Mayol Duran Manfredo

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como “testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. “Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de “ética periodística”.

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento” a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos

El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno –asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un “violento enfrentamiento”. Como “prueba” irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación “mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género “periodismo de ficción”

“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

“Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados”.

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos “extremistas”.

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar “en vivo” por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen

El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista” gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal “del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio

Carlos Roberto Araya Silva fue cómplice junto a Julio López Blanco, quien hace poco era rostro de Mega, de haber protagonizado el encubrimiento de la matanza de 6 persones en Rinconada de Maipú en 1975. Una de las víctimas estaba embarazada. Hasta ahora la única sanción recibida por Araya Silva es la expulsión del Colegio de Periodistas el 2007.

El ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó el Poder Judicial (PJ) el 31 de enero de este año, la investigación del juez Alejandro Solís Muñoz estableció que Carlos Roberto Araya y Julio López Blanco fueron convocados por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA), policía secreta de Pinochet para emitir notas en televisión que presentaran como enfrentamiento el asesinato de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Luís Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien llevaba en su vientre una criatura de 3 meses.

Algunas de las personas asesinadas eran familiares y habían sido detenidas por la DINA días anteriores.

Según el documento de tribunales "el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi".

Todos los detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad. Pero era mentira.

"En la madrugada del 19 de noviembre -prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado".

"Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que ésa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de un enfrentamiento en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa].

"En realidad -prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un "montaje" para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA".

El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.

A DÚO CON JULIO L"PEZ BLANCO

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en la Villa Grimaldi fueron disfrazados como "bajas terroristas" de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental Rinconada de Maipú, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Julio López Blanco, Claudio Sánchez (hoy reporteros de MEGA) y la portada del diario La Tercera informando del supuesto "enfrentamiento"

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: "En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos"- fue lo que dijeron esa vez.

A la par la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del "enfrentamiento".

No mostraron nada parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña "Nuevo Periodismo" y Ética Periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%.

Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

EXPULSI"N Y SANCIONES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

Veinticinco años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.

Doris Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje -excepto a Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden, pidió la expulsión y censura pública de Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.

Tras el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos, "Los 119" del caso "Operación Colombo" y las 6 de "La Rinconada de Maipú".

El entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de "La Rinconada de Maipú", y Roberto D'Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de "Los 119″ y hermano de una de las víctimas.

¿QUIÉN ES CARLOS ROBERTO ARAYA SILVA?

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del país.

Se hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias "El Mamo", jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la "Ley de Control de Armas", aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798.

Esta legislación concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso, encabezada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y autor de la iniciativa, la que fue concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de supuestos "arsenales populares", muchas veces con resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no existían.

La idea de los enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias "armas de destrucción masiva" con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.

Contreras Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de provincia en "periodista", a quien introdujo como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN.

Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC -que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de director de "La Patria", fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.

Araya, un hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual que "la otra". Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.

EL PERIODISTA TORTURADOR

En las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, caratulado "Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado 'Tejas Verdes'", iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del "atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros.

Señala que supo de la existencia de un "campamento de detenidos" debajo del puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes".

En el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: "Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su voz era conocida".

Otra víctima, Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: "…en esta sesión de tortura se encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba "submarino seco"; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en calidad de incomunicado…

María Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que "…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico "El Pelícano", al que le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al campamento de detenidos".

Raúl Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró ante el juez Solis: "Roberto Araya, era periodista, director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por la radio".

En el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: "Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector se instaló un "campamento de prisioneros políticos". Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…".

por Ernesto Carmona Ulloa

Libelo busca responsabilidad por crímenes de lesa humanidad a partir del Golpe

A comienzos de este año las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos presentaron una acción para buscar a los responsables del Golpe de Estado, porque no la consideran una acción política sino que un crimen de lesa humanidad. Nombres como los de Pablo Rodríguez Grez, Roberto Thieme y el propio Agustín Edwards están entre quienes debería citar a declarar el juez Mario Carroza. Es la “complicidad pasiva” de quienes colaboraron con el régimen que dejó más de 3.500 muertos y decenas de miles de torturados.

En diciembre de 1975, el senador norteamericano Frank Church dio a conocer una serie de investigaciones sobre actividades que realizó EE.UU. en Chile durante 10 años. El documento, conocido ampliamente como el Informe Church, relataba que “entre el 5 y el 20 de octubre de 1970 la CIA mantuvo 21 contactos con oficiales clave de los militares y la policía militarizada (Carabineros) de Chile. A los chilenos que se sentían inclinados a ejecutar un Golpe de Estado se les aseguró que habría apoyo decidido al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, tanto con anterioridad como después de consumarlo”. El documento también detalla que después de haber asumido Salvador Allende, “todos los esfuerzos de la Casa Blanca estaban orientados al Golpe Militar”.

Entre los detalles y los nombres de civiles del informe, uno de los que destaca es el de Agustín Edwards y El Mercurio: “Con mucho, el más significativo caso de apoyo a organizaciones de comunicación fue el dinero suministrado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, bajo presión durante el régimen de Allende. El apoyo tuvo su origen en un proyecto de propaganda existente. En 1971 la Central juzgó que El Mercurio, la más importante publicación de la oposición, no podría aguantar la presión del gobierno, incluyendo la intervención en el mercado del papel, prensa y la retirada de publicidad del gobierno. La Comisión 40 autorizó $ 700,000 para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y añadió otros $ 965,000 a esa autorización el 11 de abril de 1972. Un memorándum del renovado proyecto de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación apoyados por la Agencia habían jugado un papel importante en la puesta en marcha del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende”.

Justamente este tipo de episodios —relatados en el informe Church— es uno de los pilares de la querella que no sólo va tras militares sino que también, por primera vez, contra los civiles que instigaron el Golpe de Estado en Chile; una acción judicial que presentaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados políticos a comienzos de este año y que busca determinar que la brutalidad de ese 11 de septiembre no respondió a una acción política, sino que a un crimen de lesa humanidad.

[cita]La avanzada de las organizaciones de derechos humanos, en este sentido, no es aislada en el ámbito internacional. Ellos tienen los ojos puestos en la jueza uruguaya Mariana Mota —un ícono en el tema de los derechos humanos y los crímenes que dejó la dictadura en su país— y que el año pasado dictó la única sentencia que se conoce en el mundo respecto a considerar el Golpe de Estado como un delito de lesa humanidad.[/cita]

“Ese criminal Golpe no fue, por cierto, una locura matinal del dictador. Ese crimen de lesa patria y de lesa humanidad se vino fraguando con tiempo y en esa sórdida conspiración de políticos, mandos de las Fuerzas Armadas, dueños de medios de prensa, poderosos empresarios y aparatos de inteligencia extranjeros, participaron muchos individuos que nunca han sido procesados y que siguen gozando de inmerecida impunidad y libertad”, señala la querella.

LOS NOMBRES

En el escrito se expone que para impedir que en Chile se produjera todo proceso de cambio social, económico o político que pudiera afectar los intereses norteamericanos en Chile, se puso en movimiento a organizaciones terroristas como “Patria y Libertad” dirigida por el abogado Pablo Rodríguez Grez o el Comando Rolando Matus; “se entregó cuantiosos recursos a gremios como el de los camioneros o a líderes del comercio, se provocó el acaparamiento y la escasez de productos, el estallido de bombas y la ejecución de atentados, las huelgas patronales y del transporte y se captó a dirigentes políticos de derecha y de centro”.

La acción judicial también menciona que el gran empresariado nacional no estaba ajeno en absoluto a lo que ocurría. “Un papel destacado jugaba Agustín Edwards, propietario de El Mercurio y fundador en 1968 junto a oficiales retirados de la Armada de una llamada “Cofradía Náutica del Pacífico Austral”. Allí se incorporaron los almirantes  José Toribio Merino,  Patricio Carvajal, Arturo Troncoso, Roberto Kelly y Hernán Cubillos. Este grupo de escogidos mantenía activos contactos con los servicios secretos norteamericanos. Debe mencionarse también a René Silva Espejo, que dirigió  El Mercurio y que tenía contactos de alto nivel con las FF.AA.”.

“En septiembre de 1971 los empresarios con el apoyo de la citada Cofradía realizaron un seminario en el Hotel O`Higgins de Viña del Mar. En ese cónclave golpista estuvieron Javier Vial, Hernán Cubillos y Eugenio Heiremans”.

La querella señala que a la par, seguía activo el movimiento nacionalista ultra reaccionario “Patria y Libertad”. El general Alexander Haig recomendó por escrito entregarle recursos a Pablo Rodríguez. Acompañaban a dicho abogado, que en su juventud había militado en el Partido Radical, personajes como Roberto Thieme, el que años después contrajo matrimonio con la hija mayor del dictador”. Y también se menciona que al complot se sumaban la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y también la Sociedad Nacional de Agricultura con Benjamín Matte, Álvaro Puga y Enrique Campos Menéndez.

En este contexto que imponía el gobierno de Allende como blanco y los conspiradores como contraparte, es que entre otros nombres que se mencionan están el gerente general de Ladeco, Juan Costabal –como uno de los principales contribuyentes de Patria y Libertad–, León Villarín, Rafael Cumsille, Raúl Bazán, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, Sergio de Castro, Sergio Undurraga, Arturo Fontaine, Emilio Sanfuentes y Alvaro Bardón, sólo por mencionar algunos. “Casi todos estos personajes están vivos, conocen acabadamente los hechos y deberán prestar declaración en el proceso. La lista es larga y sólo a vía de ejemplo señalemos a Hermógenes Pérez de Arce, Pedro Ewing, Federico Willoughby, Roberto Kelly, Pablo Baraona, Emilio Sanfuentes, José Radic, Gonzalo Vial y tantos otros que en su momento se solicitará sean citados ante el tribunal”, señala la acción judicial.

El abogado Eduardo Contreras, uno de los profesionales que lleva a delante la querella, señala que antes no se había hecho una acción de este tipo porque los abogados de DD.HH. no llegan a media docena. “Primero centrados contra la DINA y contra Pinochet, pero llega el momento en que ya no es posible seguir eludiendo el tema. Desde el punto de vista jurídico es como considerar el delito de Golpe de Estado. Si se considera delito político está prescrito, pero si se considera como delito de lesa humanidad es imprescriptible”, señala Contreras.

La avanzada de las organizaciones de derechos humanos en este sentido no es aislada en el ámbito internacional. Ellos tienen los ojos puestos en la jueza uruguaya Mariana Mota –un ícono en el tema de los Derechos Humanos y los crímenes que dejó la dictadura en su país– y que el año pasado dictó la única sentencia que se conoce en el mundo respecto a considerar el Golpe de Estado como un delito de lesa humanidad.

UNA LARGA LISTA

Los nombres de civiles asociados al Golpe de Estado, pero que además ayudaron a sostener la dictadura, el modelo económico y constitucional que legó, no son sólo los que aparecen en esta querella.

El comentado adjetivo del presidente Sebastián Piñera que afirmó que en Chile hay “muchos cómplices pasivos”, como jueces y periodistas, en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, suma nombres que han ido figurando –una vez caído el régimen– en libros, investigaciones y reportajes.

JAIME GUZMÁN es el artífice la Constitución que amarra los derechos políticos de los chilenos hasta hoy. Admirador de Franco, casto y célibe –aunque su sobrino deslizó una presunta homosexualidad en una película estrenada recientemente–. Según recuerda el libro “Guzmán”, de Manuel Salazar, fue uno de los principales impulsores de la Ley de Amnistía en 1978 que pretendía cubrir a quienes habían cometidos excesos antes y después del Golpe. “La preparación y dictación de esa ley coincidió con las revelaciones periodísticas que apuntaban a la Dina como eventual responsable del asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington, en 1976”, dice el texto.

Jaime Guzmán fue el encargado de redactar el famoso discurso de Chacarillas, pronunciado por el dictador en 1978 ante 70 jóvenes que portaban antorchas.

MANFREDO MAYOL  DURÁN fue un periodista emblemáticodurante la dictadura militar. Es sindicado como uno de los cerebros detrás de algunas legendarias maniobras mediáticas durante el gobierno de Pinochet. Por ejemplo el inusitado despliegue de la prensa sobre la llegada del cometa Halley o las supuestas apariciones de la Virgen María en Villa Alemana, entre 1983 y 1988, en medio de masivas protestas contra el régimen.

Historias que copaban espacio mientras fue gerente general y jefe de prensa en TVN a mediados de los ’80. En 1988, año marcado por el plebiscito que definiría la continuación o salida de Pinochet, el magíster en Ciencias Políticas era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas. En ese tiempo, junto a Jovino Novoa, Carlos Alberto Délano y Joaquín Lavín, fue convocado desde Interior para revertir la desastrosa campaña de la Franja del Sí, cuyo último capítulo fue protagonizado por el testimonio de Carmen Weber, denostando a su ex marido, Ricardo Lagos Escobar, una de las figuras en la oposición. Maniobra que en una entrevista dada en 2004 el actual senador Ricardo Lagos Weber rechazó apuntando como responsables de la utilización de su madre del trío Novoa, Mayol y Délano.

El rol en los medios de Mayol estuvo presente desde los inicios de la dictadura. Cuando el sacerdote Raúl Hasbún es nombrado director ejecutivo de Canal 13-férreo opositor a la Unidad Popular (UP)- en enero de 1972, pide la renuncia al jefe del Departamento de Prensa, reemplazándolo por Vicente Pérez Zurita, que fue secundado por su periodista de mayor confianza: Manfredo Mayol. Fue así como en septiembre de 1973 ocupaba el cargo de subeditor de prensa de la estación católica. Dos años después, cuando Hasbún salía del canal por una ostensible caída en la sintonía, el periodista asume como director de prensa.

Durante este período Mayol también fue vicepresidente de Radio Minería y director de Ercilla. Su cercanía con el régimen fue más allá de sus labores como periodista. Su nombre aparece en la lista de los participantes del Acto de Chacarillas en 1977. Además, mantuvo fuertes vínculos con agentes de seguridad. En mayo de 2007 fue suspendido del Colegio de Periodistas por un año, a raíz del montaje en torno al asesinato a manos de la DINA de seis personas en Villa Grimaldi en noviembre de 1975, lo que fue informado como un enfrentamiento por varios medios mientras Mayol era gerente general de TVN.

En democracia se transformó en un asesor comunicacional clave de las campañas políticas de la UDI. Lograr la victoria senatorial para Jovino Novoa en 1997 le valió el respeto de la cúpula de calle Suecia como buen estratega. De ahí ha sido un infaltable en las campañas presidenciales: como la de Joaquín Lavín, Pablo Longueira y ahora en la de Evelyn Matthei. Actualmente, Manfredo Mayol forma parte de la Junta Directiva de la Universidad de Las Américas.

JOAQUÍN LAVÍN. “Detenidos Desaparecidos, sumergidos voluntariamente”. Así se titulaba una crónica de El Mercurio publicada el 21 de marzo de 1988, en la que se afirmaba que “fuentes oficiales de organismos de seguridad” habían denunciado que los movimientos “subversivos terroristas y marxistas-leninistas “sumergían” como medida de seguridad a sus integrantes para evitar las investigaciones de los servicios de seguridad.

El entonces editor de informaciones de El Mercurio, era Joaquín Lavín Infante, quien dos meses después debió comparecer ante el tribunal para esclarecer quienes eran las fuentes oficiales y quién había escrito el artículo, que entre los “escondidos” mencionaba a los detenidos desaparecidos Sergio Ruiz Lazo y Julio Muñoz Otárola. Pero el hoy generalísimo de Evelyn Matthei no entregó mayores antecedentes, señalando que la información “ignoro por quien fue proporcionada”.

Su aterrizaje en el diario de Agustín Edwards, a comienzos de 1980, donde llegó como editor de Economía y Negocios, tenía como antecedente una activa participación en el gobierno de Augusto Pinochet, principalmente en el área económica. Perteneciente al grupo de los Chicago Boys, tras titularse de la UC en 1976, trabajó como asesor en la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), liderada por su mentor y ex profesor de la PUC: MIGUEL KAST. Fue en Odeplan donde se cimentaron las reformas económicas de la dictadura.

Luego Kast recomendó a Lavín a la Universidad de Chicago, donde fue a estudiar en 1977. Dos años después, al volver, fue designado por el gobierno como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. Luego, y por tres meses fue asesor del ministro del Trabajo, que en 1981 era Kast.

El ex candidato presidencial, no solo tuvo cercanía con el régimen a través de la economía. Conocido como “el regalón” de Pinochet, Lavín fue uno de sus grandes partidarios: en julio de 1977, fue uno de los 77 participantes en el acto de Chacarillas organizado por el gremialismo, entre los que se contó a Jaime Guzmán los actuales ministros ANDRÉS CHADWICK y CRISTIÁN LARROULET, así como a Luis Cordero, uno de los dueños de la Universidad San Sebastián.

Once años después, Lavín formó parte del equipo de producción en la franja del Sí junto al actual senador JOVINO NOVOA (quien en 1979 fue elegido como subsecretario general en el gobierno de Augusto Pinochet), el periodista Manfredo Mayol, el empresario Carlos Alberto Délano y el director de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), Jorge Eugenin.

En 1990, con parte de este equipo fundó la Universidad del Desarrollo: el presidente de empresas Penta y amigo de Sebastián Piñera, Carlos “Choclo” Délano, además del ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, el secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, el vicepresidente de Penta, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, el fallecido Ernesto Silva Bafalluy, el ex presidente de Azul Azul y actual rector de la casa de estudios, Federico Valdés Lafontaine.

El abogado FRANCISCO JAVIER CUADRA fue ministro secretario general de Gobierno entre los años 1984 y 1987 y no se hizo querer en La Moneda. Acaparó tanto poder que se transformó en el jefe político del gabinete de Pinochet siendo vocero. En su libro de memorias “Mi lucha por la democracia”, publicado en 1994 –como recuerda una nota publicada en El Mostrador en 2010– Sergio Fernández cuenta que cuando asumió por segunda vez como ministro del Interior, en 1987, pidió que Cuadra fuera reemplazado por Orlando Poblete, actual rector de la U. de Los Andes. “Me parecía que durante la gestión de mi predecesor (Ricardo García: 1985-1987) había asumido un papel que, en algunos aspectos, aparecía en paralelo al del ministro García. De mantenerse esa situación, daría lugar a roces y desentendimientos. Eso era desaconsejable en la decisiva etapa que iba a comenzar, de ardorosa campaña política”.

El 6 de noviembre de 1984, cuando Francisco Javier Cuadra asume como ministro, el “biotono del gobierno de la dictadura cambia”, recuerda el libro “Crónica de la Transición”, de Rafael Otano. Llegó a ese cargo por azar: el ofrecimiento inicial había sido para Sergio Rillón (hermano gemelo del humorista Andrés Rillón, que desechó la propuesta) y así escaló el nombre del joven Cuadra.

“El manejo de poder que hizo el nuevo secretario fue extremoso”, relata Otano, quien suma más líneas: “Este discípulo de Maquiavelo, cortés, suasorio y a la vez inflexible, tuvo un grueso encontronazo con Jarpa inmediatamente después de llegar a La Moneda. En la grave situación en que se encontraba el país, se quería decretar estado de excepción. Las últimas protestas (la más reciente el 30 de octubre) habían puesto en alerta máxima al gobierno. Jarpa pedía una reacción mesurada. Cuadra quería la medicina radical mediante el decreto de estado de sitio en su aplicación más rigurosa. El joven ministro ganó esta pelea y entró dispuesto a cambiar la agenda del gobierno. Según él, había que formalizar la política, dejar bien sentado ante la oposición, que un Ejecutivo fuerte iba a imponer inapelablemente planes y tiempos, con la regla fija de la Constitución del ’80”.

La definición actual de Francisco Javier Cuadra de lo que debe ser un gobierno, no dista mucho de la que tenía hace tres décadas, cuando ocupaba la Secretaría General de Gobierno de la administración Pinochet.

En septiembre del año pasado, Cuadra hablaba así a la revista Caras: “La derecha chilena ha tenido siempre tres almas: una autoritaria y más nacionalista; una conservadora, que está muy cerca de la anterior, pero que tiene un alma más católica, muy vinculada con la Iglesia, cuestión que hoy naturalmente está en crisis; y una derecha liberal que, curiosamente, en sus principios y valores, tiene algunos puntos en común con la derecha autoritaria. Lo interesante es que todas esas almas de la derecha no son compartimentos estancos. Se mezclan. A mí, personalmente, la definición política que me gusta es la portaliana: es decir, gobiernos autoritarios y muy reformistas”.

RICARDO CLARO. El empresario ampliamente conocido, quien falleció en octubre de 2008, fue sabido cercano a la dictadura. En los capítulos 8 y 16 del libro “La Danza de los Cuervos” del periodista Javier Rebolledo, Jorgelino Vergara, “el mocito” del general Manuel Contreras, da a conocer detalles escabrosos de cómo funcionaba el cuartel de la DINA “Brigada Lautaro” que se ubicaba en la comuna de La Reina y sobre la desaparición de prisioneros durante la dictadura militar. Y una cosa más: la relación del fallecido empresario Ricardo Claro —quien fuese principal accionista del Grupo Claro, propietario del canal Megavisión y la Compañía Sudamericana de Vapores— con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “¿Cómo sabía que Claro estaba detrás? Cuando comenzaron a atrasarse los sueldos, él y otros civiles pidieron explicaciones al encargado de la plana mayor del cuartel. En ese momento era el “Viejo” Sagardía. Tomó el teléfono delante de ellos y habló con la secretaria de Boxer y Asper. Le decía a ella que por favor le pidiera los sueldos a don Ricardo Claro. Y eso pasó varias veces. Cada vez que se atrasaban los sueldos, el “Viejo” Sagardía siempre hablaba directamente con la “Chica” Peki, que trabajaba en el cuartel general con el coronel. Entonces ella le decía: “Ya está lista la solicitud firmada por el coronel [o por Pedro Espinoza] para que salgan los sueldos de Boxer y Asper”, señala el texto de Rebolledo.

RAUL HASBÚN. En octubre y noviembre de 1973, después de haber hecho arengas contra el gobierno de Salvador Allende, Raúl Hasbún, sacerdote diocesano, tampoco cerró la boca. El libro “Guzmán”, de Manuel Salazar, describe una de sus alocuciones contra Salvador Allende, post Golpe: “Algo que siempre me chocó de él fue su soberbia… nunca le vi un acto de nobleza humana frente a un adversario. No estaba indudablemente bajo la acción del espíritu de Dios. La soberbia, desde Lucifer, es el abismo que se traga todas las buenas intenciones de los hombres y hace imposible de la acción de Dios”

Pocos meses antes del Golpe de Estado de 1973 fue acusado de cómplice en el asesinato del obrero Jorge Tomás Henríquez G., un obrero que murió en marzo de ese mismo año y que pese a que no tenía posiciones políticas, tenía una misión: proteger el equipo con el que el gobierno de Salvador Allende interfería la transmisión de Canal 13, que por esos años tenía a Hasbún de director de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. La causa se sobreseyó en 1974.

La imagen de Hasbún fue siempre de un aliado del régimen militar, cuando la máxima autoridad de la Iglesia en Chile, el Cardenal Silva, estaba justamente en la vereda contraria. De hecho, entre las víctimas de la dictadura también se cuentan sacerdotes: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán.

El día del funeral de Pinochet, en diciembre de 2006, en el hall central de la Escuela Militar lleno de partidarios del dictador, Hasbún dijo sus últimas palabras de despedida para su admirado general y rogó porque “su ejemplo y testimonio muevan  a muchos hijos de nuestra Patria a entregarse a la tarea de ser custodios de la libertad, promotores de la soberanía y de la unidad nacional”.

El legado de la dictadura también es el centro del modelo económico por el que han ido creciendo las protestas desde 2011. GUILLERMO ARTHUR, actual presidente de la Asociación de AFP, fue ministro del Trabajo y Previsión Social de Pinochet. Arthur es vicepresidente de Capital, es abogado de la PUC y militante de la UDI, donde ha sido miembro de su comisión política en varias ocasiones, y frente a las críticas a la industria ha señalado que lo que ha venido sucediendo es que “se ha demonizado el sistema de AFP”, un negocio que ha puesto este panorama sobre la mesa:  mientras millones de pensionados reciben 150 mil pesos a fin de mes, las súper rentabilidades de las AFP alcanzan los $ 2,5 millones de millones desde su creación en los 80.

El legado económico y la perpetuación del modelo económico es una parte de la conjunción dictadura+ poder y dinero. Según el abogado José Zalaquett, aún falta una arista menos explorada que las vulneraciones a los Derechos Humanos, sobre la que poner una gran lupa: “No sé si hay responsabilidad legal, pero sí hubo un claro abuso de funcionarios públicos, incluidos  parientes de Pinochet, encargados de privatizar empresas del Estado, que se quedaron con ellas, en flagrante conflicto de intereses. Después de 1978 no hubo una segunda amnistía penal, pero sí una ley, pasada en el último año de la dictadura, prohibiendo que la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados pudiera abordar tales privatizaciones”, dice Zalaquett.

por Claudia Urquieta y Alejandra Carmona ???????

Persona non grata para quienes lo vinculan con la etapa más oscura del periodismo nacional, fue director de Prensa de Canal 13, gerente general y director ejecutivo de Canal 7 y debió declarar en dos causas de derechos humanos. Amado por la UDI, a cuyos candidatos asesoró en todas sus campañas, su relación con Novoa cruza lo profesional con la amistad. Su cercanía con Jaime Guzmán lo llevó a abandonar el ideario DC de la juventud. Supo reinventarse con la democracia como asesor de empresas como Entel, Banmédica, Falabella, Cencosud. Esquivo como pocos, Mayol sigue vigente.

Amado por muchos en la UDI, a la que asesora desde los tiempos del gremialismo; odiado por quienes ven en él a un hombre que colaboró con sus teorías comunicacionales en la dictadura, Manfredo Mayol Durán (67) es víctima de su propia fama. No todos quieren aparecer ligados a su nombre en el mundo empresarial y en la UDI hay cercanos a Jovino Novoa que niegan que lo esté asesorando como, efectivamente, ocurre.

Culto, buen lector, amante de las tesis, cultiva un estilo excéntrico que bien podría asociarse a los genios locos con su pelo crespo y champón. Su hijo Alberto, sociólogo, en las antípodas del pensamiento del padre, exhibe el mismo sello, aunque al revés. Usa el pelo largo y liso.
Aunque aceptó conversar con El Mostrador, tras aclarar que no da entrevistas, al día siguiente su secretaria avisó que no podría por falta de tiempo.

Desde su creación, en 1998, Mayol integra el estratégico y decisivo comité comunicacional de la UDI que se reúne todos los lunes, a las 8:30, en la sede del partido y desde donde ahora se monitorean los Casos Penta y Soquimich. Junto a Mayol se sientan, entre otros, los abogados Gabriel y Carlos Villarroel; Ignacio Astete, ex director de Dinacos y miembro del Tribunal Supremo de la UDI; Germán Concha -socio del estudio Schweitzer, que defiende a Jovino Novoa en el Caso Penta-, el abogado y experto comunicacional Gonzalo Müller; el empresario y vicepresidente del partido Domingo Arteaga; el ex presidente de la UDI, Patricio Melero, y dos miembros de la directiva actual por derecho propio, Javier Macaya, el presidente interino, y su secretario general, Pablo Terrazas. De todos, Mayol es muy amigo, a excepción de los más jóvenes, Macaya y Terrazas.

“En momentos de crisis opera con mucha calma, mira las cosas con perspectiva y no se pierde en la inmediatez. Es capaz de pensar desde afuera de la caja como dicen en Estados Unidos, de enfocar los problemas no como todo el mundo los está enfocando y es particularmente sencillo para plantear su posición”, destaca uno de los miembros del comité.

[cita] A Novoa lo ha asesorado siempre en materia comunicacional. Son, además, muy amigos. “Uña y mugre”, según un abogado ligado desde sus orígenes a la UDI. Cuando Novoa llegó de sus acostumbradas vacaciones en Nueva York y eran públicas las declaraciones de su ex secretaria en el estudio Guerrero respecto de que Novoa le dictaba boletas ideológicamente falsas para el grupo Penta, Mayol fue a visitarlo a su casa junto a Domingo Arteaga. De allí salió un comunicado que sólo anunciaba que iría a declarar a la Fiscalía Oriente, lo que fue un decir, porque concurrió para guardar silencio. Lo mismo hizo el pasado lunes 23, y tras cumplir el trámite, aludió a una “investigación ideológicamente falsa”. Frase pegadora y fácil de recordar y que quienes conocen el vínculo entre Mayol y Novoa atribuyen al primero.[/cita]

A Novoa lo ha asesorado siempre en materia comunicacional. Son, además, muy amigos. “Uña y mugre”, según un abogado ligado desde sus orígenes a la UDI. Cuando Novoa llegó de sus acostumbradas vacaciones en Nueva York y eran públicas las declaraciones de su ex secretaria en el estudio Guerrero respecto de que Novoa le dictaba boletas ideológicamente falsas para el grupo Penta, Mayol fue a visitarlo a su casa junto a Domingo Arteaga. De allí salió un comunicado que sólo anunciaba que iría a declarar a la Fiscalía Oriente, lo que fue un decir, porque concurrió para guardar silencio. Lo mismo hizo el pasado lunes 23, y tras cumplir el trámite, aludió a una “investigación ideológicamente falsa”. Frase pegadora y fácil de recordar y que quienes conocen el vínculo entre Mayol y Novoa atribuyen al primero. “Es típico de Manfredo, siempre dice que tiene que haber una idea potente que quede dando vueltas”, afirma una fuente que lo conoce. Un ejecutivo que recibió asesoría de Mayol cuenta que solía repetir que “hay que inundar con un concepto, porque si la idea no moja hasta los poros no sirve”. En sus declaraciones a El Mercurio el domingo pasado Novoa instala dos temas -por un lado, los problemas políticos los arreglan los políticos y, por el otro, desacredita el trabajo de los fiscales- o sea, pocas ideas pero claras, donde también se advierten los consejos del periodista.

Mayol hizo presentaciones en el Diego Portales, donde hasta 1981 funcionó la Junta Militar, y además la secretaría general de gobierno y Dinacos (Dirección Nacional de Comunicaciones), encargada de emitir la información oficial del régimen militar y censurar los contenidos de los medios de comunicación. Un funcionario que trabajó con Jovino Novoa cuando éste fue subsecretario general de gobierno entre 1979 y 1982 recuerda que su entonces jefe hablaba de Manfredo Mayol. “La primera vez que lo vi fue cuando nos fue a explicar cómo estaba progresando la tecnología de la televisión, que era un monopolio reservado al Estado y las universidades”.

Asesor comunicacional de todas las campañas parlamentarias de la UDI, ex miembro de su comisión política, y autor de esloganes como “conejo de la suerte” del ex alcalde Gonzalo Cornejo y “súper Mario” del ex diputado Mario Varela, es número puesto en los consejos generales de la UDI, a donde es invitado a exponer como experto en comunicación. Fue asesor de las postulaciones presidenciales de Joaquín Lavín, y compartió roles con su encargado de marketing, Carlos Alberto Délano, socio de Empresas Penta, formalizado por soborno y declaraciones tributarias maliciosamente falsas, hoy en prisión preventiva. Asesora también a la Fundación Jaime Guzmán; si se requiere un video Mayol será el encargado de realizarlo y si el partido está de aniversario preparará una cinta transmitiendo épica y sentido de grupo. También trabajó para algunos candidatos gremialistas a la FEUC; José Antonio Silva, hermano de Ernesto, el fallecido rector de la U. del Desarrollo, y tío del ex timonel de la UDI, es uno de los que mencionan. Incluso su pareja, Carolina Cotapos, es concejal del partido por la comuna de Las Condes.

A los amigos no les cobra. A otros los atendió remuneradamente su agencia de publicidad Unitas, que creó en 1999 y vendió en 2007 a un grupo español que quebró.

Con el retorno de la democracia Mayol se convirtió en asesor de empresas. Entel y Banmédica -controlada por Empresas Penta y Eduardo Fernández León- fueron algunos de sus primeros clientes y siguen con él hasta hoy. “Es muy amigo de Carlos Kubik (gerente general de Banmédica y recientemente alejado de la empresa por pagos irregulares de bonos suyos y de otros ejecutivos) y con Entel está desde 1990 o 1991, desde la época que las AFP eran las controladoras”, cuenta un simpatizante de la UDI y amigo de Mayol. “Fue el creador del eslogan Entel, luchando por la multicarrier. A la empresa no le convenía la competencia, pero una era la postura pública y otra la privada”, agrega la fuente que explica que Extend presta el servicio de prensa en Entel, pero Mayol ve los temas estratégicos.

Metrogas ha sido otro de sus clientes históricos. Fue asesor de Jaime Bauzá cuando era gerente general de Endesa y se tramitó el proyecto hidroeléctrico Ralco. Cencosud fue una de las cuentas importantes de su desaparecida agencia Unitas; atendió a las filiales Santa Isabel, Néctar, la división de shoppings centers y Jumbo. Las fue perdiendo, porque en las nuevas licitaciones ganaron otras agencias. En forma personal, Mayol les hacía coaching al entonces gerente general corporativo, Daniel Rodríguez, y al gerente del negocio financiero, Patricio Rivas, para manejarse políticamente y enfrentar el complejo carácter de Horst Paulmann. También fue asesor de Falabella.

Muy amigo de Mikel Uriarte, lo asesoró cuando fue gerente general de Seguros Cruz del Sur y le aconsejó mientras fue director de Fonasa en el gobierno de Piñera. Mayol es uno de los miembros antiguos del consejo superior de la Universidad Las Américas. Fue nombrado por Lorenzo Antillo, el antiguo dueño que le vendió la cartera de alumnos a Sylvan, hoy Laureate, la que lo mantuvo en el cargo.

Usa analogías. Cita intelectuales. Le gusta recurrir a la física y hablar de las fuerzas centrípetas y centrífugas para lograr el equilibrio. Y cautivar a sus oyentes. Prefiere reunirse con sus clientes en su oficina en el Hotel Marriot. Odia caminar y se mueve en un auto -puede ser un BMW o un Audi- con un chofer que siempre lo recoge y logra ser visto por el cliente.

En un par de oportunidades, Mayol apareció con su hijo Alberto, recién recibido de Sociología frente a sus clientes. Hoy, papá e hijo compiten de igual a igual en el mundo de las ideas. Para las nuevas generaciones, Alberto es el único Mayol que conocen.

Su paso por los canales 13 y 7 y sus respuestas en las causas de DD.HH.

Estudió Periodismo en la U. de Chile entre 1965 y 1969. “En primer año era radical. Imposible no acordarse, porque en la escuela había dos radicales. A poco andar se hizo DC y apoyó las listas del partido a la presidencia del centro de alumnos de Periodismo”, recuerda su compañero Fernando Barraza, quien lo describe como un joven de clase media, alegre, con amigos en todos los sectores y académicamente mediocre. Se ríe cuando le consultamos por la “Beca Texas”, que Mayol menciona en uno de los procesos judiciales por causas de derechos humanos a los que fue citado a declarar como testigo. Porque no fue un postgrado ni un curso, sino una invitación de la federación de estudiantes de la Universidad de Austin a dirigentes estudiantiles chilenos. “Fue un viaje de dos meses, en el verano del 67, a visitar universidades norteamericanas. Fuimos un socialista y dos comunistas, que habíamos sido presidentes de distintas federaciones. Me da la impresión que a la DC le dieron dos cupos y por eso incluyeron a Gonzalo Bertrán y a Mayol”, explica Barraza.

“Asistía a las reuniones del Frente Democratacristiano de Periodistas que presidía Emilio Filippi. Me acuerdo de un encuentro en un hotel de la playa de San Sebastián con Rafael Moreno y Radomiro Tomic. Mayol encontraba que había que ser mucho más duros con la Unidad Popular”, relata una periodista que integraba esa instancia.

En el verano de 1972, Mayol entró a Canal 13 como segundo del director de Prensa, Vicente Pérez Zurita. “Yo llegue a fundar el Departamento de Prensa en 1966. A comienzos de 1972 el cura Raúl Hasbún asumió como director ejecutivo del canal y me despidió, porque yo era allendista. Cuando me fui, Vicente Pérez, a quien yo llevé, quedó de director y él contrató a Manfredo Mayol”, cuenta Leonardo Cáceres, quien tras su despido fue nombrado director de prensa de la radio Magallanes.

Otro que coincidió con Mayol en aquellos años fue Luis Alberto Ganderats, quien llegó como tercero de Prensa del 13 en octubre del 73. “Es de las personas brillantes que he conocido, por la forma de argumentar. Era ocurrente y simpático. Me sorprendió mucho la derivada que se pegó, porque en ese tiempo me decía no quiero saber nada de los gremialistas. No opinaba como ellos. Era más DC”, recuerda Ganderats, quien compartió la dirección de Prensa de Canal 13 con Mayol, tras la renuncia de Pérez de Zurita, hasta enero de 1975.

Asegura que nunca recibió un llamado del Diego Portales donde funcionaba la Junta Militar. “Pero había una autocensura absoluta, no intentábamos de ninguna manera hacer algo para descubrir lo que ocurría. Hacíamos un periodismo de subsistencia porque el país estaba en una situación absolutamente desconocida, con militares en el poder. Siendo bien honesto, me avergüenzo mucho de eso”, afirma Ganderats, quien dejó el canal por un desencuentro con Eleodoro Rodríguez, director ejecutivo de la estación, y regresó a la revista de El Domingo de El Mercurio.

Por su responsabilidad jerárquica en Canal 13, Mayol fue a citado a declarar por el Fiscal Juan Ayala, en 2005, como testigo en el caso de los 119 miristas asesinados en julio de 1975, que dio origen al falso titular de La Segunda “Exterminados como ratones”. Mayol negó cualquier relación con el régimen pinochetista. “Hay colegas que te ven en el Diego Portales” -dice el fiscal. “¿El 75? No, no creo” -responde. Duda sobre las fechas en que trabajó en Canal 13. “Yo el año 75 estoy en Canal 13… hasta déjame ver (…) mediados del 75. Porque ahí fue que se produjo… Eleodoro Rodríguez llegó y nombró dos directores de prensa…No sé si ustedes saben” y menciona que compartió el cargo con Ganderats. “Tú aclaras que, definitivamente, no cumpliste funciones de asesorías u otras para el gobierno” -inquiere el fiscal. “No… Te vuelvo a insistir… En ese momento… No sé, me habrán llamado un par de veces a lo mejor, ni me acuerdo, para cosas informativas o cosas triviales. Pero yo no tenía las conexiones esas que hoy día se me adjudican”. Cuando el fiscal le pregunta sobre el manejo de la información en el Canal 13 divaga acerca de cómo se asignaban las noticias, sin ir al fondo. “Es decir, actuaban con absoluta normalidad e independencia” -concluye el fiscal. “Es más, a mí Eleodoro Rodríguez me dijo un día: mire, a nosotros afortunadamente no nos han molestado, lo cual indica que a él tampoco nadie lo llamaba…(…)Y realmente a mí en Canal 13 nadie me llamaba y me decía pon tal cosa. No tengo idea si podían llamar a otros. Pero lo que veía era una cuestión normal. Era un noticiero normal basado en las noticias normales”, responde el periodista. El fiscal le lee documentos emanados de la secretaría general de Gobierno en los que se concluye que “el ciudadano común ha olvidado el peligro del marxismo (…) y es imprescindible evocarle los instantes angustiosos y trágicos previos al Pronunciamiento Militar”. También le lee las pautas diarias con las noticias que había que dar en esa campaña del terror. “Te digo medios de comunicación, radios, TV” -insiste el fiscal. “¿Tú crees que eso ocurría realmente? ¿Lo hacían?”, contesta Mayol.

En 1974, un grupo de periodistas y directores de medios asistió a una charla sobre el futuro del ser humano que dictó Mayol en el Diego Portales. “Dijo que dormir era una costumbre, no una necesidad, y que con el tiempo íbamos a dejar de dormir. A mí nunca se me ha olvidado, porque era una tesis bastante sorprendente”, relata el ex director de un medio, quien nunca supo si Mayol era o no funcionario de Dinacos o de la secretaría general de gobierno.

Hizo clases de radio en Periodismo de la U. de Chile, a la que llegó por petición de Gonzalo Bertrán, designado director de la Escuela por el régimen militar en reemplazo del destituido Juan Rojo. Mayol, Bertrán y Rojo fueron compañeros en la carrera de Periodismo, lo que volvió más dolorosa la salida forzosa de Rojo.

A mediados de 1975, fue nombrado gerente general de Canal 7, el número dos después de Jaime del Valle, director ejecutivo. Ambos cargos dependían de la secretaría general de gobierno. El Colegio Metropolitano de Periodistas lo citó a declarar por el montaje del caso Rinconada de Maipú, en el que seis miristas y comunistas -una de ellas, embarazada de tres meses- fueron torturados y asesinados en Villa Grimaldi, el 19 de noviembre de 1975. Canal 7 informó, a través de Julio López Blanco y Roberto Araya (que pertenecía a la DINA), que murieron en un (falso) enfrentamiento y mostraron casquillos de balas. Sus descendientes se querellaron y Mayol, por su cargo de gerente general de Canal 7, fue sancionado con un año de suspensión al Colegio de Periodistas, al igual que López Blanco, Pérez Zurita (entonces director de Prensa del 7) y Claudio Sánchez, quien trabajaba en el 13. Araya fue expulsado.

Mayol divaga cuando declara ante Doris Jiménez, presidenta del Tribunal de Ética del Colegio Metropolitano. Habla del Canal 13 cuando se le pregunta por el 7. Explica que como gerente general tenía injerencia en las áreas de programación, producción, comercial y prensa. “Dinacos no tenía nada que dar órdenes de esa naturaleza en el Canal (se refiere a divulgar comunicados). Alguien podría llamar y decir hay una noticia, pero dar instrucciones y decir oye, ustedes tienen que ir a esto y menos aún en forma extraña. ¡No! (…) Es que sabes lo que pasa: yo creo que las personas en esa época creían que existían los enfrentamientos. Yo creo que ese es el punto. Es todo lo que pasa: que creían eso. Entonces, cuando tú crees una cosa y después te enteras de otras, es otro mundo y otro momento histórico en que estamos analizando esto”. Ante la pregunta de si tuvo idea sobre las violaciones a los derechos humanos afirma: “No, yo no me refiero a que se violaran los derechos humanos. Yo me refiero a que estas cosas tan graves que se saben hoy día. Bueno… eran temas de discusión. Jaime Guzmán, yo hablaba con él, y me decía que estaba súper preocupado tratando de hacer A, B, C, D porque no quería que hubiera problemas, pero nosotros no teníamos ninguna relación de la magnitud. Nada”. Asegura nunca tuvo que ver con Dinacos, que no recibió sus comunicados, porque él no es procesador de información, sino que le piden opiniones, y que si Dinacos quería entregar información llamaba al director de prensa, al editor o al periodista asignado al Diego Portales. Y por último le dice a Doris Jiménez que ella tiene que establecer “la ruta… de la seda”.
Declaraciones que revelan cómo piensa, se mueve y habla Mayol.

Su amistad con Jaime Guzmán y la franja del SI

Hay dos versiones sobre cómo se hizo amigo de Jaime Guzmán, quien sería vital en el viraje político de Mayol desde la DC hacia el gremialismo. Una sostiene que fue cuando Guzmán era panelista de “A esta hora se improvisa” y Mayol, el segundo de Prensa en Canal 13. “Por lo que me contaron Jaime y Manfredo, Jaime le echó el ojo, dijo este gallo es capaz, rápido. Si alguien le parecía interesante Jaime lo invitaba a tomar un café y la gente que le interesaba a Jaime no se le iba. Ahí empezó a contarle todo su cuento y Manfredo se lo compró”, cuenta un simpatizante de la UDI y cercano a Mayol. Otra apunta a que el vínculo nació en Canal 7 mientras Guzmán era comentarista del noticiero central y Mayol, gerente general de la estación. “Jaime confiaba en su criterio y comentaba con él los temas comunicacionales”, afirma un antiguo gremialista. “Él era de los que comía con Jaime. Tuvieron una amistad muy profunda y Jaime lo respetaba y quería mucho”, cuenta el simpatizante de la UDI cercano a Mayol. Por su influencia Mayol suscribió las ideas del régimen pinochetista y en 1977 fue uno de los 77 jóvenes que subió el cerro Chacarillas, vecino al San Cristóbal, con una antorcha, para homenajear a Pinochet.

En 1980, asumió como director de la revista Ercilla, en manos del grupo Cruzat-Larraín, y se quedó hasta 1985. Suele atribuirse el éxito de los libros que acompañaban cada edición, pero la idea fue implementada por Joaquín Villarino, su antecesor en Ercilla, quien lanzó dos colecciones de fascículos con mucho éxito. Y, más tarde, llegaron André Le Foulon, como gerente general de Ercilla, designado por la Comisión Progresa (que liquidó los bienes del grupo Cruzat Larraín) y Alfredo Moreno, el ex canciller, hoy director de las filiales de Empresas Penta y por entonces presidente de Editorial Ercilla, los que frente a un país en quiebra hicieron algo similar, pero barato con libros impresos en papel de diario que llevaron a la revista a vender 300 mil ejemplares semanales.

Dejó Ercilla para regresar a Canal 7 como director ejecutivo entre 1985 y 1986. “Ese cargo lo veía La Moneda. Mayol era próximo a Francisco Javier Cuadra y de ahí vino su nombramiento”, sostienen en su entorno. Un amigo de Mayol asegura que hacia fines del régimen sí participó en la secretaría general de gobierno. “Me consta que trabajó con Orlando Poblete (1987-1988) en comunicaciones, pero me dijo nunca me metí en el tema de la censura. Su relación con Pinochet fue distante y casi nula”.

Trabajó en la franja del SI para el plebiscito de 1988. A pocos días de ser emitidos los primeros capítulos los resultados eran desastrosos. Mayol, Jovino Novoa, Pablo Longueira, Joaquín Lavín, Luis Cordero, Carlos Alberto Délano y Ernesto Silva -según relata Capital- fueron a La Moneda para hablar con Pinochet y le plantearon un cambio urgente.

Otra versión señala que “la evaluación de la franja del SI ocurrió cuando citaron a Lavín y a Mayol para verla y Lavín dijo que era buena y Mayol que era mala. Ahí llevaron a Mayol con los creadores, comandados por Alberto Israel. E Israel habría dicho, luego de escuchar a Mayol, que efectivamente había problemas, pero que era porque la solicitud (brief) del cliente era mala. Y entonces el gobierno le pidió parchar el asunto”.

Mayol trabajó en la nueva estrategia que, en lugar de mostrar logros, apuntó a una guerra valórica: si la promesa del NO era la alegría, la del SI debía sembrar miedo frente a un futuro de caos y desabastecimiento.

En el penúltimo capítulo de la franja apareció Carmen Weber, criticando a su ex marido Ricardo Lagos. Muchos años más tarde, su hijo Ricardo Lagos Weber acusó al equipo creativo (Novoa, Mayol y Délano) de haber usado a su madre que sufría un trastorno bipolar para atacar a su padre. “Sobre asesinatos de imagen los conozco (a los de derecha) y los viví en carne propia. Si no, pregúntele a los responsables de la franja del SI que usaron a mi madre y ninguno ha dado la cara”, declaró a La Segunda. Asesinato de imagen es una expresión que le atribuye a Mayol y que usó Jovino Novoa a raíz de las acusaciones de Gemita Bueno en el Caso Spiniak.

La sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Lamberto Cisternas.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 20 años de presidio a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los homicidios calificados de seis integrantes de la familia Gallardo, delitos perpetrados al amparo de un montaje realizado por los agentes de Estado conocido como el caso "Rinconada de Maipú". La DINA tuvo la complicidad de  periodistas como Julio López Blanco y Claudio Sánchez, hoy sancionados éticamente por el Colegio gremial, quienes difundieron un presunto enfrentamiento que el día 19 de noviembre de 1975 habría acabado con la vida de Alberto (63) y Catalina Gallardo (30), Luis Ganga y Mónica Pacheco (26), embarazada de tres meses, quienes fueron calificados como miembros de “grupúsculos” que se habían enfrentado a tiros con miembros militares.

La Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– confirmó las penas que deberán cumplir los agentes: Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo, en calidad de coautores de los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez.

La historia en Rinconada de Maipú

El 18 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. En horas posteriores al hecho anterior, ese mismo día, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de "Villa Grimaldi".

En la madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a "Villa Grimaldi"; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado. Testigos que se encontraban detenidos en "Villa Grimaldi" declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas.

Ese mismo día, los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres, Pedro Blas Cortés Jéldez y Manuel Lautaro Reyes Garrido, fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA.

Según ha declarado Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos,“Hubo un ensañamiento como se hizo con cada mujer y hombre que torturaron en este país. Eso significó también que al demostrar ensañamiento en las personas y dejar algunos vivos fue para atemorizar. Ese mensaje lo hacen cuando montan en la Rinconada de Maipú este falso enfrentamiento, hacen todo un aparataje porque ellos ya los llevan muertos al lugar, y ahí viene la maquinaria siniestra, que no tiene ninguna disculpa: los periodistas que pudieron ver lo que pasaba en realidad y prefirieron mentir”, dijo la dirigenta de la AFEP cuando inició el juicio en 2013, refiriéndose al actuar de los periodistas Carlos Araya, Vicente Pérez, Manfredo Mayol, Julio López Blanco y Cristián Sánchez Venegas.

El candidato a diputado del Frente Amplio, Alberto Mayol, subió este jueves un video donde aparece en una reunión con el cantautor argentino-colombiano Piero. Ahí el sociólogo contó que en el encuentro de ambos, hablaron de la realidad política de Latinoamérica y luego se refirieron a la música. “La canción más famosa que tiene, yo […]

El candidato a diputado del Frente Amplio, Alberto Mayol, subió este jueves un video donde aparece en una reunión con el cantautor argentino-colombiano Piero.

Ahí el sociólogo contó que en el encuentro de ambos, hablaron de la realidad política de Latinoamérica y luego se refirieron a la música.

“La canción más famosa que tiene, yo no se la puedo pedir, por una razón que todos conocen políticamente hablando, pero podemos usar todo el repertorio que tiene para ir haciendo un camino”.

Más adelante explicó que con “Para el pueblo lo que es del pueblo” no hay problema, lo que pasa es que con “Viejo mi querido viejo no … es más complicado”.

Hay que recordar que el sociólogo ha mostrado abiertas diferencias políticas con su padre, Manfredo Mayol, uno de los cerebros comunicacionales de la dictadura de Pinochet.

“Mi padre censuró, distrajo a la población con elementos como el cometa Halley o las visiones de Miguel Ángel en Villa Alemana. Pero yo he aprendido a no renegar de lo que a uno lo tocó. Jamás voy a renegar de mi padre” dijo alguna vez, según consigna El Desconcierto.

El rol de los ‘periodistas’ que ejercieron su profesión en dictadura.

Profesionales que el Colegio de Periodistas suspendió y expulsó de sus cargos. Condenas con un alto desprestigio tanto en su profesión como en su calidad humana.

El rol de esos periodistas y medios informativos que violaron el código de ética que regula la profesión. En un sumario del Colegio aparecen vinculados a una operación montada por la DINA los periodistas Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Roberto Araya Silva, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El ex periodista Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó oficialmente el Poder Judicial (PJ) del Estado chileno, el 31 de enero del 2012, la investigación del ministro en visita Alejandro Solís Muñoz, estableció que “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío de Santiago, donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel general de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre de 1975 fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de ‘Villa Grimaldi’”. Todos los detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad, pero era mentira.

Araya no trabajó sólo

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en el campo de torturas y exterminio “Villa Grimaldi” fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental “Rinconada de Maipú”, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”. Mientras la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del “enfrentamiento”. No mostraron nada parecido huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera. Contrariando el sagrado lema “una imagen vale más que mil palabras, aquí los “periodistas” pretendieron insuflar al magín del televidente estimulación oral a capella y de lo último.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña “nuevo periodismo” y ética periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic. Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

A la par las cómplices cámaras de la peor época de la dictadura mostraban a Julio López y Claudio Sanchez ataviados con impecables trajes de lino blanco, exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda. Estos periodistas como un acto de teatro mal montado, brincaban entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas (los que ellos llamaban “terroristas”) del “enfrentamiento”. No mostraron nada parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera.

Uno de los involucrados declaró que el libreto se los entregó la DINA. Judicialmente se estableció la falsedad del enfrentamiento y la justicia procesó como autores de homicidio calificado a los capos de la DINA, todos integrantes del Ejército, empezando por Manuel Contreras, Moren Brito, Krassnoff  Martchenko,  Basclay Zapata, Ferrer Lima y Wenderoth Pozo.

Los periodistas mencionados fueron objeto de interrogatorio judicial como colaboradores de la DINA.  Y  como resultado del sumario realizado por el Colegio de Periodistas fue expulsado el agente y periodista de la DINA, Roberto Araya Silva.

Julio López Blanco, Claudio Sánchez, fueron amonestados públicamente y suspendida la colegiatura por un año  Sanción débil y simbólica, aunque con un importante desprestigio y valor moral.

El montaje de este supuesto enfrentamiento para explicar el asesinato premeditado tras torturas de siete personas es conocido como el caso de la Rinconada de Maipú, y no fue el único montaje de la dictadura militar. Operación Colombo tiene las mismas aristas; “119 opositores se habrían matado entre sí”. El titular de un diario de la cadena mercurial “Exterminados como ratas” es el símbolo que representa a esos medios, a la derecha y al ejército que actuó como su brazo armado.

Porque la responsabilidad represiva es institucional como avalan las noticias de los procesos en curso.

Ese rostro momificado que hoy tiene Claudio Sánchez, representaba el odio sin barreras, el triunfo de la muerte sobre la vida, la fuerza sobre el espíritu, lo militar sobre lo político. Un servil de la dictadura genocida de Pinochet, que tiene directa relación con el encubrimiento de los más horrendos crímenes cometidos durante 17 años de terrorismo de estado, hoy Claudio Sanchez, en cualquier país civilizado, debería ser procesado como cómplice y encubridor. Él, como todos aquellos “periodistas” debiesen estar presos por sus delitos, como todos los criminales, no merecen otra cosa además del desprecio del pueblo.

Hay noticias que alegran y refuerzan el creer que sí hay justicia en Chile. Porque además de tener en su hoja de vida la expulsión y la suspensión de su profesión, tienen además un alto castigo moral que el pueblo chileno hoy juzga. Un castigo que nos alegra, juzgados por ser cómplices del genocidio, y más nos satisface si las sanciones provienen del propio nido que recoge, selecciona e interpreta el quehacer noticioso: El Colegio de Periodistas de Chile.