallecido y en ese entonces capitán Arturo López Argandoña, fueron parte de la unidad del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta (SICAR) a cargo de su traslado y ejecución.

Sin embargo, el 12 de noviembre del año siguiente es emitida en la misma ciudad una segunda orden de detención en contra de Eduardo Aguilar Valdés. Esto producto fundamentalmente de las declaraciones prestadas por ambos procesados donde, tras algunas preguntas, y sin mucha demora, señalaron a Aguilar como el capitán y principal responsable de las operaciones del SICAR en Antofagasta los años posteriores al golpe.

Tanto la querella presentada por la hija de Héctor Benjamín Garzón Morillo, Patricia Graciela Garzón, con el apoyo de la embajada de Argentina, como la querella interpuesta por Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos, fueron claves en la lucha por el esclarecimiento de los hechos, así como en la determinación de los responsables directos.

El Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con un total 18 ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

De acuerdo al listado dado a conocer por dicha oficina en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad han sido capturados. Sin embargo, ahora se agregan a lista 10 nuevos ex uniformados que habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos de la justicia.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de los sentenciados:

1) Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

2) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

3) Un condenado en el episodio Conferencia II (antes eran cuatro), Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA).  Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

4) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

5) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®).

– Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

6) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®), 

7) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®), 

8) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),

– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman ahora los nuevos prófugos:  

9) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ?), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor  de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y de Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de diez an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ?) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

11) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

12) Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros ?), condenado a la pena de 15 an~os y un día de presidio mayor en su grado ma´ximo, por los homicidios calificados de He´ctor Mari´n A´lvarez, don Jose´ Luque Schurman y Benjami´n Garzo´n Morillo, el di´a 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

13) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

4) Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército ?) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Dos del Episodio Janequeo:

15) Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército ? – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

16) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile ? – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

17) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

18) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

PRÓFUGOS CAPTURADOS A LA FECHA

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército ? y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;

Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023;

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente.

Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),

– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;

– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;

– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“

– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

PRÓFUGOS COMO FORMA DE IMPUNIDAD

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Bustos, informó que “por nuestra parte como querellantes hemos solicitado las medidas cautelares correspondientes en cada caso”.

Pese a ello, también hay algunas buenas noticias, señala el abogado “como el hecho que varios de estos represores han sido detenidos, y hoy cumplen sus condenas, lo que habla también de un buen trabajo policial”, finalizó.