Pinochet Ugarte Augusto José Ramón

La Segunda Sala penal de la Corte Suprema resolvió, por cuatro votos contra uno, sobreseer definitivamente al procesado senador vitalicio Augusto Pinochet en el caso “Caravana de la Muerte”.

Pinochet, procesado criminalmente como encubridor de los múltiples homicidios cometidos por la denominada “Caravana de la Muerte”, no continuará en juicio por entenderse que le afecta una enajenación mental, causal contemplada como demencia o locura en la legislación criminal vigente en la Región Metropolitana (artículo 408 número 6 del Código de Procedimiento Penal), donde aún no rige el nuevo Código Procesal Penal.

En su considerando 34, el fallo señala que “los problemas mentales de Pinochet Ugarte, a juicio de estos magistrados, lo inhabilitan para que se sustancie proceso en su contra. No puede ser sujeto idóneo para sostener una relación procesal penal, pues se encuentra afectada su capacidad procesal de ejercicio”. Esta condición, según los magistrados, es “irreversible”.

Según los peritajes médicos hechos a Pinochet y adjuntados por su abogado defensor, Pablo Rodríguez Grez, el senador vitalicio desaforado sufre una demencia vascular subcortical moderada, la que le provocaría transtornos en la memoria y el pensamiento.

El voto de minoría fue del ministro José Luis Pérez, quien estuvo por un sobreseimiento temporal similar al fallo del 9 de julio de 2001 dictado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. 
A favor de sobreseer definitivamente al general (R) estuvieron el ministro Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Milton Juica y Nibaldo Segura.  Respecto de los otros procesados en el caso Pinochet, la causa sigue igual. Estos son el general (R) Sergio Arellano Stark; el ex capitán Armando Fernández Larios; el coronel (R) Sergio Arredondo; el ex brigadier Pedro Espinoza y Daniel Rojas Hidalgo.

Normas a aplicar

Los ministros reafirmaron, en el considerando séptimo del fallo, que no es posible aplicar en la Región Metropolitana las normativas del Nuevo Código Procesal Penal -como el número 10, incluído en el fallo de alzada del 9 de julio- ya que éstas, según establecen distintas normativas legales, “se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones”. 
Y agrega: “No estando estas normas en vigor por expresa orden no sólo de disposiciones procesales tanto funcionales como orgánicas sino, especialmente, por precepto constitucional concreto, no se entiende cómo podrían ser sujetos de interpretación ni sistemática ni teleológica, para los efectos de su aplicación, sin contravenir seriamente la Constitución que nos rige”. 
La resolución tanbién desecha la aplicación de los tratados internacionales a los que se refirió la defensa de Pinochet durante los alegatos. Los ministros estimaron que “la actual legislación procesal penal en vigencia en la Región Metropolitana y sobre hechos acaecidos con anterioridad a la nueva preceptiva, contiene suficientes normas que aseguran los derechos de los procesados y su garantía a ser juzgados con un debido proceso de ley. Ejemplo de ello son los artículos 318 bis, 320, 322, 323, 324, 329, 330, 333, 334 y 336 del Código de Procedimiento Penal”. 
Los magistrados, tras conocer los exámenes médicos practicados a Augusto Pinochet, resolvieron que “la enajenación (mental que sufre) ha sido adquirida con posterioridad de la comisión de los delitos que se investigan en esta causa, por lo que se hace necesario aplicar las normas que el Código de Procedimiento Penal en su párrafo 2 del título III del libro IV establece para el procesado que cae en enajenación”. 
Es decir, los ministros tuvieron en cuenta las normas sobre las garantías del debido proceso. Esto, pues Pinochet no estaría en condiciones de aportar los elementos necesarios para defenderse con éxito y utilizar los derechos que se le deben reconocer, al estar enajenado mentalmente.

Un fallo definitivo

Trascendió en fuentes judiciales que los ministros de la Segunda Sala se reunieron a partir de las 11 de la mañana, reunión que se prolongó hasta las 13:20 horas, donde el ministro Chaigneau, quien era el encargado de redactar el fallo, lo expuso ante los ministros. 
La redacción del fallo de Chaigneau fue no sólo jurídica, sino también científica, pues profundizó y analizó el estado de salud mental de Pinochet. Luego los cuatro ministros que escucharon la redacción de Chaigneau llegaron a la convicción de que la salud mental de Pinochet “es irrecuperable”. 
Trascendió que el ministro Milton Juica, quien se presumía que iba a ser voto de minoría junto a José Luis Pérez y cuya postura era abrir nuevamente el proceso a Pinochet o terminarlo definitivamente, se convenció de que el procesado Pinochet no tiene posibilidades de mejoría y optó por sumarse al voto de mayoría, que estaba por el sobreseimiento definitivo.

Sentencia

Los ministros de la Segunda Sala, antes de dictar el sobreseimiento definitivo de Pinochet, acogieron el recurso de casación en la forma interpuesto por los querellantes Hugo Gutiérrez y Juan Pavín. Luego de eso, de conformidad a la ley, dictaron de oficio una sentancia de reemplazo. 
Este último fallo, de 17 páginas, señala: “Por lo dicho y de acuerdo a lo que dispone el artículo 686 del Código de Procedimiento Penal, esta Corte, procediendo de oficio de conformidad con sus facultades legales, debe resolver que no se continúe el procedimiento en contra de augusto Pinochet Ugarte y, consecuentamente, dictar sobreseimiento definitivo en su favor”. 
La resolución también especifica que “no habiendo razones para considerar que su libertad constituya un peligro o en los términos del artículo 688 del Código de Procedimiento Penal, el procesado permanecerá en libertad”

El magistrado procesó al desaforado senador vitalicio en calidad de co-autor intelectual del delito de secuestro calificado seguido de homicidio en los casos en que las víctimas no han sido halladas, y por homicidio en el caso de los cuerpos que se han encontrado, lo que hace un total de 74 casos. En una resolución absolutamente inesperada, el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, notificó a la defensa del general (R) Augusto Pinochet que lo sometió a proceso en calidad de co-autor intelectual de delitos vinculados a la Caravana de la Muerte.
Tras esta decisión es muy difícil que a Guzmán se le quite el caso Pinochet, porque ello sería visto como una presión por sus decisiones judiciales. Otros análisis estiman que "la derecha estiró demasiado la cuerda". La resolución del magistrado, además, amplía estos cargos al ex brigadier Pedro Espinoza; al coronel (R) Marcelo Moren Brito; al general (R) Sergio Arellano Stark y al coronel (R) Sergio Arredondo. Para tomar su decisión, el magistrado debe haber considerado como declaración indagatoria los exhortos que envió a Londres, cuando Pinochet estaba detenido.

Finalmente, Augusto Pinochet presentó su renuncia a la Cámara Alta, a través de una carta entregada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz al presidente de la corporación, Andrés Zaldívar.

Aún no se conoce el contenido del documento que llegó hasta el escritorio del titular de la Cámara Alta. Sólo se sabe que éste tiene dos páginas y que explicita que Pinochet renuncia a su calidad de senador vitalicio porque su estado anímico y de salud ya no le permite ejercer esta función.

El Gobierno, a través del ministro Heraldo Muñoz y del propio Presidente Lagos, manifestaron su conformidad con la decisión del general (r).

En un fallo inesperado, por 14 votos contra 9 el Pleno de la Corte de Apelaciones resolvió esta mañana acoger la solicitud de desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte, por su vinculación con la denominada Operación Cóndor.

Con la resolución de hoy, el ex gobernante podría ser procesado por su responsabilidad en la desaparición de centenares de víctimas en el marco del mencionado operativo.

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia sometió a proceso al general (R) Augusto Pinochet Ugarte por nueve secuestros calificados y un homicidio calificado perpetrados en el marco de la Operación Cóndor, como fue conocida la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América Latina para eliminar a sus opositores a fines de los setenta y principio de los ochenta.

Ésta es la primera vez que se dicta un procesamiento en toda Sudeamérica en contra de uno de los autores de esta coordinación, en la que también estuvieron involucrados los gobiernos de Uruguay, Argentina, entre otros.

Después de ordenar la realización de exámenes médicos y reunirse en varias oportunidades con los tres peritos a cargo de las diligencias, el magistrado estimó que existen antecedentes respecto a que el ex militar tuvo algún grado de responsabilidad en la desaparición y muerte de ciudadanos chilenos.

La resolución del magistrado se encuentra consignada en dos partes. En la primera, explica que el ex militar no se encuentra demente y, por tanto, puede enfrentar un juicio de reproche, y en la segunda lo somete a proceso.

El juez decretó arresto domiciliario contra el ex militar, el que probablemente se concretará en su residencia de La Dehesa, y anticipó que lo notificará a la brevedad.

Consultado por la dificultad de tomar esta resolución, el magistrado comentó que "cuando estudié bien todas las declaraciones, todos los elementos de juicio que tenía a la vista y las percepciones personales que yo tuve de él no fue difícil, fue bastante fácil".

El juez citó como los principales fundamentos de su determinación, entre otras características de Pinochet, "su coherencia, la comprensión de las preguntas y las respuestas atinadas", tras lo cual negó que el procesamiento responde a la difusión del informe sobre prisión política y tortura.

Actualmente, Pinochet también se encuentra privado de su fuero como ex gobernante por la responsabilidad que le puede caber en el atentado que en 1974 le costó la vida al general Carlos Prats y a la esposa de éste, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, aunque la determinación aún debe ser ratificada por la Corte Suprema.

Asimismo, es investigado por el ministro de fuero Sergio Muñoz por las millonarias cuentas detectadas a su nombre en el Banco Riggs de Estados Unidos, avaluadas entre US$4 millones y US$ 8 millones. En este proceso, se indaga si el origen del dinero es lícito y la evasión tributaria en la que habría incurrido al no pagar los impuestos respectivos por los depósitos.

La defensa del general en retiro Augusto Pinochet Ugarte formalizó la presentación de un recurso de amparo a favor del ex uniformado, con lo que paralizaron, por el momento, el arresto domiciliario decretado en su contra luego que fuera procesado en el marco de la Operación Cóndor.

La orden de detención fue dictada por el ministro de fuero Juan Guzmán, quien estimó que Pinochet se encuentra "apto mentalmente" para enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado perpetrados durante esa coordinación represiva.

Sin embargo, con el escrito presentado por la defensa del ex militar la orden de arresto quedó congelada hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago tome una decisión al respecto, aunque el proceso en contra de Pinochet sigue su curso.

El ministro Guzmán admitió que antes de decretar la detención domiciliaria de Pinochet, debe esperar la resolución que adopte el tribunal de alzada capitalino.

En tanto, el abogado Eduardo Contreras, querellante del ex militar, precisó que el escrito no tiene ninguna influencia respecto al procesamiento dictado por el magistrado.

"Esto no tiene ninguna repercusión respecto al procesamiento, salvo que el recurso de amparo lo ganara la defensa de Pinochet. A la luz de los antecedentes que hay, teniendo en cuenta que previamente hubo dos pronunciamientos de desafuero, es imposible absolutamente que sea revocado el fallo del juez Guzmán", señaló.

Fijan domicilio en Los Boldos

El magistrado también visó la presentación de la Auditoría General del Ejército, que fijó en la Parcela de Los Boldos el domicilio del general (R) Pinochet.

Guzmán tenía previsto notificar de esa resolución al ex militar en la residencia que éste tiene en La Dehesa, por lo que ahora deberá desplazarse a la finca ubicada en las cercanías de Bucalemu, Quinta Región.

Luego del rechazo de la Corte Suprema a desaforar a Augusto Pinochet, el ministro Alejandro Solís optó por dictar el sobreseimiento definitivo del ex dictador en el caso por el doble homicidio del general (r) Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert.

Con la medida el juez cumplió con lo dispuesto por el máximo tribunal que en la práctica al negar el desafuero le impidió seguir investigando la responsabilidad de Pinochet.

El 24 de marzo, el pleno de la Corte Suprema rechazó desaforar a Pinochet, argumentando razones formales, fundamentalmente la existencia de un pronunciamiento anterior. Solís mantiene procesada a toda la plana mayor de la DINA.

El dictador Augusto Pinochet falleció este domingo a los 91 años de edad en el Hospital Militar de Santiago, donde se encontraba ingresado desde hace una semana, cuando sufrió un infarto de miocardio que a punto estuvo de costarle la vida. Pinochet rigió con mano de hierro los destinos de Chile entre 1973 y 1990, encabezando una dictadura que eliminó y reprimió a miles de opositores. La Justicia chilena estaba en proceso de encausar al general por algunos de los crímenes cometidos por el Gobierno militar que dirigió.

"El hospital Militar de Santiago comunica el sensible fallecimiento del ex presidente de la República y ex comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte", es el texto de un escueto comunicado emitido por el Hospital Militar. "A las 13:30 horas (17.30 en España) el paciente sufrió una inesperada y grave compensación que obligó a su traslado en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos donde se aplicaron todas las medidas médicas de resucitación no lográndose la respuesta médica positiva falleciendo a las 14.15 horas", dice el comunicado. El cadáver de Pinochet será trasladado esta tarde (medianoche en España) a la Escuela Militar de Santiago, donde se instalará la capilla ardiente durante al menos 48 horas, según han informado fuentes castrenses. Durante su convalecencia tras el infarto, el Gobierno de Michelle Bachelet ya adelantó que no se le rendirían honores de Estado.

Sin honores de Estado

Las exequias del dictador serán el próximo martes, según ha informado el Ejército chileno, mientras el Gobierno ha confirmado que no tendrá honores de Estado. "El día martes 12 de diciembre a las 12.00 horas [las cuatro de la tarde en España] se realizará en la Escuela Militar una misa exequial y al término de ésta se efectuarán los honores fúnebres en el patio de honor del instituto", precisa el ejército en un comunicado. El Gobierno, en tanto, ha dicho que no habrá honores de Estado para Pinochet y que sólo la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, representará al Ejecutivo en la misa.

Al término de una reunión de la presidenta, Michelle Bachelet, con el comité político de ministros, el portavoz gubernamental, Ricardo Lagos Weber, indicó que no obstante se ha autorizado izar la bandera a media asta en los recintos del Ejército y unidades militares del país. Lagos Weber indicó que los restos de Pinochet serán cremados y sus cenizas se entregarán a sus familiares.

El cadáver de Augusto Pinochet ha sido trasladado esta madrugada a la Escuela Militar, donde será velado hasta el martes con los honores que el reglamento del Ejército establece para sus ex comandantes en jefe. El traslado del féretro se concretó a las 05.00 hora española, varias horas después de lo anunciado como medida de seguridad, dijo la policía, debido a los hechos de violencia que se desataron en el centro y otros sectores al caer la tarde y el comienzo de la noche. Incluso, los aproximadamente 4.000 partidarios del ex dictador que se habían congregado frente a la Escuela Militar con velas encendidas y otros gestos de homenaje al ex general, habían disminuido en más de la mitad cuando finalmente se produjo el traslado, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Disturbios en La Moneda

Las reacciones de los chilenos han sido inmediatas y de signo contrario. Las manifestaciones, en las que han participado unas 5000 personas sólo en la capital, se han saldado con decenas de detenidos,

según fuentes oficiales. Los detractores del dictador fallecido comenzaron con cánticos, pancartas y banderas en la Plaza de Armas, y muchos de los familiares de detenidos desaparecidos destaparon botellas de champaña. La Alameda Bernardo O'Higgins, la principal arteria que cruza la capital chilena se abarrotó de gente que celebraba la muerte de Pinochet. Al menos seis agentes de policía y un civil han resultado heridos y cuatro personas han sido detenidas en medio de los enfrentamientos que se registraron esta madrugada entre los detractores del dictador Augusto Pinochet y Carabineros en el parque de la Alameda de Santiago, frente al Palacio de La Moneda.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse frente a La Moneda para celebrar la muerte del general. Después de que algunos sobrepasaran las barreras de contención dispuestas en la Plaza de la Ciudadanía, los carabineros intentaron controlarlos con gases lacrimógenos y caños de agua antidisturbios. Ante el aumento de los enfrentamientos, la Guardia Presidencial decidió cerrar la puerta del Palacio de La Moneda. Algunos de los manifestantes han arrancado semáforos y las barreras de la calle Alameda, mientras otros encapuchados lanzan piedras a los vehículos de la fuerza pública.

Por el contrario, frente al Hospital Militar donde se encontraba internado Pinochet, cientos de simpatizantes lloraban su fallecimiento portando fotografías del ex dictador y entonaban de vez en cuando el himno nacional. Algunos de sus partidarios reaccionaron con violencia contra de la prensa nacional y extranjera que cubre los acontecimientos a las puertas del Hospital.

Miles de crímenes

La muerte de Pinochet se ha producido antes de que pudiera responder ante la Justicia por los miles de crímenes cometidos por la dictadura que encabezó. Según estimaciones, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen como detenidas desaparecidas. Más de 28.000 opositores fueron torturados, según datos oficiales, y alrededor de 300.000 debieron exiliarse por razones políticas.

Actualmente, el ex dictador estaba siendo procesado por algunos de los crímenes de los que se le acusaba. De hecho, durante su convalecencia en el Hospital Militar le fue levantado un arresto domiciliario. La Caravana de la muerte, la Operación Cóndor o la Operación Colombo eran algunos de los nombres de las campañas de represión de opositores. El proceso judicial al dictador comenzó e octubre de 1998, cuando, por orden del juez español Baltasar Garzón, fue arrestado en Londres, donde pasó 17 meses. Los farragosos trámites legales no fructificaron con su entrega a España y Pinochet volvió finalmente a Chile por problemas de salud. No obstante, se abrió la puerta legal a su enjuiciamiento y la justicia chilena, con el juez Juan Guzmán a la cabeza comenzó a actuar.

Al momento de morir, Pinochet estaba procesado como presunto autor de secuestros (desapariciones), homicidios y torturas en al menos tres casos por violaciones a los derechos humanos, además de un caso de fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en relación con el descubrimiento, en 2004, de numerosas cuentas secretas a su nombre en el Riggs Bank de EE UU y otros bancos del exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en 26 millones de dólares. De acuerdo con las leyes chilenas, tras su muerte Pinochet deberá ser sobreseído en todas las causas que lo involucraban.

Las armas químicas que el dictador chileno Augusto Pinochet usó para envenenar a sus adversarios políticos se llamaban neurotoxinas botulínicas y fue el Gobierno de la dictadura militar brasileña quién se la proveyó.

El balance oficial de muertos durante los 17 años en que el dictador chileno estuvo en el poder (1973-1990) fue de 3.225 muertos y desaparecidos, además de los 37.000 presos políticos. Parte de esas muertes fueron provocadas por envenenamiento con el arma bioquímica llegada desde Brasil, un veneno mucho más fuerte que el cianuro. La neurotoxina botulínica produce intoxicación con parálisis y lleva a la muerte por asfixia.

Como es sabido, Brasil apoyó el golpe militar chileno de 1973. El entonces Gobierno militar de Brasilia ofreció plena ayuda a Pinochet, desde financiera a diplomática. Ambos Gobiernos dictatoriales continuaron socorriéndose mutuamente durante los años de la represión.

Lo que era menos conocido y que es indagado por los actuales Gobiernos democráticos de Brasil y Chile es la ayuda bioquímica que Brasil ofreció a Pinochet para poder eliminar con mayor eficacia a sus adversarios políticos, como informa el diario brasileño O Globo.

Para disimular el contrabando de la toxina obtenida en Brasil se usó como fachada el Instituto Bacteriológico chileno, hoy Instituto de Sanidad Pública (IPS). Ha sido la médica, Ingrid Heltmann Ghigliotto, exdirectora del IPS que estuvo presa durante el régimen militar, quien ha contado a la agencia DPA que encontró en los sótanos del instituto dos cajas con ampollas de toxinas botúlicas del Instituto Butantan de Sâo Paulo, que hubiesen sido suficientes para matar a la mitad de los habitantes de Santiago de Chile.

El Ministerio de Sanidad de Brasilia afirma que no posee registros de envíos al antiguo Instituto Bacteriológico de Santiago. A su vez, en Sâo Paulo, el Instituto Butantan dice que no le consta el envío de anatoxina botúlica a Chile en la década de los 70 a los 80.

Fue la CIA la primera que habría descubierto en 1978 el interés del dictador chileno por el uso de armas químicas como las que le llegaban desde Brasil para eliminar con mayor eficacia a sus adversarios.

Mientras comienza a identificarse a los chilenos involucrados en la historia, se desconocen aún los colaboradores en Brasil que ofrecieron a Pinochet la toxina mortífera. En este país están en curso los trabajos de la Comisión de la Verdad, creada por la presidenta Dilma Rousseff para esclarecer todos los crímenes perpetrados durante la dictadura militar que aún siguen ocultos o en el olvido. Podría ser una ocasión para conocer a ciencia cierta la verdad y la envergadura sobre estas informaciones que la justicia chilena está investigando.

En Argentina se lleva a cabo un juicio masivo contra los criminales de los Ejércitos de América del Sur que idearon el denominado Plan Cóndor, para exterminar a personas de pensamiento progresista. Los "inteligentes espías" dejaron todo tipo de huellas. El descuido dejó documentos que hablan de las invitaciones "secretas" de una reunión-seminario que se realizó en Chile y dieron origen al plan represivo que originó la mayor masacre de gente de izquierda del cono sur. Vea en exclusiva, la invitación de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA a sus pares de la "inteligencia" de otros Ejércitos de América

Es el año 1975. Pinochet está al poder y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tiene mucho trabajo que hacer. Los grupos de izquierda intentan recuperarse en Chile luego de masivas detenciones, exilios y crímenes y la DINA intenta exterminarlos. ¿Cómo? El plan es aunar fuerzas con los líderes militares de las dictaduras del cono sur de América para acabar con la amenaza de estos grupos.

El director de la DINA de ese entonces, Manuel Contreras, es el encargado de contactar con los organismos de "inteligencia" de los países del sur para concertar una reunión en Santiago. Al encuentro asisten los jefes de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, y Ecuador.

El encuentro "secreto" de "inteligencia" se realiza con éxito. Los jefes llegan al acuerdo de realizar una operación conjunta para acabar con la amenaza de movimientos de tendencia izquierdista. A ésta se le llama "Operación Cóndor", en honor al ave inmortalizada en el escudo nacional del país huésped.

Actualmente, son más de 100 personas cuyo rastro se perdió en operaciones de exterminio de los agentes de los organismos represivos y que son parte del actual juicio que se realiza en Argentina. Pero pueden ser más las víctimas de la operación. No fue hasta 1992 que fueron descubiertos en Paraguay los denominados "Archivos del terror", una serie de documentos que prueban la existencia de la sangrienta organización.

Resulta que la operación de Inteligencia "secreta" dejó detrás varios documentos que confirmaron su existencia y sus crímenes. Los documentos encontrados corresponden a cartas enviadas por Manuel Contreras en que invita a una reunión de trabajo de Inteligencia nacional, la que tenía "un carácter de estricto secreto" en Santiago.

¿Cómo se explica que los organismos de espionaje dejen huellas de su organización criminal o cómo es que se cite a una reunión secreta mediante una carta? Más que de inteligencia, la reunión organizativa revistió toques casi humorísticos, sino fuese por las trágicas consecuencias que trajo. Por ejemplo, hubo reuniones sociales de los participantes, fotografías, visitas a autoridades y encuentros semipúblicos. O sea los supuestos espias más top"s de América, dejaron todo tipo de huellas…

La tontera y la arrogancia: la explicación de la evidencia

El abogado de Derechos Humanos y director de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, explica que esta actitud no fue al azar. El sentimiento de superioridad que compartían los agentes de Inteligencia, que actuaron con completa despreocupación.

"Ellos estaban seguros de la impunidad, y así actuaron de forma descubierta. Intercambiaron correspondencia", dice el abogado Villagra.

"La reunión Cóndor fue financiada por la DINA y significó un aparataje antisubversivo bastante importante", recuerda el abogado

El profesional profundiza en su tesis de arrogancia de los militares que incluso usaron entidades públicas para el envío de misivas a los países aliados para la formar la organización criminal. "Fue tan grosera que quien fuera gerente del Museo Aeronáutico, fue enviado a mandar carta a todos los jefes de los países para coordinar Cóndor".

Mientras, el abogado del PC, Eduardo Contreras, explica que entre los miembros de la Operación Cóndor, existía la sensación de permanencia eterna en el poder, siendo así, ¿quién los iba a detener?

"Cuando se produjeron los golpes de Estado, todos ellos empujados por EE.UU, tenían la sensación que por la violencia sus gobiernos iban a ser eternos. De alguna manera tuvieron razón, muchas de las acciones, instituciones nuevas y cambios que introdujeron en los pueblos se mantienen hasta hoy", dijo el abogado que se querelló contra Pinochet y logró su desafuero.

"Ese aire de prepotencia, venía por tener de su lado a los empresarios y a los medios de comunicación, los hacía presumir que podían hacer acta de todo lo que se les ocurría, porque nunca iban a ser descubiertos. La arrogancia de las dictaduras y los dictadores es enorme, pensaron que jamás iban a ser condenados o procesados", concluyó.

Se tiende a confundir que los archivos hoy conocidos son producto de los descuidos, que Inteligencia no funcionó como tal. Sin embargo, la situación fue distinta. Fue el emborrachamiento de poder lo que les jugó en contra. La sensación de invencibilidad fue su condena. Fueron esas pistas almacenadas las que lograron llevar a los dictadores y su secuaces al banquillo de los acusados.

Los fondos fueron transferidos a la cuenta corriente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) debido a que los herederos de Pinochet no los reclamaron dentro del plazo legal de seis meses. Cabe mencionar que estos fondos no formaron parte del decomiso ordenado por la Corte Suprema en 2018, que obligó a la familia Pinochet a traspasar al fisco US$ 1,6 millones, señalando que el general (r) había incurrido en conductas relacionadas con la sustracción de caudales públicos.

Tras casi dos décadas de intensas investigaciones y litigios, más de $3 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente US$ 3.3 millones, que fueron incautados al dictador Augusto Pinochet Ugarte, en el marco del Caso Riggs, finalmente han quedado en manos del Poder Judicial de Chile. Según consignó El Mercurio, la larga batalla legal concluyó con la liquidación de tres depósitos a plazo que estaban en una entidad bancaria.

El caso Riggs, que se remonta a agosto de 2004, fue una investigación que se centró en el patrimonio del fallecido general y líder de la dictadura chilena Augusto Pinochet Ugarte. En 2018, la Corte Suprema ordenó el decomiso de una parte de los fondos relacionados con Pinochet, determinando que su familia debía traspasar al fisco un monto equivalente a US$ 1.6 millones, lo que en ese momento representaba poco más de mil millones de pesos chilenos.

La Sala Penal de la Corte Suprema también concluyó que los herederos de Pinochet eran “terceros responsables” en este caso y que el general (r) había incurrido en “conductas que importaron sustracción de caudales públicos”. Estas decisiones legales marcaron un hito en la lucha contra la impunidad en Chile y sentaron un precedente importante.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue el organismo que solicitó al ministro del tribunal de alzada capitalino, Guillermo de la Barra, poner a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) los fondos retenidos en el tribunal. El ministro De la Barra accedió a esta solicitud en el año 2020, basándose en el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal chileno, que establece que los dineros puestos a disposición de los tribunales que no sean objeto de incautación ni reclamados dentro de los plazos señalados se girarán a la orden de la CAPJ para sus fines.

Sin embargo, la historia legal de estos fondos no terminó allí. La defensa de Lucía Hiriart, la fallecida viuda de Augusto Pinochet, interpuso un recurso argumentando que ella ya no era dueña de los bienes en comiso. El ministro De la Barra rechazó este recurso, y en diciembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión. La sentencia quedó ejecutoriada hace un año, pero la entrega de los fondos no pudo concretarse en agosto de 2022 debido a medidas precautorias impuestas por el 7º Juzgado Civil de Santiago, en respuesta a una demanda presentada por el CDE.

De acuerdo al matutino, estos recursos serán destinados a los fines de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).