Durán González Carlos Patricio

Rut : 557.502
F.Nacim. : 14 02 51; 25 años a la fecha de su detención
Domicilio : Camino La Pólvora s/n, Quebrada Verde, Valparaíso
E.Civil : Casado, 2 hijas
Actividad : Trabajo de Construcción; Estudios de Constructor Civil.
C.Repres. : Ex dirigente gremial en la Soc. Constructora de Establecimientos Educacionales. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario
F.Detenc. : 18 de diciembre de 1976

Carlos Patricio Durán González, 25 años, casado, dos hijas, constructor civil, ex Dirigente gremial, militante del MIR, fue detenido el 18 de diciembre de 1976.

Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista, algunos de ellos miembros de su Comité Central, y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectando en ese sólo día a siete personas. Y la otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina, entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977. La falsedad de esta versión quedó posteriormente establecida judicialmente. La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.

Las 13 personas detenidas y desaparecidas hasta la fecha son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, militante del MIR, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, militante Comunista, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, militante del Partido Comunista detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos militantes del Partido Comunista, detenidos el 15 de Diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, militante Comunista, Carlos Patricio Durán González, militante del MIR, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, militante del Partido Comunista, detenido el 20 de diciembre de 1976.

Carlos Patricio Durán González, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, tenía problemas de seguridad desde hacía bastante tiempo antes de ser detenido. En efecto, ya a fines de 1974 había sido buscado en su domicilio de Valparaíso. Posteriormente, después de la muerte de su cuñado Amador del Fierro en Febrero de 1976, también militante del MIR y muerto por la DINA junto a otras dos personas ?los hermanos Pérez Vargas? su búsqueda se había intensificado, resolviendo cambiarse de domicilio; a la fecha de su detención vivía en Santiago. Cuando en octubre de 1976 vivían en una casa de Población El Montijo, fueron visitados en diversas oportunidades por un sospechoso fotógrafo que resultó ser agente de DINA. Este quería saber datos de Carlos Durán, dónde vivía realmente, si se juntaba con Valentina su mujer, etc. Aún más, Zenón Durán, hermanastro del padre (del afectado), hizo gestiones con posterioridad al desaparecimiento y le manifestó a Valentina Fierro que había averiguado que Carlos Patricio era buscado intensamente por la DINA, porque tenía varios cargos tales como "haber sido simpatizante del MIR en la U. de Valparaíso, haber militado y ser amigo de Amador Fierro, haber sido un peligroso dirigente sindical de la Empresa de Construcciones Habitacionales, haber sido secretario de la Comisión de Educación del Consejo de Administración".

En Noviembre del año 1976, al domicilio donde residía su cónyuge y dos hijas llegaron civiles que no se identificaron, con el propósito de fotografiar a las menores, a esa época de 3 y 5 años, lo que no les fue permitido.

Carlos Patricio Durán González desaparece el 18 de Diciembre 1976. Se desconocen las circunstancias concretas de la detención.

Al respecto, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en su Informe final, consigna que la detención de Carlos Durán había sido en la vía pública, que sus autores presumiblemente fueron agentes de la DINA y que permaneció recluido en el recinto secreto de detención de ese organismo de seguridad, "Villa Grimaldi", desde el cual se pierde todo rastro.

El día 18 de diciembre, su familia lo ve por última vez cerca de las 08:00 de la mañana, cuando él se despide de su cónyuge e hijos, los que iban a viajar a Valparaíso. Quedaron de verse nuevamente el día 20, cita a la que no llegó.

Ese mismo día 18 de diciembre, pasadas las 08:30 horas, comunicó a una persona que debía concurrir a una cita con un militante comunista, Lizandro Tucapel Cruz Díaz.

En el proceso Rol 2 77, que investigó la suerte corrida por otros 10 detenidos desaparecidos a fines de 1976, en la presentación inicial se solicita designación de Ministro en Visita por 13 detenidos, entre los que se incluirá el nombre de Carlos Durán González, se informó que el afectado registraba salida del país con fecha 11 de enero de 1977, a la Argentina, sin indicarse por qué medio lo había hecho. En este proceso se investigó el caso de Lizandro Cruz Díaz.

La información de la salida del país se registró en una "hoja de ruta" de la Policía de Investigaciones, la que contenía un total de 8 nombres de personas saliendo del país el día 11 de enero de 1977, por el paso Libertadores. En la parte destinada a anotar los datos pertinentes a vehículo, si es que se hacía uso de él, nada figuraba. Y ocurrió que de los ocho anotados, seis formaban parte de un grupo familiar que efectivamente cruzó la frontera chileno Argentina con destino final a Brasil, en un automóvil particular cuyos antecedentes, como se ha dicho, no se registraron en la hoja de ruta, debiéndose haber hecho este trámite.

Una de las otras dos personas que aparecían, dando el total de 8, era el afectado Carlos Durán González.

Se estableció en el proceso rol 2 77, que el grupo familiar que viajó en automóvil no transportó ni a Durán ni a Cruz. El hecho que figuraran juntos en la hoja de ruta y abandonando con igual fecha el país, reforzaba el antecedente de la detención de ambos el mismo día 18 de diciembre de 1976.

En la misma investigación criminal el Inspector de la Policía de Investigaciones, Rolando José Pérez Villena, reconoció haber escrito en el documento antes aludido el nombre de Lizandro Cruz Díaz y las demás anotaciones de su individualización, y en la misma declaración que prestó ante el Ministro Carlos Cerda, ante explicaciones o aclaraciones que éste le planteó, el referido policía contestó: "… No sé explicar por qué en este documento han intervenido, a simple vista tres personas…. No sé explicar tampoco por qué Policía Internacional no registra la salida en esa fecha de la persona de la línea tres (se trata de uno de los miembros del grupo familiar). Tampoco puedo explicar por qué la Policía Internacional no registró oportunamente la salida de esa fecha (se trata del 11 de enero de 1977) de los individuos…. tampoco sé por qué se incluye en la línea siete a una persona que, según US. me informa no existiría…. no sé por qué en la hoja de vida de fs. 806 no se registra mi permanencia en la avanzada de Libertadores, en enero de 1977…".

Acerca de las irregularidades que el Ministro Cerda detectó, en relación a lo de las eventuales salidas del país de detenidos desaparecidos, debe consignarse que en lo que se alcanzó a esclarecer en la investigación en el proceso rol 2 77, se encargó reos a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones por falsificación de instrumentos (hojas de ruta) en los casos de Reinalda Pereira y Edras Pinto Arroyo (ver sus casos).

Hasta la fecha se desconoce la suerte corrida por Carlos Patricio Durán González.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Con fecha 27 de diciembre de 1976, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se interpuso recurso de amparo en favor del afectado, que ingresó bajo el rol 1092?76, en el que se pidieron informes a distintas reparticiones. La Corte sólo accedió a requerir informe al Ministerio del Interior, no dando lugar a hacerlo a la DINA ni al Ministerio de Justicia ni a Policía Internacional, para indagar acerca de una eventual salida del país del amparado. Pasados más de 20 días desde la interposición del recurso, se certificó que el Ministerio del Interior informó que "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio". La Corte, en atención al tenor de esa respuesta, requirió nuevo informe a esa Cartera de Estado, a fin que se indicara si el amparado había sido detenido "por algún servicio o funcionario civil o militar". El Ministerio del Interior ratificó su anterior respuesta, agregando que "de haber sido detenido por algún Organismos de Seguridad, esta Secretaría de Estado habría tomado conocimiento de ello…".

Más adelante, la parte recurrente alegando que aún a pesar de existir un instructivo emanado de la Corte Suprema, en el sentido que respecto de las detenciones practicadas en virtud de facultades del régimen de Estado de Sitio, se debía oficiar únicamente al Ministerio del Interior y no a la DINA, la recurrente insistió que se pidiera informe a este servicio DINA, pero no se accedió.

Finalmente, la Corte de Apelaciones el 4 de marzo de 1977, con las informaciones dadas por el mencionado Ministerio, rechazó el recurso de amparo, pero en atención al mérito de los antecedentes, ordenó remitirlos al Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, a fin que de inmediato instruyera sumario para investigar acerca del desaparecimiento, procediendo con la máxima celeridad y celo.

Lamentablemente, se desconoce el resultado obtenido en la investigación sustanciada en ese Tercer Juzgado, como asimismo de lo resuelto en el Octavo Juzgado del Crimen a raíz de la querella que se presentó por el caso de Carlos Durán González en mayo de 1977.

Otra gestión judicial, con respecto a Carlos Durán, consistió en pedir a la Corte Suprema ?junto a los familiares de los otros 12 detenidos desaparecidos de fines de diciembre de 1976, más arriba nombrados? la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria para que conociera de los casos de desaparecimiento de ese total de trece detenidos, en razón de la evidente conexión que había entre sus casos. La solicitud se hizo en el mes de enero de 1977.

La Corte Suprema accedió a aquella petición, lo que motivó la apertura de un proceso criminal con el rol 2?77, que estuvo a cargo de un Ministro en Visita Extraordinaria que debió designar la Corte de Apelaciones de Santiago, investigación en la cual, en definitiva, sólo quedaron comprendidos diez casos para su esclarecimiento, con exclusión del de Carlos Durán González, Héctor Véliz Ramírez y Fernando Navarro Allende. Sobre este punto cabe hacer presente que, del tenor de la resolución de la Corte Suprema, resulta imposible saber el por qué la mayoría de sus Ministros no estuvieron por incluir a estas tres personas detenidas desaparecidas.

En todo caso, respecto a Carlos Durán y los demás detenidos desaparecidos de un grupo de personas afines ideológicamente, y por los procedimientos comunes que les afectaron en un mismo período, es importante considerar lo que se investigó en el proceso rol 2 77, en el cual figura el afectado saliendo fuera del país con destino a Argentina, con fecha 11 de enero de 1977, sin indicarse por qué medio de transporte.

En efecto, a dicho proceso se acompañó la hoja de ruta que decía relación con el detenido desaparecido de este mismo grupo de los trece, Lizandro Cruz Díaz (ver su caso), a cuyo respecto también se dio, al igual que en la mayoría de esos casos, la versión oficial de gobierno que habían abandonado el país con destino al país vecino.

Para mayores antecedentes del proceso 2 77, ver caso de Reinalda del Carmen Pereira Plaza detenida desaparecida el 15 de diciembre de 1976.

Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.

Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.

De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.

La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.

Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.

Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.

Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación

Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.

Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.

El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.

A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Movimiento de Izquierda Revolucionario ( MIR )

Soy Valentina Del Fierro de Chile, esposa al año 1976 del Señor Carlos Patricio Durán González , ciudadano chileno que en Diciembre de 1976, fue secuestrado por la dictadura militar. A lo que me refiero que en su página web memoriaviva.com aparece un error en cuanto a la militancia de mi esposo.

En la página Desaparecidos en Chile , letra D ,último párrafo " también se menciona a Lisandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista " debe decir que se encuentran entre las víctimas del Movimiento de Izquierda Revolucionario ( MIR ).

El hallazgo fue confirmado por el ministro en visita a cargo de las diligencias, Héctor Carreño, los cuales correponderían a unas vertebras. Restos humanos fueron encontrados esta tarde en un sector cercano a la mina abandonada de la cuesta Barriga, lugar donde presuntamente estarían enterrados seis dirigentes comunistas detenidos desaparecidos en 1976. El hallazgo fue confirmado, después de 9 horas de trabajo, por el ministro en visita a cargo de las diligencias, Héctor Carreño. Los huesos hallados son vértebras y costillas, pero el magistrado sostuvo que aún es prematuro señalar si se trata de una o más personas o si efectivamente corresponden a los restos de los seis comunistas desaparecidos. "No estoy en situación todavía de poder decir si es o no lo que andamos buscando. Tampoco estoy en situación hoy viernes de poder decir si corresponde a una o más personas. Lo único objetivo en este momento es que hemos encontrado los restos óseos que les he referido", afirmó el magistrado. Por su parte, María Estela Ortíz, hija de Fernando Ortíz, una de las víctimas que habría sido inhumada en la Cuesta Barriga, puntualizó que según los antecedentes entregados por personal del Servicio Médico Legal se tratarían de restos óseos humanos con una data de muerte de 20 a 30 años. "Nos sentimos conmocionados. Con esperanzas que sean nuestros familiares. Sin lugar a dudas entramos en otra etapa, en una etapa en que las esperanzas son diferentes y en que el dolor también es diferente. Cuesta mucho explicar lo que hemos sentido cuando supimos que habíamos encontrados restos óseos", agregó la mujer. En el lugar donde se realizaron las excavaciones y rastreo, el magistrado trabajó con personal del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), del Servicio Médico Legal (SML), del Departamento Quinto de la policía de Investigaciones, además de funcionarios del Cementerio General y de arqueólogos. Las osamentas halladas deberán ser remitidas al Instituto Médico Legal para someterlas a los análisis de rigor con el fin de determinar si efectivamente corresponden a los seis dirigentes comunistas que, según informaciones de las Fuerzas Armadas, fueron enterrados en el lugar. En este sentido, la jefa de la Unidad de Identificación del SML, Patricia Hernández, confirmó que las partes encontradas corresponden a restos humanos, pero agregó que aún "falta mucho trabajo" para poder determinar si efectivamente son los restos de los desaparecidos.