Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Rancagua

La Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Rancagua era una cárcel exclusivamente de mujeres, administrada por la Congregación de las Monjas del Buen Pastor.

Entre los años 1973 y 1974 se concentró el mayor número de detenidas políticas en ese lugar. Durante la década de los ochenta se registraron algunos casos aislados.

Las mujeres llegaban al Buen Pastor después de haber sido interrogadas y torturadas en los otros recintos, por lo que arribaban en muy malas condiciones de salud, algunas de ellas con orden de permanecer incomunicadas por cierto tiempo.

Fuentes de información Consultadas: Informe Valech; Archivo Memoriaviva;

“Para la época del Golpe de Estado vivía con mis padres. Militaba en el Partido Comunista, tenía 26 años.

Me tomaron detenida el 6 octubre de 1973, en mi domicilio ubicado en calle El Niche 245, San Vicente de Tagua Tagua, en la noche. Eran carabineros, no les quería abrir la puerta, la hicieron pedazos, me sacaron a pesar de que andaban hace muchos días buscándome. No sabía por qué. Eran cuatro carabineros. Destrozaron cosas en la casa, no quería que me llevaran, me resistí, mordí a un carabinero y de vuelta recibí un golpe muy fuerte en la boca, que botaron los dientes y me rompieron la ceja. Llevaban a otras personas también, a un vecino que está muerto. Los pusieron uno encima de otro en un furgón.

No sé dónde me llevaron a mí. Me torturaron y violaron durante varios días, calculo que serían unos ocho días. Después cuando volví a tener conciencia, me di cuenta que estaba en Rancagua, en el Buen Pastor, era una cárcel de mujeres. Perdí conciencia y después me di cuenta que aparecí en la cárcel. Ahí estuve hasta el 14 de febrero 1974.

Mi papá habló con su patrón, don Rafael Urzúa y por intermedio de él me dejaron salir de la cárcel. Me condenaron y tuve que ir a firmar todos los meses a un retén de Carabineros.

Había más gente cuando me torturaban. Me pusieron corriente. Después me miraba en un vidrio y no me reconocía, morada la cara, la boca. El pecho lo tenía todo inflamado, no se todo lo que me hicieron.

Fue tan fuerte todo, que me fui al cerro, sola, por unos 15 años, con mis animales. No quería vivir en el pueblo, con la gente, no quería saber de nada. Un tiempo fui al siquiatra del PRAIS de Rancagua y me intoxiqué con remedios, no sé usarlos. Nunca he podido hacer una vida normal, esto me destrozaron física y moralmente, nunca pude tener pareja, amigos, nada. No tengo hijos, mi trauma es el miedo, no puedo ni quiero establecer relaciones con nadie.

Mi familia escondió lo que había pasado, en el pueblo dijeron que yo me había ido a trabajar, pero como habían otros detenidos, igual se supo. Entonces el efecto fue la discriminación, nunca volvimos a ser los mismos, tampoco me daban trabajo. Truncaron absolutamente mi vida.

Por lo expuesto, fui reconocida por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, individualizados en la “Nómina de personas reconocidas como víctimas”, en etapa de reconsideración, elaborado por la Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Mi registro como víctima es el Nº 265.”

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó al oficial en retiro del Ejército Luis Alberto Medina Aldea a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de autor de los delitos de aplicación de tormentos a detenidos en la antigua Intendencia de Rancagua por orden de la Fiscalía Militar.

En el fallo (causa rol 451-2017), el ministro en visita condenó al excoronel como autor de los delitos reiterados de torturas y/o tormentos aplicados a las víctimas: Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz, Marcos Erik Pezoa Salfate, Manuel Jesús Lara Bustamante, Alfonso Araya Salinas, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Adolfo Ernesto Lara Bustamante, Orlando Martín Moraga Fuentealba, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y María Luisa Gutiérrez Catalán; y en calidad de autor de los delitos de torturas y/o tormentos y abusos deshonestos en contra de Rosa Victoria Bustamante Valdebenito.

«La pena impuesta se le suspenderá y se le otorga el beneficio de la libertad vigilada intensiva , al reunirse los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, estableciéndose un plazo de intervención de cinco años, y el cumplimiento de las condiciones impuestas en el artículo 17 de la citada ley», agrega la resolución.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:
1.- El día 11 de septiembre de 1973, se decreta estado de sitio en todo el territorio de la República de Chile, y estado de emergencia en las provincias y departamentos de país, y designado como Jefe e Intendente de la entonces provincia de O’Higgins el Coronel de Ejército Cristián Ackerknecht San Martín, quien para cumplir dichas funciones, deja de prestar labores directamente en el Regimiento de la ciudad y organiza una oficina de informaciones en dependencias de la antigua Intendencia de Rancagua, ubicada en la plaza principal de esa ciudad. Asimismo, y por instrucción directa del citado Coronel, se constituye al interior de dicho inmueble la Fiscalía Militar a cargo del Capitán de Ejército Bruno Enriotti Zuleta (fallecido), ante la cual se realizaron numerosos Consejos de Guerra.

2.- Establecido el servicio de inteligencia en la ciudad de Rancagua, éste contaba con un equipo colaborador que estaba conformado por dos funcionarios de Investigaciones de apellidos Acevedo y Fagalde (ambos fallecidos) y también, por el entonces Teniente del Ejército Luis Alberto Medina Aldea, quien se dedicaba a la identificación e interrogatorio de las personas detenidas por motivos políticos, para ello se le releva temporalmente de sus funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña N° 22 Lautaro, a modo que cumpliera exclusivamente funciones en la Fiscalía Militar y ejerciera eventualmente, como secretario del Tribunal Castrense.

3.- Entre las actividades y operativos realizados por el servicio de inteligencia a partir del mes de septiembre de 1973 en la entonces provincia de O’Higgins, resultaron privados de su libertad personal y luego fueron interrogados en dependencias de la antigua Intendencia, Marcos Erik Pezoa Salfate, Alfonso Araya Salinas, Orlando Martín Moraga Fuentealba, Adolfo Lara Bustamante, Manuel Jesús Lara Bustamante, María Luisa Gutiérrez Catalán, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y Alfredo Antonio Martínez Córdova, todos militantes del Partido Comunista o Partido Socialista, a excepción de María Gutiérrez Catalán, quien era funcionaria del Juzgado de Policía Local de Machalí. Una vez detenidos por distintas unidades policiales y militares de la Región, fueron trasladados e ingresados a la Cárcel Pública de Rancagua, y en el caso de María Gutiérrez Catalán en la Cárcel de Mujeres, «El Buen Pastor», de la misma ciudad. Desde esos lugares conducidos en distintas fechas y horas por funcionarios de Investigaciones o del Ejército hasta las instalaciones en que estaba instalada la Fiscalía Militar.

4.- En dependencias de la Fiscalía Militar los detenidos fueron interrogados por el equipo designado para esas funciones, siendo sometidos a sesiones de torturas, les golpearon con los puños, pies, y un «tonto de goma» -vara metálica recubierta con goma-, en distintas partes de sus cuerpos, les aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, manos, brazos, piernas y rostro, y además fueron amenazados de muerte. María Gutiérrez Catalán conjuntamente con los flagelos descritos fue violentada sexualmente.

5.- Los detenidos, Manuel Lara Bustamante, Adolfo Lara Bustamante, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Joel Antonio Quintana García y David Eleuterio Quintana García, fueron condenados en Consejo de Guerra, y el resto quedó en libertad en diferentes fechas, entre los meses de octubre de 1973 y enero de 1976, sin que hubiesen sido sometidos a proceso alguno.

6.- El servicio de inteligencia continuó su funcionamiento, y a mediados del mes de diciembre de 1973 por orden de la Fiscalía Militar de Rancagua, se realizó un operativo en el sector de la Población Esperanza de esa ciudad, coordinado por el Ejército y por la Policía de Investigaciones, en el que resultaron detenidos Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz y Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 18 años de edad.

7.- Los detenidos fueron en primer lugar retenidos en el Cuartel de Investigaciones, luego trasladados al ex Presidio y ex Cárcel de Mujeres «El Buen Pastor», respectivamente, y llevados posteriormente en reiteradas ocasiones a la Fiscalía Militar de la ciudad de Rancagua. En el primer recinto fueron sometidos a interrogatorios por funcionarios de la institución, quienes les propinaron golpes de pies y puños, y además los golpearon con un «tonto de goma» -vara metálica recubierta con goma-.

8.- En circunstancias que se encontraban en dependencias de la Fiscalía Militar, ubicada al interior de la Intendencia de la ciudad en aquella época, nuevamente son sometidos a sesiones de torturas y apremios ilegítimos, interrogados con la vista vendada, reciben constantes amenazas de ejecución, les propinaron golpes de puños y patadas en diferentes partes de sus cuerpos, recibieron descargas eléctricas en manos, brazos, pies y testículos en el caso de los hombres, y aplicación de descargas eléctricas en los pezones y abusos deshonestos en el caso de la única mujer de este grupo de detenidos, quien sufrió tocaciones en sus senos, le desgarraron la ropa y se frotaron con su cuerpo desnudo encima de un escritorio.

9.- Este grupo de jóvenes que se encontraban detenidos en el ex Presidio de Rancagua, y en la Cárcel de Mujeres «El Buen Pastor», fueron dejados en libertad el 31 de diciembre de 1973, sin que hubiesen sido sometidos a proceso por tribunal alguno.

En el aspecto civil, el fallo condenó a Medina Aldea y al Estado de Chile a pagar solidariamente una indemnización total de $300.000.000 (trescientos millones de pesos) a las víctimas.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó al entonces teniente Luis Alberto Medina Aldea a la pena 5 años de presidio, en calidad de autor de los delitos.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa en contra de la sentencia que condenó a oficial del Ejército en retiro por su responsabilidad en la aplicación de apremios ilegítimos a Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz, Marcos Erik Pezoa Salfate, Manuel Jesús Lara Bustamante, Alfonso Araya Salinas, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Adolfo Ernesto Lara Bustamante, Orlando Martín Moraga Fuentealba, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García, María Luisa Gutiérrez Catalán y Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, detenidos en dependencias de la entonces Intendencia y en la cárcel de Rancagua. Ilícitos cometidos entre septiembre y diciembre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 44.836-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Eliana Quezada– descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al entonces teniente Luis Alberto Medina Aldea a la pena 5 años de presidio, en calidad de autor de los delitos.

“Que, sin perjuicio de lo anterior, en relación a la infracción de los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal, arguye que no existen antecedentes para que pudiere ser considerado autor ejecutor del artículo 15 número 1 del Código Punitivo, desde que, si bien las víctimas fueron efectivamente detenidas, los hechos descritos y tenidos como probados, son exclusivamente atribuibles al capitán de Ejército don Joaquín Molina”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Indica que, como secretario, no tenía dominio alguno del hecho ni menos mando militar sobre un capitán, mucho menos, preparación efectiva en materia de inteligencia, y asimismo, que no existen antecedentes que hubiera colaborado con hechos anteriores o simultáneos en los mismos”.

Para la Sala Penal: “(…) conforme establece el sentenciador de primera instancia en su considerando 8°, ‘En el tiempo que permanecieron privados de libertad en los distintos centros de reclusión, en diversas oportunidades fueron trasladados a la Intendencia de la región donde funcionaba también la Fiscalía Militar, para ser entrevistados tal como lo ha señalado el acusado Medina en sus indagatorias, este además sostuvo haber confeccionado las listas con los nombres de los detenidos que eran requeridos para dicha instancia, lo que dista en cuanto a la terminología empleada, de aquello referido por las propias víctimas, quienes expusieron en sus atestados haber sido sacados de los recintos penitenciarios para ser interrogados acerca de armas, nombres de otras personas, actividades, etc., y cuyas respuestas de no ser satisfactorias para sus interrogadores conllevaba una serie de agresiones psicológicas y físicas, o atentados en contra de su indemnidad sexual, sea con golpes de pies y puños en diferentes partes de¡ (sic) cuerpo, golpes con un elemento denominado por las víctimas ‘tonto de goma’, aplicación de electricidad en manos, genitales y otras partes sensibles de¡(sic) cuerpo, y además de lo anterior, en el caso de las mujeres, ataques de índole sexual, ya que se les rasgó sus vestimentas y se les efectuaron tocaciones en sus senos, piernas, y frotaron sus cuerpos con el de ellas, un daño que se ve reflejado en los informes remitidos por el servicio médico legal en sus respectivos protocolos de Estambul.

La participación de Medina en los ilícitos, se acredita con los propios dichos de los querellantes, quienes en su mayoría le han reconocido en diligencias de careo por sus rasgos físicos, y aquellos que no han tenido la certeza de si se trata de él, han sido categóricos en manifestar que están seguros que un teniente de apellido Medina los torturó en la fiscalía, y tal como lo señaló el propio acusado en sus indagatorias ‘( … ) siendo el único teniente Medina en ese entonces’, a lo que hemos agregado los testimonios de oídas de personal de Gendarmería, de otros detenidos o testigos que han declarado en el curso de la investigación, cuyos atestados se encuentran debidamente individualizado en este fallo, que dan cuenta de la participación de¡ acusado Medina Aldea en interrogatorios e incluso de ellos haber visto a algunas de las víctimas llegar en malas condiciones luego de sus interrogatorios, como también lo señaló Patricio Rodolfo Javier Núñez Oliveira, médico, quien atendió en la enfermería a los detenidos de la cárcel de Rancagua, y que da fe de las condiciones en que estos arribaban a esas dependencias’”.

“Lo anterior es ratificado por los sentenciadores de segunda instancia al referirse a la participación del sentenciado en el motivo décimo, en el que dan cuenta de los medios probatorios para asentar su participación, y, descartando cualquier error en la persona, es reconocido por parte de sus víctimas, de manera tal que con la prueba referida, no existe error de derecho al calificar la participación de Medina como autor directo, de conformidad lo establece el artículo 15 N° 1 del Código Penal. Por tal motivo el recurso tampoco puede prosperar”, releva.

Asimismo, el fallo consigna: “Que respecto de la segunda infracción de derecho que hace valer la defensa, fundada en que los sentenciadores no calificaron la conducta del sentenciado como lo ha resuelto esta Corte, la determinación de la concurrencia o no de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y calificación, si procediere, constituye una labor privativa del órgano jurisdiccional cuya decisión se concreta en el fallo, de manera que la negativa a reconocer la circunstancia atenuante no configura una infracción de ley que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo que dicha causal no puede prosperar”.

“Que –prosigue–, abocándonos al examen del tercer error de derecho denunciado por la inaplicación de la rebaja prevista en el artículo 103 del Código Penal, este será desestimado, comparte esta Corte lo razonado por el fallo en examen, debiendo nada más reiterarse que, dado que tanto la media prescripción, como la causal de extinción de la responsabilidad penal de prescripción, se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación; luego, la improcedencia de la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, puesto que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento, que es rechazado por el ordenamiento penal internacional tratándose de un delito de lesa humanidad, como el de la especie, de forma que ninguno de tales institutos resulta aceptable, conforme se ha sostenido por esta Corte reiteradamente (SCS Rol N° 17.887-2015, de 21 de enero de 2015; 24.290-2016 de 8 de agosto de 2016; 44.074-2016 de 24 de octubre de 2016; 9.345-2017, de 21 de marzo de 2018; 8.154-2016 de 26 de marzo de 2018; y, 825-2018 de 25 de junio de 2018)”.

Indemnizaciones
En el ámbito civil, el máximo tribunal acogió el recurso de casación en la forma y, en sentencia de reemplazo, fijó en $40.000.000 el monto indemnizatorio que el fisco y el condenado deberán pagar solidariamente por concepto de daño moral al recurrente, al no quedar justificado por qué se le estipuló una cifra inferior a la concedida a las demás víctimas recurrentes.

“Que las consideraciones de hecho exigen, asentar con exactitud los elementos fácticos que sirven de apoyo a las peticiones formuladas por los litigantes, orientadas a la decisión del asunto controvertido, sobre la base de los medios de justificación aportados al proceso. Ahora bien, para el debido establecimiento de los hechos, resulta imperativo que el tribunal efectúe un estudio y análisis de la prueba rendida, expresando con claridad y precisión las razones que conduzcan a darlos por acreditados, establecimiento que es igualmente necesario para el fallo del tribunal de casación, pues deberá aceptarlos aunque le merezcan una calificación jurídica distinta, a menos que se reclame y compruebe infracción a las leyes reguladoras de la prueba, que le permita asentar hechos distintos”, afirma el fallo.

La resolución recuerda que: “Esta Corte ha destacado, en diversas oportunidades, la importancia de consignar las consideraciones de hecho y de derecho como requisitos indispensables de las sentencias judiciales, que propenden a la legalidad del fallo, a la vez que posibilitan a las partes conocer las razones de la decisión, dejándolas en condiciones de interponer los recursos que estimen procedentes”.

“De este modo, por imperativo legal, toda sentencia definitiva ha de iniciar sus consideraciones con el análisis de la prueba rendida y posterior establecimiento de los hechos que se dan por probados, para luego razonar acerca del derecho aplicable y, consecuencialmente, sobre la procedencia de las acciones y defensas planteadas”, detalla.

“En este sentido –ahonda–, cabe tener en consideración que dichos motivos de invalidación tienen –según la constante jurisprudencia– un carácter esencialmente objetivo y, para pronunciarse acerca de su procedencia, basta un examen externo del fallo a fin de constatar si concurren o no los requerimientos que exige la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o legalidad de las afirmaciones que de ellas se desprendan, aquilatar su mérito intrínseco o el valor de convicción que deba atribuírseles”.

“Que, en la especie, resulta evidente que la sentencia impugnada adolece de las falencias denunciadas, toda vez que de un estudio de ella aparece –en los términos acotados en la reflexión anterior– una nula y por lo tanto insuficiente exposición de los raciocinios que le sirven de soporte, en todos sus extremos, por lo que no se ha acatado el mandato del legislador”, asevera el fallo.

“Efectivamente, la sentencia recurrida, luego de exponer las alegaciones contenidas en los recursos deducidos por las partes y citar jurisprudencia que establece la procedencia de la indemnización de perjuicios en este tipo de casos, en el considerando vigésimo expresa: ‘En conclusión, una vez que se acreditaron las secuelas sufridas por los actores, en cuanto al dolor, la angustia y consecuencias negativas que les produjeron, considerándose los parámetros antes desarrollados, además de la gravedad de los hechos ilícitos, sus consecuencias y las circunstancias en que aquel aconteció es dable considerar que en la especie, el daño se ha prolongado en el tiempo, lo que se ha materializado en heridas sin cicatrizar, ocasionándosele efectos psicológicos de carácter permanente, los que han sido explicitados latamente en la sentencia en alzada, aplicándose los principios de razonabilidad y proporcionalidad’; luego de lo cual confirma la sentencia apelada, sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a mantener, respecto del recurrente, una indemnización menor a la del resto, lo que, atendida la naturaleza de la impugnación formulada, constituye la omisión de los razonamientos de juicio denunciados por el arbitrio. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto”, explicita el fallo.

“La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que, para una adecuada resolución del asunto, era imperativo analizar los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron a Adolfo Ernesto Lara Bustamante. La controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile, con su actuar, causaron al recurrente”, concluye.

Tonto de goma
En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Mario Carroza dio por establecido los siguientes hechos:
“1.- El día 11 de septiembre de 1973, se decreta estado de sitio en todo el territorio de la República de Chile, y estado de emergencia en las provincias y departamentos de país, y designado como jefe e intendente de la entonces provincia de O'Higgins el coronel de Ejército Cristián Ackerknecht San Martín, quien para cumplir dichas funciones, deja de prestar labores directamente en el Regimiento de la ciudad y organiza una oficina de informaciones en dependencias de la antigua Intendencia de Rancagua, ubicada en la plaza principal de esa ciudad. Asimismo, y por instrucción directa del citado coronel, se constituye al interior de dicho inmueble la Fiscalía Militar a cargo del capitán de Ejército Bruno Enriotti Zuleta (fallecido), ante la cual se realizaron numerosos consejos de Guerra.

2.- Establecido el servicio de inteligencia en la ciudad de Rancagua, este contaba con un equipo colaborador que estaba conformado por dos funcionarios de Investigaciones de apellidos Acevedo y Fagalde (ambos fallecidos) y también, por el entonces teniente del Ejército Luis Alberto Medina Aldea, quien se dedicaba a la identificación e interrogatorio de las personas detenidas por motivos políticos, para ello se le releva temporalmente de sus funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña N° 22 Lautaro, a modo que cumpliera exclusivamente funciones en la Fiscalía Militar y ejerciera eventualmente, como secretario del tribunal castrense.

3.- Entre las actividades y operativos realizados por el servicio de inteligencia a partir del mes de septiembre de 1973 en la entonces provincia de O'Higgins, resultaron privados de su libertad personal y luego fueron interrogados en dependencias de la antigua Intendencia, Marcos Erik Pezoa Salfate, Alfonso Araya Salinas, Orlando Martín Moraga Fuentealba, Adolfo Lara Bustamante, Manuel Jesús Lara Bustamante, María Luisa Gutiérrez Catalán, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y Alfredo Antonio Martínez Córdova, todos militantes del Partido Comunista o Partido Socialista, a excepción de María Gutiérrez Catalán, quien era funcionaria del Juzgado de Policía Local de Machalí. Una vez detenidos por distintas unidades policiales y militares de la región, fueron trasladados e ingresados a la Cárcel Pública de Rancagua, y en el caso de María Gutiérrez Catalán en la Cárcel de Mujeres, ‘El Buen Pastor’, de la misma ciudad. Desde esos lugares conducidos en distintas fechas y horas por funcionarios de Investigaciones o del Ejército hasta las instalaciones en que estaba instalada la Fiscalía Militar.

4.- En dependencias de la Fiscalía Militar los detenidos fueron interrogados por el equipo designado para esas funciones, siendo sometidos a sesiones de torturas, les golpearon con los puños, pies, y un ‘tonto de goma’ –vara metálica recubierta con goma–, en distintas partes de sus cuerpos, les aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, manos, brazos, piernas y rostro, y además fueron amenazados de muerte. María Gutiérrez Catalán conjuntamente con los flagelos descritos fue violentada sexualmente.

5.- Los detenidos, Manuel Lara Bustamante, Adolfo Lara Bustamante, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Joel Antonio Quintana García y David Eleuterio Quintana García fueron condenados en Consejo de Guerra, y el resto quedó en libertad en diferentes fechas, entre los meses de octubre de 1973 y enero de 1976, sin que hubiesen sido sometidos a proceso alguno.

6.- El servicio de inteligencia continuó su funcionamiento, y a mediados del mes de diciembre de 1973 por orden de la Fiscalía Militar de Rancagua, se realizó un operativo en el sector de la población Esperanza de esa ciudad, coordinado por el Ejército y por la Policía de Investigaciones, en el que resultaron detenidos Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz y Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 18 años de edad.

7.- Los detenidos fueron en primer lugar retenidos en el Cuartel de Investigaciones, luego trasladados al expresidio y ex Cárcel de Mujeres ‘El Buen Pastor’, respectivamente, y llevados posteriormente en reiteradas ocasiones a la Fiscalía Militar de la ciudad de Rancagua. En el primer recinto fueron sometidos a interrogatorios por funcionarios de la institución, quienes les propinaron golpes de pies y puños, y además los golpearon con un ‘tonto de goma’ –vara metálica recubierta con goma–.

8.- En circunstancias que se encontraban en dependencias de la Fiscalía Militar, ubicada al interior de la Intendencia de la ciudad en aquella época, nuevamente son sometidos a sesiones de torturas y apremios ilegítimos, interrogados con la vista vendada, reciben constantes amenazas de ejecución, les propinaron golpes de puños y patadas en diferentes partes de sus cuerpos, recibieron descargas eléctricas en manos, brazos, pies y testículos en el caso de los hombres, y aplicación de descargas eléctricas en los pezones y abusos deshonestos en el caso de la única mujer de este grupo de detenidos, quien sufrió tocaciones en sus senos, le desgarraron la ropa y se frotaron con su cuerpo desnudo encima de un escritorio.

9.- Este grupo de jóvenes que se encontraban detenidos en el ex Presidio de Rancagua, y en la Cárcel de Mujeres ‘El Buen Pastor’, fueron dejados en libertad el 31 de diciembre de 1973, sin que hubiesen sido sometidos a proceso por tribunal alguno”.