Gamboa Pizarro Luis Alfredo

GAMBOA PIZARRO, LUIS ALFREDO: 19 años, soltero, ejecutado el 19 de septiembre de 1973 en Santiago.

Luis Alfredo Gamboa Pizarro murió a las 0:30 horas del 19 de septiembre de 1973, en el puente Bulnes del río Mapocho, por herida de bala cráneo encefálica según consigna su Certificado de Defunción. Permaneció desaparecido hasta 1993, cuando se estableció que había sido inhumado con desconocimiento de su familia en el Patio Nº29 del Cementerio General de Santiago.

Luis Gamboa era miembro de la Guardia Personal del Presidente Salvador Allende, (GAP), y cumplió funciones en la casa presidencial de «El Cañaveral» hasta el 11 de septiembre de 1973. Después de esa fecha, sus familiares, quienes vivían fuera de Santiago, dejaron de recibir noticias suyas y, pese a las diligencias realizadas, no pudieron obtener informaciones sobre su destino o paradero.

En 1993, la familia, con ocasión de la investigación seguida en el Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, por inhumación legal en el Patio 29 del Cementerio General, se enteró de su muerte.

Los antecedentes judiciales revelaron que el cuerpo de Luis Gamboa fue remitido al Instituto Médico Legal como un «NN», donde lo identificaron mediante sus huellas dactilares, y que posteriormente fue inhumado en el señalado cementerio con desconocimiento de su familia.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta
Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Luis Alfredo Gamboa Pizarro fue detenido y ejecutado por agentes del Estado al margen de proceso legal. Por ese motivo, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

Con posterioridad a la calificación de este caso, con fecha 29 de octubre de 1993, en la señalada investigación judicial se dictó una resolución que corroboró su identificación y ordenó entregar sus restos a sus familiares.
 

El máximo tribunal estableció además que el Fisco deberá pagar una indemnización de $ 1.225 millones por daño moral a familiares de las víctimas y absolvió al general (r) de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación en los hechos.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva este martes por los secuestros y homicidios calificados de 11 miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), escolta del expresidente Salvador Allende, que fueron detenidos y ejecutados durante septiembre de 1973.

Un comunicado del Poder Judicial informó que la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada que condenó al general (r) de la Fuerza Aérea, Vicente Armando Rodríguez Bustos, quien murió antes de la resolución, por lo que se instruyó a decretar el sobreseimiento definitivo y parcial de la causa.

En concreto, las víctimas secuestradas fueron Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón, mientras que las personas ejecutadas fueron Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras.

Las 11 víctimas fueron detenidas en el Palacio de La Moneda tras el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al edificio de la Intendencia de Santiago. Posteriormente a unidades policiales, donde fueron ejecutados o desaparecidos.

El máximo tribunal estableció además que el Fisco deberá pagar una indemnización de $1.225 millones por daño moral a familiares de las víctimas, los montos dependen del vínculo o parentesco, según sostuvo la resolución.

Además, se absolvió al general (r) de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación en los hechos.

La Corte Suprema secretó el sobreseimiento de Vicente Armando Rodríguez Bustos, condenado por el secuestro y homicidio de escoltas del expresidente Allende. Esto, ya que el general en retiro de la Fuerza Aérea (FACh) murió en 2020, un año antes de que se rechazara un recurso a su favor. Además, fijó en $1.225.000.000 las indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por secuestros y homicidios de miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), la escolta del expresidente Salvador Allende.

Se trata de los secuestros calificados de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón y los homicidios calificados de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras.

Estos fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda y traslados a la Intendencia de Santiago. Luego se les derivó a cuarteles policiales, donde fueron finalmente ejecutados.

El proceso por escoltas de Salvador Allende

En el fallo de primera instancia, publicado en 2018, se absolvió a Patricio de la Fuente Ibar, general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación.

Al mismo tiempo, se condenó a Vicente Armando Rodríguez Bustos, general en retiro de la Fuerza Aérea (FACh), a diez años y un día de presidio como autor de los delitos se secuestro calificado y homicidio calificado de las personas nombradas.

Si bien se presentaron recursos al respecto, la Corte de Apelaciones de Santiago los rechazó en 2021.

Sin embargo, el condenado Rodríguez Bustos falleció en 2020, un año antes de dictarse el fallo de segunda instancia, por lo que se decretó su absolución respecto de dichos cargos por haberse extinguido su responsabilidad penal.

En consecuencia, la Corte Suprema dispuso que el ministro instructor proceda a decretar el correspondiente sobreseimiento.

Asimismo, confirmó la absolución del general Patricio de la Fuente Ibar.

Finalmente, el máximo tribunal fijó en la suma total de $1.225.000.000 las indemnizaciones que deberá pagar el fisco por concepto de daño moral a los familiares de las víctimas.

Agradecida de haber podido caminar junto a @colectivocuecasola hace un año, donde me tocó cantar frente al ex centro de detención clínica Santa Lucía. Emocionante llevar en mi pecho a quien fuera Luis Alfredo Gamboa Pizarro, tío abuelo y miembro del GAP, joven combatiente, asesinado un 19 de septiembre de 1973. Tú historia es mi historia, es nuestra historia. Ni perdón ni olvido, con la memoria viva. Al cielo las que luchan ??

Estas personas formaban parte de los detenidos desaparecidos en los que se encontró inconsistencia tras los reconocimientos y la identificación mediante los métodos de pericias antropomórficas y odontológicas en 2006.

Durante el transcurso de la mañana el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, y el ministro en visita Alejandro Solís, entregaron en dependencias de la entidad legista los resultados de siete confirmaciones de identidades del caso Patio 29 a sus familias.

Se trata del obrero boliviano Donato Quispe Choque, Simón Eladio Sánchez Pérez, Juan José Valdebenito Miranda, José Carlos Ruz Zúñiga, Abraham José Romero Jeldres, Edmundo Enrique Montero Salazar y Luis Alfredo Gamboa Pizarro. Los dos últimos, miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) detenidos fuera de La Moneda tras el golpe militar de 1973.

Estas personas formaban parte de los detenidos desaparecidos en los que se encontró inconsistencia tras los reconocimientos y la identificación mediante los métodos de pericias antropomórficas y odontológicas en 2006 y tras lo cual se abrió la investigación denominada Patio 29.

Sin embargo, estas víctimas son parte de las 20 que se ha podido comprobar, a la fecha, que sí habían sido bien identificadas con las primeras pericias. Esa seguridad la dan los resultados de los estudios de ADN encargados al laboratorio de la University of North Texas.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.