Regimiento de Infantería de Montaña N° 9, Chillán/ Fiscalia Militar

El Regimiento de Infantería de Montaña N° 9 Chillán, al comando del Comandante Juan Guillermo Toro Dávila y más tarde del Teniente Coronel Cristián Guedelhoefer García, se convirtió desde el mismo 11 de Septiembre de 1973, en uno de los centros de tortura en la región del Ñuble. 

Prisioneros políticos de la región, algunos de los cuales incluso recibieron torturas en otros lugares de detención, eran trasladados a la Cárcel de Chillán y posteriormente al Regimiento de Infantería de Montaña N0  9 Chillán, donde eran sistemáticamente torturados, en el sector de la guardia Nº 2 denominado “Sheraton”, o bien en las caballerizas, con la participación de miembros del ejercito, carabineros y civiles. Prisioneros eran sometidos a una variedad de apremios físicos y torturas, incluyendo palizas, flagelaciones, aplicación de electricidad, violaciones y simulacros de fusilamiento.

El uso de la tortura en este recinto militar fue amplio y sistemático, lo cual era del conocimiento de gran parte de los dirigentes de grupos pro-militares de la ciudad. Testigos han declarado que en los primeros meses después del golpe militar, civiles de la localidad asistían a presenciar las sesiones de tortura como invitados después de asados y cenas.

A una parte de los prisioneros fueron también trasladados desde el Regimiento de Infantería de Montaña N0  9 Chillán al campo militar de entrenamiento en el Fundo Quilmo, para sometidos a nuevas sesiones de torturas y luego regresarlos al Regimiento.

No se sabe con exactitud el numero de presos que pasó por este lugar, sin embargo se sabe que varias personas que hoy están desaparecidas fueron vistas por ultima ves en este recinto militar, incluyendo a Reinaldo Salvador Poseck Pedreros, Luis Omar Contreras Godoy, Eliseo del Carmen Muñoz Alarcón, Ogan Esteban Lagos Marín, Jesús Manuel Mieres, José Adolfo Rojas Méndez y Cecil Patricio Alarcón Valenzuela. Otros presos, los denominados “..elemento peligrosos..”, eran trasladados a la Isla Quiriquina, donde su calvario continuaría por otros largos meses.

 Criminales y Colaboradores:

Ejercito: Comandante Guillermo Toro Dávila, Teniente Coronel Christian Guedelhoeffer García, Fiscal Militar Mario Romero Godoy, Capitán Andrés Jesús Morales Pereira, Teniente Rodolfo Depix Díaz, Hector Navarrete (tambien agente de la DINA), un boina negra de apellido Quezada, un teniente de apellido Dirch

Carabineros: Teniente Patricio Jéldrez Rodríguez (Segunda Comisaría de Chillán), Tenientes Patricio Fuentes, Lautaro Iturriaga Valenzuela (encargado del "Sicar" en la ciudad de San Carlos), cabo Nivaldo Palavecino (agente del " SICAR"), sargento Juan Francisco Opazo Guerrero, los carabineros Márquez Riquelme, Pedro Ernesto Loyola Osorio, Arturo Manuel Alarcón Navarrete, Luis Guillermo Gajardo Arenas (Segunda Comisaría de Chillán), Mario Hirriarte y uno de apellido Alarcón.

 Detectives: detectives de apellido Aguilera, otro de apellido Castillo y uno apodado “Chino”

 Civiles: Pedro Guzmán Álvarez (miembro del Partido Nacional), Antonio Sepúlveda (alias “El pájaro loco”, miembro de “Patria y Libertad”); Cinecio Castaño (dirigente de “Patria y Libertad”; actual dueño de la panadería “La Espiga de Oro” en San Carlos);  Guillermo Lagos Assadi (miembro de “Patria y Libertad”, ex-Alcalde de San Carlos), Florencio Rodríguez Orellana (actualmente sigue trabajando en la Municipalidad de San Carlos), Manuel Soto (alias el “Micho Soto”), Pedro Guzmán Álvarez, Ramiro Grez Fuentes (estuvo empleado en el Convento Padres Trinitarios y hoy es Director de Transito en San Carlos), Carlos Polanco Herrera (médico cirujano de la Clínica San Carlos y ex-Concejal en San Carlos), Ocean Muñoz Meyer, Fernando Vera Peralta, Heriberto Hernández, Cesar Márquez Bravo, Julio Henríquez Fuentes, Raúl Fuentez Fuentez, Roberto Maraboli López, Hader Hirmas, Oscar Irrarazabal, Ciro Larrocau, Mario Landaeta, José Peterman Trillar, Luis Gaete del Pino, Eduardo Linch, Toribio Castillo, Esteban Hernández, Heriberto Hernández, Ángel Landaeta del Mar, Claudio Aguiluz del Río, Zacarías Merino, Luis Dinamarca, Patricio de la Fuente, Fernando Duran Rodríguez (dueño del diario local de San Carlos  “El Esfuerzo”).

Fuentes de Información Consultadas: Libros: “No hay dolor inútil”, “El piloto wenche”; Informe Rettigg; Piensachile.com; Diario “La Discusión”; Diario La Nacion; 3ra Sesión de la Comisión Internacional de investigación de los crímenes de la Junta Militar en Chile; Informe Valech; Memoriaviva.com;

Maximiliano Villanueva Escares: El 11 de Septiembre me encontraba trabajando en la fábrica de muebles “San Carlos” de propiedad del recordado profesor Miguel Quintana Novoa, compañero socialista. Dada la situación, se suspendió el trabajo y todos acudimos a nuestros hogares para estar con la familia. Yo militaba en el Partido Comunista y me la jugué hasta el último momento por evitar la guerra civil, de acuerdo a la posición que sustentaba mi Partido. Mi vida transcurrió sin mayores problemas, hasta que a finales del 74, fui detenido por los detectives Castillo y uno que le llamaban el “Chino”, ya fallecido. Al preguntar el motivo de mi detención, se me informó que era orden “superior”. Fui trasladado a Chillán [Regimiento] donde me torturaron salvajemente quebrándome un brazo. Estuve encerrado en una celda por siete días, sin comer y sin agua. Por mi desesperación llegué a beber mi propia orina. Después de este trato inhumano, me destinaron a la cárcel donde permanecí siete meses. Fui llevado a Fiscalía Militar donde ejercía el señor Mario Romero Godoy, disponiendo de la vida y destino de las personas, acompañado de otros uniformados sancarlinos Florencio Rodríguez Orellana y “Micho” Soto. Después me dejaron salir de la cárcel, pero con arresto domiciliario por un año. He reflexionado profundamente sobre la injusticia de los malos tratos y violación a los derechos humanos que hemos sufrido los pobres, por el sólo hecho de haber querido fundar un nuevo país donde los trabajadores tuvieran mejor futuro. Actualmente, tengo 73 años de edad y percibo una pensión como minusválido. Sin embargo, no guardo ninguna clase de rencor, sólo pido que la sociedad nunca olvide sus errores.

 Profesor Jorge Iván Espina Acuña: El 11 de  Septiembre me encontraba dando los últimos retoques al discurso que iba a pronunciar en el Teatro Municipal, en mi calidad de Secretario de  Cultura del Sute ( hoy Colegio de Profesores), con motivo de celebrarse el Día del Profesor. Supe que ese acto estaba suspendido. Concurrí a la Gobernación, para ponerme en contacto con el Gobernador Hugo Ríos, a quien serví en mi condición de Secretario del CUP ( Comité de Unidad Popular). El camarada Ríos me recibió con demostraciones de mucha tristeza y decepción por lo que estaba ocurriendo y me dijo: “Compañero, el fascismo ha triunfado en Chile, tal como fue en la España de Franco”. Me dio las gracias por mi apoyo moral y nos despedimos. Posteriormente fui llamado, conjuntamente  con otros dirigentes, por un Bando Militar para que me presentara ante las nuevas autoridades. Así lo hice y quedé detenido en Chillán. Pasé una noche de pesadilla, escuchando las lamentaciones de otros detenidos que fueron tratados cruelmente. Creo haber escuchado ejecuciones por los disparos que se oían. Fui interrogado con rigor en el Regimiento de Chillán. Allí pude observar cómo llegaban camiones patronales cargados de campesinos amarrados con alambre y vendados de los ojos. Soy testigo de haber visto al Fiscal Mario Romero Godoy refocilarse cruelmente ante el espectáculo de esos trabajadores. Finalmente quedé libre, pero con la obligación de presentarme durante un año, todos los viernes en el Regimiento de Chillán. Trabajé normalmente hasta el año 1987 en que fui exonerado por el Alcalde Pinochetista Guillermo Lagos. No guardo rencor, pero tampoco olvido.

“Los pueblos chicos son como Chiles chicos. La versión a escala que esconde lo que todos saben y nadie se atreve a decir”, me dijo una de las personas que entrevisté en San Carlos, una pequeña ciudad de la Octava Región de la cual huí en cuanto tuve edad para la universidad. Han pasado nueve años y por enésima vez, este verano, rompí la promesa que me hice con Cinema Paradiso de no volver jamás.

Dice García Márquez que “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Yo recuerdo un tornado que asoló la Plaza de Armas de San Carlos y levantó un automóvil en 1981; también a Nicanor Parra cuando le dijo al alcalde de San Fabián que podía ensartarse el título de hijo ilustre que querían darle; recuerdo a los cabros de Osorno que llegaron con un casete de Pixies bajo el brazo y que luego se harían llamar Glup!

También recuerdo mi encuentro con “el Pescao”, un compañero de pichangas que luego fue delincuente profesional y dejó a varios en el camino, o las ardientes tardes con liceanas en un departamento desocupado al que le hacía la llave del ‘Chico’ Uribe. O la noche en que me hice amigo de María Paz, la reina de una casa de huifas con más sabiduría que bellezas para abrazar.

Historias sin mayor trascendencia. De adolescencia pueblerina. El lado B de un período de clase Autoritaria, en que otros relatos se escribieron con sangre y que hasta hoy siguen en el limbo. Con un par de ideas y García Márquez en mente bajé del tren en la vieja estación. Buscaba vidas que no viví y recuerdos suficientes como para contarlas.

UN PUEBLO CUALQUIERA

San Carlos es uno de esos pueblos adyacentes a la Ruta 5 en los que pocos se detienen. Su característica es ser una ciudad pequeña, tal vez como la suya: una plaza de armas como punto de encuentro, una larga calle comercial, un par de discotecas y radios, huasos jóvenes que estacionan sus 4×4 o sus motos de enduro a mitad de la calle, gritando a voz en cuello, agricultores cuyo dinero va de sus manos a la tienda, del tendero al supermercado y del supermercado a la carnicería, moviendo la economía anual.

No hay cine ni teatro pero sí una sede universitaria y mucho transporte: 400 colectivos y taxis para calles que se caminan en menos de 30 minutos. En los videos abundan las porno y las de Kung-fú y los hits son del “Llanero Solitario”, un cantante de rancheras con diez casetes y dos CD a su haber.

El orgullo chauvinista asegura que la medialuna local es “la más grande de Chile” y que las longanizas son mejores que las de Chillán. La familia que las elabora -los Pincheira- es conocida como “El Imperio de la Longa” ¿Reminiscencias de Star Wars? Puede ser.

El sancarlino medio es orgulloso y como en todos los pueblos una línea -la del tren en este caso- divide las clases sociales entre el casco antiguo y la “Once” y la “Araucanía”, las dos poblaciones en las que viven más de la mitad de los 50 mil sancarlinos.

Aquí se realizaron las dos protestas masivas de agricultores llamadas “Sancarlazos”, en 1995 y 2001; aquí se apareció en 1962 la Virgen de los Álamos y al año siguiente fue fusilado el ‘Canaca’, Jorge del Carmen Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahueltoro… El 2 de octubre de 1973 fue detenido por carabineros y militares Manuel Humberto Crisóstomo Toro, ‘el Chilenito’, el único desaparecido de San Carlos. Tenía 24 años.

Como en todo pueblo chico el infierno y el aburrimiento son grandes y por lo mismo se hilvanan historias anónimas y fantásticas, de héroes olvidados y verdugos, de ex subversivos y poetas de barrio que se ven las caras todos los días.Son fragmentos y memorias de pueblo que nadie olvida, pero que más de alguno prefiere no recordar.

NUESTROS AÑOS GRIS MILICO

El 11 de septiembre de 1973 el comercio y muchas casas del centro despertaron embanderados. De una vivienda de calle Serrano emergía una blanca y con una araña negra en el centro. El mensaje de Patria y Libertad y de la familia Romero Godoy estaba claro.

Eran cuatro hermanos. Muy vinculada al gremio agrario, al Opus Dei y al mundo militar, esa familia era y es una de las más reconocidas de San Carlos. De hecho, en 1999 el diario local El Esfuerzo entregó a Raúl Romero Godoy su premio anual. Con Pete, su hijo, fuimos amigos de infancia. Luego nos distanciamos.

Al otro lado de la línea del tren, en cambio, en la toma 8 de octubre (bautizada después 11 de septiembre), no flameaba ninguna bandera.

Por entonces, los Romero Godoy poseían un supermercado, una ferretería y predios agrícolas. Uno de ellos, Mario Romero Godoy, era abogado. Rápidamente fue nombrado fiscal militar de la provincia de Ñuble, recuerda un entrevistado que por temor pide reserva de su identidad y agrega: “La desaparición de ‘el Chilenito’ y toda la represión estuvo a cargo de Romero. Personalmente torturó a amigos y personas muy cercanas a mí. Ellos lo reconocen como uno de los torturadores, junto al actual secretario municipal (Florencio Rodríguez Orellana), que presenciaba las torturas, lo que viene a ser lo mismo”, ratifica.

Como en otras ciudades tras el golpe, civiles participaban en allanamientos y funcionarios municipales llegaban de uniforme a trabajar. “Rodríguez Orellana fue uno de ellos”, rememora el entrevistado. Pero hubo otros.

Ramiro Grez es diácono de una parroquia. Tras el golpe no llegaba al municipio de uniforme, pero funcionarios antiguos cuentan que sí lo hacía “con una pistola. La guardaba en un cajón y ponía una imagen de la Virgen del Carmen sobre el escritorio. Cuando terminaba se ponía el revólver al cinto y le daba un beso a la imagen de la Virgen”. Grez es hoy director de Tránsito y “es un tipo muy respetado allí”, dice la fuente.

Entre fines de 1973 y todo 1974 hubo detenciones y torturas, por las que el fiscal Romero Godoy, el entonces coronel y comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 de Chillán, Guillermo Toro Dávila; el empresario agrícola Pedro Guzmán Álvarez y Florencio Rodríguez Orellana –entre otros- aparecen sindicados por delitos de secuestro, aplicación de tormento y asociación ilícita, en una querella que interpondrán siete personas patrocinadas por el abogado Eduardo Contreras.

Mile Mavrosky Mileva, inmigrante yugoslavo dueño de una funeraria, que llegó al pueblo en 1955, lo pasó muy mal. En enero de 1974 fue acusado como líder de un grupo de combate armado que usaba los ataúdes para ocultar metralletas para realizar –en la siguiente Pascua- una operación de contragolpe llamada “Pascua Negra”. Mavrosky estuvo más de un año desaparecido y con la vista vendada. Está seguro de haber estado en Colonia Dignidad.

Romero Godoy ya no vive en San Carlos, pero es al que más se recuerda. La misma fuente que lo acusa de torturar lo retrata crudamente: “Hay una leyenda de que el helicóptero que trajo al general Arellano Stark a Cauquenes no llegó a San Carlos, porque aquí estaba Romero, que daba plenas garantías de represión a la Junta Militar”.

En 1985, casi simultáneamente, se incendiaron el supermercado de los Romero Godoy, otro en Los Angeles y la Casa Rabié en Chillán. La fuente asegura que al menos el caso de los Romero fue un atentado. “El tipo que lo hizo estuvo un tiempo aquí y se volaron algunas torres”. Nunca más supo de él.

Llegó el plebiscito de 1988. Ganó el SI, gracias en parte a las presiones de la patronal agraria y a las piernas de Magaly Acevedo en el show del cierre de campaña. Los Romero Godoy de nuevo fueron protagonistas. El SI tenía fuerzas de choque, comandadas por Manuel Antonio Sepúlveda, ‘El Pájaro Loco’. “Cuando aún Matthei no reconocía el triunfo del NO, salió de la escuela D-99 y patrulló en un furgón de los Romero, blandiendo un fusil a vista y paciencia de la gente”, recuerda la fuente reservada. El 11 de septiembre previo, ‘El Pájaro Loco’ disparó a todo lo que se moviera en la plaza de armas.

“Eran señores intocables”, dice el entrevistado. El último 11 de septiembre en dictadura fue surrealista. La plaza estaba llena de gente celebrando el fin inminente del régimen. Cerca de las ocho de la noche carabineros de San Carlos comenzaron a disparar lacrimógenas. Yo tenía 13 años y observaba todo desde el balcón de mi casa.

El entrevistado recuerda: “Me acerqué con un abogado al mayor a cargo de los carabineros, que personalmente bombardeaba la plaza. El abogado le dijo que la acción era desmedida y el mayor en forma despectiva le dijo: ‘No lo puedo atender, porque estoy trabajando’ y siguió tirando bombas”. Cuando le pregunto si conoce los problemas que le puede traer esta entrevista, la fuente dice que “son cosas que no se dicen porque la gente aún tiene miedo. Estos son pueblos pequeños donde nuestras familias se encuentran en los mismos eventos sociales o como dice Silvio Rodríguez, ‘el domingo en la misa’. Es eso de que es mejor meter todo debajo de la alfombra y la procesión va por dentro. Creo que es tiempo de perder el miedo”, dice.

¿ALGUN DIA CONTARAS MI HISTORIA?

En provincia la tradición del prostíbulo no muere. Son lugares de farol, de sexo húmedo y zangoloteado, donde también se llega a chupar y conversar. En San Carlos las casas más conocidas eran “Las Malvinas” y la “Casablanca”. Los fines de semana se escondían padres de familia y trabajadores. También pendejos de 15 años con ganas de una piscola o de un polvo. Yo era de los primeros cuando entramos por vez primera. Me acerqué al bar a conversar con María Paz, la “cabrona”. Una botella de pisco y cuatro bebidas más tarde, la mujer había desgranado su vida. Su hijo estudiaba en La Sorbonne en Francia y este trabajo era el único que podía pagar una cuenta de educación francesa. María Paz contaba los días para la titulación de su retoño. Entonces jubilaría y se reuniría con él en Europa. Pasaron los años y las visitas a la Casablanca se hicieron frecuentes. Incluso estuve en un cumpleaños de María Paz. Si las personas tuvieran la mitad del amor y compañerismo que vi en esos ojos de mariposa, el mundo sería otro.

Pero llegó el día y me largué. Un fin de semana, ya en segundo de Periodismo, me presenté a la puerta del burdel de mi amiga. Estaba contenta y bebimos y bailamos hasta muy tarde.

-¿Algún día contarás mi historia?- inquirió, dándome su número de celular. Asentí. Al salir casi de mañana, tomé un taxi y prometí que la próxima vez llevaría un grabador. Igual que Humphrey Bogart, nunca cumplí. Con el tiempo supe que su hijo se había graduado y que ella había colgado los botines. Vivía en París. Ahora, casi por nostalgia y ya graduado de Periodismo, volví a cruzar el umbral del local. La reconocí de inmediato y me acerqué. ¡Había vuelto! Rubia, redonda, mayor, pero la misma. No recuerdo cuántas horas hablamos pero sí las fotos: María Paz frente a la torre Eiffel, María Paz subiendo a un barco, María Paz con su hijo, su nuera francesa y su nieto, feliz.

– ¿Cómo se te ocurrió regresar?, pregunté.

– Es que no me hallaba, dijo simplemente.

En Francia estaba su familia pero no se hallaba. En San Carlos las chiquillas… y sí se hallaba. La dejé con una sonrisa y me fui. Antes de sentarme a escribir este artículo la llamé. Aún estaba adormilada y no reconoció mi voz. El teléfono se cortó. Quería decirle que por fin cumplo. Que su historia y otras no tan bellas serían publicadas enLa Nación Domingo. Que ahora lo comprendo todo. Quería decirle que “las huellas en este asunto – como dijo Heredia- hay que buscarlas con el ojo del alma”. Que, María Paz, ahora sé que ya no vuelvo.

Del casi centenar de desapariciones, apenas 5 casos han terminado en condenas.

De los 71 detenidos desaparecidos en Ñuble, no más de 11 casos se han transformados en causas abiertas.
La cifra le ha arrojado a la justicia, en este caso la Corte de Apelaciones de Chillán, el triste cartel de ser el tribunal con menos sentencias en relación al número de víctimas en todo el país -la región es la segunda en desapariciones y ejecuciones después de la Metropolitana- según coinciden abogados querellantes de la región.

Muchas de las causas están sobreseídas y en apenas cinco existen condenas, pero con penas que no superan los cinco años, debido a que fueron beneficiadas con la prescripción, figura conocida como “Doctrina Dolmestch” que se traduce en una reducción de las penas.
Respecto a los victimarios, los nombres de las patrullas que participaron en las detenciones se tornan reiterativos.
De acuerdo al relato de testigos, que abunda en los expedientes, el grueso de las detenciones de la mayor parte de los detenidos desaparecidos estuvo a cargo de una patrulla de Carabineros, conocida como “Grupo represivo de la Segunda Comisaría de Chillán”, encabezada por el ex teniente Patricio Jeldres Rodríguez, condenado el 13 de agosto de 2008 por la Corte Suprema a tres años de presidio menor en su grado medio, como encubridor del homicidio calificado del ex alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, su esposa Alba Sonia Ojeda Grandón, y un hijo Carlos Eduardo Lagos Salinas, perpetrados el 16 de septiembre de 1973 en su hogar de Chillán Viejo.
Por este caso fue condenado como autor del homicidio del edil y su familia el ex carabinero Luis Gajardo Arenas, a cinco años de presidio menor en su grado máximo. Jeldres, en tanto, fue condenado por la desaparición de Gilberto Pino y Sergio Cádiz, obreros agrícolas secuestrados y muertos en octubre de 1973, aún cuando se está a la espera de la resolución de un recurso de casación.
Por este caso, familiares presentaron un reclamo ante la Suprema contra la Corte de Apelaciones de Chillán, que autorizó al ex oficial de Carabineros viajar a Europa con su familia.

Procesados en el caso del ex alcalde chillanejo, Ricardo Lagos, fueron también otros integrantes recurrentes de la mencionada patrulla de la Segunda Comisaría, como los ex sargentos de Carabineros Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, los tres absueltos finalmente por el tribunal. A este grupo se sumó Márquez Riquelme, asesinado posteriormente y cuyo crimen se mantiene sin aclarar.
También se hace reiterativo en causas el nombre del ex teniente de Carabineros, Patricio Marabolí, quien llegó a Chillán en 1974 y que según quedó aclarado en los expedientes, era uno de los vínculos de la DINA en la zona.
La absolución de ex carabineros, y el hecho de que pese a ser identificados en varias detenciones no hayan sido condenados, mantienen la decepción de los familiares y abogados con la justicia en Chillán.
“Acá se da la contradicción de que los represores andan libres por la calle”, afirma una integrantes de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.
Para juristas, lamentablemente en Chillán sólo una sala es la que ve los casos de violaciones a los derechos humano. “Son los mismos jueces quienes ven las causas, a diferencia de tribunales más grandes”, señalan fuentes judiciales.

Patrulla militar
No sólo los nombres de la patrulla de la Segunda Comisaría son reiterativos en las detenciones de decenas de chillanejos tras el golpe.
Efectivos del Ejército (Regimiento “Chillán”) también participaron en las detenciones. Un nombre se repite, el del ex capitán Andrés Morales, condenado a cinco años por la desaparición del ex secretario regional del Partido Socialista, Reinaldo Poseck, entonces jefe del Indap en Chillán, y a cinco años por la desaparición del funcionario de Indap el socialista y ex dirigente secundario, Cecil Patricio Alarcón Valenzuela.
Muchos abogados de derechos humanos coinciden en que Morales “se mandaba solo” mientras que otros sostienen que se comunicaba con el enviado de la DINA, Patricio Marabolí. El abogado Eduardo Contreras Mella también responsabiliza por su mando al ex general Guillermo Toro Dávila, entonces comandante del Regimiento “Chillán” en 1973, quien no obstante nunca ha sido condenado por las desapariciones.

Pocas condenas y bajas penas
Además de las señaladas, el derrotero judicial de las condenas por desapariciones en Ñuble se limitan al caso del ex regidor comunista de Coihueco, Carlos Montecinos Urra, por el cual fue condenado a cinco años el ex teniente Luis Fernando Romo (pena ya cumplida); el del campesino Félix Iturra Lillo, por el cual fue condenado el ex teniente del retén General Cruz de Bulnes, Orlando Sepúlveda Tapia, y el del obrero de la Población Luis Cruz Martínez, Jaime Espinoza Durán, por el cual fue condenado a cuatro años el ex teniente Aldo Leiva.

Una mujer recibirá una indemnización de $30 millones tras ser confirmada la sentencia que responsabiliza al Estado por las torturas que sufrió en 1973. La Corte de Apelaciones de Chillán destacó el impacto psicológico duradero en la víctima.

Una mujer tenía 22 años cuando, en septiembre de 1973, fue violentamente detenida por efectivos del Ejército en su casa, ubicada en Chillán.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta mujer, quien entonces se dedicaba al hogar y vivía con su familia, no entendía la razón de su arresto.

Los soldados la trasladaron al Regimiento Militar de la ciudad, donde durante cinco días fue sometida a constantes abusos físicos y psicológicos en un ambiente de extrema violencia e intimidación.

Según los testimonios recogidos en su demanda, además de las agresiones físicas, los agentes también recurrieron a amenazas de muerte y a insinuaciones de abuso sexual.

La situación fue tan brutal que la mujer declaró haber sentido un miedo constante a morir, sintiéndose atrapada y sin defensa en un lugar donde su dignidad y seguridad eran violadas cada día.

La persecución hacia ella se debió a que los militares buscaban información sobre su esposo, quien era socialista, y que finalmente decidió entregarse para protegerla y poner fin a los abusos.

El sufrimiento de la mujer no se detuvo con su liberación, ya que los días de cautiverio dejaron secuelas profundas en su salud mental y física.

A lo largo de los años, la mujer ha enfrentado cuadros de estrés postraumático, un constante estado de alerta y dificultades para conciliar el sueño, además de una tristeza y angustia permanentes, como evidenciaron los informes psicológicos que presentó en su demanda.

Décadas después de estos hechos, la mujer llevó su caso ante la justicia para buscar una reparación.

En primera instancia, el Segundo Juzgado Civil de Chillán falló a su favor, ordenando al Estado a pagar una indemnización de $30.000.000 por el daño moral que le causaron los abusos sufridos en 1973.

Sin embargo, el Estado intentó revertir la sentencia, argumentando que la mujer ya había recibido ciertos beneficios y compensaciones a lo largo de los años como parte de los programas de reparación para víctimas de la dictadura.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Chillán revisó el caso y, en un fallo unánime, confirmó la sentencia a favor de mujer.

La Corte sostuvo que los beneficios anteriores otorgados a víctimas de la represión no compensan adecuadamente el sufrimiento personal y las secuelas emocionales que ella continúa padeciendo hasta hoy.

En su resolución, el tribunal consideró que los daños sufridos por la mujer, especialmente el impacto psicológico que la ha acompañado durante toda su vida, son razón suficiente para que reciba una indemnización adicional.

Este fallo refuerza el derecho de las víctimas de la represión a obtener una reparación justa y destaca la obligación del Estado de responder por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su nombre.

La Corte de Apelaciones concluyó que los actos de tortura y las secuelas emocionales que enfrenta la mujer no pueden considerarse completamente resarcidos con los beneficios generales otorgados a las víctimas de la dictadura, sino que requieren un reconocimiento específico y compensaciones adicionales por el dolor individual que sufrió.