Cuartel de Investigaciones – Iquique

En el Cuartel de Investigaciones de Iquique, ubicado en Calle Barros Arana, esquina de calle O´Higgins, hubo detenidos desde septiembre de 1973 y se registró la mayor cantidad de detenciones en el año 1974. Durante el año 1984 hubo un leve aumento del número de detenidos. Estas detenciones tuvieron el carácter de transitorias.

Los testimonios recibidos en relación a los años 70 señalan que los prisioneros permanecieron incomunicados, con los ojos vendados y privados de alimentos. Además, las torturas consistieron en golpes, aplicación del teléfono y del submarino; se les aplicaba corriente eléctrica en todo el cuerpo previamente mojado. Las torturas en los años 80 consistieron en interrogatorios bajo amenazas, aplicación de corriente, teléfono y golpes de pies.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech;

Anyelina Rojas Valdés.- Pese a que los procesos avanzan, incluso, con varias sentencias que condenan a los autores de los crímenes que se cometieron en Iquique y Pisagua, entre 1973 y 1974, las familias sienten el dolor porque muchas de ellas, no han encontrado los restos de sus seres queridos, porque las penas parecen desproporcionadas en relación a la gravedad de los delitos y porque, llega después de 43 años de ocurridos los hechos.

Por esto, por los familiares, por los sobrevivientes y por los que murieron, es necesario recordar a los ejecutados y detenidos desaparecidos. Son parte del Patrimonio de nuestra Memoria.

POR LA MEMORIA

Después del 11 de septiembre de 1973, de inmediato comenzaron las detenciones de militantes y simpatizantes de los partidos de la Unidad Popular o de todo aquel que resultara sospechoso.

En Iquique, los presos políticos pasaban primero por el Regimiento de Telecomunicaciones, para luego ser trasladados, en su gran mayoría, al campo de prisioneros de Pisagua.  Era el periplo obligado…

La primera querella por la muerte de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos de Iquique y Pisagua, se presentó en 1987 por el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Carlos Fresno, es decir, 14 años después de ocurridos los crímenes. La causa pasó a la Justicia Militar y fue sobreseída.

El 2 de junio de 1990, fue descubierta la fosa clandestina de Pisagua, donde aparecieron  osamentas, que daban cuenta de muertes por impactos de bala, vista vendada, ataduras de mano, y ensacados.

Este hecho conmocionó a la ciudad de Iquique, a Chile y el mundo entero. Desde las entrañas de la tierra salía a la luz una verdad sistemáticamente negada por las autoridades militares y el Ejército de Chile, que administraba el campo de prisioneros de Pisagua.

Así, el último en ser ejecutado, fue el primero en resurgir desde la tierra salobre. Manuel Sanhueza, militante de las juventudes comunistas, llamado cariñosamente como “Choño”.

Un rol fundamental para descubrir la fosa clandestina de Pisagua lo cumplió el entonces juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz, hoy fallecido. Desde muchos meses antes, el magistrado tenía a su cargo un grupo reducido con el que buscaba los restos de los ejecutados en Pisagua.  Sólo el 2 de junio de 1990, se llegó a un resultado y la verdad afloró desde las entrañas de la tierra nortina.

Fue un día tenso. Se temía que los cuerpos fueran sustraídos, como una forma de ocultar el delito. Pese a ello, los restos llegaron al Servicio Médico legal, esa noche.

Producto del Hallazgo, se designa como Ministro en Visita, al ministro integrante de la Corte de Apelaciones de Iquique, Hernán Sánchez Marré. El juez debió declararse incompetente, porque había militares involucrados, por lo tanto la causa era competencia de los tribunales militares.  De esta forma, nuevamente se amagaron los deseos de verdad y justicia.

Tras el retorno de la democracia, el presidente Patricio Aylwin, creo la  Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que permitió, por primera vez, después de 17 años de dictadura, establecer un listado acreditado, de víctimas de derechos humanos, ya sea en calidad de ejecutados, detenidos o detenidos desaparecidos.

Este  informe, es uno de los antecedentes que ha tenido el Ministro de Fuero, Mario Carroza, juntos a cientos de testimonios, para acreditar los delitos y dictar varias sentencias.  A Carroza le antecedieron en orden cronólógico hacia atrás, Joaquín Billard, Carmen Garay, Daniel Calvo y Juan Guzmán

La causa se caratula Nash y otros y se interpuso contra de Pinochet y todos quienes resulten responsables, el año 1998.

Paralelamente, en Iquique la ministra de la Corte de Apelaciones, Mónica Olivares, fue designada como ministra en  visita paras investigar todos los casos de delitos de derechos humanos en la jurisdicción de Tarapacá, ocurridos a partir de 1973.

La Ministra trabaja en forma independiente del juez Carroza y mantiene, las causas que lleva, en completo secreto, para no dañar la investigación.  En una de ellas, referida al asesinato del gendarme Isaías Higueras, acaba de lograr una sentencia contra Blas Barraza y Miguel Aguirre, ya sentenciados en otras causas, por el Ministro Carroza.

Varias de las causas de lo ocurrido en Iquique y Pisagua, son representadas por el abogado de DDHH, Adil Brkovic. También pieza fundamental para avanzar en las investigaciones y quien tiene a su haber importante información y testimonios

 LAS VÍCTIMAS

La primera ejecución ocurrió en Iquique,  a menos de 1 semana del golpe militar, afectando la vida de:

1.- LUIS FERNANDO ROJAS VALENZUELA, de 49 años.  Según la información oficial de la época, se indica que la víctima habría puesto resistencia a su detención, por parte de una patrulla militar y que, incluso, trató de arrebatar el fusil a uno de los militares. En del Bando Militar N° 24 de la Junta de Gobierno, Luis Rojas fue ajusticiado en el mismo lugar, a eso de las 19 hrs. del 17 de septiembre de 1973. Lo cierto es que la Comisión Rettig, encuentra poco creíble la explicación y acredita que en realidad fue, al menos, víctima de violencia innecesaria.

A la luz de los sometimientos a proceso que hizo el ministro de Fuero, Mario Carroza, que investiga los crímenes ocurridos en Iquique y Pisagua, se acreditan otros crímenes.

Se trata del caso de 6 prisioneros, a los que se les aplicó una falsa ley de fuga, según antecedentes contenido en el Informe Rettig y considerado en la investigación del ministro, junto a otras tantas diligencias. Los tres primeros de este grupo, cuyos restos aparecieron en la fosa clandestina de Pisagua, el 2 de junio de 1990, son:

2.- JUAN CALDERÓN VILLALÓN: Tenía 25 años al momento de su detención, en septiembre de 1973. Era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras de la Superintendencia de Aduanas, en Valparaíso, donde fue detenido. Militante del Partido Socialista. Tras su detención es trasladado a Pisagua a bordo del Buque Maipo y ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre de 1973.

3.- MARCELO  GUZMÁN FUENTES: Educador Sanitario, de 34 años,  funcionario jefe en el Hospital de Iquique al momento de su detención. Militaba en el Partido Socialista. Se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones, sin sospechar que aquel acto de cumplimiento con las autoridades militares, terminaría con su joven vida. Ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre de 1973.

4.- LUIS ALBERTO LIZARDI LIZARDI: Empleado portuario de 29 años y militante del Partido Socialista. Fue detenido el mismo 11 de septiembre y conducido al Regimiento de Telecomunicaciones, y posteriormente trasladado a Pisagua, donde finalmente fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

Estas tres personas, mientras permanecían detenidas en Pisagua, fueron sacadas de sus celdas para realizar trabajos voluntarios fuera del penal y trasladadas al sector de Pisagua Viejo, donde se ubica el Cementerio. Allí se les aplicó la ley de fuga y fueron inhumadas en el lugar.

Sus restos aparecieron en sacos de arpillera, en la Fosa clandestina de Pisagua, descubierta el 2 de junio de 1990, tras años de infructuosa búsqueda. En la investigación que lleva el ministro Mario Carroza, establece que los hechos importan la comisión del delito de homicidios calificados, previstos y sancionados en el Artículo 391 N° 1 del Código Penal.

El mismo día -29 de septiembre-  fueron sacados de sus celdas otros tres detenidos que terminaron de completar el grupo anterior, pero cuyos restos no aparecieron, manteniendo hasta hoy, la calidad de detenidos desaparecidos.  Se trata de:

5.- NOLBERTO CAÑAS CAÑAS: De 48 años, militante del Partido Socialista y ejercía a la fecha de su detención, como Interventor del Complejo Pesquero Norte.  Fue detenido en Iquique, trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua, donde fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

6.- JUAN JIMÉNEZ VIDAL: De 42 años, funcionario de Aduanas en Valparaíso y sin militancia conocida. Tras el golpe militar, se presentó voluntariamente el 13 de septiembre de 1973. Ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

7.- MICHEL SALIM NASH SÁEZ: Joven de 19 años, que cumplía con el Servicio Militar en Iquique. Militaba en el Partido Comunista. Fue dado de baja y arrestado el mismo 11 de septiembre y trasladado a Pisagua. Hay testimonios que indican que se negó a usar su arma contra el pueblo. Fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973. Pese a ser parte del grupo anterior donde  las autoridades militares reconocieron su ejecución por Ley de fuga y supuestamente sepultados en el Cementerio de Pisagua, sus restos no aparecieron.

En la investigación que lleva el ministro se desprenden cargos contra el militar Miguel Aguirre Alvarez, a quien se le atribuye participación como autor, en los delitos de Secuestros calificados Reiterados en contra de Juan Jiménez, Michel Nasch y Nolberto Cañas.

El Minsitro de fuero dictó sentencias en todos estos casos, este 17 de agosto de 2016. Se logró constatar lo que ya se señala en el informe Rettig donde se indica respecto a la falsa fuga:

“Explicadas sus muertes a raíz de una fuga, esta Comisión no puede creerlo así, ya que parece muy improbable, que estos prisioneros hayan tratado de huir mientras eran trasladados a hacer trabajos.  La fuerte custodia militar de estos traslados, la conformación del lugar y el estado de salud de algunos de ellos, especialmente de Cañas Cañas, hacen improbable el intento de fuga y absolutamente inverosímil, que el único medio para evitarlas, haya consistido en darles muerte”.

Así entonces, Juan Calderón, Nolberto Cañas, Marcelo Guzmán, Juan Jiménez, Luis Lizardi y Michel Nash, fueron víctimas de graves violaciones a  sus derechos humanos, cometidas por agentes del Estado.

HÉROE ANÓNIMO

Un caso emblemático es el del joven soldado  Michel  Nash, un héroe anónimo. Deja un testimonio de vida, para la historia, que no hay ley de mando ni obediencia debida cuando se trata de asesinar.  Por aquel gesto  noble, pagó con su vida. Michel Nash era militante de las Juventudes Comunistas, por lo cual, cuando ocurre el golpe de estado y sus superiores le dicen que deberá empuñar las armas contra “los marxistas”, se niega y, dice que está dispuesto a defender su Patria, pero que no dispararía contra el pueblo que juró proteger.

Acto seguido fue dado de baja del Ejército y despojado de su uniforme se soldado, el mismo 11 de septiembre y enviado al campo de Prisioneros de Pisagua. Aquel sería un viaje sin retorno.

El Ministro Carroza también logró sentencia recientemente, por los casos de

8.- JORGE MARÍN ROSSEL: De 19 años, era militante del Partido Socialista y Secretario de las Juventudes de ese partido en Iquique. Se desempeñaba como funcionario de Emporchi. Era casado y tenía una pequeña hija que al momento de su detención, tenía apenas 3 meses de nacida. Fue detenido el 28 de septiembre de 1973, por agentes del Estado, en su domicilio y llevado al regimiento de Telecomunicaciones. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

9.- WILLIAMS MILLAR SANHUEZA: De 42 años, 5 hijos, era trabajador de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Era dirigente gremial y militante del Partido Socialista. Fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio y dejado en libertad. Posteriormente, el día 24 del mismo mes, fue requerido mediante un Bando Militar, presentándose en su trabajo. De allí fue trasladado al Cuartel de Investigaciones y luego al Regimiento de Telecomunicaciones, desde donde se perdió su pista.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, llevada por el Ministro Carroza, tras el 11 de septiembre de 1973, el cuartel general de la VI División de Ejército, con asiento en Iquique, organizó cuerpo de inteligencia que, entre otros, detuvo a Jorge Rogelio Marín Rossel y Williams Robert Millar Sanhueza y los traslada hasta el Regimiento de Telecomunicaciones “para encerrarlos como prisioneros políticos, bajo la mirada complaciente y cómplice de los oficiales que formaban parte de dicho recinto militar (…)”

El propósito era “mantenerles en un sector del regimiento conocido como ‘La Chanchería’ donde fueron sujetos a los interrogatorios bajo tortura hasta el día 29 de septiembre de ese año (…) ocasión en que los otros prisioneros dejan de verles y un bando de la autoridad militar da a conocer a los medios de comunicación de una conjeturada fuga y ordenaba, que de ser ellos ubicados debía disparárseles en el acto, Desde ese día sus paraderos se desconocen, pese a las intensas búsquedas de sus familiares”.

 Este caso, de falso enfrentamiento, está inexorablemente conectado al del soldado

10.- PEDRO PRADO ORTIZ, también muerto, supuestamente como víctima de los dos anteriores, pero finalmente, fue víctima de la misma dictadura. La sentencia del ministro abre una arista para establecer la verdad en la muerte de este joven soldado. Para su familia, la versión de Ejército, en esa época, les pareció creíble, sin embargo, hoy es posible acceder a las otras versiones que permitan aclarar lo que efectivamente sucedió la madrugada del 1 de octubre de 1973, cuando el joven encuentra la muerte.

Otro caso, del cual no hay muchos antecedentes es el de

11.- MANUEL HERIBERTO ARAYA ZAVALA, de 29 años, quien fue detenido en su domicilio por militares, y su rastro se pierde, tras pasar por el Regimiento de Telecomunicaciones y Pisagua. Hoy es un detenido desaparecido. Según las investigaciones. el 9 de octubre de 1973 es detenido en Arica y conducido al Regimiento Rancagua, junto a otros dos militantes socialista, cuyo destino final era Pisagua. La versión oficial indica que el vehículo militar en el que viajaban, se volcó y les provocó la muerte. Años más tarde se comprobó que el vehículo fue empujado a una quebrada.

PRIMEROS FUSILAMIENTOS

Cinco destacados profesionales públicos, algunos militantes de partidos de la Unidad Popular y otros sin militancia,  fueron los primeros fusilados de Pisagua.

Ocurrió  el 11 de octubre de 1973, tras ser procesados y sentenciados a muerte en un supuesto  Primer Consejo de Guerra, que no fue tal y que se llevó a cabo en el Campo de Prisioneros Políticos, a cargo del  fiscal militar Mario Acuña.

Acuña, -ya fallecido-   era un hombre temido por todos los prisioneros.  No por nada su suerte, que se traducía en vivir o morir, estaba en sus manos. Además poseía un verdadero prontuario, por su vinculación con el narcotráfico de drogas y contrabando.  A Iquique llegó como juez, tras ser castigado y, el golpe militar, le permitió recuperar poder, al punto de ser designado el fiscal de Pisagua.

Sobre estas muertes del 11 de octubre y mediante el Bando N° 82, el jefe de Zona en estado de Sitio de la Provincia de Tarapacá y Comandante en Jefe de la Sexta División de Ejército, Carlos Forestier Haensen (fallecido), informó de la ejecución de 5 personas, tras constituirse el Consejo de Guerra el día anterior, 10 de octubre.

El mismo Consejo que de acuerdo a investigaciones y registros posteriores, quedan desmentidas.  Los ejecutados fueron:

12.- JULIO CABEZAS GACITÚA: De 45 años, de profesión abogado, se desempeñaba como  Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Iquique y no militaba en partido alguno.  Tras ser llamado en un Bando Militar, se entregó voluntariamente ante las autoridades militares. Hay testimonios que lo recuerdan caminando con una frazada en el brazo, hacia la Sexta División de Ejército. Nunca pensó su trágico final.

Este es un caso de gran impacto, puesto que se atribuye que su muerte, habría sido una venganza del Fiscal Militar Acuña, involucrado en un caso de drogas y contrabandos, donde su participación ya estaba acreditada.

El abogado Cabezas, que no tenía militancia política y que no era partidario de la Unidad Popular, era considerado un hombre de gran prestigio y austeridad. Fue designado por el Consejo de Defensa del Estado, para investigar el contrabando y tráfico de cocaína en Iquique.

En 1972,  Mario Acuña, llegó trasladado a Iquique desde un juzgado de San Miguel, donde protagonizó un escándalo, siendo juez. En esta ciudad nortina asumió funciones de juez. Investigaciones periodísticas, nuevamente lo conectan con un caso delictual, ya que se le vincula a un grupo de personas que desviaban mercaderías  a Perú y Bolivia, -delito de contrabando-,  las cuales estaban destinadas desde el nivel central hacia el norte. De esta situación entrega profusos antecedentes una publicación denominada “Los Intocables”, donde se indica que con la operación contribuían al mercado negro y a cambio recibían cocaína como pago por los servicios.

Esto es lo que precisamente investigaba el Procurador del Consejo de Defensa del Estado,  Julio Cabezas. Inclusive, la Corte Suprema –relata Freddy Alonso, ex detenido que investigó el tema-  había respaldado las acusaciones en su contra de modo que su suerte ya estaba echada. El tribunal mayor había autorizado la exoneración y cárcel para Acuña. Pero, sobrevino el golpe, y los hechos tomaron otro curso.

Acuña fue designado Fiscal Militar de Pisagua y estuvo a cargo del supuesto Consejo de Guerra donde junto a Cabezas, fueron ejecutados Mario Morris Berríos, (Investigaciones Aduaneras)  Juan Valencia Hinojosa, (Administrador de la ECA), José Córdova Croxato, (Administrador del Puerto). Humberto Lizardi Flores, profesor.

Curiosamente, todos ellos –a excepción de Lizardi- conformaban hasta días antes, la Comisión Investigadora del Consejo de Defensa del Estado, por el caso de contrabando y tráfico de drogas.

13.- JOSÉ CÓRDOVA CROXATO:  De 35 años, se desempeñaba como Administrador del Puerto de la Empresa Portuaria de Iquique, siendo detenido el mismo 11 de septiembre en su lugar de trabajo Emporchi. Era militante del MAPU.

14.-HUMBERTO LIZARDI FLORES: Joven profesor de inglés de 26 años, de la sede Iquique de la Universidad de Chile (actual UNAP) y militaba en el MIR. También fue detenido el mismo 11 de septiembre, mientras hacía clases en el entonces Instituto Comercial.  Su madre, Baldramina Flores, ha dedicado su vida a honrar la memoria de su hermoso hijo.

15.- MARIO MORRIS BARRIOS: De 27 años, era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduanera y no registraba militancia política. Acaba de ser destinado a la ciudad de Iquique, por lo que se hospedaba en un hotel, donde fue detenido el mismo 11 de septiembre.

16.- JUAN VALENCIA HINOJOSA: De 51 años, jefe de la Empresa de Comercio Agrícola, ECA de Iquique y militante del Partido Comunista. El mismo 11 de septiembre se presentó voluntariamente a la Intendencia, sin presagiar que se entregaba a manos asesinas. Un Bando Militar sobre estas personas ejecutadas, se publicó en el entonces Diario El Tarapacá, el 26 de octubre de 1973, es decir, 15 días después de producidos los fusilamientos.

“Fueron condenados por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la patria (nota: delito no aplicable a civiles)  y espionaje; y por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, al participar activamente en planes subversivos y de infiltración en las Fuerzas Armadas”.

Recuperada la democracia,  la Comisión declara que le asisten serias dudas de la realización del Consejo de Guerra.

Según la versión de personas que estaban detenidas en Pisagua, “no se llevaron a cabo, en esta ocasión, los procedimientos que posteriormente se observaron,  cada vez que se realizaba un Consejo: en general, se daba a conocer el hecho de haberse constituido el  Consejo, nombrándose  a los acusados y agrupándoles según la pena solicitada a cada uno de ellos. Luego se les presentaba al abogado que los defendería. Además, no se ha tenido conocimiento de ninguna defensa efectuada por algún abogado, en este supuesto primer Consejo de Guerra”.

Hay un testimonio que indica que los 5 prisioneros fueron ejecutados en el cementerio de Pisagua y sus restos depositados en sacos. Todos ellos aparecieron en la fosa clandestina, descubierta el 2 de junio de 1990.

El 21 de octubre es asesinado el sacerdote salesiano

17.- GERARDO POBLETE, de sólo 31 años, profesor de filosofía, es sacado desde el colegio don Bosco y muerto a golpes en La Comisaría de Carabineros de Iquique. Por su asesinato cumplen condena de 5 años y un día: El suboficial de Carabineros BLAS ESPINOZA BARRAZA.  Junto a él, fueron sentenciados el suboficial de carabineros FROILÁN MONCADA SAEZ y el mayor de carabineros, ENZO MENICONI LORCA, -fallecido en el año 2008- que fue condenado como encubridor. Se desempeñaba como prefecto de  Carabineros de Iquique; y era además, apoderado del Colegio don Bosco

Además Blas Barraza, junto a Miguel Aguirre, fueron procesado por otros crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de Miller y Marín; y el de Isaías Higueras, crímenes por los cuales fueron sentenciados.

El consejo de guerra, constituido en Pisagua el 29 de octubre condenó a muerte a:

18.- RODOLFO FUENZALIDA FERNANDEZ,  43 años, piloto civil, detenido el mismo 11. Era militante del Partido socialista. Como casi todos los detenidos, hizo el periplo desde su lugar de detención al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua.

19.- JUAN ANTONIO RUZ, 32 años. Se desempeñaba como funcionario de Aduanas y se entregó voluntariamente en el Telecomunicaciones,

20.- JOSE SAMPSON OCARANZA,  33 años, quien se desempeñaba como relacionador público de la municipalidad de Iquique, También se presentó voluntariamente. Lo hizo ante Carabineros.

21.- FREDDY TABERNA GALLEGOS, era el más joven de este grupo, con sólo 30 años y como los otros, se presentó voluntariamente, sin presagiar que esa decisión sería sin vuelta atrás. Hoy, una calle de su barrio El Morro, le recuerda con su nombre.

Este Consejo de Guerra actuó ilegalmente, ya que el  Auditor no comparte el criterio de la pena de muerte y propone 10 años, por irreprochable conducta anterior. La legislación señala que deben estar de acuerdo en la pena la totalidad de los sentenciadores.

Además, establece que los delitos de los que se les acusó, no fueron probados. Y peor aún, si se hubiesen ejecutados, la misma condena, cita el informe, que reconoce que los delitos se cometieron “en grado de frustración”. Es decir, no se concretaron.

También reconoce el sometimiento a tortura sistemática, aplicado para obtener confesiones. Ya la Comisión establece que los 4 fueron “ejecutados por agentes del Estado en un proceso, que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los derechos humanos de los procesados”.

TERCER CONSEJO DE GUERRA

Un mes más tarde, exactamente, cuando el ambiente de terror era la constante en la prisión de Pisagua, se constituye el tercer Consejo de Guerra…  Se  intuye la muerte de

22.- GERMAN PALOMINOS LAMAS, de 25 años. Es condenado a muerte. Militaba en el Partido Socialista. Era carpintero de oficio. Se le acusa de pertenecer al grupo subversivo AGP y que en la organización, era el encargado de preparar las bombas y manejar los explosivos. La acusación señala que el objetivo, era atacar el regimiento.  Palominos, dice la versión oficial, está confeso de estos delitos. Recientemente  el ministro Carroza dictó sentencia por este crimen.

23.- ISAIAS HIGUERAS ZÚÑIGA: Era gendarme en la cárcel de Iquique y militante comunista. Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 1974, cuando Higueras encuentra la muerte producto de la brutal sesión de torturas a la que fue sometido, en Pisagua. Los familiares reciben una urna sellada, pero jamás creyeron la versión.

Consigna el Diario Fortín Mapocho, del 16 de junio de 1990, página 12… a 12 días del hallazgo de la fosa de Pisagua, Que Iván Zamora Ordenes, ex funcionario de prisiones, llamado “el alcaide”, confesó haber participado en ejecuciones, recibiendo órdenes militares. Y que su compañero Isaías Higuera, murió producto de los golpes. Fue obligado a consignar en las estadísticas que su compañero había muerto producto de un ataque fulminante al corazón.

24.- NELSON MARQUEZ AGUSTO: De  29 años, militante comunista. Vivía en la sede partidaria de calle Tarapacá y trabajaba  como tripulante pesquero.   Con sus facultades mentales perturbadas, según testigos, como consecuencia de las innumerables sesiones de tortura a las que fue sometido, intentó una fuga imposible y fue ejecutado en el campamento de Pisagua.

LOS NO POLÍTICOS

Seis prisioneros sin vinculación política y  asociados a actividades de tráfico de drogas, supuestamente fueron dejadas en libertad, según se les informó a la familia. Sin embargo sus cuerpos aparecieron en la Fosa de Pisagua.

En el Museo de la Memoria se identifica a:

25.- ORLANDO CABELLO CABELLO.   De 44 años, comerciante minorista, sin militancia política. Detenido en su domicilio por carabineros de Iquique, puesto a disposición del Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado a Pisagua.

26.- NICOLAS CHANEZ CHANEZ. 43 años, empresario transportista, sin militancia política. Fue detenido y enviado al Cuartel de Investigaciones de Iquique, desde allí trasladado a Pisagua.

27.- JUAN MAMANI GARCIA. 27 años, transportista, sin militancia política, fue detenido por carabineros, llevado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y desde allí trasladado a Pisagua.

28.- LUIS MANRIQUEZ WILDEN.   44 años de edad, comerciante minorista, sin militancia política.           

29.- HUGO MARTINEZ GUILLEN. 36 años de edad, comerciante minorista, sin militancia política, detenido por carabineros el día 2 de noviembre de 1973, llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado a Pisagua.

30.- JUAN ROJAS OSEGA, 38 años de edad, sin militancia política conocida, detenido por personal de Carabineros el 1 de noviembre de 1973, trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y desde allí a Pisagua.

Se les vinculó con tráfico de estupefacientes y contrabando de mercaderías, pero no se estableció judicialmente la acusación.

Según el Museo de la Memoria, la información oficial que se entregó mediante bando militar, de la VI División del Ejército, fue que estas personas habían sido dejadas en libertad el día 29 de enero de 1974. Es más, a algunas de las familias les fue oficialmente comunicada la supuesta libertad de sus parientes a través de una carta del Ejército de Chile. Fue así como la cónyuge de uno de los desaparecidos recibió la carta Nº 3550 380, de 19 de julio de 1974, emanada de la Comandancia de la VI División del Ejército en la cual le expresa que Nicolás Chanez fue detenido y trasladado a Pisagua “con el objeto de investigar y determinar responsabilidades en una presunta infracción a la Ley sobre Control de Armas”. “Una vez que se investigó y comprobó su inocencia, en lo que a Ley de Armas se refiere, fue puesto en libertad en la fecha antes indicada. Si a la fecha no ha llegado a su hogar, debe Ud. buscar la respuesta en otra parte o preguntarse a sí misma, a su conciencia de esposa que conoce las actividades que realizaba su esposo”.

Los cuerpos de todos ellos fueron encontrados, en 1990, en la fosa de Pisagua, ensacados, con las manos atadas, y los ojos vendados.

A esta Comisión le asiste plena convicción que Orlando Cabello, Nicolás Chanez, Juan Mamani, Luis Manríquez, Hugo Martínez y Juan Rojas, no fueron dejados en libertad sino ejecutados sin proceso previo y sus cuerpos hechos desaparecer, por agentes del Estado.

MAS EJECUCIONES

Culmina el fatídico año 1973, pero las prácticas de desaparición y muerte por parte de agentes del Estado, continúan.

31.-  ALBERTO YAÑEZ CARVAJAL, 31 años y funcionario de prisiones, fue detenido en enero de 1974. Ejecutado junto a

32.- LUIS TORO CASTILLO, 34 años  trabajador de Ferrocarriles.

Se les acusó de un supuesto Plan 22, que consistía en una serie de puntos de ataque, en caso de Guerra Civil o Golpe Militar.

Una de las muertes más impactantes, por afectar a un menor de edad, fue la de:

33.- HENRY TORRES FLORES:  De 16 años. Era pioneta, sin militancia política y residía en Calama junto a su madre. Su padre vivía en Iquique, motivo por el cual se encontraba visitándolo en esta ciudad, cuando ocurren los hechos. Fue detenido en julio de 1974 por efectivos militares  y conducido al campamento de prisioneros de Pisagua. Una carta enviada a su madre y con el timbre de la censura militar, acredita su paso por este campo de prisioneros desde donde desapareció. Desde entonces es detenido desaparecido.

34.- MANUEL SANHUEZA MELLADO  30 años, miembro del Comité Central de las JJCC.  Fue detenido el 10 de julio de 1974 y trasladado a Pisagua, en dónde desaparece. Sus restos fueron encontrados en la fosa clandestina de Pisagua. En efecto, fue un momento de especial silencio, cuando su cuerpo casi intacto, emerge, desde la tierra, con el rictus mortis, como grito desgarrador, para dejar en evidencia los crímenes de la dictadura.

35.- MARCELINO LAMAS LARGO: De 23 años, militante socialista, fue detenido por miembros del Ejército y visto en los calabozos del recinto ex aduana de Iquique. Lugar desde el que desaparece hasta la fecha.

Desde Iquique llega la noticia: sectores de la derecha insistirán en intentar modificar el nombre de la Avenida Salvador Allende, remplazándolo por el nombre que se impuso en tiempos de la dictadura: Pedro Prado Ortiz, un soldado que –aseguran– habría sido acribillado por los “extremistas marxistas” que en 1973 intentaban oponer resistencia al “pronunciamiento militar”.

De acuerdo a la información publicada por el diario “La Estrella de Iquique”, ya hubo un intento de cambiar el nombre a esta avenida: el 2 de agosto de 2018 se rechazó en el Concejo Municipal, por seis votos en contra, cuatro a favor, y una abstención, la moción. Agrega que ahora Mario Díaz, dirigente de la Agrupación de Vecinos Plaza Pedro Prado Ortiz, pretende reflotar.

Según el matutino, “asegura haber sido compañero en el Ejército del difunto soldado, quien murió el 1 de octubre de 1973 producto de un disparo proveniente desde el Cementerio 3 (…) Es de la idea que se respete la memoria del ex militar y juntará firmas de habitantes de esta vía para que la avenida vuelva a tener su antiguo nombre”. Díaz se preguntó: “¿Con qué fin cambian (el nombre de) las calles? Pura politiquería”. El planteamiento es compartido por el concejal independiente pro UDI, Felipe Arenas, que anunció que ingresará la idea al Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Iquique, para que luego se vote en el Concejo Municipal. “Fue una estupidez cambiarle el nombre a la calle”, aseveró.

El episodio parece ilustrativo de la ceguera que un sector de la derecha mantiene en relación a la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos durante los tiempos de la dictadura cívico–militar.

Existen antecedentes de que el conscripto Pedro Prado Ortiz fue una víctima más de la tiranía.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) dice: “El 1º de octubre de 1973 falleció Pedro Rolando PRADO ORTIZ, de 19 años de edad, Soldado Conscripto integrante del Regimiento Nº 6, Tarapacá. Ese día, mientras se encontraba cumpliendo labores de vigilancia en la puerta del Cementerio de Iquique, recibió un impacto de bala en la región subclavicular izquierda, de parte de un francotirador desconocido, que le provocó la muerte de manera sorpresiva y actuando sobre seguro”.

Y concluye: “Considerando especialmente que el afectado desarrollaba funciones de vigilancia de un bien público; y que en esas circunstancias su muerte fue producto de un ataque sorpresivo y sin dar lugar a defensa, esta Comisión se formó la convicción que el soldado Pedro Prado murió por el atentado que perpetraron en su contra particulares que actuaban bajo motivaciones políticas, violando sus derechos humanos”.

La alusión a “particulares que actuaban bajo motivaciones políticas” se sustenta en la versión que proporcionó entonces la dictadura: que habría sido acribillado mientras que escapaban los prisioneros políticos Jorge Rogelio Marín Rossel y William Robert Millar Sanhueza. Ambos hoy son detenidos desaparecidos.

De acuerdo a la información disponible en el sitio Memoria Viva, Marín Rossel tenía 19 años a la fecha de su detención; era casado y con dos hijos; trabajaba como técnico astillero en la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) y era dirigente de la Juventud Socialista. Su compañero Millar tenía entonces 42 años; era casado y con cuatro hijos; trabajaba en Ferrocarriles del Estado de Iquique en el cargo de Subjefe Administrativo del Departamento Vías y Obras. Era además el secretario político de la Seccional Iquique del PS. Fueron detenidos el 28 y 24 de septiembre de 1973, respectivamente.

Cuenta Memoria Viva que Marín fue detenido por una patrulla militar que lo condujo a la VI División de Ejército y después al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, desde donde desapareció, el 29 de septiembre de ese año. Según la información oficial entregada por el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército y Jefe de la Zona en Estado de Sitio, general Carlos Forestier, Marín y Millar se habrían fugado del “lugar donde se les tenía aislados”. Luego, las autoridades aseveraron que en los hechos había muerto el conscripto Pedro Prado.

 

Marín ya había sido detenido el 17 de septiembre por militares en Alto Hospicio, quienes lo condujeron al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. También en esta fecha allanaron su domicilio, procediendo los militares a detener a su pareja, Salomé Castillo Parraga, y a su hija de tres meses. Unos días después fue liberado y retornó a su hogar en pésimas condiciones físicas, como producto de la tortura.

Millar había sido detenido por primera vez el 16 de septiembre de 1973 por un grupo de militares. Fue conducido a la VI División de Ejército desde donde dos horas después quedó en libertad con la estricta obligación de permanecer en su domicilio y salir sólo para ir a su trabajo. El 23 de septiembre, se emitió un bando por radio en el que llamaban a Millar para que se presentara ante las autoridades. A raíz de ello, el afectado concurrió en forma voluntaria, el 24 de septiembre, al Cuartel de Investigaciones de Iquique. Fue detenido y luego trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones.

El 30 de septiembre de 1973 se transmitió por radio un bando en el que se comunicaba que Marín y Millar se habían fugado. El 2 de octubre de 1973, en la prensa de la zona se publicó la información oficial de la supuesta fuga. En el bando N° 64 se decía: “Deténgase con orden de disparar ante el menor intento de resistencia”, entregándose los nombres completos y antecedentes de las dos víctimas. Se agregaba que “estos dos ciudadanos se fugaron en la noche del 29 de septiembre de 1973, de un lugar de Iquique donde se les tenía aislados por estar comprobado que eran Jefes de Organizaciones paramilitares del Partido Socialista de Iquique”.

La información oficial señalaba que el soldado Prado Ortiz encontró la muerte a manos de Marín y Miller, que lo habrían asesinado en la huida, tras intentar refugiarse en el Cementerio N° 3 de Iquique, que se ubicaba en forma contigua.

El 30 de septiembre, los militares devolvieron a Salomé la ropa que Jorge llevaba en el momento de ser detenido (pantalón café, chaqueta gris y zapatos de seguridad). Ella expresó su sorpresa por la entrega de vestuario de alguien a quien se suponía fugado. Los militares le dijeron que “seguramente huyó disfrazado”…

Compareció ante los tribunales una significativa cantidad de testigos que antes de la supuesta fuga Marín y Millar se encontraban en el recinto militar, en malas condiciones físicas como resultado de la tortura. Señalan que ambos estaban, moribundos, en la zona de las caballerizas del regimiento. Otros puntualizan que en la madrugada fueron trasladados, ya abatidos, con sus cabezas envueltas en sacos, por un portalón lateral que unía el lugar con el regimiento.

El Informe Final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señala: “Según la información oficial las personas individualizadas habrían huido desde el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. Nunca se entregó explicación oficial sobre el paradero de los supuestos fugitivos y por lo mismo no hay certificación oficial de sus muertes. Resulta inverosímil para los miembros de esta Comisión que dos personas detenidas en un Regimiento Militar se hayan podido fugar de ese lugar con medidas de custodia tan severas como las existentes en el período. No se llevó a cabo tampoco una investigación interna ante un hecho de esta naturaleza que, al menos, habría implicado la negligencia de algún efectivo. Debe también tenerse presente que muchas de las otras personas que se informaron como libres en esta zona aparecieron en la fosa de Pisagua en 1990”.

Por otra parte, añade, “Pedro Prado, que en la información oficial de entonces aparece como muerto por Marín y Millar al evadirse, ahora, en nuevas y reiteradas informaciones también oficiales, es declarado como fallecido en otras circunstancias”.

Concluyó que “ha llegado a la convicción que ambas personas fueron detenidas por agentes del Estado y desaparecieron a manos de sus aprehensores, violando sus derechos humanos”.

En efecto, las pesquisas judiciales, instruidas por el ministro Mario Carroza, muestran que Marín y Millar no cometieron delito alguno; que fueron detenidos en forma arbitraria y sometidos a torturas en el Regimiento de Telecomunicaciones; que nunca existió una supuesta fuga; y que fueron ejecutados por los militares y sus cuerpos fueron ocultados.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por Carroza, tras el 11 de septiembre de 1973, el Cuartel General de la VI División de Ejército organizó un cuerpo de inteligencia que, entre otros, detuvo a Marín y Millar y los trasladó al Regimiento de Telecomunicaciones “para encerrarlos como prisioneros políticos, bajo la mirada complaciente y cómplice de los oficiales que formaban parte de dicho recinto militar”. El propósito era “mantenerles en un sector del regimiento conocido como ‘La Chanchería’ donde fueron sujetos a los interrogatorios bajo tortura hasta el 29 de septiembre de ese año (…) ocasión en que los otros prisioneros dejan de verles”.

En este contexto, todo parece indicar que Pedro Prado Ortiz, oriundo de Santiago y que estaba en Iquique cumpliendo con su Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Telecomunicaciones, “también fue víctima de la dictadura y sacrificado para justiciar el asesinato de los dos militantes socialistas que hasta hoy se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos”, señalan contundentes trabajo del medio “Edición Cero”.

Existen interrogantes lógicas fundamentales que hacen obvia la conclusión: ¿de dónde habrían obtenido armas Marín y Millar en su supuesta fuga, si se encontraban detenidos, sometidos a una fuerte vigilancia militar? ¿Y cómo ambos prisioneros estarían en condiciones de hacer frente al operativo castrense, supuestamente para recapturarlos, si se encontraban en muy malas condiciones físicas y casi moribundos?

En el sitio del Consejo de Monumentos Nacionales se indica: “El asesinato del soldado conscripto Pedro Prado, quien cumplía su servicio militar obligatorio y recibió una bala en un supuesto enfrentamiento el 1 de octubre de 1973, revela la necesidad de esclarecer las circunstancias en que se produjo su muerte. El Ejército entregó a los familiares de Prado un ataúd sellado con el cuerpo del conscripto, junto con la versión de que había sido ultimado por los ‘extremistas’ Jorge Marín y William Millar, quienes se encontraban detenidos en el regimiento, habrían escapado y en su huida habrían disparado sobre Prado, dándole muerte. Los antecedentes recabados por los familiares de Marín y Millar, sin embargo, desmienten al Ejército”.

Se explica que los militantes socialistas “jamás se escaparon del lugar donde estaban detenidos, puesto que además de la extrema vigilancia, estaban en condiciones físicas muy débiles producto de las torturas. Quienes habrían dado muerte a Pedro Prado, entonces, son los mismos que ultimaron a Millar y Marín, y que han querido ocultar las verdaderas circunstancias en que se produjeron estos hechos”.

Un detalle adicional: si lo que molesta es el cambio de nombre de la avenida es menester consignar que antes de ser rebautizada “Pedro Prado” en tiempos de Pinochet, tenía otra denominación. El nombre original era Avenida Luis Emilio Recabarren, en homenaje al líder sindical que, radicado en Iquique, fundó allí en 1912 el Partido Obrero Socialista, el cual daría origen al Partido Comunista de Chile.

Imágenes: Plataforma Solidaria de Comunicación Audiovisual y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Por Víctor Osorio Reyes. El autor es periodista.