Muñoz Uribe Miguel Pablo

Puede que sean las víctimas más australes de la dictadura de Augusto Pinochet:

tres hombres fusilados en las heladas pampas de Porvenir, XII Región, por efectivos del Regimiento Nº 11 Caupolicán. El ministro de fuero Joaquín Billard sometió a proceso y encarceló ayer, por homicidio calificado, a los tres suboficiales que abrieron fuego sobre Ramón González (empleado fiscal), Carlos Baigorri (profesor) y Hernán Cárcamo (obrero de pesca), la madrugada de un olvidado 30 de octubre de 1973. La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos constató que los tres prisioneros fueron sacados desde la unidad militar, siendo los únicos detenidos del recinto que no eran de la zona.

Se acreditó que los suboficiales Miguel Muñoz, Luis Arata y Juan Ortiz los condujeron hasta un lejano punto de Tierra del Fuego, fusilándolos por orden del comandante del regimiento, Augusto Reijer Rago (fallecido). Los tres cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar, acreditándose su muerte por un médico de la misma unidad militar que constató que sus muertes ocurrieron por las heridas provocadas por balas. Reijer Rago era amigo de Sergio Arellano Stark, jefe de la temida Caravana de la Muerte. Según testimonios, los fusilamientos se produjeron después de una llamada de Arellano en la que le consulta a Reijer “cuántos muertos tenían”.

El ministro de fuero Joaquín Billard condenó este lunes a tres militares en retiro acusados de homicidio calificado en contra de Ramón Domingo González Ortega, Germán Simón Cárcamo Carrasco y Carlos Raúl Baigorri Hernández, en hechos acontecidos en la localidad de Porvenir, el 29 de octubre de 1973.

El magistrado sentenció a Juan Antonio Ortiz Toledo y Miguel Pablo Muñoz Uribe, a la pena de tres años y un día de presidio, y a José Rafael Aguirre Aguirre, a cinco años y un día de cárcel.

El juez también estipuló que "reuniéndose respecto de los sentenciados Ortiz Toledo y Muñoz Uribe, los requisitos del artículo 15 de la ley 18.216, se les concede el beneficio de la libertad vigilada" y que "no concurriendo respecto del sentenciado Aguirre Aguirre los requisitos de la Ley 18.216, no se les concede ninguno de los beneficios por ella establecidos".

El ministro de fuero rechazó, además, en todas sus partes, la demanda civil de indemnización de perjuicios, deducida en contra del Fisco de Chile.

Según lo señala la orden de detención emanada del ministro de fuero sobre los delitos acaecidos en Magallanes: "Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, mientras se encontraban prisioneros dentro de un container ubicado al interior del regimiento de infantería Nº11 "Caupolicán" de Porvenir, fueron sacados de su encierro por cuatro soldados de la misma unidad y los subieron a una camioneta para trasladarlos varios kilómetros fuera del regimiento".

Los antecedentes del proceso establecen que "una vez que se detuvo el vehículo, los soldados hicieron bajar a los prisioneros y acto seguido, les dispararon con los fusiles SIG, dándoles muerte en forma inmediata. Constatadas sus muertes, por un medico de la misma unidad militar, los uniformados procedieron a sepultar los cuerpos en el mismo lugar de su ejecución".

Al día siguiente, de acuerdo a lo que consigna en el expediente, "el comandante de la unidad dio como versión oficial la baja de los prisioneros por habérseles aplicado la ley de fuga, informándose al resto del regimiento y a los medios de información, que estos huyeron de la unidad, que fueron sorprendidos a unos 20 kilómetros de distancia, y al no hacer caso de la voz de alto, se les disparó dándoles muerte, hecho que importa la comisión del delito de homicidio calificado cometido en las personas de Ramón González Ortega, Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández, ilícito previsto y sancionado en el articulo 391 Nº1 del Código Penal".

El 30 de octubre en la madrugada, los tres fueron sacados del lugar en que dormían y llevados al polígono del regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó dos condenas por tres ejecutados políticos en la XII Región, en 1973, pero absolvió a uno de los procesados en el llamado caso Porvenir.

Ramón González Ortega, Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández fueron asesinados el 30 de octubre de 1973 en las cercanías del Regimiento de Infantería Caupolicán, en Porvenir.

La versión oficial afirmó que los detenidos se habían escapado y, al ser ubicados, no obedecieron la voz de alto, por lo cual los soldados dispararon y les dieron muerte.

En primera instancia, el ministro Joaquín Billard condenó a 5 años y un día de presidio al entonces subteniente José Aguirre Aguirre, y a 3 años y un día, con el beneficio de libertad vigilada, al cabo Miguel Muñoz Uribe y al sargento Juan Ortiz Toledo.

Sin embargo, el tribunal de alzada determinó la absolución de Aguirre, por estimar que no participó en los hechos, y elevó a siete años de presidio las penas para Muñoz y Ortiz.

Asimismo, la sentencia ordena al Fisco pagar una indemnización de $50.000.000 a cada uno de los padres de Carlos Baigorri Hernández:  Dieter Baigorri Kuvacic y Georgina Hernández Ponce.

Carlos Baigorri, de 31 años a la fecha de su muerte, tenía un hijo y era profesor y secretario regional del Partido Comunista. En tanto, Ramón González tenía 37 años, era empleado del Servicio de Impuestos Internos y no tenía militancia conocida.

Finalmente, Germán Cárcamo tenía 24 años y era empleado de Socoagro y militante socialista.

Estas tres personas habían sido detenidas en forma separada en sus respectivos domicilios y luego de pasar por otros recintos, fueron conducidos al regimiento Caupolicán.

El 30 de octubre en la madrugada, los tres fueron sacados del lugar en que dormían y llevados al polígono del regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte.

Según testimonios confiables presentados ante la Comisión Rettig, los detenidos fueron fusilados a las 04 horas del día 30, con el objetivo de efectuar una "medida ejemplarizadora".

El fallo fue pronunciado por cuatro votos contra uno por la II Sala Penal del máximo tribunal, siendo el voto disidente el del juez Nibaldo Segura, que estuvo por absolver a los procesados sobre la base de la prescripción del delito. Sin embargo, la legislación internacional sostiene que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo cual Chile acogió.
La Corte Suprema condenó este martes a siete años de prisión, en un fallo definitivo, a tres represores de la dictadura militar que en octubre de 1973 asesinaron en la región de Magallanes a tres prisioneros políticos, informaron fuentes judiciales.
Los condenados, que según el fallo no tendrán beneficios carcelarios hasta cumplir la condena, son Miguel Pablo Muñoz Uribe, Juan Antonio Ortiz Toledo y José Aguirre Aguirre, precisaron las fuentes.
Los tres fueron procesados y condenados por los homicidios de Ramón González Ortega, Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández, ocurridos la noche del 29 de octubre de 1973, en la localidad de Porvenir, a 2.600 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Magallanes.
Según los antecedentes reunidos en el proceso, los tres fueron asesinados esa noche y al día siguiente las autoridades militares publicaron que habían sido ultimados durante un intento de fuga, a 20 kilómetros de la ciudad.
Carlos Baigorri tenía 31 años, era profesor y dirigente regional del Partido Comunista, Germán Cárcamo tenía 24 años, era empleado y militante del Partido Socialista, y Ramón González, de 37 años, no tenía militancia y era funcionario del Servicio de Impuestos Internos.
El fallo fue pronunciado por cuatro votos a uno por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, con el voto disidente del juez Nibaldo Segura, que estuvo por absolver a los procesados sobre la base de la prescripción del delito.
Según la legislación internacional, acogida en la legislación chilena, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
En la parte civil del juicio el tribunal determinó que el Fisco debe pagar una indemnización de 50 millones de pesos a la familia de cada una de las víctimas.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad condicional al cabo Alejandro Sáez Mardones, y al sub oficial en retiro del ejército Miguel Pablo Muñoz Uribe ambos condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura. Como fruto de esta decisión, los familiares de las víctimas lograron concertar una reunión con la ministra de Justicia Javiera Blanco para exigir que los casos de lesa humanidad no sean medidos con la vara de los delitos comunes.

Con tristeza, y molestia, las familias de las víctimas del caso Degollados tomaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgar la libertad condicional al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Alejandro Sáez Mardones, y al ex suboficial del ejército Miguel Pablo Muñoz Uribe.

Mardones y Muñoz están condenados por crímenes de lesa humanidad. El primero a cadena perpetua como autor de los secuestros y homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como autor de los secuestros de otras seis personas.

Mientras que Muñoz es sindicado como el homicida del Secretario Regional del Partido Comunista de Magallanes, Carlos Raúl Baigorri Hernández, del militante socialista Germán Simón Cárcamo Carrasco y de Ramón Domingo González Ortega, ejecutados en los inicios de la dictadura, en Porvenir, Magallanes.

Sin embargo, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que ambos uniformados cumplían con los requisitos de “irreprochable conducta anterior”, asistieron a los talleres de rehabilitación y tenían conciencia del daño causado, por lo que descartó la argumentación de la Comisión de Libertad Condicional de este mismo tribunal y declaró como ilegal el rechazo al beneficio carcelario.

Hechos que provocaron un gran pesar en los familiares, según aseguró Camilo Parada, hijo del sociólogo José Manuel Parada: “Hay una sensación de impunidad y de desprotección que es infinita, o sea, porque estamos hablando de personas que secuestraron, torturaron y degollaron a Manuel Guerrero, a Santiago Nattino y a mi padre, José Manuel Parada y emocionalmente esto es muy difícil, muy complejo”.

Parada explicó que “lo primero que me invadió fue una consternación al comprobar con dolor la verdad que Gendarmería y la Corte de este país están equiparando de facto delitos comunes con delitos de lesa humanidad”.

Manuel Guerrero Antequera, otro de los hijos de las victimas agregó que la sentencia del tribunal de alzada es una pésima señal para el país: “Nos parece que es una pésima señal en Chile y los propios documentos oficiales del Estado han constatado y calificado, decenas de miles de caso de violaciones a los Derechos Humanos apenas hay 60 personas cumpliendo condena por estos delitos y además se les beneficia por estos delitos”.

En este sentido, el abogado que representa a las familias, Fernando Leal, calificó de vergonzoso el fallo y sostuvo que apelarán al dictamen en la Corte Suprema. “No puede ser que personas que no tienen una adecuada conciencia del delito, del mal y daño causado, tratándose de un crimen tan horrendo como el caso Degollados, donde tres personas fueron secuestradas y fueron asesinadas siendo degolladas. Estamos hablando de uno de los peores crímenes cometidos en la Dictadura y que más impacto causó en la opinión pública”.

Desde el punto de vista legislativo, el diputado Comunista Hugo Gutiérrez indicó estar cansado de solicitar que se revoquen estos recursos y que es necesario legislar un proyecto de ley que trace la diferencia entre aquellos delincuentes que comenten delitos ordinarios y aquellos que producen los crimines más aberrantes que son los de lesa humanidad.

“De una vez por todas presentemos un proyecto de ley que efectivamente establezca con claridad que todo aquellos que son condenados por estos delitos de lesa humanidad no tengan ningún tipo de beneficio “intramuro”, es decir que no tienen posibilidad alguna de obtener ningún beneficio carcelario que les permita recuperar la libertad antes del total cumplimiento de la pena”.

Finalmente, la ministra de Justicia, Javiera Blanco accedió a reunirse con los familiares de las víctimas de Nattino, Parada y Guerrero durante este martes para hacerle llegar su pesar y la necesidad de legislar sobre esta materia.