Contreras Sepúlveda Juan Manuel Guillermo

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, decidió procesar al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría. La magistrada con dedicación excusiva en causas de derechos humanos, completó de esta manera con enbcausar a la totalidad de la línea de mando de la unidad de represión encargada de este delito, la llamada brigada Purén, informó El Mostrador. Entre los procesados por este caso figuran el ex carabinero Alejando Molina Cisternas, el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo, el brigadier (R) Gerardo Urrich González y el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann. Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago. Luego, junto a otros militantes socialistas de la llamada Décima Comuna fue trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy" -ubicada en la calle Irán 3037 esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul- uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar. Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro. De un abogado de DDHH en Chile, recibimos mas detalles: Manuel Contreras Sepúlveda por :  Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas. Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira. Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos. Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes, Ibarra, Rioseco, García y Vilches. Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos. Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia había dictado en contra del ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, por la desaparición de 22 personas durante el gobierno militar.
En julio pasado, el Juez Guzmán ordenó el procesamiento de Contreras y de otros seis ex agentes por el secuestro de 23 personas que fueron conducidas a Villa Grimaldi tras su detención. Sin embargo, el tribunal sólo confirmó el procesamiento de los imputados por 22 casos, pues revocó la encargatoria de reo que pesaba sobre Contreras y los demás ex agentes por el secuestro del académico de la Universidad Católica Alejandro Avalos Davidson, hecho ocurrido el 20 de noviembre de 1975.  Los demás agentes imputados En este caso, el fallo que reduce a 22 el número de secuestros favorece también a los ex agentes de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Basclay Humberto Zapata Reyes.
En la época de su desaparición, Alejandro Avalos Davidson tenía 30 años, militaba en el Partido Comunista (PC) y trabajaba como investigador de la mencionada casa de estudios superiores. El tribunal, que estuvo integrado por los ministros Cornelio Villarroel, Rosa María Maggi y el abogado integrante Angel Cruchaga, estimó que existe certeza sobre el deceso de la víctima, razón por la cual, el delito imputado (secuestro) no puede prosperar. No obstante, los jueces mantuvieron los procesamientos que afectan a Contreras y a los demás ex agentes por el secuestro de otras 22 personas, lo que fue valorado por el abogado querellante, Nelson Caucoto.

En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el proceso contra el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la disuelta DINA, por la desaparición del militante del MIR Antonio Patricio Soto Cerna en 1974. Según informa TVN.cl, con esta determinación, el tribunal compuesto por los ministros Jaime Rodríguez, Juan González y el abogado integrante Hugo Llanos, confirmaron el fallo de la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, jueza Raquel Lermanda. Soto Cerna, dirigente de Comité Sin Casa, miembro de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP) y militante del MIR, fue detenido el 22 de noviembre de 1974 en la Población La Bandera En la misma fecha fueron aprehendidos Luis Omar Mahuida Esquivel y Luis Genaro González Mella, vecinos, amigos y vinculados políticamente a Soto. Los tres fueron vistos en los mismos recintos de detención -Cuatro Alamos y la Venda Sexy- y se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. En este mismo caso se encuentran procesados el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y al mayor (R) de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la Dina por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974. La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la Dina) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara  y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita. El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial.

Procesados después de intensos interrogatorios

La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la Dina Michael Townley es autor material del delito. El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo. El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo. Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen. Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís.

A 15  años de prisión fue condenado ayer el ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado del militante del MIR Miguel Angel Sandoval Rodríguez, detenido desaparecido desde el 7 de enero de 1975. El fallo de primera instancia dictado por el ministro de fuero, Alejandro Solís, fue calificado de "histórico" en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno, ya que es primera vez que en una sentencia condenatoria se anuló la Ley de Amnistía de 1978, afectando a la plana mayor del organismo represor. La resolución, que también condena a 15 años al brigadier (R) Miguel Krassnoff, a 10 años al coronel (R) Marcelo Moren Brito, como autores, y a cinco años a los suboficiales Fernando Laureani y Gerardo Godoy, en calidad de cómplices, ratifica lo que han hecho los tribunales desde 1997, cuando comenzaron a reabrir las causas de detenidos desaparecidos, empleando la figura de secuestro, que es un delito permanente y no amnistiable. La primera condena judicial que reinterpretó la amnistía fue dictada el 15 de noviembre pasado por el magistrado Jaime Salas, del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, que sentenció a tres años de prisión a los oficiales (R) Héctor Bravo y Jerónimo Pantoja, por el secuestro de Pedro Espinoza, desaparecido en octubre de 1973. Y según los abogados vinculados al tema, se avecinan nuevos cierres de sumario en las numerosas causas que investigan los jueces con dedicación exclusiva para casos de derechos humanos. Sin embargo, aún falta que se pronuncie la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, que podrían revocar las sentencias, volviendo a la interpretación original de la Ley de Amnistía. En este sentido, el abogado de Contreras, Juan Carlos Manns, adelantó que apelará, ya que consideró que "la figura del secuestro calificado no tiene ningún asidero, la Dina terminó el año  77, no pudo haber estado detenido todos estos años. Los absurdos legales van contra las garantías constitucionales". Por su parte la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, afirmó "que esta condena se dé a los 30 años del golpe de Estado le agrega un significado que tiene que ver con la constancia que hemos mantenido para lograr justicia. Esperamos que esto no sea lo último, sino el inicio de un camino, este es un gran logro". El abogado del programa de DD.HH. Francisco Bravo destacó que la condena es mayor que la obtenida por Contreras en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, la que fue de 7 años.

Cuestionamiento a Solís

Conocida la sentencia, Contreras objetó la competencia de Solís. En entrevista a Medianoche, dijo que el magistrado "no debe estar en ninguno de los casos, por cuanto tiene el problema de que su esposa (Margarita Tapia), estando casados el año '73, estuvo detenida en el Estadio Nacional por dos meses y medio". En ese sentido, estimó "indispensable" aplicar el nuevo procesamiento penal, "para evitar que un individuo sea juez y parte". Solís se encuentra abocado a diversas causas de derechos humanos, entre ellas la investigación en Chile del crimen del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, por el que también se encuentra procesado Manuel Contreras. Asimismo, el juez está a cargo del caso de los 17 campesinos ejecutados en Chihuío y Liquiñe, y casos en Parral y Linares, en donde hoy comenzará labores de excavación en busca de restos de desaparecidos. En tanto, la investigación sobre Miguel Angel Sandoval fue encabezada casi en su totalidad por la jueza especial del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, quien entregó a principios de año el sumario casi cerrado a Solís, a quien sólo le correspondió realizar el plenario y dictar las condenas. Sandoval, casado, de 26 años, era sastre y al momento de su detención se econtraba en plena vía pública. Días después diversos testigos lo vieron en el centro de torturas Villa Grimaldi. En julio de 1975 figuró en la prensa como uno de los 60 chilenos supuestamente muertos en enfrentamientos en el extranjero

Aunque el Ejército intercedió en favor del general (R) Manuel Contreras para postergar su reclusión en la unidad penal del Comando de Telecomunicaciones -Batallón de la Policía Militar (BPM)- el ministro Daniel Calvo ordenó el cúmplase del traslado, poniendo fin a casi dos años de arresto domiciliario que benefició al ex director de la disuelta DINA, desde enero del 2001, cuando terminó de cumplir su condena por el crimen del ex canciller Orlando Letelier en la Cárcel de Punta Peuco. El impasse se generó el viernes pasado cuando el magistrado, junto con dictar un nuevo procesamiento en su contra por el secuestro y homicidio de cinco militantes comunistas, fue informado por el Comando de Salud de la institución castrense de que Contreras terminaba su hospitalización el lunes, motivo por el cual ordenaba su ingreso al BPM. Sin embargo, ayer en forma sorpresiva, el juez Calvo recibió un oficio del Estado Mayor, donde se le informaba que no podían cumplir con la medida debido a que el general (R) está a disposición de otros cuatro jueces, quienes habían determinado también su arresto domiciliario. En ese contexto, Calvo remitió, con calidad de urgente, un oficio donde pedía a los ministros Alejandro Solís, Jorge Zepeda y a las juezas, Raquel Lermanda y María Inés Collin, del Noveno y Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, respectivamente, que se pronunciaran si tenían antecedentes para mantener con arresto domiciliario a Contreras.El ministro Calvo explicó ayer que “en atención al estado de salud que se me informó en esa oportunidad se postergaba hasta el día de hoy (el traslado), ahora hay un nuevo antecedente que me  comunica el Ejército, y en base a este nuevo antecedente hay que resolver ante la posición que señalen los jueces ”. Tanto el ministro Solís como Zepeda respondieron que no existían inconvenientes para su traslado. En tanto, al cierre de esta edición, las juezas del crimen no se oponían a la medida.

Los dolores de cabeza del juez Calvo

Un oficial del Batallón de Policía Militar pretendió excusar inasistencia de Manuel Contreras, pero le fue mal. Una tensa situación, que casi terminó en pugilato, debió enfrentar el ministro en visita Daniel Calvo, quien investiga parte de las causas por violaciones de los derechos humanos que anteriormente pesquisó el juez Juan Guzmán. El viernes, el magistrado Calvo tenía citados al Palacio de Tribunales a tres uniformados en retiro para notificarlos de un procesamiento por el secuestro y homicidio de cinco militantes de las Juventudes Comunistas. Se trataba del ex director de la DINA, Manuel Contreras; el coronel (R) Marcelo Moren Brito y el ex suboficial de Carabineros José Friz Esparza. Sin embargo, más de un dolor de cabeza causaron Contreras y Moren Brito. Con algunas horas de retraso, un oficial del Batallón de la Policía Militar (BPM) del Ejército, a cargo de la custodia de los militares procesados por la justicia, llegó hasta el despacho del magistrado para entregar un certificado médico en el que constaba que el general en retiro Contreras había sido internado en el Hospital Militar, razón por la que no podía concurrir. El oficial de la Policía Militar se presentó en el despacho para entregar el documento al actuario del juez Calvo, pero el magistrado-presente en el lugar- le solicitó personalmente el certificado. Según fuentes, el militar, por razones que se desconocen, se negó a hacerle entrega del documento, lo que motivó la ira de Calvo y un fuerte intercambio de palabras con el oficial, que hizo necesaria la presencia de Gendarmería. Como corolario, el magistrado solicitó informe al Comando de Salud del Ejército, y según los antecedentes, puso fin al arresto domiciliario de que gozaba Contreras y ordenó su ingreso en calidad de procesado al Batallón de Policía Militar, cuyas instalaciones se encuentra al interior del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó. El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón. Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor. Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes. El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.

El juez especial Alejandro Solís, con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, sometió hoy a proceso a la cúpula de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición de un decorador en 1974. El magistrado encausó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, al brigadier (r) Miguel Krasnoff, al coronel (r) Marcelo Moren Brito y al suboficial (r) Basclay Zapata. La resolución del magistrado también incluye al civil Osvaldo Romo Mena. Se trata del caso del secuestro del decorador Fernando Silva Camus, arrestado por cuatro agentes de la DINA el 27 noviembre de 1974, un día después de que desapareciera su hijo, Claudio Silva Peralta, quien era militante del MIR. Los aprehensores ingresaron al domicilio del afectado, procediendo a interrogarlo sobre sus actividades laborales y a revisar la documentación relativa a pedidos y datos de clientes, según consigna el sitio Memoriaviva. Al día siguiente fue enviado a Villa Grimaldi, lugar donde fue visto con vida por última vez.

Es como si todo hubiese quedado a la espera de que en los próximos días el gobierno dé a conocer su propuesta en materia de violaciones de los derechos humanos. Incluso en esa senda parece anotarse el excesivo retraso de la vista de la apelación por la primera sentencia del país que condenó a altas penas de prisión a parte de la cúpula de la ex DINA. Su debate en una sala de Corte de Apelaciones de Santiago podrá ser tan decidor, como resolver el corazón mismo de la discusión de fondo en este asunto trascendente: la aplicación o no de la ley de amnistía y la prescripción del delito. La materialización de tal discusión debiera repletar los asientos de la corte cuando ella finalmente se verifique. Será en ese momento cuando, por fin, se llegará al instante en que, por primera vez en la historia de los procesos instruidos por la pasada represión militar, se conocerá una posición oficial de una corte acerca de la resistida ley de amnistía y la figura de la prescripción del delito, tan alegada por las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la inmensa mayoría de civiles que sustentaron la pasada dictadura militar. De acuerdo a los abogados querellantes y defensores en las causas, ése es el centro del conflicto jurídico en materia de derechos humanos. El resto pertenece a otras esferas de la discusión. Será en ese momento, entendiendo que luego le tocará decir su palabra a la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, cuando se sabrá cuánto quedarán conformes o decepcionados los familiares de las víctimas, las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente el Ejército, el gobierno, y todos quienes tienen intereses y/o opinión en esta cuestión. Esa es, ni más ni menos, la relevancia de esa audiencia que continúa postergándose, sin apreciarse muy claramente por qué el retraso, entendiendo que “hay reos presos”, como se nombra en la jerga de tribunales. Ello apura normalmente la vista de estas apelaciones. En este proceso, el 14 de abril de 2003 el ministro Alejandro Solís condenó a 15 años de presidio al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; a 15 años de la misma pena al ex jefe de varios recintos clandestinos de la DINA, coronel (R) Marcelo Moren Brito; y a 10 años de presidio al también ex jefe de algunos de estos centros de tortura y exterminio, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, quien no hace mucho se atribuyó públicamente el cartel de “analista” y “entrevistador” de la ex DINA. Todos fueron sentenciados por el juez Solís como autores del secuestro calificado y desaparición del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez. También fueron sentenciados a 5 años de presidio en calidad de cómplices del mismo delito los ex agentes de la DINA, brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, conocido como el “teniente Pablito” y uno de los más crueles represores de la ex DINA, y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy García, alias “El cachete chico”. Será respecto de estas “estrellas” de la ex DINA, donde se producirán los relevantes alegatos acerca de la amnistía y la prescripción del delito que están por venir. En su sentencia condenatoria el ministro Alejandro Solís rechazó aplicar la amnistía y la prescripción del delito a favor de los ex agentes, esgrimiendo el argumento que hasta ahora aparece como insalvable en contra de los militares: que mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, el secuestro es un ilícito de carácter permanente que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede ampliamente el período cubierto por la ley de amnistía que se extiende hasta el 10 de marzo de 1978.

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó. El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón. Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor. Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes. El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.

El ministro en visita que investiga el caso Prats, Alejandro Solís, sometió a proceso a los ex agentes de la Dina, Mariana Callejas y Cristoph Willeke como autores del doble homicidio calificado del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Willeke además fue procesado por el delito de asociación ilícita. Callejas fue notificada tras declarar a primera hora de esta mañana en el despacho del magistrado, y luego fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF). En tanto, el ex agente del organismo represor Cristoph Willeke, quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, fue derivado al Comando de Telecomunicaciones. Tras conocer la resolución, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, sostuvo que "los procesamientos indican que la causa avanza decididamente al esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad de todos los que participaron en este crimen". Callejas y Willike enfrentan además una solicitud de extradición de parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el crimen en Buenos Aires. La petición está siendo estudiada por el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura, quien deberá presentarla a la sala penal del máximo tribunal para que éste se pronuncie al respecto. Pese a ello, se presume que la Corte Suprema rechazará la solicitud, de la misma forma que lo hizo con los cinco procesados anteriormente en el caso, cuando le negó a la justicia argentina el requerimiento de extradición, con el argumento que debían ser juzgados en Chile. Mariana Callejas estuvo casada con Michael Townley, a quien se le atribuye haber puesto un artefacto explosivo bajo el automóvil del general (r) Prats. Según algunos testimonios, Callejas detonó el artefacto cuando el auto ingresaba al estacionamiento del edificio donde vivía el ex Comandante en Jefe, en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Por el mismo caso fueron encausados, en febrero pasado, los miembros de la cúpula del organismo represor, general (r) Manuel Contreras, brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el agente civil Jorge Iturriaga.

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, sometió a proceso ayer a tres ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el delito de secuestro calificado. La resolución de la magistrada afecta a Manuel Contreras, ex director del organismo; Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe del Departamento Exterior; y a Riffiere Aldez España, ex inspector del a Policía de Investigaciones.Los hechos investigados por la jueza dicen relación con la desaparición de Luis Mahuida Esquivel, en mayo de 1977 y de Luis González Mella en diciembre del mismo año.  Ambos ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron detenidos por agentes de la DINA y fueron vistos con vida por última vez en el centro de reclusión conocido como "La Venda Sexy".La jueza Lermanda, además de este proceso, lleva otros, en razón de ser una magistrada con dedicación exclusiva para causas de  derechos humanos, condición otorgada por la Corte Suprema

Una exhaustiva y larga investigación del juez Juan Guzmán y su equipo de detectives del Departamento V logró develar el mejor secreto guardado por la DINA: el destino de sus desaparecidos en la Región Metropolitana. La operación sistemática fue realizada por los pilotos y mecánicos de los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército entre los años 1974 y 1978. Desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo sino que eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos. Fueron al menos 40 viajes. En cada uno subieron de ocho a quince bultos a bordo de los helicópteros Puma. De los 12 mecánicos del Ejército que al final terminaron reconociendo las operaciones, cada uno hizo al menos un viaje. En algunos casos fueron dos, tres e incluso más. Hay otros mecánicos que también participaron en estas operaciones pero que todavía lo niegan. Casi treinta años se guardó el secreto entre pilotos y mecánicos en el Comando de Aviación del Ejército (CAE), estamento responsable de la operación. Al comienzo todos negaron, varias veces. Los pilotos niegan hasta hoy. Pero los mecánicos quebraron el juramento sellado con la sangre de otros. El juez Guzmán y los detectives que lo asisten tomaron esta hebra y la investigaron silenciosos y pacientes durante más de un año, en el marco del proceso por la cúpula comunista desaparecida de Calle Conferencia. Interiorizarse de los detalles de los vuelos de la muerte sobrecoge. Ahí está al fin la respuesta, detallada, y esta vez relatada desde adentro, del destino de los prisioneros de la DINA en Santiago. Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de 1973. El informe de las Fuerzas Armadas que surgió de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en enero de 2001 con información del destino de 200 detenidos desaparecidos (49 en tierra y 151 al mar), apenas consignó 29 casos atribuidos a la DINA. De ellos, sólo 23 aparecieron como arrojados al mar. En la mesa de diálogo el Ejército del entonces general Ricardo Izurieta afirmó que no contaba con más información. Otorgando el beneficio de la duda, el Ejército esa vez no logró romper el secreto de los juramentados. Pero tampoco lo ha hecho hasta hoy. Las cifras oficiales del Informe Rettig y las entidades continuadoras indican que los desaparecidos de la DINA en la Región Metropolitana entre 1973 y 1978, fueron 590.

La razón del mamo

Al final se confirmó la verdad. La confirmaron los mismos ejecutores, o parte de ellos. Como viene ocurriendo con otros casos espeluznantes, como los ejecutados de La Moneda en Peldehue, los que hablaron fueron los de abajo, no los altos oficiales. Los mecánicos son todos suboficiales hoy retirados. Hay que admitir que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, tenía por una vez la razón. “No hay detenidos desaparecidos de la DINA, están todos muertos” dijo recientemente a una documentalista del Canal+ de la TV francesa. Lo que Contreras nunca ha reconocido es que la macabra y sistemática operación de lanzar los cuerpos al mar existió. Y que nunca pudo ser planificada sólo por quien fue el jefe del Comando de Aviación del Ejército entre enero de 1974 y diciembre de 1977, coronel Carlos Mardones Díaz. Éste, junto a otros cuatro ex pilotos del CAE, fue procesado el viernes 14 de noviembre de 2003 por el juez Guzmán en calidad de cómplice y encubridor en el sumario por la muerte de Marta Ugarte. El de esta dirigente comunista fue el único cuerpo de las víctimas arrojadas al mar que afloró desde las profundidades del Océano y que en septiembre de 1976 varó en la playa La Ballena, cerca de la caleta Los Molles en la V Región. Fue la única falla del sistema de exterminio, la pista que permitirá ahora condenar a los culpables. Ningún otro cuerpo lanzado al mar apareció. El “culpable” de la defectuosa atadura del peso que permitió que el cadáver de Ugarte subiera a la superficie y se convirtiera en una evidencia fundamental, está identificado y confeso de su criminal error. Pero Guzmán también procesó por este caso en calidad de autores de secuestro y homicidio a Contreras y a su propio primo, el brigadier (R) Carlos López Tapia, quien en 1976 era el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la vez jefe de Villa Grimaldi. Éste fue el principal centro clandestino de reclusión y tortura en el país, y desde allí fue sacada la mayor cantidad de los cadáveres que iban al mar. El juez fue respaldado el viernes 21 de noviembre de 2003 por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó los procesamientos. Aunque revocó el del piloto Emilio de la Mahotiere “por encontrarse en Francia” cuando desapareció Marta Ugarte.

Tobalaba-peldehue

La operación “Puerto Montt” (código con el que en los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el registro de prisioneros a quienes serían ejecutados y lanzados al mar) tuvo un protocolo de actuación que se repitió. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del Puma (18 a 20) y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de este helicóptero sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados. Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de La Reina, donde durante esos años funcionó el Comando de Aviación del Ejército. La tripulación la conformaban un piloto, un copiloto, y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados normalmente por dos o tres camionetas Chevrolet C-10, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban dos o tres agentes de civil. Los civiles descorrían los toldos que ocultaban los cadáveres amontonados y los descargaban para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región, y a la altura de Quintero la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces los vuelos se fueron mar adentro a la altura de San Antonio o Santo Domingo. Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos un metro cuadrado ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Pero la descarga también se hacía a veces desde una escotilla de popa, de 1,80 metros de alto por casi un metro de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no sólo de llevar los cuerpos a Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar. Las identidades de los cuerpos arrojados al océano en esta operación no están establecidas, puesto que los testigos dicen no haberlas conocido nunca, salvo la de Marta Ugarte. Quienes sí las conocen, como el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, niegan que esta operación existió.

 “Brillaban”

Los rieles “recién cortados, por lo que brillaban por los lados cortados” como los vio preparados el comisario de Investigaciones y agente de la DINA Nibaldo Jiménez Santibáñez, entregaban, en principio, la seguridad de que la prueba del crimen se iría con el pedazo de metal al fondo del océano. Dice Jiménez en una de sus declaraciones procesales que cuando preguntó un día para qué eran esos rieles cortados en trozos, recibió por respuesta “esos son pa’ los paquetes”. Cuando preguntó ¿qué paquetes?, sostiene que le respondieron “los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel, y con el peso del riel se van al fondo”. Ya no eran ex prisioneros que hablaban de los rieles, ni sólo el campeón de pesca submarina Raúl Choque, que una vez en la década de los años 80 declaró a la prensa que vio osamentas en el fondo marino frente a Pisagua, pegadas a trozos de rieles. Ahora los fragmentos de vía eran una realidad vista por uno de los propios agentes que lo contaba a un juez. Tampoco había enloquecido el coronel retirado Olagier Benavente Bustos, cuando el 24 de junio de 1999 declaró en una entrevista a La Nación que el “piloto de Pinochet, su regalón, Antonio Palomo”, le contó un día de verano un par de años después de 1973 en Pelluhue, donde ambos tenían casa de descanso, que le había correspondido hacer viajes pilotando un Puma para lanzar cuerpos al mar. “Partían desde Tobalaba”, dijo el coronel (R) Benavente que le había dicho Palomo. Era la primera vez que un alto oficial retirado revelaba parte del secreto. Pero esa vez todo quedó allí, sólo en las declaraciones. No existían todos los antecedentes descubiertos ahora. Por supuesto, Palomo desmintió las declaraciones de Benavente cuando el juez Guzmán lo interrogó.

La limpieza

Cumplida cada misión de vuelo, los helicópteros regresaban al lugar en Peldehue donde habían quedado estacionadas las camionetas C-10. Allí descendían los agentes civiles, montaban en las camionetas y se iban. El helicóptero volvía a elevarse y se dirigía a su base del CAE en Tobalaba. Desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir una tarea similar. Normalmente esta limpieza no era realizada por los mismos mecánicos que habían participado del vuelo. Entre los limpiadores estuvo más de una vez E.A.O., el mismísimo mecánico personal del Puma Nº 256 del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Aunque éste sostiene en el proceso que “nunca” le tocó realizar alguno de estos vuelos a alta mar. Su jefe fue por muchos años el ahora brigadier (R) Antonio Palomo. La mayor parte de los desaparecidos que salían de Villa Grimaldi con la marca “Puerto Montt” partían del aeródromo de Tobalaba.  “Cuando conversábamos entre los mecánicos, pude ver que varios de ellos habían realizado este tipo de viajes”, declaró en el proceso otro mecánico que participó en los vuelos y a quien nombraremos “Rotor 1”. Las identidades de los mecánicos que finalmente contaron al juez las tenebrosas historias que permitieron conocer estos hechos, LND las mantiene en reserva. El hijo de uno de ellos fue secuestrado por algunas horas el viernes antepasado, el mismo día en que el juez Guzmán dictó los primeros procesamientos por el caso de Marta Ugarte contra cinco ex pilotos de los Puma, además de Contreras y López Tapia. Dos individuos lo obligaron a subir a un auto, lo amarraron, le pusieron una capucha en la cabeza, lo golpearon, y le dijeron que le dijera a su padre que “cierre el hocico”. Luego lo botaron en una calle de Santiago. Otro de los mecánicos, “Rotor 2”, relató en la investigación que apenas se iniciaron estos vuelos, el comandante del CAE Carlos Mardones reunió a pilotos y mecánicos y les ordenó que “estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias”.

El tribunal

El comisario (R) Nibaldo Jiménez, ex agente DINA con funciones en Villa Grimaldi y en el recinto de José Domingo Cañas, sostiene que “quienes enviaban a los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, y otros, porque había varios cuarteles. Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt. Esos “otros” a quienes se refiere Jiménez eran los de siempre, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo, ambos jefes rotativos de varios de los centros clandestinos de la DINA. El resultado de cada una de esas reuniones, continúa Jiménez, “era enviado al general Contreras, jefe máximo de la DINA (…) El general Contreras era quien revisaba las listas y en definitiva era quien decidía la suerte de los detenidos”. Otra de las víctimas de la DINA fue el periodista Máximo Gedda Ortiz, hermano de los Gedda que realizan el programa de televisión “Al sur del mundo”. Detenido en julio de 1974, desapareció en el recinto de Londres 38. Jiménez cuenta el estado en que vio su cuerpo antes de que, presumiblemente, engrosara la lista de lanzados al mar. “Un sujeto de apellido Gedda estuvo detenido. Le habían sacado con cuchillo la carne de la pierna y se le veía el hueso. Estaba colgando, lo tenían colgando. Lo habían flagelado”. Jiménez describe otra figura del horror y la brutalidad contra otro de los desaparecidos de la DINA. Se trata del fotógrafo Teobaldo Tello Garrido, quien había sido funcionario de Investigaciones durante el gobierno de Salvador Allende. Fue detenido en agosto de 1974 y permanece desaparecido. “Fui a verlo a un cuarto abarrotado de detenidos, al abrir su boca vi que estaba ensangrentada. Sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Marcelo Moren (…) El coronel Moren era bastante bruto”.

Pilotos de la caravana

Entre los cinco ex pilotos de helicópteros Puma que el juez Juan Guzmán procesó por el secuestro y homicidio de Marta Ugarte están quienes fueron los pilotos de la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo fue el piloto durante el tramo sur de este operativo, actuando como su copiloto Emilio de la Mahotiere González. Por el tramo norte de la caravana, el piloto fue el mismo De la Mahotiere y el copiloto, Luis Felipe Polanco Gallardo. El quinto piloto declarado reo es el coronel (R) Oscar Vicuña Hesse. Una segunda fase de este método de desaparecimiento de detenidos arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981-82, una vez que a fines de 1978 fueron descubiertos los cadáveres de 15 campesinos en un horno de Lonquén y el Ejército y Pinochet se alarmaron. Esta segunda fase conocida como “las remociones” clandestinas, fue admitida incluso por el ex director de la Central Nacional de Informaciones, general Odlanier Mena, y sobre ella han prestado también declaraciones algunos ex agentes que participaron en el operativo. A esta operación pertenecen, entre otros, los prisioneros de Chihuío en la X Región; los ejecutados de La Moneda desenterrados desde Peldehue; y las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte enterradas clandestinamente en el desierto de Calama. Estas no fueron víctimas de la DINA.  Probablemente, dada la experiencia adquirida, esta segunda fase fue realizada por los mismos pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército. Este episodio no está totalmente aclarado judicialmente. En todo caso, los comandantes del CAE después de Carlos Mardones fueron: el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 a julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.

El juez Juan Guzmán procesó hoy a tres ex uniformados como autores del secuestro de nueve detenidos desaparecidos entre 1975 y 1977, como parte de la Operación Cóndor: el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y a los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Christoph Willikie, miembro del Departamento Exterior de dicho organismo. El fallo establece que los tres oficiales fueron responsables, como autores, del secuestro y la posterior desaparición de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Además de Edgardo Enríquez, Alexis Jacard, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Julio Valladares y Jorge Fuentes Alarcón. Según la resolución, los nueve izquierdistas fueron detenidos entre 1975 y 1977 en Argentina, Bolivia y Paraguay por los servicios de inteligencia de esos países, para ser entregados a agentes de la DINA, quienes los trasladaron a Chile. Una vez en el país, fueron llevados a “Villa Grimaldi”, donde funcionaba un centro de tortura. Desde ese lugar se pierde el rastro a las víctimas. La resolución señala que Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo y Edgardo Enríquez fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en abril de 1976. Alexis Jacard, Matilde Pessa y Jacobo Stoulman fueron apresados también en esa ciudad, pero en mayo de 1977. La detención de Julio Valladares fue en julio de 1976 en Bolivia y la de Jorge Fuentes en mayo de 1975 en Asunción, Paraguay. La semana pasada, el juez Juan Guzmán, quien investiga numerosas causas que involucran a Pinochet en crímenes cometidos durante su régimen, sobreseyó en primera instancia al general en retiro en un proceso por el secuestro y desaparición de una decena de dirigentes del Partido Comunista, en 1976. Ello, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago a dar curso al desafuero. “Lo único que corresponde jurídicamente es el sobreseimiento definitivo”, dijo el juez. El pasado 22 de octubre, la Corte Suprema cerró definitivamente la puerta al eventual desafuero de Pinochet por este caso al declarar improcedente, por una cuestión de forma, una tercera petición en tal sentido. El máximo tribunal validó así un fallo de la Corte de Apelaciones, que el 27 de agosto rechazó retirar la inmunidad al general, de acuerdo con el dictamen que en 2001 lo declaró afectado por una demencia vascular "progresiva e irreversible". El abogado Eduardo Contreras anunció que el miércoles presentará una nueva solicitud de desafuero de Pinochet, en nombre de los familiares de las víctimas de la llamada Operación Cóndor. “La idea es que se le pueda procesar por este caso, dada la lucidez que mostró en una reciente entrevista a un canal de televisión de Miami”, afirmó Contreras. Los miembros de la policía secreta de Pinochet hoy procesados afrontan otros juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el asesinato del ex comandante Jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, perpetrado en septiembre de 1974 en Buenos Aires. La Operación Cóndor, que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez español Baltazar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba. Esta es la primera resolución por este caso que adopta el ministro de fuero, que investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en los años 70. Esta operación consistió en la coordinación de los servicios de información de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad provisional, previo pago de una fianza de 500 mil pesos, al general (r) Manuel Contreras, quien está procesado en más de una treintena de causas de derechos humanos. Esta libertad, obtenida hoy en el marco del caso del secuestro de Miguel Acuña Rojas, es la última que le faltaba al ex uniformado para concretar efectivamente el beneficio. "Todas las solicitudes de libertad que ha hecho esta parte han sido ratificadas y aprobadas por la ilustrísima Corte de Apelaciones, destacó el abogado Juan Carlos Manns, quien representa a Contreras. El militar (r), condenado entre otras causas por el homicidio del general (r) Carlos Prats y su esposa, se encuentra detenido en su domicilio particular en la comuna de Peñalolén desde noviembre de 2002. Antes estuvo detenido en el penal Punta Peuco, cumpliendo condena por la muerte del ex canciller Orlando Letelier, y en el Regimiento de Telecomunicaciones. Manns explicó que la libertad se materializará una vez que se cumplan una serie de trámites y oficios por parte de tribunales, los que podrían concluir hoy mismo o los primeros días de la próxima semana. No obstante, la resolución podría quedar sin efecto si un juez que investiga casos de derechos humanos dictamina alguna determinación judicial en los próximos días en su contra. Con la fianza impuesta hoy, suman 17.200.000 pesos los que el ex uniformado debe cancelar para poder recuperar su libertad. La Primera Sala estuvo integrada por los ministros Rubén Ballesteros, Juan Araya y la abogada Ángela Radovic.

Abogado DD.HH: Libertad es sólo un episodio más

El abogado de DD.HH. Eduardo Contreras, quien actúa como querellante de varias de las causas que la Justicia sigue en contra de Manuel Contreras, sostuvo que la libertad del militar en retiro "se debe indudablemente a toda una presión que estamos viviendo en este momento para poner punto final al tema de los Derechos Humanos, pero también sin duda a deficiencias de nuestra legislación procesal penal". No obstante, el profesional sostuvo que a su juicio, la libertad de Contreras "es un simple episodio en la larga lucha por la vigencia de la verdad y la Justicia en Chile", debido a que aún existen muchos otros casos por los cuales puede ser procesado y detenido.

El ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) general (R) Manuel Contreras consiguió la libertad bajo fianza luego de tres años de arresto domiciliario. El beneficio fue condedido por dos votos contra uno por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del proceso que condenó al retirado militar en el marco de los hechos ocurridos en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi. Tras cumplir con condena de siete años en el penal de Punta Peuco por el homicidio de Orlando Letelier, Contreras ha permanecido en detención preventiva, tanto en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército como en su domicilio, a raíz de los más de 15 procesos que se siguen en su contra, entre los que se encuentran Operación Cóndor, el caso Prats, Cuatro Álamos y Calle Conferencia, entre otros. De todos modos, Contreras debe cumplir pena de 15 años de prisión como autor intelectual de la detención y desaparición de la periodista Diana Frida Aron, ocurridas en 1974.

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, procesó como autores de secuestro calificado a cuatro ex miembros de la cúpula de la disuelta Dirección Inteligencia Nacional (DINA).La magistrada estimó que existen presunciones fundadas de que miembros de la DINA tienen responsabilidad en la desaparición del mirista Álvaro Barrios Duque, detenido el 15 de agosto de 1974 en su casa, ubicada en la comuna de Conchalí. La resolución afecta al general (R) Manuel Contreras, ex jefe del organismo represivo, al brigadier (R) Miguel Krasnoff, al coronel (R) Marcelo Moren Brito y al civil Osvaldo Romo.

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en el caso por el secuestro del ex funcionario de Cobrechuqui, David Silberman, causa que se acerca ahora a la etapa de sentencia y en que hasta el momento se mantienen los cargos contra los cuatro procesados. El magistrado estimó que el ex director de la DINA Manuel Contreras y el brigadier (r) Marcelo Moren Brito son responsables en calidad de autores del secuestro de Silberman, mientras que mantuvo la tipificación de cómplices en el mismo ilícito que compromete a Marcos Derpich Miranda y Carlos Labarca Sanhueza. El 4 de octubre de 1974 miembros de la DINA sacaron a Silbermann de la Penitenciaría en donde permanecía recluido tras ser sometido a Consejo de Guerra en Calama. De acuerdo a testigos el supervisor de la actual Codelco fue visto en cuarteles de la DINA como José Domingo Cañas y Cuatro Alamos. Las partes ahora podrán adscribir o rechazar la acusación y una vez que el ministro recabe todos los antecedentes comenzará la fase final que incluye la dictación de las sentencia de primera instancia.

Nueve ex uniformados fueron procesados en las últimas horas como autores de dos secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1975. La primera encargatoria de reo fue dictada por la jueza Colomba Guerrero, del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, quien investigó la desaparición de Juan Manuel Llanca Robas, quien fue visto por última vez en el Regimiento N°2 de Puente Alto en 1975. En este caso fueron encausados como autores del secuestro el ex comandante del regimiento, Mateo Durruty, y los ex uniformados David Miranda, Pedro Teyssedre, René Cruces y Carlos Canales. Asimismo la jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, sometió a proceso a la cúpula de la DINA por la desaparición de el ex mirista Carlos Cubillos Gálvez, a quien se le perdió el rastro en el centro de detención conocido como Londres 38. En este caso fueron encausados el general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, el brigadier (R) Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo. Estos últimos enfrentan una serie de procesamientos en causas de Derechos Humanos, que están a cargo de distintos jueces. El abogado Sergio Concha, quien lleva las causas, destacó especialmente la labor de la jueza Guerrero puesto que desde que ella llegó a mediados del año pasado al primer Juzgado del Crimen de Puente Alto hubo un cambio en el desarrollo de la causa de Juan Llanca. "La causa había estado aproximadamente 10 años en ese juzgado, había habido por lo menos cuatro magistrados que no se habían interesado mayormente por esta causa (…) todo esto fue solucionado cuando llegó la magistrado Guerrero, quien se dedicó a investigar lo que hasta entonces no había sido investigado", afirmó.

El ministro Alejandro Solís dejó al lado la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y optó por dictar sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, por su responsabilidad en el secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara. El debate que se realiza en el seno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la conveniencia de aplicar este decreto que deja foja cero los ilícitos y el cuestionamiento a la verdadera existencia del secuestro en casos de detenidos desaparecidos, estuvo fuera de la revisión del juez Solís. Por ello el magistrado determinó que Contreras debe cumplir una pena de 15 años de presidio, mientras que el brigadier (r) Raúl Iturriaga Neuman de 10 años y un día de presidio, y los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a tres años y un día de presidio en calidad –los dos últimos- de cómplices.De acuerdo a los antecedentes recogidos por agrupaciones de derechos humanos, el 17 de diciembre de 1974 San Martín fue detenido y trasladado –según informan testigos- hasta el centro clandestino conocido como  la “Venda Sexy” donde la DINA lideraba la acción de hostigamiento contra los prisioneros. Hasta el momento, el juez Solís sólo ha notificado de su condena al brigadier Iturriaga, quien indicó que "estoy siendo sentenciado por una mentira. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo ni siquiera detuve a un señor que no conozco que se llamaba San Martín Vergara y no tengo a nadie secuestrado, y lo sabe usted y lo sabe el presidente de la Corte Suprema. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el juez". Agregó que “el juez sabe que yo no tengo a nadie secuestrado".

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo. Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos. Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena. Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas. La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informóEl retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente  en los tribunales chilenos.  que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR. En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso. El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976. En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.

Hasta el penal Cordillera fue trasladado por Gendarmería el general (R) del Ejército Manuel Contreras, luego de ser notificado de su condena a 12 años de presidio por el secuestro calificado del mirista Miguel Ángel Sandoval. En un caótico proceso, el ministro en visita que sustanció elcaso, Alejandro Solís, debió ordenar la detención del militar luego que éste declinara presentarse en el tribunal. Fue por ello que efectivos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se trasladaron hasta el domicilio del retirado militar, en el sector alto de la comuna de Peñalolén, para aprehenderlo y trasladarlo al Palacio de Tribunales. Sin embargo, la diligencia se dilató, al menos por dos horas,luego que Contreras se negara a ser aprehendido y sacara un arma desde un escritorio, tras lo cual fue conducido al cuartelBorgoño de la Policía de Investigaciones para consignar el incidente. El incidente hizo recordar el episodio de 1995, cuandoContreras se negó a presentarse ante los tribunales para ser  En esa oportunidad, el ex militar se atrincheró, protegido pornumerosos guardaespaldas, en una finca de Osorno, desde la que huyó subrepticiamente para reaparecer, tras varios días detensión, internado en un Hospital Naval.

Incidente en domicilio
Versiones radiales indicaron que el traslado al recinto se debió aque el citado alto oficial intentó hacer uso de un arma de fuego que estaba en su escritorio, pero fue reducido y llevado a la sedepolicial. Su abogado, Juan Carlos Manns, desmintió el hecho, acusando alresponsable del operativo, el prefecto Rafael Castillo, de propiciar un violento incidente. Según el profesional, primero se acordó una"medida alternativa" para efectuar una entrega "sin tanto escándalo" al mediodía.Posteriormente, y cuando Contreras "se despedía en la puerta de su casa del general Carter -su yerno-, Castillo hizo un ademán yentraron 25 personas (policías) cuando la puerta estaba abierta,destruyendo cuanta cosa había, golpeando a las hijas,  sobrinas yyernos" de su cliente, "al que tomaron en forma violenta sin que haya mediado ninguna oposición". Manns negó que su representado haya usado un arma de fuego yreveló que el episodio fue registrado en audio por el programa de Chilevisión El Termómetro, cuya producción había llamadotelefónicamente en ese momento al retirado militar. Una grabación en video divulgada por TVN, si bien no aclara deltodo los hechos, como el uso de un arma de fuego ni el origen del altercado, ratifica que hubo conversaciones. Sin embargo -seexplicó en el noticiario-, la plática de los policías con Contreras y su entorno no habría correspondido a una negociación, sino a unacoartada para lograr su detención. Tras su paso por el cuartel Borgoño, el general (R) fue trasladadohasta la oficina del ministro Solís, para cumplir con la mentada notificación. Allí, decenas de personas apostadas en la esquina delas calles Compañía y Morandé intentaron agredirlo lanzando agua y un sinfín de elementos contundentes, a su ingreso y salida.

Fallida diligencia
El mismo Manns concurrió a tribunales pasadas las 09:30 horas -60 minutos más tarde del plazo estipulado para su cliente- para notificarse en calidad de apoderado, pero el juez rechazó lacuriosa sugerencia.Más temprano, acudieron a conocer sus condenas varios ex miembros de la cúpula de la DINA, entre ellos, el brigadier (R)Miguel Krassnoff (10 años), coronel (R) Marcelo Moren Brito (10 años), brigadier (R) Fernando Laureani (5 años, como cómplice) yel teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy (5 años,como cómplice, que irá a Punta Peuco). Los militares retirados fueron trasladados en conjunto al penalCordillera, ubicado en las ex dependencias del ex comando deTelecomunicaciones del Ejército, en un carro celular  deGendarmería, hasta donde debe llegar también Contreras. El fallo del juez Solís -del 17 de noviembre pasado- se trató delprimero en que la Corte Suprema se pronunció sobre el secuestro calificado, ratificando las condenas y descartando la ley deamnistía.

Treinta años después de que el militante del Movimiento deIzquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Ángel Sandoval, fuera detenido por agentes de seguridad y llevado al campo deconcentración de Villa Grimaldi desde donde se le perdió la pista, la justicia encarceló ayer al director de la disuelta DINA,Manuel Contreras, por su secuestro permanente.
Y como hace diez años, cuando fue sentenciado a prisión por elasesinato del ex canciller Orlando Letelier, el ex director de la policía secreta de Augusto Pinochet prestó resistencia.Pero esta vez “el Mamo” estuvo solo. No hubo gestiones previas del comandante en jefe del Ejercito para evitar su detencióncomo las que en 1995 efectuó el propio Pinochet desde el mando
de esa rama castrense. Tampoco pudo refugiarse en unregimiento como entonces lo hizo en Sangra. No se desplegó un operativo conjunto de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadasy de Orden para internarlo en el Hospital Naval de Talcahuano. No. Esta vez su familia fue la única que lo acompañó en suintento de eludir la acción de la justicia. Y fracasó.

Gritos, armas y prisión
A las 8:00 de la mañana, y tal como estaba previsto, llegaronhasta la sede del Poder Judicial el ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff, condenado a diez añosde cárcel; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadier (r) Marcelo Moren Brito (11 años); el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel(r) Fernando Laureani (5 años); y el ex agente Gerardo Godoy
(5 años). Luego de ser notificados, abandonaron el Palacio de Tribunalesfuertemente custodiados por gendarmes, y protegidos por un cerco de Carabineros que mantenía a distancia a casi 200familiares de víctimas de la dictadura, que gritaban en contra de los ex agentes. Krassnoff, Moren Brito y Laureani, fueron subidos a dosvehículos de Gendarmería para ser trasladados hasta el penal "Cordillera", en la comuna de Peñalolen; mientras que Godoy, elúnico Carabinero de la lista, fue llevado, en otro carro celular, al penal de Punta Peuco, situado al norte de la capital.Pero Contreras no llegó, así que el magistrado Alejandro Solis lo declaró en rebeldía y envió a efectivos de Investigaciones a sucasa, ubicada en un condominio militar de la comuna de La Reina, para su notificación y arresto Allí, cerca de las once de la mañana, se desató un confusoincidente, que obligó a la policía a ingresar por la fuerza, pues sushijas, junto a otros familiares y amigos del condenado, intentaronevitar el cumplimiento de la orden judicial alegando su inocencia. A esa hora, en tribunales, la presidenta de  Agrupación deFamiliares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, lointerpelaba a través de la prensa: “esperamos que  Contreras,director de la DINA, que ayer era un tan valiente soldado y tenía tanto poder, hoy sea capaz de entregarse la justicia”.Pero esa alternativa no estaba en los planes del general. TVN, quea esa hora lo entrevistaba, registró cómo los  efectivos se abrieronpaso hasta la oficina del Mamo, y el momento preciso en que éste les dice: “no voy a ir a ninguna parte, si quieren me sacan muertode aquí”.Contreras continúa  entonces negándose a cumplir las ordenes, ysostiene el siguiente diálogo con el prefecto Rafael Castillo: – Si usted me dice ‘lo tengo que llevar’, ya, hágale empeño. Si usted me dice voy a emplear la violencia , la emplea.
– Señor, pero nosotros no queremos llegar a eso.
– Entonces dígale al señor ministro que yo dije que no voy no más.
– Es que yo no soy recadero de nadie.
– Entonces yo tampoco acepto su recado.

La puerta del despacho se cierra entonces para la cámaras. Deacuerdo a fuentes judiciales y de la policía consultadas por La Nación, en ese momento Contreras se abalanzó a un escritoriopara abrir un cajón y sacar desde su interior un arma de fuego. Se desató entonces un forcejeo en el que el ex militar habríaintentado quitar su pistola de servicio a uno de los policías. En este momento, los funcionarios de Investigaciones se arrojaronsobre el ex jefe del organismo represivo para inmovilizarlo, quitarle el arma y esposarlo, en medio de los reclamos e insultosde los familiares presentes en el lugar. En Investigaciones se hizo hincapié en que el arma de Contrerasera ilegal, pues en su calidad de encausado, no está habilitado nipara portar ni para mantener este tipo de artefactos en su poder.Debido a estos hechos, tres hijas de Manuel Contreras fueron  detenidas por haber obstruido la acción policial. Una de ellasacusó lesiones, al igual que dos policías, quienes debieron concurrir a constatar heridas.El ex uniformado fue llevado hasta el cuartel del Departamento de Asuntos Internos y Derechos Humanos, a cargo de la operación,en donde se formalizó la denuncia oficial por su resistencia al arresto. Una lluvia de piedras, frutas y huevos, lanzadas por  devíctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, lo recibió y lo despidió luego en el Palacio de Tribunales.Seis horas después de lo previsto, fue notificado por el juez Solís, y trasladado al penal Cordillera de Peñalolen. Así, a sus 76 años,el hombre que encabezó la represión en los primeros años de la dictadura empezó a cumplir su condena a 12 años de prisión.

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer un nuevo procesamiento, en calidad de autor, contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras, por su presunta responsabilidad en casos de torturas contra opositores a la dictadura de Pinochet que estuvieron detenidos en el regimiento Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, en la Quinta Región. La resolución afecta también a otros seis ex agentes de la DINA y al ex subcomisario en retiro de Investigaciones, Nelson Valdés, y se adscribe a las denuncias de 22 presos políticos. A todos ellos, incluido Contreras, se les responsabiliza de la práctica sistemática de torturas contra los detenidos. La decisión del magistrado invoca el Derecho Internacional, y más específicamente la Convención de Ginebra, para justificar que los apremios ilegítimos son un delito de lesa humanidad y que son permanentes en el tiempo. Los reclusos, según la resolución, eran trasladados primero al centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en Santiago, y desde ahí eran llevados al regimiento de Tejas Verdes, cuyo comandante era el entonces coronel Contreras. Cabe recordar que el juez Solís ordenó el 28 de enero pasado la detención de Manuel Contreras para hacer efectiva la condena de 12 años de prisión por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval. Desde esa fecha, el ex jefe de la DINA cumple sentencia en el Penal Cordillera de Santiago, junto con el ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadier (r) Marcelo Moren Brito; el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel (r) Fernando Laureani; y el ex agente Gerardo Godoy.

Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima. A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975. En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet. La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos

El magistrado condenó a Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito a siete años de presidio como autores del secuestro y desaparición del ingeniero civil y militante comunista David Silberman. El ex agente Armando Fernández Larios, que vive desde 1987 en Estados Unidos, fue quien sacó a Silberman de la Penitenciaría con una identidad falsa. El ministro Jorge Zepeda solicitó a la Corte Suprema dar curso a la solicitud de extradición desde Estados Unidos del ex agente DINA mayor (R) Armando Fernández Larios, bajo el cargo de haber sido el oficial de Ejército que, con una identidad falsa y ayudado de un bien montado operativo, secuestró desde la Penitenciaría de Santiago el 4 de octubre de 1974 al ingeniero civil y ex gerente general de Cobrechuqui, el militante del PC David Silberman Gurovich. La petición la formuló el juez en la sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición del ingeniero. En su resolución, Zepeda condenó a la pena de siete años, en calidad de autores, al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y al ex jefe del centro clandestino de Villa Grimaldi, coronel (R) Marcelo Moren Brito. Zepeda absolvió, sin embargo, a los ex agentes Carlos Labarca Sanhueza y Marcos Derpich Miranda, quienes también tuvieron relación con la operación y por ello estaban procesados y acusados. El magistrado no concedió a Contreras y Moren beneficios de ningún tipo, por lo que deberán cumplir la condena después de que enteren sus actuales penas de doce y diez años respectivamente, por el secuestro y desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval. Además, el ministro condenó al fisco a pagar mil 40 millones de pesos a la viuda, hijos y hermanos de Silberman. Silberman había sido condenado por un cuestionado consejo de guerra en Calama a 13 años de presidio por las leyes de Seguridad Interior del Estado y control de armas, a pesar de que se presentó voluntariamente a la justicia militar el 15 de septiembre de 1973. Por eso fue trasladado a cumplir la condena a la Penitenciaría de Santiago. En la tarde del 4 de octubre de 1974 se presentó en ese presidio el entonces teniente y agente de la DINA Armando Fernández Larios, de uniforme, premunido de la tifa 245-03, a nombre de Alejandro Quintero Romero. Fernández ordenó al alcalde, Jorge Ortiz Aedo, entregarle al condenado, mostrándole una orden de un coronel Marcelo Rodríguez “asesor militar de los consejos de guerra en los

tribunales militares”.

Le dijo, además, que podía verificar la orden al teléfono 51-64-03, a un tal “auditor militar Leyton” o al mismo coronel Rodríguez. El alcaide lo hizo y le entregó a Silberman. A Fernández lo esperaba un jeep blanco Ika-Renault. Por cierto, todo era falso y ninguno de los oficiales nombrados por Fernández Larios existía. Previamente, el agente Derpich, nombrado en la DINA como encargado de “trabajos especiales confidenciales” en la Compañía de Teléfonos de Chile, había supervisado la intervención de las líneas telefónicas que se requerían. Según una declaración judicial del 2 de abril de 1998 del obispo de Copiapó Fernando Ariztía, cuando poco después del secuestro se entrevistó con Pinochet, junto al rabino Angel Kreiman, el jefe militar les respondió: “A Silberman lo secuestró un comando mirista disfrazado de militares”. Lo mismo sostuvo Manuel Contreras a tribunales en ese tiempo. Pero para hacer más creíble la historia, éste agregó que la tifa 245-03 a nombre de Quintero “fue encontrada en un allanamiento a la casa del mirista Alejandro de la Barra en diciembre de 1974”. La tesis no era al azar, puesto que ya la dictadura planificaba el montaje de la Operación Colombo que se iniciaría con Silberman. Según una declaración del ex agente Enrique Arancibia Clavel en el proceso en Buenos Aires por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa, a comienzos de 1975 llegó a Argentina “el general Raúl Iturriaga Neumann (jefe del aparato exterior DINA) y me informó que su misión consistía en hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno de apellido Simelman o algo parecido, muerto en Chile, habiéndose bautizado ese operativo como la Operación Colombo”. Efectivamente, en abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo semidestruido de una persona que -según se dijo- era David Silberman, lo que fue desmentido por su familia, que viajó para reconocerlo. Junto al cuerpo se halló el cartel “dado de baja por el MIR”. Justamente, Colombo consistió en hacer creer que 119 chilenos nunca estuvieron detenidos y que huyeron a Argentina, donde cayeron muertos en vendettas políticas de la izquierda o fallecieron en enfrentamientos con las FFAA argentinas.

Ministro Alejandro Solís encausó en calidad de autores a una nueve ex miembros del organismo represivo de la dictadura militar en calidad de autores de la desaparición de la asistente social Jackeline Binfa y el veterinario Jorge D'Orival, ambas registradas en 1974. El juez ordenó la detención de dos encausados. El ministro en visita Alejandro Solís procesó a la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en calidad de autores de los secuestros calificados de las víctimas de la dictadura Jacqueline Binfa Contreras y de Jorge Humberto D'Orival Briceño. La nómina de procesados está encabezada por el general (R) Manuel Contreras, otrora director del organismo represivo, y el jefe de la Brigada de Inteligencia, César Manríquez Bravo. También fueron encausados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff, jefe del Grupo Halcón de la ex DINA, y el brigadier retirado Maximiliano Ferrer Lima, ex director del Servicio Secreto del Ejército. Asimismo, enfrentan cargos coroneles (R) Marcelo Morén Brito y Orlando Manso, ex jefe del centro de detención Cuatro Álamos, Ciro Torré Sáez, esposo de la ministra de la Corte de san Miguel Gabriela Hernández. En tanto, sólo por el secuestro de D’Orival Briceño fue procesado por el ministro Solís el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes. El juez ordenó además la detención inmediata de Ciro Torres y Orlando Manso, pues todos los demás inculpados están en prisión, condenados o procesados en otros casos de violaciones de los derechos humanos. Binfa Contreras y D'Orival Briceño fueron arrestados en 1974 por efectivos del organismo represivo y transitaron por diversos centros de prisioneros políticos de la dictadura, hasta que se perdió su rastro. En el caso de D'Orival Briceño, a quien se le imputaban una supuesta cercanía con el entonces secretario general del MIR Pascal Allende, fue trasladado en distintos períodos a "Cuatro Alamos", "José Domingo Cañas", "La Venda Sexy". Sin embargo, su rastro se perdió en el centro de reclusión "Cuatro Alamos" y no se tuvo información de su paradero hasta que figuró en la nómina de 119 chilenos miembros del MIR dados por muertos en Argentina y Brasil por publicaciones ficticias.

El ministro de fuero Alejandro Solís procesó por los delitos de secuestro y homicidio a 12 ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), incluido su ex jefe, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de ocho personas y la ejecución de otras seis, cuyos cuerpos fueron posteriormente entregados a sus familiares o abandonados en la vía pública. Además de Contreras, los otros procesados son el ex segundo jefe de la DINA, Pedro Espinoza; el ex jefe de grupos operativos de ese organismo, Miguel Krassnoff; el ex jefe de algunos recintos de la DINA, oficial (R) de Carabineros, Ciro Torré; el ex jefe del departamento exterior de DINA, Christoph Willikie; el ex agente de la DINA y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Francisco Ferrer; el ex jefe del recinto de Villa Grimaldi y ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, Marcelo Moren Brito; el ex integrante del grupo Halcón de la DINA, Basclay Zapata; el ex jefe del grupo Vampiro de la DINA, Fernando Lauriani; el ex agente civil Osvaldo Romo; el ex jefe del recinto de Cuatro Álamos y oficial (R) de Gendarmería, Orlando Manzo Durán, y el oficial (R) de Carabineros e integrante de grupos operativos de la DINA, Gerardo Godoy. Los ex agentes fueron procesados por la responsabilidad que les cabe en el destino final de las siguientes víctimas: Sergio Pérez Molina, Iván Olivares Coronel, Jaime Ossa Galdames, Gustavo Ramírez Calderón, Julio Flores Pérez, Herbit Ríos Soto, Iván Monti Cordero, y Sergio Lagos Marín, todos ellos fueron secuestrados y hechos desaparecer, sin que hasta ahora se sepa que ocurrió exactamente con sus cuerpos.

Embajada de Italia

Además, los encausamientos fueron dictados por los homicidios calificados de Lumi Videla Moya, Pedro Labra Saure, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Ganga Torres.La situación represiva sufrida por Lumi Videla, militante del MIR, fue conocida por la opinión pública porque el 4 de octubre de 1974 su cadáver fue arrojado por sobre la pared al interior de la Embajada de Italia. Aunque la prensa de la época atribuyó la muerte a rivalidades entre los asilados en el recinto diplomático, la verdad es que Lumi Videla había muerto el día anterior por efecto de las torturas a que fue sometida en la cárcel clandestina de la calle José Domingo Cañas en Ñuñoa. Asimismo Alberto y Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Luis Ganga, fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad supuestamente ocurrido en Rinconada de Maipú al mediodía del 19 de noviembre de 1975. Pero la investigación judicial de los últimos años estableció que fueron asesinados por agentes de la DINA, y sus cuerpos trasladados al lugar donde fueron encontrados. El ex agente de la DINA Amador Fuentes Salas, de chapa “Hernán Galleguillos” entrevistado por La Nación en 2003, declaró que estas personas fueron  sacadas ya muertos desde Villa Grimaldi, y que el falso enfrentamiento fue grabado en exclusiva para Televisión Nacional por el periodista Julio López Blanco.La resolución del ministro Alejandro Solís deberá ser ahora revisada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las respectivas defensas de los ex agentes apelen de los encausamientos. Varios de los procesados, entre ellos Contreras, Moren, Krassnoff y Ferrer, se encuentran ya cumpliendo condenas de presidio por su responsabilidad en la muerte o desaparición de otras víctimas.

Una nueva condena sumó el ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, ya que el ministro Joaquín Billard dictó sentencia en un caso de secuestro calificado fijando una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. La resolución se basa en el proceso por el plagio de los deportistas Sergio Tormen Méndez y Luis Fajardo, desaparecidos el 20 de junio de 1974. Igual sanción recibió el brigadier (r) Marcelo Morén Brito, en su calidad de jefe del centro de detención "Londres 38", mientras que el agente civil de la DINA, Osvaldo Romo Mena enfrenta una condena de cinco años y un día de presidio. Tanto Contreras como Moren Brito fueron notificados hoy del dictamen en el Penal Cordillera.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema anuló la aplicación de la Ley de Amnistía que había dejado sin efecto las condenas a los ex miembros de la DINA sindicados como responsables del secuestro de la militante del MIR Diana Arón. El tribunal firmó hoy la esperada resolución mediante la cual deja sin efecto el fallo que a comienzos de junio 2005 absolvió de cargos al general Manuel Contreras, y a los ex agentes Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo aplicando el polémico decreto de Ley de Amnistía. De esta manera quedan vigentes las condenas de primera instancia que había dictado en contra de los ex DINA el ministro de fuero Alejandro Solís, quien investigó la situación de la periodista del MIR. El fallo fue redactado por el ministro Enrique Cury, que integró la sala junto a los magistrados Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros. Aunque aún no se conoce el texto de la resolución, que se presume extenso, si se sabe que algunos magistrados hicieron breves prevenciones. Esta es la segunda condena por secuestros que la Corte Suprema deja a firme en contra de la cúpula de la DINA. A fines del 2004 el Máximo Tribunal ratificó la sentencia en el caso del también mirista Miguel Ángel Sandoval.

A 10 años y un día fue elevada la condena que pesaba sobre el general (r) Manuel Contreras por el secuestro de la militante comunista Julia Retamal Sepúlveda. Originalmente, el ex jefe de la DINA había sido condenado por el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes a tres años y un día por dicho delito, pero la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones consideró que no corresponde la media prescripción deducida por el juez. EL tribunal de alzada elevó además a 5 años y un día la condena al oficial (r) Carlos López Tapia, quien también había sido sentenciado originalmente a 3 años y un día. Éste último se desempeñaba como jefe del centro de detención clandestino de la DINA Villa Grimaldi, hasta donde fue conducida Retamal luego de ser detenida el 13 de agosto de 1976. Desde entonces se desconoce su paradero. Para la Cuarta Sala, que analizó las apelaciones y tasaciones de ambos condenados, no corresponde aplicar ni la amnistía ni la prescripción en este caso, puesto que se desconoce el paradero de la víctima, y en consecuencia corresponde a un delito de lesa humanidad.

La justicia chilena procesó hoy a nueve ex militares como autores de secuestro calificado y torturas contra opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). La resolución del juez Alejandro Solís afecta a los entonces responsables del regimiento Tejas Verdes, entre los que se encuentra el ex jefe de la DINA, general en retiro Manuel Contreras. Además fueron sometidos a proceso Mario Jara, Nelson Valdés, Raúl Quintana, David Miranda, Patricio Carranca, Klaudio Kossiel y Vittorio Orvietto, todos oficiales retirados. Los ex militares fueron procesados, entre otras razones, por las desapariciones del militante comunista, Miguel Heredia y de Félix Vargas, miembro de la guardia personal del ex mandatario Salvador Allende, el Grupo de Amigos del Presidente, GAP. Fue procesado también el coronel en retiro Jorge Núñez por el delito de tortura cometido contra el opositor Anatolio Zárate, empleado de Pesquera Arauco. Zárate fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y posteriormente trasladado a Tejas Verdes, lugar donde fue sometido a torturas que lo mantienen hasta hoy con un estrés postraumático crónico y secuelas emocionales y psicológicas

Novena Sala del tribunal de alzada aumentó de cuatro a diez años la sentencia contra los otrora integrantes del organismo represivo, desestimando lo resuelto por el juez Juan Eduardo Fuentes, quien consideró que los secuestros finalizaron a la par de la dictadura. Se trata del primer fallo de una instancia superior desde el pronunciamiento de la CIDH.  La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, elevó las sentencias contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el desaparición de dos militantes del Partido Socialista (PS), rectificando de esta manera la tesis de la prescripción gradual aplicada por el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar. La decisión fue adoptada por los ministros Haroldo Brito, Amanda Valdovinos y Juan Manuel Muñoz Pardo, quienes aumentaron hasta en diez años las condenas que el juez Fuentes Belmar había resuelto aplicar contra varios ex integrantes del organismo represivo, aplicando su teoría de que los secuestros terminaron a la par con la dictadura militar.De esta manera, el tribunal de alzada capitalino decidió condenar a diez años de prisión al general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe del organismo represivo, así como al también general en retiro Raúl Iturriaga Neumann y Gerardo Urrich, quienes en primera instancia habían sido a cumplir sólo cuatro años de cárcel. Los tres ex uniformados fueron condenados como autores del secuestro calificado de los militantes socialistas Mario Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría, ocurridos los días 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente. El tribunal de alzada también dictó una condena de cinco años y un día de presidio mayor, en su grado mínimo, para el oficial retirado de Carabineros Alejandro Molina Cisternas, por el rapto de Olea Alegría, mientras que el ex detective Risiere Altez España recibó una pena de tres años de presidio menor. El dictamen, el primero de un tribunal superior desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Chile por la aplicación de la ley de Amnistía, corrigió de esta manera la tesis de la prescripción gradual que ha impulsado el ministro Fuentes Belmar, en el sentido de que los secuestros de las víctimas de la dictadura militar terminaron, necesariamente, el 11 de marzo de 1990, cuando retornó la democracia. Aunque el juez rechaza aplicar la mencionada normativa, sustenta su argumento de reducir gradualmente la condena dado que a partir del 11 de marzo de 1990 volvieron a funcionar todas las instituciones establecidas en la Constitución de 1980, a imperar con plenitud las garantías individuales, y los organismos policiales fueron sometidos al control y supervigilancia directa de la autoridad administrativa.

Los casos

Víctor Fernando Olea Alegría, obrero y militante socialista, fue arrestado por agentes de la DINA que dijeron ser miembros del Servicio de Inteligencia. Su aprehensión se adscribió a un operativo que culminó con la detención de un grupo de militantes de esa colectividad. Los detenidos, entre ellos la víctima, fueron llevados en primera instancia al Cuartel Central de Investigaciones, donde los interrogaron y ficharon. Posteriormente fueron trasladados hasta el recinto de interrogatorios de la DINA conocido como Venda Sexy, que correspondía a una casa ubicada en la calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul, donde fueron ubicados en una misma pieza. En tanto, la detención de Mario Carrasco se registró el 16 de septiembre de 1974, correspondiendo al mismo procedimiento utilizado por los agentes del desaparecido organismo represor. En una visita efectuada el 11 de octubre de 1974, por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al campamento de detenidos Tres Alamos, se constató que el joven se encontraba incomunicado en dicho centro, lo que impidió que pudiera ser visitado. 

De manera reservada, el ministro Alejandro Solís interrogó a una serie de otrora integrantes del gabinete de la dictadura, en el marco de una diligencia solicitada por el propio Manuel Contreras, ex jefe del desaparecido organismo represivo. Tras las diligencias, el magistrado estimó que sus dichos ''no alteran los razonamientos anteriores'', y le aplicó la décima condena por violaciones a los derechos humanos. Pese a que el ministro Alejandro Solís acogió la petición interpuesta por la defensa del ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras, referida a que las ex autoridades civiles del régimen de Augusto Pinochet avalaron que las detenciones realizadas por el disuelto organismo eran legales, el magistrado decidió finalmente mantener la tipificación de secuestro calificado y dictar una nueva condena en su contra. Los abogados Fidel Reyes y Javier Gómez, quienes representan al ex uniformado, pretendían -mediante estos testimonios- lograr establecer que los militantes del MIR Eugenio Montti y Carmen Díaz, al igual que los otros detenidos desaparecidos, ya no se encuentran secuestrados y que sus aprehensiones fueron legales, en virtud de los decretos exentos firmados por las autoridades administrativas. La decisión del juez Solís, en cuanto a tomar estas declaraciones en la fase probatoria de estos casos, había sido interpretada como un "triunfo" por parte de la defensa del militar en retiro, ya que hace un año atrás habían solicitado que se realizarán estas indagatorias, lo cual fue rechazado por este magistrado, así como también por los ministros Juan Eduardo Fuentes y Joaquín Billard, quienes también sustancian investigaciones en contra del organismo encabezado por Contreras. No obstante, Solís no varió su apreciación de los hechos e igualmente dictó la décima condena por violaciones a los derechos humanos en contra del ex jefe de la DINA, como autor del secuestro calificado en contra de estos dos opositores a la dictadura, sancionándolo con 15 años y un día de presidio. En tanto, también en calidad de autores, condenó a los ex agentes Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth, por ambos casos, mientras que a Osvaldo Romo le aplicó una sanción de cinco años y un día por el secuestro calificado de Montti. Asimismo, Solís castigó con cinco años y un día a Miguel Krasnoff y Basclay Zapata, en calidad de cómplices, mientras que a Fernando Laureani y Gerardo Godoy los absolvió por falta de participación en los hechos. Eugenio Iván Montti Cordero egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado y militante del MIR, fue detenido por agentes de la DINA el 13 de febrero de 1975, junto a su hijo Iván Montti Araya, de 5 años, y Carmen Díaz Darricarrere, en el domicilio ubicado en Los Illanes Nº95, Las Condes. (Fuente: memoriaviva.com). Según los antecedentes recopilados en el proceso judicial, los dos adultos estuvieron detenidos en el recinto de detención clandestino Villa Grimaldi, lugar desde el cual se perdió su rastro.

Declaraciones de ex autoridades

Durante el pasado mes de noviembre, declararon ante Solís los ex jefes de gabinete de Pinochet Ricardo García, Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa, el general (r) César Benavides y Carlos Cáceres. Asimismo, declaró el otrora subsecretario del Interior general (r) Enrique Montero Marx. También fueron interrogados los ex directores de la desaparecida CNI, generales (r) Odlanier Mena, Gustavo Abarzúa y Hugo Salas Wenzel, además del ex agente del Comando Conjunto Otto Trujillo.

Detenciones y muertes

Como se explicó a este medio, los objetivos que buscó la defensa de Contreras apuntaron a establecer que las detenciones llevadas a cabo por la ex DINA eran legales en la medida que existió un decreto ley que proscribió a los partidos políticos y las actividades proselitistas tras el golpe militar de 1973. En esa medida, los abogados del ex uniformado -quien actualmente cumple dos condenas a firme: de 12 años y un día por el secuestro calificado del sastre Miguel Ángel Sandoval y otra de 10 años y un día por el caso de la estudiante de periodismo Diana Arón- buscaban establecer que las aprehensiones realizadas por el ex organismo de seguridad fueron lícitas. Por otra parte, también persiguieron acreditar mediante estos testimonios que en Chile no existió un estado de guerra, con lo cual impugnarían la aplicación de la Convención de Viena sobre crímenes de lesa humanidad, como también que no habría existido una política institucional para ordenar secuestros de personas. Otro de los fines a que apuntó esta estrategia fue acreditar que las víctimas no se encuentran apresadas hasta ahora, con el fin de desvirtuar la aplicación de la figura de secuestro permanente, logrando imponer el delito de homicidio calificado, el cual a su juicio estaría prescrito en virtud de la legislación penal chilena. De hecho, al igual que en estos dos casos, la defensa del "Mamo" pedirá que en todos los casos en que está involucrado su cliente (alrededor de 150) se incluyan estos testimonios. Así también, por medio de ellos interpondrán recursos de revisión ante la Corte Suprema para intentar modificar las condenas "a firme" que existen en contra del ex uniformado.

Párrafos escogidos

– Ricardo García, ex ministro del Interior (1985-1987): "Aquellas detenciones asociadas a los estados de excepción, que eran efectuadas con decreto exentos y que se ajustaban a las normas constitucionales y legales vigentes, debe concluirse que no adolecían de ilicitud". "En cuanto al arresto transitorio de personas, podían ejercerse mediante Decreto Supremo exento de toma de razón, firmado por el Ministro del Interior “por Orden del Presidente de la República”. Las situaciones de detención en estados de excepción, así como por decreto exento en la forma expresada, según mis recuerdos, eran planteadas por Investigaciones". "Nunca tuve conocimiento que existiera una política institucional que contemplara secuestros. Tampoco tuve conocimiento de que la hubiera habido antes de mi ingreso a mi Secretaría de Estado". – Sergio Fernández, ex ministro del Interior (abril de 1978 a abril de 1982 – julio de 1987 a octubre de 1988": "Durante los períodos que ejercí como Ministro del Interior, no había estado de sitio en el país, y conforme a la legislación vigente a la época las órdenes de arresto debían ser firmadas por el Ministro del Interior, bajo la fórmula por Orden del Presidente de la República". "La CNI se vinculaba con el Gobierno para efectos administrativos a través del Ministerio del Interior. Este Ministerio no tenía ni tuición ni mando respecto de dicha Central, ni tampoco conocía ni se le informaba de sus operaciones. Tampoco intervenía en el nombramiento de su personal. Era un ente militar autónomo y especializado". – Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior (1983 – 1985): "En mi época como Ministro del Interior nunca hubo secuestrados". – Enrique Montero Marx, ex subsecretario del Interior (septiembre de 1973 hasta abril de 1982): "El Ministro del Interior, en relación con las detenciones que se practicaban en virtud del estado de sitio, se limitaba exclusivamente a dictar un decreto exento que las autorizaba, señalando el nombre completo del detenido, el lugar donde permanecía y la constancia que quedaba sujeto a vigilancia y control del Jefe de la respectiva Guarnición Militar o de la autoridad de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en que delegaren esa facultad". – Odlanier Mena, ex director de la CNI: "No se recibieron como personas secuestradas de la DINA, a las presuntas víctimas de estos autos, Iván Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere". "Durante el desempeño de mi cargo como Director de la CNI no hubo personas secuestradas en las instalaciones de este organismo, en consecuencia no se dispuso la liberación de ellos". – Otto Trujillo, ex agente del Comando Conjunto: "Sólo en dos oportunidades, en allanamientos que se hicieron en los cuales yo participé, el Oficial coordinador, ya sea (Roberto) Fuentes Morrison o (Edgard) Ceballos, ingresaban a las casas y se hacían pasar por DINA, finales de 1975". "Me acuerdo que ocurrió en dos oportunidades una en La Granja, después que se completa el allanamiento se llamó a Marcelo Moren Brito, en ese lugar se encontró un barretín, con armamento, creo que eran metralletas AKA. Moren llegó en un auto Ford, color salmón, ellos siguieron buscando y encontraron otro barretín más grande aún. Y el segundo fue en la población Los Cóndores de Plata, en este caso también se identificaron como agentes de la DINA".

El ministro Juan Eduardo Fuentes dictó ayer una nueva condena contra el general (r) Manuel Contreras, como autor del secuestro calificado de los militantes del MIR Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, detenidos en Santiago el 2 de octubre de 1974. Por el mismo delito, el juez dictó igual pena contra el ex agente civil de la Dina Osvaldo Romo; y condenó a cuatro años sin beneficios a los ex oficiales Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani. El único ex Dina que obtuvo la libertad vigilada fue Orlando Manzo, quien recibió una pena de 3 años como cómplice. En tanto, en un fallo dividido la Sexta Sala de la Corte condenó a nueve ex miembros del Comando Conjunto por "asociación ilícita genocida", por haberse organizado para perseguir y exterminar a personas que pudieren "sustentar ideología marxista", a quienes recluyeron en la Academia de Guerra Aérea. El tribunal procesó, además, a tres miembros del organismo en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad del dirigente de la CUT, José Luis Baeza Cruces.

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita. El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo". El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas. Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices. La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen  militar.Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria

 El general en retiro Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional [DINA], fue condenado hoy a 10 años de prisión por el secuestro y la desaparición de tres militantes comunistas en 1976. Con este fallo, Cotreras acumula 129 años de prisión por sentencias que lo involucran en distintas causas de violaciones a los derechos humanos. La condena fue emitida por el juez Juan Eduardo Fuentes, que también sentenció a cinco años de prisión por el mismo delito al coronel en retiro del Ejército, Carlos López Tapia. Los dos militares fueron condenados por el secuestro y posterior desaparición del encargado de cultura de la Federación del Metal, Darío Miranda Godoy, de 22 años; del músico Jorge Solovera, de 27; y del obrero Enrique Jeria, de 37, detenidos entre julio y agosto de 1976. El fallo del magistrado establece que las víctimas fueron arrestadas por integrantes de la DINA y trasladadas al centro de torturas y reclusión de Villa Grimaldi, donde se les perdió el rastro.

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó una nueva condena de hasta quince años y un día contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado de Herbit Guillermo Ríos Soto, registrado el 3 enero de 1975. Las máximas sentencias dictadas por el magistrado recayeron en contra del general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, otrora director del organismo represivo, y el brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko. En tanto, a diez años y un día de prisión fueron condenados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, el teniente (R) Fernando Lauriani Maturana, el coronel (R) Marcelo Morén Brito, el mayor (R) Rolf Wenderoth Pozo, el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes, y el agente civil Osvaldo Romo Mena. Solís también condenó a cinco años de cárcel al teniente coronel retirado Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y absolvió al carabinero en retiro Orlando Manzo Durán. Ríos Soto, estudiante de pedagogía en Historia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 3 de enero de 1975 en el domicilio de un compañero, tras lo cual fue trasladado al centro de detención de Villa Grimaldi.

Ofelio Lazo fue detenido en julio de 1974 por efectivos comandados por el agente Osvaldo Romo, uno de los integrantes del organismo afectados por fallo de ministro Juan Eduardo Fuentes.  Una nueva condena contra agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) dictó el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar por el secuestro de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo. El magistrado sentenció al ex director del organismo Manuel Contreras y al agente civil Osvaldo Romo a cinco años de presidio, mientras que los colaboradores Miguel Krassnoff y Marcelo Moren recibieron tres años y un día de reclusión. Ésta es la 15ª condena que afecta a Contreras, quien ya suma 159 años de reclusión por distintos casos de abusos durante la dictadura militar. Lazo Lazo, carpintero y militante del Partido Socialista (PS), fue detenido el 30 de julio de 1974 por efectivos comandados por Romo, que llegaron hasta su casa en la comuna de Pudahuel cerca de las 1:00 horas.Posteriormente, se logró establecer que esa misma noche desde su casa Ofelio Lazo fue conducido por el grupo de agentes de la DINA hasta el domicilio de su amigo y ex compañero de trabajo Eduardo Alarcón Jara, a quien detuvieron a las 02:30 horas. Esa misma noche los agentes detuvieron en su domicilio en la localidad de Peñaflor a Gumercindo Machuca Morales, hasta allí los aprehensores llegaron con Ramón Núñez Espinoza a quien habían detenido el 25 de julio de 1974 y con Lazo, recuerda Memoria Viva.

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros. Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras. Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente. En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez. En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito. El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA. Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño. Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño. Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabeada.

La Corte Suprema mantuvo la sanción en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre ellos el otrora prófugo de la justicia Raúl Iturriaga Neumann por dos casos de detenidos desaparecidos. La Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director del DINA Manuel Contreras  por los secuestros permanentes de Víctor Olea Alegría y  Mario Carrasco Díaz, ocurridos el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.En un fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal fijo también una pena de cinco años y un día para Raúl Iturriaga Neumann,  Gerardo Urrich González y  Alejandro Molina Cisternas, mientras que Rigiere Altez España recibió una sanción de 3 años y un día. El voto a favor de mantener la pena fue de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Jaime Rodríguez, quienes estimaron que correspondía seguir aplicando la figura del secuestro permanente; mientras que el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta fueron partidarios de absolver a los condenados aplicando la prescripción. El caso estuvo en manos del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien el  6 de junio de  2005 condenó a Contreras Sepúlveda a 4 años; Raúl Iturriaga Neumann. 4 años; Gerardo Urrich González. 4 años; Alejandro Molina Cisternas 4 años con beneficio de libertad vigilada; y Risiere Altez España 800 días con beneficio de remisión condicional. Sin embargo, al año siguiente la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las sanciones. Olea Alegría y Carrasco Díaz eran militantes del Partido Socialista y según los antecedentes recopilados en la causa estuvieron detenidos en el recinto de calle Irán 3037, esquina Los Plátanos, conocida como la “Venda Sexy”, desde donde desaparecieron en septiembre de 1974.

El ministro en visita Alejandro Solís dictó una nueva condena en contra de ex miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su implicancia en el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), María Teresa Bustillos Cereceda, en hechos acontecidos en diciembre de 1974. El magistrado sentenció al ex jefe de la desaparecida DINA  general (r) Manuel Contreras Sepúlveda a 15 años de presidio; y a los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo a 10 años y un día de reclusión. Esta es la 17 condena que dicta el ministro Solís desde que fue nombrado en octubre de 2002 para hacer cargo de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990. La victima era militante del MIR y asistente social de la Universidad de Chile, tenia 24 años de edad, y fue detenida en su departamento de calle San Antonio, de la comuna de Santiago.

Se trata del caso de secuestro calificado contra Darío Miranda Godoy, registrado en 1976, que falló este miércoles la novena sala de la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada también dictó condenas en el caso del homicidio, ocurrido en 1973 en Coquimbo, del matrimonio conformado por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos. La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en dos distintas resoluciones y con una composición diversa de magistrados, dictó dos condenas en investigaciones por violaciones a los derechos humanos que indagaron ministros en visita del tribunal de alzada capitalino. Según informó el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, en el primer caso, y en decisión dividida, la sala integrada por los ministros Juan Escobar Zepeda, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo Zegers condenó a los ex oficiales de Ejército Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Omar Vallejos Birtiola a penas de 10 años y un día de presidio por los homicidios del matrimonio de Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y María del Rosario Ávalos Castañeda (mexicana) ocurridos el 8 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Gualliguaica de la Región de Coquimbo. El fallo además absolvió al ex oficial de Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego por falta de participación en los hechos y sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido al hijo del matrimonio Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos quien quedó huérfano a los dos años y medio de edad, luego del homicidio de sus padres. El magistrado Escobar y el abogado integrante Asenjo (redactor del fallo) fueron partidarios de revocar la sentencia de primera instancia del ministro de fuero Joaquín Billard Acuña, quien el 14 de julio de 2006, absolvió a los cuatro oficiales aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.  Los jueces de mayoría determinaron que los homicidios del matrimonio Lejderman-Ávalos son crímenes de lesa humanidad por lo tanto imprescriptibles tanto desde el punto de vista penal, como desde la  perspectiva del derecho civil.En tanto el ministro Muñoz Pardo (voto de minoría) fue partidario de confirmar la resolución del juez Billard y aplicar la figura de la prescripción al estimar que en Chile no rigen la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los denominados Convenios de Ginebra, ya que ambos instrumentos internacionales no han sido  aprobados por Chile.

Caso Darío Miranda y otros

En el segundo caso, también en decisión dividida, los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Víctor Montiglio Rezzio y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida ratificaron el fallo de primera instancia que condenó al ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de presidio y cinco años de presidio, respectivamente, por los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región Metropolitana. En fallo de primera instancia, el 31 de enero pasado, el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar, había dictado la condena en contra de Contreras Sepúlveda y López Tapia, desestimando las alegaciones de la defensas de ambos condenados de aplicar las figuras de la prescripción de la acción penal y la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978. El juez Dahm y la abogada Herrera respaldaron la ratificación de la condena al considerar los hechos crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles e inadmistiables. Por su parte, el ministro Montiglio estimó que era necesario revocar el fallo de primera instancia, acogiendo la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 al estimar que ese cuerpo legal se encuentra plenamente vigente en Chile y que no son aplicables los instrumentos internacionales que sancionan las violaciones a los derechos humanos, ya que éstos instrumentos no se encuentran ratificados por el país. Con estas dos sentencias la Corte de Apelaciones de Santiago completa 18 sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el 2007 y 38 fallos desde la primera condena en éste tipo de investigaciones, dictada en el año 2004.

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones. El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo. Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar. Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas. Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro. Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez. De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista). Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA. La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina. Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje. La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición. En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo. El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo. Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo". Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub) Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub); Investigaciones Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo; Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro) Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando; Fuerza Aérea Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas. Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar. Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino. Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles. Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís. A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años. Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez. "Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel. Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile. La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine. "Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló. Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque  constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet". Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño. Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana. Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.Después se fueron a cenar a casa de  Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte. El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores. El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini. Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada. A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina. Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados. Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio. Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas. Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito. Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats. Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto. Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar. Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.

 El encarcelado ex represor fue condenado a 5 años y un día de presidio por el secuestro de Sergio Pérez Molina y 10 años y un día en calidad de autor por el homicidio de Lumi Videla Moya. Dos nuevas condenas sumó este viernes el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro Manuel Contreras luego que la Corte de Apelaciones de Santiago dictara sentencia de segunda instancia en el proceso por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina, ocurrido a partir del 22 de septiembre de 1974, y el homicidio calificado de Lumi Videla Moya, registrado el 3 de noviembre de ese mismo año. El encarcelado ex represor fue condenado a 5 años y un día de presidio por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día en calidad de autor por el homicidio de Videla Moya.En fallo dividido (en causa rol 5157-2007), la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino –compuesta por los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Carlos López,  ratificó la mayoría de las condenas dictadas por el ministro en visita Alejandro Solís Muñoz en contra de  7 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Sin embargo, modificó el quantum de las penas aplicadas por el magistrado de primera instancia. El fallo de segunda instancia establece las siguientes sanciones:

– Ciro Torré Saéz: absuelto por falta de participación.

– Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

–  Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

– Cristoph Willike Floel: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

– Francisco Ferrer Lima: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

– Marcelo Moren Brito: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

– Basclay Zapata Reyes: 5 años y un día por su participación como cómplice en el homicidio de Lumi Videla Moya.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda que había condenado a Krassnoff Martchenko, Willike Floel y Ferrer Lima a pagar una indemnización de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada demandante: Lautaro Videla  Moya y Eduardo Pérez Molina. La decisión en cuanto a las condenas se adoptó con el voto en contra del ministro Cornelio Villarroel, quien estuvo por dictar la absolución de todos los sentenciados, aplicando el Decreto Ley N° 2191 de 1978, conocido como Ley de Amnistía. En tanto, el abogado integrante López se pronunció en contra de la decisión que absolvió a Ciro Torré y el rechazo a la demanda civil. En primera instancia, el 23 de julio de 2007, el ministro Alejandro Solís Muñoz, había establecido las siguientes condenas:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 10 años y un día por el secuestro de Sergio Pérez y 15 años y un día por el homicidio de Lumi Videla.

-Miguel Krassnoff Martchenko: 5 años y un día por el secuestro de Sergio Pérez y 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla.

-Ciro Torré Saez, Cristoph Willike Floel, Francisco Ferrer Lima y  Marcelo Moren Brito: 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla Moya.

-Basclay Zapata Reyes: 5 años y un día como cómplice del homicidio de Lumi Videla Moya.

Esta es la décimo quinta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008 en causa de derechos humanos, y la 56 desde el 2004.

El 3 de noviembre de 1974 Lumi Videla murió en una sesión de tortura a la que era sometida en el recinto de José Domingo Cañas.  Según el informe de autopsia, la causa precisa de la muerte fue la asfixia producto de una obstrucción de la boca y la nariz estando el cuerpo de cúbito ventral. Su esposo Sergio Pérez desapareció desde ese mismo recinto.  El 4 de noviembre de 1974 se encontró el cadáver de Lumi Videla en el lado interior de una pared del jardín de la embajada de Italia, en la comuna de Providencia. La prensa de la época informó que habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la embajada, en el marco de una orgía. La embajada, por su parte, desmintió que Lumi VIDELA se hubiera encontrado asilada en el recinto.

Jorge Humberto D'Orival Briceño, padre de un hijo, egresado de medicina veterinaria, militante del MIR, fue detenido en el 31 de octubre de 1974. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del ministro en visita Alejandro Solís Muñoz en la investigación por el secuestro calificado de Jorge D’ Orival Briceño, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974, en Santiago. En fallo dividido, los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Juan Escobar Zepeda, Cornelio Villarroel Ramírez y el abogado integrante Roberto González Maldonado, ratificaron la sentencia del 22 de octubre de 2007 que estableció: 15 años para Manuel Contreras Sepúlveda; 10 años y un día para Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Francisco Ferrer Lima y 5 años para Basclay Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán. En tanto, el fallo dejó absuelto a César Manríquez Bravo por no haber participado en los hechos. El ministro Escobar y el abogado integrante González fueron partidario de ratificar la sentencia y rechazar las apelaciones interpuesta por los condenados; en tanto, el ministro Villarroel estuvo por dictar la absolución de todos los sentenciados acogiendo las excepción de la prescripción de la acción penal y aplicando el Decreto Ley de Amnistía de 1978. Jorge Humberto D'Orival Briceño, padre de un hijo, egresado de medicina veterinaria, militante del MIR, fue detenido el 31 de octubre de 1974, a las 22:30 hrs, por un grupo de aproximadamente unos cinco a ocho individuos vestidos de civil, armados con ametralladoras y que manifestaron verbalmente pertenecer a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Los sujetos mencionados se movilizaban en 2 vehículos, una camioneta marca Ford, año 1958, de color gris y otra, marca Chevrolet, roja con toldo verde oliva, y en la que podía leerse la placa EM 965 de Las Condes

La Corte Suprema dictó condena en la investigación por los secuestros calificados de Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Daricarrere, ocurridos a partir el 13 de febrero de 1975 en la Región Metropolitana. En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 21 de enero de 2008. El tribunal máximo sentenció al ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, a 7 años de presidio efectivo; y a Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth Pozo, a 4 años de presidio, como autores de dos secuestros calificados. Se les concedió el beneficio de la libertad vigilada. En tanto, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes fueron condenados a 541 días de presidio como cómplices de dos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena Fernando Lauriani Maturana y Gerardo Godoy García fueron absueltos por falta de participación. Asimismo, se ratificó la decisión de rechazar la demanda de indemnización de perjuicios presentados por los familiares de las víctimas en contra del Estado de Chile. En el aspecto penal, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal y determinar la absolución de todos los procesados. En tanto, en el aspecto civil la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes sostienen que este tipo de delitos son imprescriptibles, tanto en el aspecto penal como en el civil, por lo que eran partidarios de conceder indemnización por el daño causado. Con este fallo se completan 15 sentencias por este tipo de procesos dictadas por la Corte Suprema en este año, y 43 desde 2005.

Historia de su desaparción

Carmen Díaz Darricarrere y Eugenio Montti, quienes tenían 24 y 29 años, respectivamente, fueron aprehendios por agentes de la DINA a escasos metros de su domicilio junto al hijo de este último, de cinco años. Junto a otros detenidos -Alan Bruce Catalán y Sergio Vásquez Sáenz- fueron llevados ese mismo día a Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados y sometidos a tortura. Ambos jóvenes y los otros detenidos desaparecieron desde ese recinto clandestino la última semana de febrero de 1975, mientras que el niño, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un hogar de menores donde fue encontrado fortuitamente por sus familiares.

   El ministro Alejandro Solís sentenció a siete ex agentes de la DINA que secuestraron a Jaime Robotham y Claudio Thauby justo la víspera del Año Nuevo de 1975. Las pistas de los estudiantes de Sociología se pierden tras su paso por Villa Grimaldi.Un capítulo doloroso de la reciente historia comenzó ayer a cerrarse luego que el ministro de fuero Alejandro Solís dictara sentencia por el secuestro calificado de los dos militantes del Partido Socialista Jaime Robotham y Claudio Thauby, detenidos por organismos represores durante la víspera del año nuevo de 1975. El magistrado condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 15 años de presidio efectivo y la misma pena impuso al líder de la denominada "Brigada Vampiro", Fernando Lauriani quien -según el relato de testigos- se habría ensañado con las torturas a Thauby, ya que lo conocía de la Escuela Militar, donde el joven socialista había pasado un tiempo antes de decidirse a estudiar Sociología en la Universidad de Chile. Este hecho habría molestado a Lauriani quien lo consideraba un traidor a las Fuerzas Armadas por sus ideales socialistas, situación que quedó plasmada en declaraciones efectuadas a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990. Asimismo, el juez tras investigar este caso halló responsabilidad en los demás agentes represores Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Miguel Krassnoff; todos sentenciados a 10 años de cárcel y sin ningún beneficio. En tanto, el ex policía Daniel Cancino quien fue destinado a la DINA durante esos años fue condenado a 5 años y un día. Esto último por prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El policía, en una de sus declaraciones, reconoció que integró el "Grupo Vampiro" y aclaró que Lauriani estuvo al mando del grupo que detuvo a Robotham y Thauby. "Cuando se hizo cargo del grupo Laureani me pareció que era una persona que no tenía manejo de mando, tenía menos grado que yo en equivalencia y era tonto, por lo que me molestó mucho estar bajo sus órdenes ( ) (le decíamos) "Pablito". Se le decía así como diminutivo por lo tonto que era. No tenía ninguna preparación. Era un ignorante total en todo aspecto" declaró Cancino. Asimismo, el ministro Solís acogió la demanda indemnizatoria presentada por las familias de las víctimas. Es así como todos los condenados deberán cancelar $250 millones a la familia de Thauby y la misma suma a la de Robotham. Ambos jóvenes caminaban por calle Miguel Claro el 31 de diciembre de 1974, cuando agentes de la DINA los intimidaron con armas obligándolos a subirse a un automóvil para luego trasladarlos a Villa Grimaldi. En ese lugar, Robotham durante su estadía era identificado porque su cabeza sangraba debido a que una alergia le impedía cicatrizar un golpe recibido de parte de uno de los agentes cuando quiso escapar de la detención. En tanto, Thauby recibió una tortura tan violenta con electricidad que afectó su oído medio y su equilibrio. Una cara amoratada y su incapacidad para mantenerse de pie son las características que recuerdan ex prisioneros de Villa Grimaldi que le perdieron la pista en ese recinto

Los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena por el secuestro calificado de Marcelo Salinas Eytel, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974 en la Región Metropolitana. En fallo unánime, los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda; y 10 años y un día para el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general (r) César Manríquez Bravo. Así como también para el bigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, y los ex agentes de la DINA Maximiliano Ferrer Lima, Miguel Krassnoff Martchentko. Mientras Orlando Manzo Durán fue Absuelto falta de participación

Historia

Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR. Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yrich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel. En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas. El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.

Jueves 22 de enero de 2009   

En estrecha votación de tres votos contra dos, la Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo las condenas de diez años de presidio a Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito, por el secuestro y desaparición el 20 de julio de 1974 del campeón nacional de ciclismo Sergio Tormen Méndez, y el también ciclista internacional Luis Guajardo Zamorano. Si bien esta resolución exceptúa la regla del criterio jurídico que viene aplicando desde hace al menos dos años este tribunal, rebajando considerablemente condenas en contra de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad, esto se explica por la composición ocasional que tuvo la sala con la integración de abogados externos que, a veces, hacen variar este criterio inclinando la balanza. Esta vez la parte querellante opinó que fueron dos los puntos que habrían hecho variar el criterio reduccionista de esta sala para beneficiar a los violadores de derechos humanos: primero, que se trató de dos condenados archi conocidos por los que "nadie da un peso", como son Contreras y Moren Brito, y segundo, porque el tribunal lo integró un abogado externo para completar la nómina de cinco magistrados, que esta vez fue Domingo Hernández, quien aportó su decisión de mantener las penas. El dictamen fue acordado con los votos favorables de los ministros Hugo Dolmetsch y Carlos Kunzemüller y el abogado integrante Hernández. Por absolver a los condenados por la vía de la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, que a su entender anula la responsabilidad criminal, votaron los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura. Éstos son dos votos permanentes a favor del desconocimiento de la legislación penal internacional que obliga al Estado chileno a perseguir los crímenes de lesa humanidad. En los últimos dos años la gran parte de los magistrados de esta sala evita dictar resoluciones de mayoría para absolver, amnistiar o aplicar la prescripción en este tipo de causas. Ello, como sostienen los abogados querellantes Hugo Gutiérrez o Nelson Caucoto, "sería más vergonzoso aun para la justicia chilena si así fuera, sobre todo en cuanto a la imagen internacional". Pero, en cambio, afirman los demandantes, "sí resuelven drásticas rebajas de condenas, lo que permite que los sentenciados cumplan en libertad por los beneficios que les conceden". El ex campeón de ciclismo fue arrestado por la DINA junto al otro desaparecido, en el taller de bicicletas de los Tormen en calle San Dionisio en la comuna de San Miguel. Luego fueron llevados al centro clandestino de Londres 38, desde donde desaparecieron. Se presume que fueron sacados de allí en camiones de la Pesquera Arauco, asesinados y sus cuerpos lanzados al mar. Los familiares iniciaron una larga búsqueda, pero no los encontraron. La Corte de Santiago rechazó un recurso de amparo, como fue su permanente conducta, y los órganos administrativos de la dictadura y la DINA negaron siempre su detención. Sólo un informe entregado a tribunales por el general Sergio Arellano Stark como jefe de zona de Santiago, dijo que "el señor Tormen quedó en libertad y se fue a Argentina junto a otros miristas".

La Corte Suprema de Chile absolvió este jueves de toda responsabilidad penal a la cúpula de la DINA por el secuestro calificado de Jacqueline Binfa Contreras, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo rastro se perdió el 27 de agosto de 1974, en Santiago. Según fuentes judiciales, en un fallo dividido, los jueces absolvieron por prescripción lo establecido por el ministro de fuero (juez especial) Alejandro Solís y ratificado por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El fallo condenaba entre 10 y 15 años al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez. Binfa Contreras fue detenida por el ex agente Osvaldo Romo Mena, pasando luego por los centros clandestinos de detención y tortura José Domingo Cañas, Simón Bolívar y luego Villa Grimaldi, todos utilizados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los jueces que estuvieron a favor de absolver de responsabilidad a los inculpados fueron Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allú, quien postula como juez titular del máximo tribunal. En tanto, en contra se manifestaron Jaime Rodríguez y Hugo Dolmetch, quienes eran partidarios de confirmar la sentencia. Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se manifestó sorprendida por lo sucedido. "Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del Derecho Internacional, pero parece que no es así", sostuvo. "El tema es que es difícil porque hay momentos en que no están los ministros (jueces) titulares e integran en este caso con un ministro suplente y en otros casos con abogados integrantes entonces depende del que esté ahí", agregó Sepúlveda

 Los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet reaccionaron con indignación a la decisión de la Corte Suprema de absolver a altos jefes de la policía secreta responsables de la represión en un juicio por el secuestro y desaparición de una joven opositora en 1974. La II Sala Penal del máximo tribunal, resolvió este jueves, por tres votos a dos, aplicar la prescripción en el caso de la estudiante de Servicio Social Jacqueline Binfa Contreras, secuestrada y hecha desaparecer por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista en dos centros de tortura de la DINA antes de desaparecer, según testimonios de supervivientes. "Nos duele que Jacqueline sea una vez más víctima; ya lo fue de la dictadura, ahora lo es de la propia Justicia, la encargada de protegerla y defenderla de las atrocidades comprometidas en contra de ella", señaló en una declaración la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). "Aquí se ha violado el derecho internacional, esto compromete la responsabilidad exterior del Estado de Chile", afirmó por su parte el abogado Nelson Caucoto, quien señaló que la resolución "viola toda la jurisprudencia de la misma Corte Suprema en materia de derechos humanos", lo que ocurre "porque estamos expuestos a mayorías ocasionales en la Sala Penal". En el juicio por la desaparición de Jacqueline Binfa, el juez Alejandro Solís había condenado a 10 años de prisión al general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y a los ex oficiales Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnoff, César Manríquez y Ciro Torres. El fallo de primera instancia había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, el Supremo consideró prescrita la acción penal y absolvió a los inculpados basándose en normas del Código Penal a pesar de que el derecho internacional considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.Para la AFDD, fallos como el del caso de Jacqueline Binfa "dan a entender que aún falta mucho para que se comprenda que la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, contra las normas del derecho internacional y  contra el único derecho que asiste a las víctimas de la dictadura: la justicia". El abogado Caucoto, en tanto, opinó que el dictamen "deja a la sociedad chilena y a los familiares de las víctimas en total vulnerabilidad". "Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del derecho internacional, pero parece que no es así", dijo por su parte Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.  La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.  Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.  Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa. De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.  Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann. La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz a cargo del proceso conocido como Tejas Verdes dictó sendas condenas contra la cúpula de la DINA entre ellos el jefe del desaparecido organismo Manuel Contreras. El magistrado indaga el secuestro calificado de Félix Marmaduke Vargas Fernández, ocurrido a partir de enero de 1974 en el recinto militar de San Antonio, Por el crimen fijo una pena de quince años en contra de Contreras Sepúlveda,  y de cinco años y un día de presidio  para Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Kluadio Kosiel Horning y el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky. Todos los reos, con excepción de Orvietto, deberán pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos cada uno a Bernardo Vargas Fernández, como indemnización de perjuicios. En la serie de delitos que se indagan respecto del cuaderno investigativo denominado “Tejas Verdes” esta es la cuarta condena del ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, correspondiendo las anteriores a las víctimas Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Heredia Velásquez y José Orellana Meza, y José Pérez Hermosilla, respectivamente

Si ayer fue el turno de la Corte Suprema para condenar a cinco años de presidio al ex director de la DINA, Manuel Contreras, hoy el magistrado Juan Eduardo Fuentes Belmar quien dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de Antonio Soto Cerna, Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, ocurridos a partir del 20 de noviembre de 1974, en la Región Metropolitana. El magistrado a Manuel Contreras Sepúlveda le corresponde una pena de diez  años y un día de presidio mayor en su grado medio -sin beneficios- por su participación como autor de  los tres secuestros. A su vez en contra de Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España y Manuel Carevic Cubillos rige 3 años de presidio menor en su grado medio -con el beneficio de la remisión condicional- por su participación como autor de los tres delitos. En el caso de Orlando Manzo Durán  y Hugo Hernández Valle fueron absueltos de la acusación como cómplice de los tres delitos de secuestro.  El magistrado rechazó, además, la demanda de indemnización presentado por las familiares de las víctimas por considerar prescrita la acción en este sentido. Esta es la condena número 16 dictada por el ministro en visita Fuentes Belmar desde 2005, fecha en la que fue designado para investigar procesos por violaciones a los derechos humanos.

El enésimo fallo contra el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, alias “el Mamo”, dictó la Corte de Apelaciones de Santiago, esta vez por los secuestros calificados de Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, ocurridos a partir del 2 de octubre de 1974 en la comuna de La Granja, Región Metropolitana. Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA, fue condenado a 10 años y un día por las detenciones y posteriores desapariciones de Bojanic y Oyarzún, militantes del MIR. La mujer, al momento de su detención, presentaba un embarazo de cinco meses. Otros cuatro integrantes de la ex DINA, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Lauriani Maturana y Francisco Ferrer Lima, fueron sentenciados a 4 años de presidio cada uno.

El ministro en visita Alejandro Solís impuso la condena de primera instancia en la investigación por los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta, padre e hijo respectivamente, ocurridos a partir del 26 y 27 de septiembre de 1974 en la Región Metropolitana. Asimismo el magistrado determinó las siguientes sanciones:

-Pedro Espinoza Bravo: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Marcelo Moren Brito: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Basclay Zapata Reyes: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Palmira Almuna Guzmán: 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Igualmente en el aspecto civil, se estableció que los condenados como autores deberán  pagar solidariamente $ 100.000.000 (cien millones de pesos) a María Inés Peralta Zamorano y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Regina Lazo Dinamarca. En tanto, la condenada Almuna Guzmán deberá cancelar $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) a Regina Lazo Dinamarca. Además se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la excepción de incompetencia del tribunal. Fernando Guillermo Silva Camus, 60 años, casado, dos hijos, decorador de interiores, vinculado al MIR, fue detenido en su domicilio el 27 de noviembre de 1974, aproximadamente a las 23:30 horas por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). El día anterior había sido detenido en la vía pública su hijo Claudio Guillermo Silva Peralta, militante del MIR.

Otra vez el ex director de la DINA, Manuel Contreras, suma condena en causa de derechos humanos. Esta se vez se trata del secuestro de Anselmo Radrigán Plaza, ocurrida el 12 de diciembre de 1974 en la región Metropolitana. En esta investigación la Corte de Apelaciones de Santiago dictó condena de segunda instancia en un fallo unánime suscrito por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich. Los jueces ratificaron en el aspecto penal la sentencia del ministro en visita Alejandro Solís que estableció las siguientes penas:

– Manuel Contreras Sepúlveda 15 años de presidio.

– Marcelo Moren Brito 10 años y un día de presidio.

– Pedro Espinoza Bravo. 10 años y un día de presidio.

– Rolf Wenderoth Pozo. 10 años y un día de presidio.

– Miguel Krassnoff Martchentko. 10 años y un día de presidio.

– Basclay Zapata Reyes. 10 años y un día de presidio.

En materia civil los jueces estuvieron por entregar una indemnización a los  familiares de las víctimas, cambiando así el dictamen de primera instancia suscrito por el ministro Alejandro Solis:

Amalia Caballero Nadeau. $ 40.000.000

Gastón Radrigán Plaza $ 20.000.000

Cecilia Radrigán Plaza. $ 20.000.000

Jorge Radrigán Plaza $ 20.000.000

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago. En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala Penal ratificaron el fallo en el aspecto penal que había establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo; Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos Derpich Miranda: absuelto por falta de participación. En el aspecto civil, los magistrados acogieron el recurso de casación planteado por el Consejo de Defensa del Estado y acogieron la excepción de incompetencia absoluta del tribunal determinando eliminar el pago de una indemnización total de  $1.040.000.000 a la viuda, tres hijos y dos hermanos de la víctima.

El caso

David Silberman Gurovich fue un ingeniero civil casado y Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante el Comandante Militar de Calama quedando detenido y sometido a proceso por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra. El 28 de septiembre de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia condenándole a la pena de 10 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a 3 años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en Santiago, por haber sido requerido desde aquí por bando. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de esta ciudad. El día 4 de octubre del mismo año, es sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea permaneciendo en dicho recinto hasta el 20 de octubre, día en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago. Silberman, permaneció en este lugar hasta el 4 de octubre de 1973. En esta fecha, fue sacado del recinto carcelario por agentes de la DINA que falsificaron documentos del Ejército a fin de engañar a Gendarmería y lograr la entrega del detenido. Una vez fuera del recinto, David Silberman fue trasladado a la casa que ese organismo de seguridad mantenía en José Domingo Cañas.De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser luego, el 6 ó 7 de ese mes, nuevamente conducido a José  Domingo Cañas, en cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece a fines de octubre o primeros días del mes de noviembre. En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo de un hombre destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”.  Se dijo que era David Silberman, sin embargo se comprobó que no era Silberman, sino los primeros pasos de una campaña de desinformación que marcaría el inicio de la denominada "Operación Colombo". El cuerpo del militante comunista continúa desaparecido

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Pedro Juan Merino Molina, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974 en la ciudad de Coronel, región del Bio Bio. El magistrado acusó a Sergio Rigoberto Aplazaba Rojas, Manuel Rioseco Paredes, Orlando José Manzo Durán, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Paul Schäfer Schneider, Fernando Gómez Segovia y Gerd Seewald Lefevre como responsables del delito antes señalado. El magistrado determinó que la víctima: “después de ser detenido por agentes de Estado, la madrugada del catorce de septiembre de 1974, en la vivienda que ocupaba de la población Yobilo Dos, calle Aconcagua N 817, de la ciudad de Coronel, fue trasladada al retén de Carabineros “Lo Rojas” y enseguida conducida a Parral, determinadamente, al centro clandestino de detención de la ex Colonia Dignidad, donde quedó registro de los interrogatorios que le fueron hechos por colonos alemanes actuando éstos junto a agentes de Estado pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA; con quienes los primeros cooperaban en la persecución, privación de libertad y eliminación de civiles por razones políticas o ideológicas; procediendo dichos agentes a mantener privada de libertad a la referida víctima, haciéndola desaparecer hasta hoy”.

 La Corte Suprema dictó una nueva condena a la cúpula de la DINA por el secuestro calificado de una de las víctimas de la denominada Operación Cóndor, identificada como Jorge D'Orival Briceño, quien estuvo detenido y desapareció del centro ilegal José Domingo Cañas. Por este caso, el entonces jefe de la DINA, Manuel Contreras, recibió una condena de 15 años mientras que sus ex agentes  Marcelo Moren Brito, Maximiliano Ferrer y Miguel Krasnoff fueron condenados a 10 años. Para Orlando Manzo y Basclay Zapata el tribunal supremo determinó una condena de cinco años. Además, se estableció la responsabilidad del Estado por el crimen de lesa humanidad por lo que la familia de la víctima podrá recurrir para pedir una indemnización. Con esta nueva condena, Manuel Contreras suma casi 300 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

El general retirado Manuel Contreras acusa a Pinochet de nuevo de dirigir la represión durante la dictadura

El general retirado Manuel Contreras, que durante años estuvo al frente de la policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet, ha revelado hoy el destino de unos 580 desaparecidos y ha señalado al tirano como el principal responsable de la represión desatada durante esos años oscuros. El abogado del militar, Juan Carlos Manns, ha entregado la lista de los represaliados, con información sobre su detención y su destino, a la Corte Suprema de Justicia, según ha dicho para tratar de exculpar a sus subalternos, inculpados, procesados o condenados por crímenes contra los derechos humanos.

En el escrito remitido hoy a la Corte, Contreras afirma que fueron Pinochet y la Junta Militar quienes dieron la orden de reprimir "a los grupos de izquierda que podrían generar una oposición al Gobierno" durante los primeros años de la dictadura. "La responsabilidad jerárquica no viene de un teniente coronel [grado de Contreras en 1973], o de capitanes y tenientes, que formaban la cúpula de la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional], sino que había un orden jerárquico superior", ha precisa el militar, que añade: "Como director de la Dirección de Inteligencia Nacional no he podido sustraerme, ni moral ni profesionalmente, a la barbarie judicial y publicitaria a la que han sido sometidos todo un conjunto de personas absolutamente inocentes".

El Informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), asegura que de los 985 detenidos-desaparecidos atribuidos a las Fuerzas Armadas, 359 correspondieron a acciones de la DINA, y 304 a la policía militarizado, los conocidos como Carabineros.

Ya a finales de enero, Contreras, que desde entonces cumple una condena de 12 años de cárcel por el asesinato de un opositor a la dictadura, acusó a Pinochet de no cumplir el código de honor de soldado y de haber sido la "cúpula de la DINA". Poco antes de dar con sus huesos en la cárcel, Contreras cargó contra su superior, al que acusó de abandonarlo después de haberle hecho el trabajo sucio en la dictadura y con quien desayunaba a diario para darle cuenta de la represión contra los opositores. "Pinochet era la cúpula de la DINA (…) Yo cumplí mi misión de acuerdo a las órdenes que me dio", aseguró entonces.

Cuatro años antes, en enero de 2001, las Fuerzas Armadas chilenas hacían público un informe en el que reconocían por primera vez implícitamente que durante la dictadura hubo violaciones de los derechos humanos. El documento mencionaba como 27 detenidos fueron arrojados al mar desde el aire; varias personas fueron detenidas, condenadas en consejos de guerra sumarísimos y fusiladas, sin que luego se entregara su cuerpo a los familiares; e incluso se produjeron inhumaciones clandestinas de cadáveres. Entonces se proporcionó información sobre 400 desaparecidos, y datos concretos sobre 200 de ellos. Hasta entonces, sólo se había esclarecido el destino de 171 represaliados.

Según informado La tercera, Contreras fue condenado en firme en 1995 a siete años de cárcel por la muerte del ex ministro de Asuntos Exteriores Orlando Letelier, que tuvo lugar en Washington en 1976. En julio de 2001, tras terminar de cumplir esa condena, fue procesado por la justicia argentina por la muerte del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su mujer, Sofía Cuthbert en Buenos Aires en 1974. Además, Contreras está procesado por tratar de ocultar la muerte de 119 represaliados dentro de la Operación Condor.

De tener línea directa con Augusto Pinochet, a estar sedado con morfina en el Hospital Militar cumpliendo condena de 526 años por delitos de lesa humanidad. Un repaso por los principales hitos del temido jefe de la inteligencia del régimen millitar.

En su época de mayor poderío, Manuel Contreras comenzaba su jornada matinal con una habitual rutina. El entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), pasaba a buscar al ex General Augusto Pinochet a su residencia. Juntos, se trasladaban hasta el edificio Diego Portales -sede de gobierno del régimen militar entre 1973 y 1980, actual Centro Cultural Gabriela Mistral- y allí desayunaban. Revisaban la situación del país y, por cierto, Contreras le informaba de las actuaciones del organismo que lideraba. Terminado el encuentro, Contreras se trasladaba hasta el cuartel central de la DINA, Belgrado -actual sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile- y se encerraba en su oficina, donde destacaban un televisor con conexión directa al despacho de Pinochet, con quien podía comunicarse en línea si las circunstancias lo ameritaban.

Así fueron las mañanas de Contreras, desde la creación de la Dina en 1974, hasta su disolución en 1977, luego de la presión ejercida por EE.UU., tras el asesinato al ex Canciller Orlando Letelier en Washington, un año antes, en la ciudad de Washington. Era la cúspide de su carrera militar iniciada poco más de tres décadas atrás.

QUILLOTA, PANAMÁ, TEJAS VERDES
Luego de una crianza en la ciudad de Osorno, Manuel Contreras ingresa a la Escuela Militar en 1944, egresando de ella tres años después. Llega a la ciudad de Quillota como Alferez del Regimiento N 2 de Aconcagua, para ser ascendido a Teniente en 1952. Un año después, ocurre un hito esencial para su futuro; ingresa a la Academia de Guerra para realizar el curso de Oficial del Estado Mayor. A la vez que es su primer contacto con la inteligencia militar -volvería en 1966 como profesor de inteligencia- es en la academia que conoce al entonces subdirector y profesor de Estrategia, Capitan Augusto Pinochet.

Contreras se especializa en inteligencia. Fue así que en 1967 parte a Panamá a realizar un post grado en la Escuela de las Américas, dirigido por el Ejército de EE.UU. con el objeto de formar a militares latinoamericanos en métodos de contrainsurgencia. En 1969 volvería a Chile a impartir clases en la Escuela de Ingenieros Tejas Verdes. Allí lo encontraría el Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973, en calidad de director de esta unidad y con grado de Mayor.

DECRETO 521
Tras derrocar al gobierno de Salvador Allende, el régimen militar comienza a articular sus servicios de inteligencia. Centraliza los servicios de cada rama de las Fuerzas Armadas bajo un órgano superior. Fue el 14 de Junio de 1974 que el régimen emite el decreto 521 que formaliza a la Dirección de Inteligencia Nacional. Su misión: "Reunir toda la información a nivel nacional proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas y planificación". 

Producto de su línea directa con Pinochet, el nivel de influencia de Contreras produce malestar en el resto del gobierno. Con los años, también fue conocido su quiebre con otro civil influyente en el gobierrno castrense, el abogado gremialista Jaime Guzmán.

Tras la disolución de la Dina, Contreras crea una empresa de seguridad. Vive en una aparente calma hasta que comenzaron las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos tras el retorno a la democracia.

"YO NO VOY A NINGUNA CÁRCEL"
Fue en 1995 que se dicta la primera condena contra Manuel Contreras: siete años de presidio por el asesinador al ex ministro Orlando Letelier. Desde su fundo "Viejo Roble", ubicado en la localidad de Fresia X región, declaraba en televisión: "Yo no voy a ir a ninguna cárcel, mientras no haya una justicia real". Mientras, un destacamento de un centenar de efectivos militares se apostaban en su terreno y en el interior del regimiento Sangra -unidad militar cercana su propiedad- la prensa de la época registraba un intenso movimiento de personal y pertrechos. Finalmente, tras un "brindis de apoyo" en el fuerte Justo Arteaga, Contreras se entregaba a cumplir su pena en Punta Peuco. En junio del 2004, en tanto, obtendría la libertad bajo fianza tras el pago de 18 millones de peso.

Permanece libre unos meses y da algunas entrevistas, como la que conceía a TVN minutos antes de volver a ser detenido. "No voy a ir a ninguna parte, si quieren me sacan muerto de aquí", alcanza a decir frente a las cámaras. Vuelve a la cárcel, ahora al Penal Cordillera.

Con los años, sería trasladado hasta el penal Punta Peuco. Para la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, Contreras concede una entrevista a CNN, donde asegura desconocer las violaciones a los derechos humanos.

Sus últimos días los pasó en el Hospital Militar con una situación de salud casi terminal; dejó de recibir su tratamiento diálisis, al que estaba sometido hace años, sedado bajo los efectos de la morfina. Cumple 526 años por delitos de lesa humanidad.

Un destino que Contreras aseguró no temer. Consultado por si sentía miedo a la muerte, "El Mamo" declaró a The Clinic: "La muerte viene cuando quiere. Ya tengo 22 atentados en mi contra. Qué le voy a tener miedo a la muerte".

Distintos reportes provenientes de agencias de inteligencia y la embajada en Santiago lo acusan de crear una Gestapo en Chile, de decir que la Operación Colombo era un montaje comunista y que en Chile no se torturaba. Además, dicen que presionó a la junta militar con revelar secretos del caso Letelier si su hijo era condenado por la muerte del ex oficial Joaquín Molina.

Más de mil documentos desclasificados por Estados Unidos en los últimos 15 años contienen, de uno u otro modo, el nombre de Manuel Contreras Sepúlveda, el antiguamente todopoderoso director de la DINA, que hoy se encuentra en grave estado en una habitación del Hospital Militar de Santiago.

De todos esos documentos, quizá el más famoso es un informe secreto del Departamento de Inteligencia de la Defensa (DIA), fechado el 8 de febrero de 1974, el cual se basa en información obtenida en forma colateral de un informante “bien ubicado en el gobierno y en posición de saber”.

Según el texto, “nada puede hacerse sin obtener la aprobación de la DINA” en Chile, agregando que en el país, en aquellos años, existían tres fuentes de poder: “Pinochet, Dios y la DINA” y que “ningún juez en ningún tribunal o algún ministro en el gobierno va a cuestionar algún tema si la DINA dice que ahora maneja ese asunto”. El informe aseveraba también que la DINA se había convertido en un poder “a ser observado”.

Tres meses después, el 10 de mayo de 1974, la DIA emitió otro informe, esta vez un reporte biográfico de Contreras, el cual detallaba, entre muchos otros detalles, que hablaba español, francés (regularmente) e inglés y que antes de 1974 había estado tres veces en Estados Unidos. La primera fue entre agosto y septiembre 1962, en un “viaje de orientación”. La segunda fue en 1966, cuando estuvo en la misión militar chilena en Washington, y la tercera entre septiembre de 1966 y septiembre de 1967, cuando participó en un curso de ingenieros militares, en Ft. Belvoir, en Washington.

El informe contenía además un detalle de su hoja de vida, con todos sus ascensos,  destinaciones y medallas, y señalaba que en la Academia de Guerra había sido profesor de estrategia e inteligencia. En el apartado sobre sus “preferencias”, señalaba que “disfruta del whisky escocés y de los cigarrillos americanos con filtro, ambos con moderación”. La celda relativa a “trabajos publicados” (es decir; libros, papers, monografías, etc.) estaba en blanco.

Después de aquello, la misma agencia (la DIA) confeccionó un extenso reporte fechado el 10 de abril de 1975, en el cual se comentaba acerca de “el creciente poder de la DINA”, organismo que –según allí se señalaba– esperaba construir un edificio de 24 pisos para albergar sus instalaciones.

De acuerdo a las fuentes de la DIA, “el presidente Pinochet ha dejado a la DINA como la única responsable de asuntos de subversión interna. Por ende, las demás agencias de inteligencia están obligadas a informar de inmediato a la DINA cuando hayan descubierto actividades subversivas dentro de sus servicios, y entregar los detenidos a la DINA”.

De acuerdo a la inteligencia militar de EE.UU., desde la fundación de la DINA en noviembre de 1973, a abril del 75, la agencia de Contreras había pasado de tener unos 1.500 funcionarios (“la mayoría de ellos personal militar en servicio activo”) a unos 2.000 miembros en forma permanente, “aumentados por cerca de 2.100 funcionarios civiles adicionales ubicados a través del país”).

Un informe de la CIA titulado “los tentáculos de Contreras” señalaba que hasta 1989, Contreras había tomado “precauciones extremas para proteger al presidente Pinochet de implicancias directas en la toma de decisiones/autorización de ese asesinato”, agregando que todos los documentos sobre ese crimen, así como los relativos al del general Prats en Buenos Aires, “fueron removidos por Contreras desde los archivos de la DINA”. A ese respecto, se indicaba que “Contreras hizo dos copias de cada documento, enviando uno a Alemania y uno a Paraguay, para almacenarlos a salvo, manteniendo en su poder el original, que tiene guardado en el sur de Chile”.

El texto relataba que esos 2.100 civiles formaban la llamada “Brigada de Inteligencia Ciudadana” (BIC) y que durante las operaciones estas personas trabajaban junto a los efectivos de la DINA en los arrestos.

La DIA aseveraba también que Pinochet había dado a Contreras todas las facilidades para armar esta policía secreta y citaba un ejemplo: “A fines de 1974, la DINA encargó a la Armada proveer un adicional de 40 mujeres/oficinistas a sus planillas. Cuando la Armada dijo que tenía falta de personal, la DINA contrató en forma independiente 40 mujeres civiles para trabajar en su organización y luego asignó a la Armada la responsabilidad de pagarles y alojarlas. Esta acción de mano dura supuestamente recibió la aprobación del presidente Pinochet”.

Al respecto, se indicaba que tanto la inteligencia naval como la de Carabineros habían aceptado de algún modo estas situaciones, pero no sucedía lo mismo con el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), cuyo jefe de aquel entonces, el ahora muerto (por suicidio) general Odlanier Mena “se encuentra constantemente irritado por la actitud abrasiva del coronel Contreras y resiente la expansión de las actividades de la DINA en lo que consideraba los dominios del Ejército. Él y otros oficiales de varios servicios están preocupados por las tácticas ‘bárbaras’ empleadas por la DINA durante algunas operaciones”.

Además, se recordaba un hecho que pocos conocían en ese entonces: que desde la promulgación del decreto 521, que creó la DINA, “el coronel Contreras se reporta exclusivamente y recibe órdenes solo del presidente Pinochet”.

El comentario de los militares norteamericanos, al final del documento, decía que “el actual patrón de crecimiento de la DINA no es consistente con ninguna forma de control democrático o manejo de sus actividades. La aprensión de muchas altas autoridades chilenas respecto de la posibilidad de que la DINA se convierta en una Gestapo moderna perfectamente puede llegar a ser realidad”.

Así, los redactores del informe argumentaban también que “la autoridad del coronel Contreras es casi absoluta – sometida solo a un improbable veto presidencial–. El desarrollo de la DINA es un fenómeno particularmente perturbador”.

“No hay tortura”

La crítica de la DIA (cuyos efectivos fueron los principales ejecutores del intento de golpe de Estado de 1970, que culminó con el homicidio del general René Schneider) no era la única. La propia Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se defiende hasta el día de hoy de las acusaciones respecto a que apoyaba a Contreras, esgrimiendo un informe desclasificado, de abril de 1974, que relata un almuerzo sostenido en Estados Unidos por Contreras  y altos funcionarios de la División Hemisferio Occidental de la CIA, en el cual se le dijo que “la agencia no puede proveer entrenamiento o soporte para ninguna actividad que pueda ser entendida como represión política interna. A este respecto, la agencia está muy complacida por la circular del Ministerio de Defensa Nacional, del 17 de enero de 1974, que entrega instrucciones para el manejo de prisioneros, que se ajusta a las normas de la Convención de Ginebra, de 1949. Esperamos que su gobierno continúe adhiriendo a esas normas”.

Lamentablemente, no es posible saber qué decía “la letra chica” de ese documento, pues los dos párrafos siguientes están borrados, lo mismo que la segunda página, tachada por entero.

Pese a lo anterior, la CIA sí proveyó entrenamiento a los hombres de Contreras, el cual se realizó en la antigua casa de “Volpone”, en el Cajón del Maipo, en un curso en el cual también rondaban otros buenos amigos de “Mamo”: alemanes de Colonia Dignidad, como se relata en este reportaje publicado el año pasado en El Mostrador.

En 1975 Contreras volvió a visitar Estados Unidos, en un reflejo de "la distorsionada visión de los líderes chilenos sobre su propia situación", según la CIA, dado que lo mandaron nada menos que a explicar al gobierno de Estados Unidos la posición de Chile respecto de los Derechos Humanos, ocasión en que Jaime Guzmán, su principal opositor al interior del gobierno, trató de convencer a Pinochet de que no enviara al jefe de la DINA, lo que no logró.

En agosto de 1975, para ser más exactos, un memorándum del Departamento de Estado dejó constancia de una conversación de “Mamo” con John Salzberg, funcionario de esa repartición. En ella, Contreras le dijo que “la historia de los 119 desaparecidos es un complot marxista”, señala el informe, aludiendo a la “Operación Colombo”, y que “la DINA solo tiene unos pocos cientos de prisioneros políticos. Ahora solo hace unos pocos arrestos por día y es la única agencia arrestando e interrogando prisioneros. No hay tortura, y no hubo mucha antes”.

Cabe mencionar que por las mismas fechas, según el Informe Hinchey, Contreras recibió un pago como informante por un supuesto error, algo que el ex jefe de la DINA siempre ha negado. El texto señala lo siguiente (aquí se puede leer el original, en la web de la CIA): “En mayo y junio de 1975, elementos de la CIA recomendaron el establecimiento de una relación contractual con Contreras para obtener información basada en su valiosa posición y acceso a Pinochet. Esta propuesta fue denegada, invocando la política del Gobierno de los Estados Unidos en lo referido a relaciones clandestinas con el jefe de un servicio de inteligencia conocido por sus abusos a los derechos humanos. Sin embargo, un malentendido en la planificación temporal de este intercambio hizo que llegara a Contreras un pago”.

La sucesión

Luego del crimen de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976, Pinochet hizo todo lo que pudo por sostener a Contreras. Una de sus principales medidas fue “reconvertir” la DINA, la que pasó a llamarse Central Nacional de Informaciones (CNI), en agosto de 1977, la cual inicialmente siguió al mando de Contreras, para el disgusto de Estados Unidos.

Un cable de la Embajada de EE.UU. en Santiago, de octubre de ese año, decía que pese a que una fuente norteamericana aseguraba que Contreras sería removido, “las indicaciones actuales señalan que permanecerá como cabeza de la CNI”, aunque “en septiembre, los líderes locales de la iglesia creyeron haber obtenido un compromiso de Pinochet de remplazar a Contreras”.

Asimismo, el documento aseguraba que “no hay un sucesor obvio para Contreras” y especulaba que un nombre podría haber sido el del coronel Jerónimo Pantoja.

El 3 de noviembre de 1977, Pinochet remplazó finalmente al “Mamo” y de ello quedó constancia en un cable de la CIA. Si bien este tiene toda su primera página tachada, la segunda detalla que a Pinochet se le había presentado evidencia de una serie de acciones irregulares de la CNI, entre ellas el secuestro de Víctor Fuenzalida, “líder de la organización de extrema derecha Patria y Libertad, quien fue secuestrado el 28 de octubre; reapareció el 30 de octubre drogado y desaliñado”. Según este relató a un oficial de la FACH, sus captores eran miembros de la CNI, que habían tratado de hacerlo confesar su complicidad “en una reciente ola de bombazos”.

El otro incidente que supuestamente colmó la paciencia del dictador fue, según la CIA, un intento de “copamiento” armado en la farmacia Bentjerodt, en el centro de Santiago, donde Carabineros logró detener a dos sospechosos, los cuales “mostraron identificaciones de la CNI y alegaron que ellos actuaban bajo instrucciones de la CNI, con el objetivo de crear un clima de ‘diversión’ en la capital”.

Por cierto, nadie siquiera supuso que Pinochet optaría por nombrar a la cabeza de la CNI a Odlanier Mena, un enemigo de Contreras, quien habría intentado envenenarlo, según se conoció hace pocos años.

Los tentáculos de Contreras

Ascendido  a general poco antes de ser enviado a retiro, a Contreras se le mantuvo sin embargo un importante aparataje de seguridad que buscaba evitar que fuera asesinado. Un ejemplo de lo primero es un informe de la CIA, de noviembre de 1986, en el cual un alto integrante del Partido Comunista informó a dicha entidad de inteligencia que, luego del fallido atentado en contra de Pinochet (dos meses antes), se había “autorizado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) a planificar un segundo intento de asesinar a Augusto Pinochet Ugarte”. Alguien cuyo nombre está borrado, pidió además (se entiende que al FPMR) “un plan operacional para asesinar al general de Ejército retirado Manuel Contreras Sepúlveda”, aunque según la fuente de la CIA, el PC no autorizaría la ejecución de ambos atentados mientras “las condiciones políticas no parezcan apropiadas”.

No obstante, el real problema con el “Mamo” siempre fue que hablara y cuando más se temió ello fue cuando su hijo Manuel dio muerte al padre de su polola, el mayor de Ejército y ex funcionario de la CNI Joaquín Molina, el 29 de octubre de 1988.

Un informe de la CIA titulado “los tentáculos de Contreras” señalaba que hasta 1989, Contreras había tomado “precauciones extremas para proteger al presidente Pinochet de implicancias directas en la toma de decisiones/autorización de ese asesinato”, agregando que todos los documentos sobre ese crimen, así como los relativos al del general Prats en Buenos Aires, “fueron removidos por Contreras desde los archivos de la DINA”.

A ese respecto, se indicaba que “Contreras hizo dos copias de cada documento, enviando uno a Alemania y uno a Paraguay, para almacenarlos a salvo, manteniendo en su poder el original, que tiene guardado en el sur de Chile”.

No obstante, en momentos en que EE.UU. insistía en la extradición de Contreras por el magnicidio de Letelier, una fuente de la CIA sugirió que “Contreras tiene de rehén a Pinochet con respecto a su extradición y por las posibles acciones judiciales contra su hijo, Contreras Jr.”.

A ese respecto, la CIA señalaba que “Contreras Jr. no será encarcelado en una prisión chilena debido a su cercana asociación con el actual auditor general del Ejército, coronel Fernando Torres. Contreras Jr. fue asistente de Torres durante el periodo en que Torres era el jefe militar investigador de los arsenales descubiertos y del intento de asesinato de Pinochet”.

Por ello, especulaba la CIA, y por la información que Contreras hijo manejaba sobre grupos de izquierda, “a lo sumo, probablemente podría pasar tres años bajo custodia militar”

No obstante, la CIA tenía una mirada bastante menos ingenua del asunto y en un documento de enero de 1989 decía derechamente que Contreras padre “ha estado amenazando con revelar información considerada dañina para el gobierno chileno si su hijo Manuel Contreras Valdebenito es sentenciado a prisión por el asesinato del retirado mayor de Ejército Joaquín Molina Fuenzalida”.

De acuerdo a la Agencia Central de Inteligencia, “Contreras ha estado insistentemente urgiendo al miembro de la junta, teniente general Santiago Sinclair Oyaneder, por apoyo de la junta en este caso (comentario: se desconoce la reacción de los miembros de la junta a las amenazas de Contreras)”.

Según este reporte, Contreras Valdebenito “modificó el arma (usada en la muerte de Molina), por lo que hay una violación de la Ley de Control de Armas y Explosivos), y debería ser sentenciado por ese crimen, al menos”.

Hace minutos, en el hospital militar de Santiago, murió el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras. Condenado a 505 años de cárcel por crímenes cometidos durante la dictadura, “El mamo” pasó de ser un alumno brillante a un carnicero de escritorio. En este texto, el cronista Cristóbal Peña perfila a uno de los hombres más despiadados de la historia chilena. Fragmento del libro “Los malos”, editado por Leila Guerriero y publicado por la editorial de la Universidad Diego Portales.

Nota del editor: A mediados 1974, por orden de Augusto Pinochet, Manuel Contreras Sepúlveda creó la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA: una policía política, un ejército paralelo que mató a 3.000 opositores al régimen, torturó a 40.000 y persiguió a millares. En pocos años, llegó a tener un poder absoluto: manejaba diputados, ministros, jueces y empresarios. Por violaciones a los Derechos Humanos fue condenado a cadena perpetua. En julio de 2010, declaró desde la prisión militar que se sentía orgulloso de su trabajo al frente de la DINA. Unos años después, tras un largo trabajo de investigación, el cronista Cristóbal Peña escribió una crónica de largo aliento que retrata la complejidad de uno de los hombres más despiadados y voraces de la historia de Chile. Visitó al militar en la celda y entre muchas otras entrevistas, habló con su hijo que le contó que cuando su padre oficiaba de instructor de cadetes de la Escuela Militar, no aceptaba un zapato mal lustrado, una patilla más larga que la otra. Peña también recuperó las declaraciones del capitán Alejandro Barros que contaba como Contreras abusaba de su autoridad: Si sorprendía a un cadete en una falta menor, a escondidas de sus superiores, el Mamo arrastraba al indisciplinado al baño, le introducía el pitón de una manguera por la boca y les tiraba un fuerte chorro de agua. Si la falta era grave, en los mismos baños hundía las cabezas de los cadetes en el inodoro y tiraba la cadena.

Es un día caluroso y seco que llama a las moscas. Un día de marzo de 2014, en que Michelle Bachelet acaba de volver a ser presidenta por un segundo periodo. Ella ha jurado por la mañana, pero en la entrada del penal Punta Peuco aún cuelga el retrato de Piñera. Las visitas comienzan a llegar en autos casi nuevos. Mujeres en su mayoría, bien arregladas, que cargan carritos de feria en los que llevan ropa limpia y comida casera para los presos que habitan en este descampado reseco al norte de Santiago.

Después del revuelo que produjo la entrevista que Contreras dio a CNN Chile, no se ha permitido la entrada de periodistas al penal de Punta Peuco. Los gendarmes del primer control miran mi cédula de identidad, se consultan unos con otros, desconfían.

—¿Usted qué es de Contreras? ¿Familiar o amigo?

—Amigo.

Sin soltar mi cédula, vuelven a consultarse. Uno de ellos hace un llamado telefónico, anota mis datos y vuelve a preguntar:

—¿Conoce el camino?

El camino es una pasillo color crema, silencioso, decorado con cruces y cuadros de paisajes y naturaleza muerta pintados al óleo, obra de los talleres de pintura con que las esposas de los militares condenados matan el tiempo. Algunos de esos cuadros llevan la firma de Nélida Gutiérrez.

Cuando Manuel Contreras me inscribió en su lista de visitas, pensé que me recibiría en alguna sala, como esas en las que los abogados llegan a entrevistarse con sus clientes. Pero a lo largo del trayecto por el que me guía un gendarme no asoman salas de visita, y al llegar a un hall, el mismo que aparece en el video de septiembre de 2013, con mesas de mantel floreado y sillas plásticas, un taca-taca, una trotadora y un enorme televisor con sillones alrededor, el gendarme me señala una galería tras una reja de barrotes gruesos.—Ahí está, es la primera –dice, indicando una puerta, la primera a la derecha, que tiene el número uno–. Tóquele nomás, tóquele fuerte, está adentro.

Entonces, golpeo la puerta.

En septiembre de 2013, cuando llegó a ese lugar, sus antiguos compañeros de la DINA no querían saber nada con él. Ni ellos ni el resto de los internos, condenados todos por violaciones a los derechos humanos. Estaban molestos por aquella entrevista que había significado el traslado a Punta Peuco y la pérdida de privilegios. El hijo del Mamo me contó que los primeros días que su padre pasó allí fueron tensos. Los demás le hicieron saber de su molestia y algunos, como Miguel Krassnoff, hijo de cosaco ruso, le quitaron el saludo. Y más que eso: el primer día de visita tras el traslado, cuando la hija mayor del Mamo se acercó a saludar a Krassnoff, este la ignoró y, ante la protesta de ella, uno de los hijos de Krassnoff, oficial activo del ejército chileno, la insultó:

—Mándate a cambiar, huevona –dice el hijo del Mamo que dijo el hijo de Krassnoff.

José Zara, que fue condenado por el crimen del general Carlos Prats, salió en defensa de la hija del Mamo, y cuando ya estaban por irse a las manos, aparecieron los gendarmes para poner orden.

A seis meses de ese incidente, las cosas parecen tranquilas en el modulo 3 de Punta Peuco. En la galería, frente a cada una de las puertas de ingreso a las celdas, están los carritos de feria con ropa y comida, en perfecta formación, como si siguiesen un reglamento establecido. En la galería se escuchan murmullos, cuchicheos provenientes del interior de las puertas. Esa quietud es interrumpida por un hombre espigado, de bigote cano, que asoma y me saluda sonriente, dichoso, como quien sale del camarote de un crucero y saluda al pasajero que le tocó por vecino. El hombre es Krassnoff Marchenko, vecino de Contreras.

—Tóquele fuerte, le digo.

El gendarme me mira tras la reja con barrotes que antecede a la galería. Me dice que abra la puerta. Empujo, pero está cerrada por dentro. Entonces, antes de volver a golpear, la puerta se abre.

El hombre que aparece no es ni la sombra de lo que era. Está flaco y encorvado, los ojos nublados por la edad. Un anciano desvalido con un soplo de voz.

—¿Manuel Contreras? –pregunto.—¿Quién es usted? –pregunta.

Le digo que soy la persona que le escribió una carta días atrás. El mismo que lo contactó por una historia que escribo sobre él. Se queda mirándome tras la puerta. Parece extrañado, pero a la vez complacido de tener a una persona que se interese por él. Entonces se hace un lado.

—Pase, adelante, siéntese donde pueda.

Contreras indica el pie de su cama, alta y blanda, cubierta por frazadas gruesas, el único lugar disponible en su celda para que un invitado se acomode. Él se instala junto a la cama, en un sillón de un cuerpo. Sobre su cabeza hay una ventana con barrotes que da a un jardín flanqueado por murallones. A su lado, una mesita con medicamentos, una Biblia y la foto en sepia de sus padres.

La celda mide cerca de tres por cuatro metros y huele a humedad y aceite emulsionado. Tiene un baño repleto de trastos y un closet con ropa y vajilla que asoma tras una cortina. Hay un plasma colgado a la pared, una repisa con unos pocos libros y un collage de fotos de familia, principalmente de sus nietos, en la puerta de entrada. Hay varias fotos de él mismo, siempre vestido de uniforme, una taza que lleva grabado el puño de la DINA y virgencitas y cruces con Cristo crucificado, doliente.

Más que estar atento, Manuel Contreras estudia a la persona que está sentada sobre su cama. Le complace saber que sé que fue el mejor alumno en la Academia de Guerra y que en la biblioteca que perteneció a Pinochet encontré un ejemplar con una dedicatoria firmada por él.

—Yo no era un mal alumno –me dice, satisfecho.

Hasta ahí parece bien dispuesto. Pero cuando le comento que también quiero que me cuente de la DINA, su expresión cambia, aunque sin perder la compostura.

—Le advierto que no lo puedo ayudar. Usted sabe lo que pasó con la última entrevista que di. No quiero crearle más problemas a los gendarmes. Quizás más adelante.

¿De qué se habla con una persona que no quiere hablar? Contreras no se mueve de su lugar ni hace amago de despedirme. Desde el sillón, manos entrelazadas, piernas juntas, parece complacido de la visita. No queda más que llenar el silencio con vaguedades. La salud, el tiempo, las condiciones en que se encuentra ahora.

—¿Cómo se siente aquí?

—Más estrecho, aunque no estoy mal –dice, levantando los hombros.

—En Cordillera estaba bastante mejor, ¿no?

—Mejor, sí. Pero, ¿sabe una cosa? Lo peor son los cambios de temperatura. Acá hay dos grados más en verano y dos menos en invierno.

Cuando dejó el penal Cordillera, tuvo que deshacerse de las copias de expedientes judiciales que fueron acumulándose en su cabaña, producto de su obsesión por llevar él mismo cada uno de los casos en que se lo acusa de delitos como tortura, homicidio, secuestro calificado y desaparición de personas. Redactaba los escritos y obligaba a sus abogados a presentarlos ante la justicia. Este afán lo llevó a enemistarse con el abogado con el que mejores resultados obtuvo, Juan Carlos Manns, quien me dirá que en un momento la defensa se hizo insostenible, sobre todo después de una vez en que él se negó a seguir los dictados de su cliente, que se le fue encima con ánimo de agredirlo. En su oficina, el abogado dirá con una sonrisa que no fue nada más que una bravuconada de un cliente acostumbrado a dar órdenes.

Resulta difícil imaginar que el anciano que permanece sentado en el sillón pudiera agredir a alguien. Con un hilo de voz, gesticulando con dificultad, me dice que sigue atento a sus causas, “siempre estudiando”, y que entre los tres libros que está leyendo a la vez en estos días se cuenta uno jurídico, llamado Procesos sobre violaciones a los derechos humanos, de Adolfo Paul.

—¿Y ese otro? –pregunto, apuntando al que se encuentra al lado y que se titula El libro de Urantia. Un clásico universal del misticismo, de autor anónimo, que, me entero después, habría sido dictado por seres de otro planeta.

—Es un libro maravilloso –me dice–, muy interesante, ¿no lo ha leído?

—No. ¿De qué trata?

—Plantea que el infierno no existe.

—A ver, ¿cómo es eso?

—Todos trascendemos al más allá, a uno de los cien anillos que existen en el universo. No hay infierno. Lo único es que algunos quedan suspendidos en alguno de estos anillos, esperando evolucionar.

Tocan a la puerta. Maite y Alejandra, dos de las tres hijas del Mamo, llegan de buen humor, saludando cariñosamente al padre. Las mujeres se sorprenden por mi presencia, pero el mismo Contreras me presenta como un escritor que ha llegado a visitarlo.

—Está escribiendo un libro sobre mí –sonríe el Mamo.

—Espero que hables bien de mi papá, más te vale –dice Alejandra, la más joven, sonriendo.

Las hijas me despiden diciéndome que “el papá ha tenido un día duro y tiene que comer”. Me explican que, como ocurre dos veces a la semana, el Mamo ha pasado la mañana en tratamiento de diálisis por la insuficiencia renal diabética que padece hace casi 20 años. Si antes demoraba cinco minutos en ir al hospital, ahora que está en las afueras de Santiago demora una hora de ida y otra de vuelta.

—Todo gracias a Piñera, ese desgraciado –dice Alejandra.

—Ya, papá, despídase del escritor, que se va –tercia Maite.

Entonces me incorporo de la cama, doy un paso hacia la esquina de la celda y estiro la mano. Recibo una mano que es como un jurel blando y frío, casi sin carne: un espinazo que tiembla. Sin moverse del sillón, con ese hilo de voz agónico, el Mamo levanta la vista con dificultad y se despide:

—Que le vaya muy bien.

Fuera de la celda, Maite me dice que su padre “está sin ganas a veces, por eso lo venimos a ver, para que no se sienta solo, para que no se desanime”. Me lo dice frente a una foto que cuelga en la galería, y que muestra a un anciano cuya figura proyecta la sombra de un soldado joven y fornido, armado hasta los dientes.

—Esta imagen la trajimos nosotras. ¿No te parece que este abuelito se parece a mi papá?

—¿En qué sentido?—¿No has visto cómo camina?

—No. —Camina así, tal cual, lento, medio para el lado. Ya está viejito, le queda poco. Pobre papá.

Miguel Krassnoff Marchenko sigue dando vueltas por la galería, repartiendo saludos. En el hall vecino del módulo 3 hay dos ancianos que miran la televisión. Cuando me ven pasar junto a un gendarme sonríen, amistosos, como dos abuelos tiernos, antes de volver a cabecear frente a la pantalla.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.

A 50 años de la creación de la DINA, el Archivo de Seguridad Nacional publica documentos que evidencian las misiones secretas de un agente de inteligencia de la dictadura. Esos papeles narran las atrocidades que patrocinó el Estado a través de la policía secreta de Augusto Pinochet. Las revelaciones, entre otras cosas, detallan el suministro de gas para asesinar a opositores del régimen, los alcances de la Operación Cóndor en Francia y el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington.

«Si ha habido suficiente motivo para abrir este sobre acuso al Gobierno de Chile de mi muerte «, escribió el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Michael Townley en marzo de 1978, mientras los agentes del FBI le perseguían por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt en Washington, D.C., en septiembre de 1976. Townley escribió que, si él era asesinado, se debía considerar a su superior y comandante de la DINA, Manuel Contreras, como el “autor intelectual” del delito. Townley también identificó a un equipo de asesinos de la DINA -sus propios colegas- como las personas que probablemente habrían cometido el hipotético crimen en contra suyo.

Titulado «Confesión y acusación«, el documento es uno de los varios informes detallados de Townley sobre los crímenes de la DINA que el National Security Archive publica como colección por primera vez, 45 años después de que fueran escritos. Townley redactó estas dramáticas confesiones como un esfuerzo calculado y desesperado para que sus superiores de la DINA no intentaran silenciarlo permanentemente en vez de entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En otro documento, titulado «Historia de actuación en DINA«, Townley registró su carrera de cuatro años como asesino de la DINA originario de Estados Unidos. Allí cuenta que fue reclutado por altos oficiales de ese organismo en 1974, que le dieron una mansión en Lo Curro (Vitacura), que le ordenaron construir un laboratorio para fabricar armas químicas en su sótano y que le encargaron la dirección de la «Agrupación Avispa«, una unidad especial de la DINA bajo el mando de la Brigada Mulchén, “formado para cumplir misiones secretos de eliminación» de los opositores al régimen de Pinochet. En sus confesiones, Townley menciona los asesinatos de dos chilenos utilizando gas sarín que fabricó en su casa. 

Como anexo a este documento, un tercer informe manuscrito, llamado «Relato de sucesos en la muerte de Orlando Letelier el 21 de septiembre, 1976«, detalla su misión encubierta para asesinar al exdiplomático chileno en Washington, D.C., como parte de la Operación Cóndor de los servicios de seguridad del Cono Sur.

«Los órdenes explícitas«, según Townley, «eran: Ubicar la residencia y lugar de trabajo de Letelier y contacta con el grupo cubano para que lo eliminaron o en SARIN o por atropello a otro accidente o al final por cualquier método, pero que a Letelier el gobierno de Chile lo quería muerto«.

LA HISTORIA DE LAS CONFESIONES

Ante la amenaza latente de ser asesinado por sus propios superiores, Townley entregó estos informes escritos a su esposa, Mariana Callejas, para que los guardara. Los documentos siguieron en su poder incluso después de que el régimen de Pinochet entregara a Townley al FBI el 8 de abril de 1978. Contreras lanzó entonces una campaña mediática para desacreditar a Townley, afirmando que era un agente de la CIA infiltrado en las filas de la DINA para avergonzar al régimen chileno, una tesis que Townley anticipó y negó explícitamente en sus confesiones privadas. Para asegurarse de que la autenticidad de sus revelaciones no fuera cuestionada, Townley estampó la huella de su pulgar en cada informe. Posteriormente, un laboratorio forense del FBI verificó sus huellas dactilares.

La última página del informe manuscrito de Townley sobre la «Historia de las actividades en la DINA» con su firma y huella digital (Fuente: National Security Archive)

Bajo custodia estadounidense, Townley confesó varias de las operaciones citadas en estos informes. Partes significativas de esta historia se hicieron públicas en el libro de 1980 Assassination on Embassy Row, de John Dinges y Saul Landau, el primer relato exhaustivo sobre los asesinatos de Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt. El libro se basaba en diversas fuentes, incluidas entrevistas con agentes del FBI y el testimonio de Townley en el juicio de 1979 por el asesinato que materialmente ejecutó un grupo cubanos asociados a la DINA.

Doce años después de que su marido fuera puesto bajo custodia, Callejas proporcionó las confesiones de Townley a las autoridades estadounidenses, según una declaración jurada del Departamento de Justicia de ese país presentada en agosto de 1991, cuando solicitó la extradición de Manuel Contreras y su ayudante Pedro Espinosa por el asesinato de Letelier y Moffitt.

A comienzo de los noventa, las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos transcribieron los relatos manuscritos de Townley y presentaron copias mecanografiadas, así como los manuscritos originales, ante el gobierno de Patricio Alywin –sucesor de Pinochet—cuando quisieron extraditar a Contreras y Espinosa. La documentación de Townley se presentó finalmente como prueba en los procesos judiciales que ambos agentes de la DINA enfrentaron en Chile, y en 1993 fueron declarados culpables de conspirar para asesinar a Letelier y Moffitt.

LAS CONFESIONES DE TOWNLEY

A lo largo de los años, han aparecido referencias a las confesiones de Townley en libros y artículos periodísticos y de investigación. Partes de los documentos han sido citados anteriormente por reporteros como Ernesto Ekaizer de El País en su biografía del general Augusto Pinochet de 2003; John Dinges en Los años del Cóndor (2004); el chileno Javier Rebolledo en su libro La danza de los cuervos (2012); y la chilena Mónica González en su exhaustivo artículo de 2013 en CIPER Chile, «Las armas químicas de Pinochet» 

Sin embargo, es la primera vez que las confesiones de Townley se reproducen íntegramente y se publican juntas. «Cincuenta años después de la creación de la DINA, los documentos de Townley constituyen un duro recordatorio de la oscura, siniestra y represiva historia del régimen de Pinochet», señala Peter Kornbluh, quien dirige el Proyecto de Documentación sobre Chile en el National Security Archive. La periodista chilena Pascale Bonnefoy localizó las transcripciones que hizo el gobierno estadounidense de los documentos de Townley en el archivo presidencial Patricio Aylwin, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Una copia parcial -le faltaba las dos primeras páginas- del informe original manuscrito de Townley, «Historia de actuación en DINA», fue obtenida por John Dinges como parte de su investigación sobre la Operación Cóndor.

Estos son algunos de los detalles más importantes que contienen las confesiones de Townley respecto de los crímenes de la DINA:

• El agente revela una misión de la Operación Cóndor llevada a cabo en diciembre de 1976 en París para asesinar a dos altos cargos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo de oposición de izquierda. La misión fracasó, escribió Townley, debido a una filtración de información por parte de agentes argentinos.
• El gas sarín fabricado en el laboratorio de la casa de Townley -un proyecto cuyo nombre en clave era «ANDREA»- se utilizó para matar a un funcionario de la DINA que había sido detenido por el robo de un auto y que había revelado información secreta sobre este organismo a la policía chilena. Agentes pertenecientes a la Brigada Mulchén sustrajeron a este sujeto de la custodia policial, lo trasladaron a La Clínica Londres, un centro médico y de tortura controlado por la DINA, y lo envenenaron con gas sarín. Murió «casi instantáneamente», informó Townley.
• El gas sarín de Townley también se utilizó para asesinar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, llamado René León Zenteno, en su casa de Avenida Holanda (Providencia), por negarse a traspasar ilegalmente títulos de propiedades a la DINA. Para probar que León Zenteno había sido envenenado, Townley sugirió en su confesión que se exhumara su cadáver y se le hicieran pruebas para detectar la presencia de colinestros, una propiedad del gas sarín.
• Además de fabricar gas sarín en el laboratorio de la DINA, construido en el sótano de mansión en Lo Curro, Townley planeaba producir gases de guerra química aún más peligrosos, conocidos como «somán» y «tabún», utilizando agentes extremadamente tóxicos como Clostridium botulinum, saxitoxina y tetrodotoxina.
• El funcionario español de la ONU, Carmelo Soria, fue asesinado a golpes por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el jardín de la casa de Townley en Lo Curro. El caso se convirtió en una de las atrocidades contra los derechos humanos más infames del régimen de Pinochet.
• A Townley se le asignaron US$30.000 para llevar a cabo misiones en México y Europa, que también utilizó para comprar en Miami múltiples armas, explosivos y dispositivos de control remoto para utilizarlos en atentados contra líderes del exilio reunidos en Ciudad de México, a los que se nombra en los documentos.
• En Europa, Townley conoció a un dirigente sindical que se había infiltrado en los círculos del exilio chileno y que proporcionó información utilizada en un intento de asesinato en Roma. Townley reclutó a fascistas italianos, dirigidos por «Di Steffano» (Stefano delle Chiaie), que dispararon contra Bernardo Leighton y su esposa. Ambos sobrevivieron.

LA CARTA DE TOWNLEY A "DON MANUEL"

Además de las confesiones, el Archivo publica una carta que Townley escribió a quien identificó como «Estimado Don Manuel» (el exjefe de la DINA, Manuel Contreras). La esposa de Townley entregó esta misiva a las autoridades estadounidenses en 1982. Como un gesto de «diplomacia de desclasificación», en 2015 el gobierno de Barack Obama proporcionó la carta al gobierno chileno de Michelle Bachelet, junto con más de 200 documentos recientemente desclasificados relacionados con el asesinato de Letelier y Moffitt (entre ellos, la lista de apodos que Townley utilizó como agente de la DINA, también publicada hoy). 

La carta no tiene fecha, pero parece haber sido escrita a principios de marzo de 1978, justo después de que Townley fuera identificado en la prensa estadounidense y chilena como el principal sospechoso del asesinato de Letelier y Moffitt.

Utilizando el alias de “J. Andrés Wilson”, Townley se quejó ante Contreras por los errores operativos en la misión de asesinato de Letelier que habían llevado a su identificación pública. Entre otros puntos, reclamó que Chile nunca debió haber confiado en otro país (Paraguay, miembro de la Operación Cóndor) para proporcionar documentos y pasaportes falsos para la misión: «Una vez cancelado las visas por EEUU, la operación debería haber sido cancelada totalmente en el entendimiento que la CIA estaba en conocimiento de las personas que iban a operar«. En un nuevo e intrigante detalle, Townley sugirió que “el error más grande ha sido el de no informar a su Excelencia (Pinochet) la verdad del real alcance de este problema”. En realidad, Townley ignoraba que, tal como lo reveló la CIA, el propio Pinochet había «ordenado personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo los asesinatos». 

Finalmente, Townley también recomendó al régimen militar que emitiera un decreto de control de la prensa chilena para evitar nuevas revelaciones.

Townley se declaró culpable del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en 1978, luego de que fuera puesto bajo custodia estadounidense. A cambio de su cooperación y testimonio, el terrorista internacional más prolífico de la DINA fue condenado a diez años de prisión, pero quedó en libertad condicional tras cumplir la mitad. Desde entonces, Townley vive en algún lugar de Estados Unidos -con otro nombre- como parte del programa de protección de testigos.

«Esta colección de documentos hace una importante contribución al registro histórico», dice John Dinges, autor del libro The Condor Years (Los años del Cóndor), «porque está compuesta por registros de primera fuente de Michael Townley, quien confiesa los crímenes que cometió en nombre de la DINA, y porque proporciona los nombres de sus colaboradores.» Dinges añade que la colección «proporciona los únicos documentos que escribió Townley antes de que fuera puesto bajo custodia estadounidense».

El National Security Archive publica los documentos Townley para aportar más evidencia y transparencia acerca de la creación de la DINA, la represiva y siniestra policía secreta chilena, que nació hace 50 años. Próximamente, también liberará una selección de documentos desclasificados de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el FBI que registran la génesis, las operaciones y las atrocidades de la DINA desde la perspectiva estadounidense.