Regimiento de Infantería N°19 “Colchagua”, San Fernando / Fiscalia Miliatr

El Regimiento de Infantería No19  “Colchagua” de San Fernando, ubicado en Manuel Rodríguez S/N, esquina Chacra la Encina, comuna de San Fernando fue uno de los principales centros de detención y tortura de la VI-Región.  La represión en esta zona fue llevada acabo por Militares, Carabineros, miembros de la Policía de Investigaciones y civiles de la localidad. 

De acuerdo al Informe Rettig “…en Rancagua, los detenidos eran conducidos a la Cárcel Pública, donde llegó a albergarse cerca de 1.200 personas en los meses inmediatos a los sucesos del 11 de septiembre.  Entre ellos, gran cantidad de campesinos y dirigentes políticos.  También fue utilizado con esos fines el Regimiento Membrillar (actualmente Regimiento de Infantería Nº 22 – Lautaro).. en San Fernando [los detenidos] fueron llevados al Regimiento Colchagua (actualmente Regimiento de Infantería N 19 “Colchagua”), donde se registraron alrededor de 250 personas detenidas entre septiembre y noviembre de 1973.  La mayoría de ellos cumplieron posteriormente sus condenas en la Cárcel de esa misma ciudad…”.

Testimonios de prisioneros políticos señalan que hubo detenidos en este lugar desde septiembre de 1973 hasta el año 1982; Posteriormente se realizaron arrestos ocasionales, según consta de los testimonios, lo que se explica porque en dicho recinto militar funcionaba la Fiscalía Militar de San Fernando. Los presos políticos señalan que desde el momento mismo de la detención las personas, mujeres y hombres, eran golpeados y amenazados. Según un Informe de la Cruz Roja Internacional (CRI), los detenidos permanecían en caballerizas de 15 por 10 metros, rodeados por una valla de madera de 2,5 metros de altura, el techo sólo cubría la mitad del espacio. Dormían en la sala, que medía 6 x 10 y x 3.5 metros de altura, y donde ensayaba la banda de música del regimiento. Los ex presos políticos señalaron que los castigos eran variados: a veces eran arrojados a un corral de mulas, las que eran azuzadas para que los patearan; los metían a una piscina sin agua y a pleno sol, por horas. Para los interrogatorios y torturas los prisioneros eran trasladados a una sala especial. Hay personas que declararon que en esta sala especial eran puestos desnudos sobre un tablero o mesa de tortura. Se denunciaron castigos tales como golpizas, aplicación de electricidad y simulacros de fusilamiento. Después de los interrogatorios, eran incomunicados en pequeños calabozos o los obligaban a dormir en un polvorín. Normalmente los prisioneros escuchaban las torturas de sus compañeros. Los detenidos señalaron la presencia de civiles durante los interrogatorios. Ya en libertad, algunos ex detenidos tuvieron que continuar firmando por un tiempo.

Testimonio de O. R. expreso político de la VI-Región: en mi condición de ex Preso Político en esa zona, puedo declarar lo siguiente:

 Atestiguo que [el ex-capitán de ejército Ricardo] Manríquez Pearson fue torturador. Fui torturado en la Comisaría de Investigaciones de San Fernando. El, junto a su ayudante, Sargento Marín y los Inspectores Fernando Yañez y "Chinica" Morales, fueron los encargados directos de los maltratos físicos, golpes eléctricos , golpizas, privación de agua y alimentos, tortura sicológica y otros de que fuimos objeto muchos de los prisioneros de ese entonces.

 Manríquez es autor directo y personal de cuasi homicidio en contra del entonces Secretario Provincial del Partido Comunista de Colchagua, Héctor Figueroa, al dispararle a la cabeza mientras éste huía desde una población de San Fernando, donde había concurrido a persuadir a los pobladores para "no dejarse provocar" por los militares golpistas y no realizar actividad alguna en contra de los alzados. La bala rozó a cabeza de Figueroa.

 Que Justino Vásquez Muñoz, Regidor Socialista, nunca llegó a los recintos de detención, pero siempre supimos que había sido detenido en la vía pública por el "Chinica" Morales, Yañez y Marín, más algún tipo de ingerencia directa de Rafael Cumsille.

 Que las fuerzas represivas de esa zona, a cargo de Manríquez, igualmente son responsables directos de la muerte de Eduardo "Chito" Morales, periodista, muerto de ataque cardiaco mientras asistía a su "Consejo de Guerra". Del mismo modo, los ex-presos políticos Luis Bustos y Gerardo Saavedra, fallecieron en el exilio a causa de tumores cerebrales, iniciados al ser lanzados en el corral de las mulas del Regimiento Colchagua, para ser pateados por los animales.

 Que el "equipo" represor de San Fernando estuvo compuesto además, por los siguientes personajes : Fiscal Ramirez (actual Juez de Policia Local de San Fernando, ex-militante del Partido Radical, ex-abogado de Carabineros). esponsable directo de juicios ilegales, privación de libertad ilegal, montaje falso de "evidencias" y torturas sicológicas en contra de los presos políticos. Capitan Crespo: autor directo de maltratos físicos a los prisioneros, ordenando a los conscriptos golpear en "calle de al medio", lanzamiento amarrados a los corrales de animales, entre muchas otras acciones de maltrato y humillación. Teniente Thieme: hermano del gangster de Patria y Libertad. Fui brutalmente golpeado por este oficial mientras me encontraba esposado a una litera en la Sala de Guardia del Regimiento San Fernando, el 15 de Septiembre de 1973.

 Que si de reconstruir "la memoria historica" se trata, permítanme consignar la actitud digna de dos personajes de la reacción local de Colgua. Maximiano Errazuriz y Fernando Jaramillo. Ambos tuvieron la oportunidad de saciar su rencor y odio político en algunosde nosotros. Errazuriz apareció vestido de teniente de reserva. De la noche a la mañana, pudo haberse convertido en el Cesar que decidiera la vida o la muerte de los vencidos, de quienes fuimos sus enemigos. En mi caso, en vez de ordenar la muerte, llamó a un enfermero para que aliviara mis heridas. Fernando Jaramillo, terrateniente expropiado y vilipendiado por esas cosas de la politica contingente, exigió respeto a nuestros derechos humanos, protestó por las condiciones en que se nos mantenía. Por San Fernando, el helicóptero Puma del General Arellano no dio ningún zarpaso… Mucho tiempo después, recordaríamos al Capitan Manríquez, con una botella de pisco en la mano, en una noche que hizo salir de sus celdas, a eso de las tres de la mañana, a nueve presos políticos. En la oficina del Alcaide, nos dijo que algún día tendríamos que agradecerle a "este torturador" por habernos salvado la vida…

Criminales y Cómplices:

Militares y Policías: Cor. Hernán Brantes Martínez Cdte.Reg. “Colchagua”; Capitán Ricardo Manríquez Pearson (jefe del SIM del Regimiento “Colchagua” y Jefe de la Policía de Investigaciones de San Fernando en Septiembre del 1973);  Capitán Crespo; Teniente Thieme; suboficial de Ejército Francisco Marín González; Fiscal Ramírez (actual Juez de Policía Local de San Fernando, ex-militante del Partido Radical, ex-abogado de Carabineros); Los Oficiales de Policía Mario Ubilla Muñoz; José Valladares Salazar; los inspectores Carlos Fernando Yañez Campo y "Chinica" Morales; los subcomisarios Muñoz Cartes y Plutarco Garrido.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; Política Cono Sur; Libro:”Tal como soy”; Diario “La Nación”; 24horas.cl; Memoriaviva;

En mi condición de ex Preso Político en esa zona, puedo declarar lo siguiente:

 Atestiguo que [el ex-capitán de ejército Ricardo] Manríquez Pearson fue torturador. Fui torturado en la Comisaría de Investigaciones de San Fernando. El, junto a su ayudante, Sargento Marín y los Inspectores Fernando Yañez y "Chinica" Morales, fueron los encargados directos de los maltratos físicos, golpes eléctricos , golpizas, privación de agua y alimentos, tortura sicológica y otros de que fuimos objeto muchos de los prisioneros de ese entonces.

 Manríquez es autor directo y personal de cuasi homicidio en contra del entonces Secretario Provincial del Partido Comunista de Colchagua, Héctor Figueroa, al dispararle a la cabeza mientras éste huía desde una población de San Fernando, donde había concurrido a persuadir a los pobladores para "no dejarse provocar" por los militares golpistas y no realizar actividad alguna en contra de los alzados. La bala rozó a cabeza de Figueroa.

 Que Justino Vásquez Muñoz, Regidor Socialista, nunca llegó a los recintos de detención, pero siempre supimos que había sido detenido en la vía pública por el "Chinica" Morales, Yañez y Marín, más algún tipo de ingerencia directa de Rafael Cumsille.

 Que las fuerzas represivas de esa zona, a cargo de Manríquez, igualmente son responsables directos de la muerte de Eduardo "Chito" Morales, periodista, muerto de ataque cardiaco mientras asistía a su "Consejo de Guerra". Del mismo modo, los ex-presos políticos Luis Bustos y Gerardo Saavedra, fallecieron en el exilio a causa de tumores cerebrales, iniciados al ser lanzados en el corral de las mulas del Regimiento Colchagua, para ser pateados por los animales.

 Que el "equipo" represor de San Fernando estuvo compuesto además, por los siguientes personajes : Fiscal Ramirez (actual Juez de Policia Local de San Fernando, ex-militante del Partido Radical, ex-abogado de Carabineros). esponsable directo de juicios ilegales, privación de libertad ilegal, montaje falso de "evidencias" y torturas sicológicas en contra de los presos políticos. Capitan Crespo: autor directo de maltratos físicos a los prisioneros, ordenando a los conscriptos golpear en "calle de al medio", lanzamiento amarrados a los corrales de animales, entre muchas otras acciones de maltrato y humillación. Teniente Thieme: hermano del gangster de Patria y Libertad. Fui brutalmente golpeado por este oficial mientras me encontraba esposado a una litera en la Sala de Guardia del Regimiento San Fernando, el 15 de Septiembre de 1973.

 Que si de reconstruir "la memoria historica" se trata, permítanme consignar la actitud digna de dos personajes de la reacción local de Colgua. Maximiano Errazuriz y Fernando Jaramillo. Ambos tuvieron la oportunidad de saciar su rencor y odio político en algunosde nosotros. Errazuriz apareció vestido de teniente de reserva. De la noche a la mañana, pudo haberse convertido en el Cesar que decidiera la vida o la muerte de los vencidos, de quienes fuimos sus enemigos. En mi caso, en vez de ordenar la muerte, llamó a un enfermero para que aliviara mis heridas. Fernando Jaramillo, terrateniente expropiado y vilipendiado por esas cosas de la politica contingente, exigió respeto a nuestros derechos humanos, protestó por las condiciones en que se nos mantenía. Por San Fernando, el helicóptero Puma del General Arellano no dio ningún zarpaso… Mucho tiempo después, recordaríamos al Capitan Manríquez, con una botella de pisco en la mano, en una noche que hizo salir de sus celdas, a eso de las tres de la mañana, a nueve presos políticos. En la oficina del Alcaide, nos dijo que algún día tendríamos que agradecerle a "este torturador" por habernos salvado la vida…

El martes 20 de noviembre de 1973 la ciudad de San Fernando amaneció con la tranquilidad aparente de aquellos días soleados en provincia, donde todo parecía normal, pero no lo era. La cárcel ya estaba atestada de detenidos políticos. Como todos los días laborales, el maestro Justino Vásquez Muñoz se levantó al despuntar el alba para tomar el automotor de las 7:30 en el que viajaba unos siete kilómetros para llegar a la escuela pública de Polonia donde enseñaba. Su labor de maestro la alternaba con la política: era regidor por San Fernando electo por el Partido Socialista; secretario provincial de la Central Unica de Trabajadores; y había sido el secretario regional del PS, en los meses convulsionados cuando el Presidente Allende requería más que nunca el apoyo de los partidos de la UP, a esa altura ya irremediablemente dividida en dos opciones estratégicas irreconciliables.

La misma mañana en el regimiento de Infantería de Montaña Nº19 “Colchagua” en San Fernando, el capitán Ricardo Manríquez Pearson, desde muy temprano, alternaba sus tareas entre la Sección II de Inteligencia del Ejército en la zona, y su cargo como flamante jefe del cuartel de la Policía Civil de Investigaciones en la ciudad. El Ejército había intervenido a esa institución e instaló allí al capitán Manríquez, para dirigir la represión y ordenar las detenciones de quienes eran considerados peligrosos o subversivos.

Ese día el profesor Vásquez no llegó a la escuela de Polonia y desapareció para siempre. El funcionario de Investigaciones de San Fernando Carlos Yánez Campos, le dijo esa misma mañana a la esposa del maestro Vásquez, Tania González, que la orden de detención emanó del capitán Manríquez. Le explicó que ese día 20 de noviembre él tenía la orden de detenerlo para llevarlo “al Servicio de Inteligencia Militar a las 11 horas. El SIM está a cargo del capitán Manríquez Pearson”, informó a la esposa. Pero Yánez se disculpó con ella diciéndole que cuando llegaron esa mañana a la casa ya su esposo no estaba y no alcanzaron a detenerlo en la estación de ferrocarriles, antes de que tomara el tren. Le dijo que no lo hallaron más.

El capitán Manríquez, en retiro del Ejército desde hace años, es hoy funcionario de la Cancillería chilena, diplomático “de carrera” como él mismo se define, y actualmente es el cónsul general de Chile en Honduras, radicado en la capital Tegucigalpa. Su cargo aparece confirmado en la página electrónica de la Cancillería. En una fotografía del 20 de noviembre de 2003 publicada en el diario El Heraldo de Tegucigalpa, que acompaña esta crónica, el capitán (R) Manríquez aparece posando junto a la nueva embajadora de Chile en Honduras, la ex intendenta y gobernadora Silvia Correa (DC).

Ordenó detenciones

Hace unos días el capitán (R) Manríquez debió viajar a Chile para declarar por segunda vez ante la jueza Sofía Adaros Riveros, del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, donde se instruye la querella por secuestro y desaparición interpuesta en 1979 por la esposa del ex regidor. En el proceso, varios funcionarios de la policía civil identifican al capitán Manríquez a cargo de ordenar en ese tiempo las detenciones en la ciudad y zonas cercanas, lo que el mismo Manríquez no le ocultó a la jueza Adaros.

 “Dentro de mis cargos militares estaba a cargo de la Sección II de Inteligencia (…) Algunos días con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, pudo ser el 15 de septiembre, recibí la orden del Comandante de la Guarnición de hacerme cargo de la Comisaría de la Policía de Investigaciones de San Fernando (…) Respecto de la persona que se me consulta de nombre Luis Justino Vásquez Muñoz, debo manifestar que no recuerdo ninguna circunstancia vinculada a esta persona. Pero es posible que en cumplimiento de mis funciones como jefe de Investigaciones, haya firmado una orden ejecutiva para que el personal de Investigaciones detuviera a la mencionada persona (…) Durante mi jefatura firmé considerable número de tales órdenes”, reconoció el capitán-cónsul a la magistrada.

Cifras

De acuerdo a la información consolidada de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, basada en el Informe Rettig y el complementario, Justino Vásquez aparece, hasta ahora, como el único desaparecido de la VI Región, pero se registran nueve ejecutados.

“El capitán Manríquez me mandó a la tortura”

Pero más allá de las decenas de funcionarios de la Policía Civil que en el proceso admiten que trabajaron bajo las órdenes del capitán Manríquez, entre ellos además de Carlos Yánez, Mario Ubilla Muñoz; el subcomisario (R) Muñoz Cartes; José Valladares Salazar; y el comisario Plutarco Garrido quien agregó en su declaración que “Manríquez estaba a cargo de lo antisubversivo”, es el suboficial (R) de Ejército Francisco Marín González que trabajó bajo el mando de Manríquez en la Sección II de Inteligencia en San Fernando, quien hace la descripción más clara de su capitán.

Dijo el suboficial (R) a la jueza que “de lo de Vásquez me enteré cuando en la guardia el policía Yánez con otro le informaron al capitán Manríquez Pearson que no lo pudieron encontrar para detenerlo”. Sin embargo, existen testigos que esa mañana vieron a “cuatro individuos de civil” que “interceptaron al profesor Vásquez y lo hicieron subir a un automóvil blanco”.

El suboficial (R) agrega: “mi capitán Manríquez era violento, era un experto karateca. Cuando llegó Castro Souriten (otro oficial) le puso límites a mi capitán”.

El ex prisionero en San Fernando José Madariaga Céspedes es más directo: en su libro “Tal como soy” acusa que el capitán Manríquez, luego de conversar con él estando detenido, ordenó que lo torturaran. El ex detenido de San Fernando Pedro Videla Hormazábal, declaró en el juicio que el carabinero de esa ciudad Carlos Becerra Herrera, le dijo un día que al profesor Vásquez “lo tiraron al mar en Pichilemu”.

Revisado el Informe de las Fuerzas Armadas sobre el destino de 200 desaparecidos a raíz de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, si bien entre 151 detenidos arrojados al mar no aparece el profesor Vásquez, sí figuran 17 lanzados al “mar Pichilemu”.

El cónsul general de Chile en Honduras, Ricardo Manríquez Pearson, ha declarado dos veces como inculpado en el proceso por el secuestro y desaparición de un profesor en la ciudad de San Fernando, en 1973, revela hoy el diario "La Nación", de Santiago.

Cuando Augusto Pinochet encabezó el golpe militar que lo llevó al poder, el 11 de septiembre de 1973, Ricardo Manríquez era capitán del Ejército y dirigía la sección de Inteligencia del Regimiento "Colchagua", de San Fernando, a 140 kilómetros al sur de Santiago.

Tras el golpe, fue designado además jefe de la Policía de Investigaciones de esa localidad y en tal calidad, según reconoció en el juicio, dictó numerosas órdenes de detención contra opositores al régimen militar.

Uno de ellos fue el profesor y dirigente socialista Luis Justino Vásquez Muñoz, que el 20 de septiembre de 1973 salió de su casa para ir a trabajar y nunca más volvió.

En su declaración ante la jueza Sofía Adaros, que lleva el caso en San Fernando, Ricardo Manríquez admitió la posibilidad de haber ordenado la detención del profesor, pero aseguró que jamás lo vio ni lo interrogó pues sus subalternos le informaron de que había escapado.

En la época, funcionarios de la policía dijeron a la familia que no habían detenido a Luis Justino Vásquez, pues aparentemente había abandonado la ciudad en un tren.

Sin embargo, en el mismo proceso un ex suboficial declaró que el maestro fue interceptado por cuatro sujetos de civil que se lo llevaron en un automóvil blanco y que tiempo después le contaron que había sido lanzado al mar.

"La Nación" incluye también declaraciones de ex presos políticos que describen al entonces capitán Martínez como un hombre violento y experto en kárate, que golpeaba a los prisioneros y ordenaba torturarles.

El oficial pasó de las filas del Ejército a la Cancillería y actualmente, según el periódico, se define como "diplomático de carrera" y hasta el momento, tras haber comparecido dos veces, no ha sido procesado en el caso.

Esta semana fue inaugurada la muestra itinerante “Nunca Más” en la Casa Fundacional Lircunlauta de la comuna de San Fernando. En la actividad participaron autoridades regionales y de Derechos Humanos.

“Nunca Más” consta de 13 módulos explicativos en que se tratan, entre otros temas, las comisiones de verdad en Chile; el Golpe de Estado del 11 de septiembre 1973, las demandas de verdad y justicia, donde se incorporan consejos de guerra de la región; junto con la represión y tortura, al igual que el plebiscito de 1988.

En la oportunidad, la intendenta de O’Higgins, Morín Contreras, señaló que “Chile necesita reconocer en nuestra historia que hay personas que fueron consideradas de segunda categoría y otras que se sintieron con la atribución de dañar con absoluta impunidad”. Agregó que el Museo de la Memoria “hoy nos trae los recuerdos de lo acontecido, pero también la idea de darle dignidad a aquellas personas que sintieron vulnerados sus derechos, buscando la certeza que nunca más en Chile esto vuelva a ocurrir”.

Entre lo que se encontrará quien visite la “Itinerancia Nunca Más”, está parte del cotidiano de las reclusas del centro de detención del “Buen Pastor” de Rancagua, o un cuaderno que consigna nombres de personas ingresadas en calidad de detenidos por motivos políticos en el Regimiento de Infantería N°19 Colchagua, sucedido entre el 17 y 29 de septiembre de 1973, entre otros.

La exposición se encuentra instalada al interior del Museo y Casa Fundacional Lircunlauta de la Municipalidad de San Fernando, y es por ello que el alcalde de la comuna, Luis Berwart también destacó el hecho que haya sido la capital de la provincia la elegida para tener esta muestra, “Para nosotros es un orgullo haber sido escogidos y recibir a esta exposición. Un país que no se reconoce o no sabe el legado por lo que ha tenido que pasar, es difícil que pueda avanzar, y esta muestra nos hace recordar parte de nuestra historia reciente y nos hace reflexionar de que Nunca Más algo así debe ocurrir”, señaló el edil.

La muestra estará presente en San Fernando y Colchagua  hasta el 14 de junio, con horarios de visitas de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Luego la Itinerancia Nunca Más se trasladará a la ciudad de Rancagua, para continuar con el proyecto.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza Espinosa condenó a un oficial en retiro del Ejército por su responsabilidad en el homicidio del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, ocurrido en octubre de 1973 luego de ser sometido a torturas en el regimiento «Colchagua» de San Fernando.

El magistrado condenó al brigadier de Ejército en retiro  Eduardo Arriagada Rehren a la pena de 7 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio del también propietario de un diario local y que fue detenido en Santiago en septiembre de  1973 y llevado hasta San Fernando, ciudad en la que que permaneció detenido en régimen de incomunicación mientras era torturado.

El ministro Carroza Espinosa absolvió a los miembros en retiro de Investigaciones de Chile Hernán Guzmán Allende y José Valladares Salazar.

La investigación del ministro Carroza estableció que: 

«Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, el Departamento II que oficiaba de Unidad de Inteligencia en el Regimiento N° 19 «Colchagua» de la ciudad de San Fernando, estableció un sistema de trabajo planificado, organizado y jerarquizado, destinado a identificar, detener y destruir física y moralmente a personas consideradas de alta connotación política, participantes y/o simpatizantes del depuesto Gobierno de Salvador Allende Gossens;

Este Departamento II solo rendía cuenta diaria de su quehacer al Coronel Hernán Brantes Martínez, quien estaba al mando del Regimiento N° 19 «Colchagua» y actualmente se encuentra fallecido, el que para lograr los fines propuestos resuelve intervenir el cuartel de Investigaciones y entregarle el mando al Oficial de Ejército Capitán Manríquez Pearson, también fallecido, quien sería finalmente el que utilizaría los recursos materiales y humanos de dicha policía para que colaboraran en las detenciones e interrogatorios, aplicándoles a los civiles normas de¡ estado de guerra y para ello se habilitan las instalaciones del Regimiento como lugar de encierro e interrogación, junto a la unidades de la Cárcel Pública y el Cuartel de Investigaciones, desde donde los prisioneros eran llevados a la presencia de¡ Fiscal Judicial de la época.

Que así las cosas, el día 26 de septiembre de 1973, Archibaldo Morales Villanueva, locutor de Radio San Fernando, es detenido junto a su amiga Eva Valiente Espinoza, en el domicilio de ésta, ubicado en calle Curicó N° 33, segundo piso, departamento A de la ciudad de Santiago, por la Prefectura Móvil de Servicios Especiales de la Policía de Investigaciones, a propósito de una orden emanada del entonces Capitán de Ejército Ricardo David Manríquez Pearson, Oficial interventor y encargado del Cuartel de la Policía de Investigaciones de San Fernando, que respondía al mando del Coronel Brantes.

Que ambos detenidos permanecieron en Santiago en el Cuartel de Investigaciones, hasta que fueron trasladados a la ciudad de San Fernando el día 29 de septiembre de mismo año, oportunidad en que ingresan a la guardia de dicho cuartel de la VI Región, alrededor de las 13:00 horas.

El detenido Archibaldo Morales, conocido en la zona como «Chito Morales», una vez que es interrogado se le traslada hasta la Cárcel Pública de San Fernando, donde permanece incomunicado alrededor de 43 días, sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar, que para esos efectos se había constituido en el Regimiento N° 19 «Colchagua», a cargo del Fiscal Militar Juan Ramírez Rojas.

Un día del mes de octubre, alrededor de mediodía, un grupo de detenidos esperaba ser interrogado por el Fiscal Ramírez y a Archibaldo Morales se le mantenía en la guardia del Regimiento, con indicios evidentes de haber sido torturado , y al querer incorporarse a la fila de los detenidos para ser interrogado, se desvanece y hubo que llevarle a la enfermería del recinto militar, donde sería atendido por el Médico del Regimiento, el Oficial de Sanidad e integrante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), doctor Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, quien luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía , pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal, esto es,

«Considerando el resultado del examen toxicológico que estableció la presencia de barbitúricos y de persantin (dipiridamol) en las muestras óseas de Archibaldo Morales Villanueva, no puede descartarse la participación de terceros en los eventos que determinaron la muerte de la víctima, toda vez que el afectado se encontraba dentro de un recinto penitenciario, por lo menos 43 días previos a su deceso. Que la muerte de Archibaldo Morales Villanueva se produce encontrándose este en calidad de detenido y bajo custodia de agentes del Estado, por lo que su fallecimiento corresponde clasificarse —desde un punto de visto médico legal- como una muerte en custodia». El certificado de defunción señala como causa de su muerte Paro Cardiaco e Infarto al miocardio el día 12 de noviembre de 1973 a las 13:10 horas»

En el aspecto civil se sentenció al condenado y al Fisco a pagar una indemnización total $ 192.000.000 (ciento noventa y dos millones de pesos) a los familiares de las víctimas.

Siete años de condena recibió Eduardo Arriagada Rehren.

El ministro en visita  Mario Carroza condenó al oficial en retiro del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, a 7 años de presidio. La razón es su responsabilidad en el homicidio del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, en el regimiento “Colchagua” de San Fernando, en octubre de 1973.

El magistrado condenó al brigadier por el asesinato del también propietario de un diario local, que fue detenido en Santiago en septiembre de de ese año, días después del golpe militar. El comunicador fue llevado hasta San Fernando, donde permaneció detenido sin comunicación y bajo torturas.

Detención de Archibaldo Morales en 1973

“El día 26 de septiembre de 1973, Archibaldo Morales Villanueva, locutor de Radio San Fernando, es detenido junto a su amiga Eva Valiente Espinoza, en el domicilio de ésta, ubicado en calle Curicó N° 33, segundo piso, departamento A de la ciudad de Santiago, por la Prefectura Móvil de Servicios Especiales de la Policía de Investigaciones”, tras una orden del Coronel Hernán Brantes Martínez-fallecido-, quien estuvo al mando del Regimiento N° 19 “Colchagua”.

En el fallo se explica que los Morales y Valiente estuvieron en el Cuartel de Investigaciones de Santiago. Eso hasta que fueron trasladados a la ciudad de San Fernando el día 29 de septiembre.

“El detenido Archibaldo Morales, conocido en la zona como ‘Chito Morales’, una vez que es interrogado se le traslada hasta la Cárcel Pública de San Fernando, donde permanece incomunicado alrededor de 43 días, sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, indica.

Un mes de torturas

En el texto se precisa que la muerte de Archibaldo ocurre en octubre, cuando intentan sumarlo a una fila, junto a un grupo de detenidos que aguardaban ser interrogados por el Fiscal Ramírez.

La víctima, con signos evidentes de tortura, se desvaneció en el momento y fue llevado a la enfermería del recinto militar, donde sería atendido por el médico del Regimiento, el oficial de Sanidad y miembro de la CIE, Eduardo Adolfo Arriagada Rehren.

Luego de examinarlo, el galeno decide inyectarle un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle un infarto al miocardio. Morales Villanueva se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal.

Causa de muerte

“Considerando el resultado del examen toxicológico que estableció la presencia de barbitúricos y de persantin (dipiridamol) en las muestras óseas de Archibaldo Morales Villanueva, no puede descartarse la participación de terceros en los eventos que determinaron la muerte de la víctima, toda vez que el afectado se encontraba dentro de un recinto penitenciario, por lo menos 43 días previos a su deceso. Que la muerte de Archibaldo Morales Villanueva se produce encontrándose este en calidad de detenido y bajo custodia de agentes del Estado, por lo que su fallecimiento corresponde clasificarse —desde un punto de visto médico legal- como una muerte en custodia”.

El certificado de defunción señala como causa de su muerte Paro Cardiaco e Infarto al miocardio el día 12 de noviembre de 1973 a las 13:10 horas”, detallan en el parte.

También, se sentenció al condenado y al Fisco a pagar una indemnización total $ 192 millones a los familiares de las víctimas.

Corte estableció que el coronel (r) Eduardo Arriagada Rehren suministró en 1973 Persantin al detenido Archivaldo Morales, sabiendo que la condición en la que lo habían dejado las torturas podía implicar su fallecimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó de 7 a 10 años y un día de presidio la condena que deberá cumplir el coronel (r) del Ejército y médico Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, crimen perpetrado en noviembre de 1973 en la ciudad de San Fernando, Región de O’Higgins.

En una fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada modificó la pena que había impuesto el ministro en visita Mario Carroza, al rechazar que concurra en este caso la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por parte del especialista.

Carroza dio por establecido que el 26 de septiembre de 1973 el locutor de Radio San Fernando, Archibaldo Morales, fue detenido en Santiago por la Policía de Investigaciones y trasladado tres días después a San Fernando. Tras ser interrogado, Morales fue llevado a la Cárcel Pública de San Fernando, donde estuvo incomunicado por alrededor de 43 días, “sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, la que funcionaba en el Regimiento Nº 19 Colchagua, a cargo de Juan Ramírez Rojas.

Días después, ya en el mes de octubre, mientras esperaba en la guardia del regimiento ser interrogado por el Fiscal Ramírez -“con indicios evidentes de haber sido torturado”-, quiso incorporarse a la fila de los detenidos, pero se desvaneció, siendo llevado a la enfermería del recinto militar.

Ahí fue atendido por el médico del regimiento, el oficial de Sanidad e integrante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), el aludido doctor Eduardo Arriagada Rehren, quien -como estableció el fallo- “luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía, pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal”.

En ese sentido, la resolución judicial enfatiza que “los antecedentes del proceso dan cuenta que el acusado Arriagada tenía pleno conocimiento de la privación de libertad del señor Morales, puesto que su asistente era pareja de este último, y le consultaba habitualmente por su estado”.

Por otra parte, se apunta que sabía quién era el detenido debido a que se trataba de “un conocido periodista de la localidad, locutor de un programa de radio, que constantemente criticaba su gestión como director del Hospital de Chimbarongo”, y que “conocía la condición física de la víctima producto de las torturas, la cual era, según los testigos, evidente y notoria”.

Esto último adquirió relevancia para el juez Carroza a la hora de dictar condena, bajo el argumento de que como “conocedor de la situación que afectaba a la víctima (torturas y encierro permanente, por un periodo prolongado, con el subsecuente nivel de tensión que ello naturalmente conlleva en una persona), decidió inyectarle el medicamento denominado Persantin (…), sabiendo la reacción inminente que causaría en aquella, justamente dado por la profesión de desarrollaba”.

Junto con ello, en el fallo se advierte además que el doctor Eduardo Arriagada introdujo a la cárcel por iniciativa propia dicho medicamento, debido a que este “no se encontraba en el Servicio de Salud de la zona de O’Higgins”.

Por último, se destaca en la resolución que “el hecho de que (el medicamento) aún permanezca en los restos de la víctima, demuestra que la cantidad inoculada fue a todas luces excesiva, considerando las condiciones físicas de aquella, conocida por Arriagada, por lo que no resulta aceptable lo alegado por su defensa, en el sentido de que se limitó a actuar en su calidad de médico, no existiendo dolo homicida”.

En el aspecto civil, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $300.000.000 la indemnización que el fisco y el condenado deberán pagar solidariamente a los hijos de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá purgar Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, ex oficial de Ejército, ex general de Sanidad y ex médico, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado del periodista Archibaldo Morales Villanueva, cometido en la ciudad de San Fernando, provincia de Colchagua, en noviembre de 1973.

Archibaldo Morales, de 43 años de edad, era un reconocido militante comunista que trabajaba como locutor en Radio Manuel Rodríguez, reportero en el Diario La Región, y creador del periódico "El Guerrillero", todos medios públicos de comunicación en la ciudad de San Fernando en aquella época. Desde esas tribunas demostraba su apoyo irrestricto al gobierno de Salvador Allende y criticaba las asonadas reaccionarias de la derecha y los ataques de bandas terroristas de ultraderecha que operaban en la zona central del país.

Por la misma razón, ocurrido el golpe militar que derrocó al gobierno popular, comenzó a ser buscado por las fuerzas represivas y civiles de derecha. Archibaldo se refugió en casa de una amiga en la ciudad de Santiago, sin embargo, en esta residencia fue detenido el 26 de septiembre de 1973 por agentes represivos enviados desde San Fernando. Estos lo trasladan hasta la ciudad colchagüina en donde lo ingresan como detenido al Regimiento de Montaña N° 19 "Colchagua".

En este recinto militar fue sometido a constantes y brutales torturas por agentes represores del Servicio de Inteligencia Militar y del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE) al que pertenecía el entonces médico con el grado de Mayor de Sanidad Eduardo Arriagada Rehren.

Este individuo, hasta el golpe militar, fungía como director del Hospital de Chimbarongo y había recibido denuncias acusado de negligencia médica por la muerte de un paciente en  la sala de espera del establecimiento asistencial. Desde la Radio en que trabajaba, Archivaldo Morales se encargó de enrostrar el deficiente servicio del médico Arriagada.

Eduardo Adolfo Arriagada Rehren | Memoria Viva

En semanas posteriores, el detenido Archibaldo Morales es trasladado e ingresado detenido e incomunicado en la Cárcel de San Fernando desde donde los prisioneros eran sacados para ser torturados o interrogados por los agentes de inteligencia o la fiscalía. Morales murió al interior del Regimiento "Colchagua", el 12 de noviembre de 1973 donde había sido llevado a fines de octubre para ser supuestamente interrogado por el Fiscal Militar.

Sometido a brutales torturas no volvió a la cárcel pública. Murió bajo custodia de Arriagada, quien le aplicó una inyección de "Persantín", una droga que le provocó la muerte casi inmediata a consecuencia de diversos trastornos fisiológicos causados por el medicamento. Los exámenes toxicológicos practicados en el curso de la reciente investigación judicial a los restos de la víctima establecieron la presencia de pentotal y persantín, lo que demuestra la participación de terceros en su fallecimiento, concluye la Corte de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 6.494-2019), la Séptima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Lilian Leyton, Alberto Amiot y el abogado (i) Jorge Norambuena- elevó a 10 años y un día de presidio la pena de 7 años que le había sido impuesta por el ministro en visita Mario Carroza, al rechazar que concurra en la especie la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

El medicamento denominado persantín era un producto que no se encontraba disponible en el Servicio de Salud de la zona de Colchagua y O'Higgins, sino que de manera irregular y por decisión propia el individuo Arriagada Rehren lo obtiene de fuentes extrañas fuera de la zona, lo introduce en el recinto militar y se lo administra a la Archibaldo Morales a sabiendas de las consecuencias que causaría en la víctima.

Esta forma de operar del ex médico deja al descubierto sus tempranas relaciones con las dependencias del CIE dedicadas a producir elementos químicos para atentar contra personas objeto de sus acciones represivas y sus fines criminales.

Un similar ejercicio criminal con elementos químicos desarrolló este individuo ex médico en diciembre de 1981 cuando envenenó a siete presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago inyectando toxina botulímica en alimentos que serían ingeridos por las víctimas. La acción criminal causó la muerte de dos presos y dejó graves y con severas consecuencias a otros cinco prisioneros políticos de la dictadura.

Por la acción criminal en la Cárcel Pública en 1981, Arriagada Rehren fue condenado en febrero de 2017 en fallo de primera instancia a 20 años de presidio por el ministro Alejandro Madrid; esta condena fue reducida a 15 años de prisión por la Corte de Apelaciones en enero de este año. Con una actuación criminal que prolongó durante toda la dictadura este individuo fue ascendido sucesivamente hasta alcanzar el grado de general de Ejército con el que se fue a retiro.

Este ex general, ex agente criminal, ex médico, cuyo prontuario sigue en desarrollo, fue expulsado del Colegio Médico el 18 de julio de 2018.