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Raúl Diego Lillo Gutiérrez

 Empleado Civil de Ejercito

Agente DINA/CNI/DINE

Alias: "Manolo"

C.I.: 6.074.169-7
Domicilio: Psje. El Señorial 186, Los Arcos de la Florida, La Florida, Santiago

Raúl Lillo Gutiérrez,teniente DINA, CNI, DINE, del escalafón civil. Inculpado en el magnicidio de Eduardo Frei Montalva, como jefe de la brigada que lo espiaba. Era el segundo hombre después del oficial de carabineros Miguel Hernández Oyarzo de la agrupación "Ciervo" de la  "Brigada Purén" de la CNI, Brigada que era dirigida desde 1977 por el Capitán Manuel Vásquez Chahuán, y encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano.

Lillo Gutiérrez era el agente controlador de Luis Alberto Becerra Arancibia, agente de la CNI que operaba como chofer del ex mandatario Frei Montalva e informando a Lillo de cada uno de los pasos del ex presidente. Becerra Arancibia era una persona de confianza de la familia Frei, incluso cuando sus funciones como chofer cesaron, mantuvo una permanente vinculación con el hogar familiar del Ex Presidente.

Raúl Lillo Gutiérrez también controlaba al agente pagado de la CNI Genaro Cerda Weber, militante de la DC y esposo de Hilda Navarro Varas, secretaria del partido Demócrata Cristiano  en la época del plebiscito de 1988.

Se presume que es Luis Alberto Becerra Arancibia fue quien coordinó las entradas a la Clínica de los asesinos de Eduardo Frei, que serian Raúl Lillo Gutiérrez y el químico de la DINA, Eugenio Berríos. Este último fue probablemente el autor material de la inoculación de veneno en el paciente. Paradojalmente, es Raúl Lillo Gutiérrez quien posteriormente participa en el crimen de Eugenio Berríos, crimen por el cual en agosto de 2013 fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por  asociación ilícita.

Fuentes de Informacion: Poderjudicial.cl; Punto Final; La Nación; Emol.com; Archivo Memoriaviva


La Tercera

23 Agosto 2002 

Eugenio Berríos: Detienen a dos militares por crimen

La jueza del sexto juzgado del crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, que investiga el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, puso bajo arresto a dos oficiales del Ejército.

Según informa el sitio web de Televisión Nacional de Chile, los mayores (r) Raúl Lillo y Arturo Silva están detenidos desde el martes y podrían quedar en libertad condicional en los próximos días.

TVN.cl afirma además que ambos ex oficiales estuvieron involucrados además en el proceso judicial por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez. "Lillo, como agente de la CNI en 1982, y Silva, en los años 90 al participar de la operación para sacar del país al mayor Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del dirigente de la ANEF".

En todo caso, se dijo que es probable que en los próximos días los dos detenidos queden en libertad condicional y que sólo habrían sido citados a declarar para aclarar algunos puntos de la investigación.

Casos Frei y Soria

En 1995, en el balneario uruguayo de El Pinar, apareció el cadáver de Eugenio Berríos, quien había sido sacado del país por efectivos del Ejército, en una operación que apuntaba a eludir su citación a declarar en la causa por el crimen del ex canciller Orlando Letelier.

A Berríos se le vincula además con la investigación por la muerte del funcionario de la Cepal Carmelo Soria y, presuntamente, en las razones que causaron el deceso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Esto último, según lo ha manifestado Carmen Frei, hija del ex mandatario y actual senadora DC.

Hace algunos días, la magistrada había solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago que la autorizara a viajar a Uruguay para interiorizarse personalmente de la investigación que realizó en ese pais el titular del Juzgado en Primera Instancia en lo Penal uruguayo, Alvaro González González.

Asimismo, la Corte Suprema dio curso a través de su Sala en lo Penal a la solicitud de la justicia uruguaya respecto a identificar y tomar declaraciones a un grupo de seis oficiales del Ejército que estarían involucrados en el crimen de Berríos, hecho ocurrido entre 1991 y 1992.


La Tercera

24 Agosto de 2002

Magistrada continuará con interrogatorios

Caso Berríos: jueza deja detenido a mayor (r) del Ejército

Mientras que el teniente Coronel Pablo Rodríguez Márquez -en servicio activo- quedó en libertad con arraigo. Ambos habrían participado en la operación para sacar de Chile al ex químico de la Dina.

 La jueza del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, decidió mantener en calidad de detenido al mayor (r) Raúl Lillo Gutiérrez por el caso sobre el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo.

Mientras, al teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez -en servicio activo- se le otorgó la libertad con arraigo.

Según el informe policial, ambos habrían participado en la operación para sacar a Berríos de Chile, con el objetivo de evitar que prestara declaración en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, sustanciado entonces por el ministro Sergio Bañados.

Lillo y Rodríguez habrían sido apoyados en esta tarea por Arturo Silva Valdés, Jaime Torres Gacitúa y Mario Cisternas.

Continúa la investigación

La magistrada indicó que "la investigación ya está prácticamente lista, casi cerrada, faltan detalles todavía" Además, manifestó que la tercera parte de las pesquisas, relacionadas con el homicidio del químico, son las más difíciles.

La jueza llamó a declarar a otras dos personas por el caso, un civil y un funcionario del Ejército en retiro, ambos presuntamente como testigos del caso.

Otros casos

Lillo Gutiérrez integró la Brigada Laboral de la Central Nacional de Informaciones y estuvo procesado como cómplice del homicidio del presidente de la Anef, Tucapel Jiménez, al imputársele participación en los seguimientos al sindicalista.

A Rodríguez, en tanto, se le intentó procesar por el encubrimiento de este asesinato, mientras estuvo en la Dirección de Inteligencia del Ejército, pero su encausamiento fue rechazado en ambas instancias.

La jueza Pérez indicó que pasado el mediodía entregará más información sobre el futuro judicial de los dos detenidos. 


La Nación

29 de Diciembre 2003

Caso Berríos: solicitan extradición de militares uruguayos y dictan nuevos procesamientos

El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos.

Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo.

Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres.

Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.

En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.

El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.

En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército.

La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos.

Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano.

Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización.

En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia".

El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”


El Mercurio

7 de Febrero 2003

Caso Berríos: Corte revoca libertad

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy la libertad bajo fianza otorgada en primera instancia al ex agente civil de la DINA, Raúl Lillo, involucrado en el causa de secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.

El juez Alejandro Madrid, a cargo del caso, había otorgado el beneficio a Lillo, pero el Tribunal de Alzada modificó esa decisión por considerarlo un peligro para la sociedad.

En el caso Berríos, Lillo está encausado, junto a ex militares chilenos y uruguayos, por los delitos de asociación ilícita para obstruir la justicia y secuestro.

La abogada querellante Fabiola Letelier valoró la decisión al estimar que los antecedentes de la investigación acreditan que Lillo tuvo una participación decisiva en la operación que permitió sacar a Berríos con destino a Uruguay, donde fue asesinado en 1995.

Según la profesional, las declaraciones de Lillo además podrían resultar claves para resolver el asesinato de su hermano, el ex Canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington, en 1976.

Asociación ilícita secuestró y asesinó a Berríos

El ministro Alejandro Madrid estableció que una asociación ilícita, integrada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército de principios de los 90 planeó y ejecutó el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.

El magistrado procesó, el pasado 29 de diciembre, a 13 ex uniformados y civiles, entre ellos tres uruguayos, por asociación ilícita perpetrada entre 1991 -cuando Berríos salió del país- y 1995, luego que su cadáver fuera hallado en el balneario de Canelones, en las afueras de Montevideo. La resolución amplió además el procesamiento por secuestro a nueve ex altos oficiales del Ejército chileno y del uruguayo.

Los otros encausados por asociación ilícita son los ex jefes máximos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, y el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez. Otros encausados por la asociación ilícita son los ex oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Los mayores (r) Arturo Silva y Jaime Torres engruesan la nómina de los procesados por asociación ilícita. Silva enfrenta cargos como autor del secuestro y homicidio de Berríos, y Torres, sólo por el secuestro.

También fueron sometidos a proceso por no denunciar la asociación ilícita, pese a estar en conocimiento de su operación, el oficial Mario Cisternas Orellana; los suboficiales Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas y Nelson Hernández Franco, y los ex empleados civiles de la institución castrense Raúl Lillo y Erika Silva, secretaria.

En tanto, por el secuestro del químico fueron encausados el general (r) Ramírez Rurange, el teniente coronel Rodríguez Márquez, el suboficial Manuel Pérez Santillán y los ex uniformados uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.

Como encubridores, el ministro sometió a proceso al ex jefe policial uruguayo Ramón Rivas (secuestro) y al general (r) Covarrubias (secuestro con homicidio).

En tanto, por obstrucción a la justicia fue sometido a proceso el ex agregado cultural chileno en Montevideo Emilio Rojas Gómez, quien se desempeñó entre 1990 y 1993.


La Nación

7 de Diciembre de 2009               

Recluidos los 6 procesados en crimen de Frei Montalva

Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente. Encubridores son médicos de la UC

Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Guitérrez.

En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.

De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.

El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejercito en retiro y actualmente ejerce como  jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.

Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejercito (Dine).  Era el que manejaba el contacto con Becerra.

Valdivia Soto es un ex agente de la DINA, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.

Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.

El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC

Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei

El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.

“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo.

Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento.

Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.

Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.


El Mostrador

16 de diciembre de 2009  

Testimonio de Raúl Lillo, procesado como autor del homicidio

El ex agente, en una declaración que consta a fojas 6.710 a 6.714 del tomo XIX del expediente, relató que fue el propio químico de la DINA quien le contó cómo había envenenado con gas sarín al ex diplomático español Carmelo Soria y al ex conservador de Bienes Raíces Renato León; y con toxina botulínica en 1981 a un grupo de militantes del MIR detenidos en la ex Cárcel Pública. El investigador de estos hechos es el propio juez Madrid.

Desde que el ministro Alejandro Madrid sometió a proceso la semana pasada a seis personas por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, su resolución ha sufrido una serie de cuestionamientos públicos. Ya sea desde los propios diarios, hasta los abogados defensores de los encausados. Las dudas han apuntado principalmente a una supuesta falta de pruebas para sostener su convicción de que fue envenenado con Talio y Gas Mostaza en la Clínica Santa María, donde falleció en 1982, luego de ser operado en varias oportunidades de una hernia al hiato.

Sin embargo, en el expediente, existe una prueba clave que apunta nada menos que al químico de la DINA Eugenio Berríos, como el sujeto que usó pócimas creadas en laboratorios para deshacerse de los indeseables para la dictadura militar. Este hecho confirma en parte lo que ha venido sosteniendo la familia Frei, en el sentido que Berrios -quien fue asesinado en Uruguay en 1993 por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) (link)- pudo haber sido quien ingresó al centro asistencial para aniquilar al ex Presidente.

La confesión la entrega nada menos que el jefe del equipo que siguió, espió e infiltró al círculo más cercano de Frei, el ex agente de la Brigada Político Sindical de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez. Este último, y por eso cobran relevancia sus dichos, fue procesado por el ministro Madrid en calidad de autor del crimen.

Lillo Gutiérrez aseguró, en una declaración que consta a fojas 6.710 a 6.714 del tomo XIX del expediente al que tuvo acceso El Mostrador, que fue el propio Berríos quien le contó cómo había envenenado al ex diplomático español Carmelo Soria, al ex conservador de Bienes Raíces Renato León –ambos con gas Sarín a mediados de los 70- y a un grupo de militantes del MIR con toxina Botulínica en 1981 cuando estaban detenidos en la ex Cárcel Pública. Y el investigador de estos tres hechos es precisamente el propio Madrid. “Él le inoculó esa sustancia capaz de producir envenenamiento”, declaró Lillo Gutiérrez.

Un hombre, muchas historias

Este ex CNI es un sujeto que cruza la historia chilena reciente de lado a lado. Trabajó en la DINA, luego en la CNI, principalmente espiando a la DC y luego, en 1990, pasó a formar parte de la llamada Unidad Especial de la DINE, la misma que sacó de Chile a Berríos en octubre de 1991 y lo llevó a Uruguay con identidad falsa, con el fin de evitar que declarara en el caso Letelier, por la producción de venenos en un laboratorio de Vía Naranja en Lo Curro junto al norteamericano Michael Townley.

La revelación de Berríos, entonces, Lillo la obtuvo cuando “cuidaba” a Berríos en Uruguay, y se la entregó a Madrid en uno de los tantos interrogatorios a los que fue sometido en el caso por la muerte del químico, donde espera condena como autor de secuestro y asociación ilícita por el homicidio de Frei.

“Berríos se explayaba bastante conmigo, tenía una afinidad con mi persona que no la tenía con nadie de la Unidad Especial de la DINE que le cuidaba en Uruguay”, dijo.

En el marco de esta última causa, se reveló que Lillo reclutó como informante pagado a Luis Becerra, quien fuera un hombre muy cercano a la familia Frei, de quien llegó a ser su chofer, previo paso como colaborador de la inteligencia naval tras el golpe militar del 73, según relató en su declaración ante Madrid.

La concatenación de hechos para el magistrado, entonces, es lógica: si Lillo lo reclutó como informante y los datos que entregaba eran valiosos en términos de los movimientos del ex Mandatario, además de las decisiones políticas y familiares, cobra sentido entonces que fue parte de un “concierto” de acciones que terminaron con el envenenamiento. Por esta razón es que Becerra también está procesado en calidad de autor, al igual que Lillo.

Células invisibles

Cabe recordar que la fabricación de venenos que está en la mira del ministro Madrid, comienza en junio de 1981, cuando llega a Chile en una valija diplomática un paquete con toxina botulínica (la misma que produce el botulismo) al Bacteriológico, hoy Instituto de Salud Pública (ISP

De allí pasó en julio del mismo año al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército que se ubicaba en Carmen 339, hoy sede del Archivo Judicial, donde fue “liofilizada”, es decir, convertida en polvo.

El salto de tiempo es corto. Por que en diciembre los miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales -“El Ronco”- y Adalberto Muñoz Jara tuvieron que ser sacados de la Cárcel Pública y gracias a la ayuda internacional se salvaron de morir por botulismo. No tuvieron la misma suerte otros reos comunes con quienes compartían celda. En una orden de investigar que consta en el expediente, la detective Palmira Mella hizo una relación de hechos que se explica por sí misma.

“Es dable señalar la fecha 7 de diciembre de 1981, día en que se intoxicaron cuatro reos comunes y cuatro reos subversivos -miristas- en la ex Cárcel Pública de Santiago por toxina botulínica, es el mismo en que el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, sufrió una grave infección, donde fue intervenido nuevamente con diagnóstico de peritonitis aguda”. Ese mismo día, Madrid dictó los procesamientos que hoy tienen a Lillo y Becerra en prisión y a sus abogados -Jorge Balmaceda y Carlos Fairlie- peleando un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones con el fin de revertir los procesamientos dictados por Madrid.

Todo lo anterior está relatado en el Capítulo 17 del libro Crimen Imperfecto publicado por el autor de esta nota en 2002.

Junto a Lillo y Becerra, otro encausado como autor es el doctor y ex subsecretario del gobierno de Frei Montalva, Patricio Silva Garín. En tanto, en calidad de cómplice, está el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia; y en calidad de encubridores los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González, por esconder y modificar la autopsia hecha al ex Mandatario, que permaneció oculta por más de veinte años en el archivo del centro asistencial universitario

 La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago analizará hoy la “admisibilidad” de la recusación, presentada por el abogado Claudio Feller, quien representa el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia, procesado en calidad de cómplice por el juez Madrid.

 El trámite es clave para saber si el magistrado sigue o no a cargo de la causa, ya que de acogerse, debe pasar a una sala del tribunal de alzada que resolverá el fondo del asunto: es decir si aplicarle una sanción o eventualmente inhabilitarlo para que siga viendo el caso. Básicamente el argumento esgrimido por Feller es que Madrid, el 7 de noviembre pasado, cuando dictó los procesamientos, hizo una conferencia de prensa, donde habría emitido opinión más allá de su envestidura.

En tanto, ayer la misma sala pidió las declaraciones de Raúl Lillo que constan en el expediente para resolver el amparo que presentó a través de su abogado Jorge Balmaceda.


La Segunda

17 de enero de 2012

Caso Frei: El misterio de la carpeta de CNI sobre un personaje "peligroso"

SERIE: Avances de la investigación a 30 años de la muerte del ex Mandatario. General (r) relató que la división de Computación e Informática estaba dividida en las zonas Alfa, Microficha y Archivo Físico... en esta última figuraban los nombres de quienes podían "dañar" al país: El juez busca justamente la carpeta asociada al ex Mandatario.

La búsqueda, al parecer infructuosa aún, de la carpeta que los organismos de inteligencia mantenían del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, es una de las tareas a las cuales ha destinado tiempo el magistrado Alejandro Madrid, según los antecedentes a los cuales accedió «La Segunda». Sólo tendría en su poder un pequeño trozo de ella.

Ayer relatamos cómo el juez determinó la existencia de todo un sistema desplegado por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) para realizar escuchas telefónicas, aunque también la dificultad de dar con lo realizado en el entorno de Frei Montalva.

El magistrado trabaja bajo la tesis de homicidio y por ello procesó en 2009 a seis personas. Revisamos qué ha hecho Madrid desde ese hito hasta la actualidad por aclarar la muerte. El material de inteligencia acumulado por el gobierno militar podría ayudar a afirmar esta hipótesis.

"Alfa, Microficha y Registro Físico"

En junio pasado, el general (r) Osvaldo Ramón Palacios Mery dio una pista al juez, que indicaría que posiblemente esa carpeta estaba en un lugar especial: "La División de Computación e Informática estaba en el mismo cuartel donde estaba el Estado Mayor de la CNI y este departamento contaba con 3 áreas: Alfa, que era el registro de información en disco; Microficha, y la tercera Registro Físico , donde se guardaba antecedentes relativos a personas que pudieran ser consideradas como peligrosas para la seguridad del país ", apuntó.

Es ahí, dicen cercanos al proceso, que se sospecha pudo estar, al menos durante un tiempo, la carpeta Frei.

"A cargo de esta última sección (Registro Físico) estaba un detective jubilado Barrios", dijo Palacios, quien en octubre de 1981 fue nombrado jefe de la División de Computación e Informática.

"Es evidente que se llevaba"

Por lo que se sabe, los intentos por dar con la ficha de Frei son, hasta el momento, vanos: " Respecto a la carpeta de Frei no la recuerdo con exactitud, pero es evidente que se llevaba por la importancia" , dijo a los investigadores quien fuera el jefe del Estado Mayor de la CNI entre 1981 y 1983, el general de brigada (r) Sergio Mario Urrutia Francke .

En diciembre de 2009 el equipo policial de la causa dio con el coronel (r) que pudo manejar el expediente. René Osvaldo González Fuentes , quien trabajó en la CNI entre 1980 y 1982, declaró:"Es muy posible que (la carpeta Frei) haya estado bajo mi dependencia... no la recuerdo" .

Pero aunque no forma parte de sus últimos avances, trascendió que una parte del expediente fue entregada hace años a Madrid, con detalles de quiénes entraban y salían de la casa del ex Mandatario con frecuencia, a través de información conseguida por agentes identificados a través de códigos .

Matrimonio en la red

Justamente nada contra Frei hubiese sido posible sin un equipo de espías en terreno... idealmente de la DC.

Antes de los procesamientos de 2009, Madrid dejó a firme el trabajo desarrollado por la Brigada Purén de la Dina, dando pasos sustantivos para configurar el mismo comportamiento con su sucesora, la CNI.

U no de los últimos informes policiales sostiene que la ex secretaria de la DC en la época del plebiscito del 88, Hilda Clementina Navarro Varas, estuvo casada con Genaro Cerda Weber, militante que murió en 2007 y que dio sus primeros pasos en la JDC en los 60.

"Su esposo era militante del PDC y pagado por la CNI a través de Raúl Diego Lillo Gutiérrez, jefe de la Unidad Operativa de la Agrupación Ciervo, encargada de contactar, penetrar e infiltrar agentes del PDC , con el fin de conocer sus actividades en el gobierno militar", señala el escrito.

La mujer confirmó que a su casa iba Lillo Gutiérrez. "Sabía que mi marido le entregaba información a Lillo y que por ello era retribuido económicamente", dijo, pero negó haber espiado.

Su esposo habría entregado datos de los movimientos de Frei Montalva, al igual que supuestamente lo habría hecho su procesado ex chofer, Luis Alberto Becerra Arancibia.

Existe constancia de que la DC tenía otros informantes pagados por la CNI, como Ricardo de la Castilleja Terraza , sin que exista constancia respecto de si sirvieron para el presunto complot contra Frei.

 Abogado de agente clave: Lillo Gutiérrez está con una salud siquiátrica "deplorable"

"No lo he visto últimamente. Estuvo mucho tiempo en el Hospital Militar, pero en la sección siquiátrica, donde no puede tener contacto con otros pacientes del lugar, con una salud deplorable", indicó Jorge Balmaceda, abogado de Raúl Lillo Gutiérrez, el agente civil de la DINA y de la CNI, que hizo de jefe de la Unidad Operativa de la Agrupación Ciervo (de la Brigada Purén de la Dina), encargada de infiltrar la DC.

Según el defensor, Lillo Gutiérrez desarrolló una esquizofrenia y rasgos paranoides y aseguró que su cliente es totalmente inocente, porque, según su parecer, Frei Montalva murió de manera natural por las complicaciones de la operación de hernia al hiato a la que fue sometida a fines de 1981 y no por envenenamiento.

Según un informe del SML fechado el 19 de abril de 2010, el ex agente "presenta depresión mayor, dependencia a benzodiazepinas, deterioro psicorgánico leve y un deterioro conyugal y familiar prolongado".


Cambio21

19 de enero de 2012

El primer magnicidio de la historia de Chile: A treinta años de la muerte del Presidente Eduardo Frei Montalva su familia está expectante para conocer "toda la verdad" del crimen de su padre

Este domingo se cumplen tres décadas de la muerte por envenenamiento del presidente Frei. Distintas actividades recordarán su muerte. Al momento de morir, Frei Montalva estaba surgiendo como un importante foco de preocupación para la dictadura, ya que se levantaba como el principal líder de la oposición, hasta ese momento, clandestina.

A 30 años de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, la verdad total sobre las causas de su fallecimiento siguen un lento camino, pese a los esfuerzos de la familia por llegar a una respuesta concluyente, que permita sacar a la luz a los responsables directos e indirectos del primer y único magnicidio ocurrido en nuestro país.

Pero las cosas no son fáciles. Por ejemplo, el abogado Jorge Balmaceda aseguró que su defendido, el agente de la DINA testigo clave en el caso, tiene una salud siquiátrica "deplorable".

Se trata de Raúl Lillo Gutiérrez, quien fuera jefe de la unidad operativa de la Agrupación Ciervo, en la Brigada Purén, que se encargaba de infiltrar a personas al interior de la Democracia Cristiana, según publicó La Segunda. El abogado afirmó que últimamente no ha visto a Raúl Lillo. "Estuvo mucho tiempo en el Hospital Militar, pero en la sección siquiátrica, donde no puede tener contacto con otros pacientes del lugar, con una salud deplorable".

Además según un informe del Servicio Médico Legal (SML), realizado el 19 de abril de 2010, se confirmó que el ex agente civil de la DINA y posteriormente de la CNI "presenta depresión mayor, dependencia a benzodiazepinas, deterioro sicorgánico leve y un deterioro conyugal y familiar prolongado".

Cabe recordar que Lillo se contactaba con Genaro Cerda Weber, ex militante de la DC y esposo de la secretaria del partido en la época del plebiscito de 1988, Hilda Navarro Varas. Según el informe policial, Cerda Weber "era militante del PDC y pagado por la CNI a través de Raúl Lillo Gutiérrez"

El año 2007, Hilda Navarro reconoció el contacto entre Lillo y su esposo, sin embargo, rechazó que Genaro Cerda hubiera espiado al partido. Según una investigación, "su esposo habría entregado datos de los movimientos de Frei Montalva, al igual que lo habría hecho otro procesado, el ex chofer del presidente Frei y del actual senador Andrés Zaldívar, Luis Alberto Becerra Arancibia".

Ministro en visita con dedicación exclusiva

El ministro en visita que investiga la muerte de Frei Montalva, Alejandro Madrid, es quien revisaba ocho causas relacionadas con crímenes de la dictadura, entre los que se cuentan el caso de Víctor Jara, el homicidio de Litre Quiroga, el secuestro de Fernando Olivares, los casos de los desaparecidos en La Moneda, el Comando Conjunto, la Operación Colombo y Operación Cóndor. Sin embargo, tras la solicitud de la familia Frei de solicitar dedicación exclusiva al caso, la Corte Suprema accedió a dicha petición.

El juez señaló en su momento que "avances existen, lo que pasa es que no se han traducido en resoluciones, porque no existen los antecedentes suficientes para decretar una resolución en particular".

Ya han transcurrido ocho años desde que comenzaron las investigaciones. Hace dos se procesó a seis personas que fueron asociadas al supuesto "homicidio" del ex presidente. Participantes del proceso judicial reconocen que la indagación del ministro en visita Alejandro Madrid, tiene varios déficits. Revisando el expediente del caso, se puede ver como el magistrado ha intentado reconstruir el espionaje de la CNI hacia Frei, ya sea con escuchas telefónicas, e intenta encontrar la carpeta que supuestamente existía del ex mandatario.

Por su parte el abogado de la familia Frei, Juan Pablo Hermosilla, es uno de los más férreos defensores de las labores del ministro Madrid. Señala que es necesario investigar sobre todo de personajes que no están procesados y que habrían tomado decisiones para ejecutar el crimen.

La muerte de Eduardo Frei Montalva

Eduardo Frei Montalva fue uno de los personajes políticos más relevantes de Chile en el siglo XX. Forjador de la Falange Nacional, hoy Democracia Cristiana. Presidente de la República y al momento de producirse el golpe militar de 1973 era Presidente del Senado, es decir, la segunda autoridad de la República.

Bajo su mandato Chile avanzó hacia el desarrollo gracias a la reforma agraria, la chilenización del cobre y la reforma educacional, entre otras grandes líneas que impulsaba su llamada "Revolución en Libertad".

En 1980, Frei convocó a los chilenos a votar por el "No" en contra de la Constitución que había ideado Pinochet para asegurar una legalidad a su régimen. La dictadura había llamado a un plebiscito para aprobar esta Constitución.

El acto electoral estuvo reñido con todos los elementos que requieren de transparencia en una votación. No existió información, los líderes políticos fueron arrestados, hubo represión, muertes, asesinatos, exilio, relegaciones de opositores a lugares remotos del país y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Contra ese acto electoral, Frei se levantó y se opuso duramente.

Bajo ese clima, se origina el famoso "Caupolicanazo" que organizó en 1980 en contra de Pinochet y que su hijo, el ex presidente y senador Eduardo Frei Ruíz-Tagle señaló que ahí fue donde su padre firmó su acta de muerte por oponerse a la dictadura. El acto se realizó en el Teatro Caupolicán y fue el primer acto de carácter político en plena dictadura.

De una simple operación a su muerte por septicemia

En diciembre de 1981, Frei se sometió a una cirugía de carácter simple producto de una molesta hernia al hiato, hospitalizándose en la Clínica Santa María de Santiago.

Según diversos testimonios, el ex presidente no aceptó seguir el consejo de muchos de sus cercanos: era más seguro operarse en el extranjero, dadas las condiciones políticas imperantes, plena dictadura de Augusto Pinochet y donde había sido declarado enemigo número uno del dictador. Se afirma que rechazó la idea por considerar que se tomaría como una cobardía o como un privilegio que no podía ni quería aceptar.

Luego de tener un post operatorio dentro de los parámetros normales para un hombre de su edad, a los pocos días su condición empeoró y debió sufrir otra intervención. Allí los médicos habrían descubierto la presencia de un daño intestinal que en la primera cirugía no estaba presente.

Su condición empeoró drásticamente y falleció a las 17 horas del 22 de enero de 1982, a la edad de 71 años.

Oficialmente se informó que el deceso se produjo por una infección bacteriana que originó una peritonitis aguda y un posterior shock séptico.

Como era de esperarse, su muerte originó sospechas y no pocos pensaron en un asesinato, si bien la forma en que se perpetró no comenzó a descubrirse hasta tiempo después.

Al momento de morir, Frei Montalva estaba surgiendo como el más importante foco de preocupación para la dictadura, ya que se levantaba como el principal líder de la oposición, hasta ese momento, clandestina. Frei aparecía como el único dirigente democrático capaz de enfrentar, sin violencia, al régimen de Pinochet.

Su familia no descansará hasta saber la verdad

Tras el regreso a la democracia, la familia inició los trámites judiciales para determinar con exactitud las causas de la muerte, quedando a cargo del ministro Alejandro Madrid.

En enero de 2005, Michael Townley, un antiguo agente de la DINA, que había participado en los crímenes del ex canciller Letelier y del asesinato del general Prats y su esposa, confirmó la relación entre esa entidad con Eugenio Berríos, químico especialista en armas biológicas destinadas a ser usadas en el asesinato de opositores políticos.

Singularmente, cuando la justicia se acercaba a Berrios para que declarase, y en plena democracia, el Ejército y Pinochet sacan a este químico de Chile en una gran operación de inteligencia y se lo llevan a una casa de seguridad en las cercanías de Montevideo, Uruguay. Recordemos que Eugenio Berrios es sacado en pleno gobierno democrático del presidente Aylwin, el 26 octubre de 1991, por militares chilenos desde el aeropuerto de Pudahuel a la capital uruguaya.

Luego de estar "retenido" por un buen tiempo, Berrios intenta huir y señala en una estación de policía uruguaya que "está secuestrado". La versión agrega que Berrios fue entregado por policías uruguayos a militares chilenos. Dos días después el agente de la DINA aparece muerto en una playa uruguaya con tres tiros en la nuca.

Diez años antes, el 8 de diciembre de 1981, Berríos ingresó a la Cárcel Pública de Santiago para intentar matar a los militantes del MIR Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara. Ellos resultaron envenenados con una toxina, pero salvaron con vida. Sin embargo, dos reos comunes que compartían las comidas con los miristas Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz murieron intoxicados. Ya era conocido que la policía secreta de Pinochet estaba "experimentando" sus macabras operaciones de envenenamientos con seres humanos. Y se aprestaban a cometer un crimen de magnitud.

Por ello, la participación de Berríos en este crimen frustrado, así como su vínculo con el envenenamiento del ex presidente Frei Montalva, lograron ser igualmente establecidos en el proceso por el ministro Madrid y el equipo de la Policía de Investigaciones que le colabora.

Por su parte, la hija del Mandatario, la ex senadora Carmen Frei, denunció que luego de la muerte de su padre, ella una hora después fue donde estaba su cuerpo y se encontró con una imagen impactante: los restos de Eduardo Frei colgaban de una especie de escalera.

Los médicos que, según la misma Carmen Frei, no estaban autorizados para realizar una autopsia le dijeron que era para "sacar los fluidos del cuerpo ya que sus restos iban a estar expuestos varios días" para que los chilenos le dieran su despedida. Frei murió a fines de enero y las temperaturas promedio eran de 30 grados.

Conmemoración a 30 años de la muerte de Eduardo Frei Montalva

Con motivo de la conmemoración de los 30 años de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, Fundación Eduardo Frei y el Partido Demócrata Cristiano realizarán un acto en el Cementerio General de Santiago este domingo 22 de enero a partir de las 11:00 hrs.

El acto será encabezado por el actual Senador y ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz -Tagle, el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, y el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, quienes serán los oradores de la ceremonia.

El ex presidente Frei Ruiz- Tagle señaló que "confiamos en que estamos muy cerca de que se esclarezca la verdad frente a este caso, invitamos a recordar el trascendente significado de la vida e inesperada muerte de uno de los líderes políticos y sociales más importantes de la historia de Chile".


Emol.com

23 de Agosto de 2013

Caso Berríos: Corte aumentó condenas a autores del secuestro y homicidio del ex químico de la DINA

El ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.

En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.

Así el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.

El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10  años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por  asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.

Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.

Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Nelson Hernández Franco: absuelto por  su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Erika Silva Morales: absuelta por  su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia


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