Castro Salvadores Cecilia Gabriela

Cecilia Gabriela Castro Salvadores nació en Santiago de Chile, el 2 de julio de 1951, hija de Angel Castro Cid y Edita Salvadores de Castro. Hizo sus primeros estudios en un pequeño colegio particular cercano a su casa y después ingresó a cuarta preparatoria, al liceo de Niñas Nº 1, el cual no abandonó hasta egresar de humanidades. Desde su primera infancia fue amistosa y aficionada a llevar a sus amigas al hogar paterno. Siempre fue una excelente alumna, además de tener virtudes musicales y grandes aptitudes para el deporte. Pese a ser baja de estatura llegó a ser seleccionada chilena en vóleibol. Ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en la cual ya se manifestó abiertamente su compromiso social, adquirido desde su infancia, pues creció en un hogar en que la política tuvo un lugar preponderante. (Su abuela materna fue la primera mujer que firmó los registros del Partido Radical y su abuelo materno fue fundador del Partido Socialista). En su militancia en el MIR, conoció a Juan Carlos Rodríguez Araya, con quien contrajo matrimonio el 25 de febrero de 1972. El 29 de enero de 1973 nació su hija, Paula Valentina. Al ser detenida por la DINA, el 17 de noviembre de 1974, junto a su marido, cursaba cuarto año de Derecho. Sus padres fueron testigos personales de la detención de ambos, la que se produjo, a las 3 de la madrugada, en su departamento de calle Cano y Aponte 1040, por un grupo dirigido por Osvaldo Romo Mena. De todos estos hechos hay pruebas suficientes en el proceso por "presunta desgracia", rol Nº 90.955, del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, en el que rolan los testimonios de sus padres, de su compañero en la escuela de derecho, Alvaro Varela y de su cuñada Cecilia Rodríguez Araya, quien permanece más de quince días detenida con ella, primero enel recinto de José Domingo Cañas pasado Infante y, en seguida, en Villa Grimaldi. Las gestiones de búsqueda se iniciaron de inmediato. Su padre y hermanos (ambos abogados) presentaron recursos de amparo que no tuvieron mayor exito, dado el servilismo con que ha actuado, frente a la tiranía, el Poder Judicial. No obstante, en el tercer recurso de amparo, que fue alegado en apelación ante la Corte Suprema por el hermano de Cecilia, se obtuvo que ese tribunal ordenara al juez de la causa por presunta desgracia, la realización de diversas diligencias (entre ellas la aprehensión de Osvaldo Romo), las cuales, por cierto, no tuvieron resultados. Por su parte, el suegro de Cecilia, Renato Rodríguez, quien era a la sazón funcionario del BID, vino a Chile y sostuvo diversas entrevistas con funcionarios de alto nivel en el régimen. Consiguió la liberación de su hija Cecilia Rodríguez y la declraración formal del jefe de seguridad del Ministerio del Interior (un comandante de la FACH, de apellido Di Nocera) en el sentido de que su hijo y su nuera estaban detenidos y muy pronto pasarían a libre plática. Por cierto, esta promesa no se cumplió nunca. En abril de 1975, ante diversas gestiones realizadas a través de las Embajadas de Alemania y de Colombia y de cartas personales enviadas por el padre de Juan Carlos y el padre de Cecilia, se obtuvieron del régimen cuatro respuestas diversas y contradictorias entre sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en forma casi simultánea, contestó a la Embajada de Alemania que Juan Carlos y Cecilia estaban detenidos en Tres Alamos y a la de Colombia, que no estaban detenidos ni existía orden alguna en su contra. Por su parte, el general Pinochet respondió al padre de Juan Carlos, que no había nada en contra de su hijo, pero que se suponía que éste habría sacado del país a su mujer, quien era militante de un movimiento subersivo. Por su parte, el general Benavides, Ministro del Interior, respondió al padre de Cecilia que no había orden de aprehensión en contra de ninguno de ellos, pero que se suponía que habían abandonado el país. En julio del mismo año, Cecilia apareció en la famosa lista de los ciento diecinueve, no así su marido. La madre de Cecilia comenzó, desde el momento de la detención de ésta, sus contactos con el Comité Pro Paz y con su sucesora, la Vicaría de la Solidaridad. Desde entonces pertenece a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estima que las actuaciones de la Agrupación han sido persistentes y de gran valentía. Para ambos padres de Cecilia el actual régimen es absolutamente ilegítimo, constituye la peor de las tiranías y representa la negación de todas las libertades y de todos los derechos humanos.

La actividad fue organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho, la Secretaría de Estudiantes de DD.HH., el Centro Deportivo de Estudiantes, y la Comunidad de Ex Deportistas de la Facultad de Derecho.

Los estudiantes entregaron a la familia de Cecilia una camiseta de la selección actual de Voleibol con la dorsal 22 y sus apellidos Castro Salvadores.

La ceremonia contó la presentación de Iván Donoso, músico egresado de la Facultad.

Autoridades, académicos, estudiantes y diversas organizaciones participaron en las actividades de la Semana de la Memoria, realizada entre el 10 y 13 de septiembre.

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Como parte de las actividades de la Semana de la Memoria, organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho junto a la Secretaría estudiantil de Derechos Humanos, el pasado lunes 10 de septiembre se realizó una ceremonia de homenaje a Cecilia Castro Salvadores, ex estudiante de la Facultad, destacada deportista y detenida desaparecida desde 1974.

El homenaje fue coordinado por el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), la Secretaría de Estudiantes de DD.HH., el Centro Deportivo de Estudiantes de Derecho (CDED), y la Comunidad de Ex Deportistas de la Facultad de Derecho, quienes eligieron a Cecilia Castro Salvadores en representación de todos aquellos estudiantes víctimas de la dictadura militar.

En el encuentro participaron autoridades de la Facultad como el Decano Pablo Ruiz-Tagle, el Director de Escuela de Pregrado, Francisco Agüero, y la Directora de Asuntos Estudiantiles, Daniela Esjmentewicz, además de estudiantes, egresados, académicos, funcionarios y, en representación de la familia Castro Salvadores, Edita Salvadores, madre de Cecilia.

Desde el Centro de Estudiantes, el presidente Juan Cristóbal Cantuarias, reflexionó acerca de la dimensión integral de las y los estudiantes, reconociendo las virtudes deportivas y de profundo compromiso político que tuvo Cecilia con la Facultad y con el país. Por su parte, el presidente del CDED, Diego Egaña, realizó una conexión entre la dimensión humana, académica y deportiva de Cecilia, reconociendo que los valores deportivos definieron su liderazgo y su rol como persona.

En representación de la Comunidad de Ex Deportistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sebastián Acevedo, ex presidente del CDED, realizó una invitación a reconectar el deporte con su rol social comprometido, a promover el pensamiento crítico siguiendo los principios que tanto Cecilia, como todos y todas las deportistas que han pasado por la Facultad, han promovido a lo largo de la historia deportiva de la Escuela.

Un mensaje de empatía y verdad

En representación de la familia Castro Salvadores, Edita Salvadores, quien estudió en la Escuela en la década de los 40, invitó a ser tolerantes en la diversidad, a no darse por vencido ante la frustración, a ser empático, a no buscar el odio y la venganza, sino que la verdad y la justicia.

Como representante de sus amigas y amigos de la Universidad, Álvaro Varela, ex vice presidente del CDED de la época y último presidente del CED antes del Golpe de Estado de 1973, invitó a ser coherentes y no dejar de creer en las convicciones, siempre buscando buenas y mejores herramientas conforme pasa el tiempo.

En la ocasión, se realizó un reconocimiento especial por parte del Centro Deportivo de Estudiantes, a través de Josefina Meszaros y Hernán González, hacia la familia Castro Salvadores, obsequiándole una camiseta de la selección actual de Voleibol con la dorsal 22 y sus apellidos Castro Salvadores en señal respeto hacia su memoria deportiva.

La Semana de la Memoria se realizó entre el 10 y 13 de septiembre, y consistió en una serie de actividades que tenían como objetivo recordar la historia de estudiantes y egresados de la Escuela que fueron desaparecidos, torturados y ejecutados en dictadura. Entre ellos, se incluyó una Feria del Libro, que buscó promover el pensamiento con compromiso social, para así brindar herramientas complementarias en la formación de las Ciencias Jurídicas y Sociales.

Por último, el jueves 13 de septiembre se realizó un acto de cierre en el memorial ubicado en el Patio Central, donde participaron autoridades de la Facultad, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, representantes de funcionarios y estudiantes.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago redujo al máximo posible las condenas que había aplicado el fallo de primera instancia contra una centena de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En un veredicto insólito, la Corte reduce la cantidad de responsables a solo 34 agentes y les aplica penas irrisorias, en una auténtica burla a las víctimas y sus familias que por décadas han buscado los restos de sus familiares asesinados y algo de justicia.

El veredicto de mayo de 2017, dictado por el Ministro especial para causas de Derechos Humanos, Hernán Crisosto Greisse, condenó a 106 agentes de la disuelta DINA por su responsabilidad en la desaparición de 16 prisioneros políticos secuestrados por ese organismo criminal; 14 de las víctimas que fueron incluidas en la fatídica lista de la denominada Operación Colombo. En el fallo de primera instancia fueron sancionados los delitos de secuestro calificado de Francisco Eduardo Aedo Carrasco, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Jaime Mauricio Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia, Cecilia Gabriela Castro Salvadores, Juan Carlos Rodríguez Araya, Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, Albano Agustín Fiorasso Chau, Gregorio Antonio Gaete Farías, Mauricio Edmundo Jorquera Encina, Isidro Miguel Ángel Pizarro Meniconi, Marcos Esteban Quiñones Lembach, Sergio Alfonso Reyes Navarrete, Jilberto Patricio Urbina Chamorro e Ida Amelia Vera Almarza.

Sin embargo, en fallo dividido (causa rol 1.500-2017), la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y el abogado (i) Jaime Guerrero Pavez – rebajó a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, las condenas  a los ex oficiales del Ejército  César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko. En su oportunidad, el ministro Hernán Crisosto había sentenciado a estos criminales a 20 años de cárcel por su responsabilidad como autores de los secuestros de las 16 víctimas.

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Por otro lado, los ex oficiales del Ejército Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, los ex oficiales de carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, y los agentes Rosa Humilde Ramos Hernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Nelson Alberto Paz Bustamante, José Alfonso Ojeda Obando, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Teresa del Carmen Osorio Navarro, José Enrique Fuentes Torres, Pedro René Alfaro Fernández, Hiro Álvarez Vega, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Daniel Valentín Cancino Varas, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara y Olegario Enrique González Moreno fueron sentenciados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. En primera instancia, todos estos inculpados habían sido condenados a 13 años de presidio por su responsabilidad como autores de los delitos.

Finalmente, de una condena inicial de 6 años, los ex agentes Heriberto del Carmen Acevedo Gallardo y Jaime Alfonso Fernández Garrido fueron sentenciados a 541 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional. A juicio de los integrantes de esta Corte, todos los demás inculpados condenados (60) fueron declarados absueltos; los 12 restantes condenados fallecieron durante la larga tramitación de la causa.

El fallo dividido se produce porque la resolución de la Octava Sala fue acordada en lo penal con el voto en contra del abogado integrante Guerrero Pavez, quien no estuvo de acuerdo en aplicar los criterios de media prescripción y la prescripción gradual de la pena, que son los artilugios recurrentemente utilizados por Juan Mera para aplicar beneficios e impunidad a los criminales de causas derechos humanos. Además, el mismo ministro Mera estuvo por revocar en lo civil y rechazar el fallo de primera instancia que aceptaba las demandas patrimoniales interpuestas por los querellantes.

Título póstumo será entregado a Cecilia Gabriela Castro Salvadores, Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda, y a Marcos Orlando Letelier del Solar.Esta semana, la Corte Suprema accedió parcialmente a una solicitud presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados, en la que pedían que se otorgara de manera póstuma el título de abogado a cinco detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura. Esto, a modo de reparación por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

De esta manera, el título póstumo será entregado a CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES, Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda, y a Marcos Orlando Letelier del Solar. Previamente, la Universidad de Chile les habían otorgado el título, por lo que la Corte decidió otorgar el título de abogado a quienes contaran con el requisito de haber obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

“Que el fundamento que sostiene la petición es otorgar el título póstumo, tal como lo hicieron sus respectivas Universidades con el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, a quienes tenían la calidad de estudiantes y/o egresados de la carrera de Derecho al momento de su desaparición y/o ejecución extrajudicial, a modo de reparación para ellos, sus familias y la sociedad en su conjunto”, señala la petición.

¿Quiénes son?

Cecilia Castro, militante del MIR, fue detenida el 17 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA en su domicilio y trasladada al recinto de Villa Grimaldi, lugar donde fue vista por última vez en diciembre de 1974.

Patricio Munita Castillo, también era militante del MIR y fue detenido el 13 diciembre de 1973 en un operativo realizado por miembros del Ejército vestidos de civil en la Iglesia de Los Capuchinos en Santiago. Al día siguiente su cuerpo apareció en la vía pública con impactos de bala.

Germán Moreno, por su parte, fue dirigente gremial de Hospital San Borja Arriarán y militante del MIR. Fue detenido el 15 de julio del mismo año y llevado al recinto clandestino, ubicado en Londres N° 38. Ahí fue visto por última vez.

Juan Soto, era militante del Partido Socialista (PS). Apareció calcinado en un vehículo, junto a tres personas que habían desaparecido en octubre de 1981, en un camino en el sector de Las Vizcachas, Puente Alto, el 11 de noviembre de ese año.

Por último, Marco Letelier, era militante del PS y excanciller. Estuvo detenido entre septiembre de 1973 y 1974 en distintos lugares: regimiento Tacna, la Escuela Militar, la Isla Dawson, la Academia de Guerra Aérea y el campo de prisionero de Ritoque. En 1974 salió exiliado, pero el 21 de septiembre de 1976 fue asesinado en un atentado terrorista organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional en Washington DC, Estados Unidos.

Las alumnas del Liceo N°1 hicieron un alto en la toma que llevan por mas de tres meses y homenajearon, en un acto hermoso, delicado y significativo, a seis ex-alumnas detenidas desaparecidas por la Dictadura, mujeres jóvenes que como ellas daban sentido a su vida en un proyecto de compromiso y alegría en beneficio de todos.

Hermosa esperanza son las jóvenes de hoy que con sensibilidad y valentía reconocen y luchan por sus ideales, los mismos de ayer.

Cecilia Gabriela Castro Salvadores Detenida Desaparecida el 17 de noviembbre de 1974
Carmen Cecilia Bueno Cifuentes Detenida Desaparecida el 29 de noviembre de 1974
Michelle Marguerite Peña Herreros Detenida Desaparecida el 20 de junio de 1975
Nilda Patricia Peña Solari Detenida Desaparecida el 10 de diciembre de 1974
Carmen Angélica Delard Cabezas Detenida Desaparecida el 10 de enero de 1977
Gloria Ximena Delard Cabezas Detenida Desaparecida el 17 de enero de 1977

Por cada una de ellas se plantó un árbol.

SANTIAGO, Chile (AP) – Un juez acusó a 128 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro y muerte de 16 opositores en el marco de la Operación Colombo, que implicó la colaboración de fuerzas represivas de los sistemas militares que dominaban en el Cono Sur en las décadas de los setenta y ochenta, actualizado el martes el poder judicial.

Los secuestrados desaparecieron entre el 17 de julio de 1974 y el 6 de enero de 1975 y posteriormente sus nombres aparecieron en una lista de 119 personas que, según la dictadura de Pinochet, fueron abatidos por efectivos argentinos o se mataron entre ellos, en lo que se conoció como la Operación Colombo, que fue parte de la Operación Cóndor, que concretó la colaboración entre las fuerzas represivas de las dictaduras militares del Cono Sur.

Los 119 nombres de izquierdistas de la Operación Colombo aparecieron en dos publicaciones extranjeras, O Dia de Brasil, y en la revista Lea de Argentina, creadas sólo para difundir el listado, y que "tuvieron su origen en maniobras de desinformación realizadas por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)", la primera policía represiva de Pinochet, dijo el juez Hernán Crisosto.

El proceso pasó a estado de plenario, donde los abogados de las partes pueden pedir diligencias, y luego el juez dictará sentencia.

Entre los desaparecidos figuran Francisco Aedo Carrasco, Juan Carlos y Jorge Elías Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia, CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES , Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, Albano Agustín Fioraso Chau y Gregorio Gaete Farías.

Las víctimas de la dictadura, según cifras oficiales, son 40.018, e incluyen a 3.197 opositores asesinados, de los cuales más de un millar quedaron como detenidos-desaparecidos.

Unos 700 militares jubilados y ex policías están procesados ??por violaciones a los derechos humanos y poco menos de 120 cumplen prisión efectiva en un penal construido especialmente para criminales de lesa humanidad.

El próximo viernes 22 de agosto a las 13 horas se realizará un acto simbólico en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el cual se inaugurará un memorial en recuerdo de las nueve víctimas de la dictadura, dos de las cuales están, además, relacionadas con la Universidad Católica de Chile. El acto se realizará en una primera parte en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, para proseguir con un acto musical y la inauguración del Memorial en el patio de la Escuela de Derecho.

Las personas que se recuerdan en este Memorial son:

Cecilia Gabriela Castro Salvadores, estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad de Chile, casada con Juan Carlos Rodríguez Araya, estudiante de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile.  Ambos fueron detenidos en su domicilio la noche del 17 de noviembre de 1974 mientras estaban con su hija Valentina. Ambos figuran como Detenidos Desaparecidos.

Ismael Darío Chávez Lobos, trabajaba en 1974 como Profesor de Expresión Corporal en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC) de la Universidad Católica de Chile y estudiaba Derecho en la Universidad de Chile. Fue detenido en la noche del 26 de julio de 1974, mientras estaba en su casa con su esposa Mónica y su hijo Juan Carlos. Actualmente figura como Detenido-Desaparecido.

Carlos Berger Guralnik, periodista y abogado de la Universidad de Chile, era director de la radio El Loa y Jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en las dependencias de Radio El Loa, sometido a Consejo de Guerra el 29 de septiembre y condenado a 60 días de prisión. Fue asesinado el 19 de octubre de 1973 por la llamada “Caravana de la Muerte” comandada por Sergio Arellano Stark.

Orlando Letelier del Solar, estudió Derecho en la Universidad de Chile. Ministro de Defensa del Presidente Salvador Allende, detenido en sus oficinas al momento del golpe militar. Estuvo preso en distintas reparticiones hasta su exilio a fines de 1974. El 10 de septiembre de 1976 la dictadura le quitó la ciudadanía chilena. Fue asesinado en Washington el 21 de septiembre de 1976, mediante una bomba puesta en su automóvil en una operación de la DINA.

Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile al momento de su detención, el 15 de julio de 1974, en calle Independencia con Borgoño. Actualmente figura como Detenido-Desaparecido.

Patricio Munita Castillo, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, fue detenido el 13 de diciembre de 1973 en la Iglesia de Los Capuchinos de Santiago, junto a otras dos personas y un sacerdote. Su cuerpo sin vida fue abandonado al día siguiente en la calle Américo Vespucio a la altura del 3.600.

Arsenio Poupin Oissel, abogado de la Universidad de Chile. Subsecretario General de Gobierno del Presidente Salvador Allende. Fue detenido el 11 de septiembre al momento de salir en el último grupo desde la Moneda, llevado al regimiento Tacna, desde donde es sacado el 13 de septiembre. Actualmente figura como Detenido-Desaparecido.

Juan Soto Cerda, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, fue detenido el 9 de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció al día siguiente, junto a otras tres víctimas, en un auto incendiado, en lo que fue un montaje de un falso enfrentamiento.

José Tohá González, estudió Derecho en la Universidad de Chile. Fue presidente de la FECH en 1950. Fue Ministro del Interior y Ministro de Defensa de la Unidad Popular. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 al abandonar la Moneda. Estuvo en distintos centros de detención. Fue asesinado en el Hospital Militar el 15 de marzo de 1974.

Queremos invitarlos a que acompañemos a los familiares y amigos de estas nueve víctimas de la dictadura en este Homenaje que se efectuará en

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Aminie, al enviar la fotografía que titula esta nota manifestó: “Me causa mucha emoción esta foto, porque adquiere una nueva y gran dimensión. Esa foto fue tomada en el cerro Barón, en julio de 1973, Mario iba a una reunión y yo estaba con unas amigas, yo tenía como 15 años, entonces llamo a Mario y él baja la escala ubicada al centro de la población, entonces le digo, Mario, saquémonos una foto para la posteridad. Imagínate, felizmente tengo esa foto, porque no hay otra foto aparte de cuando era pequeña, y esto fue un mes y medio antes de que fuera el golpe…”

Una de las características más abominables del período post dictatorial ha sido el de la impunidad en materia de Derechos Humanos. Esto tiene su origen en el planteamiento de la doctrina de la “justicia en la medida de lo posible” propugnada por los gobiernos civiles y los múltiples intentos desplegados para establecer un punto final, que gracias a la tenaz lucha de los familiares de víctimas de la represión y de las organizaciones de Derechos Humanos se ha impedido. 

Hoy, después de 47 años de producido el golpe de Estado, esto queda dramáticamente graficado en el millar de detenidos y detenidas desaparecidas cuyos cuerpos no han sido encontrados por sus familiares, a lo que se agrega el largo paso de los años para llegar a algunas condenas que por lo exagerado del tiempo transcurrido representa una forma de impunidad. Muchos de estos familiares han fallecido sin haber conocido el destino y paradero de los y las detenidas desaparecidas, ni tampoco estar presentes para presenciar las determinaciones de justicia en los casos en donde se llega a obtener condenas insignificantes, que nada tienen que ver con la atrocidad de los crímenes cometidos.

 Lo que ha sucedido con el reciente fallo de la Operación Colombo es una aberrante y clara demostración de esta impunidad, ya que transcurridos 45 años de sucedidos los hechos, lo que por sí mismo constituye impunidad por lo tardío de la resolución, además la Corte de Apelaciones de Santiago desechó las condenas de primera instancia dictadas por el Ministro Crisosto rebajándolas en forma vergonzosa. 

Aminie Calderón Tapia, hermana de Mario Calderón Tapia, uno de los 16 casos incluidos en esta querella, expone en lo siguiente en una Carta Pública denominada “La Burla”:

                                                              LA BURLA

Alos ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y al abogado integrante Jaime Guerrero de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Fallo sobre caso “Francisco Aedo y Otros”. Episodio Operación Colombo

Causa Rol 2182 

SeñoresJueces, sus señorías:

      Vuestro fallo es una burla hacia los familiares de las víctimas que conforman este caso. Nuevamente pretenden hacerlos desaparecer. Ante la opinión internacional, vuestro fallo es el espejo de la justicia administrada por personas que son incapaces de ejercer su cargo para lo cual han sido designados. Esta vez, una vez más, de manera displicente demuestran Uds. el absoluto irrespeto por los acuerdos internacionales con relación a la Violación de los Derechos Humanos. Aún  más, con este fallo avalan la impunidad y la rinden vigente, es decir, equivale a establecer que, en Chile, no existe un Estado de derecho. Son 45 años señores, que buscamos y exigimos justicia real, cada uno de los familiares  de estas  16 víctimas, que integran este caso. Es demasiado tarde, para nuestros seres amados, porque la justica no actuó en el momento que debía. Tal vez se hubiesen salvado.

Hoy, al menos, existía la posibilidad que rindiera justicia a sus familiares. Aunque sin la verdad, pero al menos la condena correspondiente.

El resumen de lo que contiene el fallo:

I.-Se aplica media prescripción

II.-Se absuelve a todos los cómplices

III.-Se absuelve a algunos condenados

Condenados Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, César Manríquez y Raúl Iturriaga Neumann a la irrisoria pena de cuatro años de presidio con libertad vigilada y otros 28 agentes a tres años de presidio, en libertad también. Un agente a quinientos cuarenta y un días.

¡Son, asesinos, sus señorías!, crueles torturadores, que hasta hoy   mantienen en secreto sus fechorías, ¿Qué hicieron con nuestros seres amados? ¿Así que, con vuestro fallo, Uds. indican que los agentes del Estado, pueden violar los derechos humanos de vuestros compatriotas en nuestro país impunemente?

Hemos luchado durante cuarenta y cinco años, nuestras madres se fueron con el corazón partido, ellas también fueron apresadas, apaleadas, perseguidas, amenazadas por estos esbirros que Uds. hoy liberan, ellos, están libres gracias a vuestra falta, los asesinos no tienen perpetua, pero nosotros sí, tenemos la perpetuidad de nuestro dolor.

El trabajo realizado por el Ministro Hernán Crisosto, un juez probo que  trabajó arduamente para establecer la culpabilidad de cada uno de los agentes condenados en este caso,ya que al finalizar su trabajo, quedó con la íntima convicción que fueron ellos y no otros, los asesinos y violadores de los derechos humanos en las mazmorras de la DINA. Trabajó con el dolor de los familiares, y los insultos y amenazas por parte de los defensores de estos criminales, lo constatamos en las redes cuando dictó sentencia, señores.

Sus señorías, están Uds. faltando al principio fundamental de un Estado de derecho, otorgando impunidad a los violadores de los derechos humanos, lesrecuerdo que” las penas deben ser efectivas, proporcionales y apropiadas al crimen que cometieron”, lo dicen las directrices adoptadas por el Comité de los Ministros el 30 marzo 2011, en la 111 reunión de Delegados de Ministros en la Dirección General de Derechos Humanos en Estrasburgo. Chile es signatario de los acuerdos internacionales.

¿Jueces avalando la impunidad? 

Se reafirma en dicha reunión:

“1.La impunidad se produce cuando quienesson responsables de actos que dan lugar a graves violaciones de los derechosdel hombre no se les exige responder.

2. Cuando existe, la impunidad será causada o facilitada, en particular, por la falta de la reacción diligente de las instituciones o de los agentes del Estado frente agraves violaciones de los derechos humanos. En estas circunstancias, puede haber errores en las instituciones del Estado, y en todas las fases de los procedimientos judiciales o administrativos.

3. Los Estados tienen el deber de luchar contra la impunidad para hacer justicia a las víctimas y disuadir a la futura comisión de violaciones de los derechos humanosy preservar el Estado de Derecho, así como la confianza de la opinión pública en el sistema judicial”

En cuanto a la Reparación

Sus señorías, han   rebajado las indemnizaciones a menos tres cuartas partes. Les recuerdo que no hay justicia sin reparación.El Estado chileno está obligado a tomar las medidas necesarias, para garantizar a las víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos la debida justicia, y que reciban una reparación adecuada por el daño sufrido.

Señores, ni todo el dinero del mundo sanará tanta injusticia y la falta que nos han hecho nuestros seres amados a lo largo de nuestra existencia,pero al menos “habría justicia y reparación” respetando la sentencia del ministro Crisosto.

Los Detenidos Desaparecidos eran personas esencialmente democráticas, que no a aceptaron la dictadura sangrienta que aniquiló una generación entera de jóvenes, mujeres embarazadas, por ello fueron, torturados y  exterminados, además, hechos desaparecer por estos mismos que han liberado  Uds. en este fallo.

Señores, más de cuarenta años, luchando porencontrar a nuestros padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Con vuestro fallo lacerante hacia la condición humana, debemosseguir, y esperar  que la justicia muestre su  idoneidad, no sabemos  por cuantos meses más. Pero no desfalleceremos, no claudicaremos, continuaremos, porque el amor hacia nuestros seres amados es  más fuerte, ha sido el motor de nuestra lucha.

Hemos vivido resistiendo contra todos los gestos negacionistas de algunos miembros de la sociedad chilena que, durante tantos años, tejen este manto espeso, con la intención de extenderlo sobre nuestro dolor.

No, ¡no aceptamos este fallo, es una burla!, no aceptamos que los esbirros se mueran en sus casas. Ellos deben responder por sus fechorías, y asesinatos. Krassnoff, que gritaba:” denle, denle, en la casa de José Domingo Cañas, desde ,su oficina en este lugar,aludiendo al joven o la joven o el anciano que estaba en la sala de tortura. Y que, en la Villa Grimaldi, al entrar allí para comenzar “su día de trabajo”, gritaba: ¡“a la parrilla”!, por el detenido que luego hizo desaparecer, el mismo que dio puñetazos a Diana Aaron, joven periodista, gritándole que era judía. El mismo que secuestró a mi hermano Mario Calderón y torturó hasta más no poder.

1.         Francisco Aedo Carrasco

2.         Juan    Carlos Andrónicos Antequera

3.         Jorge  ElíasAndrónicos Antequera

 4.          Jaime Mauricio Buzio Lorca

 5.          Mario Eduardo Calderón Tapia

 6.          Cecilia  Gabriela Castro Salvadores

 7.          Juan Carlos Rodríguez Araya (no está en lista 119)

 8.          Rodolfo Henríquez Espejo Gómez

 9.          Agustín Albano Fiorasso Chau

 10.        Gregorio  Antonio Gaete Farías

 11.        Mauricio Edmundo Jorquera Encina

 12.        Isidro Miguel Ángel Pizarro Meniconi

 13.        Marcos Esteban Quiñones Lembach

 14.       Sergio  Alfonso Reyes Navarrete

 15.       JilbertoPatricio  UrbinaChamorro

 16        Ida Vera Almarza (no está en lista 119)

¡Honor y Gloria a los nuestros!

 ¡Ni Olvido Ni perdón!, 

¡Castigo y Justicia a los Culpables!

¡Apelaremos a la Corte Suprema, seguiremos!

Aminie Calderón Tapia, hermana de Mario Calderón Tapia, detenido desaparecido desde el 25 de septiembre de 1974. 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó acusación en la investigación que sustancia por los secuestros calificado de 16 víctimas de la denominada «Operación Colombo».

Se trata de detenidos desaparecidos entre el 17 de julio de 1974 y el 6 de enero de 1975, y cuyos nombres figuraron en los listados de publicaciones de «maniobras de desinformación elaboradas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el exterior».

En la resolución (causa rol 2182-98), el ministro de fuero acusó a 128 agentes de la DINA en calidad de coautores de los secuestro calificados de Francisco Aedo Carrasco, Albano Fioraso Chau, Jaime Buzio Lorca, Marcos Esteban Quiñones Lembach, Mauricio Jorquera Escina, Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, Gregorio Gaete Farias, Mario Calderón Tapia, Jorge Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Sergio Reyes Navarrete, Cecilia Castro Salvadores, Ida Vera Almarza, Isidro Pizarro Meniconi, Jilberto Urbina Chamorro y Juan Rodríguez Araya.

Investigación que corresponde al último episodio de las 36 causas derivadas de la denominada «Operación Colombo», las otras 35 se encuentran falladas en primera instancia.

-Cecilia Gabriela Castro Salvadores acusó a: César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Basclay Humberto Zapata Reyes, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Alejandro Francisco Molina Cisterna, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Rosa Humilde Ramos Hernández, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Luis Eduardo Mora Cerda, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Nelson Alberto Paz Bustamante, José Jaime Mora Diocares, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Samuel Enrique Fuenzalida Devia, José Abel Aravena Ruiz, Alfonso Humberto Quiroz Quintana, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, José Stalin Muñoz Leal, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Víctor San Martín Jiménez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Luis René Torres Méndez, Reinaldo Concha Orellana, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Armando Segundo Cofré Correa, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Gerardo Meza Acuña, Juan Ángel Urbina Cáceres, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Guido Arnoldo Jara Brevis, Hugo Hernán Clavería Leiva, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Juan Ignacio Suárez Delgado, Raúl Alberto Soto Pérez, Carlos Enrique Letelier Verdugo, Herman Eduardo Ávalos Muñoz, Raúl Bernardo Toro Montes, José Nelson Fuentealba Saldías, Moisés Paulino Campos Figueroa, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Leoncio Enrique Velásquez Guala, Óscar Belarmino la Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Silvio Antonio Concha González, Carlos López Inostroza, Olegario Enrique González Moreno, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Jorge Segundo Madariaga Acevedo, Luis Fernando Espinace Contreras, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Miguel Ángel Yáñez Ugalde, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Héctor Carlos Díaz Cabezas, José Avelino Yévenes Vergara, Carlos Correa Habert y Daniel Galaz Orellana.

Esto no fue algo espontáneo que se le ocurrió a alguien, sino algo programado. Yo soy hija de españoles y la guerra civil española fue terriblemente sangrienta, pero los ganadores mandaban un telegrama a los familiares de los ejecutados donde se señalaban los cargos y hasta quién había dado la orden y entregaban el cuerpo”, dijo en conversación con El Diario de Cooperativa Edita Salvadores, madre de Cecilia Castro Salvadores, detenida desaparecida desde el 7 de noviembre de 1974. Al cumplirse 27 años de la publicación de una lista de 119 chilenos que habrían muerto en enfrentamientos en Salta, Argentina, la mujer entregó un dramático testimonio de su caso.

“Nosotros habríamos recibido los cuerpos de nuestros hijos, los habríamos enterrado y nos habríamos liberado de esta agonía permanente de 28 años que llevamos sin saber nada”, agregó. La mujer, hoy septuagenaria, cuenta que su hija, de 23 años de edad entonces, fue detenida cerca de las 2 de la mañana junto con su marido, Juan Carlos Rodríguez Araya por la DINA “frente a nosotros y quedó una pequeña de un año 10 meses". "Para nosotros fue terrible porque tuvimos que hacernos cargo y criar a la niña y nunca nos dieron una explicación ni supimos”, dijo. Añadió que “los captores en esa época no necesitaban identificarse. Llegaban e irrumpían en las casas; 10 a 12 personas con metralletas. El que encabezaba eso era Osvaldo Romo, quien nunca se ha arrepentido. Mi marido, que es abogado, presentó un recurso de amparo, pero la corte respondió que ‘no ha lugar’, y se reunió con el presidente de la Corte Suprema sin resultado alguno igual que otras diligencias. La Vicaría de la Solidaridad nos tendió la mano, puso abogados a nuestra disposición”. “Cuando salió la lista de los 119 que según la prensa habían aparecido muertos en Salta, Argentina, recurrimos a lo que se llamaba la Central de Detenidos. Nos dijeron que iban a averiguar, pero quedamos esperando no más hasta el día de hoy” indicó Edita Salvadores. Según su madre, “de Cecilia Castro Salvadores se sabe por testimonios de gente que salía de Villa Grimaldi y otros centros de detención y tortura que había en esa época con destino a Cuatro Alamos y luego a Tres Alamos, donde se permitían visitas, que en la víspera de Pascua de 1974 fue sacada de Villa Grimaldi con destino desconocido. No se supo nunca más que pasó con ella”. Edita Salvadores se declara católica. “Al principio fue una verdadera rebeldía. Aquí cerca hay una iglesia con un sacerdote muy querido con el cual yo conversaba mucho. Yo le decía que no podía pedirme que uno olvide o perdone. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo una se va tranquilizando. Nunca inculcamos odio a mi nieta, se lo puedo asegurar”, dijo al respecto. “La pequeña que nos quedó ha sido nuestra razón y nuestra alegría de vivir. La unión con nuestras cuatro nietas es maravillosa, nos dicen papá y mamá. Ellas nos han dado la fortaleza para salir adelante. A la hija de Cecilia la criamos alegre, llena de vida y amor a una criatura que no tenía culpa de nada, todo lo contrario. En eso cooperó toda mi familia. Ella ya es una mujer adulta y no tiene odio. Yo lo único que deseo antes de morir es poder saber qué pasó, poder enterrar lo que se encuentre de ella”, concluyó la mujer.

Con tristeza despedimos a Edita Salvadores Muñoz, dirigenta histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien falleció a la edad de 96 años. Se crió en una familia de ocho hermanos en el sur de Chile. Su madre murió joven, cuando Edita tenía 13 años. Desde muy pequeña tuvo contacto con la política, pues su padre, Pedro Salvadores, participó en la fundación del Partido Socialista.

Estudió en el Internado del Liceo de Valdivia y posteriormente se trasladó a Santiago terminando su formación escolar en el Liceo 3. Luego ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, donde conoció a su marido, Ángel Castro Cid, con el que contrajo matrimonio siendo estudiante. Tuvieron dos hijos, Ángel y Cecilia, quienes también siguieron sus pasos y estudiaron derecho.Edita siempre se interesó por la labor social; perteneció durante los años sesenta a las Damas de Rojo colaborando en el Ropero del Hospital Salvador. Posteriormente y sin ser militante de ningún partido, apoyó el gobierno de Salvador Allende y participó en su barrio de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP).Después del golpe, su familia comenzó a ser reprimida. El 17 de noviembre su hija Cecilia Castro Salvadores fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) junto a su marido Juan Carlos Rodriguez Araya, ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quienes desaparecieron después de haber sido vistos por testigos en los centros de detención de José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Cecilia y Juan Carlos pasaron a formar parte de la lista de víctimas de la Operación Colombo, también conocida como el Caso de los 119. Desde ese momento, luchó por conseguir verdad y justicia, cuestión que hizo hasta que las fuerzas y su salud se lo permitieron. Edita crió junto a su marido y su familia a la hija de Cecilia y Juan Carlos, Valentina.Edita partió, como muchas y muchos familiares de detenidos desaparecidos, sin haber podido conocer el destino de sus seres queridos.

Honor y gloria para Edita. Hasta siempre. 

“Lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas”, afirmó el presidente del máximo tribunal.

La Corte Suprema entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, bajo la dictadura cívico-militar y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de la detenida desaparecida Cecilia Gabriela Castro Salvadores y de los ejecutados políticos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

La Corte Suprema de Chile condenó a la cárcel a 59 responsables y agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), principal institución represora durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La justicia los condenó por participar en el secuestro y tortura de 16 militantes de la izquierda en 1974  en un operativo militar conocido como Operación Colombo. 

El fallo de la justicia chilena publicado por la Segunda Sala Penal del máximo tribunal de justicia revoca una sentencia previa hecha por la Corte de Apelaciones en la que absolvía a una parte de los acusados y a otros les dio penas bajas y sin cárcel.

Crímenes de la última dictadura militar

Los exjefes y oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, condenados como autores de los delitos de secuestro calificado fueron sentenciados a 15 años y un día de prisión.

Con esta sentencia, Miguel Krassnoff, acumula más de 100 años de condena por participar en múltiples causas de crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante el último régimen militar.

El tribunal además le dio 10 años y un día de prisión a 51 exagentes que habían sido absueltos por la Corte de Apelaciones de Santiago a pesar de haber sido condenados en primera instancia como autores y cómplices de la Operación Colombo.

La resolución del máximo tribunal es "trascendente en la historia judicial chilena (ya que) restituyó el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, que habían quedado literalmente una situación de impunidad inaceptable", explicó a la prensa local el abogado de los querellantes, Nelson Caucoto.
 

Qué fue la Operación Colombo

"El máximo tribunal desechó una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y acogió los recursos de los querellantes … se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna", agregó el abogado.

"Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”, apostilló.

La Operación Colombo fue un operativo de inteligencia y montaje comunicacional diseñado por la DINA que intentó simular la muerte de 119 personas en supuestos combates internos entre militantes de organizaciones de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Todas las víctimas habían sido secuestradas por el organismo represor y luego fueron sometidas a desaparición forzada. El proceso judicial investigó el paradero de 16 de esas 119 víctimas, entre ellas Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

Hola Cecilia:
Tengo muchas maneras de empezar a dialogar contigo, pero creo la más adecuada es recordarnos que hoy es el cumpleaños de Juan Carlos, 7 de julio 2021.
Cecilia, te conocí muy poco, solo dos años, lo suficiente para acordarme cuando te conocí en el año 1971. Era la UP. Éramos muy jóvenes, yo vivía con mi hermano Juan Carlos y Marina, una amiga de pequeñas. Tú la conociste y te cuento que ella partió a los 59 años, hace 16 años.
Como debo ser breve en esta carta, mencionaré dos hechos que me parecen imborrables.

1) Me da mucha risa acordarme; divisamos por la ventana que venía una ex de Juan Carlos y tuvimos que esconderlo en el closet. “¿Está tu hermano?” “Nooo, no llegó anoche y hace dos días que no viene adormir”. Salimos de esa situación, Juan Carlos salió del closet y se fue. En la tarde llegó contigo sin saber que tú eras la futura señora.

2) Pasó el tiempo. Un día en la mañana en su pieza, estábamos conversando, o me llamó (no recuerdo bien) y para nuestra sorpresa nos avisa que se casaba. Mi reacción fue “pero tú estás loco, con qué te vas a casar, eres un simple estudiante, no tienes pega, eres loco-loco”. Y yo ingenuamente le pregunté “¿y con quién?” “Con la Cecilia” “¿Y qué Cecilia” “¡Aahh! Pero no te acuerdas, si vine con ella al departamento “. Y ahí me cayó la chaucha que eras tú. Cecilia, desde ese momento han pasado 50 años.

Y, por último, te recuerdo y agradezco que tu hija tiene 48 años, vive en España y me ha dado dos sobrinos nietos. Yo he sido su abuela materna. Tu hija Valentina es muy inteligente, muy feliz, tiene una bonita familia. Puedes estar muy tranquila. Además, tu mamá está con nosotros aún, con sus 96 años.
Hoy, 7 de julio 2021, me llamó tu hija de España y me dijo que no olvida a su padre. Le conté que te escribiría una carta.
Creo que es suficiente por ahora y dar paso a otras cartas.

Te recuerdo tan joven; solo de 23 años partiste de nuestras vidas.
Con el recuerdo y un sueño de vida truncada, me despido de ti.

Yoya, tu cuñada.