Bustos Marchant Juan Ramón

BUSTOS MARCHANT, JUAN RAMON: 47 años, casado, Prefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, muerto por suicidio el 2 de mayo de 1974 en Valparaíso.

 Juan Ramón Bustos Marchant murió ese día a las 12:30 horas, en Valparaíso, por herida de bala en la cabeza con perforación cráneo encefálica y con salida de proyectil, según consigna el Certificado de Defunción.

 De acuerdo con información proporcionada por la familia, Juan Bustos fue el Prefecto Jefe de la Policía de Investigaciones en Valparaíso hasta el 11 de septiembre de 1973, fecha en que fue destituido de su cargo, aunque continuó en la Institución.

 El 11 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio por efectivos de la Armada y conducido con los ojos vendados hasta un lugar desconocido, donde fue interrogado bajo torturas acerca de su vinculación con el ex Director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Paredes, y sobre un supuesto tráfico de armas. Luego fue abandonado en un sitio eriazo.

 A fines de 1973 fue trasladado a cumplir funciones en una Prefectura en Santiago. Mientras se encontraba en servicio, en abril de 1974, nuevamente fue detenido, ahora por orden de la Fiscalía Naval de Valparaíso, en una investigación de tráfico ilegal de armas. Fue trasladado a Valparaíso y recluido en el Cuartel de la Prefectura de Investigaciones, donde fue interrogado por funcionarios que habían sido sus inferiores jerárquicos mientras desempeñó el cargo de Prefecto en esa ciudad.

 El 2 de mayo de 1974, alrededor de las 7:30 horas, mientras se encontraba detenido en el lugar señalado, se disparó en la cabeza con un arma de su propiedad que apareció en el lugar. Trasladado a un centro de urgencia, falleció cinco horas más tarde.

Un par de semanas después de su fallecimiento, su cónyuge fue notificada en la Fiscalía Naval de que su marido no tenía ninguna relación con el proceso por tráfico de armas por el que se le había detenido.

 Consultada la Policía de Investigaciones, informó a esta Corporación que, a través de indagaciones internas hechas en ese Servicio, se logró determinar que Juan Bustos había sido objeto de falsas acusaciones que le afectaron profundamente, provocándole una fuerte depresión. 

Considerando los antecedentes reunidos por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que la decisión de privarse de la vida adoptada por Juan Ramón Bustos Marchant fue consecuencia de las torturas y vejámenes a que fue sometido por agentes del Estado mientras estuvo privado de libertad, acusado de delitos que nunca había cometido. En tal virtud, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

 

Han pasado más de cinco años, desde que el abogado Guillermo Kegevic se hizo cargo de la querella en contra del actual Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, Enrique Vicente Molina, por su presunta participación en la muerte del Prefecto de Investigaciones, Juan Bustos Marchant, en mayo de 1974.
Hasta ahora, el caso avanzaba y se estancaba, pero la presión de las hijas del ex prefecto y el trabajo del abogado, ha permitido que el caso no sólo se reabra, sino que han dado un paso que permitirá dilucidar las reales causas de muerte del policía.
Enrique Vicente Molina es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y desde 1986 oficia como Director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, representando al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ahora se encuentra implicado en el presunto homicidio de Juan Bustos Marchant, quien fue el Prefecto de Investigaciones en la V Región durante el gobierno del presidente Salvador Allende Gossens.
La historia oscura del Procurador Fiscal, salió a la luz pública en el año 2006, cuando la periodista que escribe este artículo denunció estos hechos públicamente. Dando con los expedientes navales correspondientes y a los que tuvo acceso en forma exclusiva, donde consta la relación directa que Enrique Vicente tenía con la detención y posterior muerte del prefecto Juan Bustos Marchant.
NO SE SUICIDÓ
El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial, hasta el 2006, fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación.
Hasta ese año se había sostenido la tesis irrefutable que el ex prefecto se había suicidado. Sin embargo, corría también el rumor que el Prefecto de Investigaciones podría haber sido obligado a dispararse. El expediente naval quedó por años guardado bajo llaves, sin que nadie pudiese tener acceso a una parte de la verdad de esta historia y que, luego de develarse, pasados más de 40 años, su familia comenzó a recorrer los episodios de la muerte del Prefecto aunque nunca lograron conocer a cabalidad toda la información y pasajes oscuros que conforman, hasta hoy, esta historia.
Desde el año 2006, antecedentes nuevos recogidos por investigaciones realizadas por peritos y por Guillermo Kegevic, abogado que representa a las hijas del Prefecto, Pamela y Gloria Bustos, han originado una nueva mirada respecto de los últimos momentos en que el padre estuvo vivo y en cautiverio, en poder de la Armada de Chile, en Valparaíso.
Hoy, las investigaciones indican que es dudosa la posibilidad de un suicidio, ya que existen nuevos y contundentes argumentos para pensar que su muerte se debió lisa y llanamente a un homicidio perpetrado dentro de las dependencias de Investigaciones de la Región. Así queda de manifiesto en la solicitud de exhumación del cuerpo del malogrado detective, con el que la familia pretende que se determinen exactamente las causas de muerte y la forma en que Bustos Marchant fue ultimado.
CRÓNICA DE LA MUERTE DE BUSTOS MARCHANT
Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios, y después del general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.
Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.
Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.
Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Allí le contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio al resto de la familia, amigos y colegas, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.
“INTERROGADO POR DROGAS Y ARMAS INEXISTENTES”
El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.
Sin embargo, Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento al director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, sobre lo sucedido. En esa misma ocasión, Bustos Marchant, reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.
El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Vicente Molina argumenta que si no se hubiera presentado habría sido considerado “desertor en tiempos de guerra”. Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: Actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran.
Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en esa institución, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.
Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente, el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas. Hay constancia en el expediente con fecha 30 de abril de ese año. El fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaban al ex prefecto Bustos.
Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos. Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad de la época.
Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, un día feriado (1º de mayo) para visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: “Me tienen liquidado”, dijo. Al día siguiente, Bustos Marchant apareció “suicidado”.
Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina, en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿Cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?
“Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte”, dijo su hija Pamela Bustos. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, hoy ya fallecida sin encontrar la verdad y menos justicia, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, “pues no se le había comprobado nada”, le dijo en ese entonces según relataba.
BUSTOS FUE SEGUIDO POR EL SERVICIO DE INTELIGENCIA NAVAL
La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.
Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval estadounidense y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos de ultra derecha, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, en 1970.
Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.
Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, quien resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.
Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.
Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato para la derecha y el alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta
CARGOS POR HOMICIDIO
El caso de Juan Bustos Marchant, está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes e investigaciones apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval, con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.
El 19 de noviembre de 2010, el abogado querellante, Guillermo Kegevic, logró después de reiterados intentos y obstáculos que se declarara admisible la solicitud de exhumación de los restos de Bustos Marchant, enfatizando que existen argumentos sólidos para determinar que la causa de muerte no fue suicidio, sino homicidio, perpetrado por uniformados de la marina nacional, cuyo mayor responsable sería, entonces, el procurador fiscal del CDE de Valparaíso, Enrique Vicente Molina.
En efecto, en la causa ROL 143.578-2004, el jurista afirma que de acuerdo a declaraciones prestadas tanto por sus hijas y las indagaciones realizadas con posterioridad (fojas 74 y 76) ambas señalan que de lo único que tuvieron antecedentes en ese entonces, fue que el impacto de bala fue perpetrado por la sien izquierda, en circunstancias que el prefecto era diestro, y el ángulo de entrada de la bala es de arriba hacia abajo, difícil para que se lo haya autoinferido. Es necesario destacar que la familia no tuvo acceso a ver el cadáver puesto que les fue entregado en una urna sellada.
Por otra parte, en la exhumación, afirma el abogado Kegevic, “buscamos determinar el arma de fuego utilizada para ultimarlo, debido a que los informes del Sumario de Investigaciones y el Protocolo de Autopsia son contradictorios”.
Efectivamente, en el sumario realizado por Investigaciones (fojas 96) determina que el arma utilizada sería de calibre 7,65 milímetros, pero en el protocolo de autopsia /fojas 161) informa que el calibre del arma sería de 32 milímetros y que fue disparada con una pistola cuyos proyectiles son protegidos por un forro o camisa metálica distinta del plomo y, por consiguiente, pueden atravesar completamente el cráneo.
Kegevic es enfático en el esclarecimiento de esta causa, toda vez -afirma el abogado- “que tanto la familia como el país necesita conocer los antecedentes reales de la causa de muerte de un funcionario de alta envergadura como lo fue el señor Juan Bustos Marchant. Es necesario, señala, determinar con exactitud si la víctima fue torturada antes de morir, puesto que de acuerdo al protocolo de autopsia, el prefecto presentaba algunas anormalidades que hacen de este caso una muerte más con gran similitud al deceso del señor José Tohá González, de quien también informaron que se había suicidado y hoy está apareciendo una verdad que descarta esa hipótesis”.
Para Kegevic, lo importante es determinar con precisión los antecedentes de la autopsia y eso sólo se logra exhumando el cadáver para extraer la mayor cantidad de antecedentes que permitan llegar a la verdad que la familia del prefecto, sus hijas en este caso, reclaman. Por ejemplo, dice el jurista, existen dudas razonables en el informe de autopsia fechado el 21 de junio de 1974, practicado por el médico legista Carlos Sotomayor Pozo, que señala que el prefecto “presentaba un orificio de entrada del proyectil situado en el lugar más común usado por los suicidas, situado en la sien derecha, entre la cola de la ceja y el pabellón de la oreja, contrario a lo que dice el informe que se hizo el 2 de mayo del mismo año. Así como también asegura que el cuerpo de Bustos Marchant “no presentaba signos de lucha ni otras lesiones que pudiera atribuirse a acción de terceros”. Informó, además que de acuerdo al peritaje, el arma utilizada podría tratarse de una calibre 32, donde -además- no se encontró signos de apoyo del arma usada, en la piel, por haber sido borrada al limpiar la herida.
Pero, el informe de autopsia realizado en Viña del Mar, el 02 de mayo de 1974, es decir, un día después del deceso del prefecto, afirma que Bustos Marchant llegó con vida a la asistencia pública (Hospital Van Buren) y que después de cuatro horas aproximadamente falleció. Además, en este informe se lee que el Prefecto Juan Bustos Marchant, presentaba dentadura incompleta, faltando gran número de piezas dentarias superiores. Para Kegevic, “este es un dato realmente importante, así como la contradicción entre un informe y otro sobre el calibre del arma utilizada”. Es decir, existen elementos realmente contundentes para iniciar un nuevo proceso investigativo que se adjunte al que hasta ahora hemos llevado y eso sólo lo obtendremos con la exhumación y la práctica de nuevos peritajes en el cuerpo del prefecto Juan Bustos Marchant”.
PRONTA EXHUMACIÓN
El 29 de noviembre de 2010, el abogado Guillermo Kegevic, apeló ante la negativa de permitir la exhumación del cadáver de Bustos Marchant por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en primera instancia por la ministra Eliana Quezada Muñoz; sin embargo, el 13 de enero, la misma Corte de Apelaciones revocó la decisión de la ministra Quezada, devolviéndole el expediente a la Ministra y la exhorta para que dictamine la ejecución de todas las diligencias pertinentes que permitan aclarar la muerte del policía. La diligencia de exhumación, en principio, se estaría planificando para estos días de marzo.
Una de sus hijas, Pamela Bustos, quien vive en el extranjero, ya viajó a Chile para presenciar la exhumación y prestar declaraciones ante la justicia para colaborar con todo lo que ella sabe y recuerda del período en que su padre comenzó a verse involucrado en un seguimiento cruel que terminó con su muerte y la desmembración de la familia, quienes fueron obligadas a sumirse en el silencio por el temor de perder la vida también.
Este procedimiento se interpreta como un golpe para el actual procurador fiscal del CDE, Enrique Vicente Molina, puesto que la causa ha cambiado la carátula, quedando bajo el ROL IC-816-2010, rol 143578-2004, radicada en el ex segundo juzgado del crimen de Valparaíso, seguida contra Enrique Vicente Molina y otro, por el delito de Homicidio, artículo 391 N°2, aunque siga ejerciendo su cargo de funcionario del Estado.

Juan Bustos Marchant: un oscuro crimen de la dictadura.

El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación. Hasta hoy sostienen que el ex prefecto fue asesinado: directamente o bien obligándolo a disparar contra sí mismo.
Su caso está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.
Luego de años de silencio, aunque el caso fue presentado a la Comisión Rettig, la familia se ha puesto en movimiento para aclarar los hechos. Con el apoyo del Fasic, a través del abogado Héctor Salazar, ha iniciado un proceso criminal para determinar la responsabilidad de "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant".

DESPUES DEL GOLPE

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios y después el general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.
Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.
Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.
Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Bustos contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

"ME TIENEN LIQUIDADO"

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.
Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento del director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, lo sucedido. Reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.
El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Hoy dice que si no se hubiera presentado habría sido considerado "desertor en tiempos de guerra". Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran. Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en el CDE, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.
Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, al que tuvo acceso Punto Final, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas.
Hay constancia en el expediente que el 30 de abril de ese año el fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaran al ex prefecto Bustos. Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos.
Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad.
Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, por ser día feriado (1º de mayo) a visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: "Me tienen liquidado", dijo.
Al día siguiente, Bustos Marchant apareció "suicidado". Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?
"Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte", dice su hija Pamela. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, "pues no se le había comprobado nada".

BUSTOS LUCHO POR LA DEMOCRACIA

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.
Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval norteamericana y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos fascistas, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en 1970.
Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.
Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, que resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.
Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.
Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato a la derecha y al alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

Un total de $400 millones es lo que deberá pagar el Estado a la familia de Juan Bustos Marchant, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) asesinado en 1974, durante la dictadura. Según afirman los abogados, existió coordinación de agentes de la época para llevar a cabo el asesinato del funcionario de la PDI. En cuanto a los responsables, no pueden cumplir condena ya que que fueron declarados en estado de demencia por su avanzada edad.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Estado a pagar una suma de $400 millones a la familia de Juan Bustos Marchant, efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que fue asesinado en 1974 en la comuna puerto.

Cabe recordar que los hechos se remontan hace 49 años, cuando la víctima se encontraba detenido en el cuartel de calle Uruguay de Valparaíso, lugar donde fue reportado muerto, situación que en primera instancia fue catalogada como suicidio.

El abogado del Estudio Jurídico Papi y Kegevic, Guillermo Kegevic, indicó que llevan en este caso desde el año 2004 y que existió coordinación de agentes de la época para llevar a cabo el asesinato de Bustos Marchant.

A raíz de esta causa se declaró como culpable y autor material de los hechos al exprefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso Mario Tashima Rebolledo, a quien se le atribuyó el delito de homicidio calificado cuando se comprobó que la muerte de la víctima era atribuible a terceras personas.

El abogado que representa a la familia, Alex Cortés, señaló que recurrieron a tres peritajes que acreditaron la tesis de asesinato en contra de Bustos Marchant.

 

 

Región de Valparaíso

Valparaíso: Estado deberá pagar $400 millones a familia de funcionario PDI asesinado en dictadura

Publicado por Constanza Carrillo
La información es de Álvaro Vallejos

Un total de $400 millones es lo que deberá pagar el Estado a la familia de Juan Bustos Marchant, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) asesinado en 1974, durante la dictadura. Según afirman los abogados, existió coordinación de agentes de la época para llevar a cabo el asesinato del funcionario de la PDI. En cuanto a los responsables, no pueden cumplir condena ya que que fueron declarados en estado de demencia por su avanzada edad.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Estado a pagar una suma de $400 millones a la familia de Juan Bustos Marchant, efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que fue asesinado en 1974 en la comuna puerto.

Cabe recordar que los hechos se remontan hace 49 años, cuando la víctima se encontraba detenido en el cuartel de calle Uruguay de Valparaíso, lugar donde fue reportado muerto, situación que en primera instancia fue catalogada como suicidio.

El abogado del Estudio Jurídico Papi y Kegevic, Guillermo Kegevic, indicó que llevan en este caso desde el año 2004 y que existió coordinación de agentes de la época para llevar a cabo el asesinato de Bustos Marchant.

A raíz de esta causa se declaró como culpable y autor material de los hechos al exprefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso Mario Tashima Rebolledo, a quien se le atribuyó el delito de homicidio calificado cuando se comprobó que la muerte de la víctima era atribuible a terceras personas.

El abogado que representa a la familia, Alex Cortés, señaló que recurrieron a tres peritajes que acreditaron la tesis de asesinato en contra de Bustos Marchant.

Agregando que la persona declarada culpable en este caso, junto a otro señalado como involucrado, no pueden cumplir condena producto a que fueron declarados en estado de demencia producto de su avanzada edad.

El 26 de abril de 1974, Juan Bustos Marchant, ex prefecto de Investigaciones de Valparaíso durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, fue apresado por orden del actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Valparaíso, Enrique Vicente Molina, bajo los cargos de tráfico de armas y conexión con traficantes de drogas, entre otras acusaciones.

La orden era aprenderlo para interrogarlo. El 29 de abril del mismo año, el director general de Investigaciones de ese momento, general (R) de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, puso a Bustos a disposición del tribunal de primera instancia, conducido por Vicente en Valparaíso. Pero después de largos interrogatorios, Bustos Marchant falleció de un tiro en la cabeza y sus hijas claman hoy por verdad y justicia.

Con el apoyo del abogado Héctor Salazar, Pamela y Gloria iniciaron una querella contra Vicente y todos quienes resulten responsables de la muerte del detective, quien perdió la vida en la prefectura policial de la Quinta Región, aunque las autoridades de la época informaron del hecho como un "suicidio". "Dijeron que se suicidó con su arma, pero hasta ahora no se han aclarado las circunstancias de su muerte", aseguran sus hijas.

EL PROCURADOR FISCAL

Enrique Vicente Molina es abogado, titulado en 1963 en la Universidad Católica de Valparaíso. Lleva 40 años trabajando en el CDE, del cual es jefe regional en Valparaíso. Además, desde hace 19 años es director de la Corporación de Asistencia Judicial de la zona.

Hasta su adolescencia, Vicente estuvo ligado sutilmente a la actividad política. Su padre fue compañero de colegio y amigo de connotados dirigentes de la época, como Radomiro Tomic, Eduardo Frei y Edmundo Pérez, quienes lo motivaron a abrazar los postulados de la Falange, donde militó por largos años.

Pero pese a su conocimiento político, Enrique Vicente no se enganchó en estos temas como su padre. En cambio, se acercó a las armas e hizo el servicio militar en la Armada -como estudiante universitario- durante dos veranos, adquiriendo luego el carácter de oficial de la reserva naval. El 11 de septiembre de 1973, el alto mando de esa institución convocó a estos reservistas, de modo que Vicente fue destinado a la Fiscalía Naval.

Consultado sobre el tema en agosto de 2003, aseguró que técnicamente fue movilizado por la Armada porque Chile se encontraba en un período de guerra, de modo que sólo le quedó acudir al llamado, pues de otro modo "la no presentación significaba ser desertor en tiempos de guerra", aunque "esto no justifica los excesos que cometieron algunos uniformados después del golpe".

Pero sus funciones no terminaban ahí, porque entre 1975 y 1977 se convirtió en secretario regional ministerial (Seremi) de Justicia ad honorem, en virtud del cargo que ocupaba en el CDE, lo cual se mantuvo hasta que el Ministerio de Justicia incorporó su puesto a la planta de personal.

CAMINO A LA MUERTE

Varios meses antes, cerca de las tres de la tarde de un día de octubre de 1973, Juan Bustos Marchant fue sacado desde su casa por tres desconocidos. Un hombre vestido con chaquetón de marino y otros dos sujetos lo tomaron de los brazos y echándoselos hacia atrás, lo inmovilizaron, lanzándolo hacia el interior de una camioneta de color azul claro.

Cuando ya estaba de bruces dentro del vehículo, fue amarrado de los pies, su cabeza fue cubierta con una frazada y su boca tapada con tela adhesiva. Esta sería su primera detención.

Cuando llegó al sitio del interrogatorio, el ex prefecto fue sentado en un sillón de madera y amarrado de pies y manos. Tras un extenso interrogatorio, fue llevado a otro lugar, donde nuevamente fue amarrado a un sillón, similar al que usan los peluqueros o dentistas. Le bajaron los pantalones y comenzaron a aplicarle corriente en los órganos genitales y en el brazo derecho, mientras le preguntaban su nombre, edad, cargo que desempeñaba y si él había sido hombre de confianza del ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes.

También lo interrogaron sobre su participación en flagelaciones, contrabando de armas, sustracción de placas de servicio y fichas del archivo político institucional y su relación con traficantes de estupefacientes. Además, fue acusado de ser miembro pagado de la Unidad Popular. Bustos Marchant rechazó todos estos cargos.

Pese a que la detención y los argumentos en su contra confundían al prefecto, también sabía que todo podía tratarse de una venganza de la ultraderecha, por sus actuaciones en contra de las actividades que estos grupos realizaban para desestabilizar al gobierno de la UP.

Con anterioridad, el prefecto había tenido un altercado con el almirante Ismael Huerta y con la gente del grupo ultraderechista Patria y Libertad, debido a que éstos pusieron una autobomba. Bustos descubrió que en el hecho estaban involucrados el yerno y la hija de Huerta, por lo que decidió detener al primero.

Enterado el almirante, pidió a Bustos autorización para hablar con su yerno, Jorge Luis Young, pero el ex prefecto se lo negó. Indignado, Huerta le reclamó: "No se olvide que está hablando con un almirante de la república". Bustos le retrucó que él tampoco debía olvidar que estaba conversando "con un prefecto de la república".

Alfredo Joignant, quien dirigía Investigaciones cuando Bustos fue nombrado prefecto en 1972, sostiene hoy que "el descubrimiento del autoatentando de Patria y Libertad, donde estaba involucrado el yerno de Huerta, fue la gran razón para que después Bustos fuera perseguido y torturado. No creo que se haya suicidado, al menos no por su cuenta".

Una vez detenido por orden de Vicente , en 1974, el solo antecedente de su pelea con Huerta complicaba aún más la situación de Bustos , por lo que sus interrogadores insistieron en un a supuesta infiltración mirista en Investigaciones. El prefecto respondió que eso podía ser posible, pero que él no tenía nada que ver, lo mismo que con la sustracción de fichas y documentos políticos, porque si éstos salían del archivo, era sólo a petición expresa del ex director Paredes, quien trabajaba con un grupo especial de su absoluta confianza, en el que participaba gente del Gabinete Criminológico y personas ajenas al servicio, a los que sólo conoció por apodos. Sin embargo, recordaba a Germán Contreras Arce, Iván Pino Carmona y Osvaldo Ahumada como colaboradores de Paredes.

LAS AMENAZAS

Durante toda su declaración, Juan Bustos fue amenazado con un revólver en la boca y un cuchillo entre sus testículos. Le decían que no debía contar nada de lo sucedido, pues de lo contrario su familia pagaría las consecuencias. Incluso llegaron a hacerle creer que su esposa también estaba detenida y una vez terminada la ronda de preguntas, los agentes le ofrecieron colaborar con ellos, no sin antes volver a amenazarlo a él y a su familia.

Luego fue puesto en libertad. Vendaron sus ojos y lo transportaron en el piso de un automóvil, boca abajo. Después de un tiempo de viaje, lo bajaron del vehículo, le sacaron la venda y debió dar al menos diez pasos sin mirar atrás. Fue dejado al borde de un camino y frente a una quebrada, que posteriormente reconoció como el cerro Ramaditas. Comenzó a caminar y se dirigió hacia la Prefectura de Valparaíso, donde solicitó que un vehículo lo llevara hasta su domicilio.

Bustos Marchant pensó que ya todo había pasado, pero su pesadilla no terminó ahí, porque paralelamente se iniciaron constantes hostigamientos a la familia, que ni siquiera terminaron cuando se vinieron a Santiago, después de la muerte de Bustos Marchant. "Nos persiguieron hasta el cansancio. Todos los días recibíamos llamados de amenaza. El árbol situado fuera de la casa amanecía todos los días pintado de blanco. En las noches sentíamos hombres caminando sobre el techo, para que supiéramos que conocían nuestros movimientos", recuerdan hoy las hijas del policía.

Seis meses después, en abril de 1974, la justicia naval volvió a requerirlo, esta vez abiertamente, a través de Vicente Molina. Aunque le habían advertido que no contara nada de lo sucedido, Bustos Marchant decidió advertir al nuevo director de Investigaciones, Ernesto Baeza, a través de una carta a la que El Periodista tuvo acceso exclusivo. El prefecto quería que Baeza supiera todo lo que estaba pasando y también esperaba confirmarle su disposición a colaborar con la justicia cuantas veces fuera necesario, pero dentro de un marco legal que le garantizara no volver a sufrir los flagelos ya vividos.

EL EXPEDIENTE NAVAL

En 2003, Vicente aseguró en una entrevista a un diario regional que "este señor (Bustos) fue detenido por la Policía de Investigaciones para que declarara por un tema de drogas y armas". Según él, era un día feriado (no precisó la fecha) y el prefecto estaba detenido en un cuartel de Investigaciones, asegurando que jamás ingresó a la cárcel ni a otro recinto mientras dependió de la fiscalía.

Lo que olvidó el actual procurador del CDE fue que Bustos primero fue detenido por funcionarios de la Armada y luego puesto a su disposición a través de un telegrama que él mismo firmó.

En el expediente naval -que se mantuvo bajo estricta reserva durante al menos 20 años-, caratulado bajo el rol A-158 de 1974, se indica que el 25 de abril de 1974, Enrique Vicente ordenó -a través de un telegrama- la detención del prefecto y lo puso a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso, para ser interrogado por una causa de Consejo de Guerra bajo los cargos de tráfico de armas.

El 29 del mismo mes, Ernesto Baeza ponía a Bustos a disposición de la Fiscalía Naval. Así se firmaba el acta de muerte del ex prefecto de Investigaciones.

EL INTERROGATORIO

Con Bustos ya detenido e interrogado, y mediante una carta dirigida a la Dirección General de Investigaciones en Santiago, Vicente solicitó recién el 30 de abril un informe sobre los cargos y pruebas que acusaban al ex prefecto.

El expediente naval registra el interrogatorio realizado a Bustos, que aparece firmado por el capitán de corbeta y fiscal naval Enrique Vicente. Algunas preguntas estaban dirigidas al reconocimiento de las propiedades y recursos económicos que el prefecto tenía junto a su mujer. Otras buscaban dilucidar su experiencia institucional desde que ingresó a Investigaciones, como también los ascensos que había obtenido.

Según esta declaración, Bustos reconoció que desde enero de 1972 estaba a cargo del Departamento de Informaciones de la Dirección General de Investigaciones, que dependía del director general (Paredes) y de Arsenio Poupin, funcionario del Ministerio del Interior. Agregó que sus funciones consistían en informar sobre todos los aspectos políticos, especialmente de la oposición.

Aunque según el registro del interrogatorio también contó que en algunas ocasiones fue designado para detener ilícitamente a opositores a la UP, en la carta aclaratoria que le envió después al general (R) Baeza no mencionó ninguna de estas cosas.

Por otro lado, en el expediente naval se consigna que Bustos reconoce que nunca informó a sus superiores acerca de las actividades que realizaba la izquierda de la época, dejando entrever que todo su trabajo era realizado para atacar directamente a los grupos organizados de la derecha, como Patria y Libertad. Aún bajo esas condiciones, el prefecto niega rotundamente haberse enterado de la existencia de contrabandos de armas o de algún material sancionado por la ley 17.978, por la estaba siendo acusado.

LA INCOGNITA MUERTE

Un día después de que Enrique Vicente solicitó información de hechos que permitieran encausar al ex prefecto, el 1º de mayo, éste fue autorizado para visitar a su madre, quien vivía en el cerro Los Placeres, lugar donde también se encontraría con su familia. Mientras estuvo con ellos siempre fue custodiado, de modo que nunca pudo contar nada de lo que estaba viviendo. Al momento de partir y mientras bajaba las escaleras, Juan Bustos logró decir muy sigilosamente: "Me tienen liquidado". Al día siguiente, fue asesinado.

La familia fue avisada del triste acontecimiento. Según sus hijas, la explicación que recibieron fue que el ex prefecto había muerto por un disparo que él mismo se había propinado en su oficina de Investigaciones, con una pistola que habría tenido en su poder.

La pregunta es obvia: ¿Cómo se entiende que un detenido porte un arma estando sometido a un juicio de guerra? Hasta hoy, las hijas de Bustos Marchant no saben qué contestar. "Esa es la respuesta más fácil que encontraron para justificar su muerte, sólo nos entregaron el cuerpo en una urna sellada", dicen hoy Gloria y Pamela, sus hijas.

La viuda del policía, Nelly Velozo, recuerda que 15 días después de la muerte de su esposo, fue citada por Enrique Vicente a su oficina para preguntarle la razón por la que el prefecto habría tomado esa drástica decisión, si no se le había comprobado nada. "Desde ahí, nunca más tuvimos ningún tipo de respuestas", asegura.

Después de una publicación sobre este caso en la edición número 108 de The Clinic, el 24 de julio de 2003, Gloria tomó la decisión de contactarse con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) para denunciar los hechos. El abogado Héctor Salazar fue designado para llevar adelante el proceso contra "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant", en el que Enrique Vicente tendrá que explicar muchas cosas.

La querella fue presentada el 29 de noviembre de 2004 en el Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, bajo el rol 143578-R. Salazar, con vasta experiencia en temas de derechos humanos, sabe que se trata de un caso difícil, por la influencia que el fiscal del CDE de Valparaíso tiene en la zona.

Espera que se haga justicia, pero también emplaza a que la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, explique cómo es que un funcionario está involucrado en violaciones a los derechos humanos. "Aquí tiene que responder el CDE, a través de su presidenta", afirma el abogado.

A principios de este año, las hijas del prefecto fueron recibidas por Herrera, quien ofreció todo el apoyo institucional a la familia y se comprometió en avanzar en la investigación interna. Poco después, Bustos fue homenajeado por su institución, incluso con una placa que recuerda su muerte, instalado en la prefectura porteña.

"Hemos visto que al menos reconocen la muerte de nuestro padre como una gran pérdida y lo han homenajeado para limpiar la memoria de quien trabajó dignamente para la institución. Eso nos tranquiliza mucho, es lo mínimo que nuestro padre merece, pero queremos verdad y justicia por su muerte", señalan Pamela y Gloria Bustos.

Héctor Salazar explica a El Periodista que el proceso de la querella avanza, aunque la ministra en visita aún no ha otorgado conocimiento del sumario. "El problema es que Enrique Vicente tiene muchos vínculos en el ambiente judicial de Valparaíso. Lo más insólito es que siendo inculpado, haya enviado al tribunal a procuradores del CDE, para pedir acceso al sumario a nombre de esa institución. Como mínimo, eso no es prudente", asegura.

Pese a todo, el procurador del CDE prefiere guardar silencio, pues no quiso responder a los intentos de El Periodista por contactarlo. Habrá que esperar, entonces, a que hable la justicia.

Como es de público conocimiento, la Ministro en visita extraordinaria, Señorita Eliana Quezada Muñoz, quien investiga la muerte del Ex Prefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, Don Juan Bustos Marchant, en la Causa Rol Nº 143.578-2004 del Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso y que se encuentra caratulada como Apremios Ilegítimos; Secuestro; Asociación Ilícita y Homicidio de Juan Bustos Marchant, había negado la exhumación del cadáver del Ex Prefecto, lo que fue apelado por el Abogado Querellante, Guillermo Kegevic Ahumada, ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que con fecha 07 de Enero del 2011 revocó lo dictaminado por la Señorita Ministro, en la causa I.C. Nº 816-2010 figurando en tabla y caratulada contra Enrique Vicente Molina y otros, querellantes Gloria Bustos Veloso y otras, que señala a fojas 543, lo siguiente:

Valparaíso, siete de enero de dos mil onde.

VISTOS:

Atendido el mérito de los antecedentes, estimando estos sentenciadores que la diligencia solicitada en el primer otrosí de fs. 527 resulta necesaria para el esclarecimiento de los hechos que han motivado la tramitación de este proceso, y visto además lo dispuesto en el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, se revoca, en lo apelado, la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, escrita a fs. 529 de estos autos, y en su lugar, se declara que la Srta. Ministro Instructora dispondrá las medidas necesarias para practicar la diligencia de exhumación solicitada por los querellantes en el primer otrosí de fs.527.

Devuélvase.

Nº Crimen-816-2010

Lo anterior viene a confirmar las fundadas sospechas que tenemos como parte querellante de que la muerte del Ex Prefecto de Valparaíso es el resultado de un Delito y no de un Suicidio como primitivamente se había señalado, ya que basta con leer el Artículo 121 del CPC para llegar a la indubitada conclusión que la Corte de Valparaíso estima de suma importancia esta diligencia para esclarecimiento de los hechos.

—
Guillermo Kegevic A.
Abogado
PAPI & KEGEVIC ABOGADOS ASOCIADOS