Cárcel de Victoria

La Cárcel de Victoria mantuvo prisioneros políticos entre 1973 y 1976. En la década de 1980, fue usada en varias oportunidades como centro de castigo, al que eran traídos presos políticos de cárceles de otras regiones del país.

Esta cárcel era un recinto disciplinario. Al ingresar eran recibidos con golpes por los gendarmes, asignándoles un número e incomunicándolos. En 1973 presos políticos fueron trasladados desde esta Cárcel al Batallón Nº 4, para ser interrogados y torturados, regresando en muy malas condiciones físicas y anímicas. Después del primer mes de llegada, los prisioneros eran mantenidos durante el día en un patio de 10 por 12 metros. Según el reglamento, los presos políticos no podían andar con las manos en los bolsillos, sentarse en el suelo, ni fumar, en ocasiones no los dejaban conversar ni caminar, obligándolos a permanecer en lo que se denominaba metro cuadrado, espacio de ese tamaño del que no podían moverse sin permiso del funcionario a cargo. Tampoco estaba permitido trabajar, escuchar radio o leer diarios. Existían excepciones en que se les permitía escribir una carta una vez al mes y recibir también una vez al mes la visita de familiares por 15 o 20 minutos.

Algunos testimonios antes consignan haber sufrido sesiones de gimnasia consistentes en golpes e insultos y ejercicios violentos, como arrojarse en tierra, pararse, sentarse, hacer sapitos, punta y codo, etc. Estos ejercicios forzados debían ejecutarse con rapidez, si no, se les golpeaba y se les humillaba obligando a los prisioneros a recoger del suelo con la boca pitos o guantes, a gritar insultos contra sí mismos o contra el resto e incluso golpear a otros presos, todo esto bajo constantes amenazas.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; CODEPU; Informe Valech; Memoriaviva;

Sergio Valenzuela González, ex jefe de un comando de boinas negras, que se mantiene detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco, investigado por la muerte de Pedro Muñoz Apablaza y Eliseo Jara Ríos, ambos militantes del Partido Socialista y que fueron asesinados en el fundo California de Victoria en el mes de octubre de 1973.

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la apelación presentada por la defensa Sergio Valenzuela González, ex jefe de un comando de boinas negras, que se mantiene detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco, investigado por delitos de lesa humanidad durante Dictadura.

La decisión del ministro especial, Álvaro Meza fue confirmada por el tribunal de alzada quien investiga la muerte de Pedro Muñoz Apablaza y Eliseo Jara Ríos, ambos militantes del Partido Socialista y que fueron asesinados en el fundo California de Victoria en el mes de octubre de 1973.

En esta causa, también son investigados por su participación en los hechos Hernán Salazar Chiferlli; el segundo comandante Humberto Torres Torres; el ex gobernador militar Luis René Vega Fonseca; y Jorge Castro Lobos, quienes constituían en ese año el alto mando del Batallón número cuatro de Victoria.

El ministro Mesa también sometió a proceso al médico Alejandro Reyes, autoridad sanitaria del batallón en 1973.

Para el presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, Carlos Oliva la confirmación de la detención de Valenzuela González no era una sorpresa, por los antecedentes que manejaban al momento de presentar la querella.

“En este caso se corroboraron las presunciones que se tenían frente al caso, que fue un grupo de boinas negras que vinieron desde Santiago y que llegaron a Victoria y ejecutaron a estos dos militantes de izquierda”, dijo Oliva.

Hay que recordar que en el mes de febrero de 2012 los restos de Muñoz Apablaza fueron exhumados desde el cementerio de Victoria, quien tenía 21 años al momento de su muerte.

En el caso de Jara Ríos tenía 38 años al momento de su asesinato.Era jefe de área del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y militante del Partido Socialista.

Fue detenido y llevado a la Cárcel de Victoria en cuatro oportunidades, reingresando por última vez el 16 de octubre de 1973.

Un teniente de Reserva de la Fuerza Aérea de Chile y exalcalde designado en Galvarino durante la dictadura, permanece acusado en calidad de cómplice por el delito de secuestro calificado de un trabajador agrícola en la comuna, ocurrido en noviembre de 1973.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos con jurisdicción en las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, acusó al teniente de reserva de la Fuerza Aérea y alcalde designado en dictadura, Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado del agricultor Luis Horn Roa, perpetrado a partir del 27 noviembre de 1973, en Galvarino.

La víctima de 35 años, casado, trabajador agrícola y militante del Partido Socialista, fue detenido poco después del 11 de septiembre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Galvarino, siendo llevado a la Cárcel Pública de Lautaro acusado del delito de infracción a la ley de control de armas.

En ese recinto, Horn permaneció dos meses aproximadamente a disposición del Juzgado de Letras, para posteriormente quedar bajo la tutela de la justicia militar siendo liberado en Victoria hasta donde había sido trasladado, pero con la advertencia de que no regresara a su casa debido a que lo buscaban.

Horn Roa regresó a Galvarino, pero decidió no quedarse en la casa de sus padres, en la ciudad, sino que se fue al domicilio de sus suegros en el sector rural de Pelahuenco.

A ese lugar y tras reunirse en el municipio con el ahora acusado, el 27 de noviembre de 1973 llegó una patrulla de la Base Maquehue de la Fuerza Aérea siendo atendidos por un hermano de la víctima, quien fue obligado a acompañarlos para que mostrara el lugar donde éste residía, instante en que lo detuvieron sin que hasta hoy se sepa de su paradero.

El ministro Mesa había sometido a proceso al exoficial de la FACh en septiembre de 2016

En el aspecto civil, el ministro en visita condenó al fisco a pagar una indemnización total de $900.000.000 (novecientos millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de Luis Armando Horn Roa.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó al ex teniente de reserva de la Fuerza Aérea y alcalde designado de Galvarino, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa. Ilícito perpetrado a partir de noviembre de 1973, en la comuna.

En la sentencia (causa rol 45.365), el ministro Mesa Latorre condenó a Fernando Alfonso Ruiz Arrivé a 5 años de presidio efectivo y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de cómplice del delito.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos: "Que a partir del 11 de septiembre de 1973 se designó como nuevo alcalde de Galvarino al Teniente de Reserva de la Fuerza Aérea de Chile Fernando Alfonso Ruiz Arrivé".

También señala la investigación, que luego del golpe militar muchas personas proclives al gobierno de la Unidad Popular en la ciudad fueron detenidas por patrullas de Carabineros y militares del Regimiento La Concepción de Lautaro, las que fueron conducidas a la Tenencia de esa ciudad o a la ciudad de Lautaro, quedando privadas de libertad en recintos militares o en la cárcel pública.

Una de estas personas fue Luis Armando Horn Roa, de 35 años, quien se desempeñaba como trabajador agrícola y era militante del Partido Socialista. Luego de ser sacarlo desde su domicilio, sin orden judicial, lo trasladaron a una unidad policial, exactamente a un calabozo y posteriormente se le envió a la Cárcel Pública de Lautaro, acusado del delito de infracción a la Ley de control de armas. Allí permaneció por espacio de dos meses aproximadamente.

"… el 29 de octubre Luis Armando Horn Roa fue derivado a la cárcel pública de Victoria dependiendo su causa de la Fiscalía Militar de esa ciudad. Hasta ese lugar llegaron sus familiares a preguntar por él, quienes se entrevistaron con el Fiscal Militar (…)Tras esa reunión, Horn Roa fue dejado en libertad regresando a la ciudad de Galvarino (…) se fue al domicilio de sus suegros, ubicado en el sector rural de Pilahuenco de esa comuna", agrega.

En el fallo se establece que el día 27 de noviembre de 1973 una patrulla de la Base Maquehue de Fuerza Aérea de Chile llegó hasta el domicilio de los padres de Luis Horn Roa, siendo atendidos por Germán Horn Roa hermano de la víctima, a quien obligaron a mostrar el lugar donde vivía la víctima de autos.

“Cuando llegaron al lugar golpearon la puerta y preguntaron por el requerido quien salió del inmueble y fue tomado detenido por la patrulla sin portar aparentemente una orden judicial que los facultara para tal acto. Inmediatamente regresaron a la casa de los padres de Horn Roa donde pasaron a dejar a su hermano Germán, siendo esta la última vez que se vio con vida  a Luis Horn Roa", añade.

Años más tarde, Hernán Emeterio Horn Roa (un testigo) conversó con Miguel Manríquez Saber, quien  también era Oficial de Reserva de la FACH y residía en Galvarino para la fecha de los hechos. En la época de la entrevista aludida era Alcalde designado y Juez de Policía Local de esa comuna.

"En un momento de confianza le preguntó derechamente si sabía qué había sucedido con Luis Horn Roa, a lo que el mencionado Manríquez Saber habría respondido, muy serio, que le preguntara al Teniente de Reserva de la FACH, Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, quien en 1973 era alcalde designado de Galvarino, pues él sabía lo que había sucedido con la víctima de autos", dijo Manríquez.

En el aspecto civil, el ministro en visita condenó al fisco a pagar una indemnización total de $900.000.000 (novecientos millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

por Yuliana Montiel

El ministro en visita Álvaro Mesa Latorre condenó a exteniente de reserva de la Fuerza Aérea y alcalde designado de Galvarino, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa. Ilícito perpetrado a partir de noviembre de 1973, en la comuna.

El Poder Judicial informó a través de un comunicado que se trata de Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, quien deberá cumplir una pena de 5 años de presidio efectivo y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de cómplice del delito.

En el aspecto civil, el ministro en visita condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $900.000.000 (US$ 1.250.000) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

Hechos acreditados

-“Que a partir del 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Galvarino el régimen militar reestructuró el gobierno local designando como nuevo Alcalde de la comuna al Teniente de Reserva de la Fuerza Aérea de Chile Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, quien además era piloto civil y tenía residencia en esa ciudad. Como medida de seguridad el Alcalde recibió la protección de personal de la Fuerza Aérea de Chile siéndole asignado un guardaespaldas. El Teniente de Reserva de la FACH, Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, además, participaba semanalmente en reuniones de coordinación en la Base Aérea Maquehue de Temuco”.

-“Que inmediatamente después de sucedido el golpe militar muchas personas proclives al gobierno de la Unidad Popular en la ciudad de Galvarino fueron detenidas por patrullas de Carabineros y militares del Regimiento “La Concepción” de Lautaro, las que fueron conducidas a la Tenencia de esa ciudad o a la ciudad de Lautaro, quedando privadas de libertad en recintos militares o en la cárcel pública”.

-“Que Luis Armando Horn Roa, 35 años, casado, trabajador agrícola y militante del Partido Socialista, fue detenido poco después del 11 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros de la Tenencia de Galvarino, los que sin portar aparentemente una orden judicial que los facultara para tal acto procedieron a sacarlo desde su domicilio para llevárselo a la unidad policial señalada. Allí fue ingresado a un calabozo y después de varias horas fue llevado a la Cárcel Pública de Lautaro, acusado del delito de infracción a la Ley de control de armas. Allí permaneció por espacio de dos meses aproximadamente, a disposición del Juzgado de Letras de Lautaro en primera instancia (causa rol 25.923) para posteriormente quedar bajo la tutela de la justicia militar”..

-“Que el 29 de octubre Luis Armando Horn Roa fue derivado a la cárcel pública de Victoria dependiendo su causa de la Fiscalía Militar de esa ciudad. Hasta ese lugar llegaron sus familiares a preguntar por él, quienes se entrevistaron con el Fiscal Militar que era el Capitán de Ejército del Batallón de Transportes N°4 de esa comuna, Jorge René Castro Lobos (fallecido según consta a fs. 1.286, Tomo IV). Tras esa reunión, Horn Roa fue dejado en libertad regresando a la ciudad de Galvarino. Según el relato de testigos, Jorge Horn, hermano del padre de la víctima de autos, conversó con el Capitán Castro Lobos quien le sugirió que Luis Horn Roa no regresara a Galvarino porque sus enemigos lo iban a perseguir. Sin embargo, Horn Roa de todas formas regresó a esa ciudad, pero por temor decidió no quedarse en la casa de sus padres, que estaba ubicada en la ciudad, sino que se fue al domicilio de sus suegros, ubicado en el sector rural de Pilahuenco de esa comuna”.

-“Que el día 27 de noviembre de 1973 una patrulla de la Base ‘Maquehue’ de Fuerza Aérea de Chile llegó hasta la ciudad de Galvarino en dos vehículos institucionales estacionándose, según el relato del testigo Hernán Emeterio Horn Roa, frente a la Municipalidad de esa comuna, lugar al que ingresaron los integrantes de dicha patrulla, permaneciendo allí por un rato considerable. Posteriormente, los efectivos de la FACH se dirigieron hacia el domicilio de los padres de Luis Horn Roa, ubicado en calle Maipú, siendo atendidos por Germán Horn Roa (fallecido según consta a fs. 1.284, Tomo IV), hermano de la víctima, quien reconoció como integrante de la patrulla a Francisco Salazar (fallecido según consta a fs. 25, Tomo I), Suboficial de la FACH, que era oriundo de Galvarino. Germán Horn Roa fue obligado a acompañar a los integrantes de la FACH para que mostrara el lugar donde vivía la víctima de autos, que en ese tiempo era el sector Pelahuenco distante a 2 km de Galvarino. Cuando llegaron al lugar golpearon la puerta y preguntaron por el requerido quien salió del inmuebe y fue tomado detenido por la patrulla sin portar aparentemente una orden judicial que los facultara para tal acto. Inmediatamente regresaron a la casa de los padres de Horn Roa donde pasaron a dejar a su hermano Germán, siendo esta la última vez que se vio con vida a Luis Horn Roa”.

-“Que en los días posteriores la esposa de Luis Horn Roa, doña Haydee del Carmen Álvarez Huilcamán, concurrió hasta la Base Aérea Maquehue de Temuco donde consultó por su marido, siéndole negado el hecho de que estuviera detenido en ese lugar tras lo cual fue conminada para abandonar la unidad militar”.

-“Que años más tarde, Hernán Emeterio Horn Roa conversó con Miguel Manríquez Saber (fallecido según consta a fs. 1.283, Tomo IV), quien  también era Oficial de Reserva de la FACH y residía en Galvarino para la fecha de los hechos y que en la época de la entrevista aludida era Alcalde designado y Juez de Policía Local de esa comuna. En un momento de confianza le preguntó derechamente si sabía qué había sucedido con Luis Horn Roa, a lo que el mencionado Manríquez Saber habría respondido, muy serio, que le preguntara al Teniente de Reserva de la FACH, Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, quien en 1973 era Alcalde designado de Galvarino, pues él sabía lo que había sucedido con la víctima de autos”.

A.1 ANTONIO INOSTROZA SEGURA (32 años de edad a la época de los hechos)

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2011 rolante a fs. 5 a fs. 7 (Tomo I) ratificó su declaración ajudicial rolante a fs. 3 a fs. 4 y que en este acto le ha sido leída. Para septiembre de 1973 él era presidente de la Unidad Popular Malleco – Sur y secretario regional del Partido Comunista. Decantó que Eliseo Jara Ríos era dirigente Socialista y jefe de área de lNDAP en Victoria. Después del golpe militar él fue aprehendido en Temuco por personal de Carabineros de Victoria, quienes lo trasladaron de inmediato a la Comisaría de esa ciudad. Allí fue torturado en las caballerizas de la unidad por el Teniente Espinoza, pudiendo recordar como compañeros de tortura a Edgardo Cuevas y Carmel Cazor, a quienes reconoció por sus voces y lamentos.

Dos días después lo llevaron a la fiscalía militar, pero no alcanzó a pasar a las dependencias de ésta, pues fue enviado por orden militar a la cárcel de Victoria. Durante su permanencia en la cárcel se encontró con Elíseo Jara Ríos, pero no recuerda si ya estaba preso cuando él llegó o si lo encerraron después. Todos los presos políticos estaban en el patio nº 5 de la cárcel.

Recuerda como detenidos políticos junto con su persona a un joven de apellido Torres, que era de Angol; un profesor de apellido Rosales, que después fue Alcalde de Collipulli; Ramiro Bruno, comerciante de Victoria. Los demás están muertos aparentemente. Recuerda que en el mes de octubre de 1973, Eliseo Jara fue sacado de su celda y más tarde los propios gendarmes les comunicaron que había sido llevado a Traiguén por personal militar de esa ciudad. Recuerda como gendarmes de aquella época a un señor Quintana y Osses. Después de 10 días más o menos regresó Eliseo Jara, quien les dijo que había sido torturado brutalmente por el Capitán Bravo de Traiguén. Se le veía bastante maltrecho y psicológicamente impactado.

Dos días más tarde, nuevamente fueron a buscar a Eliseo Jara. En ese momento esta persona se despidió de ellos diciendo que seguramente lo iban a llevar a Traiguén y de ahí no iba a volver. Señaló que días antes habían escuchado por la radio que manejaban los gendarmes en la cárcel que el General Nilo Floody había llegado para efectuar la operación peineta tendiente a eliminar activistas en la región. Por aquel entonces escucharon, además, sobrevolar muchos helicópteros. Días después se enteraron por los medios de prensa y por los comentarios de los gendarmes que Eliseo Jara junto a otra persona había sido dado de baja al intentar fugarse de los centinelas que lo custodiaban. Esto les pareció inverosímil, porque él estaba muy deteriorado físicamente, además de tener esposas en las manos.