Valdivia Soto Pedro Samuel

Los doctores Patricio Silva y Pedro Valdivia se escondieron desde el miércoles 30 por la tarde. La Policía de Investigaciones los buscó en Santiago, Chillán, Talagante y el Cajón del Maipo, sin hallarlos. Ayer, finalmente, debieron entregarse

La orden de arresto de los médicos Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia Soto, procesados en el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, llegó a primera hora del jueves 31 de diciembre a la Policía de Investigaciones expedida por el ministro subrogante del caso, Mario Rojas.

Horas antes, la Sala Penal de la Corte Suprema había repuesto sus procesamientos y revocado las libertades decretadas anteriormente por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando anuló sus encausamientos acogiendo los amparos.

Pero la fuga de Silva y Valdivia comenzó la misma tarde del miércoles 30, apenas se enteraron de que, al menos por ahora, habían perdido la batalla.

El prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella comenzaron la búsqueda a primeras horas de la mañana del jueves 31. Pero en sus domicilios de Santiago, en Vitacura y Providencia no había nadie.

Tampoco estaban sus vehículos y sus teléfonos móviles sonaban apagados. Los policías acudieron entonces al ministro Rojas para solicitar la ampliación de los domicilios donde podrían ingresar para arrestarlos.

Así lograron la orden para detener a Valdivia en el fundo La Laguna, en la comuna de El Carmen, a 40 kilómetros de Chillán, y a Silva en el fundo El Arroyo, en la comuna de El Monte, en Talagante, al suroeste de Santiago.

Suponían que allí podrían estar para pasar el Año Nuevo. Tampoco hallaron a nadie en los predios. En Chillán la búsqueda fue apoyada por policías de esa ciudad.

Como no obtenían resultados a pesar de los puntos fijos que instalaron en Santiago y en los fundos, volvieron a insistir con el ministro Rojas para que ampliara las órdenes de detención, esta vez a los domicilios de los hijos de ambos en Santiago y el Cajón del Maipo, pero el juez no lo dispuso así.

Por ello, los policías debieron ubicar esos domicilios por cuenta propia, y establecer también puntos fijos en al menos otras seis residencias, pero no tenían orden para ingresar a ellos donde, presumiblemente, podrían encontrarse escondidos los prófugos.

Los policías contactaron telefónicamente a algunos de los hijos de Silva y Valdivia, quienes dijeron no saber nada de sus padres.

A esa altura la PDI ya había expedido una orden de captura nacional. Los abogados de ambos, Claudio Feller, de Valdivia, y Luis Valentín Ferrada, de Silva, habían afirmado la misma tarde del miércoles 30 que sus defendidos se encontraban fuera de Santiago.

Buscando a Silva ambos policías fueron el sábado 2 de enero a tratar de ubicarlo en casa de su hija Patricia, en el Cajón del Maipo. Y aunque no podían ingresar, tampoco lograron percibir movimiento en los alrededores.

Ayer, Silva y Valdivia salieron de sus escondites y se entregaron. Valdivia quedó recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, y Silva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Sus abogados pidieron su libertad provisional que debe resolverse, aunque en su contra jugarán los días de fuga.

Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente. Encubridores son médicos de la UC

Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Guitérrez.

En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.

De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.

El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejercito en retiro y actualmente ejerce como  jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.

Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la Dina, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejercito (Dine).  Era el que manejaba el contacto con Becerra.

Valdivia Soto es un ex agente de la Dina, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.

Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.

El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC

Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei

El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.

“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo.

Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.

Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.

Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.

El ministro en visita Alejandro Madrid, que instruye la causa por la muerte del ex cabo de la DINA Manuel Leyton, negó este miércoles el beneficio de la libertad provisional al procesado médico Pedro Valdivia.

El magistrado rechazó entregar la excarcelación porque aún existen diligencias pendientes, respuesta que no dejó satisfecha a la defensa del facultativo, que anunció que apelará del dictamen.

El abogado Claudio Feller, quien representa a Valdivia, indicó también que tras obtener acceso al sumario, evalúa solicitar que se deje sin efecto el procesamiento que pesa sobre su representado.

Consultado si temía que las recientes declaraciones del presidente del Senado, Eduardo Frei, pudieran afectas las decisiones judiciales, Feller se manifestó confiado en la separación de Poderes.

El Poder Judicial no acepta presiones de ningún tipo, ni tampoco de ex mandatarios, enfatizó el profesional.

La muerte del cabo Leyton ha sido relacionada con la del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ya que algunos médicos que trabajaron en la clínica clandestina de la DINA también lo hicieron en la clínica San María cuando el ex gobernante fue operado

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una risis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú (ver recuadro).

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

• H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.
• Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.
• Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.
• Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.
• Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.
• Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.
• Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.
• Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.
• Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.
• Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.
• Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.
• Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

La decisión del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid Croharé, de procesar a seis personas por el asesinato del ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva en enero de 1982, mientras se recuperaba de una segunda intervención quirúrgica en la Clínica Santa María, reabrió la puerta de los horrorosos crímenes cometidos por la dictadura del general Augusto Pinochet.
El juez Madrid acusó a cuatro médicos, al chofer del ex mandatario y a un agente de los servicios de inteligencia de la dictadura -Dina, Dine y CNI- como autores, cómplices y encubridores de la conspiración para eliminar a Frei, envenenándolo con repetidas dosis de gas mostaza y talio.
El magistrado llegó a la conclusión de que el ex jefe de Estado, que a la época del asesinato encabezaba la oposición a la dictadura, fue inoculado con esos elementos patógenos, burlando los controles establecidos por la clínica, la familia y amigos del ex mandatario que intentaron protegerlo.
Como autores del homicidio fueron detenidos el doctor Patricio Silva Garín, coronel (r) de Sanidad del ejército, actual jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar; Luis Alberto Becerra Arancibia, ex chofer de Frei; y Raúl Lillo Gutiérrez, ex agente acusado también por el asesinato del químico Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay. Becerra era informante de Lillo, el agente que la Dine había destinado a espiar los movimientos del ex presidente.
En calidad de cómplice fue procesado el doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, ex médico de la Dina y de la Clínica Santa María; como encubridores fueron sindicados los médicos Helmar Rosenberg y Sergio González, patólogos de la Universidad Católica, quienes hicieron la autopsia del ex gobernante opositor a Pinochet.
Una diligencia clave en la investigación la efectuó el juez Alejandro Madrid el 28 de noviembre. En la Clínica Santa María reconstituyó los momentos previos a la muerte de Frei Montalva el 22 de enero de 1982, y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció, cuyos resultaron permanecieron ocultos por más de veinte años en el Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica.
Diversas pericias a las osamentas de Frei, exhumadas en el Cementerio General, constataron que fue envenenado con talio y gas mostaza.

El enemigo en casa

El momento propicio para el crimen, según la investigación judicial, fue facilitado por el chofer Luis Alberto Becerra al agente Raúl Lillo, miembro de una brigada de la Dine que intervino los teléfonos de Frei Montalva y que mantenía estricto control sobre todos sus movimientos.
El juez Madrid reveló que a las sustancias tóxicas mencionadas, se agregó “la aplicación de un producto farmacológico no autorizado denominado Transfer Factor y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas tales como las denominadas bruteo pyulgalis y candida altas”.
Estas “resultaron ser la causa final de su muerte y dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”, dice la resolución del magistrado.
Frei Montalva ingresó a la Clínica Santa María el 18 de noviembre de 1981 para operarse de una hernia en el esófago. Los reflujos de los ácidos estomacales no le permitían llevar una vida normal. Tenía que hacer dieta, dormir semi sentado y consumir antiácidos. Después de consultar sobre los riesgos de una intervención, decidió operarse. Sus médicos de cabecera, Alejandro Goic y Patricio Silva Garín, le dijeron que no era necesario hacerlo en el extranjero. La intervención la realizó el doctor Augusto Larraín Orrego, uno de los mejores especialistas del país. La recuperación fue normal y a los pocos días lo dieron de alta. Pero a los diez días empezó a sentirse mal; padecía una rebelde estitiquez. Goic y Silva concluyeron que tenía una obstrucción intestinal y que había que operar otra vez. Así lo hicieron el 6 de diciembre de 1981. Operó Silva con Goic presente. Parecía algo simple pero encontraron adherencias de gran tamaño y fue necesario cortar un trozo de intestino.

Drama en la
Clínica Santa María

El mayor peligro era que microbios del tubo intestinal pasaran a la cavidad peritoneal y dieran inicio a una infección. El equipo médico hizo una prolija limpieza y cerró la herida. El postoperatorio pareció favorable.
Dos días después la enfermera María Victoria Larraechea, hermana de la esposa de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el médico Juan Luis González, visitaron a Frei Montalva y lo encontraron con un catéter abierto y sangrando profusamente. Su herida estaba infectada. Presentaba una peritonitis aguda, insuficiencia respiratoria y renal aguda y una agresiva diarrea que lo deshidrataba.
Médicos de la clínica mencionaron en el proceso judicial al doctor Pedro Valdivia como presente en diversos momentos en la habitación del ex presidente, situación que nunca pudo explicar el aludido, quien ha dicho que en esos días estaba de vacaciones. Valdivia también está procesado por el juez Madrid en el crimen del cabo Manuel Leyton, asesinado con gas sarín en marzo de 1977 en la Clínica London, de la Dina, donde Valdivia prestaba servicios.
El abogado de la familia Frei, Alvaro Varela, ha expresado que en algún momento ingresó a la habitación de Frei Montalva el químico de la Dina, Eugenio Berríos, probablemente autor material de la inoculación de veneno en el paciente.
El doctor Goic recibió un llamado urgente de la clínica. La presión arterial de Frei había caído a cerca de 0 y la fiebre se disparaba: sufría un shock séptico ocasionado por una infección.
Se llamó de inmediato al doctor Sergio Valdés, especialista en infecciones, y al enfermo se le suministraron antibióticos y se le conectó a un ventilador mecánico. Como no respondía se optó por una tercera intervención, esto fue el martes 8 de diciembre, para efectuar un aseo quirúrgico completo. Al salir del quirófano el paciente respondió bien: disminuyó la temperatura y se estabilizó la presión. Sin embargo, en las horas siguientes presentó nuevas complicaciones. Los médicos optaron por someterlo a una hemodiálisis para aliviar el funcionamiento de los riñones, muy complicados por el exceso de antibióticos. Frei siguió con drenajes y conectado a ventilación mecánica.

Asesinos de bata blanca

El 17 de diciembre fue sometido a una cuarta operación para limpiar la cavidad peritoneal, invadida por sustancias purulentas producidas por una infección que se hacía incontrolable. En la clínica se reunió un selecto grupo de médicos los doctores Vicente Contreras, Juan Luis González, Gonzalo Sepúlveda, Ramón Valdivieso, Juan Pablo Beca, Mauricio Parada, Carlos Zabala y Juan Reyes, para decidir el curso de acción.
Alguien cercano a la familia recibió un llamado telefónico afirmando que un paramédico de apellido González estaba envenenando al ex mandatario. Pero no había nadie con ese apellido y hoy se presume que pudo ser la falsa identidad del químico Berríos.
Los esfuerzos médicos fueron inútiles. Frei Montalva sufrió progresivas fallas que culminaron con su muerte a las 17:00 del viernes 22 de enero de 1982, cinco días después de cumplir 71 años. Minutos después de su fallecimiento llegaron a la Clínica Santa María los médicos patólogos de la Universidad Católica, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, y el auxiliar Humberto Gallardo, para embalsamar el cadáver y efectuar una autopsia. El equipo había sido enviado por el doctor Hernán Barahona, aparentemente a petición de los médicos de la familia Frei, Patricio Rojas y Patricio Silva. Rosenberg aseguró al juez Madrid que ellos sacaron muestras del hígado, riñones y pulmones de Frei, tarea que concluyeron cerca de las 21 horas. Más tarde, en el Hospital Clínico de la UC, fotografiaron las vísceras y prepararon muestras para someterlas más tarde a microscopía electrónica. Agregó que, a mediados de marzo de 1982, tras concluir las pruebas de laboratorio, escribió un protocolo manuscrito que entregó al doctor Hernán Barahona. Después, se reunió con Rojas y Silva para darles a conocer los antecedentes recogidos, sin que ellos pidieran otros análisis.
La autopsia de Frei permaneció extraviada durante casi 20 años, hasta que en enero del 2003 fue encontrada en un archivo de la UC, rotulada como NN.
El juez Madrid concluyó que los médicos Rosenberg y González fueron claves en el encubrimiento del homicidio, tras destruir los órganos que extrajeron al cuerpo durante la autopsia.
El juez Alejandro Madrid señala acusador: “la desprotección de la seguridad del ex mandatario por parte de la autoridad gubernamental y policial” que permitió al régimen militar controlar sus actividades y la “infiltración en su círculo más cercano de personas que obedecían a los citados organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del ejército de Chile”. La referencia alude sobre todo al doctor Patricio Silva Garín que fue subsecretario de Salud en el gobierno de Frei Montalva y que era su amigo personal. Asimismo, el magistrado recuerda los asesinatos del ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González, y de su esposa, Sofía Cuthbert, del ex canciller Orlando Letelier del Solar y su ayudante, Ronny Mofit, y el atentado al ex vicepresidente Bernardo Leighton Guzmán y su esposa, Anita Fresno, perpetrados en Buenos Aires, Washington y Roma, respectivamente. Habían provocado tal conmoción internacional que a la dictadura se le hacía imposible usar explosivos o armas de fuego contra Frei. Por eso, señala el magistrado, la dictadura optó por un procedimiento “que significaba que el hecho punible resultara imperceptible para todos, con exclusión de los que participaron en él, aprovechando las circunstancias de indefensión en que se encontraba la víctima producto de su enfermedad y prolongada estadía en un establecimiento hospitalario”.

 No hubo toque de tambores, pero bien lo merecía. Diecisiete años después de recuperaada la democracia, el juez Alejandro Madrid, con el apoyo de un grupo de elite de Investigaciones, logró esclarecer uno de los compartimentos más secretos de la fabricación de armas químicas durante la dictadura, ordenando el encarcelamiento de cuatro médicos por la utilización del mortal gas sarín para eliminar a personas peligrosas para el régimen de Pinochet. Los doctores Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Leyton, Horacio Taricco Lavín y Vittorio Orvieto Teplinsky fueron procesados como miembros de la asociación ilícita responsable de la falsificación de una ficha clínica y del asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, perpetrado el 29 de marzo de 1977. El suboficial pertenecía a la DINA, y fue asesinado con gas sarín un día antes de que declarara ante un juez luego de haber sido descubierto en posesión de dos renoletas robadas. Una pertenecía a un ciudadano francés y la otra a un detenido desaparecido: Daniel Palma. Leyton fue apresado por Carabineros, quienes le incautaron además de los vehículos, cédulas de identidad y objetos de personas que aparecían en los registros de desaparecidos y que hasta ese momento el régimen militar negaba ante tribunales y organismos internacionales. Esa noche de marzo de 1977, mientras efectivos de la DINA desplegaban un masivo cerco alrededor del cuartel de Carabineros exigiendo que los policías entregaran a Leyton y a Heriberto Acevedo -un suboficial de Carabineros que también pertenecía a la DINA, y compañero de brigada de Leyton-, en el interior, y con gran sangre fría, dos carabineros los interrogaron y grabaron sus confesiones. El enfrentamiento se evitó al último minuto. Manuel Contreras, el jefe DINA, se llevó al cabo Leyton y a Acevedo. Pero los dos hombres no regresaron a sus casas. Fue en las horas posteriores, cuando Contreras supo que Leyton había hablado, que se decidió su suerte. Porque de detenidos desaparecidos Leyton sabía. Y no solo de Daniel Palma, el dueño de la renoleta encontrada en su poder. Leyton fue uno de los comandos DINA que participó en el asesinato de prisioneros en la cárcel secreta de Simón Bolívar y también en la llamada Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, además de ser uno de los que lanzaban sus cuerpos al mar, luego de que la enfermera Gladys Calderón les aplicara inyecciones letales. Así quedó acreditado tanto en el proceso del ministro Madrid como en el juicio por las víctimas del Partido Comunista de calle Conferencia, que sustancia el ministro Víctor Montiglio.

Gladys Calderón, la misma enfermera a la que Leyton vio aplicarle inyecciones letales a los prisioneros, fue procesada por el ministro Madrid por el asesinato del suboficial. Calderón, teniente del Ejército en retiro, vivía sola con sus pesadillas en Melipilla, donde fue apresada. La enfermera era oficial asistente del coronel DINA Juan Morales Salgado, al que el juez Madrid también procesó por su responsabilidad en el asesinato de Leyton. Madrid logró determinar que al momento de morir, Leyton tuvo a su lado a dos oficiales DINA: Morales Salgado y Vianel Valdivieso. Morales está procesado por los crímenes del cuartel Simón Bolívar y acaba de ser encausado por el juez Alejandro Solís por su participación en el asesinato de su ex comandante en jefe, Carlos Prats.

También fue encarcelada la jefa de las enfermeras de la tenebrosa Clínica London, Eliana Bolumburu Taboada, esposa del oficial y agente DINA Hugo “Cacho” Acevedo, uno de los mejores amigos de Augusto Pinochet hijo. Tampoco se salvó de la cárcel el hombre de seguridad de Manuel Contreras, el suboficial Sobino. Su jefe esta vez no pudo pagarle los servicios de cuidar durante años a su familia

UNA AUTOPSIA Y OTRO MUERTO

Osvaldo Leyton y Pedro Valdivia, los dos médicos procesados el martes, firmaron la causal de muerte del suboficial, de cuyo funeral se ocuparon personalmente Manuel Contreras y Pablo Belmar, que asumió el control de la familia del cabo que debía morir desde que éste fue detenido, el 24 de marzo de 1977. Su esposa Mireya Barra, diría más tarde: “Cuando me lo trajeron de vuelta sus compañeros de la DINA, lo noté nervioso, con miedo y recuerdo que me dijo ‘no permitas que me lleven a la clínica de la DINA”. Pero en esos días ni su esposa ni su hermano, un suboficial del Regimiento de Puente Alto, imaginaron que las torturas y métodos que se aplicaban a los prisioneros esta vez serían usados sobre el comando que tiraba cuerpos al mar. Solo cuando Mireya llegó a la Clínica London y Eliana Bolumburu le anunció que su marido había fallecido, la mujer se desmoronó. 

Ni Mireya ni su familia pudieron volver a ver el rostro del muerto: les entregaron el ataúd sellado. Contreras y sus hombres -Pedro Espinoza, Belmar, Vianel Valdivieso y Germán Barriga, entre otros-, se llevaron varias veces el féretro sin dar explicaciones. Sólo al final, y en medio de un clima de gran tensión en un recinto rodeado de hombres fuertemente armados, Manuel Contreras dijo que Leyton había sido un buen soldado y merecía un ataúd de mejor calidad. Agregó también que debían practicarle una autopsia. Y aquí un dato que da cuenta del poder de Contreras en 1977. El alto mando de la DINA, Ricardo Lawrence, confesó el año pasado que ese día recibió la orden de Contreras de ir donde el entonces director del Servicio Médico Legal, el doctor Alfredo Vargas, para que firmara una autopsia que “no contamine a la DINA”. Vargas lo hizo, pero no aceptó la oferta de Contreras que le transmitió Lawrence: ser nombrado ministro de Salud. Vargas murió ese mismo año 1977, y es posible que su muerte no haya sido del todo natural.

FREI

A estas horas, la enfermera Victoria Larraechea -hermana de Marta Larraechea, esposa del senador Eduardo Freidebe comprender a cabalidad lo que ocurrió esa mañana de diciembre de 1981, cuando al ex Presidente Frei Montalva le subió súbitamente la fiebre en su cuarto de la Clínica Santa María, y ella aceptó que el médico cirujano Pedro Valdivia Soto, de turno en el establecimiento, lo examinara. Son esos minutos, los que el doctor Valdivia –miembro de la DINA, el mismo que fue procesado el martes como responsable de la muerte con gas sarín del cabo Leyton- pasó junto al cuerpo de Frei Montalva, los que forman el nudo de la trama de su asesinato. Porque fue el propio Valdivia quien salió de la pieza de cuidados intensivos donde se encontraba Frei y se reunió con el doctor Patricio Silva Marín, decidiéndose que sería éste último quien operara nuevamente al ex Presidente y asumiera como responsable de su control. Y Silva está ligado al Hospital Militar y a la muerte del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Augusto Lutz. Así, la suerte de Frei Montalva quedó en manos de Silva y de Valdivia, quien además de ejercer el turno de noche en la Clínica Santa María, trabajaba en la Clínica London y en el cuartel Borgoño de la CNI, donde examinaba a prisioneros que eran torturados. Valdivia nunca antes fue interpelado por su acción represiva, a pesar de que se desempeñó como médico de la clínica de la CNI hasta 1990, cuando ésta funcionaba en la exclusiva calle Isidora Goyenechea. Ahora, ya está en la cárcel con otros tres de sus antiguos colegas

LOS OTROS MÉDICOS DE LA LONDON

La Clínica London era abastecida por el ministerio de Salud y llegó a tener hasta ambulancias. Su sede original, en Almirante Barroso, tenía tres pisos y guardia permanente que no dejaba entrar a nadie. En el primer piso había ocho camas para hospitalizaciones y casos siquiátricos. En 1983 el centro -ya a manos de la CNI- se trasladó a Isidora Goyenechea y pasó a llamarse Clínica El Golf. -Werner Zanghellini, cardiólogo. -Roberto Laihacar, siquiatra. -Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. -Luis Hernán Santibáñez Santelices, médico internista. -Sergio Rodrigo Vélez Fuenzalida, cirujano. -Sergio Muñoz Bontá, dentista -Luis Losada Fuenzalida, endocrinólogo -Eugenio Fantuzzi Alliende, otorrinolaringólogo, jefe de su especialidad en la Clínica Dávila. -Camilo Azar Saba, traumatólogo.

Las doctoras Carmen Cerda, anátomo patóloga y profesora de Medicina Legal, y Laura Börgel, médico toxicólogo, ambas peritas judiciales, confirmaron que el ex Presidente de la República fue envenenado por talio y gas mostaza, declaraciones que fueron realizadas en el plenario de la investigación por el asesinato del ex mandatario.

Lo envenenaron durante tres meses, con bajas dosis por vía endovenosa. Para perpetrar el crimen, le retiraron la protección, introdujeron en su entorno agentes encubiertos y médicos y enfermeras no autorizados lo inocularon. La infección habría comenzado mediante apósitos infectados intencionalmente.

Uno de los médicos de la CNI confesó “haber ingresado a la habitación del ex Presidente Frei el día 8 de diciembre de 1981, cuando sufrió el shock séptico que resultó fatal más tarde. Lo embalsamaron a escondidas, le extrajeron órganos, los ocultaron y trataron de borrar evidencias. No lo lograron, dice la acusación.

Ya en la etapa final del juicio por el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva, las pericias, testimonios y otros medios de pruebas han comenzado a rendirse. Entre los primeros se encuentran las declaraciones de las doctoras y peritas judiciales Carmen Cerda y Laura Börgel, quienes, tras estudiar los restos del exmandatario, llegaron a una cruda conclusión científica: fue asesinado.

Concluyentes pericias
La doctora Börgel concluyó “que el ex Presidente don Eduardo Frei Montalva presentó exposición a Talio y MS (mostaza sulfúrica) en los últimos tres meses previos a su fallecimiento. Esta exposición fue a dosis bajas, por vía endovenosa, como la más alta probabilidad y con potenciación entre los dos xenobióticos, lo que determinó efectos de daño celular y del DNA, expresado en compromiso multisistémico, alteraciones en la capacidad de los linfocitos de defenderse de gérmenes oportunistas, lo que determinó su muerte por un cuadro séptico”.

Por su parte, la doctora Aguilar, al ser interrogada acerca de “¿cuál fue la forma médico legal de muerte?, responde: Los productos químicos hallados en las muestras -presencia de dos sustancias tóxicas combinadas-, no se corresponden ni con los alimentos, ni con los medicamentos que recibió el Sr. Frei Montalva durante su hospitalización”.

Para ella, es posible establecer que las sustancias nocivas “le fueron administradas, al menos, en tres ocasiones diferentes. Debido a ese tipo secuencial y simultáneo de suministro, el efecto de los productos se potenció, haciendo posible que, con menores dosis, el efecto final fuera igualmente mortal, más aún cuando –como se ha dicho– no se realizó algún examen de carácter toxicológico para confirmar o descartar la presencia de alguna sustancia extraña en el organismo del paciente”.

El 22 de diciembre de 2004 el tribunal y peritos abrieron el ataúd. En su interior se observó el cadáver del ex Presidente, “que se encuentra esqueletizado y a la simple observación externa no se divisa la existencia de piel y partes blandas del organismo. Con la colaboración de las peritos toxicóloga y anátomo patóloga designadas”, se procedió “por parte de la primera, a tomar muestras de restos que corresponderían al riñón, pulmón derecho, cerebro y cabello. La segunda perito, procede a tomar muestras de la piel del muslo, del tórax y del abdomen, de tela adhesiva desconocida que se encuentra adherida a la pelvis (…) restos encefálicos adheridos al hueso craneano y el fémur izquierdo. Manifiesta la doctora Sra. Carmen Cerda que el esqueleto está completo pero desarticulado y que el cráneo no fue objeto de una autopsia médico legal”, se lee en el expediente.

La lenta agonía
A fines de 1981 Frei “consultó a un grupo de médicos acerca de la factibilidad de someterse a una operación para remediar una hernia gastroesofágica que lo afectaba y que no le permitía llevar una vida normal. Se le recomendó la cirugía y determinó hacerlo en la Clínica Santa María el día 18 de noviembre de 1981. A cargo del equipo actuó el cirujano Augusto Larraín Orrego.

La intervención se realizó “con pleno éxito”, Frei “fue remitido a una habitación de pensionado y después de unos pocos días, fue dado de alta a su domicilio y en este, luego de transcurrido un tiempo, comenzó a sufrir molestias que hicieron necesario que el día 4 de diciembre de 1981 fuera nuevamente trasladado al establecimiento asistencial antes señalado y sometido a una nueva intervención quirúrgica”.

Esta vez cambió el equipo médico. Frei ya había sido objeto de envenenamiento mediante vendas infectadas. “La reintervención se realizó el día 6 de diciembre de ese año -vale decir, pasados dos días desde la fecha de su reingreso-, sin embargo el hecho de haber permanecido durante ese período en la habitación Nº401 del pensionado de la clínica demuestra que ella no se efectuó con la urgencia que el diagnóstico de una obstrucción intestinal aconsejaba y, a consecuencia de ella, se produjo la extirpación de una parte del intestino debido a que se encontraba afectado de una necrosis, lo que significó que debieron unirse las partes sanas de este órgano”, describe el expediente en su parte acusatoria.

Operado, fue nuevamente remitido a la misma habitación del pensionado, donde dos días después sufrió un shock séptico que motivó su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos. Médicos que en ese entonces pertenecían a la CNI y trabajaban en paralelo en la Clínica London de ese organismo represor y en la misma Clínica Santa María, junto a falsas enfermeras que en realidad eran agentes encubiertas, tuvieron acceso a Frei y comenzaron a intoxicarlo de manera paulatina.  

La CNI tras el crimen
Un testimonio es elocuente: “la enfermera Olga Ortíz Rojas, declara haber visto el día 6 de diciembre a una enfermera particular alrededor de las 10:45 horas trasladando hasta Rayos al ex Presidente y en el trayecto, al cambiarlo de camilla, se le rompió el guante con el contenido gástrico de la sonda nasogástrica, de lo que se percató cuando bajó a verlo de propia iniciativa y como estaba manchado debió cambiarle la ropa de cama, dejando la respectiva constancia en la hoja de enfermería terminando su turno a las 12:00 horas”.

Ello es ratificado por otro testimonio: “la enfermera María Elena Zamorano Soto declara que ese mismo día, a las 12:00 horas, cuando llega a desempeñar su turno que se lo entregaba Olga Ortíz, al concurrir a la habitación del ex Presidente, éste estaba sin la enfermera externa, se encontraba ‘sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre’, llamaron a la enfermera de turno y al médico residente, quienes dispusieron su traslado a la UCI, sin que retornara al pensionado”.

Ya a esas alturas se había advertido al equipo médico y a la clínica que era probable que Frei “pudiera estar siendo envenenado, sin embargo, no obstante la gravedad de la comunicación, sólo se tomaron medidas para impedir el acceso de extraños a las dependencias donde estaba éste, sin que realizara ningún tipo de exámenes que pudieran determinar la efectividad de lo señalado anteriormente”.  

El doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, uno de los acusados del crimen, fue descubierto en la pieza de Frei Montalva el mismo día de su agravamiento. Él médico fue denunciado por las enfermeras. Al no poder justificar su presencia, dijo que lo hizo a petición de enfermera María Larraechea Bolívar. Esta lo desmintió terminantemente.

Borrando evidencias
Valdivia Soto, “desde el mes de noviembre de 1976 hasta el año 1990, prestaba servicios en el centro médico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente en la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde además de atender a los funcionarios de dichos servicios de inteligencia y sus familiares, debía asistir a los centros de detención a visitar a los detenidos, confeccionado una ficha médica con su individualización, diagnóstico y tratamiento”, según propia confesión.

Paralelamente se desempeñaba como médico residente de la Clínica Santa María, reconociendo que “ingresaba a las dependencias de la UCI (de la clínica Santa María) y preguntaba con relación al estado del enfermo Sr. Frei, sin que haya proporcionado al Tribunal una explicación satisfactoria al respecto”.

Justamente “el día del fallecimiento del ex mandatario, esto es el 22 de enero de 1982, se le informó el deceso al doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, dada su calidad de médico residente y quedando él a cargo de la situación particular del cuerpo de don Eduardo Frei Montalva, situación que éste ha negado, señalando haberse encontrado ese día haciendo uso de su feriado”.

La hoja de la ficha médica correspondiente a la certificación de la muerte del ex mandatario desapareció misteriosamente. Sin embargo, un error de Valdivia lo delató. Ese mismo día aparece firmando el alta médica de una paciente suya de esa clínica, la testigo Domitila Bustos, a quién había intervenido quirúrgicamente en los días anteriores.

El médico autorizó que, de manera ilegal y subrepticia, otros dos acusados, los patólogos de la Universidad Católica Helmar Rosenberg y Sergio González practicaran un inusual -en esa clínica-, embalsamiento del cadáver de Frei.

El primero se justificó diciendo que había recibido órdenes verbales del doctor Roberto Barahona, del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Sin embargo, este “ya no se desempeñaba como director de ese Departamento puesto que se había acogido a jubilación, encontrándose además gravemente enfermo, habiendo fallecido al poco tiempo de producida la muerte del ex mandatario”, sostiene el Juez.

González, en tanto, dijo que el inusual procedimiento utilizado en Frei tenía por fin “mantener el cadáver durante dos días en la Catedral de Santiago, para que la población le rindiera un homenaje”.

Para el tribunal, “no era necesaria la realización de un embalsamamiento, bastando sólo la utilización de una inyección conservadora, lo que es la práctica habitual en estos casos (…) También, resulta absolutamente inusual que el procedimiento se haya verificado en un centro asistencial que no contaba con las mínimas condiciones para ello, habiéndose realizado en la propia habitación donde se encontraba el cuerpo del occiso, sin contar con la ficha clínica de este, a pesar que en (…) la UC existía una sala de autopsias que era utilizada permanentemente”, detalla el expediente.

Certificaron la causa de muerte antes de la autopsia
No era habitual que un equipo médico y de auxiliares de la UC concurrieran a otro establecimiento asistencial para realizar algún procedimiento propio de su especialidad.            “Tampoco el procedimiento de embalsamamiento contempla necesariamente la extracción de órganos (…) La necesidad de comprobar mediante una autopsia clínica la causa de la muerte aparece en contradicción con la expedición anterior del correspondiente certificado de defunción, donde ya se indicaba cual era, a juicio del otorgante, la causa de la muerte”, detalla la acusación fiscal.

El tribunal realizó a la inspección personal del cadáver y comprobó que había órganos que no fueron extraídos y que tampoco el cuerpo se encontraba en buen estado de conservación, “lo que habría ocurrido si se hubiera realizado en debida forma el procedimiento de embalsamamiento, mediante la utilización de formalina”.

La doctora Carmen Cerda, declaró “que en la época en que ocurrieron los hechos existía consenso en la comunidad científica de que las sustancias empleadas en los procedimientos conservadores de cadáveres alteraban de tal modo los exámenes toxicológicos posteriores, que no debían utilizarse frente a una sospecha de intoxicación”. Esa fue la real causa del inusual embalsamiento, ocultar que había sido envenenado.

“El resultado de la autopsia clínica debió ser incorporado en un libro, lo que tampoco ocurrió oportunamente, pues (…) recién fue mecanografiado diez o doce años después de practicada esta”. La transcripción de la grabación del procedimiento fue hecha por la secretaria del Departamento, Carmen Barahona, quién declaró que “como no se hizo oportunamente, siempre se la solicitaba al doctor Rosenberg Gómez quién demoraba su entrega, debiendo mantener una hoja en blanco en el libro que anualmente se empastaba”.

Ni Rosenberg ni González “informaron a la familia las resultados del examen que practicó el primero de los nombrados y el segundo lo mantuvo guardado durante largo tiempo en un cajón de su escritorio, sin que ninguno de ellos informara en su oportunidad al Director del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, doctor Benedicto Chuaqui, donde se desempeñaban, respecto al procedimiento que habían realizado en la persona de un ex Presidente de la República”. Menos contaban con la autorización escrita de la familia para la autopsia y los otros requisitos que la ley exigía.

Los restos de personajes públicos, como Frei Montalva, debían estar guardados en el Departamento de Anatomía Patológica. Sin embargo y de manera irregular, “fueron guardados en bolsas plásticas las que ni siquiera fueron rotuladas”.

Cuarenta y ocho testigos de los querellantes y los acusados y las demás pruebas que no se han hecho desaparecer, se conocerán en estos ocho días. Luego vendrá la sentencia que marcará un antes y un después en el primer Magnicidio ocurrido en Chile.

Enfrentan la justicia en calidad de autores del delito de homicidio el médico Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI Luis Becerra y el ex agente de la DINA Raúl Lillo. Como cómplice el médico Pedro Valdivia y como encubridores los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González

La investigación del magistrado Alejandro Madrid se extendió durante 16 años.

Patricio Silva Garín fue condenado a 10 años de cárcel por el crimen del ex Mandatario.

La muerte de Eduardo Frei Montalva fue un homicidio, concluyó la indagatoria judicial

El ministro en visita Alejandro Madrid condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo al médico Patricio Silva Garín, como autor del homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En sentencia de primera instancia, el juez además condenó al chofer del ex mandatario e informante de la policía de Pinochet, Luis Becerra Arancibia y al agente civil de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez a la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

También fue sentenciado el médico Pedro Valdivia Soto a una pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo por ser cómplice del crimen.

Finalmente, fueron condenados los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a tres años de presidio menor en su grado medio, en calidad de encubridores y que podrán cumplir mediante remisión condicional.

El fallo, además, cuestiona el rol del actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien cuando se desempeñaba como director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica supo que restos del ex Presidente estaban en dicho recinto de salud, sin embargo, no notificó a la familia de ello y sólo ordenó esperar a que ésta solicitara los restos oficial o judicialmente.

Ministro Alejandro Madrid dicta sentencia por homicidio de ex presidente Eduardo Frei Montalva 

El abogado Luciano Fouillioux, querellante en el caso Frei, explicó a Cooperativa que si bien solo han "digerido" las conclusiones de la sentencia, por su extensión que supera las 800 páginas, "es un fallo extraordinariamente importante para la Justicia y para la democracia".

El profesional añadió que el encubrimiento posterior a este magnicidio era necesario, "porque la magnitud del hecho no se midió en su mérito, como no se midió en el caso del general Prats, del canciller Letelier o del atentado de Bernardo Leighton, etcétera. Fue una cultura de hacer las cosas, de autodefenderse".

Además, resaltó que este caso configura el primer magnicidio en Chile. 

 "Constituye un hecho inédito la configuración efectivamente de un magnicidio. Hoy, para la historia del país queda asentado que Frei Montalva fue asesinado. La vuleneración del círculo íntimo del Presidente, tanto por su chofer, o como por su ex subsecretario, más la conciliación de ellos con los agentes del Estado que participaron en esta operación, otros médicos, particularmente, y agentes informantes han permitido configurar la veracidad de los hechos", añadió.

Los condenados por el crimen de Frei Montalva

 

Patricio Silva Garín, médico, sentenciado a 10 años de presidio, como autor del delito de homicidio.

 

Luis Becerra Arancibia, chofer del ex Presidente e informante de la CNI, condenado a 7 años de cárcel, como coautor del homicidio.

 

Raúl Lillo Gutiérrez, agente de la CNI, condenado a 7 años de presidio, como coautor del homicidio.

 

Pedro Valdivia Soto, médico, condenado a 5 años de cárcel como cómplice de homicidio.

 

Helmar Rosenberg Gómez, tanatólogo, sentenciado a 3 años de presidio, como encubridor.

 

Sergio González Bombardiere, tanatólogo, condenado a 3 años de cárcel, como encubridor.

 

Zaldívar: La justicia tarda pero llega

Por su parte, el senador y ex ministro de Hacienda en el gobierno de Frei Montalva, Andrés Zaldívar (DC), indicó que previo a esta sentencia "para mí era una convicción personal, pero hoy se confirma en un fallo después de 15 años de investigación que realmente la muerte de don Eduardo fue un magnicidio".

"Como dice el dicho popular, 'la justicia tarda pero llega'", afirmó el parlamentario.

El ex secretario de Estado recuerda que previo a la intervención fatal del ex mandatario le advirtió que no se la realizara en el país: "Cuando don Eduardo me dijo que se iba a operar en Chile, yo le dije 'no se opere en Chile, no puede confiarse allá'".

"Incluso me comprometí a hablar en Europa y en Estados Unidos para que se interviniera allá, pero él estaba absolutamente confiado. Nunca pensó en la magnitud de la maldad con la cual el régimen de Pinochet procedía en contra de sus oponentes", expresó Zaldívar.

Respecto al futuro de este caso en el poder judicial, el parlamentario señaló que "hay que seguir confiando en la justicia".

"Este es un fallo en primera instancia, tiene dos instancias más, seguramente apelaciones y llegará a la Corte Suprema. Es un tema que no va a quedar resuelto hoy, pero se ha dado un paso muy trascendente e importante", recalcó.

Esta tarde la sede de la DC se encuentra adornada con fotografías del ex presidente a la llegada de gran parte de personajes importantes del partido como la senadora Carolina Goic y el jefe de bancada, Matías Walker, al recinto de la Alameda.

Una delegación del Partido Socialista encabezada por la senadora Isabel Allende también hizo ingreso, mientras que se ha convocado a una velatón en el monumento de Frei Montalva en la Plaza de la Constitución.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.